Frente a nuevos retos, hasta pronto

De seguro podrán existir más fuentes de opinión y habrá mayor interés para acceder a estas oportunidades.

Alejandro Balsells Conde

28 de febrero de 2024

|

00:04h

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La vida presenta ciclos: gozarlos, vivirlos y cerrarlos es un reto ineludible. Sin duda, los inesperados, sorpresivos y dolorosos son siempre los más difíciles, pero también los hay que se asumen con optimismo y alegría para construir algo nuevo.

Desde el 30 de marzo de 2008 asumí con entusiasmo el papel de columnista en Prensa Libre y cada miércoles he tenido el reto de expresarme, en un país donde esto a veces causa problemas y un dejo de incertidumbre. Soy parte de la generación del silencio. Ejercer el derecho a la libre expresión, en un contexto donde permanecer callado es parte del éxito de muchos, ha sido un tanto complicado, pero al ser nieto, hijo, hermano y ahora padre de columnista o periodista quizás los genes animan a exponer criterios y tratar de orientar la opinión.

Por razones profesionales y nuevos retos dejo las páginas editoriales de Prensa Libre. Mis esfuerzos para aportar a la construcción democrática migrarán al campo institucional, con renovado aire. Quiero agradecer, en primer término, a quien me invitó a su casa, al cuerpo editorial de Prensa Libre, quien jamás restringió, achicó o censuró una sola palabra, sino al contrario, me ayudó en varias ocasiones a construir la idea.

Mi gratitud también a todos los lectores de este diario, permanentes y ocasionales, en especial a mi madre y Mafer, mi compañera de vida. Ellas indudablemente han sido las más fieles y estoy en deuda por sus palabras de aliento, críticas y atinados comentarios.

Tener una columna siempre será un reto, pero tenerla cuando existe crisis en los medios y cuando sabemos que el género como tal no es el más apreciado por las nuevas generaciones, es un desafío completo. Ahora que tenemos un nuevo régimen que sí respeta la libre expresión del pensamiento y se ha comprometido con eliminar las dinámicas represivas de Morales y Giammattei para silenciar voces críticas, de seguro podrán existir más fuentes de opinión y habrá mayor interés para acceder a estas oportunidades.

La espinita de escribir no se quita. De seguro, en otros lados seguiré aportando, sobre todo ahora, cuando la Constitución o las leyes de rango constitucional no tienen la supremacía de su naturaleza, sino se encuentran sujetas a las ocurrencias la Corte de Constitucionalidad; o bien, cuando se habla de la necesidad de elegir cortes independientes pero estamos prestos a repetir la farsa de las comisiones de postulación por enésima ocasión.

La participación en democracia es fundamental, el respeto a la institucionalidad republicana es clave. Vemos acá cerquita cómo la tiranía de las mayorías crece cual hiedra y cierra espacios de viento para oxigenar los derechos más elementales. Por eso los guatemaltecos debemos enfrentar las luchas pendientes del proceso de paz, como ejercer verdadera fiscalización a la justicia, puesto que dejarla sola en manos de abogados es de las peores decisiones. Gracias a todos los lectores: a quienes comentan e incluso a quienes muestran enemistad por estar en desacuerdo; eso es parte de la mochila de resentimiento censurador con el cual hemos crecido.

Mi gran maestra de Derecho Constitucional, Midori Papadópolo, nos señalaba en sus clases, justo cuando la Constitución estaba estrenándose, cómo las nuevas generaciones, nacidas bajo su texto, serían más libres y, en consecuencia, tendrían mayor responsabilidad de la efectiva vigencia de los derechos fundamentales. Esa libertad la percibo en mis tres hijos, ya que mi generación creció bajo el manto del silencio. Dejo este ciclo con la certeza de que nuevos comentarios vendrán para fortalecer algo que a veces nos parece lejano: el respeto al otro, ese ideal tan anhelado y necesario. ¡Hasta pronto y mil gracias!

25 años de Guatemala Memoria del Silencio

El informe señala cómo la exclusión estructural en la sociedad generó un marco propicio para el enfrentamiento.

Alejandro Balsells Conde

21 de febrero de 2024

|

00:03h

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El 23 de junio de 1994 en Oslo se firmó el “Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimiento a la Población Guatemalteca”, con el objetivo de establecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos vinculados al enfrentamiento armado, elaborar un informe y establecer recomendaciones de reparación.

El informe Guatemala Memoria del Silencio se presentó el 25 de febrero de 1999 en la Sala Efraín Recinos del Gran Teatro Nacional, este domingo cumplirá sus primeros 25 años de haberse hecho público.

Veinticinco años parecen mucho, pero para la historia de un país es muy poco. El informe rendido para su debate y análisis jamás pretendió convertirse en la palabra grabada en piedra, por el contrario, procuró constituirse como un instrumento para generar marcos de reforma sociales, institucionales y de varios tipos para construir una sociedad democrática, tolerante y en paz.

El informe, igual que cientos de análisis históricos, señalan cómo la exclusión estructural en la sociedad generó un marco propicio para el enfrentamiento, pero esto sumado al cierre de espacios de participación política democrática y la negación de la justicia como instrumento para solventar diferencias provocó reacciones de violencia.

Un Estado excluyente con cierre de espacios e instrumentalizando la justicia como extremidad represiva, constituyó el mejor caldo de cultivo para una izquierda revolucionaria en auge en buena parte del continente.

El informe se presentó y es de fácil acceso para quien tenga interés, las causas del enfrentamiento armado están señaladas para coincidir con ellas o para tener reservas, pero un punto clave es nuestra obligación conocerlas para no repetir los errores y horrores vividos.

Desde hace 6 años, en los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei el cierre de espacios de participación social, la negación al pluralismo político y la instrumentalización, bastante descarada y sobresalientemente mediocre, de la justicia como instrumento de represión al pensamiento opositor condujo a peligros innecesarios y fue marcado el deseo para imponer el miedo para conseguir silencio.

El informe Guatemala Memoria del Silencio se denomina así porque el miedo introdujo la censura y la autocensura como el mejor cómplice del horror, pero sobre todo el aparato judicial fue el gran instrumento de impunidad.

“El sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción el Poder Judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos de la historia de Guatemala”, dice el informe, pero lo grave es como en 2024 el sistema judicial registra claras muestras de abuso e instrumentalización para la caza de opositores y asegurar privilegios de impunidad llegándose al extremo de liderar el Ministerio Público el mayor intento por sabotear la alternancia republicana en el poder.

De 1960 a 1996 el país vivió un enfrentamiento armado violento, su saldo de dolor es enorme, pero la historia debe servir para conocerla y superarla, no para vivir restregándose en ella, tenemos la obligación de construir grandes tareas entre las que sobresale una Justicia para la Paz.

Sin temor a equivocaciones en este momento el sistema de justicia en su conjunto, registra sus peores índices desde la vigencia constitucional, pero lo peor es que también a su crisis se une la de la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados de allí la necesidad de comprender el pasado y rechazar estos intentos por lograr “una justicia” al servicio del crimen, el miedo y la impunidad y no de la paz.

Con la elección de Vinicio Cerezo y el gobierno de la Democracia Cristiana vino la primera ola de esperanza y con ella muchos se animaron a hablar, publicar y disentir de forma pública; sin embargo, existían aún estructuras retrógradas y el caso de Myrna Mack ilustra a la perfección cómo se ejerció la represión a quien resultaba molesto al poder real. Jorge Serrano, con el Serranazo, censuró sin ningún atisbo de vergüenza a Prensa Libre, La Hora y Revista Crónica, así como a cualquier medio, para luego salir corriendo a El Salvador y vivir su exilio dorado en Panamá.

Con la firma de la paz, en el gobierno de Álvaro Arzú y del Partido de Avanzada Nacional, vino el retorno de miles de desplazados y de intelectuales, políticos y defensores de derechos humanos, las ediciones vieron la luz por montón, originándose un amplio debate editorial, pero de forma paralela el poder tuvo el deseo de acallar a medios independientes como Revista Crónica y Guatemala Flash, silenciados tras una “estrategia financiera” y boicot orquestado desde el Gobierno para retirar anunciantes.

Luego, Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco pasó a la historia, entre tantas otras cosas, con el Jueves Negro y Viernes de Luto. Aquel jueves 24 de julio de 2003 se recordará no solo por las hordas recorriendo con toda impunidad calles y avenidas, sino por la muerte del Reportero X, Héctor Fernando Ramírez, quien laboraba para Noti7 y tras ayudar al colega Juan Carlos Torres, de elPeriódico, quien había sido golpeado por las turbas, sufrió un infarto y murió.

Con Berger, Colom y Pérez Molina se registraron vaivenes, pero siempre el fantasma de la censura oficial existió sobre algunos medios hasta llegar al período de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, donde se instaura una política pública orquestada desde quienes ejercen función pública, primero para, en redes sociales, desacreditar voces críticas y democráticas, para luego comenzar una persecución selectiva y de terror en contra de periodistas comprometidos con su misión de informar.

En estos últimos seis años, Guatemala registró el mayor número de periodistas fuera del país debido a la represión oficial, y no es ningún secreto cómo desde el propio gobierno, con la complicidad de un Ministerio Público y un Organismo Judicial sin ningún respeto a límites constitucionales y compromisos internacionales, censuran y cierran elPeriódico, encarcelando a su director, Jose Rubén Zamora, para también montar procesos penales contra columnistas y redactores, junto a una silenciosa actitud del Tribunal Constitucional. El sistema de justicia existe para evitar el abuso. Sin control de poder no hay libertad. En nuestro país, en estos últimos seis años, jueces, fiscales, magistrados y oficiales se han dedicado a la persecución selectiva de periodistas ante la indiferencia del procurador de los Derechos Humanos.

Vino al país una misión de relatoría a la Libertad de Emisión del Pensamiento. Deben tener claro quienes fueron invitados a Guatemala cómo en los últimos dos gobiernos la represión con tintes judiciales fue la política de Estado para lograr y mantener una dañina y peligrosa cooptación institucional judicial cuyos efectos se sufren aún.

Los tribunales constitucionales tienen como principal misión asegurar la libertad, y para ello refrendar el régimen democrático, asegurar las instituciones republicanas, autenticar el pluralismo político, innovar en el marco garantista de los derechos humanos y establecer límites a los poderes políticos se convierten en aspectos esenciales.

Nuestra Corte de Constitucionalidad, innegable decir lo contrario, se encuentra en una metamorfosis, el tiempo dirá si kafkiana, pero metamorfosis igual, porque de erigirse como Tribunal avalista al casi 100% de los actos del gobierno (pasado), en apenas 3 semanas se constituye en Cámara de Veto del recién llegado.

Las decisiones de la máxima Corte a partir de 25 de junio al 15 de enero, identifican a un tribunal cuyo objetivo fue abonar incertidumbres. Situaciones que debieron ser resueltas justo al nacer crecieron hasta llegar al día de “Toma de Posesión”, al cual por primera vez en la historia sus magistrados estuvieron ausentes.

Todas las magistraturas han tenido luces y sombras, pero con contadas excepciones como los famosos fallos en donde ser permitió la participación de Rios Montt contra clara prohibición expresa o aquella en la cual se dictó la anulación de la sentencia de genocidio contra el mismo personaje porque recibieron carpetazo del verdadero poder fáctico, el desarrollo de la doctrina se ha dado bajo la inercia de integrantes conservadores y progresistas, lo cual es normal en todas partes.

Existe y esto lo señalamos con amplio conocimiento de parte al haber comentado con varios colegas sobre el particular, una enorme preocupación con la actual magistratura, porque ella misma lleva un interés claro, concreto y cuasi absoluto para negar dos principios básicos del Derecho Constitucional: la supremacía y rigidez constitucional.

Una constitución si no es suprema, adopta la eficacia de ley ordinaria, al resolverse la duda de competencia planteada por el Tribunal Electoral con respecto al Organismo Judicial y las impugnaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, promovidas por personas de las más variopintas ideologías, la conclusión obligada es la negación del Tribunal Constitucional a la supremacía de la Carta Magna.

Al aceptar la Corte cómo una ley ordinaria puede aplicarse a un partido político obviándose el carácter constitucional de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cual es clara en prohibir dicha situación, se le da luz verde a la destrucción del principio de rigidez, ahora cualquier juez decidirá quienes participan o quienes no lo cual es constitucionalmente prohibido y se permite, de hecho, reformas constitucionales por norma inferior.

Si lo anterior fuera poco, haber tramitado en tiempo récord los amparos contra la conformación de la bancada Semilla, así como la obligación de elegir nueva directiva por el congreso llama más la atención porque el propio Registro de Ciudadanos informó como el partido está vigente, pero la Corte sostiene lo contrario con base en una resolución prevaricadora, pero si esto no fuera suficiente, no puede afectar a terceros aquello que no aparece inscrito en Registro Público, es decir, si la suspensión de la personalidad no está anotada no puede surtir efecto y menos por decisión del más Alto Tribunal. La Corte juega a Juez de Primera Instancia.

Espero de todo el corazón equivocarme, pero por lo visto en estas tres semanas una nueva Cámara de Veto con un marcado interés político partidista se erige, pero cuidándose de verse con algún salpique de barniz “jurídico” para no perder apariencias.

140 gramos, la increíble hazaña de vivir dos veces, es el libro que recoge los rasgos autobiográficos de Annelisa Castillo, mujer trasplantada de riñón y fundadora de la Fundación Amor, la cual brinda servicios a bajo costo a enfermos renales.

140 gramos pesa un riñón, de allí el nombre del esfuerzo hecho libro, y si bien en el mismo se relata mucho de un contexto familiar complejo y difícil, también se construye, página a página, un relato de denuncia. Denuncia de un sistema perverso en donde incluso proponer soluciones por medio de una fundación crea poderosos enemigos por parte de la industria farmacéutica, de algunos médicos cuyo juramento hipocrático es adorno de anaquel y de políticos perversos convencidos de la muerte como negocio para estrujar a los vivos y así hallar la forma de extorsionar con la excusa de la cura a una cruel enfermedad; esto nos obliga a reflexionar sobre el fondo del problema.

Nuestro país tiene altos índices de enfermedades renales, y la hemodiálisis, procedimiento médico por el cual se puede vivir mientras pueda practicarse un trasplante renal, tiene un costo muy alto porque se busca en el fondo conseguir utilidades exorbitantes.

Para variar, a lo largo del testimonio documentado por Annelisa Castillo también encontramos cómo la desidia judicial, el abuso de derecho y la deshumanización de la administración de justicia juega un papel importante y es causante de muertes por su actuación tan poco lógica y solidaria.

Si bien el esfuerzo editorial encierra no solo la denuncia, también encontramos un anuncio de esperanza. La Fundación Amor es producto de un trabajo tesonero pero fue posible porque la iniciativa contó con muy fuertes padrinos para aguantar los vaivenes financieros y sobre todo las deudas dolosas contraídas por distintos gobiernos para cubrir, al costo más bajo del mercado, los tratamientos de miles de pacientes renales.

Nuestra Constitución reconoce a la salud como un derecho humano y el Estado debería girar en función de consagrarla, puesto que sin ella la vida es quimera, pero al constatar cómo 700 pacientes diarios son atendidos por la Fundación encontraremos al pasar hoja por hoja cómo eso es resultado de una inusitada terquedad convertida en quijotada para agradecerle a Dios esa segunda oportunidad brindada para vivir.

Si bien en todo el mundo la vorágine de la industria farmacéutica se recoge por distintos medios, también es cierto que en países como Guatemala la situación es mucho más cruel, porque el racismo, el clasismo, la brecha educativa y social, pero sobre todo la corrupción generan muertos por enfermedades prevenibles y curables frente a nuestra indiferencia.

Es bella la existencia de fundaciones creadas para paliar los males sociales, y sobre todo aquellos concernientes a la salud, pero no es nada justo cómo ese papel produce una evasión de las más elementales obligaciones estatales como lo es establecer servicios de salud institucionales estables y asequibles para todos, situación mucho más crítica cuando la academia nacional enfrenta una crisis sin precedentes y existe precariedad en la enseñanza médica. Encontramos un libro de denuncia y anuncio, quedará en nosotros aprovechar el momento histórico y construir un país un poquito más humano. Veremos si podemos combatir la apatía.

El presidente debe actuar siempre con un ministro, el Congreso debate las leyes en tres sesiones distintas y en el Organismo Judicial existen distintas instancias, por citar tres ejemplos; sin embargo, mucho de lo sufrido por nosotros los guatemaltecos es porque los controles dentro de los mismos poderes del Estado no funcionan.

El lío del presidente Alejandro Giammattei con su vicepresidente Guillermo Castillo provocó una nulidad para el control intra orgánico concebido constitucionalmente; en el Congreso la constante administración de chantajes y extorsiones anuló cualquier posibilidad de establecer diferencias ideológicas y políticas y dentro del Organismo Judicial la presidenta eterna y el agradecimiento de los magistrados para excederse de su período provocó una inercia judicial setentera de complacencia.

En estos momentos, es inútil negar la crisis de la administración de justicia: falta de claridad en el gobierno judicial y sobre todo en la carrera judicial, opacidad en el sistema de contrataciones y uso de vehículos de forma discrecional solo son unas de las notas evidentes, pero también el desinterés para modernizar la administración de justicia. La justicia civil no es más que cobradora de deudas bancarias; la justicia laboral establece audiencias que deben presentarse solo por escrito en meses y no digamos las que requieren presencialidad; la justicia penal funciona en buena parte dependiendo de quién es el juez y la parte; lo contencioso administrativo es sorpresivo porque no sigue ninguna línea jurisprudencial clara (como el caso de la Universidad de San Carlos y la descalificación de Carlos Pineda).

Hemos visto cómo las nuevas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo manifiestan el deseo por establecer nuevas formas de gestión, pero ¿qué pasa en el Organismo Judicial?

Una justicia alejada de la ciudadanía provoca violencia y vale preguntarse qué forma de depuración interna existe en el propio Organismo Judicial, o bien, qué planes existen para modernizar y humanizar la justicia en un país donde la anomia es realidad.

¿Cómo puede protegerse la vida, propiedad, libertad, familia y trabajo cuando los tribunales conocen los asuntos con normas caducas? El Código Procesal Civil entró en vigor el 1º de julio de 1964; el Código de Trabajo el 20 de junio de 1961 (aunque su parte procesal tenga algunas reformas), el Código Procesal Penal el uno de julio de 1994 (ahora con montón de chapuces), las tres principales leyes procesales no se actualizan y si a esto le agregamos que el Código de Notariado cobró vigencia el 1º de enero de 1947 (a la fecha con pocas reformas) ¿Cómo pretendemos crear una justicia para la paz?

Ninguna de las principales leyes procesales es posterior a la firma de paz y solo el Código Procesal Penal fue puesto en vigencia con la actual constitución. La reforma judicial debe iniciar dentro del sistema judicial, pero fue la penúltima Corte Suprema la interesada para modificar la justicia civil y el notariado, sin mayor eco en el Congreso.

El Colegio de Abogados es un cero a la izquierda en el debate sobre justicia, pero ojalá las nuevas autoridades judiciales entiendan su papel histórico en una coyuntura de cambio y esperanza, no es justo tener un sistema judicial “pasa papeles” negando resolver los conflictos de manera civilizada, y si tiene alguna duda solo piense qué pasa cuando existe una accidente de tránsito y los vehículos no tienen seguro.

Nuestra historia constitucional es convulsa, la constitución Federal de Centro América tuvo una vida efímera, luego la constitución liberal de 1879 fue víctima del seudoconstitucionalismo y sirvió para soportar dictadores; la constitución revolucionaria del 44 fue desechada luego de la invasión liberacionista y la constitución liberacionista fue traicionada por sus propios autores para luego legarnos de 1965 a 1982 la constitución calificada por Jorge Mario García Laguardia “como la del peor tipo posible”.

La constitución promulgada el 31 de mayo de 1985 ha garantizado la transición electoral del poder desde Vinicio Cerezo a Bernardo Arévalo, y esto no es poca cosa en un país donde los procesos violentos fueron la orden del día, pero debemos entender cómo aquella constitución cuya vigencia recién celebramos ya no es la misma, porque el país no es el mismo.

El proceso democrático genera dinámicas sobre las cuales las nuevas generaciones son más libres, las mujeres, los pueblos indígenas y varios sectores sociales son visibilizados luego de haber sido excluidos y así han surgido nuevos sectores de poder.

Como los cuartelazos del siglo 20 no son viables, los golpistas modernos se visten con toga, utilizan el estrado judicial, actúan prevaricadoramente y administran chantajes tal como desde el propio Congreso de la República se denuncia.

“Los problemas constitucionales no son primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen; y las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social”, nos dejó escrito Ferdinand Lassalle, gran teórico clásico del Derecho Constitucional.

La participación efectiva de la juventud y la ciudadanía en junio y agosto de 2023, así como la defensa de la democracia por muchos sectores bajo el liderazgo de los pueblos indígenas, evidencian vientos de cambio para entender la complementariedad constitucional necesaria.

El Congreso de la República tiene tres grandes deudas constitucionales porque lleva 38 años de omitir ocuparse de legislar sobre tres aspectos de forma expresa ordenados por el Texto Fundamental: el efectivo respeto a la propiedad comunal de la tierra por los pueblos indígenas (artículo 70); ley para garantizar el aprovechamiento del agua (artículo 127) y ley para, de forma efectiva, prohibir monopolios y asociaciones para restringir la libertad de mercado (artículo 130).

Un país no cambia porque una ley se aprueba, un país cambia cuando sus habitantes se empoderan, los derechos dejan de ser privilegios y se garantiza el ejercicio del poder público por medio de acciones puntuales para construir una mejor calidad de vida para todos, y sin duda nuestro marco constitucional lo diseña.

Nuestros dos últimos dos gobiernos se caracterizaron por instituir prácticas abusivas del poder, lo cual se garantizó con una evidente y grotesca cooptación institucional, llegándose al extremo del presidente Giammattei, quien se convierte en el primer mandatario en no llegar al acto protocolario del cambio de mando y entregar los símbolos de su investidura al Congreso porque sus aliados, obedientes y no deliberantes, alargaron los tiempos hasta el 15 de enero y así conseguir de nuevo un barniz “jurídico”, aunque todos lo sabemos, huyendo de una segura rechifla, pero aún así cumplimos 38 años de vigencia constitucional con el compromiso de hacer vivo el pacto social.

Resulta necesario traer este texto a la memoria, porque el próximo domingo termina el período constitucional de un gobierno caracterizado por amenazar y violar libertades, consiguiéndose el exilio, la cárcel motivada por un sistema judicial servil, la persecución caprichosa, pero sobre todo un absoluto desprecio a los medios existentes para hacer viva la Constitución.

En Derecho Constitucional existe un principio: mientras más fuerte y sólido sea el control del poder, más amplia y asegurada será la libertad de los habitantes. Si vemos por ejemplo en los países desarrollados, la institucionalidad cuida como un objetivo fundamental el ejercicio de la función pública y por eso sus habitantes gozan de libertad. En nuestro país, por el contrario, el objetivo perseguido por quienes hicieron los dos últimos gobiernos fue conseguir “barnices judiciales” para actos contrarios al derecho.

Si el control del poder es fundamental para la libertad, una administración de justicia independiente es clave para todos dormir tranquilos, y por eso, la fiscalización a la labor judicial es clave, porque una violación al derecho de cualquier persona, se convierte en una amenaza general y además es muy distinto libertad a libertinaje.

Como las mayorías democráticas pueden cometer abusos, la rigidez constitucional asegura el marco de seguridad para nuestras libertades y acá se complementa con 4 leyes constitucionales, dos de ellas, la Ley de Emisión del Pensamiento (muy mala por cierto, pero igual vigente) y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La primera es una garantía a la emisión de nuestro pensamiento y la segunda a la efectividad del sufragio, las dos fueron y son violadas por un sistema judicial servil y prevaricador llegándose a extremos inconcebibles.

El Código Penal gira en función del llamado principio de legalidad y su primer artículo señala “nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración; ni se impondrán otras penas que no sean previamente establecidas en la ley”, sin embargo, los casos paradigmáticos de Virginia Laparra y Claudia González muestran como esta garantía de libertad es violada, para encarcelar a quien resulte molesto, ambos casos muestran horrores judiciales.

Lo vivido en estos dos últimos gobiernos muestra cómo el sistema judicial se adaptó a satisfacer las pasiones de venganza de quienes tuvieron poder.

La construcción efectiva de un marco de Derecho no es tarea exclusiva de un gobierno o de un sector, sino es compromiso ineludible de todo aquel llamado ciudadano, por eso el próximo gobierno debe tener como objetivo recuperar las libertades perdidas.

Hablar de libertad es fácil, garantizarla es lo difícil y hay oprobio cuando el gobierno persigue periodistas, ex operadores de justicia y personas molestas, a eso jamás debemos regresar, en nuestra historia ya tuvimos demasiado.

Recuperar las garantías de libertad es una tarea con interés para todos, porque no existe libertad sin responsabilidad, pero esta última debe ser en su caso determinada por un sistema cuya naturaleza genere y asegure la paz social. La Democracia y la República es un esfuerzo colectivo, no solo palabras bonitas.

En Uruguay, blancos y colorados se organizaron para evitar a Mujica y su partido; en México sucedió algo increíble, el PRI y el PAN, organizaciones enfrentadas por más de medio siglo, ahora van de la mano con el agregado del PRD para tener algún chance contra Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador (Amlo). El caso mexicano llama aún más la atención porque Amlo denunció desde hace años cómo ambos partidos funcionaban al unísono mostrándose como falsos opositores, y en Honduras algo similar sucedió cuando el bipartidismo centenario se rompe con la elección de la actual presidenta.

Nosotros los guatemaltecos constatamos cómo la oposición de Líder al Partido Patriota era escena teatral, pero las elecciones 2023 sí rompieron todo esquema, la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), catalogada por ella misma como social demócrata, señaló siempre ser la opositora de los partidos de derecha y así se presentó contra Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Ya dentro de la inercia de los gobiernos, la mayoría de sus decisiones fueron en apoyo al partido oficial, pero sí cuidaba mucho la apariencia de parecer distinta.

En las elecciones pasadas, la incógnita de muchos fue si la UNE disputaría la segunda ronda electoral con Mulet, Ríos, Conde o algún nuevo paladín del statu quo; sin embargo, al lograr Bernardo Arévalo y Karin Herrera el balotaje pudimos corroborar cómo todos aquellos aparentes rivales políticos se unificaron, llegando al extremo de cómo organizaciones neofascistas y apologistas de la represión de los gobiernos militares brindaban su apoyo a Sandra Torres.

La UNE renunció a la Internacional Socialista, a pesar de haber fungido la candidata en un alto cargo directivo, y además se contradijo en varias de sus tradicionales ofertas electorales con el único objetivo de cautivar a quienes estaban huérfanos de opciones. El resultado está a la vista, pero la historia también está escrita.

Dicho lo anterior, resulta útil para todos repasar cómo una verdadera y sana oposición política es útil para cualquier gobierno. Nadie tiene la verdad comprada, nadie es dueño de la verdad absoluta, de allí es como el éxito democrático radica en el legítimo debate de ideas y en cómo las distintas opciones políticas logran llegar a acuerdos de gobernabilidad. Por desgracia para muchos guatemaltecos, la política es la forma de crear nuevos millonarios, y sin duda lo vivido nos lo comprueba, pero debemos recuperar los ideales y los postulados si pretendemos forjar un país distinto y con opciones. Guatemala es la novena economía de América Latina, pero tenemos brechas sociales enormes, al grado de que en varios municipios del país la migración es la única opción para salir del atasco económico, lo cual no es nada justo.

