Un terrorista es un terrorista

Por Sergio Muñoz Bata
Ilustración Juan Fernando Rodríguez

Aún al admitir que el sistema judicial estadounidense no puede enjuiciarlo por tres de los innumerables actos de terrorismo de los que se le acusa, el historial de horrores probados y por comprobar del terrorista Luis Posada Carriles hace que su reciente liberación bajo fianza de una cárcel de Nuevo México sea injustificable e imperdonable.

Posada fue detenido en mayo de 2005 por entrar ilegalmente al país y mentir a los oficiales de Inmigración. Primero quiso utilizar una identidad ficticia y luego mintió al declarar su forma de ingreso al país. A las personas que entran ilegalmente al país y son descubiertas, normalmente se les deporta a su país de origen.

En el caso de Posada, nacido en Cuba y nacionalizado venezolano, un juez del Servicio de Inmigración falló en contra de su extradición, pues adujo que Posada podría ser torturado en cualquiera de esos dos países.

Afortunadamente, la decisión de una Corte de Apelaciones puede y debe ser revisada y, por lo menos en su caso, los cargos de violación a las leyes migratorias del país son lo de menos, dado su espeluznante expediente que abarca cinco décadas.

Es cierto. No se le puede juzgar en una corte estadounidense por su participación en el atentado terrorista de 1976, en el que murieron las 73 personas que viajaban de Caracas a La Habana en un avión de Cubana de Aviación; tampoco se le puede juzgar por su admitida participación en 1997, en el atentado con bomba en un hotel de La Habana en el que murió un turista italiano o por su intento de asesinar a Fidel Castro durante un acto público en la ciudad de Panamá en el año 2000.

Ninguno de estos tres actos terroristas ocurrió en territorio americano y ninguna de las víctimas eran estadounidenses.

Más improbable aún sería que se le persiguiera por su participación en la invasión a Bahía de Cochinos de 1961, por el sinnúmero de intentos de asesinato a Castro o por su colaboración entrenando a la Contra nicaragüense. En todos estos casos, el patrón de Posada era la Agencia Central de Inteligencia y el financiamiento de la operación estaba a cargo del Gobierno estadounidense.

De hecho, Peter Kornblush, el tenaz jefe de investigaciones de los Archivos de Seguridad Nacional, en la Universidad George Washington, ha dicho públicamente que la razón por la cual la administración de Bush se niega a declararlo terrorista es por temor a que, en su defensa, Carriles argumente que sus actos terroristas fueron ordenados por o en colaboración con la CIA.

La hipótesis de Kornblush se funda en las declaraciones del abogado de Carriles, Eduardo Soto, quien ha dejado entrever que su cliente conoce bien la oscura historia de los organismos de inteligencia estadounidenses y que sólo ha permanecido callado por lealtad a su tierra adoptiva.

También obra a favor de la impunidad de Posada la actual coyuntura política. En la víspera de una elección presidencial, inmediatamente después del revés que sufriera el Partido Republicano en las elecciones intermedias y con la popularidad del presidente en caída libre, sería ingenuo suponer que la extradición de Posada a Venezuela o a Cuba sería viable. Sobre todo, al considerar que con ello se arriesgaría el voto cubano/americano en la Florida.

Otro factor que ha contribuido a la libertad de Posada es la imposibilidad de encontrar un país amigo dispuesto a recibir al terrorista con los brazos abiertos.

Esto, sin embargo, no significa que a la administración de Bush se le han agotado las opciones para disponer de su basura y, sobre todo, para empezar a reestablecer como principio rector de la lucha contra el terrorismo un solo estándar para tratar a los terroristas. Para mantenerlo en la cárcel por tiempo indefinido, el Departamento de Estado podría argumentar ante la Corte que Posada representa una amenaza a la estabilidad de las relaciones internacionales de EEUU.

También podrían lavarse las manos enviándolo a la corte internacional. O podrían aplicarle provisiones del Acta Patriota que tanto le ha servido a esta administración para mantener a 385 sospechosos de ser terroristas en la prisión de Guantánamo sin ofrecerles garantías de ningún tipo ni el llamado “proceso debido”.

El expediente de Posada justificaría plenamente su traslado a Guantánamo, pues el Departamento de Justicia lo ha caracterizado como el “confeso autor intelectual de planes y ataques terroristas que jamás ha mostrado arrepentimiento”, lo ha acusado de ser un peligro para la comunidad y ha destacado el riesgo de que intente huir.

La imagen de Estados Unidos en el mundo ha sufrido un marcado deterioro en años recientes, sobre todo por su intervencionismo militarista y su desapego a las normas y reglas internacionales. Los abusos perpetrados en las cárceles de Abu Graib y Guantánamo han puesto en entredicho la política de respeto a los derechos humanos de la Unión Americana. Estados Unidos no puede dejarse chantajear. Empecinarse en salvar de la prisión a un terrorista incorregible no haría sino confirmar las acusaciones de hipocresía lanzadas contra el Gobierno de dicho país para aplicar un doble estándar en la lucha contra el terrorismo.