Tampoco los materiales y la mano de obra cumplieron con lo previamente dispuesto, provocando que la población damnificada tuviera que buscar recursos adicionales para cubrir los gastos de reconstrucción de sus viviendas, sistemas de agua y algunas escuelas.

Nuevamente, el departamento fue golpeado por otro movimiento telúrico el 7 de julio del presente año, pero el Gobierno esperó 30 horas para decretar estado de calamidad, que aún no ha sido ratificado por el Congreso de la República.

También se preguntan en dónde están los diputados por San Marcos, por la catástrofe, porque nadie los ha visto.

Al respecto, el sacerdote Toribio Pineda, de la Diócesis de San Marcos, expresó que urge que sean atendidos los problemas de salud, educación y pobreza, así como el relacionado con vivienda digna.

Juan Pablo Morales, líder comunitario de la aldea Yalú, Sibinal, dijo que sus viviendas quedaron destruidas. Los damnificados agradecen a las autoridades de Unión Juarez, México, quienes por ser fronterizas, fueron las primeras en llegar con ayuda.