A más seguridad, menos derechos
Mientras Gran Bretaña plantea instalar cámaras de rayos X en las calles para detectar a personas armadas, la fricción entre seguridad y derechos individuales plantea muchos interrogantes.

Por Gemma Gil
Fotoarte Billy Melgar

Parece una propuesta sacada de las páginas de 1984, la novela de George Orwell. Big Brother, esa especie de juez omnipresente que vigila sin descanso, está cerca de materializarse, pero no en las páginas de una ficción política, sino en las calles de Gran Bretaña. La propuesta del gobierno de Tony Blair de instalar cámaras con rayos X para detectar cuándo una persona porta armas o explosivos ha vuelto a traer a primera plana el debate entre seguridad y derechos individuales. El plan británico, que forma parte de las medidas de prevención contra el terrorismo internacional, utilizaría unos dispositivos que permiten “ver” debajo de la ropa. La imagen que se obtiene con este tipo de escáner muestra el cuerpo humano de una manera opaca y de color gris, y los objetos duros, como un arma o un explosivo, resaltados con una luz blanca brillante. Como las cámaras estarían ubicadas en farolas y otros elementos del mobiliario urbano, cualquier transeúnte sería susceptible de ser inspeccionado, así que los más críticos ya se han dejado oír: ¿hasta qué punto este tipo de acciones no supone una invasión de la privacidad?

Después de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York (2001), los trenes de Madrid (2004), el transporte público de Londres (2005) y el intento frustrado el año pasado de activar explosivos líquidos en una decena de aviones que cubrían el trayecto entre Inglaterra y Estados Unidos, el mundo occidental se ha embarcado en reforzar el control de quienes viven o transitan por su territorio. Así, desde 2004, se toma una fotografía y las huellas dactilares de todos los pasajeros que entran en Estados Unidos y, en septiembre de 2006, la Unión Europea firmó un acuerdo para que todas las líneas aéreas que vuelen hacia aquel país faciliten 34 datos de sus pasajeros (entre los que se incluye información sobre dónde compró el boleto, cómo lo pagó o las preferencias solicitadas en el menú, lo que puede ayudar a averiguar la religión de la persona). Sin embargo, éstas son sólo dos medidas que vienen a unirse a las reformas legales impulsadas tras el 11-S.

Derechos vulnerados

A penas un mes y medio después del atentado contra el World Trade Center, Washington aprobó una ley antiterrorista, más conocida como Ley Patriota, que permitía detener, sin presentar cargos, a extranjeros residentes durante siete días; además, hacía posible la interceptación de llamadas telefónicas sin una orden judicial, establecía tribunales militares para juzgar a extranjeros acusados de terrorismo, obligaba a que las empresas de Internet facilitaran los correos electrónicos de un sospechoso y, en definitiva, violaba el derecho a la protección de datos personales, pues se solicitaba que incluso las bibliotecas facilitaran los registros de préstamo de libros.

Mención aparte merece el capítulo de opacidad e ilegalidad que la llamada guerra contra el terrorismo internacional abrió tras los muros de la base naval de Guantánamo (Cuba). Según Amnistía Internacional, desde 2002 han pasado por allí 775 detenidos, presuntos terroristas, de los cuales 17 eran menores de edad. Personas, inocentes o no, contra las que, según esa organización, se ha utilizado sistemáticamente la tortura, la vejación y el trato degradante. A finales del año pasado, 430 detenidos de más de 35 nacionalidades permanecían recluidos, y la mayoría no había tenido acceso a un abogado.

En Europa

La tragedia en las Torres Gemelas también tuvo su eco al otro lado del Atlántico: países como Italia, Alemania o Francia modificaron su legislación para reforzar el control sobre las comunicaciones.

En Gran Bretaña se implementó una ley cuya vigencia terminó en 2004 y que permitía la detención indefinida de extranjeros sospechosos a quienes no se podía expulsar del país; y lo más importante: la detención se podía hacer aunque no hubiera hechos probatorios, sino indicios o presunciones. En 2005, la nueva Ley de Prevención del Terrorismo ya no permitía detenciones sin una orden judicial, pero establecía la posibilidad de vigilar y someter a arresto domiciliario tanto a nacionales como a extranjeros.

Semejante expansión de las facultades del Ejecutivo planteaba una pregunta clásica: ¿quién controla al controlador? Es decir, ¿de qué manera se puede evitar que el aumento de poder por parte de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia no se convierta en una carta blanca para el abuso?

El debate ni siquiera es nuevo, y ya había sido analizado en el siglo XVIII por uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Benjamin Franklin, para quien aquellos que cedieran la libertad para conseguir una seguridad temporal no merecían ninguna de las dos. Es evidente que las nuevas medidas de seguridad plantean una paradoja: las escuchas telefónicas, la intromisión en archivos de datos personales o las detenciones sin órdenes judiciales se hacen en aras de la seguridad de unos Estados que se definen precisamente como garantes de los derechos y libertades individuales.

Un debate abierto

Frente a la corriente que defiende que cualquier sacrificio de algunos derechos supone un éxito para el terrorismo —pues se estaría destruyendo aquello que se desea proteger— está la tesis de que el Estado debe garantizar la ley, el orden y la seguridad de sus ciudadanos, porque sólo en ese contexto se dan las condiciones propicias para vivir en libertad. Fue el argumento que se esgrimió tras el 11-S. Sólo hace falta echar un vistazo en la hemeroteca. Por ejemplo, en Latinoamérica Richard Posner, profesor en Derecho de la universidad de Chicago, planteaba desde la revista del Instituto de Ciencia Política de Colombia que la importancia relativa de la seguridad y las libertades civiles cambia en función del tiempo y las situaciones: “Mientras mayor sea la amenaza que una actividad representa para una nación, más fuertes serán los argumentos para buscar reprimir esa actividad, aun con algún costo para la libertad”, afirmaba el analista.

El problema es que, seis años después, muchas preguntas permanecen sin respuesta: ¿Las medidas de control han servido para que el mundo sea más seguro o simplemente para que la opinión pública tenga una percepción de que es más seguro? ¿Una política de mano dura supone el triunfo de una cultura punitiva basada en la alarma social? ¿La prevención se puede convertir en una coartada para justificar la violencia estatal?