¿Cómo evalúan el trabajo de las comisiones que postulan a funcionarios a cargos públicos?

Gutiérrez: Recordemos que las comisiones de Postulación fueron creadas con la Constitución de 1985, con el propósito de delegar, en la que llamamos la inteligencia del país, la preselección de los mejores profesionales para el desempeño de funciones públicas en elecciones de segundo grado que ordinariamente se llevan a cabo en el Congreso, pero que también el presidente —de la República— interviene en la elección de fiscal general.

Es un mecanismo de filtración donde la sociedad civil, por medio de las facultades de Derecho de las universidades del país y de otros órganos como la Corte Suprema y de Apelaciones, según el caso, entran a debatir.

Hasta ahora, las primeras comisiones de Postulación, aquellas que reinauguraron el período democrático, fueron las que lograron mejores objetivos porque el espíritu original de la norma era que los postuladores identificaran a aquellos profesionales idóneos y capaces para ocupar los cargos.

Después se fue perdiendo y se convirtió en una ventanilla que recibe cantidades de expedientes y que dificulta, y que se convierte en una oferta de empleo y yo diría que no ha resuelto el problema básico de las instituciones, que es el fortalecimiento de estas.

Sagastume: A partir de las reformas constitucionales de 1994, se introducen algunas variantes para la conformación de las comisiones de Postulación, que creo vienen a complicar más el proceso que se perseguía objetivamente en ser ese filtro y que de alguna manera buscaba que se permitiera o que se postulara a las mejores opciones para los cargos.

El aumento de las universidades en el país, sobre todo de las facultades de Derecho, ha introducido un elemento adicional en donde hemos llegado al colmo de que hay universidades que no han tenido ni un solo estudiante, pero ya tienen una facultad de Derecho abierta y eso les permite participar en la Postuladora.

¿Cómo ha sido hasta el momento el trabajo de la Postuladora para fiscal general?

Sagastume: Yo creo que el trabajo inició un poco a rajatabla, como decimos corrientemente. El tema de involucrar a la Corte de Constitucionalidad por un incumplimiento del Congreso en la convocatoria hace que empiece con tropiezos y dudas.

Pero siendo esa parte superada, la Comisión empieza con esa presión y esos ojos de la población esperando que cumplan.

Además tenemos que ser claros que hay intereses externos en cualquier proceso de elección y no escapan ni las cortes Suprema ni la de Apelaciones, ni la Contraloría General de Cuentas ni el Ministerio Público.

Ninguno de esos cargos escapa del factor político porque al final de cuentas es el presidente —de la República— o el Congreso el que hace el nombramiento y ahí es donde interviene el factor de tipo político.

Gutiérrez: En efecto, hubo un primer momento de incertidumbre por el tema de los plazos y la inacción del Congreso, que no hizo la consulta en tiempo, lo cual limitó el calendario de actuación de la Comisión.

Esa incertidumbre ya se superó, pero lo que no se ha superado es el clima de ideologización que está atravesando esta elección en concreto. De no superarse, creo que nos vamos a desviar de los objetivos centrales que la sociedad demanda al Ministerio Público, en esta época, en donde hay una súper inflación del crimen y de sofisticación por medio de redes y de presencia del crimen transnacional, particularmente del narcotráfico y trata de personas.

El Ministerio Público, la seguridad y la justicia no tienen ideología.

Se dice que hay reuniones privadas, previas a que instalen las comisiones, en las que se llega a consensos para la elección de funcionarios. ¿Qué de cierto hay en este sentido?

Sagastume: Es un tema difícil de probar, pero lo único que hemos podido manejar a través de la información que se da es que existen grupos que por medio de estas reuniones se señalan.

Lo que sí existen son operadores que de alguna manera se vuelven como facilitadores de este tipo de reuniones.

De manera popular se menciona una serie de nombres, pero creo que uno de los mayores problemas que tenemos es que lamentablemente no hay reglas claras en cuanto a la aplicación de determinadas sanciones, entonces la gente no se anima a denunciar y a señalar concretamente.

El peligro de que se involucre a sectores tan sensiblemente dañinos a la sociedad, como el crimen organizado y otros, hacen también que la población tema denunciar abiertamente, porque los intereses que se manejan superan el interés del Estado y el de la institucionalidad.

