Jueces
Objetivo más reciente en la guerra de drogas en México

Por JEREMY SCHWARTZ

La ciudad norteña de Monterrey se está recuperando de la ejecución de un juez estatal perpetrada hace un par de semanas, el cual había manejado casos en contra de varios narcotraficantes, aunado a cuando menos tres amenazas de muerte en contra de otros tres jueces. Además, unos días antes un juez municipal en el estado de Sinaloa fue hallado ejecutado, con señales de tortura.

La violencia ha desatado preocupación en cuanto a que el sistema de justicia de México, de por sí débil, pudiera estar enfrentando una acometida al estilo colombiano.
“Los narcotraficantes están trabajando para destruir el estado de Derecho y es claro que jueces, al igual que agentes de Policía, antes de ellos, son objetivos”, destacó Michael Núñez Torres, experto legal por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
En respuesta, legisladores mexicanos han propuesto que se oculte la identidad de los jueces, de manera similar a lo que hizo Colombia durante la cúspide de la violencia en ese país relacionada con las drogas, en las décadas de los 80 y 90, cuando veintenas de jueces fueron asesinados.

Muchos expertos dicen que antes de que México aplique una medida tan drástica, lo cual ha sido criticado por Naciones Unidas y organizaciones pro derechos humanos, el país necesita reforzar la pésima seguridad de sus jueces, mismos que están sumamente desprotegidos.

Algunos analistas han propuesto que se incluya la protección de jueces en una extensa legislación por una reforma judicial, la cual se anticipa que sea debatida por el Congreso mexicano en esta primavera.

“La protección para jueces esta muy desorganizada, en vez de ser sistemática”, destacó la analista de seguridad Ana María Salazar, en Ciudad de México. “Todos ellos necesitan vehículos a prueba de balas, espacios laborales que estén seguros de bombas y otros ataques ... y formas de salir del país rápida y fácilmente si, en efecto, son objeto de amenazas”.

Como consecuencia de la ejecución y las amenazas a jueces en el estado de Nuevo León, que alberga a la tercera ciudad más grande del país, Monterrey, les han concedido protección durante 24 horas. Los oficiales no quisieron revelar en qué consistía dicha protección o cuáles jueces la recibirían.

Los jueces en México han sido relativamente inmunes a la violencia, en particular si se compara su situación con la de sus contrapartes colombianos, lo cual es atribuido por algunos a la preferencia tradicional de los carteles por los sobornos antes que asesinar a los magistrados.

Los ataques en contra de jueces mexicanos siguen a una constante progresión de violencia en contra de funcionarios gubernamentales que empezó con las ejecuciones de agentes de policía, fiscales y políticos. Veintenas han sido asesinados en años recientes, en tanto sicarios ya empezaron a lanzar ataques en contra de oficiales y agentes específicos involucrados en grandes detenciones o allanamientos de laboratorios que producen drogas ilegales.

El Gobierno de Felipe Calderón se ha embarcado en una ofensiva sin precedentes en contra del duelo entre los carteles del Golfo y de Sinaloa, al enviar a decena de miles de soldados y agentes federales a desafiar a los narcotraficantes, mayormente a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

Jorge Chabat, experto en seguridad nacional, dijo que la espiral de violencia en contra de oficiales de la ley indica una nueva fase en la guerra mexicana en contra de las drogas.

Los legisladores del vecino país proponen
ocultar la identidad de los jueces y
los analistas desestiman la idea

En Colombia, 278 jueces fueron asesinados entre 1978 y 1991, al desatar la adopción de un sistema en el cual los jueces firmaban sus órdenes con números, llevaban a cabo audiencias detrás de espejos de una sola vista y usaban aparatos para distorsionar sus voces.

Si bien ningún juez fue asesinado bajo dicho sistema, el método fue eliminado en 1999, luego que Naciones Unidas considerara que infringía el derecho del proceso debido y que activistas se quejaran de él, pues aseguraron que se estaba usando, y abusando, en casos que no estaban relacionados con la delincuencia organizada.

La mayoría de los analistas mexicanos han descartado la idea por considerar que no sería funcional en México, y argumentan que los carteles seguirían encontrando formas de descubrir las identidades, supuestamente ocultas, de jueces. La Constitución mexicana, que dicta que los acusados conozcan a su juez, tendría que ser modificada, destacan algunos analistas.

Cox News Service