Semanario de Prensa Libre • No. 191 • 02 de marzo de 2008

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D fondo

Ciencia y arte en vez de armas
Después del conflicto armado, la sociedad guatemalteca lucha por tener un mejor futuro.

Por: Julieta Sandoval
Fotos: carlos sebastián

o recuerdan con exactitud cuándo llegaron, pero sí saben cuándo se fueron aquellos inquilinos que vestían uniforme verde y que ocupaban lugares cercanos a las poblaciones.

Las botas negras, fusiles y otros artefactos bélicos fueron cambiados por pizarras, escritorios, libros y obras de arte. Esto sucedió donde un día funcionaron zonas militares.

En algunos lugares todavía se pueden observar vestigios de lo que se utilizó durante el conflicto armado, mientras otros han sido totalmente cambiados, tanto, que ya nadie imaginaría que un día esas edificaciones fueron cuarteles.

Al entrar en la Universidad del Valle de Guatemala-Altiplano, Sololá, y observar a estudiantes —en su mayoría, de 13 a 18 años— recibir clases en aulas acogedoras, es difícil pensar que esas mismas instalaciones eran las barracas que una vez habitaron los soldados pertenecientes a la Zona Militar 14.

Entre los mayores problemas de esa región se encuentran el analfabetismo y la pobreza, por lo que ese punto educativo empezó por impartir la carrera de profesorado; más tarde se abrió el Instituto Tecnológico, donde se capacita a jóvenes en áreas técnicas especializadas en turismo y agroforestería, mientras estudian educación media. Con esto se trata de resolver otra dificultad para contribuir con el desarrollo, comenta María Marta Ramos, directora ejecutiva del centro.

El Ministerio de la Defensa entregó el inmueble en 1999 al de Agricultura, y éste a su vez lo transfirió, en usufructo por 50 años, a la Universidad del Valle, quien ha transformado las instalaciones.

“La población de aquí solicitó que el lugar se convirtiera en un centro educativo, e impartir carreras accesibles y adecuadas a las necesidades de los habitantes”, dice Tereso Toj Cosme, quien es el representante de la sociedad civil en el consejo de la universidad. Uno de los retos ha sido desaparecer la secuela del terror que dejaron los años de la guerra. Por ello, antes de empezar las actividades académicas, en junio del 2000, se ofició una ceremonia maya, una católica y otra evangélica, para limpiar el lugar.

La sensación de angustia por lo que esos lugares representaron en una época aún está presente en las personas que vivieron el conflicto armado, no así en las nuevas generaciones. Como dice el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), el terror es un proceso que se genera especialmente a través de sus manifestaciones y secuelas sociales, y no desaparece automáticamente, sino que tiene efectos acumulativos y perdurables, los cuales exigen tiempo, esfuerzo y experiencias de nuevo tipo para superarlos.

Volvieron los lápices

En 1982, tropas del Ejército entraron en las instalaciones de la Escuela Normal Pedro Molina, en Chimaltenango, para que allí funcionara la Zona Militar 302. De las 60 manzanas que eran exclusivas para la enseñanza, 30 fueron convertidas en sitio castrense en ese departamento.

“Imagínese el temor que existía porque en cualquier momento creíamos que se iba a dar un ataque guerrillero”, cuenta Velsi Callejas, subdirectora administrativa del plantel.

Después de cinco años de haber sido devueltos los terrenos por el presidente Alfonso Portillo al Ministerio de Educación (enero del 2003), aún se observan rastros de lo que fue el centro operativo militar; pese a ello, se respira aire de tranquilidad. Por ejemplo, los dormitorios usados por la tropa ahora pertenecen a los estudiantes internos que cursan el magisterio intercultural. Esta carrera ha hecho que en su campus se encuentren jóvenes de distintos lugares del país.

Aquí falta mucho por hacer, el problema es el presupuesto; sin embargo, los sueños son los que más abundan. “Queremos llamarla Ciudad de Dios, pues en el lugar viven niños”, comenta Enrique González, catedrático de matemática y quien está a cargo de las remodelaciones.