No podemos seguir dándonos el lujo de que en los procesos de postulación y de nominación se libren batallas campales, que cuando finalmente se elige a la persona o a las personas, ya llegan con un desgaste tan grande y tan serio que simplemente son el resultado del proceso de un deterioro institucional.

Gutiérrez: Es un hecho de que en el país hay crimen organizado y corrupción. Quienes están detrás del crimen organizado y quienes se benefician de la corrupción pretenden impunidad ante esos hechos ilícitos. Es lógico, entonces, pensar que tener influencia y control o derecho de picaporte en las instituciones de seguridad y justicia es lo que garantiza esa impunidad.

Guatemala, desde antes de la firma de los acuerdos de paz, identificó por medio de los informes de la Minugua —Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala— lo que ellos denominaron como los Ciacs —Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad—.

Durante 10 años señaló dónde estaban esos cuerpos ilegales y cuáles eran las conexiones que tenían y se exhortaba a los gobiernos a identificarlos y desmantelarlos y llevarlos a los tribunales.

De ahí que en el 2000, desde la Secretaría de Análisis Estratégico, identificamos que estos Ciacs eran la principal amenaza para el Estado democrático de los siguientes 10 años.

Así es como se inicia la discusión para lo que ahora se denomina Cicig —Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala—, que es la responsable de identificar y ayudar al Estado de Guatemala a sacudirse estos cuerpos clandestinos que efectivamente están ahí, y que de una u otra manera se presentan o hacen valer sus intereses en estos procesos tan delicados de selección de autoridades.

El periodismo de investigación, lo mismo que hoy —ayer—, publicaba Prensa Libre, sobre operadores que no son idóneos y que básicamente representan una interferencia de poderes del Estado.

Se ha rumorado que el presidente Otto Pérez Molina tendría el nombre de la persona que designará como fiscal general. ¿Cómo lo ven?

Gutiérrez: Es obvio que el poder político, en este caso, el presidente, pueda tener inclinaciones. Vemos que entre los actuales postulados tenemos a una viceministra de Gobernación —Eunice Mendizábal—, la directora del Registro de la Propiedad —Anabella de León—, nuestro embajador en Gran Bretaña —Acisclo Valladares— y un ex viceministro de Seguridad —Julio Rivera Clavería—.

Es decir, hay afinidades en ese plano.

Hay también un actor que ya forma parte del paisaje local, que es la Comunidad Internacional, que ejerce sus propias presiones; entonces estamos en un juego de presiones.

Sagastume: Yo creo que no deberíamos anticiparnos ni siquiera a hacer parte de la discusión el hecho de que el presidente pudiera tener una persona ya de su predilección. Porque hay un trabajo previo de la Postuladora y estaríamos restando esa función de fase intermedia para lo cual fue diseñada en la Constitución.

Creo que idealmente el presidente deberá esperar la lista de seis nominados que le debe trasladar la Comisión de Postulación y, dependiendo de eso, podríamos visualizar ya en ese momento si él —Pérez Molina— pudiera tener un interés particular.

Dictado legal

 La normativa que regula a las comisiones  para designar a los funcionarios  fue promulgada en el 2009.

Los principios de   las comisiones son transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad.

El Congreso deberá convocar a integrar las instancias para elección de funcionarios.

Los colegios profesionales deberán elegir a su representantes para integrar la comisión específica.

Las postuladoras trazarán el perfil de los profesionales, a qué deberán aspirar y a quiénes se incluya  en la nómina, con el objetivo de elevar la calidad ética, académica, profesional y de proyección humana. 

Verificar requisitos  establecidos que deben llenar los participantes. La falta de lo requerido será causal para excluir a cualquier participante de la nómina.

Las comisiones podrán hacer las entrevistas que consideren pertinentes a los aspirantes  cuando, a su juicio, sea necesario, para ello deberán aprobar una guía  que permita  cuantificar el resultado de la consulta.

Solicitud de información. Las comisiones de postulación estarán investidas, desde su integración, de la competencia para requerir la información necesaria, como parte del procedimiento de selección.