Oferta electoral: cambiar la Carta Magna
Planteamientos de partidos son poco serios y difícilmente se ejecutarán.

Por Gema Palencia

A la par de las propuestas sociales, económicas y de seguridad, el programa político en estas elecciones va acompañado de la propuesta de reformas la Constitución, que para algunos partidos son prioritarias e imprescindibles. Sólo la UNE tiene previsto dejar la Carta Magna tal y como está.

En las vallas de Eduardo Castillo, aspirante a diputado de la Gana, aparece: “¡Vamos por el cambio a la Constitución!”. También para el Partido Patriota sería un asunto a iniciar en la primera semana de gobierno, si llegaran a ganar las elecciones, y para Encuentro por Guatemala es un tema importante a tratar, aunque no imprescindible de ejecutar.

Cambiar la Carta Magna, que tiene 22 años de existencia, no es un procedimiento fácil ni rápido, y para la mayoría de analistas esos ofrecimientos son demasiado superficiales, parte de la oferta electorera que busca conseguir votos con propuestas que en realidad son poco viables.
“Parece ser que está de moda, porque ahora todo el mundo, no se sabe por qué, habla de cambiar la Constitución”, explica Anabella Morfín, abogada constitucionalista.

Señala que fomentar esto es algo precipitado, cuando hay varios aspectos de la Carta Magna que aún no se han desarrollado. “No creo que las dificultades que tiene el país sean por problemas con la Constitución, sino más bien porque no se cumple debidamente”, agrega.

Largo camino para reformas

El cambio se puede hacer de dos formas: a través del Congreso, para lo cual sería necesario que las modificaciones sean aprobadas por dos tercios de los diputados y posterior aprobación mediante una consulta popular.

La segunda opción es convocar a una asamblea nacional constituyente. Esto es obligatorio para reformar los artículos referentes a los derechos individuales. Esa asamblea sería electa del mismo modo que el Congreso de la República.

Sólo el Partido Patriota estaría dispuesto a convocar a una constituyente, según señaló la diputada Roxana Baldetti. El resto optaría por hacer los cambios a través del Congreso. Para Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, convocar a asamblea constituyente sería riesgoso, ya que ésta podría tomar más atribuciones de las que se le den inicialmente. Morfín también le teme a esa modalidad de reformas. “No debemos abrir esa puerta sin que el tema esté bien consensuado, o nos puede salir un caballo con cabeza de rana”, afirma. La abogada constitucionalista tampoco tiene mucha fe en el Congreso, y duda que esté preparado para afrontar cambios de ese tipo. “Si no fueron capaces de articular leyes para combatir el crimen organizado o cuestiones básicas de educación o salud, ¿cómo vamos a dejar en sus manos una reforma constitucional?”, cuestiona.

Los primeros cambios a la Constitución se hicieron en 1993, y en 1999 se intentó cambiar de nuevo. En ese momento, la iniciativa surgió para modificar una decena de temas, y finalmente el Congreso aprobó 50 cambios. Sin embargo, tras meses de debate en el Legislativo, los guatemaltecos dijeron “no” a los cambios cuando se les convocó a la consulta popular.

¿Qué quieren cambiar?

Ninguno de los partidos tiene una propuesta firme y cerrada sobre los cambios, y plantean puntos que han consensuado a lo interno.

El Partido Patriota (PP) y Gana coinciden en la reducción del número de diputados, pero para esta cuestión no es necesario cambiar la Constitución, y bastaría con reformas a la Ley Electoral.

Estos dos partidos y Encuentro por Guatemala quieren que la elección de ciertos cargos públicos, como el Contralor General de Cuentas o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o el fiscal general no dependan tanto del Congreso, ya que eso predispone a que los funcionarios tengan que “devolver” favores políticos a los congresistas.

Alejandro Giammattei, presidenciable de Gana, el más enfático en los cambios, plantea incluir dos cuestiones: la elección por sufragio de los gobernadores departamentales y la creación de una contraloría para los operadores de justicia, que fiscalice el trabajo de policía, jueces y fiscales.

demás, establecer que los diputados puedan elegirse como mucho por dos períodos y a mitad de la legislatura presidencial.

