Transparencia en el cabildeo
En América Latina el cabildeo profesional funciona en pocos países, pero la tendencia va en esa dirección.

Por Sergio Muñoz Bata
Ilustración Juan Fernando Rodríguez

La confesión del super cabildero estadounidense Jack Abramoff de haber sobornado a un congresista estadounidense y defraudado a sus clientes y a su propia firma, marca apenas el inicio de un escándalo de corrupción que podría tener consecuencias graves para el partido republicano aunque positivas para el Congreso.

El apresuramiento con el que unos doscientos congresistas estadounidenses, en su mayoría republicanos, y el presidente George W. Bush han devuelto las contribuciones de Abramoff o de sus clientes a sus campañas políticas delata la profundidad del problema.

Aunque todavía es demasiado temprano para predecir las consecuencias que el escándalo Abramoff podría tener en las elecciones de noviembre algunas encuestas muestran que los demócratas podrían recuperar la Cámara Baja.

Lo positivo sería que la investigación del Congreso obligara a una reforma profunda a las leyes que regulan el cabildeo para evitar casos egregios de corrupción como el actual.

La tarea del cabildero es intentar persuadir a las autoridades a que hagan lo que un individuo o una organización quiere que hagan, de preferencia, ofreciéndoles la información necesaria para normar su criterio. Su propósito no es diferente al de un editorial en un periódico, una defensa de los derechos de la mujer o una marcha de campesinos para dramatizar su causa. Son actividades legítimas que se fundan en el derecho a la libertad de expresión y consolidan la democracia contribuyendo al debate público.

En Estados Unidos, que el cabildeo casi siempre vaya ligado a contribuciones para campañas políticas de los legisladores, a invitaciones al teatro, a eventos deportivos, a comidas en restaurantes de lujo, a viajes gratis ha suscitado fundadas sospechas de posible corrupción.

La práctica de la gestoría como acto de corrupción ni es nueva ni es solo estadounidense. En la Corte Española al soborno se le conocía como “el unto mejicano”. Siglos después, al sugerir que no había quien resistiera un cañonazo de $50,000 pesos, el general mexicano Álvaro Obregón asumía que la corrupción era condición irremediable de quienes carecían del “derecho de picaporte” que abría las puertas de los despachos de los poderosos.

Combatir los casos de corrupción derivados del cabildeo en Estados Unidos es difícil a pesar del conjunto de normas jurídicas que regulan sus actividades porque exige prueba de un “quid pro quo” en el intercambio entre cabildero y autoridad.

En el caso de Abramoff la prueba podría ser más fácil porque es él mismo quien confiesa sus crímenes y las autoridades cuentan con documentos que muestran las pretensiones de Abramoff detrás de cada donación.

En América Latina el cabildeo profesional funciona en pocos países pero la tendencia va en esa dirección. Para ese fin, sería indispensable establecer un registro de cabilderos, de sus clientes, de la duración del proyecto, del pago al cabildero, de los legisladores involucrados y la legislación en cuestión; trimestralmente debería publicarse un reporte público detallando cuánto dinero se gastó, en quién y cómo.

Una resolución satisfactoria del Affaire Abramoff podría servir de guía a los países latinoamericanos para establecer un sistema de cabildeo cuyo principio rector fuera la transparencia de la información.