Tema Central

Un sistema por reinventar
La reforma al decreto 1-85 dejó sin delitos electorales.

Por: Jéssica Osorio y Wendy Ruano

El proceso de elecciones que se desarrolla en el país, el primero tras la reforma a la Ley Electoral en el 2004, después de 19 años bajo los mismos lineamientos, ha basado su éxito en el proceso de descentralización, y en los controles que se establecieron para el gasto e ingresos de los partidos políticos.

Quedó pendiente el voto del guatemalteco en el extranjero.

Sin embargo, el Congreso debe sortear, en el corto plazo, la segunda fase de reformas al decreto 1-85, para mejorar los mecanismos de control y asegurar la transparencia en el manejo de recursos en campaña.

De acuerdo con Óscar Bolaños, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la ley fue “cercenada”, y dejó fuera aspectos vitales, como los delitos electorales, que conllevan una modificación al Código Penal, algo con lo que el Congreso no cumplió, cuando faltaban pocos meses para la primera vuelta.

Otro de los aspectos que hubiera facilitado el desempeño de las autoridades electorales era proporcionar el presupuesto para los comicioscon un plazo mayor a los 30 días de anticipación, como quedó pautado. “Los espacios son muy cortos”, destacó Bolaños.

Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, comentó que el TSE necesita un marco jurídico adecuado para fiscalizar a fondo el gasto de los partidos políticos, pese a que el artículo 21 de la normativa, que se refiere al financiamiento, fue reformado para establecer los controles.

Nery Samayoa, jefe de bancada y diputado reelecto por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), manifestó que durante la próxima legislatura impulsarán reformas a la Ley Electoral, entre ellas, que la publicación de las encuestas sea sólo hasta tres semanas antes del día en que se celebren las elecciones generales, así como establecer los delitos electorales, iniciativa que se encuentra en comisión del Legislativo pendiente de ser discutida.

“También vamos a proponer que el período de tiempo entre la primera y segunda vuelta sea más corto”, agregó Samayoa.

Además, la UNE propondrá que los migrantes radicados en el extranjero puedan emitir el sufragio; ésta es una petición que los connacionales han manifestado desde hace varios años, sin encontrar eco en las autoridades de turno, pese a que más de un millón de guatemaltecos radican actualmente en Estados Unidos.

Anabella De León, diputada y fiscal del Partido Patriota ante el TSE, destacó que esa bancada promoverá reformas a la Constitución, para que sea eliminado de la elección el Listado Nacional de diputados, que ésta sea nominal y no por listado, así como reducir el número de legisladores a 80, en lugar de los 158 actuales.

“En la Ley Electoral, hay que tipificar los delitos electorales en el Código Penal, para guardar el principio de codificación. Modificar las partidas, para que las mujeres, los indígenas y los discapacitados puedan ocupar más casillas en los listados de candidatos de los partidos”, señaló De León.

Agregó que la fiscalización de los fondos de campaña debe ser más agresiva.
Virna López, diputada de la Gran Alianza Nacional, y quien presidió la Comisión de Asuntos Electorales durante el 2007, explicó que primero deben analizarse los aspectos que quedaron flojos de las reformas hechas en el 2004 y que fueron evidentes durante el actual proceso.
“Quedó pendiente el voto en el extranjero y que los comités cívicos puedan presentar candidatos a diputados”, concluyó López.

Mientras esas reformas llegan y los políticos se ponen de acuerdo en modificaciones que no sean a su medida, el sistema político guatemalteco seguirá esperando por un modelo de mayor inclusión y que no quede a merced de los grandes poderes económicos.