Un adiós con pena y sin gloria

Por: Sergio Muñoz Bata

La presión se volvió insoportable y Alberto Gonzales se vio obligado a renunciar a su cargo como secretario de Justicia de Estados Unidos. Al clamor de los demócratas en el Congreso que durante meses exigieron su renuncia, finalmente se unió el reconocimiento de la Casa Blanca, y el de los propios senadores y representantes republicanos de que en vísperas de la elección de noviembre la continuada presencia de Gonzales en el Departamento de Justicia era ya insostenible.
Para la comunidad, el fiasco de Gonzales, el funcionario latino de mayor jerarquía en un gobierno estadounidense, ha sido un duro golpe. No por la renuncia, que a estas alturas más bien representa un alivio, sino por el espectáculo de ineptitud y deshonestidad que caracterizaron su corta gestión como procurador de justicia.
Si se cumple con el viejo refrán que dice que el peor error que un político puede cometer es decir la verdad, el presidente George W. Bush lamentó en público la decisión de su viejo amigo. Ni es la primera vez que el presidente miente ni, desafortunadamente, será la última.
Razones para exigir su renuncia sobran. Este es el abogado de la Nación a quien la tortura le parecía una práctica justificable en ciertas circunstancias. Tampoco le afligía que el Gobierno interviniera los teléfonos de los ciudadanos para oír de manera subrepticia sus conversaciones. También fue Gonzales quien, en su carácter de abogado del presidente, le aconsejó no acatar las llamadas Convenciones de Ginebra en el trato a los prisioneros de guerra. Y quien durante las audiencias a las que fue conminado por el Senado observó una conducta absolutamente vergonzosa. No es compatible con el puesto de procurador de Justicia de la Nación que, al ser interrogado por los congresistas el titular de la dependencia responda más de cien veces que no recuerda lo sucedido. Peor aún, la imagen que Gonzales ha proyectado en estas audiencias no es nada más la de un hombre desmemoriado sino la de un funcionario que carece del conocimiento y del liderazgo que son imprescindibles para ocupar el puesto.
No cabe duda que la renuncia de Gonzales, así como la de otras figuras clave del gabinete de Bush, como Karl Rove o el secretario de la defensa Donald Rumsfeld delatan la descomposición de la administración. Lo que no es necesariamente cierto es que todas ellas obedezcan a las mismas razones.
En el caso del asesor presidencial Karl Rove, por más controvertida que haya sido su actuación, y lo fue sin duda en el caso de los ocho fiscales despedidos por Gonzales, salvo uno que otro demócrata acelerado, la clase política no exigía su renuncia. En este sentido no es descabellado suponer que fue el propio Rove quien sin ser presionado por la Casa Blanca, decidió renunciar a su puesto.
Otras fueron las circunstancias de la renuncia de Rumsfeld porque ahí sí, a semejanza del caso de Gonzales, hubo una exigencia explícita de todos los grupos políticos, y de ambos partidos para que renunciara. Al igual que con la errática conducta del titular de Justicia, la pésima conducción de la guerra en Irak no sólo era inaceptable para los demócratas sino que Rumsfeld se había convertido en una rémora para los republicanos.
Después de anunciada la renuncia de Gonzales, no han faltado los comentarios en la globosfera que plantean que la Casa Blanca sacrificó al procurador de justicia en su intento por negociar con el Congreso demócrata un posible legado de la administración quizá en el área de pensiones o salud, en los meses que le quedan de vida.
La especulación no parece plausible. En la política las cosas ni suceden ni se negocian en abstracto. Lo que sí es absolutamente cierto es que Gonzales se había convertido ya en un impedimento para que la administración negociara con los demócratas cualquier tipo de medidas de inteligencia en la guerra contra el terrorismo, pues ya el secretario de Justicia había sido declarado persona non grata en el Congreso.
Es de esperar que los demócratas continúen con sus investigaciones sobre las maniobras que la administración pudo hacer con la complicidad de un Congreso Republicano y que éstas causen más de una fricción entre ambos poderes. Pero la Casa Blanca sabe bien que la agenda de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo no puede ser suspendida el tiempo que le queda a esta administración. De aquí la importancia de que el sucesor de Gonzales no sólo sea una figura pública con sobradas credenciales para ocupar el puesto, sino que tenga credibilidad en el Congreso.