Recordaron que en el 2012 la empresa responsable del complejo obtuvo autorización para talar árboles en 34 mil metros cuadrados para dejar lugar a 68 lotes, pero ahora hacen trabajos alrededor del monumento, pese a que en el lugar se encontraron vestigios coloniales.

Vecinos señalan que la unidad de supervisión del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala (CNPAG) prohibió a la comunidad utilizar el área para la instalación de un parque, con el argumento de que se tocaba un monumento protegido por la Ley.

Agregaron que ahora se llevan la sorpresa de que las dependencias que protegen el patrimonio otorgaron la licencia para el proyecto residencial y uso del atrio de la Ermita para el ingreso principal del complejo, por la plazoleta frontal.

Tráfico de influencias

Carlos Álvarez, alcalde auxiliar de la aldea, afirmó que junto a los líderes optaron por presentar una denuncia en la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio, del MP, pues creen que el poder económico ha incidido para que sus denuncias no hayan tenido el resultado esperado, ya que han encontrado obstáculos en las entidades.

“Nosotros no hemos logrado que nos presten atención y ellos —la constructora— ahora hasta atención de la Policía Nacional Civil (PNC) reciben, pero cuando nosotros pedimos la presencia policial, las autoridades aducen no tener agentes ni vehículos”, lamentóÁlvarez.

Los vecinos y líderes comunitarios afirmaron que la antigua iglesia de Santa Inés es patrimonio cultural y de la humanidad, ya que fue construida en 1685 y destruida en 1773 por los terremotos de Santa Marta.

José Víctor Ordóñez, de la sociedad civil organizada, expuso que los pobladores se encuentran casi sin poder actuar, debido a las fuerzas poderosas con quienes luchan, razón por la que apoyan a los afectados para defender el patrimonio.

“El CNPAG no ha hecho nada, se ha lavado las manos, demuestra su incapacidad y temor, y aseguró que la protección de este monumento no es asunto de ellos”, informó Ordóñez.

Añadió que el comportamiento del CNPAG es una falta al cumplimiento de labores porque la Ley estipula que el Consejo está para proteger el área urbana y las áreas circundantes.

Vecinos y sociedad civil indican que no están contra el avance urbano, pero debe darse mediante un proceso transparente, ya que los desarrolladores pudieron haber buscado otra solución para el acceso al proyecto y respetar la ruina, pues es inadmisible que ingresen a la propiedad utilizando el atrio del monumento.

Los afectados pidieron que el Gobierno intervenga en el caso, ya que no es posible que por intereses particulares se destruya un patrimonio.

Fuera del área urbana

Norman Muñoz, conservador de Antigua Guatemala, manifestó que el proyecto de urbanización se encuentra fuera del perímetro urbano colonial y por ello no pueden intervenir en el problema.

Explicó que fue el Instituto de Antropología e Historia (Idaeh) el que dio la autorización para el uso de esa área.

Édgar Francisco Ruiz, alcalde de Antigua, coincidió con Muñoz en que los desarrolladores del proyecto tienen autorización del Idaeh.

“La Municipalidad y el CNPAG se encuentran en un limbo, porque no fuimos los que dimos la autorización”, afirmó Ruiz.

Datos de la edificación

La Ermita de Santa Inés fue construida en  1685, por  vecinos de la aldea Santa Inés del Monte Pulciano,  a un kilómetro de Antigua Guatemala.

En la Recordación Florida, obra de Francisco de Fuentes y Guzmán,  se menciona a Santa Inés como un pueblo de etnia pipil con una población de 70 tributarios.

La obraarquitectónica estaba designada a  los dominicos y luego a la   Parroquia de Nuestra Señora de La Candelaria.

El monumento está  protegido por el decreto  60-69,  Ley Protectora de la Ciudad de  Antigua Guatemala.

El templo, destruido por el terremoto de Santa Marta, el 29 de julio de 1773,  tenía características barrocas, nave central, varios ambientes  y una cúpula.

Posturas

Javier Quiñónez Guzmán,  director técnico del Idaeh, manifestó que técnicamente es posible la construcción en la ermita,  aun si hay vestigios coloniales en el área.

El representante legal del complejo Casco del Cerro,  Jorge Castañeda Arimany, dijo que han cumplido a cabalidad con los permisos requeridos.

Agregó que el proyecto tiene   95 por ciento  de avance  y que han efectuado obras de compensación para la aldea, como el cambio de tubería de cemento a PVC y el drenaje hacia el río Pensativo, por lo que son las autoridades las que deben decidir qué pasos se deben  seguir.