Tema central

Círculo vicioso del poder
La gran tentación es que cada quien decide qué es bueno y qué es malo,
sin seguir una recta conciencia, sino su conveniencia.

Por Patricia Orellana y
Gustavo A. Montenegro

Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos entre 1861 y 1865, dijo que el poder corrompe, y la experiencia ha mostrado en numerosos ejemplos que el político virtuoso parece más una utopía que una aspiración generalizada y que un cargo público acarrea la tentación de caer en prácticas inmorales e incluso ilegales, con la complicidad de una cultura de corrupción arraigada.

Ya en el siglo IV, a. C., el filósofo Aristóteles señalaba la potencial volubilidad de los individuos frente al compromiso público y la necesidad de prevenirlo: “Para regirse bien una república, no han de mandar los hombres, sino las leyes, y los hombres no han de ser sino ejecutores de ellas. Porque como los hombres se quieren tanto a sí mismos, siempre quieren tomar la mayor parte del bien para sí, y del mal escogen la menor” (Ética a Nicómaco).

Miles de años después, el funcionario público sigue ante el dilema de hacer lo correcto o no, de obtener beneficios adicionales de su puesto o no, aunque para Glenn David Cox, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, de la Universidad Francisco Marroquín, la expectativa es desalentadora: “En el mundo más secular, moderno y distanciado de los valores tradicionales y la religión, el hombre es cada vez más corruptible”.

Para explicarlo, cita uno de los diálogos de otro filósofo griego, Platón, en el cual el maestro Sócrates discute acerca del sentido de justicia y el justo actuar. El filósofo refiere la leyenda de un anillo, llamado de Giges (nombre de un antiguo rey del Oriente), el cual hacía invisible a quien se lo ponía. Esto le permitía entrar sin ser notado a cualquier lugar y pasar inadvertido. Incluso podía hacer cosas que a la vista de otros usualmente no haría. “Sócrates preguntaba: Si todos tuviéramos un anillo de Giges, ¿qué haríamos? A lo mejor no lo sabemos, y eso pasa con los cargos políticos”, comenta Cox. “Los individuos no lo saben porque no están en los puestos de gobierno, pero al estar ahí tienen otra perspectiva y probablemente exista influencia de otros que ya pertenecen a la cultura de la corrupción. Por el propio nivel de poder, creen que no deben rendir cuentas, porque no hay sanciones ni controles estrictos”, añade.

Las cosas por su nombre

Para el sacerdote César Alonzo Baesa, quien sostiene la idea de que una persona puede alcanzar la santidad a través del trabajo cotidiano bien hecho, el problema de la corrupción tiene su raíz en el relativismo moral: “La gran tentación es que cada quien decide qué es bueno y qué es malo, sin seguir una recta conciencia, sino su conveniencia”. Aunque aclara que ello no altera los valores morales fundamentales, que en el caso de un gobernante confluyen necesariamente en el bien común. “Lamentablemente, el mundo contemporáneo se cerró a la trascendencia en lo religioso y lo filosófico. Valora más lo material, el dinero, y esto conduce a ciertas prácticas que se han hecho cada vez más comunes e incluso toleradas, lo cual no las hace menos condenables y constituyen un pecado”, declara el religioso. Asimismo, señala: “Si tenemos gobiernos corruptos es porque la nuestra es una sociedad corrupta en otros sectores.

Se señalan los grandes desfalcos, pero la corrupción no sólo es de grandes cifras. El que le da mordida a un policía es tan culpable como el que se robó Q10 millones, porque ambas son acciones contra la justicia”.

Ante esto, la pregunta que surge es: ¿Se puede ser un funcionario público y ejercer ese rol con total transparencia? El politólogo Cox opina: “Mientras se carezca de un sistema de sanciones y filtros que controlen el desempeño de quienes llegan al poder y desempeñan cargos públicos, vamos a estar en la situación del anillo de Giges, con un hombre imperfecto que no sabe de lo que es capaz hasta que tiene la oportunidad de realizar algo nuevo en una circunstancia nueva”.

El filósofo social Julio César de León Barbero estima que en las leyes de Guatemala “existen demasiadas facilidades para que cada gobernante haga lo que se le dé la gana”, por lo cual se hace necesaria una reforma del marco jurídico.

Valores clave

Sin embargo, el sociólogo Édgar Montúfar, de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos, opina que hay otro componente decisivo: “No es el poder el que corrompe, sino que son las personas que llegan a éste las que están corrompidas. El poder es sólo la oportunidad para aprovecharse. Los valores provienen de la cultura en que están inmersos, y no de la propia naturaleza del poder público”.

