Redención de cuentas

Dictar normas que empoderen al público para fiscalizar y monitorear el gasto público puede resultar en una fórmula eficaz para combatir la corrupción y hacer que mejore la confianza sobre la gestión pública.

POR ricardo trotti

Calcular el nivel de democracia de un Gobierno no es fácil. Algunos parámetros que se utilizan, como la independencia de los poderes del Estado y la limpieza de los procesos electorales, son engorrosos y conflictivos de medir.
Sin embargo, una forma simple de medición es observar si el Estado rinde cuentas de forma cotidiana y sistemática sobre los gastos públicos, o si esos datos los manipula, niega o esconde.

La vocación de transparencia es las más de las veces una actitud política: se quiere o no se quiere rendir cuentas. Por eso son necesarias reglas que obliguen a las autoridades a ser cristalinas, puesto que de lo contrario se esperarán excusas, como hace poco las ofreció un tribunal de La Plata, Argentina. Le negó a un periodista, después de cuatro años de pleito judicial, obtener información sobre presupuestos, salarios y cantidad de funcionarios de un municipio, con el ridículo fallo de que “los datos se encuentran comprendidos en la esfera de intimidad de las personas involucradas”.

Sin reglas claras, es difícil que las autoridades decidan por iniciativa propia rendir cuentas, incluso en países tan abiertos y democráticos como Costa Rica, donde un estudio realizado por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión reveló que una mayoría “alarmante” de ministerios y organismos públicos no está forzada a proporcionar al público o a la Prensa información básica acerca de presupuestos o gastos.

Las más de las veces no se trata de estar obligado, sino de tener la voluntad política necesaria y ser conscientes de que la transparencia mejora la gestión gubernamental y reduce los niveles de corrupción. Así lo consideró el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que después de haber prometido que su administración tendría “niveles sin precedentes de apertura”, dictó varias normas valiosas. La más importante de todas es quizás el sitio web www.recovery.gov, habilitado el 17 de febrero recién pasado, en el que se informa cómo, cuándo y dónde se gastan los dólares de los contribuyentes aplicados al paquete de estímulo. En ese sitio, los ciudadanos monitorean la distribución y uso de fondos, la creación de empleos y el progreso de la recuperación económica prometida.

Su mayor claridad le propiciará un mejor puntaje del estudio sobre presupuestos, entre 85 países, que difundió la International Budget Partnership, cuyo objeto es propiciar mayor gobernabilidad y combatir la pobreza. La encuesta reveló que 80 por ciento de los gobiernos no informa sobre el uso del dinero público, los más son latinoamericanos. El más opaco es Bolivia, que se encuentra en el puesto 74, seguido por la República Dominicana (68), Honduras (66), Nicaragua (62), Venezuela (54), El Salvador (48), Ecuador (47), Costa Rica (39), Guatemala (38), México (28), Argentina (25) y Colombia (18). El país más transparente es Brasil (7) y luego Perú (11). La mala ubicación es similar a la que estas naciones obtuvieron en otros sondeos acerca de información pública general.

Obama no se quedó en el gasto público. Creó y examinó más normas sobre información pública en 70 días que su predecesor en ocho años. Difundió memorandos del mandato anterior y demostró que no se respetaron garantías constitucionales apenas sucedido el ataque del 11 de septiembre del 2001, tales como haber permitido escuchas telefónicas sin orden judicial y métodos de tortura en Guantánamo, Cuba. También eliminó la prohibición a los periodistas de fotografiar ataúdes que llegaran de las guerras de Iraq y Afganistán, y obligó a revisar controles vigentes de la Ley de Acceso a la Información y a la Ley de Archivos de la Presidencia, estableciendo que, debido a una disputa sobre la secrecía o no de un documento, siempre debe prevalecer la presunción de la desclasificación.

Más allá de las limitantes, y de que la debacle económica puso en duda las fortalezas del sistema estadounidense, los gobiernos de la región deberían imitar los esfuerzos del mandatario estadounidense por una mayor transparencia. Después de todo, dictar normas que empoderen al público para fiscalizar y monitorear el gasto público puede resultar en una fórmula eficaz para combatir la corrupción y hacer que mejore la confianza sobre la gestión pública.
Las Gobiernos deben estar obligados por ley a rendir cuentas sobre el gasto público. Manipular o esconder la información es de por sí un acto de corrupción y una forma de negarle al pueblo el goce de la democracia.

info@ricardotrotti.com