Transparencia
Negar al pueblo el libre acceso a la información es síntoma de una democracia mediocre.

Por: Francisco Mauricio Martínez
Foto: Mario Linares

Cuando Félix Martínez, del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) de México, termina su intervención, la audiencia está gratamente sorprendida. Resulta que cualquier persona, en cualquier parte del mundo puede acceder a la página web del IFAI e indagar cuánto gana un funcionario del gobierno federal, cuánto se ha gastado el ministerio en construir una carretera o qué empresa ha sido contratada. Y ahí no acaba la cosa. Cuando uno solicita información, el IFAI está obligado a dar una respuesta en 20 días máximo. Si el funcionario no proporciona los datos en el plazo establecido, la ley le obliga a dar una respuesta inmediata e incluso a pagar de su bolsillo los gastos de la reproducción material. Eso para que no le vayan a despachar a uno con un “fíjese que le voy a quedar mal” o un “pase adelante a la siguiente ventanilla”.

Votar cada cuatro años no es democracia. El ejercicio efectivo del poder del pueblo requiere de una condición básica: que la gente esté informada de cómo se está administrando la “cosa pública”. La información es poder. El acceso a ella, la mejor forma de controlar la corrupción, la gestión oscura, la impunidad y la discrecionalidad.

Entre ponente y ponente, la audiencia imagina en voz alta cómo funcionaría el sistema en Guatemala y de eso nos va a hablar precisamente Sergio Mijangos, delegado del Comisionado Presidencial para la Transparencia. Mijangos expone su corpus de buenas intenciones. No queda muy claro cómo se va a articular, pero al menos declara la intención del gobierno de poner en marcha, mediante acuerdo gubernativo, una política de libre acceso a la información. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho y resulta que en el Congreso de la República hay archivadas, nada más y nada menos que ¡12 propuestas de ley al respecto!.

Mientras Silvio Gramajo, de la Asociación Doses, analiza las contradicciones y aristas que habría que limar para que una futura ley fuera efectiva, todos nos contagiamos de optimismo. ¡Qué buena herramienta en contra del fraude!... pero la emoción dura poco.

La intervención del diputado (y ex militar) Sergio Camargo nos va a pintar un nuevo panorama: “A ver señores, no seamos demagógicos. Si en el Reino Unido han tardado cuatro años en poner en marcha una ley de transparencia informativa, cuánto tiempo necesitaríamos nosotros. Y además, se podría introducir la información en una base de datos a partir de ahora, pero qué pasa con los 184 años anteriores (¿entonces no empezamos nunca?). Eso por no olvidarnos de que para llevar a cabo semejante empresa en contra de la impunidad y el latrocinio hace falta dinero (¿el mismo que desaparece de las arcas del Estado?). Y, estimada audiencia, seamos serios, a ver qué preferimos, ¿emplear la parte del dinero que no se desfalca en atender a viudas desamparadas o establecer un sistema de transparencia informativa para evitar el fraude?” La pregunta es absurda, si en el Congreso no se van a poner de acuerdo en la vida. Es que ustedes no lo entienden, la fragmentación de la cámara la hace inoperante (y sabe de lo que habla, que para algo es diputado).

Silencio en la sala. No hay solución. Camargo nos lo ha hecho ver, ahora sí, con meridiana transparencia. Cuando no se puede no se puede y, además, es imposible. Qué suerte que el hombre de las cavernas no pensara de esta manera justo antes de inventar el fuego.