La Guatemala del 2024 debe nacer del pluralismo, del respeto a la idea ajena, pero, sobre todo, con base en el rechazo a aquellos procuradores del autoritarismo, el golpe a la institucionalidad, el fanatismo religioso y la violencia. Vimos cómo las diferencias de los partidos oficiales se redujeron a cero cuando fue necesario apoyar a su rival tradicional como era la UNE, el tiempo mostrará si hay acuerdos de coyuntura o son estructuralmente lo mismo. Cuando triunfó Jimmy Morales se le deseó lo mejor para su gobierno; el resultado está a la vista. Cuando triunfó Alejandro Giammattei se le deseó lo mejor para su gobierno; veremos cómo será recordado.

Escribir una nueva forma de hacer política también en buena medida, depende de una ciudadanía comprometida, y esto lo debemos promover por todos los medios, exigiendo una sana oposición.

Al estudiar Derecho Electoral, existen dos cuestiones fundamentales para entender un poco la dinámica de este convulso 2023, la primera, que todo lo electoral descansa en la desconfianza, por eso esta desconfianza debe administrarse: el voto es secreto, existe una descentralización de Juntas Electorales, lo ideal es que los miembros de mesa no se conozcan, existen fiscales de los partidos políticos, el escrutinio es público y el Tribunal Electoral debe demostrar capacidad técnica pero sobre todo, imparcialidad; y el segundo punto es más complejo, porque en el proceso electoral, desde el inicio hasta su finalización, se pone a prueba toda la institucionalidad del Estado y además buena parte descansa sobre los hombros de quienes son las autoridades electorales centrales para lograr lo más difícil: confianza en el sistema.

Los guatemaltecos debemos siempre recordar cómo Arturo Herbruger Asturias, Manuel Ruano Mejía, Fernando Bonilla, Luis Felipe Sáenz Juárez, Mario Roberto Guerra Roldán, Hugo Maul Figueroa, Gabriel Medrano Valenzuela, Félix Castillo Milla, César Augusto Conde Rada, Angel Alfredo Figueroa, Gil González, Mario Montano Paz, John Schawnk Durán, Luis Arturo Archila, entre tantos otros nombres, pudieron darle al Tribunal Supremo Electoral márgenes de confianza frente a procesos políticos convulsos, difíciles y algunos de ellos hasta dentro del enfrentamiento armado.

El proceso electoral 2023 debe estudiarse con cuidado. Es innegable cómo por parte del Tribunal Electoral privó la descalificación caprichosa para la participación de Jordán Rodas, Roberto Arzú y cómo una Sala de lo Contencioso Administrativo sacó de la contienda a Carlos Pineda (lo cual es jurídicamente inexplicable) a pesar de estar inscrito, pero lo más preocupante fue cómo la Justicia Constitucional confirmó la eliminación de estos personajes, aunque acá solo me refiero a candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, porque para diputaciones el asunto es más variopinto.

El derecho a elegir y ser electo no puede quedar sujeto a interpretaciones antojadizas y en algunos casos hasta fundamentadas en reglamentos, por eso las decisiones de hace 4 años de eliminar de la carrera electoral a Edwin Escobar, Thelma Aldana, Zury Ríos y Mauricio Radford pesaron en el 2023, porque de nuevo la justicia constitucional debió haber tutelado un principio fundamental de la democracia y no dio la talla.

El proceso de inscripciones de candidatura tuvo tacha, la elección se realizó, y resultado es incuestionable y reconocido, tanto dentro como fuera de las fronteras, pero de nuevo el Organismo Judicial por medio de la procuración arbitraria, antitécnica y sobre todo absolutamente rupestre del Ministerio Público pretendieron invadir esferas electorales, motivados como todos lo sabemos, porque el candidato oficial Manuel Conde no logró lo pretendido.

Sostener desde la óptica constitucional cómo un juez de lo penal puede suspender la personalidad jurídica de un partido políticos es imposible, sin embargo, esto ocurre con Movimiento Semilla y de forma inexplicable la Corte de Constitucionalidad no suspende sus efectos, veremos si se logra la efectiva tutela para el 2024.

Nuestro país siempre fue reconocido por contar con una “democracia electoral”, el gobierno de Alejandro Giammattei y su voraz cooptación le propinó un duro golpe a la institucionalidad republicana pero el movimiento encabezado por los Pueblos Indígenas y secundado en todo el país nos demuestra cómo la Constitución y los principios democráticos se defienden desde cualquier tribuna, antes contra los militares y ahora contra abogados alquilados para sicariato judicial, lo cual es la mayor esperanza para un pueblo cuyo principal anhelo es paz.

El tiempo del consumismo llamaba mi papá a esta época, y por eso, en lo personal, me resulta harto difícil escribir la columna previa al 24, porque sin duda hemos perdido nuestro norte y solo basta salir medio a la calle para comprobarlo.

Poco a poco hemos descalabrado los mensajes y hemos priorizado lo construido con ladrillos. Desde hace siglos se edificaron bellísimas catedrales para exaltar al Altísimo, y buena parte de esos grandes edificios fueron financiados por venta de indulgencias y favores. Eso obligó al proceso de Reforma y Contrarreforma de la Iglesia Católica, del cual surge el protestantismo actual; pero luego también, y sobre todo ante la ausencia de autoridad central, cayó y cae en las tentaciones plutocráticas de forma dramática en total contradicción a su semilla inicial. Ejemplos abundan y se comparten con muchísimas religiones.

En la Universidad Rafael Landívar existe una asignatura llamada “Jesús de Nazareth”, y cuando esta surgió existió la preocupación por parte de docentes y estudiantes de convertir a la Universidad en escuela de religión; sin embargo, pronto se nos explicó cómo dicha materia se impartiría desde la óptica de un Jesús histórico, y recuerdo muy bien aquel desayuno Socrático en la Facultad de Derecho, en el cual se debatió cómo el cristianismo forjó el verdadero sentido de igualdad ante la norma, porque dejó de existir el “Pueblo Elegido” para forjarse una Nueva Alianza para todos y de forma independiente, tanto para el creyente o el ateo, esa concepción positiva y fidedigna debía ser objeto de debate y conocimiento. Ignoro si todos los maestros de esta asignatura cumplieron con el encargo, pero lo cierto es que a otros nos caló el significado, porque a partir de la igualdad ante la ley surge la necesidad de forjar la igualdad de oportunidades, sabiéndonos todos desiguales por naturaleza.

El ser humano se maravilla de grandes construcciones en honor a Dios, pero destruimos mares, bosques, selvas y pantanos. Pero lo sucedido en El Salvador me ha dado vueltas a la cabeza, porque se inaugura una de las bibliotecas más modernas, bellas, grandes y bien surtidas de América Latina, justo en el corazón de San Salvador; sin embargo, de seguro la mayoría de sus libros enseñan cómo la historia muestra que la paz se construye con base en el respeto al marco constitucional, aunque su presidente, con grandísimo apoyo popular, rompió las reglas del juego y se postuló como candidato, encarnando al caudillo del siglo 21.

La historia de Bukele la vivió Guatemala con Estrada Cabrera, quien estuvo en la Presidencia 22 años, y con Ubico, quien ajustó un poco menos de 14. Ambos fueron amados, venerados y temidos, y también nosotros en estas últimas semanas vimos cómo quienes gobiernan querían quedarse más tiempo en el poder, y de nuevo los grandes edificios del Centro Cívico y del Centro Histórico, diseñados para ejercer un poder con control de las leyes, casi se convierten en solo cuartos vacíos, sin sustento, sin esencia y, lo peor de todo, como reductos del abuso y la violencia.

Dios no es cristiano, nos dijo Desmond Tutu. Debemos abrazar los valores universales, construir puentes de paz, diálogo y concordia. En muchos hogares, en esta Navidad existirá una silla vacía por la violencia o la desidia estatal. Urge más empatía. Celebremos la felicidad de tantos niños, dejemos de optar solo por los agigolones de compras y la visita de ladrillos. ¡Feliz Navidad!

Si todavía existían quienes daban algún grado de confianza al Ministerio Público, luego del viernes pasado, quedarán solo quienes pretendan morir engañados.

El contexto, las explicaciones causales de los supuestos delitos, la argumentación en torno a las nulidades del cómputo de votos, las tachas de índole electoral, el ultraje al Derecho Internacional, las quiméricas conclusiones, pero sobre todo la gala del abuso de poder y la amenaza de acciones represivas e inconstitucionales debe obligarnos a plantearnos el daño a la Administración de Justicia en su conjunto.

La actitud de los funcionarios fiscales solo puede ser comparable con las actuaciones de las Auditorías de Guerra de Ydígoras o Peralta Azurdia, o las monstruosidades llevadas a cabo por la Procuraduría General de la Nación de Arana a Lucas, o quizás a los Tribunales de Fuero Especial de la dictadura riosmontista, en donde “la ley” se utilizaba para burlar los propios Derechos Humanos o básicos conceptos democráticos.

¿Si el sistema de gobierno guatemalteco es democrático, republicano y representativo, cómo puede un fiscal calificar de nula una elección porque un formato de un formulario no reúne, según él, un supuesto requisito reglamentario? Pararse frente a 17 millones de guatemaltecos para insultar el trabajo de más de 25 mil Juntas Receptoras de Votos, sus fiscales y observadores, es decir, de más de 250 mil personas es vergonzoso.

La legitimidad del poder desde Cerezo a Giammattei han sido los votos, los distintos gobiernos con sus aciertos y yerros, han pasado por el poder y ha sido el electorado quien premió o censuró lo hecho y lo traicionado, ahora impresiona como este gobierno y su corte de rastreros se niega a reconocer los resultados electorales para dibujar un retroceso histórico inmenso.

Negarnos a todos, pero sobre todo a los más jóvenes la vida democrática y pretender condenarnos a una reencarnación setentera no solo constituye delito sino un pecado monstruoso en un país donde se niegan oportunidades, educación, trabajo, desarrollo y futuro.

Las cortes tienen una deuda inmensa. El Ministerio Publico tiene una crisis espantosa. Los Colegios Profesionales son mudos cómplices del desastre junto a la mayoría de universidades, pero han sido distintos sectores sociales quienes han sacado el pecho en defensa de los principios constitucionales y legales para garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder y hacer viva una precaria institucionalidad republicana.

Para ejercer función pública es imprescindible jurar fidelidad a la Constitución, así hemos ido viendo como uno a uno, los funcionarios usan su poder para fines repugnantes y cobardes, mientras más ciudadanos comunes y corrientes, pero sobre todo con el ejemplo de los pueblos indígenas, nos enseñan cómo se lleva a cabo la Defensa Constitucional ante la violación al juramento de algunos.

El proceso democrático sí ha producido frutos y si bien a veces parecen inestables, han sido sólidos para evitar el ultraje a la constitución, pero sobre todo han sido válidos para enseñar como la anomia de los fiscales y algunos jueces es una realidad a combatir para no seguir siendo testigos de actos oficiales en los cuales se desprecia el derecho.

Adoptar una narrativa de incertidumbre para generar dudas sobre quiénes deben asumir los cargos el 14 y 15 de enero próximos es una “táctica” de los mismos que por décadas niegan la verdadera república democrática.

Por siglos, los Estados fueron también procuradores de distintas religiones, los católicos romanos, los católicos ortodoxos, los protestantes, los musulmanes, entre tantos, muestran cómo la proclamación oficial de la fe significa determinados privilegios y protecciones, pero también rechazo o resistencia a creencias diferentes.

Un Estado debe garantizar las libertades y una de ellas es la libertad religiosa, por ello los Estados optan por ser laicos; es decir, por no patrocinar ninguna religión oficial y permitir el libre juego de las distintas creencias en sus sociedades, así se logran marcos de tolerancia, coexistencia y comunidad.

Las sectas, por su parte, son divisiones o grupos surgidos de las religiones o también de forma extensiva de doctrinas políticas, en las cuales un grupo específico ya no comulga con la dirección general y realizan nuevas propuestas, pero en este proceso, casi por lo general, generan sentimientos de odio, rechazo y hasta de venganza frente a quienes, en un momento determinado, eran sus compañeros de credo.

Optar por una religión, o bien dejar de hacerlo, constituye un acto de libertad. El libre albedrío juega un papel fundamental porque, de lo contrario, los aparentes fieles estuvieran obligados o coaccionados para ser parte de algún grupo, destruyéndose en esencia el germen esencial, como lo es la libertad.

Ejemplos de sectas hay muchos; por ejemplo, si vemos temas religiosos, el 18 de noviembre de 1978, en la Guayana Esequiba (actual Guyana, pero sujeta a reclamación venezolana) perdieron la vida 923 personas, y fue el dirigente principal, llamado Jim Jones, quien ordenó “el suicidio”, pero luego se tradujo en asesinato. En Texas, el 19 de abril de 1993, 76 miembros de una secta perdieron la vida. En temas políticos también encontramos sectas, las “purgas revolucionarias” de la guerrilla atestiguan varios asesinatos, y también se conoce cómo desde la derecha los propios escuadrones de la muerte hicieron lo mismo con “quien consideraban traidor”.

Las sectas se caracterizan por su irracionalidad, pero son más peligrosas cuando sus miembros están seguros de actuar por mandato Divino, pues no existe recurso humano alguno ante la decisión de Dios y así estas personas pierden cualquier noción de límite, ya que Dios es Absoluto y la Constitución, pues, es una simple obra humana.

En los últimos tiempos vemos en el mundo, y Guatemala no es ninguna excepción, la proliferación de expresiones abusivas del poder “amparadas” en mandatos divinos, y sin duda puede ser un recurso populista, pero también luego comprendemos cómo estas personas han perdido la noción de su mandato y por eso nuestro régimen constitucional sí debe revisar, con muchísimo cuidado, la diferencia entre profesar una religión de forma libre y la manipulación de fieles por dirigentes que, como hemos podido ver, son auténticos delincuentes o funcionarios abusivos.

Tenemos la obligación de asegurar la garantía de libertad para todos y esta es inexistente cuando algún fanático ejerce poder público y en sus decisiones pesa “su plática con Dios”, porque es notoria la ausencia de discernimiento, y recordemos cómo en nombre de Dios se producen y protegen horrores, cobardías y atropellos indescriptibles.

El respeto a la libertad requiere de garantías, y la principal es contar con actos de poder decididos desde el marco constitucional y no de tertulias particulares con poderes Divinos.

Nuestra Constitución fue promulgada el 31 de mayo de 1985 y cobró vigencia el 14 de enero de 1986 y a la fecha, hay varias leyes ordenadas sin ser aprobadas y por eso el diseño constitucional no está cumplido, esto evidencia la indiferencia para ocuparse de aspectos sustantivos.

Veamos ejemplos: la protección a los pueblos indígenas, pero sobre todo la seguridad para la propiedad comunal de la tierra y su asistencia crediticia debería estar resguardada por una ley especial. A la fecha no se ha hecho (artículo 70 constitucional). El aprovechamiento del uso y goce del agua, debería ser regulado por una ley específica y a la fecha no se ha hecho (artículo 127 constitucional). La constitución prohíbe monopolios y privilegios, además el Estado debe limitar el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de la misma actividad comercial o agropecuaria, para así proteger la economía de mercado e impedir la asociación empresarial en perjuicio a los consumidores, esto no se ha hecho (artículo 130 constitucional).

Si bien, con respecto a las invasiones de tierras, existen dinámicas delincuencias por un lado, también existen verdaderos conflictos sociales por el otro, en donde la ausencia de catastro, registro seguro y eficiente para brindar protección estatal da lugar a disyuntivas muy difíciles de resolver por el sistema judicial. Un país sin catastro, no genera certeza y protección a la propiedad privada o comunal de la tierra, el Registro de Información Catastral (RIC) no cumple sus funciones y tanto las municipalidades como la Dirección de Catastro del Ministerio de Finanzas andan por órbitas distintas, sin mencionar cómo los Registros Públicos, sin unidad central, provocan más amenazas que certezas.

El régimen de aguas es diametralmente distinto en Ciudad de Guatemala que en las Pinulas, Fraijanes, Chinautla, Palencia o Villa Nueva, y esto solo para mencionar algunos municipios del Departamento de Guatemala. El desorden municipal nos brinda falta de abastecimiento así como ríos y lagos contaminados, siendo el Motagua y Amatitlán grandes exponentes.

Tenemos monopolios auspiciados por el Estado pero también se incentiva la asociación empresarial en perjuicio de los consumidores, en el Ministerio de Economía encontraremos varios ejemplos, por ello la inexistencia de una ley contra esta situación solo explica al constatar cómo el régimen imperante tiene grandes y poderosos defensores, quienes por medio de discursos “liberales” aseguran la inexistencia de marcos competenciales apropiados y un mercantilismo evidente.

La ley es una decisión política, y la decisión política más importante de un Estado se llama constitución, por consiguiente, en 37 años de vigencia constitucional las preguntas obligadas son: ¿a quién le conviene la inexistencia de un catastro técnico y eficiente?; ¿a quién le conviene seguir contaminando ríos y lagos, pero además aprovecharse del agua en perjuicio de todos? ¿por qué no hay una ley antimonopolio cuando el libre mercado es la esencia el capitalismo?

Nuestro marco constitucional, como mínimo, debe cumplirse y estos tres ejes deberían ser fundamentales para el nuevo gobierno, porque los gobiernos “liberales” no se han ocupado de estructurar verdaderos marcos de paz y desarrollo. No debemos ser genios para saber cómo sin seguridad en la propiedad privada, sin agua y sin libertad de mercado, no existirá buen futuro.

Violar las leyes con permiso de la autoridad no es nuevo, y menos en el país, pero ahora, en el siglo XXI, como podemos ver, quienes expiden las nuevas “patentes de corso” son las autoridades judiciales, las cuales, sin importar la propia documentación del expediente a su cargo, así como las protecciones constitucionales sobre la emisión del pensamiento o el régimen electoral, resuelven violaciones legales a granel sin ninguna consecuencia administrativa, civil o penal, facultando la piratería de algunos en desmedro de todos.

Que un juez, de un plumazo, con base en absurdas alegaciones del Ministerio Público, pueda “suspender la personalidad jurídica” de un partido político es grotesco, y lo peor es cómo este abuso es el primero de muchos otros que vendrán si los guatemaltecos no reaccionamos en protección de nuestros derechos. Acá cerca, el gobierno nicaragüense cerró empresas, cooperativas, asociaciones de trabajadores, estudiantes y empresarios, llegando al extremo de clausurar la primera universidad privada centroamericana confiada a la Compañía de Jesús y el mejor centro de estudios empresariales de la región. Lo sucedido con la Universidad Centroamericana (UCA) y con el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) fue producto de normas como las que acá pretenden aplicar, y el Estado nicaragüense, sin necesidad de molestas expropiaciones, se robó inmuebles, vehículos, enseres y un sinfín de bienes. Esto es grave y se ensaya en nuestro país.

Hemos visto cómo el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio contra el presidente y vicepresidenta y diputados electos, con base en tuits. Esto con el único objeto de entorpecer el traspaso del poder, pero ¿qué hay más de fondo? Si nuestro gobierno y ciertos poderes reales de poder están inmersos en una dinámica golpista y no tienen temor o vergüenza a las tremendas estupideces como amparan sus decisiones, tal como la prensa y las redes sociales evidencian, busquemos el incentivo y, de seguro, este no es más que garantizar una administración opaca, alejada de los intereses populares y, sobre todo, asegurar prácticas mercantilistas, anticapitalistas e inconstitucionales. Los corsarios actúan ahora con la protección de jueces, y esto debemos denunciarlo, porque dentro de nuestro sistema judicial no existió por parte de la Corte Suprema recién salida una sola propuesta efectiva para garantizar independencia judicial con responsabilidad, tal como la Constitución ordena y dispone. Por su parte, el Ministerio Público enterró la carrera fiscal.

Los corsarios saqueaban y capturaban, ahora presenciamos cómo Marcela Blanco, Rodolfo Chang, Alfredo Enrique Beber, Eduardo (Guayo) Velásquez y Javier Alfonso de León fueron capturados por un juez con vínculo contractual directo con la Usac, pero con un objetivo político partidista, y hemos sido varios quienes señalamos esta situación como más propia de rehenes. Es notoria la actuación judicial con desprecio absoluto no solo a los derechos fundamentales, sino a la razón, la lógica, la prudencia y paz.

Hemos vivido dos gobiernos seguidos sin brindarle ninguna importancia a los Acuerdos de Paz y lo más grave, montándose diversos aparatos para boicotear los procesos democráticos, llegándose al extremo y colmo, de configurar un Organismo Judicial al servicio de la exclusión política, la intolerancia ideológica y la polarización.

La Constitución al ser promulgada en 1985, con un contenido político jurídico y los Acuerdos de Paz al culminar su firma en 1996, con un contenido político social, le duela a quien le duela, constituyen a la fecha los lineamientos más significativos para estructurar un Estado sin peligro para la repetición de las atrocidades vividas por un enfrentamiento armado desgarrador.

Jorge Mario García Laguardia, nuestro constitucionalista universal, y Edmundo Vásquez Martínez quien algunos consideramos el jurista más integral de nuestra historia, repitieron hasta el cansancio: no se puede entender derecho, sin conocer la historia y esto es fundamental para quienes forjan desde el sistema de justicia una especie de inquisición del siglo 21 inspirada en sus propias pasiones y en la defensa de un mercantilismo absurdo y caduco.

Por medio del sistema de justicia se tiene a más de 60 personas en el exilio, siendo evidente cómo el sagrado derecho de defensa es inexistente frente a jueces acomodados a servirle al poder; elPeriódico fue cerrado a instancias judiciales y tanto el Ministerio Público como ciertos personajes del Organismo Judicial mostraron, durante el proceso electoral, primero, un deseo de exclusión a personas “molestas” -de toda ideología- para quienes gobiernan y luego, como ha sido público, en una audiencia de minutos, denunciándose un delito no sucedido, se autorizó el allanamiento a la autoridad electoral en total violación constitucional y legal.

Durante el enfrentamiento armado interno, el Organismo Judicial fue el mudo cómplice de las mayores atrocidades cometidas. Los detenidos desaparecidos, las torturas, los asesinatos selectivos y las grandes masacres jamás movieron el interés institucional de la Corte Suprema de Justicia, decidida a resguardar y proteger, en nombre de la Seguridad Nacional, los más crueles delitos; pero ahora presenciamos cómo “dentro del Estado de Derecho” se manipula el proceso judicial para reprimir a quienes resultan molestos, llegándose al extremo de Claudia González quien es acusada por un delito tipificado para servidores públicos, cuando ella jamás ha fungido como tal.

La independencia judicial, dentro del Organismo Judicial, ha sido coartada por esta Corte Suprema de Justicia, haciendo nugatoria la carrera judicial y esto mismo sucede en el Ministerio Público, donde con criterios de rábulas se eliminó, de plumazo a plumazo, la carrera fiscal y estas acciones se traducen en la amenaza constante a la inclusión política, la tolerancia ideológica y unidad nacional.

El artículo 2º constitucional dice: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”; por lo tanto, hacerlo vivo es compromiso de todos y tengamos presente la relación directa entre quienes anulan los Derechos Humanos son también quienes pretenden ocultar la historia.

La defensa en estos tribunales era inexistente, los jueces eran “invisibles” y fue tal el descaro del régimen que la sede fue la mismísima “Casa Crema”, es decir, el inmueble utilizado para vivienda de quien fungía como ministro de Defensa a la par de la Antigua Escuela Politécnica. Es tan vergonzoso para el sistema judicial, para el ejército y para el Estado el funcionamiento de estos Tribunales que cuando la Comisión para el Esclarecimiento Histórico requirió los expedientes o copia de ellos, las autoridades alegaron extravío y amnesia.

Debemos conocer sobre Tribunales de Fuero Especial, porque estas oprobiosas autoridades dieron lugar a un texto de lujo, en cuando al derecho de defensa en nuestra Constitución: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”.

Del dicho al hecho hay un gran trecho reza el refrán y experimentamos cómo en procesos paradigmáticos existe un verdadero interés del sistema judicial para burlar la defensa de quienes son procesados con dedicatoria expresa. Constatamos cómo quienes son juzgados por narcos o asesinos o conocidos ladrones y hasta torturadores o causantes de desapariciones, con poder e influencia, logran acceder a beneficios procesales mientras que personas como Virginia Laparra o Jose Rubén Zamora siguen en prisión “para mientras”, por la sencilla razón de haber molestado a quienes verdaderamente mandan, habiendo llegado la cobardía al extremo de acusar a la abogada Claudia González de un delito que jamás pudo cometer, porque nunca fungió como servidora pública, violándose con ello cualquier noción elemental de Derecho Penal y admitiendo interpretaciones analógicas prohibidas de forma expresa.

La actitud servil de algunos jueces dentro del Poder Judicial, la protección administrativa a otros jueces conocidos por trinqueteros y hasta por “roba propiedades”, así como la impartición de justicia selectiva y con dedicatoria es un hecho el cual podemos corroborar solo leyendo noticias.

Sin posibilidad de defensa no hay juicio justo, porque el primer requisito sine qua non de un juez es su imparcialidad, pero si como árbitro se encuentra un inquisidor el resultado es previsible y sin duda, en muchas ocasiones, ordenado desde la sexta calle.

Con respecto a los exjueces exilados bajo el argumento de inexistencia de garantías para su defensa, si fuéramos más serios, esto debería ocupar a las más altas autoridades del sistema judicial, porque por ejemplo, “los procesos” motivados en su contra fueron conocidos también por magistrados de Apelación y en algunas otras ocasiones por la propia Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad, pero se persigue a quien conoció en primera instancia, lo cual es comentado y ya debatido en asociaciones y cónclaves de abogados a nivel iberoamericano para dibujar un sistema judicial al servicio del poder y víctima de pasiones personales.

El controlador del poder público es el sistema judicial, sin él reina el abuso y nuestra libertad es amenazada, generándose presos por encargo y obligando al exilio a tantos otros, el sistema judicial debe garantizar su primer cimiento: la imparcialidad y así conseguir su independencia.

La leyenda de Todos los Santos y del Día de los Difuntos es bellísima y además vivida con mucha pasión en América Latina, pero en Guatemala tiene especiales ribetes porque, además, el primero se come el fiambre, un plato laborioso y complicado, cuyo primer ingrediente es el amor porque son tantos sus componentes y tan compleja su mezcla que la paciencia es alimentada solo para ver alegrías familiares reunidas, porque cada uno de los menjurjes es artesanal.

Quienes hemos perdido a gente amada sabemos y conocemos cómo son recordados todos los días, pero tener un día en específico y además compartir anécdotas, esfuerzos y sonrisas para celebrar con los vivos, sin duda alguna, gratifica el espíritu y el corazón. Existen primeros de noviembres más duros que otros, y siempre el primer primero sintiendo la ausencia de la persona adelantada es mucho más complejo; luego el tiempo enseñará a “cargar la procesión” de forma más íntima y silenciada.

