Injusta justicia
En el país prevalece el sentimiento de que la justicia se aplica según el dinero que haya de por medio.

Por roberto villalobos
ilustración: nelson xuyá

Mafiosos, corruptos, ladrones, violadores, secuestradores, traficantes de drogas, pandilleros y otra sarta de delincuentes andan sueltos por las calles, mientras la población honrada tiene el riesgo latente de ser víctima de esa lacra de la sociedad. Esa es la triste historia de Guatemala.

Sin embargo, personas “comunes y corrientes”, esas que trabajan y que se exponen a la violencia de malhechores, están más propensas a enfrentar serios procesos penales por “insignificancias”, como cuando alguien se robó una gallina o cuando un lustrador se llevó un par de zapatos y unos calcetines. Claro, “un robo es un robo”, y debe ser castigado tanto el que limpia el calzado como el ex funcionario que se apropia millones de quetzales en fondos del Estado. De igual forma, el que se apropia de un saco de elotes y el narcotraficante por sus fechorías.

La sentencia depende, eso sí, de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, de la credibilidad de los testigos, de la habilidad de los abogados y del criterio del juez.

Problemas

Los fallos judiciales han favorecido a políticos —muchos de ellos del gobierno eferregista—, a pesar de malversar fondos; así como a fiscales, oficiales y policías involucrados en corrupción. Algunos obtienen penas mínimas, fianzas insignificantes o arrestos domiciliarios sin vigilancia.

Mirna, una ciudadana que prefirió mantener su verdadero nombre en el anonimato, no corrió con la misma suerte. Hace algunos años un transeúnte se le atravesó y lo atropelló con su automóvil. Ella se quedó en el lugar para auxiliar a la víctima, al pensar en que si lo hacía no la llevarían detenida, y solo tendría que pagar por sus gastos médicos. No obstante, todo salió al revés, ya que fue puesta en prisión preventiva. Mirna acusa que en el proceso judicial hubo tráfico de influencia: “Al parecer la esposa del arrollado tenía algunos ‘conectes’, y forzó a que me mantuvieran en la cárcel”, refiere. Además, si deseaba salir libre, debía pagar una fianza de Q250 mil, lo cual “era imposible”, agrega. Y mientras el Ministerio Público investigaba el caso, permaneció encerrada por casi un año en Santa Teresita. “En ese tiempo pasé motines y viví los suplicios de las mujeres que están allí”. Comenta, por ejemplo, de cuando una muchacha estaba a punto de tener a su hijo, pero las autoridades no la dejaron salir. El resultado: la pérdida del bebé.

También recuerda la vez en que llevaron a otra a la bartolina por 15 días. Padeció gripe, estuvo sin sábanas y no se le dio suficiente agua. “Ella estaba infectada de VIH, y por su condición salió muy enferma”. La encargada no dejó que saliera a ver al médico y, en 24 horas, murió.

Pero las cosas no se quedan ahí, pues, testifica Mirna, que toda mujer que entra en la cárcel por cargos relacionados con narcóticos o robo, llega golpeada. Lo peor de todo es que “algunos de los policías, cuando las muchachas están de ‘buen ver’, las violan. Ellas, sin embargo, no pueden demostrarlo, porque las encierran en las cárceles públicas, y no tienen la posibilidad de hacerse los respectivos exámenes para acusarlos”, indica. “Es la palabra de los policías contra la de ellas”.

Mariano González, psicólogo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), expresa que toda persona que ingresa en el sistema penitenciario desarrolla depresión y soledad. Y es peor el sentimiento cuando el individuo considera que su arresto es injusto. “El ambiente de la cárcel genera un deseo de venganza, por lo que al salir querrá hacer el mal que le causaron”, explica.
Los reclusos, para sobrevivir, aprenden nuevas formas de defenderse. Al final, salen con otro tipo de aprendizaje, nada bueno. “Aunque en las cárceles hay equipos multidisciplinarios (médicos o psicólogos) que les ofrecen asistencia, su trabajo no es tan profundo, ya que son muy pocos para la gran cantidad de gente encerrada”, apunta González.

Eddy Morales, sociólogo-criminólogo y actual director del Sistema Penitenciario (SP), confirma lo expuesto por el experto de la ODHA: “Una persona que ingresa al preventivo puede salir con una serie de problemas psicológicos, vejámenes e, incluso, sufrir violaciones”. Estas situaciones también las podrían vivir aquellos que han cometido delitos menores (riñas, escándalo en la vía pública o accidentes de tránsito, por ejemplo).
Según Recinos, el SP procura que personas que cometen infracciones leves sean colocadas en determinados sectores, lejos de pandilleros, asesinos o extorsionistas. Pero, confiesa, que esto no siempre es posible, debido al hacinamiento en que se encuentra todo el sistema carcelario del país. “Falta infraestructura. La que tenemos no es suficiente ni es apta para la cantidad de reclusos”, comenta. La capacidad actual de presidios es para seis mil personas, y las que hay ahora son cerca de ocho mil 700.
Todas estas situaciones que indignan, en gran parte, son consecuencia de la lentitud del Ministerio Público para investigar y de los tribunales para resolver.
Al final, Mirna fue absuelta de los cargos, pero pasó casi 12 meses en prisión, y tuvo que soportar un enorme sentimiento de vergüenza. “Una es gente de bien, y era feo que mi familia y amigos me llegaran a ver a ese lugar”, comenta.

