Pero eso no sucede siempre. En muchos hogares y en lugares públicos el maltrato hacia este sector de la población es la tonada diaria, al considerar que sus años productivos han llegado a su fin. Por ejemplo, durante el 2013 la Defensoría de Personas Mayores de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) recibió 371 denuncias, de las cuales 98 eran por maltrato físico y psicológico, y el resto por distintos tipos de abuso.
Este año, hasta la primera semana de junio, esta institución había recibido 161 denuncias, en las que más de 50 casos fueron por agresiones. Hay que tomar en cuenta que son muy pocos los casos que se denuncian.
El maltrato a los adultos mayores no solo se circunscribe a violencia. Son comunes los casos en que son despojados de sus bienes inmuebles y pertenencias, o del dinero de la pensión o jubilación. También son objeto de amenazas o se les niega el acceso a la salud o medicamentos, indica Alcira Tobar, defensora de las personas mayores, de la PDH.
José Ortega* es una de esas víctimas. Tiene 86 años. El 31 de marzo de este año, un denunciante anónimo informó a la PDH que recibe maltrato físico y verbal de parte de su hija y que se le niegan alimentos y asistencia médica, por lo que padece de desnutrición. Denuncias como esta se trasladan al Ministerio Público, para que les dé el curso correspondiente.
La Organización de las Naciones Unidas estima que entre el 4 y el 6 por ciento de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato.
Este es un tema que hasta hace varias décadas no se abordaba; sin embargo, distintas demandas de este grupo y estudios a escala mundial terminaron por hacer visible una realidad de pobreza y exclusión, con lo que surgió la necesidad de organizarse para protegerlos.
Personas mayores
Tobar explica que el maltrato a este sector de la población comienza desde la forma de nombrarlos. “No se recomienda llamarlos de la tercera edad —asociada a inutilidad—; tampoco abuelitos o viejitos; son simplemente personas mayores. Ahora, de los 80 años en adelante, se les considera ancianos”, afirma Tobar.
Tobar opina que esta es una población vulnerable e invisibilizada, y que la mayor parte de abusos que sufren vienen de la misma familia, lo cual, por lo general, no denuncian, sea por temor o porque no quieren dañar a sus seres queridos. De esa cuenta, por lo general, son personas ajenas quienes se encargan de hacer la denuncia.
Pero hay otra clase de maltrato que no llega a la denuncia pública: la exclusión, un vejamen que se vive a diario en ciertos hogares. “Muchas veces les piden que se retiren a su cuarto o que ya no quieren escuchar la misma historia”, refiere Tobar, algo que también se extiende a nivel institucional y social.
El geriatra Josué Avendaño opina que el maltrato no es únicamente lo que se haga contra ellos, sino también lo que se deja de hacer por ellos. “No se circunscribe a un daño, sino al hecho de quedarse con los brazos cruzados, pues lo estamos privando de muchas cosas”, afirma.
A lo largo de su carrera, este profesional ha visto con frecuencia cuando un adulto mayor padece una enfermedad crónica. Esto genera incertidumbre en la familia sobre quién se hace cargo, y es cuando muchas veces se desintegra. “En vez de unirse, la carga se deja a la hija soltera. No se distribuye el trabajo entre todos”, comenta.
Otra forma de maltrato es el abandono en hogares, sin darles cariño. “He tenido pacientes que a lo largo de un año solo han hablado con la enfermera y no han tenido ningún contacto con el familiar”, refiere Avendaño.
A partir de los 60 años
En Guatemala existen tres leyes que amparan a los adultos mayores. La Constitución de la República, en el artículo 51, establece la protección a los menores y ancianos. “…les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social”.
La Ley de Protección a las personas de la Tercera Edad —decreto 80-96— establece, entre otros puntos, que se es adulto mayor a partir de los 60 años.