Habitamos un país donde, como penitencia general, la violencia crece y hemos perdido hasta nuestra capacidad de asombro. Si bien la muerte siempre es dura, la producida por la violencia genera dolores y rabias indescriptibles, porque la impotencia, primero, ante el hecho y, luego, ante la ineficiencia, desidia y desinterés para dar con los culpables es peor, y así aquello llamado justicia no viene siendo nada más que un concepto vacío y sin cimientos.

Los médicos luchan todos los días para tener menos barriletes en noviembre. El personal de Salud, con escasos y precarios recursos, batalla por conseguir insumos para aliviar y sanar, y si bien, buena parte en el sector público y privado se ha desensibilizado, también es cierto cómo una mayoría hace de su vocación una bendición, pero resulta increíblemente doloroso conocer que para el próximo presupuesto de gastos del Estado de los rubros más castigados es Salud, a pesar de tener el precio de medicinas más alto de la región, y todo por pura maldad.

¿Cómo en un gobierno presidido por un médico se pretenden más barriletes y más dolor? De veras, no solo son miopes estas actitudes cuyos efectos se traducen en más muerte y dolor, sino, sobre todo, resulta deshumanizado y especialmente incomprensible cómo en la “Capital Iberoamericana Provida” se vea el dolor ajeno y el desprecio a la vida como algo tan natural y como consecuencia simple de un pedazo del pastel de poder.

Hay guerras en Ucrania, en Palestina, en Israel y en tantos lugares. Nosotros mismos terminamos un conflicto armado donde miles fueron las víctimas. ¿Cómo es posible que un tema como la salud se vea de forma tan superficial y tan poco humana? ¿Será que nos hemos acostumbrado al rito de la misa o del servicio, pero no entendemos que nuestra verdadera misión es defender la vida, y para eso la salud es la base?

Gocemos de los barriletes, pero ojalá logremos menos, al brindar mejores protecciones a los vivos.

En su esfuerzo, Lassalle describió al “seudoconstitucionalismo”, y lo definió como aquello en donde “el gobierno proclame lo que no es; consiste en hacer pasar por constitucional a un Estado que es, en realidad, un Estado absoluto, consiste en el engaño y la mentira”, y también nos describió su causa: “Al absolutismo, por mucho que abuse de su poder, no le agrada nada esa existencia precaria de un régimen que vive en divorcio manifiesto y explícito con los poderes sociales de un país, expuesto a cada momento a que estos poderes se le caigan encima como una avalancha, y lo aplasten. Por eso, llevado de su instinto de conservación adiestrado por la experiencia, echa mano de un recurso, el único de que dispone para permanecer en el Poder el mayor tiempo posible: este recurso es el seudoconstitucionalismo”.

Sabemos, porque la historia no se equivoca, quien gobierna sin límites crece en ambición y destruye las libertades públicas. Sin control de poder no hay libertad; así de sencillo.

Presenciamos cómo desde el Organismo Ejecutivo, con el concurso de diputados afines y sin duda buena parte de la Corte Suprema de Justicia, se trata de erigir un Ministerio Público como autoridad electoral, y sin importar los absurdos mostrados, dichos y expuestos, se pretende burlar la voluntad popular expresada en las urnas. Se han dicho peregrinos pretextos, primero flotó el irrazonable argumento de las firmas de los afiliados del Movimiento Semilla y ahora se señala cómo miles de ciudadanos a cargo del cómputo de votos se equivocaron y Curruchiche con su secretaria cuentan mejor los resultados a espaldas de la población y escondiéndose en cuarteles.

El delito de sedición se comete cuando, sin desconocer la autoridad del Gobierno, se trata de impedir la toma de posesión de quienes fueron legítimamente electos y para ello se utilizan medios violentos, de una u otra forma, esto vemos, solo que desde “la institucionalidad”, lo cual es un contrasentido.

El presidente electo, Bernardo Arévalo, denunció una serie de situaciones, nacidas dentro del Organismo Judicial y auspiciadas por el MP para burlar el resultado electoral, lo cual, desde cualquier perspectiva, es una vergüenza para nuestra precaria democracia y pírrica República. En los pasillos de la OEA, el sistema judicial guatemalteco ha sido motivo de burlas y tristezas.

El país se detuvo por protestas, el presidente afirmó no poder pedirle la renuncia a la fiscal general, pero sí la exigió en su momento a Neftalí Aldana, magistrado de la CC, y luego los empresarios organizados no se ponen de acuerdo con acuerpar la solicitud de renuncia de la fiscal general, pero en 2004 sí lo hicieron, y sin ninguna presión social.

Las tensiones sociales son parte de la vida misma, por eso existe un texto llamado Constitución, el cual define las reglas de juego para vivir en paz. Una sociedad si no respeta esas reglas está condenada a la violencia y, al parecer, al doctor Giammattei y al licenciado Castillo no les importa destruir con el objeto de garantizar una realidad seudoconstitucional.

A los guatemaltecos se nos metió el germen del golpismo desde 1821, por eso desde 1984 se intenta erradicarlo. Nuestra obligación es denunciar a los golpistas visibles y en el ocultamiento, porque destruir el proceso electoral por ambiciones personales, con el objeto de conseguir protección de fiscales y jueces acomodaticios a los dictados del poder, es la mejor forma de procurar violencia, división y, sobre todo, más subdesarrollo, y nadie en su sano juicio puede permitirlo.

La Corte de Constitucionalidad para todo lo gestionado por el Ministerio Público actúa rápido así fue como el ministro prefirió renunciar y veremos si las manifestaciones en las cuales pedimos la renuncia de fiscales y un juez seguirán siendo pacíficas o si bien, la reacción es la represión oficial. En el crimen de Malacatán se constató intervención de dirigentes del partido oficial e igual señalamiento existe en Cuyotenango, donde el alcalde es conocido por sus amenazas abiertas a la población.

Nos debe llamar la atención el interés institucional del Ministerio Público para reprimir las manifestaciones, porque fue la actual Fiscal General quien promovió el amparo ante la Corte de Constitucionalidad para suspender la elección de las Cortes y en dicha demanda, el Ministerio Público explicó, detalló y enumeró la existencia de vicios enormes por parte de algunos de los integrantes de las comisiones de postulación conformadas para el efecto y alertó el peligro de obtener cortes no independientes.

Dentro de los anales del realismo mágico quedó grabado cómo al obtener el amparo a su favor, el propio Ministerio Público pidió la anulación de lo resuelto el mismo día de notificado, sin duda lográndose un premio al absurdo.

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones junto con los tribunales similares cumplieron 4 años de ejercer sus funciones fuera del período constitucional para el cual fueron electas, pero lo más significativo es que el Ministerio Público jamás ha presentado, a la fecha, una sola solicitud para obligar la elección por parte del Congreso y ejecutar la sentencia que dicha institución consiguió a su favor.

El Ministerio Público pidió la suspensión de la elección de magistrados de cortes, pero dicha institución al parecer poco le importa cómo su gestión oficial no es acatada por el Congreso y así ajustemos 4 años, actitud y patrón evidente de violación constitucional en total impunidad, llegándose a 9 años de período por simple desidia.

La Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y Tribunales similares conforme los artículos 215 y 217 constitucionales se eligen por cinco años, ¿por qué al Ministerio Público dicho mandato constitucional le importa tan poco? Si bien es cierto, la Corte de Constitucionalidad, de oficio, debió en estos años hacer lo mínimo para cumplir su sentencia, el mayor interesado es quien gestionó, pero ahora presenciamos cómo a la Fiscal General solo le interesa lo que le afecta de forma personal, como lo es el paro nacional indefinido provocado por su actuar para desvirtuar el proceso electoral y exigir su renuncia.

La primera obligación del Ministerio Público y de la Corte de Constitucionalidad es hacer respetar la Constitución.

El Congreso de la República, como le es habitual se dedicará al “debate” sobre el presupuesto y es de sobra conocido, incluso por denuncias de algunos diputados, cómo el dinero del soborno se hace presente en el hemiciclo, así de seguro, pasará el 2023 sin elegir Cortes y sin cumplir la sentencia dictada por el máximo Tribunal Constitucional, lo cual es grave, porque ahora doña Consuelo enseña cómo las sentencias son optativas y así acabamos con cualquier noción de libertad y todo por las prioridades equivocadas e interesadas del Ministerio Público.

Que el guatemalteco vive una desvinculación con lo jurídico es innegable, como bien dicen los sociólogos, el tránsito es el mejor laboratorio para conocer el nexo efectivo entre una sociedad y sus leyes, así que a la vista diaria cómo nos sentimos sometidos a las normas de convivencia.

Escribir, si bien es un oficio, también frustra. Luego de más de 25 años de tratar de fomentar el estudio del Derecho Constitucional en las aulas universitarias pasé días “craneando” cómo analizar el fallo de la Corte de Constitucionalidad por el cual resolvió la cuestión de competencia entre el TSE y el Organismo Judicial, en el cual, sea dicho por cierto, enterró dos conceptos básicos del constitucionalismo mundial: el de supremacía y rigidez constitucionales, pero ¿para qué? ¿será que a alguien le importa que en esa resolución esta magistratura enterró 37 años de jurisprudencia y nos colocó justo como se entendía el régimen electoral durante los gobiernos militares?

Muchas personas están seguras de que lo sucedido en las cortes solo importa a abogados y este tremendísimo error le ha dado un poder desmedido y bestial a un gremio conducido, en estos momentos, por derroteros donde el individualismo y la gratitud es el garante de muchas decisiones trascendentales, convirtiendo la fidelidad al jefe en la guía de decisiones.

El país llegó al extremo de contar con más de 140 bloqueos en sus carreteras; todo el mapa está afectado. Quetzaltenango, segunda ciudad del país, lleva más de una semana en paro y la capital ajustó tres, y todo porque el Presidente de la República, aunque lo niegue, intenta burlar los efectos de las elecciones municipales, legislativas y presidencial.

Vimos las cataratas de plata gastadas para subir a la segunda vuelta a un candidato oficial, superado hasta por sus propios candidatos al Congreso, lo cual explica mucho, y para qué hablar más del tema.

Duele comentar tanto un absurdo, duele ver millones de guatemaltecos en paro porque el Ministerio Público, fuera de toda competencia legal, pero fuera de toda lógica, pretende contar los votos, operación hecha por los miles de miembros de juntas receptoras de votos y fiscales de muchísimos partidos, más la prensa, y luego pretender que serán ellos los “legitimadores de un proceso electoral”, cuando la credibilidad de los ocupantes de Gerona está en los suelos.

Discutir, debatir, analizar o concluir en un país con 37 años de vigencia constitucional cómo una elección se gana con más votos me resulta tremendamente estúpido y además desgastante. Los procesos electorales latinoamericanos fueron blindados en los 80 porque se constituyeron en los garantes del retorno a la institucionalidad democrática y republicana. Entonces ¿para qué hablar de lo obvio? ¿para qué gastar tinta en señalar que una elección se gana con votos? ¿para qué gastar espacio en afirmar los prevaricatos de jueces serviles con un grupo de gente que pretende usufructuar el poder utilizando “barnices” judiciales?

Frustra ver un país para atrás en sus instituciones, pero también se genera mucha esperanza cuando la población sale a defender su voto, y si bien esto es encomiable, la causa reside en quienes encarnan el regreso a un pasado y de nuevo me pierdo en el tema… para ofrecer disculpas por escribir la columna que nunca fue.

Lo hecho por el MP por “orden judicial” en torno al secuestro de las actas de Juntas Receptoras de Votos, Juntas Electorales Municipales y Juntas Electorales Departamentales no es golpe al Tribunal Supremo Electoral, es un desprecio absoluto a los miles de voluntarios que desde la madrugada se enfilaron a los distintos centros de votación para integrar la posibilidad de hacer la democracia viva, a quienes don Arturo Herbruger Asturias, antiguo jefe de nuestro actual presidente, llamaba “el ejército electoral”.

Escupir el esfuerzo del voluntariado electoral es una muestra del más absoluto desprecio al vigor de miles de guatemaltecos y es condenable cómo la propia fiscal general declara cómo la Constitución es guía y brújula, cuando es evidente su servilismo presidencial.

Es un absurdo cómo la fiscalía y un juez de primera instancia de lo penal se pretenden erigir, sin competencia legal alguna, en los certificadores y legitimadores del proceso electoral, lo cual solo es producto de un capricho. Llevamos años de un presidente escondido de la prensa y el 15 de septiembre también se ocultó para no toparse con rechiflas de la plaza. Tenemos una fiscal general que hasta en las redes institucionales del MP no deja opción a comentarios y realiza actos inéditos en el campo electoral mundial, también sin mayor contacto con la prensa. Además, un Colegio de Abogados y un Centro para la Defensa de la Constitución omisos y en silencio sepulcral.

Suspender o boicotear la alternancia en el poder es destruir uno de los elementos esenciales de la República, porque la cooptación del Legislativo y el Judicial es un hecho innegable. En consecuencia, somos los ciudadanos quienes debemos defender los avances democráticos, por pírricos que parezcan, a costa de vender el país al crimen, a la dictadura y al autoritarismo.

¿Quién tiene el mayor incentivo para torpedear el traslado de autoridades municipales, legislativas y presidencial? Pues el propio presidente, quien con su partido gastó a manos llenas para que Manuel Conde se colara a un tercer lugar luego de movilizar recursos públicos como pocas veces se ha visto y, sobre todo, pagando en efectivo, como fue denunciado en varios videos, a la gente más pobre.

Las instituciones deben resolver el presunto entuerto “legal”, pero estas instituciones deben respetar un concepto básico: jamás una corte está sobre las urnas; de lo contrario se destruiría la esencia del Poder Constituyente encarnado en una Asamblea que en 1984 y 1985 se integró para brindarnos un texto que por primera vez en los 202 años de vida independiente generó el traspaso pacífico de once personas en el ejercicio de la presidencia, lo cual es un tesoro histórico para un país en donde los cuartelazos, rebeliones, revoluciones y reformas constitucionales para modificar el período presidencial fueron las fuentes primarias para el ejercicio del dichoso cargo.

No debemos caer en eufemismos o esconder los hechos concretos, todo lo hecho por el MP y contados jueces es dentro de la órbita de influencia presidencial, porque son Giammattei y su partido los mayores interesados en seguir usufructuando el poder, y ahora, ya sin el molesto período de solo 4 años.

Integrar aquella Corte no era fácil, por distintos motivos, el sistema judicial fue fiel cómplice con su silencio y encubrimiento doloso a las grandes violaciones a los derechos elementales por parte del Estado al llevar a cabo enormes masacres y haber logrado establecer una violencia selectiva urbana para reprimir cuadros opositores, universitarios y sindicales; era inexistente la independencia judicial y existía una inclinación evidente al servilismo; en general había mínima credibilidad institucional y, por último, la siempre existente resistencia al cambio. La democracia exigía nuevas formas de entender la administración de justicia y debían generarse transformaciones de 180 grados.

En 2023 tenemos una CSJ y unas cortes de Apelaciones con cuatro años de exceso en su mandato y esto motivado a amparo promovido por la propia fiscal general, Consuelo Porras, quien obtuvo la protección solicitada; sin embargo, ni ella y menos la CC han movido un dedo para ejecutar el relevo y este interinato eterno logró sentar en la presidencia del OJ a una persona por cuatro años, lo cual es constitucionalmente prohibido, y al parecer si algunos integrantes de este organismo tocan el tema son vistos con desagrado, en total contravención a su juramento de fidelidad constitucional.

Si la crisis formal es evidente, el Congreso decidió aprobar reformas al régimen de la carrera judicial y pretende brindar a esta CSJ la decisión de ascensos, traslados y todo lo concerniente al tema de carrera de jueces y magistrados, en total contradicción con la mayoría de costosas consultorías, que describen cómo los magistrados deben invertir su tiempo en resolver y no en administrar.

Concentrar aún más el poder dentro del OJ, con un Congreso señalado por sus mismos integrantes con un alto grado de corrupción y, además, frente a la mayor violación constitucional en 37 años, al no renovar las cortes, es un desatino y un incentivo perverso para seguir perdiendo, como en los demás países centroamericanos, alguna posibilidad de control del poder.

Luis Alberto Chacón Alvarado, Wicho Veneno, uno de los “narcos más buscados”, gozaba de medida sustitutiva y fue raptado de su propia casa para ser asesinado, al parecer con cierta aquiescencia de algunas autoridades; Virginia Laparra fue condenada por presentar una denuncia administrativa contra alguien que ahora resulta poderoso; Claudia González es acusada de un delito que jamás pudo cometer porque no ha sido funcionaria pública y a ambas con conocido arraigo se les niega su libertad mientras dura su proceso, y un juez ordenó la cancelación del partido ganador de las elecciones fuera de su elemental competencia, todo esto en total impunidad judicial, por mencionar solo cuatro casos.

En un contexto donde el sistema judicial toca fondo, es un absurdo que a menos de 4 meses de terminar la legislatura y a dos meses y días de acabar el período ordinario de sus sesiones el Congreso pretenda solo incentivarlos para quedar bien con quienes ahora fungen como jefes, amenazar la libertad de todos nosotros al burlar la misión más elemental del OJ como es el control del poder. Sin duda alguna, las actuales autoridades no quieren pasar a la historia con letras de oro como lo hicieron Edmundo Vásquez Martínez y sus colegas magistrados.

El debido proceso engloba varios otros derechos, por ejemplo, la igualdad de las partes, la existencia de un juez imparcial, el derecho a la fiscalización de la prueba, pero sobre todo debe permitir la defensa de quien es demandado o denunciado, y esto es todos los ramos de la justicia, es decir, civil, penal, mercantil, laboral, familiar, etc.

En 1982 y 1983 cuando existía un Colegio de Abogados preocupado por el régimen de legalidad y en plena dictadura riosmontista, un Congreso Jurídico celebrado en Antigua Guatemala, señaló a los Tribunales de Fuero Especial como antijurídicos y atentatorios a cualquier noción de derecho.

Estos tribunales funcionaban en la Casa Crema, sede del Ministerio de Defensa, y estaban compuestos por jueces sin rostro. A la fecha se conocen ciertos nombres de “abogados” señalados de ocupar tan deshonroso puesto. Estos tribunales condenaron a muerte a ciertos procesados y jamás permitieron una defensa efectiva. Los abogados defensores vieron frustrados sus esfuerzos cuando estos tribunales, condenaban de entrada, e incluso los Recursos de Amparo intentados ante la Corte Suprema de Justicia de aquel momento, presidida por Ricardo Sagastume Vidaurre, fueron declarados improcedentes, a pesar de no concretarse el “debido proceso”.

Con ese antecedente, nuestra Constitución es clara en señalar: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”.

Nuestro sistema judicial se encuentra en caída libre, y en buena parte, es porque no existe dentro del mismo ninguna consecuencia a quien haga más gravosa una defensa. No existe duda, el derecho a la acción, es decir, a demandar o denunciar no puede ser limitado por ley, pero sí debemos exigir que aquellas demandas o denuncias impropias sean desechadas. Sin embargo, dentro del sistema judicial se teje una peligrosa solidaridad gremial, por medio de la cual se producen horrores como los vividos en estos momentos por la Abogada Claudia González, acusada de un delito que solo puede cometerse por funcionarios públicos sin que ella jamás lo fuera, pero Rafael Curruchiche el fiscal consentido de la dueña de Gerona, puede confesar delitos en la televisión y no ocurre nada.

En Guatemala, para los abogados defender a personas molestas al régimen, es delito y para los periodistas, escribir sobre aspectos molestos al régimen, también es delito, pero lo grave es como estos procesos sobre “dichos delitos” se ventilan, tal como lo hace ahora el Juez Jimi Bremer, con el más absoluto desprecio a los derechos constitucionales y negando las defensas más elementales, abusándose de la “reserva” y reviviendo el horroroso “sumario” de épocas pasadas.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ajustarán en unos días 4 años de un exceso de su período, en total violación constitucional y además han sido quejosos de CICIG, pero entregarán un sistema judicial sin norte, porque un sistema judicial sin consagrar la defensa no es más que un linchamiento, o lo que es peor, una cobardía, como en estos momentos vemos le toca sufrir a Claudia González y tantos otros ante la indiferente mirada de quienes juraron defender la defensa y garantizar la imparcialidad del juzgador, o quizás un nuevo Fuero Especial pero del siglo 21.

“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”, señala el primero de sus artículos, y “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho de los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos”, empieza diciendo el artículo dos.

Por medio del Derecho Internacional los países se obligan entre sí y también frente a organizaciones específicas. La Carta Democrática Interamericana constituye una obligación para el Estado de Guatemala y para aquellos comprometidos por ella, que de forma voluntaria la redactaron y aprobaron.

En nuestro país, el Ministerio Público denunció por medio de un video difundido de forma institucional la existencia de injerencia indebida de la OEA en nuestro proceso electoral al recibir al Secretario General de la Organización en la sede de Gerona, pasando por alto que fue invitado por nuestro gobierno. Al parecer, los fiscales desconocen “que en caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente” (artículo 20).

Guatemala celebró un proceso electoral lleno de tachas y objeciones, pero todas confirmadas por el sistema de justicia y la CC, las cuales sin duda serán abordadas para un análisis histórico jurídico crítico, pero existe un consenso generalizado en cuanto al triunfo en la elección de la opción política oficializada por la autoridad electoral y, además, los ciudadanos podemos tener acceso a las imágenes de las actas de las juntas receptoras de votos para garantizar una auditoría exhaustiva de quienes tengan interés.

Como la democracia es una obligación de todos, “las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación electoral de que se trata…”, señala la Carta (Art. 24).

No se requiere ser sociólogo para concluir cómo los guatemaltecos vivimos sin mayor vinculación hacia el derecho. Esto es evidente y basta ver un poco nuestro tránsito para percatarnos de ello, pero de eso a presenciar cómo el propio MP difunde el mismo discurso del gobierno nicaragüense relacionado a considerar injerencia lo suscrito como obligación por el propio Estado resulta grosero y a espaldas de cualquier noción elemental de derecho.

El derecho internacional existe para garantizar la paz, así como el efectivo respeto a nuestros derechos, y si bien podemos tener miles de debates en torno a él, la obligatoriedad de lo asumido no debe y menos puede discutirse.

La democracia no es de izquierda o de derecha, es de quienes defienden la libertad, porque ella solo existe dentro del pluralismo político, aunque de seguro hay quienes aún sueñan cuartelazos, encunetados, gobiernos de facto, limitación de garantías, represiones y sangre, lo cual no podemos ya permitir porque esa gente es la enemiga de la construcción de la paz, lo grave es cómo encuentran aleros en la propia institución llamada a cumplir la ley.

Si bien el libro es provocativo, para estas líneas es oportuno tocar cuatro temas; el primero, la institucionalidad de la Junta Monetaria; el segundo, lo llamado piñatización del banco; el tercero, nuestra torpe e ingrata administración de justicia; y cuarto, el público afectado.

Según el libro, aquel 19 de octubre por la mañana, el presidente Óscar Berger tuvo una reunión a la cual asistieron Jose Rubén Zamora, por elPeriódico; Rolando Archila, por Emisoras Unidas; Mario Antonio Sandoval, por Guatevisión, y Gonzalo Marroquín, por Prensa Libre, en la cual se les anunció la decisión de suspender el Banco del Café. Al celebrarse la reunión, la Junta Monetaria aún no se había reunido y no había decidido nada; con esto resulta fácil colegir cómo la autonomía constitucional de la Junta Monetaria es una cosa y en la práctica otra, lo cual debe ocuparnos a todos.

Suspendido el Banco del Café, tres bancos —BAM, Banrural y Bancor— asumieron la liquidación. Según el autor, el edificio central del banco, valuado en 317 millones de quetzales, fue vendido a Banrural en 110; además, toda la red de agencias —la más grande del país— fue entregada a los tres bancos sin cobrar un solo centavo, “ni siquiera por el equipo o por los muebles”. Si esto fue así, la lógica de hacer negocios por medio de la liquidación del banco toma una especial lógica.

Tras la suspensión del banco, se promovieron procesos penales. Eduardo González estuvo más de siete años preso sin llegar a debate, y a la fecha el expresidente del banco, Ariel Camargo, guarda prisión “preventiva”, un absurdo descomunal y evidencia de un sistema de justicia incapaz. El proceso penal aún está en fase de “investigación” y los años pasan sin importarle a nadie las consecuencias de una prisión sin juicio y tampoco se mueve un dedo para establecer si los ahorrantes perjudicados pueden conseguir justicia.

A los ahorrantes del Banco del Café nos pagaron lo depositado, a los ahorrantes de Bancafe International, el banco fuera de plaza, se nos pagó solo una exigua parte y, según Eduardo González, el punto toral de suspender las actividades fue evitar la venta del Grupo Financiero a Scotia Bank por parte de ciertos directivos de bancos nacionales en un afán mercantilista. Si la conspiración existía, es un tema fuera de estas líneas, pero conforme lo narrado por González, con la venta del grupo, la cual se debía formalizar a pocos días después de aquel 19 de octubre, jamás los ahorrantes de Bancafe International hubieran salido tan perjudicados, con las consecuencias dramáticas para muchos.

Ojalá el libro genere un debate sobre el efectivo control financiero del país, porque después de Bancafé sucedió lo de Banco de Comercio, en donde las omisiones dolosas de la Superintendencia de Bancos fue un motivante enorme de un desfalco espantoso, y esto no puede volver a suceder, por lo menos de esa forma o viviríamos bajo amenaza de repetición.

La vida es el derecho más preciado y es el cual obliga a la organización del Estado de Guatemala. Así es como las preguntas obligadas son: ¿Cuántos indicios y elementos tiene el Ministerio Público con relación a una denuncia tan grave, sobre todo cuando es evidente el destino de sus energías para torpedear el propio proceso electoral? ¿Cuál es la prioridad de la Fiscalía?

En Guatemala, en muchas ocasiones, y podemos encontrar ejemplos por montón, los cuales callamos por respeto a las familias de las víctimas, se captura a sicarios, asesinos a sueldo, pero muy pocas veces las investigaciones hallan a los cobardes autores intelectuales, quienes “encargan” los asesinatos y son los verdaderos promotores del crimen.

Abogados, comerciantes y médicos, entre otros tantos, son asesinados con toda impunidad a plena luz del día y frente a cientos de personas, sin que el Ministerio Público, a la fecha, pueda establecer los móviles y encausar a los cobardes asesinos, pero el colmo es cómo la propia planilla ganadora de una elección está bajo amenaza y, de seguro, la Fiscalía repetirá el mutismo de hace cuatro años, cuando también supo los planes de Mario Estrada, el dueño de UCN y partido de confianza del gobierno actual, para asesinar a Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y Oscar Schaad (los dos últimos, fiscales en ejercicio).

Poco importa cómo votó cada quien, poco importa si son nuestros candidatos preferidos quienes fueron electos concejales, síndicos, alcaldes, diputados, vicepresidente o presidente. Si una sociedad no está de acuerdo con que la vida es lo más preciado y lo que debe ocupar el tiempo y energía de las autoridades es defenderla, está perdida.

Los procesos electorales descansan en una competencia en la cual deben primar la libertad y el pluralismo político; ambos son complementarios. Si nuestras autoridades destinan su tiempo y esfuerzo para boicotear resultados electorales y desatienden su obligación en defensa de la vida y la libertad, nos encontramos dentro de un Estado fallido, no por sus alcances institucionales, sino por su dolosa omisión a cumplir con lo más elemental, y esto sin mencionar cuando esa actitud se asume en nombre de Dios.

