Ley de Migración, destino incierto

Por Jennifer A. Dlouhy

Los defensores de la liberalización de políticas de inmigración lanzaron vivas cuando los demócratas tomaron el control de la Cámara Baja y el Senado en este año, confiando que la nueva dirigencia en el Congreso suavizaría el camino para una legislación que crearía una nueva visa temporal para extranjeros y pondría a millones de trabajadores indocumentados en una senda hacia la ciudadanía estadounidense.

Pero, a cinco meses de la formación del nuevo Congreso, legisladores y cabilderos han descubierto, a su pesar, que la aprobación de una extensa reorganización de la inmigración es más difícil de lo que habían anticipado, amén que se están sintiendo más pesimistas respecto de la perspectiva de cualquier cambio mayor en este año.
Líderes demócratas en el Senado de Estados Unidos han jurado entrar de lleno en un debate sobre una iniciativa de Ley de inmigración, que aún es causa de intensas discusiones y amplias ideas sobre la inmigración, que aún no producen una nueva iniciativa de ley.

“Estamos hablando de un problema difícil, y va a ser sumamente duro encontrarle la cuadratura al círculo”, dijo Frank Sharry, el director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, mismo que respalda el esfuerzo. “Me siento escéptico en cuanto al anuncio inminente de un acuerdo”.

Las complejidades de la inmigración han frustrado a legisladores desde hace varias décadas. En la primavera pasada, el Senado, controlado por los republicanos, aprobó con muy poco margen de diferencia una iniciativa de ley, la cual les habría dado a muchos de los 12 millones de migrantes indocumentados que, se estima, viven en Estados Unidos una oportunidad de trabajar legalmente y convertirse, con el tiempo, en ciudadanos estadounidenses. No obstante, republicanos de la Cámara de Representantes presentaron objeciones al respecto. En vez de considerar la versión más liberal del Senado, la Cámara Baja aprobó una legislación enfocada a imponer severas medidas en contra de los indocumentados, aunado a erigir una valla a lo largo de la mayor parte de la frontera entre Estados Unidos y México.

Este año, dirigentes del Partido Demócrata, incluido su senador número uno, Harry Reid, de Nevada, albergan la esperanza de lograr la aprobación de una extensa legislación sobre inmigración tan pronto como sea posible. Activistas en ambos lados del tema reconocen que si ese tipo de iniciativa no logra pasar por el Congreso en este año, la política de un año electoral acabará con sus posibilidades en 2008.

De hecho, las ventajas estratégicas en política nunca están muy lejos. Un ejemplo de ello es la indicación de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, demócrata por California, en cuanto a que ella sacará a colación la legislación de inmigración si cuenta con el respaldo de cuando menos 60 republicanos, y suministrarán así cierta protección política para los demócratas, quienes pudieran sentir nerviosismo respecto de críticas, en el sentido que ellos son laxos en lo tocante a la inmigración ilegal.

Legisladores y funcionarios de la Administración han estado conversando por varios meses, e intentan diseñar una iniciativa de ley de inmigración que aborde la cuestión de los indocumentados que ya están en Estados Unidos, que cree algún tipo de canal para trabajadores extranjeros de bajas calificaciones en el futuro, aunado a mejorar el sistema para que los empleadores verifiquen la elegibilidad de trabajo de empleados potenciales.

Al mismo tiempo, los negociadores quieren que la legislación gane respaldo amplio y de ambos partidos, tanto de demócratas liberales como de republicanos conservadores; estos últimos se oponen a cualquier cosa que dé la impresión de ser una amnistía para inmigrantes indocumentados.

Las negociaciones a puerta cerrada han incluido al senador demócrata por Massachusetts, Edward W. Kennedy; al senador republicano por Arizona, Jon Kyl; senador republicano de Texas, John Cornyn, así como el secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez y el secretario de Seguridad Territorial, Michael Chertoff, entre otros.

Las propuestas más recientes a las que el grupo está dando forma crearían una nueva visa “Z”, misma que les permitiría a muchos indocumentados seguir trabajando en el país de manera legal, aunado a una nueva visa laboral “H-2C” para extranjeros con escasas habilidades, que trabajen cubriendo vacantes laborales para las que empleadores tienen dificultades de encontrar ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, los negociadores están teniendo problemas para encontrar un terreno intermedio con respecto a otros temas, entre los que están:

Saber si y cómo permitir que quienes trabajen con una visa “Z” obtienen la residencia permanente en Estados Unidos y si se convierten en ciudadanos. Funcionarios de la Administración originalmente promovieron un plan que se extendería por al menos 13 años, el cual les requeriría a migrantes indocumentados que aprobaran revisiones de antecedentes y cumplieran con otras condiciones para el pago de multas, a partir de US$8 mil, antes de volverse ciudadanos estadounidenses.
Decidir si a los trabajadores extranjeros que entran a Estados Unidos con visas “H-2C” se les permite traer consigo a sus familiares. Los negociadores están hablando de admitir que las familias también vengan, siempre y cuando el grupo entero regrese a casa cada dos años, en vez de los períodos de tres años concebidos para trabajadores invitados que vienen a Estados Unidos por cuenta propia.

Es probable que las propuestas enfocadas a la creación de cualquier visa nueva dependan de que el gobierno federal cumpla con los indicadores de seguridad fronteriza, como el uso de sistemas de detención biométrica y el destacamento de cámaras aéreas sin tripulantes. El senador republicano de Georgia, Johnny Isakson, es el principal proponente de ese “detonador”, que es popular entre conservadores.

En su forma más extrema, un “detonador” pudiera requerir de que el gobierno federal certifique que las fronteras de Estados Unidos son seguras, antes que cualquier regla nueva sobre la visas entre en vigor.

Isakson destacó que la iniciativa de ley final “tiene que obligarnos a darle seguimiento a la tecnología, los vehículos aéreos no tripulados, los muros y barreras, así como la identificación segura” antes de seguir avanzando con programas de visas nuevas que traerán a más extranjeros al país y le darán estatus legal a los trabajadores indocumentados.