La organización, sin embargo, no divulgó más detalles sobre la impugnación.

El Congreso aprobó el 28 de noviembre de 2014 el monto de ingresos y gastos del Estado para 2015, por un total de 70 mil 600 millones de quetzales.

El presupuesto establecía, entre otras normas, un nuevo impuesto a la telefonía y otro para el cemento.

Las tres empresas telefónicas principales del país ya se manifestaron pública y legalmente en contra del impuesto, que fue suspendido provisionalmente por la CC.

Al menos otras cinco solicitudes de impugnación han sido recibidas por la Corte de Constitucionalidad, tanto de personas particulares como de organizaciones civiles o empresas privadas.

La empresa cementera más grande de Guatemala, Cementos Progreso, también elevó una solicitud de impugnación ante la CC el martes.

La CC, máxima instancia jurídica de la nación, suspendió provisionalmente el 9 de enero pasado diversos artículos del presupuesto, incluida la contratación con fondos públicos de organizaciones no gubernamentales.

Los artículos quedaron suspendidos hasta que la CC emita una sentencia definitiva, dentro de un tiempo límite de tres meses, según la ley guatemalteca.

*Con información de agencia EFE