Cerezo de seguro entregó el poder con disgusto personal a Serrano; Arzú, sin duda alguna, tenía revuelto el estómago cuando entregó la banda presidencial a Portillo, y no digamos cuando este último se la puso a Berger, y luego vendrían Colom y Pérez. Sin temor a equivocaciones, el único traspaso oficial ha sido de Morales a Giammattei, pero así, aun con animadversiones personales fuertes, nuestros presidentes respetaron el principio fundamental de la República: la alternancia del poder.

Los guatemaltecos fuimos a votar, pero un concepto tan fácil como lo es entregar el poder a quien más votos obtuvo lo pretenden convertir en un concepto abstracto y con tendencia a ponerse en duda, porque los galimatías de rábulas de mala fe quieren llevarnos a los años 70, donde el mandamás de turno decidía quién se sentaba en la silla, y así continuar el esquilme de un país con esperanzas pero sin oportunidades.

Considero para este momento histórico en el cual los guatemaltecos nos encontramos importante compartir las ideas de quien estudia la relación, siempre difícil, entre constitución y democracia sobre todo cuando, de mala fe pero con éxito, se nos vendió la idea de problemas únicos y de difícil solución con el objeto de crear polarizaciones y fragmentaciones peligrosas para la convivencia social.

Entender las reglas de juego democráticas es clave si pretendemos construir, orden, paz y desarrollo, en caso contrario veremos cómo las nuevas generaciones son condenados, por nuestra acción u omisión, a repetir procesos violentos, excluyentes y de atraso.

El concepto de libertad, dentro del Derecho Constitucional, tiene una consecuencia institucional muy fuerte: sin control del poder, la libertad es imposible. De allí es cómo la búsqueda de mecanismos para racionalizar el ejercicio de la función pública y garantizar los derechos de todos es una preocupación universal y por ello, la ley debe ser fiel expresión de la voluntad política y esta voluntad solo es legítima si es democrática.

Al vivir en democracia siempre existirán resultados electorales insatisfactorios para algunos, de allí es preciso entender cómo la democracia radica en la voluntad mayoritaria pero en el respeto a la expresión minoritaria, partiéndose que la propia alternabilidad en el juego de poder supondrá el relevo de unos por otros conforme cada elección se lleve a cabo, pero para esto es fundamental entender el respeto absoluto a las reglas de alternancia, es decir, a cómo la democracia funciona.

Don Antonio nos señala al referirse al proceso democrático: “No es una democracia la que no cree en los valores y principios de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la dignidad humana, de la responsabilidad de los poderes públicos; la que considera esos elementos indistintos de los que les son realmente auténticos, es decir la que considera igual los valores y los desvalores. Tampoco es democracia la que por una mera coyuntura mayoritaria de la ciudadanía (y/o sus representantes) profesa ciertos valores, pero que otra coyuntura de signo contrario puede volver al revés. Concebida en estos términos, es una democracia bajo sospecha. La democracia debe defenderse de quienes niegan la libertad, la igualdad y la justicia para los demás, y de lo que combaten el pluralismo de los demás en nombre de su propio derecho al pluralismo, lo que, más que una contradicción, es el cinismo elevado a supremo criterio de acción política”.

Los guatemaltecos nacidos bajo la vigencia de esta constitución (de 1986 en adelante) crecieron fuera de las limitaciones legales, conceptuales y sociales de quienes nacimos antes, y esto es porque, con defectos y virtudes, nuestro marco constitucional permite alcances de la democracia electoral dibujándose una nueva historia para un país con un pasado lleno de intolerancia y exclusiones.

Los guatemaltecos debemos procurar y fomentar el verdadero pluralismo político, porque solo sobre su existencia la democracia y la libertad serán viables, sin embargo, sí debemos ser muy cautos porque tras el aparente respeto a las reglas de participación se esconden quienes pretenden imponer regímenes autoritarios y abusivos, los cuales no pueden conjugarse con seres humanos libres.

Milita aquel que “concurre en una cosa, alguna razón o circunstancia particular que favorece o apoya cierta pretensión o determinado proyecto” nos dice el diccionario, así que una democracia para legitimar decisiones y controles de poder requiere el compromiso de todos y ese compromiso es el respeto a las reglas de juego.

Las tres universidades comparten objetivos porque si bien son privadas, proyectan esfuerzos por garantizar su verdadera autonomía, ahora la UCA nicaragüense está siendo cercada por el gobierno quien intenta, por todos los medios con jueces mediocres, serviles y traidores, cerrar sus operaciones tras embargar bienes y cuentas bancarias luego de ordenar persecución contra docentes y estudiantes.

Daniel Ortega y Rosario Murillo la pareja histérica, esotérica y bastante perturbada con el poder, con su constitución bajo el brazo como fiel pieza de ornamento entendió dos amenazas muy grandes propias de cualquier régimen dictatorial: la educación y la organización.

La esencia de las funciones universitarias son tres, docencia, investigación y proyección social; las tres disgustan a quienes mantienen un poder con el cimiento de la irracionalidad y el abuso, porque la educación genera, sobre todo cuestionamiento y libertad.

Negar la necesidad de cambios estructurales en los países centroamericanos es comulgar con la ceguera y el egoísmo, de allí cómo el propio Ignacio Ellacuría, mártir e ideólogo de la educación jesuita centroamericana insistía: “Si, efectivamente, la universidad busca últimamente la transformación de la realidad nacional y la realidad nacional es formalmente de índole estructural, quien no busque directamente la acción sobre las estructuras no encontrará la realidad”, pero esa búsqueda cuando el poder se sostiene por la violencia, por concepto, es su enemiga. El verdadero universitario busca siempre la razón y esa búsqueda jamás acaba.

Si bien el cobarde esfuerzo del gobierno nicaragüense debe ser condenado por quienes de alguna forma estamos vinculados con las tres universidades mencionadas, trasciende a este conjunto y debe ser reprendido por todos, la persecución a la búsqueda de la libertad por el conocimiento conduce a un atraso colectivo, pero sobre todo ese virus es infeccioso y se propaga rápido a otros gobiernos sedientos del poder sin límites y en búsqueda del usufructo eterno de la función pública para hincharse de poder y dinero.

Todo aquel Estado al contar con una Constitución busca la racionalidad de quienes, por un tiempo corto, gobiernan. La Universidad es el medio creado para encontrar derroteros de razón, sin embargo, ello solo es factible cuando el quehacer universitario es garantizado. Las constituciones centroamericanas legitiman en sus textos la función universitaria, pero vemos en nuestro país, por citar otro caso, cómo la Universidad de San Carlos está en la peor crisis de su existencia al condenar a miles de muchachos a una deficiente formación y estar literalmente cerrada y medio atendiendo sus funciones con clases digitales por más de un año y medio después de que todos los demás centros de estudio retornaron a su actividad normal.

El caso nicaragüense es emblemático, porque el gobierno no solo persigue a la Universidad confiada a la Compañía de Jesús sino también a la iglesia católica y para ello hasta propugna la llegada de predicadores a sueldo con el objeto de minar el verdadero mensaje teológico cristiano que no puede descansar en nada más que en seres humanos libres, pero la realidad pinolera como se dijo es contagiosa y también por nuestra propia supervivencia vemos como algunas universidades guatemaltecas se acomodan a los antojos del poder para olvidar sus principales obligaciones, convirtiéndose en verdaderos negocios con objetivos lucrativos y no más, lo cual es una pena porque ser universitario no es ningún delito.

Para tener una idea más a fondo, conviene saber que hay 31 partidos políticos inscritos, y entre todos ellos reúnen más de 925 mil afiliados oficiales, además hay 26 comités para la constitución de partidos políticos, es decir, estructuras recopilando firmas para convertirse en partidos.

Es lógico suponer que hay más de un millón de personas afiliadas y llama la atención como algunos partidos políticos registraron una cantidad de votos menor a la de sus propios afiliados. A la fecha hay más de 14 mil afiliaciones rechazadas registralmente. Con la lógica de algunos, debería existir el mismo número de denuncias penales, lo cual es imposible porque sería negar el proceso administrativo de depuración. Sin duda si existe algún delito deberá investigarse, pero son esos hechos la excepción a la regla.

En un principio la Ley Electoral estableció que los afiliados deberían firmar ante Notario y por eso encontramos la primera amnistía de nuestro proceso democrático en dicha ley. El artículo 263 dice: “Quedan exonerados de todo tipo de responsabilidad las personas que intervinieron en la tramitación y legalización notarial de documentos para la inscripción de comités para la formación de partidos políticos y de los partidos políticos con anterioridad a las elecciones del 3 de noviembre de 1985, con excepción del acto de celebración de las respectivas asambleas nacionales que llevaron a cabo cada uno de los partidos políticos que participaron en dichas elecciones por lo que los expedientes o procesos que hubieren sido instruidos al respecto deberán archivarse o sobreseerse, según el caso”.

Nuestra Constitución es legítima, por haber sido producto del debate libre y de ser resultado del pluralismo político, de ello no hay duda. No es una constitución discutida por quienes salieron electos en planillas únicas, como la producida por la Liberación o los gobiernos militares.

Es peligroso repetir como loro la falacia que al existir tacha de alguna firma de adhesión o afiliación se produce la nulidad de la elección o de la propia organización política, porque no hay partido que se salve, pero sobre todo porque jamás representa lo que se dice y sería poner en duda hasta la legitimidad de la propia Constitución, porque si bien los Notarios estarían exentos de responsabilidad, jamás eso significa la inexistencia de tachas.

Guatemala forjó procesos electorales reconocidos nacional e internacionalmente, no hay duda como desde Cerezo a Giammattei quienes han ocupado la Silla Presidencial son quienes han obtenido la mayoría de votos en una segunda vuelta, crear amenazas y utilizar la propia institucionalidad pública para deslegitimar las urnas son actos dolosos para crear ingobernabilidad, desorden e incertidumbre.

Nuestra República contempla varios mecanismos de control del poder, siendo el principal la elección de nuestros gobernantes cada 4 años, porque si la alternabilidad se evade replicaremos los horrores del pasado o copiaremos a nuestros vecinos.

Atentar contra la democracia electoral es un suicidio en un país donde la ausencia de certeza jurídica y política nos invade, la libertad solo puede ser ejercida en ambientes democráticos y pluralistas, es mentira quien pregone defenderla pero a la vez, con hechos u omisiones, la coarte.

Este derecho va de la mano al también derecho humano de igualdad ante la ley, todos somos (o deberíamos) ser iguales ante la ley, pero en la práctica veremos tres ejemplos de cómo desde el poder se atentó y atenta contra ello.

Primer caso. En el Decreto 12-2004, llamada Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, popularmente conocida como Ley Tigo, nuestro Congreso aprobó las normas por las cuales una persona individual o jurídica que tuviera 6 mil kilómetros de fibra óptica en el país, podía instalar antenas en propiedad privada o pública, por medio de un simple trámite.

Este Decreto es un excelente ejemplo de cómo, si existen intereses económicos o de poder de por medio, la confiscación o expropiación de bienes se empujó desde el poder. Por el decreto votaron a favor el Partido Patriota, Líder, Todos, Creo, UCN y Encuentro por Guatemala, en contra se manifestaron la UNE, URNG y Winaq. Es importante ver la correlación de fuerzas, porque en aquel momento la UNE se decía social demócrata, la URNG es quien representa a la otrora izquierda revolucionaria y Winaq es parte de movimiento progresista, en consecuencia, fueron los partidos que se decían “liberales” o de derecha quienes apoyaron el monumento más descarado de la violación legislativa al derecho de propiedad.

Segundo Caso. También se reconoce que no solo existe la propiedad privada mantenida en forma individual, sino que también “las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de la propiedad agraria”, esto no quiere decir, que desde el poder se fomente la propiedad colectiva, sino se reconoce su existencia ancestral y debe protegerse.

La Constitución ordena (artículo 70) la promulgación de una ley para proteger este tipo de propiedad privada, pero ya van 37 de años de vigencia constitucional sin que el Congreso, integrado en su mayoría por partidos que juran defender la propiedad privada se ocupe.

El último caso que llama la atención es cómo un Juez de lo penal se inventó que de un plumazo, por medio de una medida cautelar y sin ni siquiera oír al afectado puede cancelar personalidades jurídicas de entidades tal como sucedió con el partido político Movimiento Semilla, pero mañana lo hará con cooperativas, bancos, sindicatos, colegios profesionales, universidades o sociedades anónimas, lo cual se traduce no solo en un desprecio al reconocimiento legal de quien goza de la facultad para ejercer derechos y contraer obligaciones, sino que de una vez lo deja sin poder defenderse (al estar cancelada su personalidad ya no existe) y sus bienes quedarían entonces a la deriva, sin dueño y en consecuencia la confiscación de los bienes sería solo una simple gestión (todo esto sin sentencia).

No existe posibilidad de desarrollo sin respeto a la propiedad privada. Sirvan estos ejemplos para ilustrar cómo quienes más se llenan la boca en su defensa, son quienes más la han violado y esto sin mencionar cómo nuestro sistema registral es precario y la inexistencia de catastro se traduce en que en este momento, cualquier persona puede estar perdiendo su propiedad por medio de falsedades para luego enfilar un calvario judicial lleno de desidia para anularlas.

Con base en “la ley”, los gobiernos militares prohibieron participaciones democráticas, en 1974 y 1978 solo corrieron militares, solo ellos tenían “derecho” a competir por la presidencia. Los partidos de izquierda democrática como el FUR con Manuel Colom, el PSD con Alberto Fuentes Mohr o de derecha moderada como el PNR con Alejandro Maldonado Aguirre, eran vistos como enemigos del régimen e incluso “del orden institucional”. El sistema judicial fue cómplice activo de estos desmanes.

Las constituciones al aprobarse tienen una influencia histórica, por eso en 1985 al promulgarse la nuestra, los constituyentes blindaron al régimen electoral y aseguraron que lo vivido no se repitiera, así crearon una Ley con rango constitucional y se señaló en la propia Constitución: “Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral, será regulado por la ley constitucional de la materia”. El objetivo es que jamás las leyes ordinarias y menos reglamentos o circulares, se apliquen al régimen electoral.

El ataque desde el poder central a la organización de los partidos, a las candidaturas opositoras, al pensamiento liberal, de izquierda y derecha, significaron la decisión crucial para que existiera, junto a la norma electoral de rango constitucional, una sola autoridad máxima en esta materia, llamada Tribunal Supremo Electoral (TSE), que si bien sus decisiones podrán ser impugnadas por vía del amparo la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad solo tienen competencia para analizar temas estrictamente jurídicos, porque toda situación probatoria, compete con exclusividad al TSE.

En este orden de ideas, es obligación de los partidos políticos “llevar un registro de sus afiliados en hojas de afiliación, preparadas por el propio partido y autorizadas por el Registro de Ciudadanos, y entregar a este último una copia fiel de las hojas para su depuración. Únicamente se tendrán como afiliados de los partidos políticos los consignados en las hojas de afiliación depuradas por el Registro de Ciudadanos” (inciso c) artículo 22 LEPP).

Hemos visto cómo desde el Ministerio Público y con autorización de un juez de lo penal, se ordenó por una medida cautelar, es decir, una orden sin haber ni siquiera escuchado al o los afectados, la cancelación del partido Movimiento Semilla, pero solo la Ley Electoral establece los motivos de cancelación de un partido y además no existe, ni en la legislación procesal penal, ninguna disposición que faculte a un juzgado a ordenar cancelaciones de personalidades jurídicas de esa forma, entiéndase sociedades anónimas, cooperativas, asociaciones, universidades, Colegios Profesionales, fundaciones o sindicatos, por solo mencionar unos ejemplos. Si existiese alguna ley para facultar esa monstruosidad sería una norma violatoria a cualquier elemental concepción de derecho de defensa.

Presenciamos en vitrina cómo el Ministerio Público y un juez penal realizan un fraude a la Constitución, porque si se penalizan las depuraciones de afiliados, de seguro todos los partidos van en la colada, pero acá lo hacen con dedicatoria, de allí que la ley lo remarca como un tema administrativo.

Frente a este intento para boicotear la alternabilidad del poder, es oportuno recordar las palabras de quien es magistrado actual de nuestro Tribunal Constitucional, Roberto Molina Barreto: “Ciertos fenómenos surgidos recientemente en los diversos países del continente indican que no somos lo suficientemente maduros en lo político; las tentaciones para perpetrarse en el poder y subterfugios más discretos, pero con similares fines, nos dan la pauta para pensar que las vueltas al pensamiento estilo feudal o monárquico están a la orden del día”.

Como se opina sin conocer, compartimos cuatro temas constitucionales con el objeto de que para todos queden transparentes y evidenciar que no hay nada nuevo bajo el sol. Ya será cuestión de cada quien ver, analizar y examinar cómo se han comportado las bancadas de UNE y Semilla en el Congreso, para establecer parámetros de cumplimiento.

Una constitución garantiza la paz social y jamás la discordia o la división. Sus mandatos y texto deben cumplirse con ese objeto.

Primer punto. Para reformar lo referente a los derechos humanos individuales, es decir, los derechos a la vida, la igualdad frente a la ley, libertades, propiedad privada o debido proceso, entre otros, se requiere que el próximo Congreso, con el voto afirmativo de 2/3 partes (más de 105 diputados), apruebe los artículos a modificar y luego se elija una Asamblea Nacional Constituyente que solo tendrá por encargo conocer sobre los artículos decididos. Si algún gobierno pretende modificar la libertad religiosa, de acción, de pensamiento o la propiedad privada deberá primero que cumplir con lo antes dicho, o estaríamos en una situación de hecho. Si hay duda de lo que acá se dice bastará leer el artículo 278 constitucional y es importante señalar que ninguna reforma podría contradecir compromisos internacionales reconocidos en convenciones de derechos humanos.

Segundo punto. El artículo 67 constitucional dice: “Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema”. Todo gobierno debe respetar y procurar el cumplimiento de lo transcrito.

Desde la firma de los acuerdos de paz se insistió en que un catastro técnico y actualizado es la herramienta de desarrollo, pero desde el poder se ha boicoteado.

Tercer punto. La justicia social está reconocida. El artículo 101 constitucional señala que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social, así como que el régimen laboral debe organizarse bajo principios de justicia social. Además, el 118 señala en un inicio: “El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social”.

Cualquier gobierno debe garantizar lo señalado o viola la Constitución. La justicia social no es discurso de ocasión, sino mandato expreso.

Cuarto punto. Los funcionarios y empleados públicos son solo depositarios del poder, están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Esto es importante porque vemos volcarse a miles de funcionarios públicos, con enseres, vehículos, en jornada hábil, a campaña electoral, cuando la Constitución lo prohíbe, llegándose a extremos impresionantes como ocurre en decenas de municipalidades o donde en cajeros automáticos se recibe dinero por el voto sin que las autoridades muevan un dedo. El artículo 154 constitucional fue el transcrito, por si existe interés en leerlo completo.

El punto de estas líneas es aportar para una campaña llena de mentiras y ataques, y esto es debido a que muchas veces el público pide espectáculo y no debate, lo cual enrarece los aires democráticos, pero esto no lo podemos permitir.

Mientras más elecciones realizamos, creeríamos que el régimen democrático se fortalecería, pero es a la inversa y pongamos un claro ejemplo. El 12 de noviembre de 1995 se realizaron elecciones y Álvaro Arzú del PAN obtuvo el 36.6% de los votos, Alfonso Portillo del FRG el 22.1% de preferencias, Fernando Andrade Díaz Durán de la UCN, DCG y PSD el 12.9% y finalizo con Jorge González del Valle del FDNG con el 7.7%, con 19 candidaturas más. Luego el 7 de enero de 1996, es decir, literalmente 7 días antes de la toma de posesión se realizó una segunda vuelta electoral en la cual Álvaro Arzú logró el 51.2% y derrotó a Alfonso Portillo quien obtuvo el 48.8%, es decir, una diferencia de un 2.4%. El traspaso de poder se realizó y entregó el cargo Ramiro de León Carpio el 14 de enero de 1996.

Si la computación y el mundo digital crearon facilidades y hacen lo complejo más fácil, ¿por qué parecería que nuestro modelo electoral se conduce para atrás? Si vemos un poco de historia, la polarización entre el otrora PAN de Arzú con aquel FRG de Ríos Montt era inmensa, estoy seguro de que a los padres les hubiera costado mucho ver la alianza actual de sus hijos, pero el punto está en que la autoridad electoral podía realizar una elección, con estrecho margen de diferencia y generar certeza en una semana.

Si el régimen electoral no funciona, toda la institucionalidad del Estado se perjudica, porque es el voto popular quien legitima el ejercicio de toda función pública. Nuestro país vivió un cruento enfrentamiento armado interno porque los militares en el poder no dejaron la participación de opciones opositoras y de Peralta para Lucas, las imposiciones, pactos secretos y fraudes fueron la realidad diaria.

En todas las elecciones del mundo hay problemas con actas, con algunos traslados de resultados e inconvenientes operativos, pero de eso a que por más de dos semanas un país no pueda conocerse resultados oficiales hay un trecho enorme.

Nuestra Constitución señala que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, pero en el tema electoral la propia Ley de Amparo señala “Toda persona tiene derecho a pedir amparo…: en materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en el recurso de revisión”.

Lo anterior significa que lo único que podría ser susceptible de Amparo es lo resuelto por el Tribunal Supremo Electoral, en definitiva, pero ahora resulta que tanto la Corte de Constitucionalidad como la Corte Suprema de Justicia, sin que se agoten los recursos propios de la materia electoral irrumpen en un ámbito prohibido.

La Justicia Constitucional es subsidiaria, es decir, entra a jugar cuando los medios ordinarios o comunes de inconformidad ya fueron resueltos, pero en 2023 vemos cómo los dos máximos tribunales del país juegan un papel para retrasar resultados.

Si en 1996 pudimos realizar una elección, bajo tremenda polarización, en la cual la diferencia fue de 2.4% y en la cual la opción perdedora obtuvo más del 85% de los distritos, a pesar de la precariedad del TSE actual debemos empujar para adelante y no jugar con la paz de todo un país.

La principal misión del TSE es declarar la validez de las elecciones y en su caso las nulidades correspondientes, pero los procesos electorales no descansan solo sobre los hombros de cinco magistrados, sino que a la vez el Registro de Ciudadanos, único órgano electoral permanente, debe inscribir candidaturas y establecer las reglas sobre las cuales se prepara un documento fundamental para tener elecciones limpias el cual se llama “padrón electoral”, que no es más que el listado de ciudadanos para votar.

Montar la logística electoral está a cargo de tres órganos electorales, las Juntas Electorales Departamentales, las Juntas Electorales Municipales y, el más importante, las Juntas Receptoras de Votos. Cada junta con una misión y competencia definida por la ley. El artículo 186 de nuestra Ley Electoral señala como atribución de las Juntas Receptoras de Votos, entre otras: “efectuar, en presencia de los fiscales de los partidos políticos y de los comités cívicos electorales que se encuentren presentes, el escrutinio y cómputo de la votación realizada ante ella” y “trasladar y entregar a la Junta Electoral Municipal el saco electoral, inmediatamente de concluidas las labores de la Junta Receptora de Votos”.

Entre varias funciones de las Juntas Electorales Municipales encontramos esta: “Establecer el resultado de la votación de su jurisdicción, utilizando para el efecto los documentos que le entreguen los presidentes de las Juntas Receptoras de Votos, debiendo darles la debida publicación a tales resultados”. Y la Junta Electoral Departamental debe “Declarar el resultado y la validez de las elecciones municipales realizadas en el Departamento, o en su caso la nulidad parcial o total de la mismas; adjudicar los respectivos cargos, notificando a los ciudadanos la declaratoria de su elección, una vez se encuentre firme la respectiva resolución, y en enviar el TSE la documentación relativa a las elecciones presidenciales o de diputados…”.

Como es fácil concluir, la descentralización de las funciones en el proceso electoral es la clave de este. Cada órgano con sus funciones definidas realiza la porción de actividades asignadas, ni más ni menos, y todo esto en función de dos principios irrenunciables que informan el derecho electoral guatemalteco: voto secreto y escrutinio público. Nuestra Constitución señala como deber y derecho político “velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral” en esto no hay ninguna discusión. Asusta, confunde y además es inejecutable la resolución de la Corte de Constitucionalidad al señalar la posibilidad de un nuevo reconteo de votos, cuando esto es imposible, porque cada Junta Receptora de Votos cumplió y entregó su material. El recuento es el día de las elecciones, no más.

Al escribir estas líneas se señala en redes sociales que fiscales de Vamos, Cabal y Valor presionan para abrir las cajas electorales y son insistentes en pedir la participación del MP, autoridad sin competencia en este caso, exigiendo algo ilegal. El TSE y algunas juntas causaron demasiado relajo y ahora no deben permitir más, deben garantizar orden y respeto, su responsabilidad está en juego.

La cita es bien válida en estos momentos, porque a pesar de que hemos cumplido de nuevo con una nueva jornada ante las urnas la noción de que el Estado guatemalteco es una estructura utilizada para reprimir persiste y se mantiene en buena parte de la población, además es evidente una creciente desconfianza al marco constitucional, porque quienes manejan las instituciones de poder, lo ejercen sin mayor control y por ejemplo, los procesos judiciales han llegado a ser instancias en donde ya ejercer una defensa molesta es delito.

Un proceso electoral existe para que todos podamos conocer las propuestas, pero sobre todo para analizarlas y así encontrar soluciones a los problemas, si Guatemala tiene el penúltimo lugar en desarrollo humano, dentro del conjunto de países latinoamericanos, debemos buscar soluciones.

El miedo y sus orquestadores tienen difusión, porque la descalificación es más sencilla que la construcción y sobre todo en sociedades donde, tal como don Carlos Figueroa Ibarra lo subrayó, existe deterioro cultural.

“El miedo es la mayor discapacidad de todas”, nos lo señalan muchos, así que una sociedad democrática debe, en primer término, rechazar esos mensajes de constante miedo difundidos solo para intentar convencer que vivimos en una isla rodeada de paz y que eso, conocido como “mejor calidad de vida”, no es aspirable.

Debemos exigir del Estado promover el desarrollo económico, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de cualquier otra naturaleza, así como promover de forma sistémica la descentralización económica y administrativa, proteger el capital y el ahorro, fomentar la construcción de vivienda popular e impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad, tal como nuestra constitución señala en su artículo 119 entre otros aspectos puntuales.

Nuestro marco constitucional no se desarrolla y a pesar de que desde el 14 de enero de 1986 se le ordenó al Congreso discutir y aprobar una ley para regular, las aguas (artículo 127), las leyes que protejan la competencia e impidan prácticas monopólicas (artículo 130) o una ley que proteja y respete los derechos y tierras de los pueblos indígenas (artículo 70), estos debates no se han generado y por consiguiente el propio marco constitucional se siente insuficiente.

Si queremos desarrollo partamos a fortalecer nuestras instituciones, y para ello es clave el respeto al orden constitucional, por eso el miedo no puede ser el motor de nuestras decisiones.

