El tortuoso sendero de la tortura

Por Sergio Muñoz Bata

La tortura, en una de sus infinitas variedades, ha vuelto a ser tema clave en el debate de confirmación del juez Robert B. Mukasey, como nuevo procurador de justicia en el comité de justicia del senado estadounidense.

La mayoría de los senadores demócratas querían que Mukasey declarara que el simulacro de ahogamiento, que practica la agencia central de inteligencia a los sospechosos de ser terroristas, viola las leyes del país (Estados Unidos) contra la tortura.

Mukasey se resistió aduciendo que fue el propio Congreso que exceptuó a la Agencia Central de Inteligencia CIA (por sus siglas en inglés) de apegarse a las leyes que, por ejemplo, le impiden utilizarlo al ejército estadounidense. Práctico y conciliador, el senador republicano Arlen Specter propuso que la solución sería que el Congreso aprobara una ley prohibiéndole a la CIA dicha práctica.

El presidente George W. Bush niega que haya un problema. “Este Gobierno no tortura a la gente”, ha dicho a menudo mientras que la secretaria de estado, Condoleezza Rice, no se cansa de repetir que en el combate contra el terrorismo los estadounidenses siempre han respetado las leyes nacionales e internacionales.

El asunto, sin embargo, es mucho más complejo de lo que parece, entre otras causas porque para el presidente todo se vale cuando dice que lo que está en juego es la seguridad nacional y sólo él y su camarilla saben cuándo, cómo y quiénes la ponen en peligro. Los congresistas parecen pensar que el problema es la indefinición legal del tema de la tortura no la ambigüedad moral con la que lo enfrentan. Y para el americano común y corriente, la tortura es ajena, es algo que sucede en otros países no en el suyo.

Refutar al presidente es imposible. Quien no admite que un simulacro de ahogamiento es tortura menos aceptará que es ilegal. Tampoco parece tarea fácil intentar convencer al Congreso que el problema no se resuelve promulgando nuevas leyes sino obligando a que se respeten convenios internacionales vigentes como el Convenio de Ginebra de 1949 que prohíbe atentar contra la vida y la integridad corporal en todas sus formas, el homicidio, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios.

Y la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas de 1987 que define como tortura todo acto por el cual intencionalmente se cause sufrimiento grave a una persona para obtener información o una confesión.

En cuanto a las normas y leyes nacionales vigentes, si bien es cierto que en el memorando Bybee del Departamento de Justicia del 2002 se estipula que la tortura es una pena que resulta “difícil de soportar” y cuya intensidad “debe ser equiparable al dolor ocasionado por la pérdida de un órgano, la inhabilitación de una función del cuerpo o la muerte”.

Dos años después, el propio Departamento de Justicia se retractó de lo dicho y declaró “la tortura es abominable e incompatible con las leyes y los valores estadounidenses así como con las normas internacionales”.

Apenas un año después, una filtración de documentos secretos del departamento de justicia reveló que autorizaba a la CIA a utilizar golpes a la cabeza; uso de temperaturas extremas y simulacros de ahogamiento en sus interrogatorios.

A finales del 2005 y principios del 2006, por iniciativa del senador John McCain, quien fue torturado durante la guerra de Vietnam, el Congreso aprobó un proyecto de ley que prohibía “el trato cruel, inhumano o degradante a los detenidos por EE. UU”.
Ese mismo año, una nueva edición del Manual del Ejército reconoce el Convenio de Ginebra, autoriza solamente 19 tipos de interrogatorios y prohíbe los simulacros de ejecución y de ahogamiento.

Finalmente, en julio del 2007, Bush emite una orden ejecutiva que fija límites a los métodos interrogativos de la CIA, pero los mantiene en secreto y autoriza a la agencia a retomar su programa de detención secreta.

Es posible que entre el Congreso y el nuevo procurador de Justicia se promulgue una ley que prohíba a la CIA continuar con los simulacros de ahogamiento. Eso no impedirá, sin embargo, que quienes con razón o sin ella sean acusados de ser sospechosos de terrorismo se salven de ser torturados por contratistas paramilitares que gozan de inmunidad total o se les envíe a otro país mediante las llamadas “entregas extraordinarias” (extraordinary renditions) para que ahí se les torture o se les elimine físicamente.

La tortura es una aberración inaceptable en una sociedad abierta y democrática como ésta, pero para acabar con esa práctica es imprescindible que la ciudadanía tome conciencia del problema y exija a sus representantes que la declaren incompatible con los valores nacionales.