Seguridad
Sistema al desnudo
La crisis carcelaria llegó al límite con la fuga de 19 reos de El Infiernito.

Por Lorena Seijo

Cinco recapturados y cuatro fallecidos es el balance, hasta el momento, de la fuga de 19 presos del penal de Alta Seguridad de Escuintla, el 22 de octubre. La huida de El Infiernito provocó la crisis más grave del Sistema Penitenciario (SP) en los últimos años.

Además, generó la indignación de la población, la preocupación del presidente Óscar Berger y la destitución del director del SP Francisco de la Peña, por inacción.

Durante los nueve meses que De la Peña estuvo al frente del SP no se efectuó una sola acción para mejorar la situación de los penales, ni se llevó a cabo la depuración anunciada de sus trabajadores, muchos de ellos involucrados en corruptela.

Durante unas semanas estuvo como directora interina Sandra Zayas, ex fiscal del Ministerio Público, hasta que se encontró al hombre “adecuado” para darle un cambio real al SP.

La sorpresiva llegada de Alejandro Giammattei a dirigir el SP aportó cierta credibilidad a una institución abandonada durante años y denostada por autoridades y población en general.

A la par del inicio de la reestructuración de SP se llevó a cabo un plan de recaptura dirigido por el venezolano Víctor Rivera y ejecutado por un equipo especial de agentes.

Se asignó dos agentes a cada prófugo, con dedicación exclusiva y un objetivo claro: sacar de las calles a los prófugos, vivos o muertos.

Para ello, se ofreció una recompensa de Q50 mil por cada evadido. Esta fue la medida más eficaz, pues las llamadas al número de la PNC no dejaron de entrar. Mucha de la información provenía de los propios familiares de los reos o de antiguos miembros de sus bandas.

Aunque las recapturas ya suman nueve, los prófugos considerados más peligrosos y los cerebros de la fuga siguen libres. Tal es el caso del miembro de Agosto Negro Tirso Román Valenzuela o Walter Barahona Castillo, de Los Pasaco.

Quienes se llevaron la peor parte tras la fuga fueron los guardias penitenciarios y las autoridades de El Infiernito, que estaban de turno el 22 de octubre. Todos ellos siguen en prisión a espera de juicio.

De hecho, la mitad de los guardias que en ese momento estaban recibiendo formación, renunciaron por miedo a que en el futuro sean ellos los arrestados.

Director
La cara amable

Alejandro Giammattei nunca creyó que acabaría dirigiendo el Sistema Penitenciario. Tanto es así que sus familiares y amigos creyeron que se había vuelto loco. Sin embargo, aceptó por una razón. “Dejarle un país mejor a mis hijos”, dijo.

También era consciente de que quien quiera cambiar el SP se expone a altos riesgos. “Sé que va a correr sangre. De hecho, estoy esperando la bienvenida de los reos”, comentó tras asumir, el 7 de noviembre.

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Jefes antidrogas
dejan huérfana a su unidad
Cúpula del Saia, acusada de permitir trasiego de drogas a cambio de dinero, capturada en EEUU.

Por Leonardo Cereser

El Servicio de Análisis e Información Antinarcótico (SAIA) sufrió un duro golpe a su credibilidad, luego de que el 15 de noviembre fueran capturados en Estados Unidos, Adán Castillo, jefe de la unidad; Jorge Aguilar García, subjefe y Rubilio Orlando Palacios, jefe de esa sección asignado en el Puerto Santo Tomás de Castilla.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA, por sus siglas en inglés) les montó previamente un operativo en el cual los jefes habrían presuntamente permitido el trasiego de un cargamento de drogas por territorio nacional a cambio de dinero.

Según autoridades, el plan ficticio consistía en solicitar a los tres jefes antinarcóticos que facilitaran el paso de dos mil kilogramos de cocaína a EEUU, a lo cual accedieron a cambio de un pago.

Capturados en suelo estadounidense

La aprehensión se dio luego de que la cúpula del SAIA viajara a territorio estadounidense a recibir un curso, durante el cual fueron acusados de conspiración para exportar droga a ese país, delito que contempla una pena mínima de 10 años de cárcel.

La captura fue el fruto de una investigación conjunta entre el Ministerio de Gobernación de Guatemala y la DEA, que se habría iniciado en junio de este año.

Para el efecto, las autoridades de Gobernación dejaron que los acusados siguieran trabajando y cubriendo sus actividades, para que no sospecharan.

Días después de la captura, fiscales del Ministerio Público (MP) efectuaron una requisa en las instalaciones del SAIA, donde encontraron US$23 mil en efectivo y 19 paquetes —de los cuales cinco contenían cocaína, según primeras pruebas de campo—, así como dos granadas de fragmentación; un día después se allanaron las casas de los tres capturados, sin mayores hallazgos.

El 29 de noviembre, el Juzgado Décimo de instancia Penal ordenó la captura en Guatemala de 12 agentes del Saia, incluidos los tres ex jefes ya detenidos en Estados Unidos, por colaborar con el narcotráfico, cuyas aprehensiones fueron solicitadas por el MP, debido a los hallazgos de dinero y drogas en la oficina del ex jefe Adán Castillo.