El ejercicio de un puesto público a nivel municipal, departamental o nacional posibilita ciertas prácticas para favorecerse a sí mismo, a familiares o allegados, dice Cox, quien agrega: “El cargo público ha sido visto por muchos como un derecho a remunerarse para recuperar lo que se invirtió en campaña”. Aunque aclara que hay excepciones: “Yo he encontrado, en mi experiencia en Guatemala y otros países, a funcionarios públicos honestos, transparentes, cívicos, prestos a cumplir con el servicio. El problema estriba en que no existen sanciones para castigar o incentivos para premiar o reconocer la buena labor de ellos”.

Alonzo considera que el actuar correcto no debe buscar reconocimiento, pues la obligación del funcionario, a quien se paga por desempeñar un cargo, es trabajar bien; pero eso sí, subraya que un desempeño transparente se nota.

“Cuando los servidores públicos tienen principios, la sociedad mejora, hacen maravillas y los países progresan. Cuando los servidores públicos no tienen principios, la sociedad se deteriora. Una mala cabeza corrompe el cuerpo”, sentencia.

En las manifestaciones de corrupción, desde los evidentes desfalcos hasta otras prácticas más sutiles, disfrazadas y hasta aparentemente legales, son, en opinión de todos los expertos consultados, delitos éticos, debido a que el interés privado se impone al interés público, y ello implica la decisión voluntaria y consciente de una persona que permite el predominio de su interés egoísta o el de unos pocos sobre el interés de la mayoría.

¿Cómo solucionar esto?

Un aspecto que acompaña a la democracia es la idea de que cualquiera puede aspirar a un cargo público y participar en el sistema político, acusan Cox y Montúfar, quienes sugieren que un primer paso sería fomentar el aumento de la reserva de capital humano para el servicio civil y capacitarlo con calidad, para que éste se oriente a servir a la República y no a los partidos políticos o a los grupos que los financian. Montúfar empero señala que los partidos políticos hasta el momento se han mostrado renuentes a propiciar este tipo de cambio trascendental. De León Barbero estima que falta una reforma legal para cerrar las posibilidades de corrupción, pero sin duda también Montúfar tiene razón al preocuparse por la ética de la persona.

En ese sentido, el catedrático universitario Oswaldo Salazar propone la creación de un gran acuerdo político, para hablar ya no de ética política, sino de la política como una ética, como un sistema de valores, y en cuanto al político, de manera personal, hacerle recordar algo que no debe olvidar y que debe marcar su desempeño y sus decisiones: “Entre él, como persona, y el poder que lo inviste, hay una contradicción”, por lo cual se hace necesario encontrar “un equilibrio entre sus intereses individuales y sus obligaciones frente a la gente”.

En todo caso, es la recta conciencia la que debe prevalecer, no sólo en el funcionario, sino en quien vota por él. “Además de un plan de gobierno, debo conocer la vida, el caminar del candidato. ¿Cómo tiene a su familia? ¿Tiene principios morales demostrados?”, cuestiona el sacerdote Alonzo, quien concluye con un texto evangélico: el árbol por sus frutos se conoce.

En efecto, las acciones que tome el nuevo presidente, alcalde o diputado demostrará si logró derrotar al dragón de la ambición, la codicia, el egocentrismo, o si simplemente fue devorado por él.

Tentados

Los entrevistados describieron probables “tentaciones” de los puestos públicos:

Abuso de autoridad: Cuando las decisiones no responden a soluciones objetivas que beneficien a todos, sino sólo a sí mismo o a un grupo al cual quiere favorecer.

Datos privilegiados: Retener o filtrar información para beneficio propio o de allegados en contrataciones, licitaciones públicas o inversiones, para recibir a cambio un porcentaje del valor del contrato.

Tráfico de influencias: Favorecer a grupos minoritarios que durante el proceso electoral apoyaron al político con recursos.

Nepotismo: Mientras no exista un sistema de nombramiento de funcionarios, con filtros y sanciones, además de un banco de capital humano, será más fácil para un gobernante nombrar a familiares o amigos en puestos públicos.

Pago de favores: Todos los partidos llegan con facturas pendientes. Una manera de hacerlo es por medio de los nombramientos públicos, señala Glen Cox. Estos personajes participan en la política porque tienen la esperanza de que pronto recuperarán su inversión.

Codicia: Cuando un político hace uso discrecional de los fondos públicos.

Orgullo: Es la peor tentación, dice el padre Alonzo, porque el gobernante electo cree que su voluntad es lo único que cuenta y que nadie más le va a decir qué decisión tomar. “Es el pecado de soberbia, pues fue el que hizo caer a Satanás del Cielo”, dice el religioso.