Más adversidad

“Los más afectados con las sentencias son los que no tienen recursos económicos para pagar fianza u otra medida sustitutiva”, expone Jorge Mario Castillo, defensor del debido proceso y recluso de la Procuraduría de los Derechos Humanos. “Gente de escasos recursos no tiene acceso a una caución como la que le ponen a los funcionarios”, subraya.
Castillo opina que “la apariencia tiene que ver en que una persona se le sindique de algún hecho”.

“Hay impunidad, todo está politizado”, expresa Luis González Dubón, doctor en derecho y portavoz de la Liga Pro Patria. Además, “los sobornos, el tráfico de influencias y el compadrazgo están a la orden del día”, asegura.
Otro caso relevante es el de una mujer que, en un supermercado, sustrajo un pantalón. Se le condenó a dos años de cárcel. “Cualquier robo debe ser castigado, pero los jueces también deben analizar la dimensión del delito y, en base a ello, condenar”, refiere Castillo.

Axel Romero, abogado y notario, explica que en la ley hay gradaciones en los delitos, al menos en teoría, y en eso se basan los jueces para emitir sus fallos. Los jueces, a su vez, también son víctimas de amenazas e intimidaciones si no se exculpan a los agresores.

“La ley es igual para todos, pero los problemas aparecen también cuando un juez se deja impresionar por alguien con poder, y pasa lo contrario cuando se trata de un ‘Juan Pérez’”, agrega.
De esa cuenta, los tribunales, al parecer, cometen injusticias difíciles de explicar, como quien roba un pavo de Navidad encuentra mayores condenas que quien defrauda millones de quetzales al Estado.

“En Guatemala se castiga la pobreza, no el delito”, sentencia Castillo.
Romero atribuye gran parte de la deficiencia de la justicia al Ministerio Público. “Para ellos es más fácil buscar causas que eximen de responsabilidad a alguien, para no tener que sacar el trabajo. De esa forma, no tienen que encontrar material de investigación que sí conducirían a tratar los casos de manera profunda”, argumenta.

De igual manera, existe la posibilidad de que una persona condenada se adhiera a la redención de penas por trabajo y buena conducta. Ésta se le concedió, por ejemplo, a Byron Barrientos, ex ministro de Gobernación, quien fue capturado en marzo del 2004. Fue condenado por el desvío de Q81 millones, pero salió libre el 27 de junio del 2008.
“Las medidas sustitutivas son inoperantes y no se implementan con eficiencia”, expresa González Dubón.

Para el lamento

Con la situación de este modo, más vale andarse con cuidado, ya que la justicia, quizás, no se aplique como se espera. Resulta que, en ocasiones, parece que la justicia es injusta.

Beneficiados

Alfonso Portillo (Ex presidente de la República) Extraditado de México, adonde había huido para evadir la justicia. Se le sindica por un desvío anómalo de Q120 millones al Ejército, pero salió favorecido con una fiaza de Q1 millón para no ir a la cárcel.	Efraín Ríos Montt (Diputado eferregista) Sindicado por promover los disturbios del 24 y 25 de julio del 2003, llamados Jueves Negro y Viernes de Luto. Se le ordenó arresto domiciliario, pero el juez le permitió movilizarse en el departamento de Guatemala. El caso se cerró en el 2006.
Eduardo Meyer (Ex presidente del Congreso) Se le investiga por la pérdida de Q82.8 millones del Congreso, los cuales fueron invertidos, de forma anómala, en la casa de bolsa Mercados de Futuro, S. A. (MDF). Fue beneficiado con arresto domiciliario, sin pago de fianza.	Manuel Maza Castellanos (Ex ministro de Finanzas) Procesado por el desfalco de Q155 millones en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi). El juez, le dictó arresto domiciliario, sin vigilancia. Además, no debió dar un solo centavo de fianza.
Óscar Dubón Palma (Ex contralor general de Cuentas) Capturado en Nicaragua en marzo del 2004. Sentenciado en Guatemala por el desvío anómalo de Q3.6 millones. El 5 de diciembre del 2008 fue liberado y beneficiado con arresto domiciliario.	Luis Alberto Dávila (Ex viceministro de Gobernación) Condenado a siete años de cárcel y una multa de Q15 mil por peculado, por el desvío de Q81 millones en el Ministerio de Gobernación. Estuvo en prisión desde el 16 de junio del 2003, pero fue puesto en libertad en agosto del 2008.