Cultura del acceso y la transparencia

Países como Guatemala legislaron a favor del acceso a la información.

POR ricardo trotti

Desde épocas inmemoriales, los gobernantes y los gobernados han estado en un tiro y afloje sobre el derecho a saber, a estar informados sobre la cosa pública. América Latina ha vivido épocas de oscurantismo, fomentadas por autocracias caudillistas, botas militares o, más recientemente, por democracias chúcaras que patalean cuando los ciudadanos y los medios las quieren fiscalizar.

Sin embargo, gracias a las leyes de acceso a la información pública, que se reproducen en toda la región, esa cultura del silencio se desvanece y da paso a una saludable tendencia a la apertura. El histórico lema de las revoluciones independentistas: “el pueblo quiere saber de qué se trata”cobra fuerza e instala al ciudadano como protagonista y soberano, mientras obliga al funcionario a rendir cuentas sobre lo que se le ha dado en comodato.

La tendencia es notable. Un lustro atrás, el acceso a la información pública era incipiente o casi desconocido. En las últimas semanas, Guatemala y Chile sancionaron leyes, y se sumaron a Antigua y Barbuda, Belice, Canadá, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Nicaragua, Trinidad y Tobago, tomando como modelo el Freedom of Information Act, que Estados Unidos adoptó en 1966. En otros países, como Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, El Salvador, Guyana y Uruguay, existen fuertes presiones para que sus congresos aprueben o retomen proyectos de ley al respecto.

Latinoamérica ya no está a la retaguardia de un club que en el mundo lo conforman 85 países con este tipo de legislación. Está, incluso, por delante de España, sobre el que un informe de la organización Access Info Europe declara que el ciudadano peticionario recibe de su gobierno un “silencio administrativo” como respuesta.

En la ceremonia de clausura de la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, en Madrid, y tras reclamar a España para que adopte un marco legal “de inmediato”, bajo preceptos de “rapidez, gratuidad y eficiencia”, como 22 de los 27 países de la Comunidad Europea, el presidente del Gobierno, José Luis Zapatero, no dejó pasar un minuto. Se comprometió con introducir una ley, durante la actual legislatura. Fue ovacionado.

Las leyes de acceso latinoamericanas no son la panacea, distan de ser perfectas. Pero, al menos, han comenzado con un proceso, sin fin, para crear una nueva cultura de la transparencia. Estados Unidos, que posee la mejor, acaba de reformarla, pues atendió reclamos de mayor publicidad por las fotos de féretros traídos desde Irak, que el Pentágono trató de censurar.

En Perú, la ley es muy buena, sirvió para obligar al Estado a que revele operaciones antiterroristas contra Sendero Luminoso en la década de 1980; sin embargo, no puede hacer que los propios legisladores que la dictaron rindan cuentas sobre sus salarios y gastos operativos. La de República Dominicana exige presentar las solicitudes por escrito, mientras que, en otras naciones, los trámites de petición son muy onerosos o no existe un tribunal que solucione el conflicto entre el peticionario y el funcionario, o penalice a éste último, en caso de que se niegue a informar oportuna y adecuadamente.

No muchos países cumplen todavía con los principios sobre “máxima divulgación, transparencia y publicidad”, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, bajo la presunción de que toda información debe ser accesible a los particulares, con un sistema restringido de excepciones, como puede ser la seguridad nacional.

Los Estados no solo tienen que adoptar este tipo de leyes, sino desplegar su vocación pedagógica, con campañas de educación y permitir trámites cada vez más fáciles y expeditos. México es un claro ejemplo. El IFAI, organismo encargado, gasta millones de dólares en publicidad y programas educativos sobre los mecanismos de petición, y no es casualidad que la administración pública haya recibido más de 80 mil solicitudes el año pasado, y contestado, en forma satisfactoria, el 80 por ciento de ellas, como la que obligó a la Procuraduría a divulgar archivos del ex presidente Echeverría, sobre la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

Al Estado no le queda otra opción que erradicar la cultura del silencio. Su mandato es asumir un papel proactivo, al ofrecer un andamiaje legal y jurídico, para que todos puedan acceder a la información pública. Así se construirá la democracia.

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