Condena injusta

Una amiga jueza, que por razones obvias prefiere el anonimato, en una charla me comentó que está cansada de recibir casos que no le competen. Su labor consiste en emitir fallos judiciales en aquellos provocados por responsabilidades de conductores; sin embargo, le llegan expedientes por robo o, lo que es peor, por delitos mayores, como asesinato. “Todos tenemos miedo de aplicar la ley en este tipo de casos; nuestra vida peligra si lo hacemos”, afirma. “Nuestro sistema no funciona”, admite desanimada. Y es que en países del tercer mundo, como éste, pareciera que nada marcha bien y que la justicia tiene precio.

La protagonista del reportaje D fondo de esta edición pasó un año en prisión, perdió su trabajo y fue criticada por muchos. Un sistema que podríamos denominar imperfecto puso en entredicho su honorabilidad a causa de un delito menor.
Pero el suceso de esta mujer no es uno en un millón, ya que se repite de forma periódica y, por lo que investigó el periodista Roberto Villalobos, es a las personas de bajos ingresos económicos o sin “conectes” a las que se les aplica el peso de la ley con todos los puntos sobre las íes.

Ha pasado un tiempo desde que Mirna vivió en la cárcel, pero sus narraciones testifican el dolor que padeció y que observó en algunas compañeras de celda. Ya no está deprimida, pero su credibilidad en el sistema está perdida, “porque a cualquiera le puede caer una condena injusta”, advierte.


Viviana Ruiz,
editora