Los “democratadores” y la Prensa

Por Sergio Muñoz Bata

A principios de junio una delegación del neoyorkino Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) viajó a Bolivia para investigar la actual relación de confrontación entre el Gobierno y la Prensa. Se reunieron con el presidente Evo Morales y con periodistas para platicar sobre los problemas actuales.

La misión encontró que, aún cuando en el país “existe un clima abierto para el ejercicio del periodismo, la intolerancia del presidente Evo Morales a la crítica en los medios hace cada vez más difícil el trabajo de los reporteros”. Morales acusa a los medios de darle un sesgo político a su cobertura y de intentar desacreditar a su gobierno y argumenta que la manipulación del “sistema capitalista” es la culpable de que la mayoría de los medios en Bolivia lo critiquen.

A los periodistas les preocupa la actitud intolerante de Morales y temen que de alguna manera ésta se refleje en el rediseño de la nueva Constitución. Curiosamente, y a pesar de que Morales ha dicho que él cree que los periodistas simpatizan con su gobierno y que “son los dueños de los medios los que están empeñados en una campaña en mi contra”, la verdad es que al hacer públicas unas listas con los nombres de sus principales enemigos en la radio, la televisión y los periódicos el presidente ha puesto en peligro la integridad de los comunicadores. “En enero”, reporta el CPJ, “más de una decena de periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron agredidos por turbas progubernamentales en la ciudad central de Cochabamba”.

El 10 de mayo, en Ecuador, el presidente Rafael Correa presentó una demanda en la fiscalía y solicitó prisión para Francisco Vivanco Riofrío, presidente del consejo editorial del diario La Hora de ese país. De ser encontrado culpable de “desacato a la autoridad”, Vivanco podría pasar entre seis meses y dos años en prisión.

El “delito” de este hombre es haber escrito un editorial en el que expresaba su rechazo a los actos de vandalismo que sacudieron al país en marzo y señalaba que “la política que sale de la Presidencia y que pretende gobernar con tumultos, piedras y palos es vergonzosa para un primer mandatario que se ufana de ser un hombre civilizado y respetuoso de las opiniones de los demás”.

La organización Reporteros sin Fronteras se ha pronunciado contra la reacción de Correa recordándole que “Una democracia, en la que por definición los cargos electos están expuestos a la crítica pública, no puede conformarse con el delito de “desacato al jefe del Estado”; y la condena penal de Francisco Vivanco supondría un peligroso precedente para los periodistas ecuatorianos”.

La Presidencia ha dicho que Correa estimaría quitar la denuncia dirigida al presidente de La Hora, Francisco Vivanco, “si se disculpa públicamente y rectifica su posición de ofensa a la dignidad del jefe de Estado”. Qué lamentable que en el siglo XXI, un presidente se planteé consideraciones decimonónicas del honor, en vez de preocuparse por defender el estado de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, el pluralismo y la libertad de expresión.

En Nicaragua, dice un reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, “incertidumbre y tiempos difíciles se avizoran para la libertad de prensa con la nueva administración del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Un documento elaborado por la primera dama sobre la estrategia de comunicación del Gobierno, dice textualmente: “Vamos a usar nuestros medios para que nuestra información salga incontaminada, directa, como hicimos durante la campaña”.

También es evidente el acoso al diario La Prensa y la utilización de las renacidas “turbas divinas”, fuerzas de choque inventadas durante la primera edición del Sandinismo por el siniestro comandante Tomás Borge para hostigar a los medios y a todo aquel que se opusiera al proyecto revolucionario Sandinista. En febrero, unos 250 seguidores del alcalde de Granada, bloquearon la entrada a La Prensa exigiendo a directores y reporteros del medio que abandonaran su investigación sobre un posible caso de corrupción en esa alcaldía.

Si tuviera que encontrar un común denominador en las tres historias que brevemente he narrado, éste sería el surgimiento de esa figura que el director ejecutivo del CPJ, Joel Simon ha llamado El Democratador, es decir, el autócrata electo por mayoría que “expresa un apoyo meramente retórico a las instituciones democráticas: libertad de expresión y de prensa, partidos políticos de oposición, un sistema judicial independiente, al tiempo que maniobra manipulando la publicidad oficial, ordenando auditorías punitivas, e intenta controlar a los medios exigiendo restricciones a las informaciones”.

Y si bien es cierto, como ha señalado Carlos Lauría, también del CPJ, que la tendencia a la intolerancia a la crítica que hoy muestran los políticos más que una constante de la resurgente izquierda latinoamericana es un resabio del viejo autoritarismo latinoamericano que infecta también a la derecha, por razones de espacio tendré que dejar pendiente la reseña crítica de los “Democratadores” de derecha.