De acuerdo con otras versiones, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos y comisionado, Avidán Ortiz, le propuso al secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, ser magistrado.

Con sentido del humor, los magistrados y el secretario respondieron a las versiones. “No lo descarto que de repente, pero no. Ya estoy un poco viejito, ya no aguanto”, dijo Maldonado, a quien se atribuye ser uno de los principales orquestadores de la planilla oficialista en la Corte Suprema.

“Pues hasta ahora no se me ha despertado el gusanito”, afirmó Franco entre risas.

Martínez negó haber recibido propuesta alguna del decano Ortiz, pero no descartó la idea. “Siempre me ha llamado la atención ser magistrado”, comentó.

A decir de algunos decanos y de Carmen Aída Ibarra, del Grupo pro Justicia, Martínez decidió emprender sus cabildeos en solitario, sin el respaldo del grupo de Juan de Dios Rodríguez y Gustavo Herrera —operadores de la planilla oficialista—, acercamientos que él descarta.

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Pineda explicó que no ha tenido tiempo de analizar esa decisión. “Ya lo sabrán, si es que presento mis documentos; será público”, manifestó.

A ellos se sumó la abogada Jaqueline España y la directora de la Defensa Pública Penal, Blanca Stalling.

Otros nombres

A la lista se suman los nombres de otros abogados de planillas contrarias, como Juan Carlos Godínez, quien encabeza la número 3, que aglutina a los abogados de Mixco, y de quien Roberto López Villatoro —uno de los operadores del proceso— aseguró”se ganó su espacio”.

Fue Godínez quien sugirió unir fuerzas y votos en las comisiones de postulación a López Villatoro.

También se menciona el tío de Godínez, Helder Ulises Gómez —exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral—. Además, el del magistrado de Apelaciones Carlos Ramiro Contreras y el de la hermana del rector de la Universidad de San Carlos, la magistrada de una de las salas de Familia, Flor de María Gálvez.

El discurso de oposición de López Villatoro se inclina ahora por los consensos.

“¿Por qué en lugar de atacar a los malos no proponemos a los buenos?”, se preguntó.

López Villatoro se declara seguidor de las reelecciones, pero solamente en la Corte de Apelaciones.

La juramentación de los comisionados hasta ahora había sido retrasada, porque algunas de las instituciones que tienen representación en la comisión de postulación para elegir magistrados faltaban por enviar la lista de sus delegados, pero ese escollo ya fue superado, afirmó el presidente del Congreso, Arístides Crespo.

Ayer empezaron a circular las invitaciones para la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado, el 27 de junio.

Algunos diputados se opusieron a que los postuladores fueran juramentados por el Congreso antes de que Alvarado tome posesión.

Negociación

El dilema de la reelección

Muchos nombres pueden debilitarse entre los que ahora se mencionan como candidatos a  magistrados, pues quedan aún dos meses de negociaciones intensas antes de la elección en el Congreso, explicó Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia.

La reelección está permitida, y hay algunos magistrados que a juicio de Ibarra merecen ser reelectos.

Pero la analista advierte de que “abrir la puerta a la reelección implica el riesgo de que otros malos magistrados puedan filtrarse y estar cinco años más en las cortes”.

“Lo lamentable es que ni siquiera las comisiones de postulación han empezado a trabajar, y ya hay varias listas de candidatos”, comentó.

Legislación

Condiciones distintas

Hace cinco años no se había tipificado el tráfico de influencias, ahora sí. Para Lorena Escobar,  de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Los comisionados se enfrentarán a muchos retos. Algunos nombres aparecen y desaparecen, pero la aplicación correcta de la Ley de Garantía a la Imparcialidad de Comisiones de Postulación solventará muchos escollos.

Esa ley, asegura la abogada, podría ser el fundamento para quienes sean parte de la comisión y tengan conflictos de interés para elegir a determinados candidatos.

Además, la sociedad civil tiene ahora un papel más activo de monitoreo y auditoría, sin duda más intenso que hace cinco años, agregó.