Y por último, el decreto 85-2005, que establece el aporte económico de Q400 mensuales para adultos en extrema pobreza sin cobertura social. En esta normativa se indica que se puede optar a ese beneficio a partir de los 65 años de edad.
Tobar aclara que quizá la normativa de este programa ha sido causa de confusión, al considerar a los adultos mayores a partir de los 65 años, pero la edad que establecen las demás leyes es de 60.
Ana Lucía Ochoa, ejecutiva de Manpower Group Guatemala, indica que en el plano laboral se dan casos de exclusión, ya que muchos empleadores consideran que los adultos mayores no son aptos para cumplir con eficiencia sus atribuciones, sin tomar en cuenta que la experiencia adquirida tiene más valor. Además, la posibilidad de que una persona de esta edad encuentre un nuevo trabajo es escasa, asegura.
Ochoa considera valiosa la inclusión de adultos mayores en el trabajo, por los valores que aportan. “Se pueden destacar la puntualidad, responsabilidad, tolerancia, lealtad y respeto hacia los demás”, afirma. Unido a lo anterior, resalta que cuando se tiene un equipo de trabajo cohesionado, los colaboradores de diferentes generaciones logran un intercambio positivo de ideas, opiniones y experiencias.
Pocos hogares
La mirada de Eliú Obed Rabanales se llena de tristeza cuando retrocede en el tiempo. Recuerda sus años de trabajo en el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), cuando hacía limpieza. Con sus 70 años a cuestas recorre las instalaciones del Centro de Atención Médica Integral al Pensionado (Camip), en la zona 13 capitalina, para vender bolígrafos a Q1.
Sus clientes son los pacientes que ocupan la sala de espera. Trabajó durante 22 años y recibe una pensión del Estado, pero esta no es suficiente para cubrir sus gastos y los de su esposa. Por las mañanas sale a trabajar. También lo hace para distraerse un poco.
Rabanales forma parte del 16 por ciento de los adultos mayores que cuentan con cobertura social, según datos proporcionados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Aún así, muchos de ellos viven en situación de pobreza y los menos favorecidos, de la caridad pública.
Las condiciones de albergue son limitadas. Según datos de la PDH, hay solo dos hogares estatales para adultos mayores: Fray Rodrigo de la Cruz, en Antigua Guatemala, y Niño de Praga, en el hospital de ortopedia Luis von Ahn, en la capital. Además, existen 108 hogares que funcionan gracias a donativos y la iniciativa privada, según la base de datos de la PDH.
De acuerdo con Avendaño, muchos de estos hogares no reúnen los requisitos básicos para funcionar. En primer lugar, no cuentan con infraestructura adecuada, y en segundo, carecen de un equipo multidisciplinario para brindar una atención integral.
Además existe otro gran grupo sin cobertura social. Es el caso de Miguel Ángel García, a quien se le puede encontrar en la Plaza Central. Usa marcapasos y sonda, y olvida su edad. También forma parte de este sector Petrona Herrera, de 70 años, quien pide limosna cerca del mismo lugar, para sobrevivir y ayudar a su esposo.
Luis Linares, vicepresidente de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que aunque la mayoría de la población guatemalteca es joven, se debe pensar en cuando esta envejezca. Una de las propuestas de Asíes es aumentar la cobertura de seguridad social en un plazo de 20 o 30 años para los trabajadores de la economía informal.
“Si no se incorporan al Seguro Social, dentro de un tiempo serán una carga para el Estado en términos de pensiones y cobertura en salud”, advierte.
Cambiar patrones
El maltrato a los adultos mayores puede pasar inadvertido, pero oculta un grave problema social, afirma un documento de las Naciones Unidas.
Tobar resalta que, como sociedad, debe existir una cultura de denuncia, pues de lo contrario será difícil cambiar este patrón de discriminación. “Como familia, se debe dignificarlos y respetarlos. Hay que recordar que son personas sujetas de derechos”, explica.
*Nombre ficticio
