Algunos de los temas más recurrentes de las disputas son el uso del agua, condiciones laborales y demanda insatisfecha de tierra para la economía campesina.

Las cifras del informe revelan que el 92% de los productores agrícolas, clasificados como de infrasubsistencia y subsistencia, ocupan el 21.9% de la superficie de las fincas, y el 6% de los productores excedentarios trabajan el 12.7%, mientras que el 2% de los productores comerciales —que se dedican al mercado internacional—, ocupan el 65.4%.

Según el estudio del PNUD, la desnutrición y el hambre están íntimamente relacionadas con el uso, planificación y distribución de la tierra y con la ausencia de políticas públicas que aseguren a las poblaciones rurales sus medios de subsistencia.

“El hambre es una palpable materialización de la desigualdad que hay en el territorio guatemalteco”, señala el INDH.

Una de las ideas principales del informe es que “Guatemala es un país megadiverso y con gran riqueza natural, pero la distribución del uso del suelo no obedece a criterios de sostenibilidad ni soberanía alimentaria”, lo que afecta a la mayoría de la población.

Explotación

A las disputas que surgen por la tenencia de la tierra se suman los conflictos que tienen que ver con el uso de bienes naturales y los impactos sociales y ambientales de proyectos energéticos y extractivos, sobre los que, por lo general, la información pública es limitada para las comunidades afectadas.

Durante el 2015 se otorgaron 402 licencias de exploración y explotación minera, según el informe, la mayoría en Guatemala y El Progreso, pero también en Huehuetenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz.

En total, son dos mil 968 kilómetros cuadrados los que las empresas pueden utilizar.

La falta de legitimidad de las consultas comunitarias son otro foco de confrontación. El INDH señala que la poca información y opacidad en las concesiones de proyectos energéticos y extractivos, crean incertidumbre en las comunidades y menor oportunidad de planificación y control para el gobierno.

Entre el 2004 y 2015 se contabilizan 93 consultas comunitarias, pero ninguna de ellas ha generado resultados vinculantes con las políticas públicas o megaproyectos, aunque las comunidades han expresado su desacuerdo en la instalación de los proyectos para los que se hace la consulta.

“Han dejado de lado un diálogo pertinente con las comunidades afectadas, ha provocado rechazo y facilita que las contiendas escalen a conflictos visibles”, refiere el estudio.

Necesidades básicas

El PNUD también destaca que una de las principales causas de protestas sociales registradas en los últimos 20 años es la precariedad o ausencia de servicios públicos.

Datos de una encuesta sobre bienestar y desarrollo humano, efectuada en el 2015, resalta que el 90% de la población estima que el Estado debe garantizar los servicios básicos de salud, educación, de forma gratuita y universal.

La energía eléctrica y un transporte público de calidad y con seguridad, también son responsabilidad del Estado, según los resultados de dicha encuesta.

El 59.9% de la población cree que el Gobierno no invierte lo suficiente en la población pobre del país.

Lucha conjunta

Esa desigualdad y exclusión y la falta de información que afecta a la mayoría de población es lo que impulsa a la organización comunitaria y, en determinado momento, a bloquear una carretera o a cerrar un puente.

El INDH destaca que las manifestaciones públicas y demandas colectivas que surgen en el país deben ser comprendidas más allá de la conflictividad social, pues son el resultado de procesos históricos que han producido desigualdades económicas y sociales, exclusión política y graves limitaciones al bienestar.

El informe sostiene que las políticas excluyentes contribuyen a crear malestar social y limitan la posibilidad de crear espacios de cohesión social que busquen el desarrollo.

El documento concluye que para encontrar una solución justa a los conflictos es necesario concebir políticas y acciones públicas que fortalezcan la capacidad de planificación y gestión del territorio.

Se habla en las recomendaciones a consensuar y aprobar una ley de aguas, legalizar la consulta comunitaria y continuar con la política agraria.

Cambiar a la sociedad

El sociólogo, Edelberto Torres-Rivas, explicó que revertir la situación de pobreza en que se encuentra el 80 por ciento de la población podría llevar décadas, pues la historia demuestra que en el país “en cien años no ha cambiado nada”.

“Combatir la pobreza es más complejo, es cambiar al país, cambiar a la sociedad. Tendrían que ser 20 años de mejorar el Producto Interno Bruto”, dijo.

El sociólogo consideró que el país puede cambiar, pero tiene que tener recursos y debe haber una redistribución de la tierra. Torres-Rivas manifestó que las manifestaciones  del 2015 crearon condiciones para un nuevo rumbo.

Conflictos se incrementan

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, afirmó que los conflictos, en especial en los territorios indígenas, se dan por una irrupción de empresas.

 “Lo que hay es una reacción ante una agresión”, aseguró el dirigente.

Pascual lamentó que con el gobierno actual se corre el riesgo de que los conflictos aumenten, pues aunque hay mesas de diálogo, no hay funcionarios capaces de resolver los conflictos, ni se ofrecen soluciones a la población.

“El que haya polícia, ejército y funcionarios apoyando empresas incrementa la conflictividad entre la población y el Gobierno”, subrayó.