Esperanza sin armas
Grupos sociales luchan por inculcar en los niños un futuro sin armas.

por ana martínez de zárate
fotos: carlos sebastián

Que un niño de tercero básico pinte dos cadáveres ensangrentados tirados en el suelo no es normal.

Que otro, cuando ve una muerte por asesinato, se le pregunte qué es lo que ha sentido y responda que nada, o que un revólver sea un elemento más de vestimenta en zonas del oriente del país son características de la sociedad guatemalteca que tampoco deberían ser comunes. Sin embargo, son tan reales como la violencia que perciben los ciudadanos en las calles.

El Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) decidió que no publicaría el calendario del año pasado debido a las imágenes tan cruentas que los niños habían pintado. A la fotógrafa Karla Molina se le ocurrió preguntar a varios niños que habían visto un muerto por homicidio qué habían sentido y esa fue la respuesta obtenida. Y es que, por desgracia, como opina Alfonso Porres, de Luciérnaga, “la gente está familiarizada con la muerte, la ve todos los días”.

A pesar de esta percepción tan descorazonada, su institución —dedicada a la producción audiovisual— se ha implicado en varias campañas contra el uso de armas. Sin embargo, su proyecto quiere ir más a allá. Porque para concienciar no es suficiente con estas acciones, hay que ir a la raíz: a la educación, a los niños. De la misma opinión es el Iepades que, entre otras actividades, se dedica a visitar a diversos institutos de la capital —y en ocasiones de otros departamentos— con el objetivo de concienciar sobre lo peligroso que son las armas y, por lo tanto, evitar su uso.

Educación

Los 35 alumnos de segundo de básico del instituto Juan Diéguez Olaverri, de la zona 11, parecen sensibilizados. Acaban de recibir una de las charlas del Iepades y ninguno se compararía un arma porque, como dice Aurora Galindo, de unos 14 años, “producen daño”.

No obstante, todos conocen a alguien de su entorno que tiene una y reconocen que los adultos “no entenderían ni nos harían caso si pidiéramos que no compraran”, señala Gabriela Morales. Coinciden en que el factor educativo es importante para saber que las armas no son un juego. Eric Pérez propone que haya más jornadas de este tipo “para los demás jóvenes”. Para aquellos que no tienen oportunidad de estudiar, como ellos, cuya única salida son las maras, la delincuencia común o la muerte.

Afortunadamente, José Bravo, de 18 años, y Héctor Larios, de 19, conocieron, gracias al Iepades, esta problemática antes de que se dejaran engullir por la violencia. Ambos fueron elegidos multiplicadores “de la paz” por su capacidad de liderazgo y se encargaron de llevar a cabo proyectos de concienciación, monitoreados por el Instituto.

Hoy en día, después de dos años y medio, siguen con esta tarea y apoyan, de vez en cuando, al educador Alexandre Rabanales, en las visitas a los institutos. Su futuro lo ven en esta organización, ya que, según Bravo: “queremos ayudar a nuestro país en cuanto a la incidencia en la violencia”. Saben demasiado bien lo que hay en su entorno. Han visto cómo la Policía ofrecía armas ilegales a la salida de un instituto. Además, compañeros suyos del colegio se las compraban a la “última moda, solo para lucirlas”.

Tienen amigos y familiares víctimas de esta violencia: en maras, presos o muertos. Suficiente para saber que hay que luchar por cambiar con esta realidad. Y ellos son los primeros en dar ejemplo al involucrarse a través de este tipo de acciones. Es una reacción ante miles de “desensibilizados”, pero, como dice Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, la “responsabilidad es también individual”.

Quizás ahora eso es lo principal, debido a la incapacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos. Para él, es importante que los maestros estén formados, que se hable de la violencia en los colegios desde una perspectiva constructiva y que se transmita que hay solución y que los jóvenes no “están condenados a vivir en este estado de violencia”. En su experiencia en el trabajo en zonas rurales del país ha visto “actitudes positivas”.

