Orgullo y decepción

Por Sergio Muñoz Bata

Hace dos años, Alberto Gonzales era el orgullo y la esperanza de la comunidad latina. Hoy, su obsequiosidad a las políticas y prácticas presidenciales, que se valen de la institución encargada de velar por la justicia para socavar los derechos civiles de las personas, da vergüenza; y su indiferencia ante los temas centrales de la agenda latina en Estados Unidos ha sido una terrible decepción.

En una comunidad tan urgida de ejemplos paradigmáticos, el ascenso de Gonzales representaba un doble triunfo. No sólo sería el primer Procurador de Justicia latino sino que sería además el primer hispano que ocupaba una de las cuatro posiciones de mayor peso en el gabinete presidencial.

Su historia personal era una inagotable fuente de orgullo para la comunidad, porque su éxito alentaba la ilusión del triunfo de otros hijos de inmigrantes pobres y abuelos indocumentados que como él nacen y crecen en la pobreza del barrio.

Gonzales terminó con honores sus estudios secundarios en Houston, sirvió en la Fuerza Aérea estadounidense, se graduó en Rice y obtuvo un doctorado en Derecho en Harvard. Fue juez de la Corte Suprema de Texas y secretario de Estado durante la gestión de George W. Bush y posteriormente su abogado.

Durante toda su vida mantuvo una estrecha relación con varias organizaciones comunitarias. Y su fama de hombre íntegro e inteligente, así como su dedicación a las causas de los derechos de la comunidad, auguraban que investido de poder continuaría su carrera defendiendo los derechos civiles de todos los ciudadanos, al tiempo que mantendría una obligada coherencia con los temas comunitarios hispanos que tanto había defendido.

Para el liderazgo latino era evidente que, una vez en sus nuevas funciones, Gonzales no escatimaría esfuerzos para proteger a las minorías de prácticas discriminatorias en las elecciones; también esperaban su apoyo respecto de la ley de inmigración federal, porque asumían que por su propia experiencia familiar sabía de primera mano que, lejos de ser criminales, la inmensa mayoría de los migrantes documentados o no vienen a este país a trabajar, a labrarse un porvenir para que sus hijos y sus nietos tengan éxito en este país tan lleno de oportunidades.

Todas las organizaciones defensoras de los derechos civiles de la comunidad hispana en Estados Unidos apoyaron su nominación y posterior confirmación a la Procuraduría de Justicia, pero le pidieron que mantuviera su distancia con el presidente para no poner en peligro su independencia.

Dos años después, el desencanto ha sido generalizado. Gonzales no ha movido un dedo en defensa de la comunidad hispana. Peor aún, como Procurador de Justicia ha sido un promotor del espionaje telefónico y ha permitido, en el mejor de los casos por omisión, que el FBI, que es parte de su departamento, abuse de sus poderes para obtener expedientes financieros, telefónicos y de negocios utilizando el Acta Patriótica sin siquiera darle oportunidad de apelación a los investigados.

En vez de defender los derechos de las minorías, su récord en materia de elecciones muestra una marcada tendencia a erosionar el derecho al voto de las minorías y la integridad del sistema electoral.

El reciente escándalo en el que se ha visto involucrado es el despido de ocho fiscales regionales, en lo que aparenta ser una purga política de funcionarios que en el cumplimiento de su deber no se adhirieron a la agenda política del Partido Republicano.

En Albuquerque, Nuevo México, después de resistir las presiones de dos congresistas republicanos para que apresurara la investigación de un escándalo de corrupción del Partido Demócrata a tiempo para la elección de octubre, el fiscal David Iglesias fue despedido. Su decisión de mantener la integridad del proceso intacta le costó el puesto y según declaraciones del presidente del Partido Republicano en el poder, fue el asesor presidencial Kart Rove quien determinó su despido.

Pero el despido de Carol Lam, la fiscal en San Diego, es quizá el más aberrante. Lam, quien metió a la cárcel al congresista republicano Randy Cunningham por aceptar millonarios sobornos de contratistas militares, se encontraba en medio de un juicio contra otras figuras importantes del Congreso, la CIA y otros proveedores del departamento de defensa cuando la despidieron. Según la administración, por descuidar el problema central en la forma de impartir justicia en San Diego, que es la inmigración ilegal. Se le acusa de haber dejado libres a contrabandistas de personas de ínfimo nivel para dedicarse a perseguir a los que a su juicio eran los verdaderos criminales.

Hace algunos días, en el Congreso se alzaron muchas voces que pidieron la renuncia de Gonzales. El liderazgo latino debería unirse al clamor. Este hombre no sólo le ha fallado a su comunidad: le ha fallado al país.