Romper el paradigma de que nuestro Estado es represor por naturaleza es complejo para algunas generaciones, de seguro lo tendremos tatuado, pero no podemos condenar a los jóvenes a vivir bajo la autocensura, el regaño o el freno cuando el punto es fomentar la libre emisión del pensamiento, el debate político y social en todos los órdenes y educar a la población en democracia para forjar marcos de libertad en donde podamos desarrollarnos de forma integral y en paz, por ello el miedo es el peor de los consejeros y sus difusores grandes farsantes que intentan confundir a los patojos que lo único que buscan son opciones y libertad.

Sin buscarlo, el reportero describió un estado de temor para opinar y esto es grave, pues ningún proceso democrático puede descansar en la autocensura y mucho menos en el miedo. El presidente Giammattei y el vicepresidente Castillo deben estar comprometidos con la plena vigencia de los derechos constitucionales, porque su primera función es hacer cumplir la ley y la realidad nos dibuja algo distinto.

Si al estado de temor le agregamos un sistema judicial legalmente en funcionamiento pero ilegítimamente establecido, al no haberse renovado, además de una autoridad electoral sin confianza ciudadana y gastando cataratas de dinero sintiéndose impune, sin duda alguna el panorama no es halagüeño. Un proceso electoral está diseñado para que distintas corrientes políticas y de opinión puedan brindar soluciones a los distintos problemas sociales, nuestro país, ocupando el segundo peor lugar en indicadores sociales en Latinoamérica, realiza un proceso electoral donde el miedo existe y, además, con propuestas demasiado mediocres como hemos podido ver. Muy pocos candidatos tocan temas estructurales y la mayoría se decanta por opciones clientelares.

En países con poca institucionalidad, como nosotros, y además en franco retroceso en las libertades ciudadanas, también como nosotros, el riesgo es condenar a las nuevas generaciones a la migración o a la incapacidad educativa, como justo antier Prensa Libre lo señaló en su titular, pero donde, además, este gobierno deja a la Universidad de San Carlos en su peor crisis en 347 años de historia, lo cual no es ningún buen legado.

Sin institucionalidad no hay desarrollo y sin control del poder no hay libertad; así de sencillo. En consecuencia, ¿cómo se puede escoger por quién votar? Pues quienes apoyan el verdadero fortalecimiento institucional de seguro tendrán mejores opciones para construir el desarrollo, y por otra parte, quienes procuran verdadero control del poder nos garantizan libertad, actualmente con una cooptación institucional tan enorme, estarán quienes defienden el actual sistema mercantilista donde los privilegios para producir y la impunidad están al mejor postor, o quienes procuren, para las nuevas generaciones, opciones para triunfar en este pedazo de tierra y no tener que salir como única condición de sobrevivencia.

Es bien complejo escribir una letra en defensa del sistema democrático cuando la Constitución y el voto se han convertido en herramientas de retrocesos institucionales o amenazas a nuestros derechos; sin embargo, basta ver la historia para darnos cuenta de que, por ejemplo, el sistema judicial fue el mayor cómplice de los gobiernos militares para sus represiones indiscriminadas y grupos tradicionales de poder, por acción u omisión, se sumaron siempre al esfuerzo de boicotear vientos de verdaderas opciones democráticas.

El proceso electoral no es el día de la elección y ya el TSE solito perdió mucha confianza, así que no queda más que enarbolar nuestro derecho constitucional de velar por la efectividad y libertad del sufragio, pues ya el proceso electoral quedó en déficit de pureza.

Guatemala tiene una excelente constitución, la cual hace vivos muchos valores, pero ella tiene muy poca culpa cuando quienes son nombrados para defenderla, sustituyen su juramento de lealtad por intereses personales o sectarios, ¿cómo explicar que una República lleva casi cuatro años sin renovar sus propias cortes cuando existe mandato expreso para ello? Y esto solo por mencionar la más icónica de las violaciones constitucionales, porque al fin y al cabo la constitución no es más que un invento para conseguir vivir en paz.

Si una sociedad no valora la vida y la integridad personal no tiene futuro o si lo tiene está comprometido con la barbarie. La justificación de los horrores cometidos por un lado y otro durante nuestro enfrentamiento armado es espantosa, sobre todo cuando en el 2023 deberíamos aprender del canibalismo vivido y construir una sociedad en paz.

Si tomamos los ejemplos de Chile, Uruguay y Argentina, por mencionar solo tres países, constatamos cómo sin importar diferencias políticas (ideológicas o partidarias) se realizan grandes manifestaciones para exigir al Estado respuestas concretas frente a los detenidos desaparecidos, porque jamás nadie tuvo derecho para cometer un crimen tan atroz y menos el Estado, si en ese punto no logramos ponernos de acuerdo, solo evidenciamos nuestro espíritu rupestre.

Es absurdo vivir una campaña electoral, como la nuestra, donde lo único que pululan son ofrecimientos clientelares y pocos se pronuncian por temas estructurales. Ningún país del mundo puede ofrecer un mínimo de desarrollo si oculta su historia y menos aún cuando existen miles de detenidos desaparecidos sin buscarse por parte de quienes son depositarios del poder público.

Se necesita ser cínico o tener un alma enferma, si no se muestra empatía con miles de padres, madres, hermanos, hijos, cónyuges y amigos que ignoran el paradero de un ser querido. Si bien todos los casos, sin excepción, nos deben mover las fibras más íntimas, también es cierto que hay casos paradigmáticos como el de Marco Antonio Molina Theissen.

Marco Antonio tenía 14 años y en su propia casa fue capturado por elementos oficiales el 6 de octubre de 1981 sin que a la fecha se sepa de él. Justificar un crimen tan horrendo como ese o señalar que Marco Antonio vive tranquilamente en otro país y que la familia pretende lucrar con la tragedia cuando es público el sufrimiento, solo es muestra, de veras, de una descomposición humana muy profunda.

Una constitución puede garantizar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad, pero si estos derechos no son asumidos por cada uno de nosotros, en el día a día, lo plasmado no es más que una simple hoja de papel.

El Estado existe para la protección de todos, sin importar nuestro pensamiento u origen, por eso la actitud de nuestros distintos gobiernos para dejar de buscar a quienes ellos mismos, institucionalmente hablando, detuvieron y desaparecieron es un insulto a cualquier noción de convivencia pacífica.

El Estado jamás debe ser criminal y hasta las grandes guerras mundiales tuvieron reglas, vivir bajo la negación, el radicalismo o el relativismo para justificar prácticas terroristas estatales es la mayor de las cobardías y la mejor forma de convivencia pacífica. Destruir al pensamiento distinto, cuando este debe ser respetado, es absurdo porque el ser humano tiene su riqueza en su diversidad, salvo por supuesto, si en realidad estamos enfermos del alma…

Cada frase de nuestra constitución, en la cual establece un reconocimiento de nuestros derechos o una obligación del Estado y del poder, tiene una razón histórica. La ley no es más que una decisión política y la decisión política más importante de un Estado es su Constitución.

Los derechos que no se ejercen se pierden y debemos entender, por ejemplo, el bagaje histórico que representó para los constituyentes lo vivido y el objetivo por erradicar los abusos y procesos antidemocráticos sufridos.

Tuvo que venir a Guatemala Mario Vargas Llosa, el intelectual liberal más importante de América Latina, a decirnos que era una vergüenza para buena parte de los guatemaltecos no haber entendido cómo el derrocamiento de Jacobo Árbenz, habiendo sido legítimamente electo, debía ser condenado porque ello provocó una espiral de procesos abusivos.

Cuando Árbenz fue derrocado en 1954, Carlos Castillo Armas, el caudillo de la mal llamada Liberación convocó a un plebiscito para legitimarse, la gente debía acudir a decir si estaba o no de acuerdo con él como Presidente. Ese plebiscito tuvo dos características: voto público y escrutinio secreto, dos conceptos reñidos con cualquier noción democrática.

Castillo Armas fue asesinado por sus propios amigos en Casa Presidencial, se convocaron elecciones y Miguel Ydígoras Fuentes quien supuestamente representaba una oposición se perfilaba como candidato triunfador, pero con un fraude electoral salió electo el propio candidato de la Liberación, esto provocó manifestaciones hasta de bicicletas e Ydígoras tomó el poder después de dinámicas complicadas.

Cuando Ydígoras ya salía del poder porque terminaba su mandato, Juan José Arévalo anunció desde el exilio su retorno para ser candidato, las huestes revolucionarias tendrían un personaje por quien votar y por eso, contado por alguno que otro militar en sus memorias, decidieron dar Golpe de Estado en 1963 para que Enrique Peralta Azurdia, como representante del Ejército iniciara un proceso de abusos y tutela militar sobre el poder civil y así impedir la candidatura de Arévalo, quien seguramente triunfaría.

En 1965 se promulgó una constitución y el poder formal fue conferido, luego de haber obtenido éxito electoral a Julio César Méndez Montenegro, pero bajo un perverso pacto de control militar, para tutelar su gobierno. Luego vino Carlos Arana Osorio quien ejecutó el primer fraude electoral en 1974 a gran escala para impedir que la oposición encabezada por Efraín Ríos Montt (antes de ser fanático religioso) y Alberto Fuentes Mohr ocuparan la presidencia y vicepresidencia, dándole el poder a Kjell Laugerud.

Fernando Romeo Lucas llega también al poder por fraude en 1978 y luego él ejecuta otra burla el 7 de marzo de 1982 para entregar el poder a Angel Aníbal Guevara, pero 15 días después, el propio ejército da otro cuartelazo para entronizar a Rios Montt como dictador, período que llegó hasta el 8 de agosto de 1983 en la cual Oscar Mejía Victores ante los abusos cometidos, promete el retorno de la constitucionalidad y entregó el poder a Vinicio Cerezo el 14 de enero de 1986, fecha en que entró en vigencia nuestra constitución.

Nuestra historia electoral ha sido un fiasco y por eso el tesoro que representó hacer elecciones confiables a partir de 1984, no puede destruirse por un grupo de personas con fuertes nexos con el poder que dirigen el Tribunal Supremo Electoral en estos momentos.

Tenemos el derecho y el deber de velar por la transparencia del proceso electoral y a esta exigencia se debe sumar quien procure un país en paz, todos somos fiscalizadores de este proceso que ya tiene bastantes tachas con la complicidad de bastantes otras instituciones.

El poder confiado a un grupo o a una persona para gobernar y protegernos, si deja de ser racional se convierte en una droga adictiva para quien lo porta y en un lastre para quienes lo soportan. Así como es natural tener y gozar de derechos sin que ninguna ley nos lo diga, también el ser humano abusará del poder siempre que pueda y lo dejen.

Aceptar nuestro encanto por el abuso del poder, por el transcurso de los años y tras las frustraciones de millones de personas víctimas de poder sin límites, se establecieron, poco a poco, reglas para limitarlo, lo cual en un principio por naturaleza fue un contrasentido porque quienes ejercían la autoridad dictaban las leyes sin parámetro que respetar.

Las democracias modernas más sobresalientes como lo son la inglesa, la francesa y la de Estados Unidos nos mostraron a occidente el camino para limitar el poder y asegurar nuestros derechos. Los ingleses primero con la creación del Parlamento y de las reglas para limitar al propio Rey y luego los Estados Unidos y Francia con sus respectivas revoluciones, establecieron pautas universales y válidas, una de ellas es que existe una ley llamada Constitución, creada por un poder encima del ejercido por los gobiernos habituales y con varias funciones. La primera es limitar el ejercicio de la autoridad pública y segundo, asegurar nuestros derechos y para ello la prensa libre juega un papel clave para que los habitantes sepamos lo que ocurre y nos protejamos.

La mayoría de Centroamérica sufre un retroceso al respeto, por parte del poder público, a los más elementales límites de poder. Los gobiernos hablan de libertad, pero se enfurecen cuando ese derecho se ejerce de forma molesta a sus intereses y persiguen la libertad de expresión y de prensa.

En el diario español El País, el domingo recién pasado, aparecieron los testimonios de un periodista anónimo nicaragüense, quien relata su calvario por informar y por ello calla su nombre; Julia Gavarrete de El Salvador cuenta cómo se hace periodismo (y se vive) bajo persecución constante, siendo el caso salvadoreño complejo porque buena parte de la población aprueba medidas represivas bukelianas, y por último Juan Luis Font quien se vio obligado a salir de Guatemala por los montajes de casos que ahora se hacen desde el Ministerio Público y el Organismo Judicial para acallarlo y complacer a los grupos de poder.

El testimonio de Juan Luis Font nos hace un llamado a cualquiera que ame la libertad y es mensaje para todo aquel joven que anhela un futuro mejor como consecuencia de un estudio y trabajo honrado. La voz de Font, la prisión de Laparra y Zamora, por decisiones de cortes con períodos extemporáneos, así como el exilio y “muerte civil” de varios operadores de justicia nos advierte con intensidad cómo debemos aprender de la historia. A menos de un mes para “elegir” dentro de quienes nos dejaron, razonemos quién asegurará expresarnos, protestar, disentir y vivir en libertad.

No debemos conformamos con democracias de fachada y sobre todo cuando a la prensa se le persigue. Cuando eso sucede, en cualquier parte del mundo, el poder se ejercerá sin límites porque el primer coto para frenar el atropello es una sociedad enterada y consciente.

Los Constituyentes de 1985 al conocer los escandalosos fraudes electorales llevados cabo por Arana, Laugerud y Lucas, decidieron establecer varias garantías para el respeto al voto, siendo dos de ellas, que la Ley Electoral y de Partidos Políticos sería una norma con rango constitucional, lo que significa situarla fuera de las órdenes, modificaciones y derogaciones de las leyes ordinarias (que son la mayoría) y por otra parte, decidió bajo la inspiración costarricense la creación de un Tribunal Supremo Electoral (TSE) como máxima autoridad en materia electoral y cuyos integrantes tendrían los mismos requisitos, derechos y prerrogativas que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

La idea de establecer una normativa superior a la legislación ordinaria y además crear una nueva autoridad electoral fue blindar al régimen electoral de decisiones del Congreso por medio de leyes ordinarias y luego asegurar que las decisiones con efectos electorales fueran conocidas por la jurisdicción constitucional solo si hubieran sido dictadas por la máxima autoridad: El TSE. Nuestro sistema político descansa en la participación política de todos y no solo de algunos como fue en los gobiernos militares.

El partido propiedad de la familia Baldizón llamado “Cambio” presentó amparo ante una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo “ante el riesgo o amenaza que se violenten derechos fundamentales de la organización política” y se denunció como motivo el riesgo de participar de candidatos de Prosperidad Ciudadana cuando su segunda asamblea nacional ordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2022 no cumplió -dicen ellos- los requisitos legales.

El amparo puede ser preventivo, en caso exista amenaza o restaurador cuando el daño se hubiere hecho. En este caso se promovió un amparo preventivo, pero se denunció como motivo una asamblea inscrita en el Registro de Ciudadanos e incluso impugnada por inconformes y conocida por el Tribunal Supremo Electoral (se buscaba algo restaurador, porque los candidatos ya hasta credencial tienen). Para la realización de una asamblea siempre debe estar presente un delegado del Registro de Ciudadanos.

Conforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos toda decisión del Registro de Ciudadanos es impugnable ante el Tribunal Supremo Electoral, por lógica elemental y mandato legal, no puede existir Amparo si los interesados no atacaron lo decidido por el Registrador de Ciudadanos, porque el régimen electoral está diseñado para que solo aquello dispuesto por el TSE pueda ser conocido por la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad -los más altos del país-.

Si lo anterior es poco, resulta es inconcebible denunciar en un amparo un acto sucedido en noviembre de 2022 en mayo del 2023. Para un amparo hay 30 días y esto no tiene discusión.

El gran problema del guatemalteco es que no le importa la violación del derecho ajeno y solo hace cola para ser la próxima víctima. El amparo otorgado de forma sorpresiva por un tribunal inferior a la Corte Suprema de Justicia para inhabilitar participaciones políticas de decenas de personas no tiene vialidad conforme la ley y la jurisprudencia, sin embargo, presenciamos cómo sin importar las consecuencias para el sistema, la justicia constitucional ahora es para restringir cuando fue creada para garantizar nuestra libertad y esto representa la destrucción del régimen electoral y un retroceso para todos.

Hace unos meses un ciudadano conocido como el Canche Heredia hizo público un video en el cual llegaba armado a una estación policial, increpaba a policías y los mandaba a no digo donde. Luego se supo que a los días se giró una orden de captura, él fue llevado a tribunales y así todo terminó saliendo luego de una corta declaración. Esta situación mostró cómo se respeta la ley y el derecho por aquellas tierras.

El Partido Cambio, la agrupación de Manuel Baldizón y su familia postuló para diputado a Tres Kiebres, siendo este ya su nombre oficial, y al parecer puntea en las preferencias. El personaje, como alcalde de Ipala, fue acusado por el Ministerio Público por delitos ligados al narcotráfico por una solicitud de los Estados Unidos y además existe acusación por asesinato. A la fecha no hay magistrado para conocer del antejuicio y el procedimiento está parado. El miedo es atroz.

Solo estos dos casos sirven para comprender el miedo de jueces y fiscales en Chiquimula si pretenden gestionar su trabajo con independencia y apego al derecho. El enfermizo centralismo capitalino produce en algunos departamentos el reino de un caudillo del miedo y del crimen.

¿Puede Chiquimula con un sistema de justicia tembloroso de miedo garantizar legítimas elecciones? Además, en el mismo reportaje radial se denunció como las Juntas Electorales Municipales fueron integradas, en buena parte, con personas afines a determinados candidatos.

El Instituto Normal de Varones de Oriente (INVO) fue fundado en 1873 y el Instituto Normal de Señorita de Oriente (INSO) fue fundado en 1887, ambos en Chiquimula porque se consideró que de dicha ciudad y departamento debía irradiar la educación y cultura al oriente del país, hoy vemos como ni la Corte Suprema de Justicia y menos la Fiscal General ponen énfasis en la protección a su propio personal en aquellas tierras reinando la ley del más fuerte.

Chiquimula no es ninguna excepción, de seguro hay otros departamentos iguales o peores, pero acá tocamos este caso por el abordaje periodístico mencionado, sobre todo cuando Tres Kiebres y Boris España, los candidatos favoritos, se esconden de la prensa para no dar declaraciones.

Humberto Porta Mencos, sin duda el escritor chiquimulteco más renombrado, bien nos dejó dicho en su Eterna Tragedia: La historia es un libro/ lleno de Césares criminales, / amantes de los puñales, / del cadalso y del veneno. / Nace el hombre y nace bueno, / crece y le entra la ambición; / le pierde la adulación, / si es rey, o jefe de Estado, / y en cualquier puesto elevado / se encallece el corazón.

La Eterna Tragedia no debe ser nuestra sentencia, sino nuestro empuje para cambiar estas estructuras de terror incrustadas por la omisión o incluso acción de quienes ejercen el poder público y termino estas letras con la reflexión de don Eduardo J. Couture, jurista uruguayo de nacimiento, pero universal por su legado: “De la dignidad del juez depende la dignidad del derecho. El derecho valdrá en u país y en un momento histórico determinados, lo que valgan los jueces como hombres. El día en que los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo”.

No es justo condenar a propósito a una juventud al miedo y menos aún a ser regidos por el crimen.

En el capítulo denominado “De la conspiración del silencio a la conspiración de la exclusión”, referido al período de los gobiernos militares (1963-1982, con la excepción de Méndez Montenegro), el autor dijo: “Requisitos —a primera vista inofensivos— de afiliación, reconocimiento, actividades, programas, antecedentes de la dirigencia y financiamiento reflejaban una encubierta intención limitativa que dejaba en manos del gobierno central la decisión sobre la misma existencia de los partidos y naturalmente de sus actividades… En una interpretación abusiva del marco jurídico, en este modelo se bloqueó persistentemente la participación política de la oposición, no solo de extrema izquierda, como podría suponerse, sino de los grupos moderados del centro a la izquierda. Y en situaciones limites se usó para controlar el escrutinio y realizar fraudes denunciados por la oposición y la opinión pública independiente”.

Viene al caso recordar y citar la publicación porque conforme la encuesta hecha pública por Prensa Libre, la autoridad electoral perdió credibilidad, pero además los casos de Jordán Rodas, Roberto Arzú, Edmond Mulet y ahora es posible que Carlos Pineda evidencian una clara intención dolosa por evitar participaciones molestas a grupos enquistados en el poder y responsables de una cooptación institucional evidente.

Cualquier país del mundo que pretende garantizar la libertad de sus habitantes realiza esfuerzos por controlar, por medio de instituciones fuertes, el ejercicio del poder. En nuestro país es paradójico cómo quienes más se autoproclaman “liberales” y “respetuosos de la república” son verdaderos defensores del mercantilismo imperante, de la exclusión política y, sobre todo, del abuso en el poder público, llegándose a extremos hasta ridículos como pretender decirle a un candidato presidencial que no brinde declaraciones a medios internacionales. A Rodas no se le permite participar como candidato porque se presentó una denuncia, que nadie conoce, de índole administrativa. A Arzú no se le permite ser candidato porque se afirma que hizo campaña anticipada (lo cual hicieron todos los candidatos oficiales) y sin importar que ya pagó la multa impuesta se le veta. A Mulet lo intentó callar, nada menos que la Feci, que encarna la otrora auditoría de guerra, y ahora se presentó un absurdo amparo con efectos preventivos por parte de las huestes de Baldizón para evitar la participación de Carlos Pineda, y como la confianza en el Organismo Judicial es escasa, hay incertidumbre.

El TSE y la CC hacen esfuerzos para crear una dinámica en donde la exclusión política es la base y para ello repiten lo que García Laguardia mencionó como nota característica de aquellos tenebrosos años en donde los militares gobernaban sin límite alguno.

El objeto de estas líneas no es apoyar a ningún candidato, sino mostrar que negando el derecho de participación política burlamos el mayor control de poder que una república tiene, como son las elecciones, para garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la función pública. ¿Acaso no les bastó mantener Cortes fuera del período y así burlar la propia Constitución?

Esta ley rompió todo concepto de Poder Constituyente y los fundamentos de la teoría constitucional al haber sido traslada al “Ejecutivo” de momento, dirigido por Enrique Peralta Azurdia, para su publicación y cumplimiento; es decir, los representantes del poder constituyente remitieron a un personaje que dio un golpe de Estado y cuya única legitimidad eran las botas, balas y tanques las normas para garantizar la libre emisión del pensamiento, lo cual hizo el encargado del gobierno de facto el 28 de abril de 1966, hace 57 años.

La ley, en buena parte de su contenido, dispone las herramientas para que cualquier persona pueda acudir a dirimir si alguna publicación le causó algún agravio y también establece aspectos penales importantes con una pésima regulación procesal, que será tema para otro momento.

Como la ley se refiere más que todo a los excesos, denuncias, procesos y censuras posteriores a las publicaciones, fue hasta septiembre de 2008, cuando se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, en el gobierno de Álvaro Colom, que se consiguió un giro de 180 grados a la fiscalización pública para saber cómo, quiénes, cuándo y por qué se gastan los recursos públicos.

Nuestra Constitución garantiza el libre acceso a las fuentes de información, pero hemos visto cómo este derecho se coarta y ahora con inusitada dinámica hasta por el propio Organismo Judicial, el cual debería ser ejemplo de transparencia.

Buena parte de los procesos penales paradigmáticos son tramitados bajo reserva eterna y sin justificación. Jueces en audiencias públicas se manifiestan molestos hacia la prensa y el MP investiga a columnistas porque sus opiniones pueden ser consideradas obstáculos a la justicia “imparcial y objetiva”.

La prensa informa sobre algunas decisiones judiciales, pero no existen análisis de lo que dicen esas decisiones judiciales, creyéndose que el tema es un asunto de abogados, cuando la libertad es el bien más preciado.

En Guatemala, con tal de que el papel diga algo, poco importa cómo lo dice y por qué lo dice, y así los distintos tribunales han ido en una dinámica preocupante de restricción de derechos, o, lo que es peor, de evasión de los postulados constitucionales, facilitándose hasta el cierre de medios o haciendo más gravosa su actividad, como lo demuestran elPeriódico y otros.

La justicia es demasiado importante para dejarla solo en manos de abogados, la prensa independiente debe analizar de lleno cómo fundamentan los distintos tribunales sus fallos y, lo que es peor, cómo varían sus propios criterios, tratándose de quien litiga.

El sistema judicial durante el enfrentamiento armado fue el mudo cómplice de las más aterradoras violaciones a los más elementales derechos, la construcción de una verdadera institucionalidad judicial democrática solo existirá si la prensa acepta el reto de invertir, procurar y crear un efectivo análisis judicial y los jueces se sientan fiscalizados.

Lo que no es lógico no es derecho, y si queremos hablar de libertad, debemos entrarle de lleno a fallos o actitudes represivas y con dedicatoria como algunos llevados a cabo hasta el momento, siendo el proceso electoral buen ejemplo en los casos de Roberto Arzú, Jordán Rodas, Edmond Mulet, Alfonso Portillo, Sandra Torres, Zury Ríos, Ricardo Quiñónez y tantos otros.

¿Qué nos identifica a los guatemaltecos?, ¿cuál es nuestro vínculo con esta tierra? Podríamos decir los símbolos patrios, pero buena parte de la población tacha la bandera, al escudo y hasta a la ceiba como imposiciones. Al parecer, si pudiéramos reunirnos y platicar de forma serena sobre nuestra propia nacionalidad, nos veríamos en inusitados problemas; muy pocas cosas nos identifican y cohesionan.

La historia de un país es la que muestra su alma, dicen algunos, y si volteamos a ver hacia el norte encontraremos el orgullo de los Estados Unidos por sus padres fundadores. Por otra parte, la identificación del mexicano con su pasado enseña, con grandísima elocuencia, la grandeza de aquel país; los niños sí saben quiénes fueron Juárez, Madero, Villa o Zapata. Dudo, en nuestro caso, que la mitad de patojos de cuarto primaria en adelante pueda mencionar y explicar con alguna claridad cuatro héroes nacionales.

Siendo un país tan pequeño, ¿por qué no encontramos puntos de unión? ¿cuáles son nuestros valores comunes? Estamos tan enredados en el día a día, la mayoría como superviviendo, que buscar en la historia algunos puntos básicos de identidad es casi imposible, a pesar de tantos que perdieron su propia vida por un país mejor en estos 200 años de vida independiente. Nos acostumbramos a gozar alegrías efímeras, y por eso la selección de futbol es como el único bálsamo que aparece cada cierto tiempo; sin embargo, hasta en el fut nos quedamos fuera por corrupción de dirigentes y, ahora, por rencillas y celos personales nuestro país no podrá ondear su bandera en las competencias del ciclo olímpico. Lo que Árbenz comenzó en 1952 con la primera participación en Helsinki, Finlandia, apunta a que este gobierno lo vetó y estaremos fuera de París 2024, así que el recuerdo y las lágrimas de unión como las derramadas con Érick Barrondo no podrán repetirse.

Confieso carecer de capacidad para definir en esta columna qué entendería por alma, pero estoy seguro de su existencia y no me cabe la menor duda de la vigencia de un alma colectiva. Entonces debemos empezar a buscar y replicar todas aquellas formas para sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos, algo difícil cuando la mayoría del pueblo si pudiera emigrar, lo haría, y esta realidad es para todas las clases sociales.