Inseguridad

La mayoría de las organizaciones abogan, simplemente, por un mayor control de las armas, pero sin entrar en el eterno debate de la prohibición total. La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala y una importante activista por los Derechos Humanos, reconoce que esta medida “no sería aprobada por la mayoría de la población”.

De hecho, para ello, habría que cambiar la Constitución (1985), única en Centroamérica, con un artículo, el 38, en el que se garantiza el derecho de todo guatemalteco a la portación y tenencia de armas siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Ley de Armas y Municiones, que fue firmada en 1989.

El artículo “pretendía proteger a los civiles de las fuerzas del Estado que eran los que cometían los abusos”, dice Carmen Rosa de León, directora ejecutiva de Iepades. “El contexto ya no es igual y, por lo tanto, ya ha perdido su significado”, añade. Aún así, las condiciones para obtener un arma legalmente son bastante fáciles de cumplir: rellenar la solicitud del Departamento de Control de Armas y Municiones (Decam) donde se pide, además de los datos personales, el “motivo” de la compra del arma, una copia de cédula de vecindad, tener más de 25 años, ausencia de antecedentes penales y policíacos, un documento que acredite la compra, por ejemplo una factura, tres municiones para elaborar la huella balística y, a partir de julio, un recibo de luz o agua de donde se reside. Ocho días después de este sencillo trámite, el ciudadano puede portar un arma defensiva o deportiva. El Decam es el que se encarga de registrar aquéllas que llegan importadas, unas 3 mil 500 mensuales, de controlar las armerías y sus inventarios y de registrar las licencias de portación y tenencia. En total lleva contabilizadas alrededor de 350 mil, de las cuales menos de 300 son propiedad de mujeres, lo que conlleva al riesgo de que ellas mueran a manos de su pareja por arma de fuego.

Según datos del Sistema de Integración de Centroamérica (Sieca) en Guatemala, en el 2003, se importó la misma cantidad por US$6,498,883, igual que “el presupuesto de la Universidad de San Carlos para ese año; a lo dedicado a la educación media por parte del Ministerio de Educación y a la mitad del presupuesto para la atención primaria universal”.

Cultura

La incidencia de las armas de fuego para homicidios va en aumento: en 1986 fue del 57 por ciento, en 1996, año en el que se firmaron los Acuerdos de Paz, se incrementó a 73 por ciento y en 2006, al 80 por ciento, según el estudio “Control de Armas de Fuego”, del Iepades. Por lo que en Guatemala existe una innegable “cultura de violencia”, pero, ¿por qué? Las razones son complejas.

La impunidad, la ausencia de las funciones del Estado o la pobreza, son rasgos que caracterizan a todos los demás países centroamericanos y latinoamericanos, en general. Entonces, ¿por qué Guatemala es calificado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como “uno de los países más violentos del mundo oficialmente en paz?”

Las causas se remontan al pasado. Para la periodista María López Vigil, redactora jefe de la revista Envío, dedicada al análisis de Nicaragua y Centroamérica, es significativo el racismo que sufre Guatemala desde tiempos de la colonia, porque existe un importante número de indígenas, mucho más elevado que en otros países de la zona, caracterizados por el mestizaje.

Según Montenegro, el conflicto que duró 36 años ha dejado unas secuelas que los guatemaltecos no hemos sabido superar. Tras 45 mil desaparecidos y 200 mil muertos provocados por la guerra “en Guatemala no pasó nada”. “No se ha reconocido a las víctimas”, añade el educador Rabanales, tampoco se ha explicado, ni es conocido entre la población. Ni siquiera se habla de eso.

En el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (Ecap), que se encarga de dar apoyo a las víctimas del conflicto armado, se hace hincapié en la importancia de contar las experiencias traumáticas como primer paso para superarlas.

En Nicaragua, uno de los países con menos índices de violencia no solo de Centroamérica, sino de toda Latinoamérica, “la guerra tuvo otras características que permitieron que este país no tenga tantos altos índices de violencia”, asegura Elvira Cuadra, socióloga e investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales.

