Guatemala

Líderes comunitarios de Chicamán rechazan proyectos de minería

Líderes de 12 comunidades de Chicamán, Quiché, se reunieron este jueves en la aldea Belejú y se pronunciaron en contra de actividades de exploración y explotación minera que habrían sido autorizadas en su territorio.

Unos 250 líderes de la región Belejú, Chicamán, Quiché, se reunieron para rechazar actividades mineras en su territorio. (Foto Prensa Libre: Óscar Figueroa).

Unos 250 líderes de la región Belejú, Chicamán, Quiché, se reunieron para rechazar actividades mineras en su territorio. (Foto Prensa Libre: Óscar Figueroa).

CHICAMÁN- Los pobladores tienen el respaldo de la Diócesis de Quiché, que emitió un comunicado que condena el empleo de los recursos naturales y resalta la importancia de preservar la vida de la población.

 La reunión participaron más de 250 líderes de la región de Belejú, Chicamán, que buscan organizarse en contra de proyectos mineros que aseguran ya fueron avalados en ese sector.

Oswaldo Reyes, líder comunitario, mostró su preocupación ante la existencia de dos licencias de explotación minera que afectaría a las comunidades La Campana y Los Pajales, Chicamán.

“Estamos presentes para rechazar los proyectos de exploración y explotación minera, pues estamos al tanto de actividades autorizadas en Uspantán, Chicamán, Quiché y Cubulco, Baja Verapaz, y eso lo consideramos un riesgo para la vida de los miles de habitantes del área”, dijo Reyes.

De acuerdo con los líderes, a partir de esta fecha se reunirán cada mes para conocer los avances de los proyectos mineros.

La Diócesis de Quiché emitió un comunicado firmado por la curia del departamento en el que expresa en frases bíblicas su apoyo a la población civil,  mayoritariamente indígena.

En una de las partes el documento refiere que  “la construcción de hidroeléctricas y explotación minera solamente tienen un beneficio inmediato económico y no de desarrollo integral en un claro irrespeto a las consultas comunitarias”.

La Iglesia Católica sugiere a las autoridades de gobierno y a las empresas interesadas en proyectos de generación eléctrica y prácticas mineras que busquen alternativas con menos impacto social y ambiental.

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