¿Será que estamos condenados a ser simplemente una multitud, como dijo don Alphonse? La verdad, no lo creo. Estoy seguro de la vigencia de un anhelo por un futuro en donde el gobierno deje de ser represivo y respete la libertad de sus habitantes. No puede ser que los mismos círculos de poder de hace 200 años pretendan imponer sus intereses sobre los derechos de una comunidad tan grande. Además, aunque parezca una perogrullada, sin duda en nuestra diversidad está la gran fortaleza.

Debemos, si queremos cambiar la ausencia de identificación común, empezar por aceptar nuestra propia historia, nuestros errores, horrores y aciertos, no con el objeto de revolcarnos en ella y tomarla como pretexto para explicar nuevos fracasos, sino para convertirla en cimiento de objetivos comunes y cambios concretos; de lo contrario, seguiremos navegando en este lodo, y este país merece, sin duda alguna, mejores ciudadanos para hallar nuestra alma colectiva.

Estamos seguros de cómo muchos guatemaltecos confunden al Estado con el Gobierno y los asumen como sinónimos. El Estado es la entidad fundada políticamente y los gobiernos no son más que los que en un momento determinado lo dirigen. El Estado de Guatemala ha sido esquilmado por distintos gobiernos porque de forma clara y llana nadie lo defiende. En un país serio, la discusión de uno de los tramos carreteros más importantes se hubiera iniciado hace meses.

La pérdida de representación del Estado, por supuesto, no la encontraremos de manera formal porque siempre hay presidentes, ministros, congresistas y magistrados, pero en la práctica y en la realidad el Estado está sin quien vea sus intereses. Veamos tres ejemplos.

El primer ejemplo, ya lo mencionamos. Dos concesiones, la del Correo primero, la autopista de Escuintla el segundo, terminado el plazo el Estado de Guatemala se encuentra sin saber que hacer, a pesar de que existía fecha cierta de terminación de la concesión desde el día uno. Guatemala no tiene correo y de seguro pasaremos más tiempo sin él. Con respecto a la autopista de Palín, ayer se informó que la Dirección de Caminos, con chapuces, pretenderá cobrar un peaje, pero jamás así podrá obtener fondos privativos para solo destinarse para el mantenimiento de ese tramo, así que es mentira que lo cobrado se destinará para esa carretera.

El segundo ejemplo está respecto del sindicalismo en esferas públicas. El Congreso tiene un pacto colectivo leonino, abusivo, en el cual sus trabajadores ganan más que los diputados y gozan de un 10 por ciento de aumento anual. Este pacto, firmado por Jorge Méndez Herbruger, se debe a nadie veló por los intereses estatales. Lo mismo ocurre con Educación o Salud. Un sindicalismo sin contraparte porque los gobiernos les dicen amén a todo, de forma lógica obtiene lo que quiere o más. El derecho de trabajo se basa en la negociación, pero para ello debe existir alguien en nombre del Estado.

Veamos un tercer ejemplo. Justo Rufino Barrios, se estudia desde primaria, dejó al país conectado de Puerto de San José a Puerto Barrios por tren. Arzú y Portillo mataron al ferrocarril, luego Berger lo concesionó y a la fecha el derecho de vía es un negociazo oscuro y, por supuesto, no hay servicio, a pesar de las promesas de este gobierno desde la toma de posesión. Nadie veló por el Estado.

Un Estado, para existir, requiere tres componentes fundamentales: el primero, territorio; el segundo, población; y el tercero, un gobierno basado en un orden jurídico con el objeto de concretar el bien común. El Estado surgió y tiene su principal razón de ser en la protección a su población. Acá, cada cuatro años entran quienes, en nombre del Estado, se enriquecen, fomentan impunidad, restringen libertades, pero lo que es peor, la población, al parecer, está tan desilusionada que parece resignada a no tener quien lleve el timón y solo hace cola para el próximo asalto, ¿no?

La propiedad privada está reconocida como derecho humano. Para reformar esta disposición constitucional se requiere que el Congreso con dos tercios de sus miembros decida reformar el precepto que la garantiza y luego convocar a una Asamblea Constituyente compuesta por 160 diputados para decidir solo este aspecto, lo cual es bastante lejano en suponer.

Establecido el reconocimiento de nuestra Constitución a la propiedad privada como derecho humano, preguntémonos si se ha cumplido con el mandato que obliga a garantizarla, porque el texto dice: “El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos”. ¿Qué han hecho los gobiernos para garantizar su protección?

La semana antepasada vimos cómo el Concejo Municipal de Antigua Guatemala aprobó un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de forma ultrasónica y huyendo de los propios vecinos. Desconocemos si lo decidido por la autoridad municipal está bien o está mal, el punto es que es absurdo cómo el destino turístico más importante del país y en donde existen grandes capitales invertidos en propiedades se decida de esta forma. Si la Antigua desmejora como dicen algunos, las propiedades perderán su valor, pero por otra parte si mejora, la plusvalía también tendrá costos y beneficios importantes que en todo caso deberían ser públicos.

En este descanso de Semana Santa pasamos con un amigo cerca de un desarrollo inmobiliario enorme y de lujo en jurisdicción de Puerto de San José, pero los terrenos aledaños señalan que “se prohíbe el vuelo de drones” y el veto proviene de “vecinos organizados”, lo cual significa, sin duda alguna la existencia de algún problema legal entre quienes poseen la tierra y quienes, de seguro la tienen registrada, pero también este lío debe tener décadas y así ni los poseedores y mucho menos los propietarios pueden disponer de sus respectivos derechos, si es que existe el de alguno, y lo que es peor al parecer esta problemática existe en muchísimas áreas de nuestra costa sur en donde la ineficiencia de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (Ocret) peca de omisión en algunos casos, de corrupción en otros y descontrol en buena parte de su gestión, pero también las Municipalidades no son más que edificios para trámites burocráticos.

En 37 años de vigencia constitucional nuestros legisladores han sido indolentes para garantizar el derecho a la propiedad privada, porque este derecho sin garantías para solventar conflictos así como para asegurarla es una quimera.

El Código Civil y el Código Procesal Civil cumplirán el 1 de julio 59 años de vigencia y buena parte del marco conceptual del Registro de la Propiedad nos viene de la Revolución Liberal (1871), en consecuencia, es conveniente preguntarse ¿por qué los distintos gobiernos han boicoteado que en el país exista, primero un catastro y luego un marco registral moderno para después garantizar una justicia pronta y cumplida si han jurado defender este derecho humano para todos? Y eso que en esta ocasión no hablamos de las constantes falsificaciones de compraventas o donaciones que son el pan diario de nuestras autoridades, juzgue cada quien si su propiedad está o no garantizada.

Profetas existen en todas las religiones. Basta recordar el dogma musulmán “Alá es Dios, y Mahoma su profeta”. Para los cristianos, los profetas del Antiguo Testamento nos predijeron la venida, vida y pasión de Cristo, además, a partir del Nuevo Testamento, Jesús se manifiesta como profeta, sacerdote y rey. Los budistas, por su parte, consideran a Buda como el profeta y abundan otras similitudes.

En otras religiones y en otras culturas el profeta fue parte de la vida social, se recoge por la literatura la existencia de profetas vikingos, celtas, romanos, mayas, aztecas y pieles rojas, y así es como nosotros los humanos hemos tejido una cultura en donde consideramos a algunas personas como mensajeros divinos.

Ahora, en Semana Santa y partiendo de un arraigo cultural con una fuente cristiana, tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista del laicismo, debemos prepararnos y saber que existen los falsos profetas. Si somos creyentes, sabremos que la Biblia nos advierte en varios pasajes sobre los falsos profetas, pero también en nuestra vida social y fuera del marco cristiano existen quienes pretenden profetizar y son unos grandes farsantes.

La demagogia y el populismo ahora, en plena campaña electoral, abre grandes puertas para que algunos personajes, netamente inescrupulosos, mezclen sus mensajes políticos con encargos religiosos con el único objeto de conseguir adeptos para sus causas. Es fundamental para quienes creemos en la construcción de una sociedad en paz que los mensajes políticos se distancien de la religión y existan solo dentro de la política partidista, porque, de lo contrario, estaremos abriendo zanjas muy complejas que posibilitan más violencia, más fragmentación y más diferencias sociales.

Una cosa es la tradición y otra cosa la fe. Si bien muchos pueden vivir estos tiempos conforme tradiciones personales o familiares, los cristianos no podemos perder de vista cómo la Semana Santa es un momento sobre el cual debemos adentrarnos en nuestra fe y conocerla, porque, por ejemplo para los católicos, una fe sin obras no es fe verdadera.

En Guatemala, algunos políticos tienen la obligación de crear enemigos imaginarios porque solo así pueden vender sus ideas de odio y división. Poco les importa, si hablamos de religión, que deben tolerarse los distintos credos, y si hablamos de política, que toda ideología tiene el derecho de expresarse dentro de una democracia; por el contrario, tal como hemos vivido, sobre todo, en los dos últimos gobiernos el engaño, la mojigatería, las acciones en contra de la vida y la libertad, pero sobre todo la constante política pública de propaganda alejada de los hechos, en un contexto donde la educación y la salud son un lujo resulta sumamente complicado porque hasta encontramos que en nombre de Dios se propone instaurar de nuevo la pena de muerte en un contexto donde la independencia judicial, el respeto a la dignidad del juez, pero, sobre todo, el Organismo Judicial sufre su más severa crisis de legitimidad y abuso por parte de quienes, en un momento histórico, fueron encargados de dirigirlo.

En nombre de Dios se han cometido grandes crímenes y los cristianos —de todas las denominaciones— llevamos buena parte de culpa en pretender dividir en vez de construir, por eso ahora, en esta Semana Santa, seamos o no creyentes, rechacemos a quienes buscan por medio de mensajes divinos encarnarse como verdaderos profetas, porque en realidad no son más que vividores de tragedias y divisiones.

En países con pobreza extrema, como Guatemala, el populismo ha sido un arma adoptada por distintos políticos con el objeto de lograr convencer a un electorado alejado del Estado, pero que sí anhela esperanzas y horizontes.

En América Latina e incluso también en los Estados Unidos se ha registrado un auge en la participación política partidista de ciertas iglesias evangélicas, al grado de que en Brasil, el presidente Bolsonaro intentó convertir su reelección en un referéndum entre católicos y evangélicos, haciendo cuña de mensajes bastante radicales en torno a distintos temas, sobresaliendo el aborto.

Nuestra Constitución al igual que las demás constituciones centroamericanas reconocen la libertad de religión, por consiguiente, el Estado no interviene, o bien no debe intervenir en aspectos religiosos; sin embargo, en Guatemala se registra una enorme proliferación de iglesias evangélicas, y esto obliga a analizar si grupos políticos están interesados en establecer, de forma paralela, organizaciones de apoyo pero con estructura religiosa.

La candidatura de pastores no es nada nuevo, pero sí la inusitada invasión y hasta falta de tino para dividir los aspectos que deben tratarse desde lo terrenal y desde lo Divino. En torno a este tema cualquiera mencionará que si alguna iglesia ha estado cercana al poder ha sido la católica, pero la iglesia católica al tener una autoridad central y reglas para todos, quiérase o no, se pueden establecer los casos de sacerdotes con participación política partidista, pero jamás de toda la comunidad a pesar de las diferencias naturales que ostentan en su propio seno, lo que es muy distinto cuando abundan las organizaciones sin ningún bloque unificador.

El punto de estas líneas es comprender que el protestantismo precisamente nació de los abusos de la Iglesia Católica en torno a la administración del poder terrenal y su dinero, pero ahora así como abundan los pastores de corazón que creen en un mensaje teológico legítimo, también existen otros que tras palabras bíblicas buscan adeptos para influir políticamente y esta elección es un buen ejemplo de lo señalado, habiéndose demostrado en latinoamericana como el radicalismo religioso consigue incluso hasta la generación de actos de violencia y un populismo de derecha muy peligroso.

El caso del Estado de Israel y el reconocimiento de Jerusalén como su capital por Guatemala es bastante ilustrativo para entender cómo el asunto se analizó desde un punto de vista religioso, y no como un asunto de Estado, llamando la atención que ahora las prácticas cristianas están siendo prohibidas por el gobierno israelí.

Nuestros políticos claman a Dios cada cinco palabras, hemos tenido presidentes invocadores de mensajes divinos pero han personificado la contradicción en sí mismo, por lo menos debemos lanzar ideas claras de que en una democracia caben todos los credos y no se vale que se introduzcan, como ocurrió en Brasil, mensajes redentores con el único objeto de engañar incautos y conseguir poder político.

Debemos entender que en Guatemala además de católicos y la gran gama de evangélicos, convivimos con budistas, musulmanes, judíos, agnósticos y ateos, entre tantas otras religiones, por lo que como bien señaló Desmond Tutú, uno de los más grandes voceros del protestantismo mundial, “Dios no es Cristiano” y por eso la tolerancia y el rechazo a los mensajes de odio deben de guiarnos en todo momento rechazándose el populismo con barniz religioso.

Como el IUSI es recaudado por las municipalidades, resulta que solo en el departamento de Guatemala son diametralmente distintos los criterios en sus 17 municipios. Por decirlo de forma clara, cada municipio es un mundo, y si a ello le agregamos los deficientes catastros municipales y la pésima gestión del Registro de Información Catastral, encontraremos discrecionalidad absoluta.

Todo inmueble con valor superior a los 70 mil quetzales debe pagar una tasa anual del 9 por millar; es decir, 9 quetzales por cada mil, lo cual significa que una buena cantidad de bienes inmuebles pagan la mayor tasa. Si bien la ley contempló ciertas formas de valuación, estas son inaplicables cuando la ley dice lo que dice. Las valuaciones corresponden a las municipalidades o al Ministerio de Finanzas en determinados casos. Una casa en Molino de las Flores, por mencionar una colonia de clase media, fácilmente tiene un valor de más de un millón de quetzales, y conforme la ley debería pagar 9 mil quetzales anuales de impuesto. ¿Es esto así y esto es justo? Justo antier, en un aviso en una red social, anunciaban la venta de una casa en Vivibien, zona 5. Su precio: dos millones. ¿Cree usted que pagará 18 mil quetzales de impuesto? La ley es absurda.

La Ley del IUSI es de 1998. En aquel momento la mayoría de bienes inmuebles se encontraban subvaluados. Con la reforma tributaria del Partido Patriota se logró fomentar la sinceridad de los valores inmobiliarios, y con ello los valores registrados para efectos tributarios se acercaron a los comerciales.
Con la reforma referida se estableció que a partir de la segunda compraventa de inmuebles el impuesto a pagar sería el del timbre, con una tasa de un 3% sobre el precio, y así dejamos atrás el IVA, que con su 12% asustaba a cualquiera, y además adoptamos la forma de pago de impuesto más fácil y más justo. Además, con las normas de obligada bancarización, el Estado consiguió mejores herramientas para fiscalizar este tipo de transacciones.

Sincerar el mercado para efectos tributarios era y es fundamental, sin embargo, como vivimos sin congresos que se preocupen de la gente y, sobre todo, de la clase media, resulta que ahora la mayoría de inmuebles de clase media son castigados con el IUSI, y los de clase alta son absurdamente tratados.
Como acá al pan no se le llama pan y al vino no se le llama vino, en algunos edificios se debe pagar para comprar un precio por el local o apartamento en obra gris, otro precio por los acabados, otro precio por una acción a una sociedad que no funciona y, además, como guinda de pastel, obligarse a pertenecer a una asociación, sin importar que constitucionalmente eso está prohibido. Esta retahíla de precios es porque “no puede existir un IUSI tan alto”, y así se le da vuelta al sistema. Urge un debate fuerte sobre el IUSI para hacerlo justo. Además, no es lo mismo una finca, una industria o una vivienda.

Con tanta construcción en la capital Empagua debería concentrar la administración del agua y del alcantarillado, pero en la conocida “Ciudad del Futuro” se edifican edificios y autorizan pozos por doquier sin mayor planificación como que el manto freático fuera eterno.

La administración del régimen de aguas, por lo menos en lo que es Ciudad de Guatemala, Villa Canales, Villa Nueva, Mixco, Palencia, las Pinulas y Fraijanes es un verdadero relajo, tan es así que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional para supuestamente resolver estos conflictos es contradictoria y además todos los días incumplida, dibujándose con alto perfil el poco amor propio que tenemos los vecinos para dejar un servicio de esta magnitud a la deriva.

La Municipalidad de Mixco autorizó la construcción de unas torres de apartamentos en pleno Cerro Alux, y un tema de tanto interés para quienes vivimos en el Valle de la Ermita y aledaños, no preocupa más que a unos cuantos vecinos que han dado alguna voz de alarma, porque en nuestro país se adoptó que los derechos son privilegios.

El Lago de Amatitlán está destruido, en buena parte, por la desidia municipal de las autoridades limítrofes, pero por si fuera poco nuestra negligencia llega a Honduras en vía directa por el Río Motagua y poco nos importa la gran demanda que, de seguro, perderemos. Si esto pasa con dos mantos de agua dulce estratégicos, ya podemos imaginar la política ambiental de municipalidades como las de Puerto Barrios o Lívingston en el Caribe o Iztapa, Puerto de San José, Taxisco o Chiquimulilla en el Pacífico, por mencionar algunos.

El Ministerio de Ambiente es una autoridad que no funciona. Nuestra Constitución ordena: “el Municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado… Se establece como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, las siguientes: a) Coordinar su política, con la política general del Estado, y en su caso, con la especial del Ramo que corresponda”. No se necesita ser ingeniero ambiental para percatarse de que el Ministerio de Ambiente no coordina mayor cosa cuando, gobierno con gobierno, la contaminación del agua dulce crece, carecemos de un régimen de aguas, pero sobre todo, la jurisprudencia es una brújula loca que no resuelve el fiambre en torno a una pregunta elemental ¿quién es el responsable de la administración del agua?

El barranco de zona 10, el barranco de Gerona, el Cerro Alux, son vivos ejemplos de cómo existe una clara intención de destruir bosques urbanos y de manera paralela no se construyen parques, ¿cuál fue el último parque construido en la Ciudad de Guatemala por la Municipalidad? Sin duda debemos agradecer a quienes pensaron, en su momento, los parques existentes porque así como ocurre en la capital, la situación se repite en todo el país.

Costa Rica ha hecho del tema ambiental un fundamento de toda su política pública, ¿por qué no aprendemos un poquito de la experiencia vecina? ¿cuánto tiempo más puede durar esta anarquía en el tema ambiental?

Cuenta don Alejandro Maldonado Aguirre sobre este tema que, “de esa emotividad política, que cuando la hay la hay, y en realidad genuina, está provista la expresión de Agustín Argüelles, a quien se atribuye el discurso preliminar leído en las Cortes al presentar la Constitución, a la que tiene como “el suntuoso edificio de la libertad política de la nación”. Todas estas ideas, en la brevedad, reflejan exactamente el valor histórico, político y jurídico de la Constitución Política de la Monarquía Española, llamada finalmente por el pueblo: “La Pepa”.

La Capitanía General de Guatemala estuvo representada por don Antonio de Larrazábal, quien incluso llevaba de su Ayuntamiento una serie de apuntamientos que configuraban un proyecto de constitución en la cual la representación popular era prioridad, pero vienen estas líneas porque en aquella ocasión se aprobaron dos artículos inspiradores del constitucionalismo guatemalteco, pero al parecer su desconocimiento por algunas autoridades es pavoroso.

Así se señaló en el Art. 13: “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”. También reconoció un derecho que, al parecer, en nuestro país ahora se limita o desconoce, como lo es el artículo 371: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprovación (sic) alguna anterior la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes”.

Los derechos son progresivos, es decir, la sociedad obliga a su mejor comprensión, conocimiento y protección conforme los tiempos avanzan, ningún derecho es estático o absoluto, Por esto, nuestro actual Texto Constitucional señala con claridad: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o por disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado de la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les han señalado son infundados…”

La Ley de Libre Emisión del Pensamiento fue discutida por la Constituyente de 1965; es decir, una asamblea integrada para mantener altos niveles de represión, así que instrumentos “legales” para reprimir existen. Por ello, criminalizar a columnistas y periodistas por criticar a los sacrosantos fiscales o jueces jamás constituye ni constituirá un delito en contra del honor, como ahora se pretende.

Hace 211 años se gritó ¡Viva la Pepa! por alegría en torno a la libertad. Ahora, al parecer nuestra Constitución no vale ni una pepa para quienes tienen poder. ¿Quién iba a decir que el pensamiento liberal de hace 211 años les parecería peligroso a los autonombrados “liberales” en el siglo 21 en el Centro de América?

El primer procurador de los Derechos Humanos fue don Gonzalo Menéndez de la Riva y también uno de los constitucionalistas más grandes de América Latina, como lo fue Jorge Mario García Laguardia ocupó dicho puesto, quien incluso tuvo amplia participación para la posibilidad de la firma de la paz. Cada procurador ha puesto su sello distintivo en la institución y debemos hacer notar que su peso radica en la legitimidad de lo que haga. Como sus resoluciones no son como las de un tribunal, se le denomina también como magistrado de conciencia, y por ello es que su naturaleza descansa en el seguimiento brindado por el Congreso a su trabajo. Procurar significa “hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa”, o bien, “conseguir o adquirir algo”. Nuestro actual procurador de los Derechos Humanos es el abogado y exmagistrado de Apelaciones Alejandro Córdova, quien es acompañado de dos procuradoras adjuntas, María Eugenia Rivera Lacayo de Erazo y Ana Gabriela Cruz Leal, ambas, de acuerdo con lo dicho por la página institucional, con cierta experiencia puntual en la contratación pública. A pesar de que hasta la ley lo confunde, no existe ninguna “Procuraduría de los Derechos Humanos”, porque el PDH es un órgano unipersonal, por eso llama la atención la parsimonia de la actual gestión, convirtiéndose en el funcionario más anodino que ha pisado esa institución.

Como en nuestro país todo se hace fiambre, el objetivo de estas líneas no consiste en comparar la gestión actual con la inmediata anterior, sino sería bueno que se comparara con la de cualquier otro PDH de 1986 a la fecha y nos daremos cuenta de cómo existe mucha sombra en un funcionario trivial y comprometido con el poder y no con las mujeres, indígenas, presos, migrantes, niños, trabajadores, usuario del transporte o cualquier otro sector amenazado. Si el PDH con sus adjuntas tuvieran frente a ellos un conglomerado de guatemaltecos que solo les preguntaran ¿cuál ha sido su prioridad para modificar los comportamientos lesivos a los derechos humanos por parte de su administración? De seguro escucharíamos vaguedades, excusas pero, sobre todo, nada palpable, porque nadie los conoce, pero acá rendir cuentas no existe y por eso los vacíos institucionales son cada vez más grandes. Invito a los interesados a visitar la página web institucional del PDH o su cuenta de Twitter y veremos cómo, por desgracia de todos nosotros, estas líneas no se equivocan.

Personajes como Ubico o Ríos Montt en Guatemala, Trujillo en la Dominicana, Duvalier en Haití, Carías Andino en Honduras, Somoza en Nicaragua, Videla en Argentina, Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile, Morales-Bermúdez en Perú, Batista y Castro en Cuba, solo por mencionar algunos, nos enseñan cómo la historia recoge acciones y omisiones dolosas desde el poder para callar a las voces opositoras y condenar al exilio, la desaparición o la muerte a quien es molesto, lográndose de forma paralela reunir poderes descomunales y revertir la función del Estado; en vez de proteger logran destruir.

El 10 de diciembre de 1948, los pueblos del mundo, horrorizados de la II Guerra Mundial, conociendo que la sed de dictadores como Hitler y Mussolini tuvieron gran injerencia en la causa de la muerte de millones de personas, se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, un texto por el cual se reconocen y listan una serie de derechos con el objeto de garantizar en el planeta su compromiso de protección, jugando en primer término las Naciones Unidas un papel clave para su salvaguarda, y luego también fueron creados los sistemas regionales. “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, dice el artículo 6, y el 15 señala: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”. Constituyen compromisos universales. Por su parte, el artículo 20 de la Constitución nicaragüense afirma: “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad”.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que también juega de vicepresidenta, decidieron embarcar en un vuelo hacia Washington a decenas de opositores que purgaban prisión injusta, y a los ya exilados, también por decenas, les retiraron su nacionalidad y confiscaron sus bienes, bajo el pretexto de que hablar de democracia y derechos humanos en aquel país es traicionar a la patria.

Ortega encarna, incluso de peor forma, los oprobios de la dictadura de Somoza, y es tal su vocación totalitaria que cuenta con un sistema judicial servil y una Asamblea Legislativa subordinada. El seudoconstitucionalismo nicaragüense llega a niveles pocas veces visto y, por supuesto, traiciona el legado de Augusto C. Sandino.

En el Protocolo de Tegucigalpa los países del área se obligaron a consolidar la democracia, impulsar un régimen de libertad y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Si bien los vientos autoritarios soplan en la región, es impostergable la censura y condena de los gobiernos centroamericanos a lo hecho por Ortega y sus émulos, salvo que en el fondo lo envidien. España y Chile han tenido posiciones más solidarias con el pueblo nicaragüense que los propios gobiernos centroamericanos, y ambos países son gobernados por partidos de izquierda, lo que enseña que el tema ideológico se enarbola para engañar a incautos. Lograr la censura a Daniel Ortega y Rosario Murillo constituye una obligación ética, moral y política para los gobiernos de Centroamérica si pretenden concretar la tan cacareada integración regional.

En Nicaragua, las universidades, la iglesia Católica y organizaciones defensoras de derechos humanos son vistas como enemigos, con el silencio sepulcral de los gobiernos centroamericanos, lo cual desnuda una carencia absoluta de voluntad en defensa de principios universales de convivencia y plasma con letras mayúsculas la cobardía cometida desde el poder.

Le educación en nuestro país no es prioridad de Estado, no por gusto ocupamos los peores lugares en los indicadores sociales en América Latina. Durante el enfrenamiento armado, el ejército, que tuvo el control físico de miles de comunidades, vio con recelo los intentos por educar a la población e incluso equiparó bastantes esfuerzos de este tipo como actividades insurgentes. Con respecto a este gobierno, dejamos solo para su consulta la información existente sobre los niveles de matemática básica y comprensión de lectura que poco a poco se hacen públicos y cada quien juzgue.

Educar es formar hombres y mujeres libres. En Guatemala, la implantación de pensamientos únicos, la represión a la expresión del pensamiento ajeno, la estigmatización de quienes procuramos concretar valores democráticos, la mojigatería social, pero, sobre todo, el aplauso hacia prácticas autoritarias de organizaciones ligadas a grupos reaccionarios provoca un desgaste grosero a quienes deciden ejercer la docencia desde instituciones con respeto a la libertad de cátedra.

La Universidad Rafael Landívar editó Textos escogidos de Pedro Arrupe, S.J., quien, como testigo de los cambios del siglo XX, primero como docente y luego como superior general de la Compañía de Jesús, supo dejarnos mensajes para brindar fuertes pilares a los esfuerzos educativos, sobre todo ahora en que las profesiones universitarias se han mercantilizado a niveles absurdos olvidando y obviando su razón de servicio y superación social.

