Cuba, la cibercensura y la OEA
Actividades tecnológicas cotidianas son restringidas en la Isla.
POR ricardo trotti
Hablar por teléfono celular, enviar correos electrónicos, leer noticias en Internet, buscar datos en Google o Wikipedia y contactar amigos en Facebook son hábitos tan cotidianos en nuestras vidas que los vemos con naturalidad. Distinta sería esa valoración si viviéramos en Cuba, donde esas sencillas acciones están restringidas, vigiladas y penalizadas por el Gobierno.
Cuba es el país de América más restrictivo en materia de libertades. La falta de éstas es una realidad innegable por más justificaciones que se argumenten, así sean el derecho del Gobierno a defender su soberanía, sus logros en materia de educación y salud, los altos costos tecnológicos o el embargo estadounidense.
La percepción general es que en esa isla los hostigados son solo los periodistas que no trabajan en medios estatales o los disidentes que protestan en la vía pública. Sin embargo, un estudio divulgado el 1 de abril por Freedom House —una organización no gubernamental que promociona las libertades civiles en el mundo— reveló que a la hora de las restricciones, las autoridades cubanas no discriminan a nadie, en especial cuando se trata de comunicaciones por medio de teléfonos celulares y de acceso a Internet. Se describe a Cuba como el mayor censor del mundo, comparándola con China, Irán y Túnez, donde también se prohíbe, bloquea o filtra todo tipo de mensajes, o encarcela a quienes los distribuyen sin la venia gubernamental.
El Ejecutivo dice que hay 1.3 millones de internautas en ese país, aunque no aclara que solo 240 mil personas están autorizadas a navegar en Internet tal y como se le conoce, entre ellos un grupo de académicos y miembros del partido comunista, privilegiados por el Gobierno. El resto tiene acceso a una intranet local vigilada, con correo electrónico restringido, enciclopedia virtual propia, sitios educativos y medios de prensa locales, y entrada a páginas internacionales que no despotrican contra el régimen. Otro grupo, clandestino, se las ingenia para usar la Red en espacios reservados a extranjeros o en embajadas.
Cuba es uno de los pocos países con leyes y regulaciones que restringen la comunicación en línea, pese a que en abril del 2008 flexibilizó la venta de teléfonos celulares y computadoras, hecho anunciado con pomposidad a nivel internacional. Sin embargo, en noviembre recién pasado el Ministerio de Informática y Telecomunicaciones decretó que los proveedores de Internet deben “impedir el acceso a sitios cuyos contenidos sean contrarios al interés social, la moral y las buenas costumbres; así como el uso de aplicaciones que afecten la integridad o la seguridad del Estado”, disposición que legaliza la censura, lo cual obliga a que la ejecuten los propios distribuidores de servicios.
Quienes se atreven a desafiar las leyes, como el caso de los usuarios de bitácoras en aumento, pueden correr el riesgo de que se les aplique la Ley para la Protección de la Seguridad Nacional y la Economía de Cuba de 1999, la cual fue utilizada para encausar a 75 disidentes en la “primavera negra” de marzo del 2003, de los cuales 26 periodistas todavía purgan cárcel, por haber enviado correos electrónicos cuyo contenido se consideró “propaganda enemiga”.
Los gobernantes siempre anteponen excusas cuando se les critica por sus restricciones a la libertad. El embargo estadounidense, argumentan, no les permite conectarse a un cable submarino, y por ello deben utilizar un sistema oneroso de satélites chinos y venezolanos. Sin embargo, nadie está convencido de que el régimen permitirá el libre acceso a Internet, una vez conectado al cable acuático de fibra óptica que Venezuela tiene proyectado terminar para el 2010.
En estos tiempos, la cibercensura que aplica el Gobierno cubano no se toleraría en ningún otro país de las Américas. Por ello, cuesta creer que varios gobiernos latinoamericanos, sin pedir nada a cambio, planean solicitar en la próxima Cumbre de las Américas de Trinidad y Tobago que se incorpore a Cuba en el concierto de naciones libres y que Estados Unidos reinicie plenas relaciones, desconociéndose la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) que impone la libertad de expresión como condición fundamental de los derechos humanos y la democracia.
Que Cuba entre en la OEA será una cosa muy buena. Sin embargo, debería haber algo a cambio. Además de exigírsele liberar a los presos políticos, se debería demandar que ningún cubano sufra represalias por hacer cosas tan simples como protestar, hablar por teléfono celular o navegar en Internet.
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