Lealtades incomprendidas
A la fecha, los inmigrantes nacidos en Brasil, Colombia Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay pueden hacerse ciudadanos estadounidenses.

Por Sergio Muñoz Bata
Ilustración Juan Fernando Rodríguez

Aún cuando no hay una mención directa, es evidente que las leyes migratorias que hoy se discuten en el Congreso estadounidense se escribieron pensando en México y en la migración de latinoamericanos a Estados Unidos.

La cantidad de inmigrantes que cruza ilegalmente la frontera; el cada vez más extendido uso del español por todo el país; los despliegues de banderas aztecas en las marchas de protesta en ciudades como Los Ángeles, Chicago o Atlanta; el creciente número de países latinos que permiten la doble nacionalidad a sus emigrados, así como la participación de éstos, especialmente los mexicanos, en los procesos electorales de sus países de origen han elevado a dogma la noción de que no se puede confiar en la lealtad de éstos a su país adoptivo.El argumento de la fidelidad dividida no es nuevo.

Históricamente, los nativos lo han usado para discriminar a los inmigrantes no anglosajones. A principios de siglo se usó contra los italianos; después para aislar a los alemanes-americanos y para internar a los japoneses-americanos en campamentos prisiones. Ahora le toca el turno a los de América Latina que vienen de países que permiten la doble nacionalidad y el voto de su diáspora en las elecciones de su región natal.

A la fecha, los inmigrantes nacidos en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú,República Dominicana y Uruguay pueden hacerse ciudadanos de la unión americana sin perder su nacionalidad de origen. En el caso de México, los esfuerzos de la izquierda y sus simpatizantes en las comunidades en EEUU por involucrar a los inmigrantes en el proceso político de su país sirvieron para darle credibilidad al mito de la imposible asimilación de los mexicanos a su país adoptivo promovido por la derecha estadounidense.

“Desde 1980”, escribió el profesor Samuel Huntington en su famoso y controvertido ensayo deplorando la inmigración latinoamericana, “el gobierno mexicanos ha buscado expandir el número, la riqueza y el poder político de su comunidad en el suroeste de Estados Unidos y la integración de esa población a México”. Aún concediéndole a Huntington que el gobierno mexicano procura el bienestar económico, político y social de su diáspora, y la reafirmación de los vínculos con la madre patria, un esclarecedor suceso de la historia reciente debería obligar al reconocido historiador a revisar su tesis.

Me refiero a la débil participación de los mexicanos residentes en el exterior en la reciente contienda electoral contraviniendo la opinión de que el voto de millones emigrados mostraría su desapego a EEUU.

Las expectativas se redujeron un poco cuando el Congreso mexicano y el instituto electoral limitaron el universo de posibles votantes a los 4 millones que cuentan con su credencial de elector. En privado se decía que una participación de 400,000 compensaría con creces el brutal gasto de su participación.

El 2 de julio, sin embargo, el conteo de votos mostró que de los 42 millones de personas que participaron en la elección sólo 33 mil enviaron su voto por correo desde Estados Unidos. Y que la inmensa mayoría de que participó votó por Felipe Calderón. El 58% escogió al candidato conservador que cree fervorosamente en las bondades del sistema capitalista, en la economía de mercado, en la observancia del estado de derecho. Es decir, al candidato más afín a los valores que EEUU proclama como suyos.

Con estas evidencias yo me pregunto sino es hora ya dejar de cuestionar la lealtad de quienes se esfuerzan por hablar dos idiomas. Basta ya de estar contando banderas mexicanas cuando la gente marcha para protestar una injusticia o de ofenderse porque los aficionados al futbol prefieren a la selección de su país y no se entusiasman con la selección de Estados Unidos.

La experiencia ha probado que con el tiempo los inmigrantes de América Latina y sus hijos siguen el mismo patrón que los inmigrantes de otras latitudes. Es más, la naturalización de los inmigrantes de este continente ha crecido de forma desmesurada a partir de 1986, cuando una generosa provisión de amnistía en la ley de inmigración permitió la legalización de unos tres millones de inmigrantes.

Si en algo están correctos los congresistas que redactaron las leyes que se discuten en la actualidad es que sin la participación de México no puede haber una reforma migratoria completa. El Congreso y el presidente deberían darle a Calderón la oportunidad que injustamente le negaron a Vicente Fox para establecer una sociedad de beneficio mutuo.