Funcionarios de Gobernación declararon tras las capturas que el futuro del SAIA era incierto; incluso se menciono la posibilidad del cierre de dicha dependencia estatal, y finalmente se adoptó la medida de someter a pruebas antidopaje y de polígrafo a los poco más de 300 miembros de la unidad, quienes tendrán que presentar una declaración jurada de bienes para permanecer en la Policía.

Aquellos que no aceptaran someterse a las pruebas deberían firmar un acta donde pasan a retiro voluntario, que 26 aceptaron en la semana posterior a la propuesta.

Hallazgo
Historial de la Policía sale a luz

Por Leonardo Cereser

El 15 de julio la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) dio a conocer el hallazgo de los archivos de la extinta Policía Nacional (PN), abandonados en un depósito del Servicio de Desactivación de Explosivos, en la zona 6. Según esta institución, hay documentos sobre desaparecidos y colaboradores oficiales en la época de la represión.

El hallazgo fue calificado por el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, como uno de los más importantes de los últimos tiempos. La PDH ha solicitado ayuda para desclasificar los miles de folios que se encuentran en 14 habitaciones. Se han encontrado documentos desde el año 1905 hasta los años 80.

La PN es señalada de cometer graves violaciones a los derechos humanos, a través de operaciones contrainsurgentes en los años 80. Además, se le acusa de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas y amenazas.

Mujeres
Feminicidios, en aumento

Por Julio F. Lara

Los crímenes de mujeres van en aumento. En diciembre, la cifra alcanzaba 594 hechos de violencia.

La sección del Servicio de Investigación Criminal (SIC) que lleva la mayor cantidad de casos fue reestructurada para agilizar las pesquisas.

Muertes en la capital: 215. Departamentos: 379. El 67 por ciento, con arma blanca; el resto, por arma de fuego. En 2004 murieron 531 mujeres. El 67 por ciento fue por arma de fuego. En 2003 fueron 383. Las organizaciones señalan que son cifras alarmantes.

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Doblegados por las maras
Las extorsiones y el acoso convirtieron el 2005 en un año de pesadilla

Por Olga López Ovando

Las extorsiones, asaltos, asesinatos y violaciones sexuales cometidas por los integrantes de las maras Salvatrucha y 18 mantuvieron de rodillas a la población durante el presente año.
A raíz de esto las fuerzas de seguridad mantuvieron una guerra en contra de los pandilleros, la cual culminó con la detención de cientos de antisociales; sin embargo, éstos desataron otra en el interior de las cárceles.

Éstos centros fueron el escenario del rompimiento del sur (pacto de no agresión) entre las pandillas Salvatrucha y la 18, con lo que se inició la guerra entre maras.

El 15 de agosto, integrantes de la Mara Salvatrucha simultáneamente atacaron a los de la M-18 en las cuatro prisiones, con cauda de 36 pandilleros muertos.

El dominio total en los centros carcelarios para la venta de droga fue el motivo de que los integrantes de la Mara Salvatrucha trataran de eliminar a la banda rival, según indicaron las autoridades.

Luego de la masacre, varios sobrevivientes de la Mara 18 amenazaron con vengar la muerte de sus compañeros.

Y la amenaza se cumplió, pues semanas después se dieron dos enfrentamientos: uno en la cárcel Canadá, Escuintla, con saldo de dos mareros heridos, y el 20 de septiembre en el Centro Juvenil de San José Pinula, donde murieron 12 integrantes de la M-18.

También la venganza se trasladó a las calles, pues a partir del rompimiento del pacto entre las dos pandillas, casi a diario aparecían dos o tres cadáveres de mareros con señales de estrangulamiento y amarrados de pies y manos.

En algunos casos, los victimarios dejaban mensajes escritos a sus víctimas, donde recalcaban el motivo de la muerte.

La Policía Nacional Civil atribuyó los crímenes a la venganza que existía entre las pandillas, mientras que la Asociación de Prevención del Delito señaló que se trataba de una limpieza social por parte de las autoridades y grupos paralelos.

El poco avance en las investigaciones del Ministerio Público no ha logrado identificar aún a los cabecillas que orquestaron la macabra venganza en las cárceles del país.

Zozobra
Abandono de viviendas

El acoso de las maras obligó a unas 200 familias a abandonar sus viviendas, principalmente en las zonas zonas 12 y 18, Villa Nueva y San Juan Sacatepéquez.

Los pandilleros exigían a sus moradores desde Q100 hasta Q25 mil a cambio de no hacerles daño a sus familiares.

Las colonias más afectadas por esta situación fueron La Esperanza, El Mezquital, El Búcaro y Villalobos, zona 12; Paraíso y Alameda, zona 18, así como Villa Nueva y San Juan Sacatepéquez.

Algunos vecinos pagaron con su vida al desafiar a las maras al negarse a pagar la extorsión. Por esta situación muchas casas continúan abandonadas.

Temor
Asaltos al transporte

Los pandilleros de las maras Salvatrucha y 18 han cometido una serie de asaltos, asesinatos, violaciones sexuales y extorsiones contra pilotos de transporte colectivo.

Por esta razón, los choferes se han visto obligados a paralizar labores, como medida de protesta para que las autoridades les proporcionen vigilancia.

En el 2005, los mareros atracaron a más 180 unidades del transporte urbano y extraurbano.

En la mayoría de atracos hubo muertos y heridos. Las zonas más afectadas fueron las 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18 y 19, así como Villa Nueva, Mixco y San Miguel Petapa.