Para este joven de 20 años lo crucial era que el largo viaje de 3.500 kilómetros desde San Pedro Sula, Honduras, hasta Tijuana, Baja California, estaba a punto de terminar.

Allí, a menos de 100 metros estaba la meta. “Yo pensé: ya es el último paso, ahora sí voy a llegar” cuenta por teléfono a BBC Mundo.

“Me equivoqué, nunca pude acercarme. Ni siquiera me dejaron pedir el asilo como me habían dicho que era mejor”.

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Alexander emprendió el regreso al sur, pero en el camino, en una de las paradas de su viaje de vuelta a Honduras, encontró un empleo.

Ahora lava automóviles en un negocio callejero de Guadalajara, Jalisco, en el occidente de México.

Entre semana gana 300 pesos diarios, unos US$15, pero sábado y domingo puede obtener hasta 500 (US$26) en una jornada de 10 horas.

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“Cuando salí de San Pedro yo esperaba ganar en dólares. Pero esto no es malo. Y no tengo que pagarle a la Mara”, dice.

Hace unas semanas Alexander tomó una decisión fundamental. “Me voy a quedar en México, a ver si todo sale bien”, confiesa.

“Ya inició el proceso”

Como Alexander, cada vez son más los centroamericanos que eligen quedarse en México en lugar de viajar a Estados Unidos.

No se sabe de forma oficial cuántos son, pues la mayoría ingresa al país de forma irregular, y para evitar una posible deportación mantienen un perfil bajo.

Pero algunos datos muestran evidencias de un crecimiento importante en los últimos años. Uno es la cantidad de solicitudes de asilo que recibe la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (Comar).

En 2014 el organismo recibió 2.000 peticiones de refugio. Cuatro años después, en 2018, la cifra fue de 23.000.

La mayoría de los solicitantes son migrantes centroamericanos que huyen de la violencia en sus países, según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

El número de quienes piden asilo en México aumentó en las recientes caravanas de migrantes, en noviembre pasado.

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Es una migración incipiente pero el proceso ya inició, le dice a BBC Mundo Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora.

“No tenemos un número estadísticamente significativo, pero no quiere decir que no esté pasando”, explica.

“Tendría mucho cuidado en decir que se genera un patrón porque todavía no lo vemos. No quiere decir que no lo vamos a ver, hacia eso vamos en el futuro”.

Los números

¿Por qué hay más migrantes centroamericanos que deciden permanecer en México?

“La primera razón es que no pueden cruzar a Estados Unidos”, explica Calderón Chelius.

“Y la otra es que no quieren estar en su país de origen. Son las dos razones de punta” en la decisión de los migrantes.

De hecho muchos que solicitan asilo, especialmente de Honduras y El Salvador, huyen de la violencia en sus países. Y se nota en el perfil de los migrantes.

Según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2010 la mayor parte de los centroamericanos que entraron el país eran adultos jóvenes.

A partir de 2014 hubo un cambio, recuerda el Colegio de la Frontera Norte. Ese año se registró el ingreso irregular a México de 62.000 menores de edad no acompañados.

Y entre los adultos también hubo variaciones: de los 390.000 migrantes centroamericanos que cruzaron la frontera sur mexicana ese año, el 37% eran mujeres. Es decir, más de 144.000.

Los datos se mantienen desde entonces. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dice que el año pasado ingresaron a México más de 300.000 migrantes de Centroamérica.

Según organizaciones civiles, este perfil de los migrantes tiene una razón: la violencia creciente en países como Honduras o El Salvador.

Así, para algunos como Angie, una madre soltera de Santa Cruz de Yojoa, Honduras, quedarse en México es una mejor opción que Estados Unidos.

“Voy con mi tía a Monterrey”, le dice a BBC antes de incorporarse a la caravana que partió a mediados de enero.

“Dice que hay muchas oportunidades allí. No tengo mucho contacto con el padre de mi hijo, no me ayuda para nada. En Monterrey voy a trabajar con mi tía”.

La encrucijada

Monterrey es la capital de Nuevo León, en el noreste de México. Es la tercera ciudad más grande de México y desde 2013 es la residencia de cientos de migrantes centroamericanos.

La mayoría llegó a la población por seguir la ruta más corta para viajar a Estados Unidos desde Centroamérica.

Es un camino que inicia en el sureste mexicano, sigue en los estados ribereños al Golfo de México y culmina en Tamaulipas, México, vecino de Texas, Estados Unidos.

Los migrantes que llegaron a esa frontera no pudieron cruzar a territorio estadounidense. Enfrentaron, además, el asedio de bandas locales de narcotráfico.

Muchos regresaron pero en el camino de vuelta encontraron empleo en Monterrey.

Y allí se quedaron, cuentan activistas como Eduardo Villarreal, director del albergue Casa Nicolás.

Como sucede en el resto del país no se sabe cuántos son, pero según el Centro de Estudios de Migración en México podrían ser unos 3.500.

Monterrey es un ejemplo de lo que sucede en otras ciudades de México, coinciden activistas.

La dura política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obliga a miles de centroamericanos a decidir entre persistir en el viaje o quedarse en el territorio mexicano.

Son todos personajes que han sido mencionados por los testigos de cargo en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” que se celebra en Nueva York.

La última revelación ocurrió este martes, cuando el narcotraficante Alex Cifuentes aseguró que el expresidente Peña Nieto recibió US$100 millones en 2012 de parte del líder del Cartel de Sinaloa.

