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01/09/13 - 00:00 Revista D

Hijos víctimas de sus padres

Hoy es otro domingo en que Juan Carlos*, de 10 años, y sus otros dos hermanos mayores no podrán ver a su papá, porque su madre interpuso  medidas de seguridad para prohibir que se les acercara, acusado de violencia intrafamiliar.

“No puedo tener ningún tipo de contacto con ellos ni por teléfono ni verbal. De lo contrario  me enviarían a la cárcel”, cuenta el  padre, quien pide no revelar su nombre porque su caso está en proceso en un  juzgado  de Familia.

Después de haber sido expulsado de su casa y prohibírsele ver a sus hijos, pregunta  por qué los juzgados de Familia privilegian el testimonio de su mujer, sin tomarse la molestia de investigar más.

Víctor Furlán, quien se separó de su esposa a finales de la década de 1980, cuenta que pasó cinco años sin ver a sus hijos porque ella  no acataba lo establecido por el juzgado. “Cuando yo llegaba, los niños no se encontraban en el lugar señalado”, relata.

Cada vez es más común que padres y madres se apoyen en acusaciones infundadas o exageradas ante el sistema de justicia para obtener el derecho de relacionarse con sus hijos, o quién de los dos obtiene la custodia,  lo cual provoca  que  estos  queden en el centro de la riña.   Incluso,  son empleados  como  elemento de tortura contra  el cónyuge. En algunos casos, amparados en leyes como la  de Femicidio,     el Sistema  Alba Keneth o del sistema de protección integral de la niñez. 

Abusos legales

Franklin Azurdia, jefe de la Unidad de Alerta Alba Keneth, comenta que el objetivo primordial de esta instancia es la localización y resguardo de niños sustraídos o desaparecidos. Pero este fin  ha sido tergiversado por cientos de denuncias de desaparición  cuya  principal causa son  las peleas entre  madre y  padre por la custodia de los hijos. Incluso, entre abuelos y nueras.

De enero al 22 de agosto de este año  se han reportado 456 denuncias de desaparición de menores de  0 a 4 años, y 202 de 5 a 8 años. “De estos, se estima que el 75 por ciento responde a conflictos conyugales,  no a  desapariciones ni sustracciones con fines delictivos”, asegura Azurdia, y aclara  que en  las  edades de 9 a 18 años se dan estos casos, pero se mezclan con otro tipo de problemas. 

Azurdia afirma que estos conflictos,  además de dejar profundas secuelas emocionales en los menores,  sobrecargan el sistema de justicia y afectan la credibilidad de este. “Una característica es que  son personas con recursos económicos. Solo así es posible iniciar juicios en distintos puntos del país.  Reciben  asesoría legal e interponen muchos recursos  entre uno y otro cónyuge”, indica. Por lo general, cuando no les funciona o  agrada la resolución de un juzgado de Familia, acuden a otras instancias. 

La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer —decreto 22-2008— también es parte de este debate. Después de varios años de aplicación,  algunos juristas cuestionan ciertas debilidades en esa norma. Aunque se carece de cifras,  una jueza de la Niñez y la Adolescencia  que pidió confidencialidad,  comentó que muchas veces  no hay claridad de si se trata de un delito real o una acusación falsa.

Asimismo, considera que esa es una ley demasiado dura, al no permitir  medidas sustitutivas cuando se emite una condena contra el padre. “En los   casos de femicidio estoy de acuerdo, pero delitos como violencia económica o psicológica   pueden solventarse. Hay muchos detenidos por acusaciones fútiles. No se vale”, opina. 

Secuelas imborrables

Azurdia ha sido testigo de conflictos familiares  en los que la madre  o el padre  utilizan  a los hijos para ponerlos en contra del otro.  “Les hacen  lavado de cerebro  para plantear acusaciones falsas”, refiere.

“Recuerdo el caso de una niña de 9 años cuya madre le pidió que dijera que su padre había abusado sexualmente de ella. Y otro en   el que el padre le pidió a su hija que contara que  su madre había tenido relaciones sexuales en   la  cama de la menor”, indica.

En el afán de recuperar a los hijos en forma ilegal, se ha llegado al extremo de tenerlos escondidos,  sometidos a una serie de traslados de hogar donde los obligan a romper vínculos con su familia, amigos y  colegio,  afirma el encargado de dicha  unidad.

Cuando estos niños llegan a la adolescencia,   afloran   conductas problemáticas como rebeldía,  desapego emocional, abuso de licor o se involucran en maras, fruto  de hogares desintegrados donde se vivieron los conflictos mencionados.

Pedro y el lobo

Las acusaciones falsas entre los padres   hacen que se pierda la  credibilidad  en las instituciones,  como sucede   en  la fábula de Pedro y el lobo.  “Estamos tan saturados de que nos mientan los padres  que cuando viene un caso real, en general, se comienza a relajar la atención”, advierte Azurdia.

Para combatir esta práctica, los encargados del sistema Alba Keneth han  empezado  a denunciar en el Ministerio Público a los  padres que  mienten. 

Azurdia explica que muchas veces las medidas de seguridad toman ventaja  de quien las usa primero. “El primer paso es asegurar la integridad de la víctima; después investigar”, enfatiza.

 *nombre ficticio

POR ANA LUCÍA GONZÁLEZ /

Un mal que aflora

En países como Argentina también se ha documentado “la otra violencia de género hacia los padres”. Un artículo del diario La Nación de ese país cita un estudio de la Universidad de Minnesota, donde se detectó que el 77 por ciento de las denuncias por abuso relacionadas con divorcios, son falsas, generalmente de la mujer hacia el hombre.

 En Guatemala, un  caso  paradigmático que parte de una denuncia falsa que terminó en tragedia es el de la niña Jennifer Vásquez Alquijay, de 3 años, quien murió a golpes, a manos de su madre, Liliana Alquijay Osorio.

Como se recordará, la madre acusó al esposo, Eddy Vásquez,  de agresión sexual, por lo que este no podía acercársele a la niña.

El informe del Inacif determinó que la menor sufrió 83 golpes en vida y 53 cuando ya había muerto.

“En este caso afloraron el uso oportunista de leyes a favor de la mujer y  la negligencia de las instituciones del Estado y tribunales de Familia parcializados, a favor de la madre”, denuncia el blog convivenciaalternawordpress.com.

El artículo 7 de la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (ley Pina) contempla la denuncia falsa de un adulto hacia otro adulto, en relación con la violación de los derechos de un niño.  Este tiene persecución penal.

Con el tiempo han surgido algunas agrupaciones  contra  al maltrato a los   hombres. En Facebook  está   “Apoyo a los hombres maltratados, olvidados por la ley de violencia de género”, que  tiene más de 800 seguidores.


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