Establecido como derecho y deber cívico ciudadano por la ley nacional, el voto puede verse también como un método de toma de decisiones o simplemente una forma de ejercer la libertad de expresión.

Esta última es quizá la concepción más consciente y real en una sociedad como la nuestra, ya que el ciudadano con su actitud puede demostrar su aversión a un proceso en el que no cree, manifestar su antipatía o simpatía a los contendientes políticos o, en casos más viscerales, acudir a los centros de votación y hacer largas filas para darse el lujo de anular su voto o dejarlo en blanco, con el ánimo de patentizar su inconformidad.

Al final, todo se reduce a una voz, expresada por un pueblo que de una u otra forma manifiesta su sentir.

Sin embargo, las encuestas y estudios se enfocan en aquellos que deciden acudir a las urnas (que al final deciden por todos) y dejan a un lado a quienes expresan su malestar con ausentarse de los centros de votación.

Son oídos sordos a una realidad que el pasado 9 de septiembre llegó a poco más del 30 por ciento, ya que de las 5.9 millones de personas inscritas, votaron 3.6.
A ese porcentaje, se ha de sumar el de los votos nulos y en blanco, que alcanzó el 9.42 por ciento, con lo cual se establece que cuatro de cada diez guatemaltecos no hicieron valer su voto.

¿Por qué?, esa es la pregunta del “millón” o mejor dicho de los 2.3 millones de guatemaltecos que no lo hicieron.

Ante esa disyuntiva, no faltará político que atribuya el fenómeno a errores durante el momento de marcar la papeleta e inclusive a ignorancia, o quizá se diga que fue a causa de problemas para llegar a los centros de votación (a pesar de que estos se incrementaron).

Que dichas situaciones ocurrieron, es verdad, sin embargo es iluso pensar que el 40 por ciento de la población inscrita las vivió (sin contar a quienes no tuvieron interés en empadronarse).
En silencio y con ausencia, los guatemaltecos manifiestan su pesar, el cual según se prevé aumentará —como generalmente sucede— durante la segunda vuelta electoral.
¿Es obligación votar?, cívicamente sí, sin embargo, la abstención, los votos nulos y en blanco también evidencian rebeldía e inconformidad con un proceso que genera apatía, y de los candidatos ni hablar... Esa es otra historia.

Doscientos treinta y tres alcaldes fueron electos por primera vez, y 99 reelectos. A los dos presidenciables quiero pedirles que las alianzas con los representantes del poder local, en esta segunda vuelta, deben estar vinculadas a promover un pacto por el desarrollo local, para que cuando sean presidentes, prevalezca el respeto a la autonomía del municipio, se coordine y armonice con los fondos sociales, se dé continuidad al proceso de descentralización, se fortalezcan las finanzas, asistencia técnica a la organización, capacitación y formación municipal, y como resultado, lograr mejores municipios, para que los 332 alcaldes sintamos que tenemos un presidente para todos y de todos, comprometido con nuestras comunidades, promoviendo la equidad, la inclusión, la justicia social y el desarrollo local.

Asimismo, los alcaldes debemos convertirnos en gobernantes con visión y con una gran claridad de la misión para ser líderes democráticos, promotores, orientadores y directores del desarrollo integral de nuestros pueblos y regiones, partiendo de una organización administrativa municipal efectiva, la prestación de servicios eficientes, una planificación estratégica participativa eficaz, el fomento a la participación ciudadana y conformación de la auditoría social y, sobre todo, ser transparentes en la administración.

Todos esperamos que los siguientes cuatro años sean de progreso y desarrollo, que lo bueno siga y que la transición de un gobierno a otro no sea desplazar todo y a todos, porque tanto en los gobiernos municipales como el central hay gente y programas que valen la pena; decirles que si continuamos por los mismos caminos, éstos nos llevarán a donde todos han llegado, y los guatemaltecos nos merecemos siempre lo mejor.

* Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala

Soy parte de ese alto porcentaje de ciudadanos que todavía no ha decidido por quién votar en esta segunda vuelta, y tengo la gran duda de qué personas van a formar el Gabinete de Gobierno de cualquiera de los dos presidenciables.

Aunque mi inquietud por conocer esa información no se encamina en el sentido de saber de la idoneidad de la persona que sea designada, pues considero que lo primordial es el “respeto” que los líderes políticos tengan a la ciudadanía que depositó su voto al elegir a los diputados que los han de representar.

Es bien sabido que los partidos políticos, con tal de ganar la mayor cantidad de diputaciones, colocan en sus listas —y hasta encabezando las mismas— a los políticos de su partido que consideran que el pueblo va a escoger como los mejor capacitados para desempeñarse en el Congreso, y resulta que el primer acto oficial del Legislativo —así ha sido desde el gobierno de Vinicio Cerezo hasta el de Óscar Berger— es para pedir permiso para ausentarse e ir a formar parte del Organismo Ejecutivo, lo cual viene a ser una gran burla a los electores.

Los ciudadanos estamos hartos de tanta burla de que somos objeto por parte de los políticos. Recuerdo que, al nada más iniciar las sesiones de la actual legislatura, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) se comprometió a legislar para que ese tipo de burlas no se volviera a dar, pero al final fue una promesa más incumplida por parte de los políticos.

Ofrezco otorgar mi voto al presidenciable que se comprometa a que no va a integrar su gabinete con diputados electos. Pues esto, aparte de la burla ya mencionada, conlleva que esas curules sean llenadas por diputados suplentes, a los cuales, en la mayoría de las veces, nadie conoce —o si son conocidos, no fue por las personas que el electorado votó—.

Ojalá otras personas se manifiesten en este sentido, y que entre las preguntas que se les formule a los presidenciables se incluya enfáticamente: ¿Se compromete a que ninguno de los diputados electos va a formar parte de su gabinete? Con la argumentación correspondiente a que el hacerlo sería burlarse de la voluntad del pueblo.