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Esa y otras declaraciones llamaron la atención de la mayoría de los medios internacionales, y en algunos casos causaron escándalo por la presunta red de corrupción que quedó expuesta.

Pero no en México, donde el juicio a “El Chapo” genera menos atención que las noticias cotidianas.

Algunos de los señalados en el juicio rechazaron las acusaciones, pero no está claro si las autoridades siguen la pista a los testimonios.

¿Por qué?

“Hay varias razones”, le dice a BBC Mundo el especialista Ricardo Ravelo, autor de libros sobre cárteles de la droga como “En manos del narco”, el más reciente.

“Uno, no se han aportado pruebas; y dos, sigue pesando el pacto de impunidad entre una clase política que siempre ha estado protegida”, indica.

Acusados

Los señalamientos a personajes de los distintos gobiernos en México empezaron en la primera semana del juicio contra Guzmán Loera.

En la audiencia inicial, el pasado 14 de noviembre, el abogado del capo Jeffrey Lichtman dijo que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió “cientos de millones de dólares” del Cartel de Sinaloa.

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El entonces portavoz del mandatario, Eduardo Sánchez, respondió en Twitter que el gobierno de Peña Nieto “persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera”.

“Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias”, señaló.

El gobierno de @EPN persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias

— Eduardo Sánchez H. (@ESanchezHdz) November 13, 2018

Lichtman también dijo que el expresidente Felipe Calderón recibió sobornos del cartel. El exmandatario rechazó el señalamiento: “Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, escribió en Twitter.

“Ni él, ni el Cartel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona”, dijo.

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Otro de los señalados fue Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón.

El testigo Jesús Zambada García, “El Rey”, dijo que entregó al exfuncionario varios millones de dólares. El dinero, dijo el testigo, fue para que nombrara como jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI) a un personaje cercano al Cartel.

La agencia, ya desaparecida, era la corporación policíaca asignada a la Procuraduría General de la República (PGR), y responsable de investigar el narcotráfico en el país.

Los testigos también involucraron a militares del Estado Mayor Presidencial, que durante décadas fue responsable de la seguridad del presidente de México, su familia y los integrantes de su gabinete.

El pasado 1 de diciembre, la corporación desapareció por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mal momento

En Estados Unidos el juicio a “El Chapo” se considera histórico porque nunca se había procesado a un capo de las drogas de ese nivel.

De hecho, tras la muerte del fundador del grupo al Qaeda, Osama Bin Laden, en mayo de 2011, “El Chapo” se convirtió en el hombre más buscado del mundo.

El Cartel de Sinaloa, según la agencia antidrogas de ese país, la DEA, es una de las organizaciones de narcotráfico más importantes del mundo.

El grupo se consolidó a partir de 2001, cuando Guzmán Loera se fugó por primera vez de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, en el oeste de México.

Algo que, dice Ricardo Ravelo, difícilmente pudo lograr sin apoyo de autoridades.

“Sin el elemento de la corrupción institucional hubiera sido imposible tanta impunidad y protección a El Chapo Guzmán”, insiste.

Es uno de los elementos para explicar por qué las revelaciones en el juicio contra el capo virtualmente pasan desapercibidas en México.

Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que muchos en el país están familiarizados con lo que se dice en el proceso judicial.

“Guzmán Loera tiene tres años siendo mediático”, dice a BBC Mundo.

“Para la gente ya es normal lo que diga ‘El Chapo’, la familia Zambada o los testigos. La gente lo sabe por muchos rumores, entonces no es sorpresa lo que dice” el capo.

Hay un elemento adicional: el juicio empezó en los primeros días de noviembre, cuando en México existía una polémica por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional.

Y algunas de las revelaciones más recientes, como las que hizo Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, ocurrieron en momentos que México vive una crisis de abasto de gasolina.

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El testigo es el hijo mayor de Ismael Zambada García, “El Mayo”, a quien los defensores de Guzmán Loera presentan como el verdadero líder del Cartel de Sinaloa.

Así, “en este momento no tiene impacto político el juicio de ‘El Chapo’ por el cambio de gobierno”, explica el investigador de la UNAM.

“López Obrador concentra toda la atención de la opinión pública, los problemas con la gasolina o el debate sobre la Guardia Nacional. Eso consume la atención de los periodistas”.

¿Desinterés?

Un elemento más es que las revelaciones en el juicio no se acompañan de pruebas o algunas incluso se demostró que son falsas, coinciden los especialistas.

Un ejemplo es el testimonio del narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, quien acusó al exprocurador Ignacio Morales Lechuga de aceptar sobornos a cambio de protección policíaca.

Sin embargo, en la fecha en que el testigo dijo que entregó ese dinero Morales Lechuga ya no era fiscal.

Por eso en México muchos dudan de la veracidad de estas revelaciones, insiste Benítez Manaut. “Es la palabra de un criminal que acusa a quien quiere afectar”, dice.

Y también es una de las razones del aparente desinterés de las autoridades en el juicio de Guzmán Loera, añade Ricardo Ravelo.

“Falta el elemento probatorio, no deja de ser un tema de acusación sin mayor fuerza que lo dicho por un testigo”, apunta.

“Es desinterés con un sentido, más bien hay impunidad. Y cuando hay impunidad aparentemente hay desinterés por las cosas que no se pueden tocar en México, que no se tocaron durante mucho tiempo”.