Hay muchas “Íngrid” en las cárceles cubanas

“Los secuestros oficiales” están a la orden del día en la Isla.

POR ricardo trotti

Para varios presidentes latinoamericanos, Íngrid Betancourt se convirtió en símbolo de una causa justa y popular, lo que les permitió, junto a muchedumbres y cantantes, reclamar la liberación de cientos de rehenes en manos de terroristas colombianos.
En su reciente gira por América Latina, Íngrid cosechó halagos y prodigó agradecimientos a presidentes como Chávez, García, Da Silva, Correa, Kirchner, Morales y Bachelet, quienes intercedieron por ella antes de ser rescatada por el Ejército de Colombia.

Íngrid logró rápidas adhesiones por tratarse de un motivo fácil de enarbolar, ya que el secuestro es considerado un delito de lesa humanidad, según el derecho internacional. Pero la causa se torna más compleja de abrazar, cuando se trata de “secuestros oficiales”, plagios cometidos por el propio Estado, como en Cuba, donde las autoridades vienen tirando a muchas “Íngrid” en las prisiones, sin otra reacción que protestas gubernamentales muy mesuradas o burdamente diplomáticas.
Así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia retuvieron a Íngrid por seis años, el gobierno cubano mantiene cautivos a unos 300 presos de conciencia, quienes solo han cometido el delito de disentir contra un régimen que prohíbe derechos fundamentales, como las libertades de expresión, de asociación o de traslado.

Cíclicamente hay pedidos gubernamentales por la libertad de los rehenes oficiales, casi siempre sin convicción y con ingenuidad, como en el caso de la Comunidad Europea, que en junio pasado antepuso condiciones para levantar sanciones comerciales. Finalmente, Europa cedió y Cuba no liberó a nadie. La presión ahora pesa sobre el presidente electo estadounidense Barack Obama, a quien se le exhorta levantar el embargo, aunque la petición no se extiende a Raúl Castro para que respete a sus ciudadanos.

El romanticismo por “logros revolucionarios” tan promovidos, como la educación y la salud, ha hecho que muchos se excusen de reclamar por la falta de libertad y la violación a los derechos humanos o, peor aún, que soliciten, como el Parlatino, la reinserción de Cuba a la Organización de los Estados Americanos sin condición alguna, justo cuando arrestaban en La Habana a decenas de manifestantes que conmemoraban el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

No hay estadística confiable sobre cuántos secuestrados de conciencia hay en las cárceles cubanas, ya que el Gobierno tiene vetada toda visita de organización que vela por los derechos humanos, y no se somete a la supervisión de tratados internacionales. La disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos adivina la cifra en cerca de 300, incluidos los 55 disidentes del grupo de 75 que fueron encarcelados durante la “primavera negra” de marzo del 2003. Unos 25 de aquel grupo son periodistas condenados a más de 20 años por el delito de “contribuir con el enemigo”. Muchos están en grave estado de salud, según un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que también da cuenta de 60 reporteros independientes activos en la Isla, quienes soportan en forma periódica persecuciones, arrestos temporales, multas y deportaciones a sus provincias de origen.
Las represalias atropellan a quienes siquiera expresan sentimientos, como la bloguera Yoani Sánchez, quien al crear un movimiento de adhesiones virtuales y tratar de unir a sus colegas en una reunión física, fue intimidada por la seguridad gubernamental, y le recordaron que el Estado es el que decide quién accede o no a Internet.

Aunque estos jóvenes se sientan exultantes por sus denuncias, deberán tener cuidado. El Gobierno podría utilizar el disfraz de oveja como en marzo del 2003 contra el movimiento de periodismo independiente. En aquel entonces, infiltró a las nuevas agencias de Prensa, y les causó una implosión mediante delatores y soplones, que luego utilizó como “testigos” en juicios sumarísimos.
Todos en Cuba —disidentes como Marta Beatriz Roque, activistas como las Damas de Blanco, o periodistas independientes como Mirian Leyva, blogueros como Yoani Sánchez, cantantes como Gorki Águila— saben que la expresión está prohibida y corren el riesgo de terminar en la cárcel.

Así como el destino convirtió a Íngrid en paladín de una causa, algún día habrá un líder (y ojalá cantantes también) que creará conciencia sobre la atrocidad de los secuestrados de conciencia del régimen castrista. Mientras tanto, los presidentes, especialmente los latinoamericanos, tienen la responsabilidad de abrazar todas las causas, no solo las fáciles, sino también las más comprometidas, como ésta, la de los “secuestros oficiales”.

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