“En vez de concebir la formación como una capacitación para el servicio, se fomenta “una mentalidad que exalta la posesión” y que degrada a la escuela, al colegio y a la universidad a nivel de campo de aprendizaje de técnicas para escalar puestos, ganar dinero y situarse —a veces explotadoramente— sobre los demás. Finalmente —y esto es posiblemente lo más grave— el orden (o el desorden) establecido influye de tal modo sobre instituciones educativas y los medios de comunicación social, que estos, en vez de fomentar un “hombre nuevo”, solo engendran reproducciones de un “hombre instalado”, del hombre que el mismo orden desea, es decir, de un hombre incapaz de ninguna transformación verdaderamente renovadora”, dejó dicho Arrupe entre tantas otras reflexiones.

Si bien Arrupe destinó sus escritos para las instituciones confiadas a la educación jesuita, sus pensamientos pueden ser adoptados para buscar transformaciones en sociedades injustas y desiguales castigadas por la opresión de quienes buscan mantener privilegios y jamás concretar derechos en un grosero ambiente mercantilista.

Las profesiones son para servir y no para servirse, por eso debemos los universitarios hacer una reflexión a lo interno y vernos para poder cambiar y dejar una sociedad mejor.

En este primer cuarto del siglo XXI es claro cómo la mayoría de las universidades se conforman con ser verdaderas “incubadoras de profesionales” relegando su obligación de buscar la transformación de una sociedad injusta por una sociedad libre y equitativa, Estrada Cabrera y Ubico a pesar de sus intentos no lograron lo que ahora vivimos, el movimiento Unionista de 1920 y la Revolución de Octubre de 1944 fueron producto de la búsqueda de valores sociales y democráticos, el reto es retomar el norte de la educación y por eso vale citar de nuevo al Padre Arrupe: “no me resigno a que, cuando yo muera, siga el mundo como si yo no hubiera vivido”.

Las leyes con inspiración democrática eran pocas, la dictadura de Ríos Montt y el régimen militar de Mejía Víctores no daba para mucho, pero el trabajo se realizó y la calidad moral de la autoridad electoral fue indiscutible. El Colegio de Abogados en toda esta etapa jugó un papel, primero de facilitador, al proponer juristas de méritos comprobados; segundo, logró explicar distintas coyunturas, muy difíciles; y tercero, su voz fue respetada.

También el Colegio jugó su papel con elecciones y postulaciones de juristas de amplio reconocimiento nacional e internacional. A lo interno también existieron directivas gremiales como las presididas por Arnoldo Ortiz Moscoso, John Schwank, Jorge Rolando Barrios, Carlos Enrique Reynoso Gil, Alfredo Balsells Tojo, Mario Aguirre Godoy, Gabriel Medrano Valenzuela, Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz y Mario René Chávez, por solo mencionar algunas, preocupadas por fortalecer la capacidad financiera de la institución y asegurar mejores prestaciones a los agremiados. Todas ellas garantizaron transparencia en el manejo de los recursos ajenos.

En los últimos años, el papel del Colegio de Abogados es de nepotismo, silencio y complicidad con los gobiernos de turno. En ningún análisis de nuestra crisis judicial el Colegio dice algo. Su presidente es electo para mantener el mutis y adoptar la opacidad en la administración de más de mil millones de quetzales.

Solo para mencionar un dato, en la última asamblea ordinaria, al solicitar el abogado Rodolfo Díaz Bonatti la integración del presupuesto de la Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral, por más de 22 millones de quetzales por el año 2022-2023 no se le respondió, se llamó a votación para que agremiados con consigna votaran “rapidito”, aprobando lo que fuera y se vedó la palabra a por lo menos ocho agremiados que habíamos pedido el turno.

El 15 de febrero próximo hay elecciones para renovar cuerpos directivos en el Colegio de Abogados. Vemos, por ejemplo, que ninguna de las planillas oficiales se animan a decir que son oficiales, pero todos sabemos que lo son y hasta quienes afirman salvar al Cang hicieron alianza con asociaciones justificadoras del terrorismo de Estado, pero al investigar lo poco disponible de planes de trabajo, pude constatar cómo solo en dos planillas existe el compromiso expreso para transparentar las cuentas del Colegio y terminar con el cáncer de la opacidad.

El Colegio de Abogados y Notarios perdió su vocación democrática, su voz en defensa del estado de Derecho, y se convirtió en un club de cuates en donde se justifican amenazas a jueces, fraudes en elecciones gremiales y universitarias, y además cuenta con mucho dinero para gastar, como “viáticos, dietas, gastos de representación o eventos”, sin ningún control, y así crear relaciones clientelares para quedar bien con quien gobierna.

La justicia está en crisis en buena parte porque los abogados defendemos, como gremio, el desastre de una justicia alejada de su población, y con nuestra jerigonza confundimos a un pueblo forjador de paz y quien no la encuentra por las constantes burlas y actos serviles de quienes deberían ser imparciales y defensores de la Constitución como los vistos últimamente desde el Tribunal Supremo Electoral.

Vida, libertad y propiedad privada prometen nuestros principales contendientes son sus preocupaciones, y hasta doña Sandra ex de Colom, quien se decía socialdemócrata en sus mieses de poder, ahora se vende como una candidata digna de la alianza conservadora acompañada de un pastor neopentecostal; al parecer, veremos la adopción de discursos populistas por granel en varios partidos.

“El populismo no es un movimiento ideológico, sino una desordenada movilización de masas, sin brújula doctrinal. No es en realidad una legítima expresión democrática puesto que, bajo la enseña reivindicatoria, con frecuencia lleva a los pueblos a defender posiciones objetivamente contrarias a sus intereses… Puesto que es un efecto político de causas económicas, sus raíces profundas deben buscarse en la pobreza, la marginación, la falta de educación, la explosión demográfica, el éxodo de campesinos hacia las ciudades y el urbanismo cargado de problemas sociales”, nos reseña don Rodrigo Borja con su habitual claridad.

Guatemala tiene junto a Haití los peores indicadores sociales latinoamericanos, esto es un hecho. Todos sabemos que nuestra llamada estabilidad económica se debe a millones de guatemaltecos enviando remesas desde Estados Unidos, porque acá no hay futuro y esto crea un rentismo peligroso hasta para el propio sistema capitalista. El consumo dependiente de remesas produce un daño social enorme, sobre todo en las familias al vivir una desintegración constante y permanente, además de una enorme cantidad de víctimas de trata de personas de todas las edades.

Desde 1954 somos gobernados por una derecha reaccionaria y “conservadora”, los gobiernos de Méndez Montenegro, Cerezo y Colom, tuvieron matices de centro izquierda, siendo inofensivos para producir cambios estructurales, así que la vida, la libertad y la propiedad han sido protegidos sólo por gobiernos “conservadores”.

Cada cuatro años los pretendientes del poder proponen pena de muerte para combatir la delincuencia, como la responsabilidad política no existe, poco importa que ahora lleven de diputado a quien desmanteló la Policía Nacional Civil y esto haya provocado que la curva descendiente de homicidios terminara y este gobierno nos dejara más inseguros, al grado que ni en lujosos condominios existe seguridad y los ladrones campean con impunidad.

Hablan de libertad, pero la libertad solo se puede asegurar con legítimos principios republicanos de control de poder, lo cual en un país donde el Congreso lleno de “conservadores” no eligió Cortes porque no se le dio la gana, es un chiste mal contado, pero como somos cada vez más macondianos, los defensores de la vergüenza judicial más grande del siglo 20, como lo fueron los Tribunales de Fuero especial se lanzan para hablar de justicia y libertad.

Por último, en Guatemala el robo de propiedades con base en inscripciones fraudulentas es una realidad de miles, casas y terrenos se “pierden” porque nuestros Congresos no legislan para proteger la propiedad privada y por supuesto tampoco empujan el catastro, herramienta fundamental para su protección.

Vida en el país donde la mayoría tenemos parientes migrantes porque acá no hay futuro y donde caminar de noche es peligroso, libertad donde no hay control del poder sino una dinámica de cooptación y abuso así como propiedad privada donde se protege este Derecho Humanos con normas con más de medio siglo tremendamente ineficaces, solo nos debe llamar la atención para preguntarnos ¿qué querrán conservar si hasta destruyen la educación pública y al deporte federado así como legitiman la nula investigación de las cataratas del dinero del narco en política y economía?

Nuestra Constitución adoptó, y sin duda fue un acierto, una disposición por la cual el Organismo Ejecutivo está obligado a entregar a las municipalidades un monto equivalente al 10% del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado. De hecho, en la reforma constitucional se amplió el monto inicial y es el vigente. La idea de este aporte fue asegurar, primero, el fortalecimiento efectivo del poder local; segundo, establecer planes de desarrollo comunitario factibles; y tercero, garantizar mejor calidad de vida.

El aporte constitucional debe destinarse en un 90% a proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la calidad de vida, y el 10% restante debe ser para financiar gastos de funcionamiento. El 14 de enero recién pasado cumplió la Constitución 37 años de estar en vigor, y han sido miles de millones de quetzales los que las municipalidades han gastado. Sin duda se han priorizado las calles de los centros urbanos, pero ¿se ha mejorado ostensiblemente la calidad de vida?

Vale preguntarnos ¿tenemos dinámicas para obtener mejores formas de transporte público, de saneamiento de agua y manejo de la basura en el país? ¿Los miles de millones de quetzales gastados se pueden medir con relación a la calidad de vida del guatemalteco cuando ocupamos los últimos lugares en desarrollo humano en este hemisferio?

Al establecer el marco constitucional, el aporte a los gobiernos municipales y además garantizarles autonomía, también estableció claros mecanismos de control, como lo son los que deberían hacer la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, pero, sobre todo, los propios ministerios.

Los entes autónomos, como las municipalidades, sin excepción, de acuerdo con mandato constitucional, tienen obligación de coordinar su política con la general del Estado, pero en la práctica no hay política de tránsito, de urbanismo, de saneamiento de agua o de basura; por tanto, cada comuna anda por su cuenta, y cuando el Ministerio de Ambiente se empodera, ya vemos lo que ocurrió con la Municipalidad de Guatemala, que sigue con su “relleno sanitario” sin mayores cambios, pero consiguiendo fácilmente relevos ministeriales porque son molestos para sus intereses si se les exige cumplir con la ley. El río Motagua y el lago de Amatitlán nos recuerdan, a diario, nuestro desastre.

La coordinación no es lesión a la autonomía. La coordinación es necesaria, y ante la ausencia de ella encontramos un tránsito cada vez más hostil, un trato al peatón indigno y, lo peor, agua entubada no potable, así como pueblos y ciudades cada vez más chatos y feos. Los órganos de control no han sabido cumplir con el diseño constitucional y por eso ahora vemos de forma abierta a varios alcaldes sin ningún resquemor con vínculos con el narco, la delincuencia organizada o son achichincles constantes del Ejecutivo, y sus municipios siguen sin los servicios, sin garantizar mejor calidad de vida.

El diseño constitucional está hecho para que los municipios ejerzan un verdadero poder, pero este no es de virreyes con cheques en blanco para actuar sin límites, como pretenden algunos, sino, al contrario, es entender que sin coordinación efectiva entre los alcaldes y el gobierno central es imposible planes de desarrollo ordenados y lograr mejor calidad de vida. Para muestra, el relajo y desorden del departamento de Guatemala.

México recibe más de 40 millones de turistas anuales y sus ciudades brindan servicios para todos los bolsillos; en consecuencia, ¿por qué si estamos a la par y nuestro país tiene tanta belleza natural y cultural no aprendemos un poco y nos subimos a un proyecto de la magnitud del Tren Maya? ¿Cómo es posible que sea tan engorroso, caro y peligroso viajar por Petén o Alta Verapaz?

El turismo representa una verdadera industria democrática, al permitir beneficios para una gran cantidad de personas, lográndose también sociedades multiculturales y además con la contratación digital de hospedajes, renta de vehículos, tours, seguros médicos y otra serie de servicios se ha visto la transformación en poblados que hace tan solo 20 años eran sumamente pequeños y precarios para ser verdaderos polos de desarrollo.

El Tren Maya logrará una movilización sin parangón en el sur mexicano y por supuesto Guatemala podría verse beneficiado de obtener un nuevo turismo, si decide, en realidad, cambiar las precarias, absurdas y sobre todo mediocres políticas actuales. Basta visitar el aeropuerto, o hacer turismo en Quetzaltenango o Cobán para saber que no existen, ni por asomo, los servicios que el turista necesita, e incluso en Antigua Guatemala, nuestro sitio insignia, no puede ni medio competir con varios de los llamados Pueblos Mágicos de nuestro vecino, y precisamente por ello conforme datos del año pasado Costa Rica y El Salvador lograron mayor cantidad de turistas y mayores ingresos.

Cambiar el chip del país para adoptar, de veras, una nueva política de fortalecimiento turístico no es una cuestión aislada del Inguat y menos de cambiar un logo cada cierto tiempo, se requiere cuanto menos seguridad, infraestructura vial y de salud, pero sobre todo poblaciones capacitadas en la atención, y para ello debe invertirse en lo más importante: educación.

El Tren Maya representa que cerquita de nuestra frontera millones de turistas se movilizarán por nuevas poblaciones desde Yucatán a Chiapas. Si no encontramos la ventana de oportunidad, de seguro desperdiciaremos de manera absurda una verdadera posición geográfica envidiable. Basta imaginar qué harían las autoridades turísticas ticas si tuvieran nuestro chance.

Ahora, al pulular candidatos, sobre todos los oficialistas que con sus promesas de cambio aseguran como todo seguirá igual, es bueno percatarse que ninguno se refiere a la posibilidad de desarrollo económico y social para los guatemaltecos del Tren Maya, lo cual quiere decir que, como siempre, solo se brindan discursos de ocasión y sobre todo para sorprender al electorado capitalino.

Guatemala tiene enormes oportunidades en el desarrollo turístico, pero si no existe un cambio hacia una política clara, integral y sobre todo que implique la decisión de varios gobiernos, los mediocres resultados seguirán siendo los que marcarán la realidad. Basta ver cómo una ciudad como Quetzaltenango, por ejemplo, que crece con grandes vías, pero sin banquetas, sin señalización, con tránsitos ofuscados, sin servicios turísticos, siendo la segunda ciudad en importancia, nos brinda un mensaje desolador para las distintas regiones y por supuesto desalienta cualquier chance en Petén, Izabal o las Verapaces para ganar algún interés de los millones de turistas que podrán transitar en el tren mexicano por más de 1,500 kilómetros.

Este concepto resulta útil para entender el clima político guatemalteco, en donde distintos partidos políticos de forma constante, con el objeto de fundamentar sus discursos —bastante mediocres y vacíos, por cierto— recurren a invocaciones Divinas, para así engañar, persuadir y conseguir adeptos.

Si una idea política, cualquiera que esta sea, se presenta como revelada por Dios y encima de todo pastores se lanzan a la arena política partidista con el objeto de brindar apoyos financieros y de gente bien adoctrinada, la cuestión se vuelve fácil, porque al fin y al cabo una elección se gana con votos y en nuestro país la responsabilidad política no existe, consiguiendo con ello elegir un dictadorzuelo cada cuatrienio.

Las sectas, son grupos de fanáticos en donde no existe ninguna discusión o debate sano, sino pululan solo para procurar su verdad, revelada como la única y bendecida, por ello a diferencia de los verdaderos mensajes teológicos de las principales iglesias, no construyen sobre la libertad de sus súbditos, sino sobre una obediencia cuasi militar de quien en un momento determinado encarna el mensaje.

Se estudia mucho cómo las actitudes sectarias sustituyen la libertad individual y la historia recoge cómo esta intolerancia produce guerras y pérdidas de millones de vidas y bienes. En Guatemala, escuchamos mensajes de algunos políticos que más parecen sermones de púlpito en donde se repiten ciertos mensajes claves, con el único objeto de sembrar alguna idea poco debatible y bastante digerible, para lograr aplausos de ocasión y obedientes sufragantes.

Al existir una competencia de sectas, fácilmente conseguimos aterrizar en un ambiente en donde no pueden existir debates sobre derechos, porque nada menos los mensajes son revelados desde las Alturas y así el pluralismo político constituye una amenaza, porque abogar por derechos no reconocidos o luchar por verdaderos cambios constituye una intimidación al paraíso construido “por los guatemaltecos de bien”, importando muy poco nuestros índices de desarrollo social.

Un régimen democrático es viable solo si existe, se garantiza y habilita el pluralismo político y para ello asegurar la verdadera libertad de debate en torno a los programas planteados desde las perspectivas de las distintas ideologías es fundamental y clave para todas las instituciones del Estado, de la Academia y de la sociedad civil en su conjunto.

En Guatemala, desde posiciones de poder se siembran discursos sectarios, es decir, intolerantes y se amenaza con toda impunidad al pensamiento político ajeno, se pretende de forma constante callar voces disonantes y así logran que las instituciones diseñadas para el legítimo control del poder barnicen decisiones y acciones antidemocráticas.

El 2023 es un año electoral y las elecciones deberían ser una fiesta cívica; sin embargo, con lo poco visto la intolerancia hacia la idea ajena y la impunidad desde posiciones de poder para conseguir, por medio de la “verdad revelada”, apoyos “populares” será nuestro pan diario.

Veremos, por desgracia nuestra, a varios candidatos dar mensajes desde posiciones Divinas en donde la condena al pensamiento ajeno por pecador y blasfemo será un arma recurrente para atolondrar apenados corazones que lloran la miseria de un país en donde la mejor forma de conseguir un futuro es migrar hacia el Norte y lo peor es que al pretender destruir el precario pluralismo político lo único por conseguir es más violencia y exclusión.

Todos sabemos cómo en nuestro país la inteligencia militar conoce los pasos de muchos, y por eso es aún más notorio cuando el propio Ejército confirió la Orden Monja Blanca al diputado Ubico, quien preside la Comisión de Defensa del Congreso de la República.

En todo el mundo hay corrupción. Hace poco, una parlamentaria europea socialista fue señalada en relación con el Mundial de Qatar; sin embargo, cuando los actos delictuosos no son de diputados rasos, sino de verdaderos lugartenientes de una alianza oficial, sí los ciudadanos debemos exigir más explicaciones.

Los guatemaltecos acostumbramos a esperar un caudillo o que del cielo vengan las soluciones, y esta actitud nos mantiene en los peores indicadores sociales de América Latina y de forma paralela ahogar el precario andamiaje democrático.

Un señalamiento a políticos por actividades ligadas al narcotráfico no puede seguirse viendo como parte del paisaje, salvo si como sociedad ya bajamos la cabeza y nos resignamos a ver narcos en posiciones de poder público. Recordemos cómo a la fecha el Ministerio Público no ha movido un dedo en relación con la investigación de la conspiración para asesinar a Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y Oscar Shaad, cuando fungían como fiscales, y la UCN sigue siendo un partido fundamental para esta gestión de gobierno y solo computando los terribles hechos como parte de una estadística.

Nuestra Constitución señala: “Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que se deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”, si todos los actos del poder son públicos, salvo aquellos militares y diplomáticos de seguridad nacional, es lógico suponer que el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso tiene un grado de información bastante mayor al manejado por cualquier otro funcionario, no digamos ciudadano, y al tener este señalamiento por parte de los Estados Unidos y además procurado en Cortes guatemaltecas por el propio Ministerio Público, cuya objetividad e imparcialidad no ha sido su mayor atributo, nuestra seguridad está en riesgo.

El 2023 es un año electoral y llama la atención cómo los principales candidatos callan sobre sus planes de combate del narcotráfico y cada vez más se hacen públicos señalamientos a distintos dirigentes políticos, de diversas organizaciones, por vínculos claros e inequívocos con el narco. La narcopolítica nos debe preocupar a todos, sin importar el crisol ideológico.

Oscar Clemente puso el dedo en la llaga con su columna, y coincidimos totalmente con él cuando escribió: “Y es que dada la forma en que opera el narcotráfico y el uso que hacen de nuestro espacio aéreo, bajo control de las Fuerzas Armadas, el hecho que el mismo ministro de la Defensa se encargara de otorgar esa condecoración e imponerla en el pecho al famoso diputado de TODOS es en realidad una soberana vergüenza, porque casi cualquiera que se relacionaba con él podría escudarse en que sus operaciones con los narcos eran desconocidas, pero eso no lo puede decir nuestro Ejército con sus extenso sistema de inteligencia militar”.

Aunque peque de iluso, quiero creer que la construcción del Estado Constitucional de Derecho aún es posible. Esperaremos sentados las explicaciones del Ejecutivo, del Congreso y del Ejército.

Ni idea de qué sea peor o menos malo, pero lo cierto es que, por otra parte, sin un sistema de justicia cercano a la población, no existe ninguna posibilidad de lograr la convivencia en paz. Dos son los atributos para cualquier juez, el primero se llama legitimidad y el segundo lo conocemos como imparcialidad.

Entendemos por legítimo aquello con la razón como fundamento, aquello que entendemos como justo; de allí hay una abismal diferencia entre derecho y ley. Una ley puede ser injusta, pero el derecho jamás lo es. Nuestras máximas autoridades judiciales, léase quienes juegan el papel de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, han dictado fallos que a todas luces son distintos en similares situaciones para opositores al gobierno que para simpatizantes, además llevan más de tres años de exceso en sus funciones, por lo cual, sin duda alguna, también en estricta legalidad sus decisiones tienen un pecado original enorme, pero lo peor, y esto platicado con varios amigos de distintas ideologías, nadie supone su imparcialidad, lo cual es más grave, jueces parciales rompen cualquier estructura legal.

Por otra parte, la Corte de Constitucionalidad se adoptó en nuestra Constitución como Tribunal permanente para asegurar el control del ejercicio del poder. Si un Tribunal Constitucional deja de controlar el poder, su existencia no tiene objeto. Faltan tres meses y pico para completar dos años de esta magistratura y no ha dictado un solo fallo de control, todas sus decisiones se enmarcan en luz verde para las decisiones legislativas o ejecutivas impugnadas, llegándose a estadísticas pocas veces vistas, así que si bien los fallos deben ser discutidos por calidad y jamás por cantidad, también es cierto que este dato reviste un barniz importante porque sabemos que ni el Congreso ni el Ejecutivo son amantes de someterse a derecho.

Por último, el Tribunal Supremo Electoral, que tiene como miembro titular a un personaje que goza del puesto porque que le dieron el premio por apoyar primero y boicotear después la reforma constitucional hasta con título falso de doctor y además sus colegas fueron electos por favores políticos, nos brinda un espectáculo de tumbos en decisiones bastante opacas para gastar a manos llenas dinero ajeno e “innovar” en el proceso electoral. En este contexto apuestan a unas elecciones con violencia, al no generar serenidad desde el árbitro.

Desde los primeros años de Derecho sabemos cómo la paz se garantiza con un sistema de justicia con credibilidad. Por ello los acuerdos paz firmados hace más de un cuarto de siglo esperaban construir algo distinto a lo que hoy tenemos. Es cuestión de nosotros exigir el funcionamiento del sistema y no ser simples desidiosos espectadores de la repetición histórica del abuso, a pesar de que sectores importantes de poder procuran la pérdida constante y permanente de nuestros derechos como política de gobierno y por eso rigen desde la tacha al pensamiento ajeno, la amenaza y el miedo. ¿Eso queremos para las nuevas generaciones?

No tengo la menor duda, y esto lo señalo como docente, hemos fracasado en buena parte al preparar solo abogados preocupados por su propia oficina, por su propio trabajo o ejercicio profesional, olvidándose de su juramento en cuanto a la defensa constitucional y proyección social, una formación universitaria sin vínculo social en un país donde el analfabetismo, desnutrición y corrupción es peste no es más que egoísmo.

La justicia es demasiado importante para dejarla solo en manos de abogados, lo que no es lógico sencillamente no puede ser derecho, si bien urgen análisis interdisciplinarios de los horrorosos fallos judiciales, también es cierto, como el silencio sepulcral del gremio de abogados y de asociaciones son el ingrediente perfecto para tejer el engranaje de impunidad, indiferencia y abuso.

Los grandes abusadores de la historia han tenido uno o varios abogados detrás y nuestra historia particular no es excepción. Abogados estuvieron cubriendo los asesinatos ordenados por Arana y Lucas y abogados también diseñaron los Tribunales de Fuero Especial en la dictadura de Ríos Montt, ahora Abogados abundan tejiendo burlas constitucionales, fraudes de ley y, sobre todo, la cooptación de instituciones con una loa a la mediocridad pocas veces visto.

En este tiempo en que muchas organizaciones de abogados arman convivios para compartir las fiestas navideñas sería un buen gesto hacer una reflexión a lo interno, ver si hemos brindado a la sociedad el servicio esperado, o si, por el contrario, somos junto a los militares los grandes lastres para el desarrollo, si no hay un compromiso gremial serio, diez o quince golondrinas no hacen verano.

Hablamos de abogados, pero también constatamos como la preparación de los médicos está más encerrada a esperar enfermos para tocar la puerta de clínica que para evitar enfermedades y el covid, así como su ineficiente atajo por nuestro servicio de salud lo mostró.

Se pagaron vacunas que no vinieron, un tercio de la población estamos medio vacunados, ayer el Ministro declaró la quinta ola pero no pasa nada, y esto por solo mencionar lo relativo a la pandemia, porque si tocamos aspectos como la gran cantidad de afectados por insuficiencias renal crónica y diabetes graves, evidenciamos el escaso compromiso de los galenos para hacer viva la frase de don Carlos Cossich: “El primer salubrista es el pediatra”, por supuesto sin eximir a los demás.

Tenemos un médico de presidente y, como buen país surrealista, ningún cambio sustantivo en el sistema de salud, condenando a miles de miles a la pobreza por pagar tratamientos a enfermedades prevenibles o a la muerte por no tener acceso a ello, pero con un gremio médico en silencio sepulcral.

Hablamos mucho de amor y paz, de solidaridad entre los pueblos y celebramos el nacimiento de quien representa la nueva Alianza, pero sería bueno para todos, sin perjuicio de que ahora hablamos de abogados y médicos viéramos un poco más para dentro e intentáramos regresar a una sociedad tan golpeada un poquito de los conocimientos y compromisos universitarios ¡ojalá!

En los países con ejército, sus integrantes deben tener un altísimo sentido del honor, porque solo a ellos se les confió el monopolio de las armas para la defensa de todos. Nuestra constitución señala como objeto del ejército “mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad de su territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante”. La constitución de 1965 decía algo muy similar, solo agregaba: “Es punible la organización y funcionamiento de milicias ajenas al Ejército de Guatemala”.

En países como el nuestro, el uso de las instituciones del Estado para el abuso y el robo es más que común, de allí se sabe y se documentó, por ejemplo, que el propio Jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, el 22 de marzo de 1979, comandó y coordinó personalmente el operativo militar por el cual se asesinó al abogado Manuel Colom Argueta en la 5ª calle de la zona 9; se tiene certeza de que el general David Cancinos, en helicóptero, movilizó personal militar para acallar a la voz más sensible de la social democracia guatemalteca.

Nuestro precario sistema judicial estableció que la antropóloga Myrna Mack Chang fue asesinada el 11 de septiembre de 1990 por órdenes directas de jefes del Estado Mayor del Ejército. El especialista Noel de Jesús Beteta Álvarez fue condenado, y luego el coronel Juan Valencia Osorio, como autor intelectual, quien a la fecha está prófugo y protegido por círculos de poder.

Entre los abusos cometidos desde Ydígoras a Arzú, gobierno bajo el cual se firmó la paz, el Ejército como institución cometió abusos enormes en el área rural dentro de la lógica de combate a la guerrilla, pero en una proporción atroz las grandes víctimas fueron civiles.