En primer lugar, su guerra no acabó mediante Acuerdos de Paz, sino porque decidieron que acabara y después el propio Estado se preocupó porque las personas se reintegraran y actuaron “con mayor fuerza en la recolección de armas que en Guatemala”, añade Cuadra. Por otra parte, la caída de la dictadura de Anastasio Somoza permitió que se eliminara la Guardia Civil y aunque se puso otro ejército, éste fue “mucho menos represivo que el de Guatemala y eso también influye a la hora de contribuir a la cultura de violencia”, razona López.

Psicología

Las consecuencias de esta violencia han provocado que “seamos una sociedad con miedo y nos cueste participar en la vida política, andar por la calle, salir por la noche”, explica Judith Eraso, de la Ecap, donde acaban de iniciar un programa en Santiago Atitlán sobre el impacto emocional que provoca la violencia. Pero el factor más importante y más peligroso es que esta situación se ha normalizado tanto que los ciudadanos han perdido la noción de los derechos humanos y de la democracia y, por lo tanto, no luchan porque haya un cambio. Además, hay un sentimiento general de desesperanza, no ven salidas a su proyecto de futuro y la violencia crece en espiral porque “la sufres y la replicas”.

Asimismo, los ciudadanos pierden la confianza en las instituciones. No hay denuncias. “¿Para qué? —se pregunta Eraso— si el sistema de justicia no funciona”. Es curioso que, según observaciones del Iepades, los niños pequeños creen en la justicia y, por ejemplo, tienen miedo a la cárcel; sin embargo, al llegar a secundaria empiezan a percibir que no hay límites.

Esta es la razón por la que proliferan las empresas de seguridad privada y, como consecuencia, aumenta la inequidad, debido a que solo la tienen las que pueden pagarla. Según el capitán Muñoz Piloña, ex presidente de la Gremial de Empresas de Seguridad Privada y gerente de USI, hay alrededor de 135 en Guatemala inscritas en la Policía Nacional Civil.

Otra consecuencia la sufre el sistema de salud que no se da abasto para atender a las víctimas de violencia y obliga a dejar en segundo plano a las personas con enfermedades comunes, que en muchas ocasiones llegan en condiciones muy graves.

Responsabilidades

Los niños son uno de los grupos que más sufren esta situación. Según datos de Unicef en el 2005, 418 niños fueron asesinados en en el país, y 322 de esas muertes fueron causadas por armas de fuego.

La responsabilidad de esta situación no se puede echar toda al Gobierno, por no cumplir con sus obligaciones de proteger a los ciudadanos, también tienen que recibir los menores una buena educación por parte de la familia, el colegio o a través de los medios de comunicación.

No debería ser normal que un niño reciba como regalo una pistola, tampoco que haya maestros que no hablen del pasado, ni de la violencia, ni que los medios de comunicación sean tan catastróficos, sino que transmitan que hay solución, esperanza. “Es una responsabilidad individual de cada uno”, resume Garavito.

Historia de las armas

El origen de las armas se remonta al descubrimiento de la pólvora negra, inventada por los chinos en el siglo IX. Al principio fue concebida para fabricar cohetes y fuegos artificiales.

Existen contradicciones sobre el ingreso de la pólvora en occidente, porque Roger Bacon (Inglaterra) describió sus efectos a mediados del siglo XIII. No fue hasta el 1308 cuando se reconoce de forma histórica la aparición de los cañones, que se denominaban Culebrinas y Falconetes.

Las armas de fuego individuales fueron evolucionando como pequeños cañones de mano, y el mosquete, por ejemplo, en el siglo XVI pesaba entre 8 y 10 kilos, y solo soldados muy vigorosos podían utilizarlo.

Las armas actuales muy poco tienen que ver con aquéllas. En Guatemala, entre las ofensivas y que están prohibidas, destaca la AK-47, acrónimo de Avtomat Kalashnikov modelo 1947. Es un fusil de asalto soviético diseñado en 1947 por Mijai Kalashnikov, con un calibre (diámetro del cañón del arma) de 7.62 milímetros de ancho por 39 de largo.

