El negocio de enero
Algunos centros educativos han inventado diversas estrategias para hacer de los primeros días de cada año un suplicio para los padres de familia

Por Francisco Mauricio Martínez
Foto Daniel Herrera

Llegó el nuevo ciclo escolar y con éste se abre un abanico de gastos que los padres de familia deben desembolsar en el transcurso del año lectivo. El primero en aparecer es el pago de la inscripción escolar, y enseguida viene el de los útiles.

En el inicio de cada ciclo es normal encontrarse con muchas sorpresas. Es común, por ejemplo, que dentro de los pagos que deben cancelarse desde el inicio aparezcan rubros como depreciación de mobiliario y equipo, seguro médico, papelería, excursiones del año, cuota de aniversario, visitas al teatro y venta de uniformes.

La mina de oro

De todos los gastos, el que más hace palidecer a los padres de familia es el de los útiles escolares, ya que éste se ha convertido en una veta muy preciada para los empresarios de la educación.

Una de las maneras más novedosas de proveer a los alumnos de útiles es el alquiler de libros, el cual se practica en algunos colegios, sobre todo en los bilingües, donde asisten alumnos que tienen cierta capacidad de pago. En estos centros, los estudiantes reciben libros de distintas materias editados en el extranjero, los cuales deben devolver al final de año. Por este servicio los padres deben hacer un pago único, no reembolsable, al inicio del ciclo escolar.

Una de las cláusulas de este arrendamiento obliga a los responsables a cancelar el precio del libro en caso el alumno lo extravíe o destruya. El método que regularmente utilizan para hacer este cobro es cargar el valor económico a la cuenta del mes y, en algunos centros aceptan que el alumno entregue un libro nuevo.

Las autoridades del Ministerio de Educación dicen que esta práctica únicamente se realiza en colegios grandes y que nunca han recibido una denuncia de abuso y que el mismo tiene ventajas y desventajas. La viceministra de esa cartera, Floridalma Meza, dice que este sistema es una manera de hacer responsables a los alumnos, porque saben que los libros tienen un costo y por eso “aprenden a cuidarlos”.

Sin embargo, hace énfasis en que la desventaja se evidencia cuando los padres no tienen recursos para cancelar el alquiler o el precio cuando los estudiantes lo pierden. La funcionaria propone que en lugar de alquilar los libros, los colegios deberían instalar biblioteca en las aulas. “Esto sería lo mejor” opina.

Si y sólo sí

Hay colegios que obligan a los padres de familia a comprar los útiles escolares únicamente en el establecimiento. Estos centros, desde noviembre y diciembre se convierten en una máquina aceitada que funciona a la perfección, donde existen espacios específicos para pasar solicitando determinados útiles y al final, casi siempre, está el local de venta de uniformes. Al final del recorrido se recibe pesadas bolsas con todo lo solicitado.

Al salir de estos centros de estudio es común observar gestos de molestia en los rostros de los padres de familia al observar el monto de la factura cancelada. No es raro escuchar frases como: ¡Qué barbaridad! o ¡Todo esto lo hubiera conseguido más barato en otro lado! Virgilio Zapata, presidente honorario de la Asociación de Colegios Evangélicos, reconoce que en los centros de educación privada los útiles se venden “un poquito más caros que en un supermercado”.

No obstante, considera que este mecanismo proporciona varias ventajas a los padres de familia. Una de las principales es que ahorra tiempo, ya que evita andar de librería en librería buscando los materiales, lo cual también expone a las personas a los asaltos. Así también se reducen los riesgos de comparar libros y cuadernos diferentes a los solicitados. “Y si llevan a los niños, éstos piden que les compren otras cosas y hacen gastan extras”, agrega.

La viceministra de Educación dice que la actitud que deben tomar los colegios es dejar en libertad a los padres de familia para que compren donde deseen hacerlo. Agrega que dicha cartera no ha recibido ninguna solicitud, ni ha autorizado a ningún colegio vender útiles y asegura que cuando las personas denuncian abusos se investiga en coordinación con la Dirección de Atención al Consumidor, Diaco y el apoyo de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Por mandato constitucional el obligado a proporcionar y facilitar el acceso a la educación a todos los guatemaltecos es el Estado, la que debe ser laica, obligatoria y gratuita. Pero la deficiente calidad que se brinda en los establecimientos públicos hace que la mayoría de habitantes de las áreas urbanas hagan esfuerzos para que sus hijos estudien en instituciones privadas.