El Partido Patriota quiere eliminar la inmunidad de funcionarios y diputados, y limitarla a los delitos que estén relacionados con el cargo.

Montenegro asegura que las propuestas de su partido van encaminadas a que se favorezca el reconocimiento de la multiculturalidad y multietnicidad del Estado, que se respete el Derecho Indígena y se limiten las funciones del Ejército.

También quiere que se modifiquen algunas limitaciones en el presupuesto de varias instituciones. “No es posible que haya más presupuesto para el deporte que para el Organismo Judicial”, dice.

Iniciativas, “no políticas”

JoTambién la sociedad civil está promoviendo el cambio de la Constitución. Con esa finalidad se integró el Grupo Prorreforma, que pretende cambios sustanciales como la aprobación de un sistema bicameral, con congreso y senado de notables integrado por mayores de 50 años. Además, plantea ampliar los supuestos en los que se podrá destituir al presidente, la eliminación de los diputados del listado nacional y limitar la reelección de los diputados.

Luis Fernando Mack, politólogo, insiste en que esos cambios que los políticos pregonan en sus mítines no son tan fáciles de ejecutar.

Debate nacional

Los analistas coinciden en que la vía para realizar enmiendas constitucionales es convocar a un foro político nacional en el que participen todos los sectores, y a través del diálogo y el consenso se establezcan los cambios necesarios. Aún así, a pesar de las promesas, ven poco probable que en la próxima legislatura se inicie tal proceso.

Mario Fuentes Destarac, presidente del Centro de Defensa de la Constitución, afirma que antes de dar algún paso, es necesario reflexionar sobre los cambios: “No se trata de cambiar las reglas por cambiarlas, cuando lo que hace falta en el país es fortalecer instituciones”.

Considera que las ofertas de los partidos políticos no están lo suficientemente fundamentadas y los electores deben exigir a los candidatos que expliquen detalladamente su propuesta.
José Dávila, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, opina que el tratamiento que se le está dando al tema es banal. Afirma que el cambio a la Constitución es un asunto serio, y que no es viable sin debate social. Como ejemplo, pone los cambios a la Constitución de Nicaragua. “No puede tomarse de forma que cada gobierno lo cambie a su gusto y antojo”, agrega.

Para todos, cambiar la Carta Magna requiere más que palabras; es un tema que no se puede tomar a la ligera y dudan de que el próximo presidente vaya a poner en marcha un debate profundo. En todo caso, tantas dificultades, constituyen candados para prevenir los cambios casuísticos o hechos a la ligera.

Cambios y modificaciones

Partido Patriota: Bajar el número de 158 a 80 congresistas. Modificar el listado nacional de diputados. Inmunidad: cambiar ese derecho para funcionarios y parlamentarios, y que sólo sea respecto de delitos relacionados con el cargo. Cambiar el modo de elección de los representantes de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general y contralor de Cuentas.
Convocarían a asamblea nacional constituyente.

Unidad Nacional de la Esperanza: No tienen previsto cambiar la Constitución, ya que consideran que no se han desarrollado muchos de sus mandatos.

Gana: Gobernadores que sean electos, y no por designación presidencial. Diputados: reducir el número a entre 80 y 90. Limitar la reelección a dos períodos. Hacer las elecciones a diputados a la mitad del período presidencial. Crear una contraloría para fiscalizar a los operadores de justicia. Sería un organismo independiente, con funciones similares a la Contraloría General de Cuentas, pero en el ámbito jurídico. Magistrados, contralor y fiscal general: que la elección de los jueces no dependa del Congreso. Cambio sería a través del Congreso.

Encuentro por Guatemala: Consideran que es un tema importante, pero no imprescindible, ya que hay mandatos constitucionales que aún no se han desarrollado. No convocarían a asamblea nacional constituyente. Derecho Indígena: reconocimiento a Corte Suprema de Justicia. Quitar limitaciones de presupuesto. Mandato presidencial: eliminar la imposibilidad de reelección.
Ejército: limitar funciones y permitir que un civil sea ministro de la Defensa.