La más reciente transferencia de instalaciones militares a la sociedad civil fue la Zona Militar 1715, de Quetzaltenango. En diciembre del 2007, por acuerdo gubernativo, se entregó a la municipalidad, la que concede la propiedad por cuatro años en usufructo al Consejo del Centro de Desarrollo Intercultural y Deportivo, integrado por Gobernación Departamental, municipalidad, grupo gestor, la mesa económica, la mesa de concertación de occidente y la delegación deportiva.

Antes de la llegada militar, en el lugar estuvo el Ferrocarril de Los Altos (1930-1933). Por lo que las construcciones son históricas. Se trata de volver los ambientes a como se observan en fotografías. El techo del salón principal, donde abordaban los pasajeros a los vagones, era de vidrio, que fue sustituido por láminas cuando fue convertido en dormitorio y cancha de basquetbol.

“El corazón del proyecto es el Museo del Ferrocarril”, explica José Alberto De Paz, director ejecutivo. Además de eso, existirán otras galerías, como la del traje maya, del conflicto armado, de pintura, arquitectura y urbanismo, historia y marimba. A ello se suman las escuelas de arte y música que funcionan en la actualidad.

El informe de la CEH cita que en 1961 el Ejército tenía seis zonas militares en todo el país, pero a partir de 1983, se elevaron a 23, “una por cada departamento y dos en Quiché”. De estas últimas, la de Santa Cruz del Quiché fue habilitada, en el 2004, para el Instituto Adolfo V. Hall. La del Ixcán, una vez llamada “infierno verde” por los soldados que eran enviados ahí, por el alto número de bajas que se producían a causa de los enfrentamiento, según la agencia Reuters. Una parte es del Fondo de Tierras, en otra está el hospital y otra le corresponde al Ministerio de Educación, pero no se trasladaron las oficinas porque no han sido acondicionadas, cuenta Carlos Rodríguez, coordinador de esa cartera en el lugar.

Las devoluciones se han hecho con base en el acuerdo de paz sobre el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, firmado por el Gobierno y la guerrilla en 1996. Cada mandatario ha decidido qué bienes ha transferido de lo militar a lo civil de acuerdo a peticiones de organizaciones civiles. “El Ejército ha cumplido las órdenes que le han dado, pues es obediente y no deliberante”, afirma el coronel Daniel Domínguez, vocero de esa institución.

Aunque las instalaciones que fueron militares aún traen recuerdos negativos a muchos, la sociedad guatemalteca quiere dejar atrás el pasado, que tanto le hizo daño, y a través de la educación, la cultura y el trabajo intenta tener un mejor futuro.

Inmuebles entregados

Después de la firma de la paz:

  • Antiguo destacamento militar de Rabinal, Baja Verapaz.
  • Antiguo destacamento militar de Tiquisate, Escuintla.
  • Antiguo destacamento militar de Barrillas, Huehuetenango.
  • Antiguo destacamento militar de San Pablo, San Marcos.
  • Antiguo destacamento militar de Gualán, Zacapa.
  • Anuencia a favor de la Dirección General de Aeronáutica Civil para la administración del Aeródromo de Tablones, Chiquimula.
  • Anterior sede de la Comandancia de reservas militares de Chiquimula.
  • Catorce manzanas de terreno de la finca La Industria, Escuintla, para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para desarrollo de diversos proyectos.
  • Dos manzanas de terreno del Antiguo Corecha, zona 6, ciudad, para la Asociación Villa de los Niños. Dos manzanas para depósito de chatarra de la Superintendencia de Administración Tributaria.
  • 3.5 caballerías de terreno de la finca Estanzuela y Navajas a favor de la Asociación de Discapacitados del Ejército.
  • Treinta manzanas de terreno, en la cabecera de Jutiapa, a favor de esa municipalidad, para la construcción del campo de la feria.
  • Antiguas instalaciones de la Primera Brigada de Infantería, Santa Elena, Petén, para el funcionamiento del Centro de Gobierno
  • Antigua sede de la comandancia de reservas militares departamental de Santa Rosa.
  • Fracción de terreno que ocupa la Gobernación Departamental de Sololá.
    2.5 caballerías de la finca San Basilio, Suchitepéquez, a favor de Fontierras, para regularizar a favor de una comunidad.
  • Ocho manzanas de terreno de una finca en Zacapa, a favor de la municipalidad, para desarrollo de diversos proyectos.

Fuente: Departamento de Prensa del Ministerio de la Defensa.


   

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