En ese tiempo trabajaba como guía de turistas, y aunque vivía en Antigua Guatemala, viajaba a la capital varias veces a la semana, para ofrecer mis servicios a los visitantes de Costa Rica. Vivía sola. Siempre me he caracterizado por ser una persona independiente, comunicativa y llena de vitalidad.

Ese día, como solía hacerlo, tomé un bus extraurbano de Antigua a la capital. Luego abordaría el Transmetro para llegar a la estación de Ticabus, pero ya no cumplí con ese itinerario.

Ese mediodía, al igual que otras veces, fui la última pasajera en bajar, pero esta vez el piloto y el ayudante me ofrecieron llevarme hasta la parada del transporte urbano. Me pareció sospechoso, pero al no detenerse el autobús, volví a sentarme. Mi preocupación aumentó al observar que el vehículo enfilaba hacia la zona 8. Unos minutos más tarde se aparcó en un hotel.

Ambos hombres me sacaron por la fuerza y me obligaron a entrar. Yo gritaba por ayuda, pero nadie se involucró. En la habitación sucedió lo que solo las víctimas de violencia sexual pueden entender a cabalidad.

Al quedarme sola, reuní las fuerzas que me daba la rabia y me bañé. Salí del lugar buscando ayuda. Encontré una estación de Policía y presenté la denuncia. “No podemos aceptar la denuncia si no trae los nombres y las direcciones de esas personas. También consiga el número de placa del bus”, me dijeron los oficiales. Mi desesperación fue mayor.

¿Cuál fue su respuesta ante esa negativa?

No me di por vencida y al día siguiente acudí a la misma estación de la Policía para poner la denuncia, porque yo no sabía que debía ir al Ministerio Público. Averigüé los datos que me pedían gracias a una señora que vendía refrescos en la estación de buses. Yo no podía presentarme a preguntar, así que ella lo hizo por mí.

Pero pronto me sumí en la depresión. Perdí mucho peso, no solo por la pena, sino porque no podía trabajar, y por lo tanto no contaba con recursos económicos. Así que decidí pedir auxilio en la Embajada de El Salvador. Fue en ese país donde obtuve ayuda. Estuve durante tres meses en un asilo para mujeres maltratadas. Pude haberme quedado allá, pero tenía que volver para continuar con el caso que ya estaba abierto.

¿Por qué pidió ayuda en la Embajada de El Salvador?

Gracias a mi trabajo como guía de turismo he conocido los países centroamericanos. En medio de mi depresión sabía que mis agresores también vivían en Antigua y no quería poner en riesgo a mi familia, pero no tenía nadie quien me atendiera. La familia de ellos también me acosaba ofreciéndome dinero para que quitara la denuncia, así que decidí salir del país. Allá recibí tratamiento psicológico y eso me ayudó a valerme por mí misma de nuevo.

¿Qué pasó después de ese tiempo?

Regresé a Guatemala con sobrepeso, debido a la ansiedad. Entonces solicité tratamiento psiquiátrico en el Ministerio Público y ellos me asignaron la ayuda. Luego de ser estabilizada psicológicamente continué el proceso de denuncia.

¿Cómo se desarrolló el proceso?

La orden de captura fue girada por el juzgado competente, y el 21 de diciembre del 2012, el piloto Francisco Javier Álvarez Dionisio, nacido en San Miguel Dueñas, fue apresado, pero el ayudante, Juan Carlos López Zapata, de Petén, logró huir y se mantiene prófugo. En ese momento mi caso pasó al Instituto de la Defensa Penal.

¿Qué ha sucedido desde entonces?

Recibí la visita de la madre de Álvarez Dionisio para ofrecerme una cantidad en efectivo y la bienvenida como integrante de la familia si desistía del caso, a lo que respondí con una negativa total.

Durante el proceso, él ha mantenido la tesis de que yo lo provoqué y con base en eso ha presentado a varios testigos, miembros y amigos de su familia. Lo que más deseo es que las cosas sean aceptadas como pasaron en realidad y que se reconozca que sí existió un delito.

Casi tres años han pasado desde el ataque y todavía estoy sin trabajo fijo, pero me siento con las fuerzas suficientes para llegar al final.

En pocos días se iniciará el debate público y espero la condena del acusado. Luego iniciaré una nueva vida.

Al terminar el proceso, ¿cuáles son sus proyectos?

Dependerá de cómo se desarrolle el debate público. Según sea la sentencia, hay varias opciones que puedo tomar, pero lo más importante es que todo concluya favorablemente. Quiero justicia.

Aspecto legal

Licenciada Mazariegos, ustedes han estudiado el perfil de los agresores. ¿Cuál es su comportamiento?

El abuso sexual generalmente es cometido por un conocido. La mayoría de agresores sexuales eligen a su objetivo, estudian su rutina y costumbres, planifican el hecho con anticipación para que la violación se cometa en solitario.

¿Qué debe hacer una víctima después de un caso como este?

Antes de poner una denuncia, las víctimas deben acudir a los centros de salud, pues estos les atenderán según un protocolo específico para tomar evidencias físicas que contribuyan a reconocer y capturar al agresor. Si no hay un centro de salud cercano, no se debe acudir a la Policía, sino al MP, que ejecutará el procedimiento necesario para rescatar las evidencias.

La víctima no debe lavarse las manos, bañarse, tirar la ropa o cambiarse, ya que una prueba de ADN permitirá identificar al agresor sin dejar lugar a dudas.

¿Qué tanto debe involucrarse la víctima en el proceso?

Hay una gran diferencia en asistir a un proceso en calidad de víctima, porque no se puede hacer nada más que escuchar, pero con el acompañamiento jurídico, pertinentemente se le puede sumar al proceso como querellante adhesivo, y así tener una participación activa.

¿Cuáles son las penas en estos delitos?

Dependen del tipo de delito. Van desde dos hasta 16 años; sin embargo, estas se aplican de acuerdo al grado de responsabilidad del agresor y los agravantes del caso.

¿Qué implica entablar una batalla legal?

Cada caso cuenta una historia de vida y tiene distintas peculiaridades en su desarrollo, pero las complicaciones siempre están presentes. Una víctima debe presentarse al juzgado por lo menos 22 veces, lo cual implica pérdida de tiempo, y muchas veces la imposibilidad de desempeñarse en un empleo formal.

Además de que es usual que la violencia sexual hacia mujeres adultas tenga como consecuencia la desintegración del matrimonio.

De ser hallado culpable, el acusado debe afrontar responsabilidades penales, que es el encarcelamiento, al igual que civiles, lo que implica la reparación digna de forma económica y no económica.

El objetivo de las mujeres que inician este proceso es que al final se dictamine que el Estado creyó en lo que ellas manifestaron, y además que puede garantizarles que no volverá a suceder. Ninguna víctima permanece tanto en un proceso para recibir una respuesta negativa.

¿Hay muchas mujeres en busca de apoyo legal?

El Instituto de la Defensa Penal recibe 150 denuncias al día; la mayoría son por pensión alimenticia. Sin embargo, ignoran que también, por lo general, han sido víctimas de todo tipo de violencia, no solo económica, sino verbal, psicológica y sexual. Entre ellas, el 3 por ciento acude a la institución por abuso sexual.

La mayoría llama al 1571 preguntando qué debería hacer su vecina, quien sufre de violencia, pero difícilmente reconocen que ellas mismas son las víctimas.