Otra bastante conocida y vista en el país en el mercado ilegal es el AR15 (designado como M16 por el Ejército de EE. UU.), de origen estadounidense, con un calibre de 5.56. El diámetro, cuanto menos ancho, menos mortal, pues no provoca la muerte de manera instantánea. El M203 es la designación del Ejército de EE. UU. al lanzagranadas de 40 milímetros y disparo único que, por lo general, se acopla al fusil de asalto M16.

Tira una granada a una distancia a 75 metros. Entre las armas defensivas, y permitidas en Guatemala, se encuentra la pistola de 9 milímetros, la más demandada por la población a diferencia de otros países, donde tiene más éxito el revólver.

El nombre proviene del francés pistole, y ésta del checo píštala (flautilla), por la forma de las armas antiguas. Otra teoría remite a la ciudad italiana Pistoia, donde se manufacturaban las dagas.

El revólver es una pistola pero con la diferencia de que éste tiene un barrilete, o “tambor”, mientras que las otras tienen un cargador, por lo que la ventaja de las pistolas es que se pierde menos tiempo en cargarlas.

Ley de Armas

• Nadie discute la necesidad de una nueva Ley de Armas y Municiones. “Tengo fe en que este año se apruebe, por fin, una nueva ley en beneficio de todos y de mis hijos porque yo estoy preocupado”, dice el jefe de la Decam, David Napoleón Barrientos. Desde armerías y empresas de seguridad privada hasta el mundo político, militar y los organismos de derechos humanos se muestran de acuerdo con este punto: mayor control. Es inaceptable que se permita la venta de 500 municiones cada día, convirtiendo a Guatemala en uno de los países con mayor posibilidad de adquirir grandes cantidades de ellas legalmente por licencia. Según Barrientos, “están pensando en proponer una reducción a 300 mensuales”. En la ley actual, para conseguir un arma, no es necesario pasar un examen psicológico, aunque mucha de la población que las compra estaría de acuerdo con esta medida. Sin embargo, para el diputado Pablo Duarte, del Partido Unionista, sería “un foco de corrupción”. Ni siquiera hay un examen de capacitación o entrenamiento, lo cual permite que alguien que no sabe utilizar un arma tenga una, por ello el Decam, en su propuesta que presentará dentro de un mes, pide que se incorpore este nuevo requisito. Tampoco es falta legal la ostentación del arma. Por otra parte, se propone que el Decam no pertenezca al Ministerio de la Defensa Nacional, porque lo correcto es que las armas en manos de particulares posean un control civil y no militar. Sin embargo, Barrientos hace hincapié en que son “modelo a nivel regional, ya que una comisión de otro país ha venido aquí para aprender”.
• Sugerencias de la CICIG
• El tema es tan importante que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha hecho unas recomendaciones como la “delimitación de los ámbitos legal e ilegal”, la “creación de tipos penales vinculados al tráfico y fabricación ilícita” y que al “tráfico y fabricación ilícita de armas y municiones se les aplique la Ley contra la Delincuencia Organizada”, pues en muchas ocasiones están ligadas al narcotráfico.
• Mercado ilegal
• Para Barrientos, el verdadero problema son aquellas armas que no están registradas, pues son “las que utilizan para cometer delitos”. Aunque no es posible contar con un dato fiable de las armas que circulan ilícitamente, según el estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) “se estima que por cada diez armas decomisadas por la Policía Nacional Civil, seis o siete son ilícitas”. Desde hace 19 años han sido incautadas 38 mil. Por tanto, podrían circular en el país alrededor de 800 mil armas ilegales, según Iepades, mientras que el Programa de Seguridad y Construcción de la Paz, de Alerta Internacional y las Naciones Unidas sostienen que en hay, al menos, 1.5 millones. Por el contrario, el Decam estima que solo existen alrededor de 300 mil.