Crimen, castigo y redención
Policías de la ciudad de Los Ángeles agreden a manifestantes y periodistas sin justificación

Por Sergio Muñoz Bata

El uno de mayo, como muy probablemente la mayor parte de la gente en el mundo pudo ver en su televisor, la Policía de Los Ángeles disolvió de forma violenta una marcha a favor de una reforma migratoria integral en un parque de esa ciudad. También propinó una tunda a periodistas y camarógrafos que cubrían el evento y, lo que es más grave, fracturó el frágil entendimiento que empezaba a forjarse entre la Policía y la comunidad latina.

A pesar de la conflictiva historia de la relación entre ésta y la comunidad latina, nadie esperaba que la marcha terminara así. De hecho, la coordinación auguraba éxitos.

La acción policíaca es grave porque viola dos preceptos constitucionales fundamentales dentro del sistema democrático, la libertad de expresión y el derecho de la gente a reunirse pacíficamente. Es tan grave que antes de que concluyan las cuatro investigaciones, el jefe de la Policía William J. Bratton ofreció una disculpa a la comunidad y a los medios de comunicación agredidos, pues tuvo la oportunidad de estudiar videos y fotografías de los sucesos. “Se hicieron cosas que no debieron hacerse”, dijo Bratton.

De igual manera es nuevo, que la noche de los hechos, el presidente de la Asamblea Legislativa, Fabián Núñez, y la mayoría del liderazgo de la ciudad, incluyendo al alcalde Antonio Villaraigosa, que se encontraba de gira por El Salvador y México, hayan denunciado la brutalidad policíaca con fuerza y sin miramientos.

En California, ahora, el liderato político es en su mayoría latino.

La cadena de televisión Telemundo transmitía en vivo su noticiero nacional desde una plataforma colocada al lado del parque. Ningún policía puede alegar que le pegó a un camarógrafo pensando que era un anarquista a punto de atacarlo. Y por supuesto, el sinnúmero de teléfonos-cámara que llevaban los manifestantes ha servido para documentar plenamente el abuso desde una perspectiva ciudadana.

Todo indica que los problemas empezaron cuando un pequeño grupo de provocadores ajenos a la marcha atacaron a los policías con piedras y botellas de agua. Lo que no se puede entender es por qué en lugar de aislar a los provocadores éstos los empujaron al parque, propiciando que se borrara cualquier distinción entre los provocadores, 30 quizá, y los miles de manifestantes pacíficos que ni siquiera entendían por qué la Policía, sin motivo, disparaba 230 cargas de balas de goma a una multitud que no le oponía resistencia.

La Policía de Los Ángeles siempre ha tenido problemas para controlar multitudes. Reprimió a quienes se manifestaban contra la guerra de Vietnam en 1967 y en 2000, durante la Convención Demócrata, teniendo que pagar US$4 millones a individuos y reporteros lesionados. Tuvo que reformular su política de intervención en eventos masivos.

De igual manera tuvo complicaciones por no actuar a tiempo y con energía durante los disturbios de 1992, y nuevamente en 2000 cuando decidió no intervenir, a pesar de que una multitud destrozaba las inmediaciones de la arena deportiva el día que el equipo de baloncesto de la ciudad se coronaba campeón.

Este uno de mayo, quien sembró la anarquía en el parque MacArthur fue la Policía, y los responsables deben pagar las consecuencias. Pero ahí no pueden quedar las cosas. La comunidad requiere de la protección y la Policía depende de una comunidad latina que es la mayoría en la ciudad. Le corresponde a William J. Bratton diseñar los programas de entrenamiento que puedan reconstruir la dañada relación con la comunidad, y al liderazgo político de la ciudad establecer mecanismos de supervisión que hagan virtualmente imposible una repetición de la bochornosa agresión.