Hemos visto cómo en Chile, Argentina y Uruguay sus gobiernos y sus ejércitos se involucran para buscar y dar con el paradero de miles de detenidos desaparecidos. Guatemala es el país latinoamericano con mayor cantidad de detenidos desaparecidos y no vemos ningún esfuerzo institucional del Estado por buscar, explicar y dar con el paradero de miles de personas víctimas del más cobarde delito, como lo es utilizar la fuerza estatal para desaparecer por completo a una persona.

Vivimos tal descomposición social que buena parte de la “sociedad” considera que requerir del Estado respuestas sobre la cobardía practicada es “ideológico”, cuando no hay nada más cercano al derecho a la vida y a la libertad. El país está tan abajo en todos los indicadores sociales que debemos empezar por lo básico si pretendemos conseguir alguna vía de desarrollo, y lo primero debe ser, partiendo de que el Ejército asesinó a miles de personas inocentes y detuvo y desapareció, está obligado a brindarnos respuestas institucionales para conocer en dónde están los miles de seres humanos arrebatados de su familia y del amor de sus padres e hijos.

Decirse provida y no exigir del Estado lo básico es una farsa, sobre todo en diciembre, cuando los creyentes celebramos el nacimiento de quien representa la nueva alianza, y tanto el Ejército como el Estado deben reparar el daño hecho para garantizar su no repetición.

Celebran algunos, por ejemplo, la gestión electrónica en el Organismo Judicial, pero jamás han movido un dedo para lograr la reforma sustantiva, para que tengamos una idea, las contiendas civiles, de familia, mercantiles y administrativas en nuestro país se resuelven aplicando el Código Procesal Civil y Mercantil el cual fue promulgado el 14 de septiembre de 1963 sin que a la fecha cuente con reformas fundamentales para modernizar los procedimientos, salvo en el tema de notificaciones, pero es absurdo digitalizar notificaciones y sufrir un tormento, porque cada juez maneja criterios disímiles, para probar en algún juicio comunicaciones electrónicas, fotografías o simples videos.

El Código de Trabajo fue promulgado el 5 de mayo de 1961 y si bien en el gobierno de Alfonso Portillo se hicieron reformas al proceso laboral, seguimos aún sin reconocer muchísimas de las figuras modernas de gestión judicial a pesar de que sí han existido intentos reglamentarios.

Si hablamos de seguridad jurídica, debemos tocar tres temas torales, la reforma sustantiva en lo judicial y permitir la fiscalización de la jurisprudencia, la reforma registral y establecer un nuevo régimen de notariado, pero pretender construir pivotes de seguridad jurídica sin temas de fondo es engañarnos.

El daño que este y el anterior gobierno propinaron al sistema judicial será de efectos imprevisibles, sin reforma sustantiva condenamos a millones de guatemaltecos a seguir ocultos e invisibles de la “civilizada” forma de resolver conflictos y creer que porque ahora las notificaciones llegan por correo electrónico, vivimos en el siglo 21 es mentira, porque muchos fallos están basados en normas anquilosadas o, por otra parte, se ha dogmatizado el procedimiento tanto privilegiándose los puntos y comas de la forma, sin importar el fondo de la cuestión planteada.

Guatemala maneja una gran cantidad de registros, solo en el Ministerio de Economía, gestionan el Mercantil, el de la Propiedad Intelectual, el de Garantía Mobiliarias, Mercado de valores, y el de Prestadores de Certificación de firma electrónica; por aparte está el Registro General de la Propiedad, el cual funciona en Quetzaltenango y la capital de manera cuasi autónoma; también el Organismo Judicial tiene a su cargo el Registro de Poderes y de procesos sucesorios, todas estas instituciones funcionan bajo parámetros propios, sin unidad de criterios y si a esto le agregamos el Registro de Personas Jurídicas a cargo del Ministerio de Gobernación, la cuestión es color de hormiga.

Tanto en Costa Rica como en El Salvador se cuenta con una institución a cargo de la mayoría de los registros públicos confiriéndole mucho mayor grado de certeza a los negocios inscribibles, porque si a esto le agregamos los comunes “robos” de propiedad y de sociedades anónimas con base en inscripciones falsas, pintamos un panorama donde con la computadora, facilitamos, pero no compusimos, todo esto sin tomar en cuenta el Catastro porque no ocupa, para nada, a nuestras autoridades.

Por último, el Código de Notariado fue promulgado el 10 de diciembre de 1946 y si bien es una buena ley, la realidad del país exige cambios de 180 grados, porque somos ya de los pocos lugares del mundo donde ejercer el notariado se hace de la forma como acá lo hacemos, pero sabemos cómo nadie asume decisiones de fondo.

Así las cosas, es encomiable pretender digitalizar la dinámica pública, pero si no vemos los temas de fondo, sin duda alguna estamos maquillando la caverna y creando más espacio para el crimen.

Dedicarse al periodismo, hijo, en América Latina es riesgoso y complicado. Justo este año pude leer el libro El vendedor de silencio, escrito por Enrique Serna, quien retrató la vida de don Carlos Denegri, un periodista mexicano famoso porque se hizo de fortuna y fama subastando el silencio o el escándalo a poderosos políticos o empresarios. Este retrato de la realidad del periodismo sirve para saber cómo, sin escrúpulos y sin valores, tu profesión construye tanto paradigmas como espejismos.

Quiero recordar, justo en esta nota, las palabras de mi papá, quien al cursar yo el bachillerato se me acercó y me dijo: “Yo no quiero que estudiés Derecho por compromiso, quiero tener un hijo feliz, en vez de un hijo abogado, pero sí te diría que no me gustaría que fueras militar o cura, porque si sos uno de los dos no podrás buscar la verdad libremente porque en ambos jurás obediencia. Universidad viene de universal, así que la vida universitaria no te debe servir para nada más que convertirte en libre pensador”.

Ser libre pensador es fundamental en la vida, pero sobre todo en el periodismo, porque deberás dudar de todo, como bien nos ha dicho la amiga Dina Fernández que le dijo su profesor: “Si su mamá le dice que es su madre, dúdelo y compruébelo”. Dedicarte a una profesión donde la duda y la investigación de la verdad es diaria resulta complejo en sociedades donde la mojigatería, primero, los prejuicios, después, pero sobre todo dogmas religiosos y políticos, bastante absurdos, se han adoptado como parte de una construcción suicida, la cual no tenemos mayor anhelo de abjurar.

Se celebra el 30 de noviembre el Día del Periodista porque justo hoy, pero en 1729, se llevó a cabo el primer tiraje de la Gaceta de Guatemala, y esto resulta oportuno porque la Constitución de Cádiz en 1810 ya garantizó la libertad de imprenta en las colonias españolas del nuevo Mundo, y desde ese momento el poder ha querido destruir los pocos avances conseguidos. Año con año, políticos sin fe democrática y menos respeto a la República ocupan sus puestos para coartar el acceso a fuentes de información, pero sobre todo para lambisconear a prensa no molesta, llegándose al grado de nuestro país, en donde la televisión abierta funciona en monopolio como fiel cortesana del poder y quienes pregonan la libertad de mercado a los cuatro vientos jamás han alzado su voz; de hecho, algunos de ellos hasta ahora celebran el cierre de “molestos” medios de comunicación, lo cual deja con menos oportunidades de empleo a miles de patojos que, como vos, optaron por esta carrera.

También estarás lleno de realizaciones. Informar para dar luz es honroso porque así todos tomaremos mejores decisiones. Además, ustedes son fuente histórica por excelencia. Así, palabra por palabra entintada será potencial claridad para quien trate de entender nuestro convulso mundo actual donde el egoísmo, el uso de la ley para burla y destrucción del derecho, pero sobre todo los intentos de división, son la regla hasta en nombre de Dios. El periodismo es un compromiso con la verdad; llegar a la verdad es una decisión personal. Por eso, entender la libertad como base de lo que hagás te hará, como a muchos otros patojos como vos, realizarte y ser feliz. Suerte en eso, Juane, que la responsabilidad te guíe.

Quien no conoce su realidad vive algo que no existe, porque cada vez es menos lo que llega a aprender y apreciar. Para construir una sociedad libre debe, en primer término, respetar la labor de quienes informan, sin importar si se está de acuerdo o no con algunas perspectivas, pero cerrar espacios a la información es dañar el análisis de las soluciones de nuestros distintos problemas.

Es público cómo el matutino elPeriódico dejará de imprimirse y saldrá solo en versión digital, sumándose a la misma decisión que meses atrás tomó diario La Hora. Ambos medios, por medio de sus directores y redactores, denuncian boicots comerciales porque existe un verdadero ánimo, primero, de montar una narrativa miope y oficial; y segundo, quedar bien con quienes gobiernan.

Esta situación no es única. Revista Crónica y el radioperiódico Guatemala Flash fueron también víctimas de esfuerzos de exclusión desde el poder. Álvaro Arzú puso a su esposa Patricia a llamar por teléfono a sus amigos, que eran grandes empresarios, y les decían: “Advertencia, no hagan publicidad ni en Crónica ni en Guatemala Flash, porque si lo hacen… nosotros les vamos a mandar a la SAT”, se relató en el libro Historia del Radioperiódico Guatemala Flash, por Fernando Arévalo Yankos, Carlos Zipfel Valencia y el amigo, quien se nos acaba de adelantar en el viaje destinado para todos, Ramiro Mac Donald López.

Es una tristeza y vergüenza que gobiernos electos por el voto popular traicionen los fundamentos del régimen republicano y democrático para intentar asegurar oscuridad de electores y así engaños más sencillos. Jorge Ubico mantuvo un régimen drástico en cuanto a las frecuencias de radio, pero la Junta Revolucionaria de Gobierno y Juan José Arévalo abrieron el espectro para facilitar el nacimiento de las radios comerciales y así poder acceder a información de todos los colores.

Estamos en retroceso porque los verdaderos grupos de poder, político, económico y académico, están en un claro pacto de burlar los mandatos constitucionales y privilegian el fraude a la Constitución.

La democracia liberal es torpedeada cuando se callan con dolo medios de comunicación por grupos económicos que luego predican libertad y República, con el agravante de que el Tribunal Supremo Electoral nos brinda claras muestras de incompetencia, pero sobre todo actos dolosos de irrespeto al propio régimen electoral. El poder tiene problema con cualquier noción de libertad.

Un país sin lectura, con educación deficiente, sin medios de comunicación y en donde sobresale un monopolio televisivo “prohibido por la Constitución” jamás puede garantizar libertad de nadie. Sin información no hay verdad, porque la verdad se construye por uno mismo, tal como nos lo dijo Juan Pablo II, pero para ello hay que informarse.

Nuestro padrón electoral es el listado de ciudadanos aptos para ejercer el sufragio. Por desidia del Tribunal Supremo Electoral, el nuevo ciudadano, al obtener su Documento Personal de Identificación (DPI), debe realizar una gestión distinta para lograr su empadronamiento. Esta magistratura y, por lo menos, las dos anteriores, no hicieron público haber auditado el padrón, así que no sabemos a la fecha cuál es el porcentaje de fallecidos que aparecen y de personas que cambiaron de residencia, solo por mencionar las dos variables más importantes. Es tan absurdo el tema que cualquiera de nosotros puede haber declarado una residencia en el Renap y otra ante el Registro de Ciudadanos del TSE. Se sigue con los lineamientos y normas del 2002, a pesar de la catarata de dinero invertida para la modernización. Se calcula que casi tres millones de jóvenes tienen DPI, pero no están empadronados. Nuestra autoridad electoral realizó una fallida campaña de empadronamiento en donde colocaron algunos puestos de atención en centros comerciales y parques, lo publicitaron por medio de Twitter y gastaron millones, el resultado sumamente mediocre. Si el TSE no se ha ocupado de lo básico cómo pretende, sin experiencia previa, modificar en 180 grados el sistema de transmisión de resultados, crear una base de datos biométrica de votantes y gastar la absurda cantidad de Q1 mil 200 millones para una elección. Esto muestra despilfarro y además, al escuchar las declaraciones de los magistrados para justificar sus decisiones, sí nos debemos asustar. Lo peor es que de forma paralela se muestran draconianos con algunas opciones políticas, pero lucen, con gala y sin miedo, el favoritismo a los colores del partido oficial.

La autoridad electoral planea gastar en un nuevo sistema de gestión electoral, que ni siquiera tiene fundamento reglamentario y olvidó sus obligaciones básicas, como lo son, primero, asegurar la depuración y transparencia del padrón electoral, y segundo, generar confianza ciudadana como árbitro y juez, porque todas las organizaciones políticas deben jugar con las mismas reglas, sin favoritismos evidenciados por redes sociales hasta el cansancio. La historia es cíclica y ahora, al corroborar acciones y agresiones neo luquistas en nuestro país, debemos recordar cómo hace unos años el Consejo y Registro Electoral llevaban a cabo fraudes electorales, al grado de que el último, el realizado en 1982, motivó a que oficiales jóvenes del Ejército reaccionaran frente a los generales cómplices de la burla popular, historia que ni por asomo debe de nuevo ser realidad. La omisión del Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas es enorme en el tema electoral, esperemos ver reacciones ciudadanas para defender lo poco que queda de la confianza electoral, porque si a esto le agregamos el desorden en el “empadronamiento” y “documentación” de migrantes en el extranjero, la ruta al fraude está asegurada.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece a las Juntas Receptoras de Votos como órganos electorales, son independientes y tienen sus atribuciones y obligaciones en la ley, dentro de ellas está “identificar a cada uno de los votantes y constatar su registro en el padrón electoral”, también se señala que la calidad de ciudadano se acredita con el documento que sustituyó a la cédula de vecindad, es decir, el documento personal de identificación.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) programó un proceso de compra de un equipo para “identificación biométrica” para las próximas elecciones, esto significa que se planea identificar al votante, no solo con DPI, no solo con su constatación en el padrón electoral, sino también por medio de un registro dactilar, el cual deberá confrontarse, sin duda alguna con una brillante red de comunicación con todos los demás datos que en tiempo real recojan las Juntas Receptoras de Votos. La magistrada Palencia, quien ahora preside a la institución, ha sido clara en advertir como con ello piensan evitar el doble voto o “que fallecidos” voten.

El doble voto se evita con la “tinta” en el dedo, la cual no es ninguna tinta, sino un invento mexicano por medio del cual nuestro cuerpo reacciona de forma natural con una mancha obscura frente a la sustancia utilizada allá en el norte y preparada por el Instituto Politécnico Nacional la cual desaparece en días. La suplantación de fallecidos solo puede ser “atajada” con una vigorosa depuración del padrón electoral, porque quien fallece es eliminado del listado, si aún aparecen nombres de quienes fallecieron es porque el Renap o el Registro de Ciudadanos no hicieron su trabajo, el TSE no cuenta con las huellas de los fallecidos, así que la magistrada está perdida en el tema.

En Derecho Público se evita la discrecionalidad de la autoridad, por eso la autoridad “solo hace aquello de forma expresa está contenido en norma”. No existe ninguna disposición habilitante del TSE para gastar millones de quetzales en una ocurrencia llamada nuevo procedimiento de identificación, además se piensa levantar un registro dactilar, es decir, una enorme base de datos biométrica de contenido sensible obviándose la harta obligación para garantizar la confidencialidad, seguridad y resguardo conforme las pocas normas vigentes en torno a la protección de datos personales.

Es evidente como una serie de empresas promotoras de servicios electorales, encandilaron a magistrados quienes no han movido un dedo para auditar el padrón electoral, establecer fiscalizaciones constantes y eficientes al Renap, asegurar con México la cooperación con respecto a la sustancia para impregnar el dedo,  pero sobre todo, empadronar a los más jóvenes, condenándose a cerca de 3 millones de patojos a no votar y todo por no o realizar esfuerzos de empadronamiento, fiscalización y unificación de procedimientos con Renap.

Una autoridad electoral que advierte a algunos su imposibilidad de participación electoral, pero es servil con los dirigentes del partido oficial y sus magnas actividades proselitistas, no genera ninguna confianza y menos cuando actúa, como en el caso de la identificación biométrica, al margen de la ley.

El ataque a dos funcionarios del Ministerio Público encargados de investigar a estas bandas de mafiosos debe unirnos a todos sin importar si en este momento estamos de acuerdo o no con quienes dirigen la institución. Debemos converger en identificar este ataque a un funcionario de la Fiscalía con el mandato de garantizar un derecho humano, como lo es la propiedad privada, como un ataque a todos. Debemos preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos en un contexto donde la fragmentación es diaria. Es absurdo contar con una constitución cuya protección especial a la vida y la libertad sea la constante, mientras de forma impune un montón de estúpidos cobardes caminan por las calles disparándole a quien sea porque conseguir propiedades por medio de instrumentos falsos es cada vez más común e impune. No se requiere ser doctor en criminología para concluir cómo un crimen tan evidente, como lo es registrar a la luz de todo el mundo, escrituras falsas para despojar a los legítimos propietarios de sus inmuebles o ahora de sus empresas porque también hay falsedades grotescas en el Registro Mercantil, solo puede llevarse a cabo con organizaciones bastante complejas, en las cuales, sin duda alguna, existen abogados experimentados en esta clase de situaciones y el apoyo de funcionarios registrales o incluso hasta de jueces como en su momento fui testigo y denuncié a donde correspondía.

Miriam Aída Reguero Sosa merece la solidaridad de todos, pero sobre todo del gremio de abogados, la prensa y sus colegas, así como de quienes, todos los días, proclaman defender la vida y propiedad. A la fiscal general debemos exigirle, a pesar de ser conocida su susceptibilidad por las críticas, resultados inmediatos para proteger a quienes se enfrentan contra estos criminales cuyas víctimas son conseguidas, de forma preferente entre migrantes, viudas, huérfanos o personas muy humildes para granjearse impunidad. Insisto, el pasado 28 de octubre ocurrió un crimen contra todos, los funcionarios de la Fiscalía tenían a su cargo brindarnos tranquilidad en la protección de nuestros bienes. Los asesinos no deben estar en las calles, pero los más cobardes son esos autores intelectuales que tras un escritorio, con su título colgado atrás y en sus recuerdos hallarse haber lucido una toga, deben ser desenmascarados con pruebas contundentes. Por otra parte, también la Fiscalía debe ser cuidadosa y objetiva para proteger a decenas de notarios cuya firma y sello han sido falsificados por estos delincuentes habituales y no son más que otros perjudicados de este desorden registral cuyas nuevas víctimas son don Nery Miguel de León Valdez y Miriam Aída Reguero Sosa.

La respuesta institucional de algunos es negar las acciones de genocidio, la práctica de la tortura y a los detenidos desaparecidos, porque con ello, justifican la cobardía de la barbarie, pero eso sí acuden a misa o al culto a proclamar La Palabra y desde su discurso político juran defender la vida y la libertad.

La negación de la historia es la mejor forma de repetirla y es fácil ver, en algunos fiscales, jueces y magistrados los nuevos rostros de quienes en su momento encarnaban la Auditoria de Guerra o la Procuraduría General de la Nación de los gobiernos militares y seudoconstitucionales.

La historia debemos conocerla para superarla, vivir negándola es concretar la mediocridad. Si no aceptamos el papel del Estado en una guerra sucia, repetiremos las dinámicas y las nuevas generaciones estarán condenadas a la estupidez del abuso.

Ha sido público como han pasado gobiernos con la intención de maquillar los censos para no informar sobre la realidad o cómo este gobierno sintió pánico al conocer el informe de desarrollo humano y recurrió a presiones inusuales para ocultar datos. La semana pasada vivimos también unas discusiones macondianas con relación a la triste competencia de nuestro país con Haití en sus índices de pobreza, cuando la discusión debería ser cómo garantizamos políticas sociales y dejamos de escapar de los mandatos constitucionales.

En esta vorágine de datos y análisis, la semana pasada tuve el gusto de recibir el “Rule of Law Index” traducido libremente podríamos decir el índice del Estado de Derecho, llevado a cabo por World Justice Project, una organización conocida por su seriedad. Se analizaron 139 países, entre los cuales se encuentra Guatemala y quiero acá, sin llegar a detalle, solo compartir los rangos obtenidos para así quizás obligar a nuestros tomadores de decisión a modificar su rumbo.

El primer rango el cual podríamos denominar “limitaciones de los poderes”, es decir, la vivencia del ejercicio republicano del gobierno nos encontramos en el puesto 19 de 32 de nuestra región y 74 de 139 del estudio global; en ausencia de corrupción, estamos en el puesto 24 de 32 regional y 114 de 139 global; en el índice de “gobierno abierto”, estamos en el 18 de 32 regional y 67 de 139 a nivel mundial; en cuanto al respeto de los derechos fundamentales aparecemos en el puesto 19 de 32 en la región y 74 de 139 globalmente; en cuanto al orden y seguridad estamos en el 27 de 32 de la región y 123 de 139 de los términos globales; regulación para hacer efectiva la ley nos hallamos en el puesto 25 de 32 regional y 115 de 139 del globo; nuestra justicia civil es tan precaria que nos recocemos en el puesto 30 de 32 en la región y 134 de 139 en el mundo para terminar con un puesto 25 de 32 regionalmente en lo penal y 127 de 139 en lo global.

Los datos deben servir para corregir el rumbo, no para conservarlo. Un país sin control del poder, con altos índices de corrupción y con poco orden y seguridad, así como con la justicia civil y penal precarias es incapaz de un mejor futuro, por lo menos en eso deberíamos estar de acuerdo.

En nuestra constitución se reconoce una serie de derechos, existen críticas al texto porque algunas normas parecen más bien frases aspiracionales decididas sin tomar en cuenta el contexto real y su posibilidad económica; sin embargo, también quienes niegan su respeto se escudan en estos motivos. “El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social”, reza el Art. 118 constitucional. También se reconoció como derecho irrenunciable de los trabajadores “el establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que, en beneficio de los trabajadores, otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia”, y se encomendó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social la aplicación del régimen de seguridad social.

El retiro o jubilación es un derecho humano, y si nuestro país tuviera un poco de compromiso con su propia constitución ya, después de 37 años de haberse promulgado, debieron existir decenas de proyectos legislativos para hacer efectiva la seguridad social universal. El Art. 100 constitucional ordena: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la Nación. Su régimen se instituye como función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria”.

Cada vez más es usual solicitar la solidaridad general para enfrentar los enormes costos de la salud privada. A diario vemos cómo la disponibilidad económica de quienes se jubilan es cada vez más precaria, porque 1. el Estado no paga su deuda con el IGSS; 2, las políticas clientelares y de espaldas a nuestra historia como la reciente aprobación para un bono a exmiembros del Ejército condicionando más de Q3 mil millones es una bofetada a los pensionados; y 3, no existe voluntad política de los verdaderos grupos de poder para enfrentar los enormes retos de un retiro digno.

Un régimen político es estable solo si hay bienestar económico. La historia enseña cómo las sociedades se decantan por dictadores que llegan, como cantos de sirena, a hipnotizar a poblaciones para engañar con soluciones mágicas en donde el abuso de poder, la arbitrariedad y la violencia son la máxima cuando la realidad se divorcia de lo dispuesto en las leyes. Si una persona fue un trabajador honrado, debe tener el incentivo de gozar de una jubilación decorosa, pero en cambio construimos una canallada cuando el aliciente para la vejez es el fraude, el abuso, la corrupción y el engaño, como hemos visto tantos pasar por el gobierno o puestos gerenciales privados (basta recordar el Banco de Comercio, entre tantos otros).

Guatemala castiga a la niñez y con ese mismo martillo revestido de indiferencia martiriza a la vejez. No es justo cómo gobierno tras gobierno pasa y las propuestas de reforma a la seguridad social sean para debilitarla en vez de fortalecerla. Es absurdo creer que nuestro marco jurídico, político y social está diseñado para crear una gran cantidad de consumidores por unos años a costa de niños, adolescentes y ancianos cada vez más olvidados y de espaldas a todo concepto de solidaridad.

Bien dijo Cicerón: “La cosecha de la vejez es el recuerdo y la abundancia de lo previamente asegurado”, el mundo se desarrolló para reconocer a la seguridad social como un derecho humano universal para todos, ¿por qué nos empeñamos en vivir en el siglo 19?

Nuestro país pierde presencia estatal de manera exponencial. Basta conocer el centralismo capitalino y visitar cualquiera de los municipios que conforman el departamento de Guatemala para convencernos como es de pírrica la presencia estatal, así como deficiente y en muchas ocasiones hasta amenazante, no digamos en cualquier otro departamento y esto es caldo de cultivo para el narco.

El fenómeno del narcotráfico no puede verse y combatirse solo desde la óptica penal, sobre todo cuando buena parte del mundo legaliza la marihuana y es muy distinta la realidad de los países productores, almacenadores y consumidores. En consecuencia, podríamos preguntar a nuestras autoridades ¿cuál es su política de combate al narcotráfico? ¿Qué se hace en el Organismo Judicial para combatir su porosidad frente al narco? ¿Cómo el control del financiamiento a partidos políticos puede evitar el blanqueo de capitales para campañas de diputados, autoridades municipales y hasta presidentes?

Nuestros políticos, salvo honrosas excepciones, evaden el tema del narcopoder y una buena parte se resignó a esta situación y también están los aprovechados de la informalidad buscándose el apoyo “popular” con dinero ilegal.

¿Qué impacto tiene que Mario Estrada excandidato presidencial de la UCN haya sido condenado por narco en Estados Unidos a quince años de prisión si su partido es pieza fundamental de la gestión de este gobierno y del pasado? Esta pregunta nos debería dar vuelta a todos, porque es injusto señalar solo a la UCN cuando se sabe y conoce el actuar de varios otros personajes en distintos partidos. ¿Qué importancia tiene para el sistema bancario y el sistema económico que Acisclo Valladares, ex ministro de Economía de Jimmy Morales y exmiembro de Junta Monetaria haya sido juzgado por lavar dinero del narco utilizando un banco nacional? ¿Qué importancia existe con el regreso de Manuel Baldizón luego de haber aceptado haber administrado dinero del narco y pretenda jugar un rol político partidista? (Entre tantos otros casos).

Es horrendo pensar en la posibilidad de tener como parte del paisaje la convivencia junto al narcotráfico, porque si esto es así, ¿cómo entonces vamos a hablar de justicia, democracia, igualdad, respeto y solidaridad como valores compartidos?

Una sociedad debe exigir acciones para concretar sus propios valores de lo contrario no seremos más que zombis coincidiendo en tiempo y espacio. Dudo que la mayoría de académicos, trabajadores, empresarios, maestros, campesinos y patojos en general acepten el poder del narco para ceñir su horizonte de vida, porque ello sería un suicidio.

Ahora respirándose aires electorales es de primer orden ya no hablar de vida, libertad, propiedad, educación y salud solo como recursos mercadológicos porque debemos exigir claros compromisos en torno a las aspiraciones compartidas y por eso debemos tener mucho cuidado de quienes claman a Dios para convencer, pero luego en el parlamento acuerdan con organizaciones ligadas al narcopoder y la narcoeconomía como invalidar nuestros anhelos más queridos.

Debemos entender como controles de poder los instrumentos jurídicos, políticos y sociales que tenemos para asegurar una función pública conforme las competencias asignadas a cada órgano, en una República como la nuestra, los principales controles residen en la independencia y no subordinación entre los Organismos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, pero también nuestro marco constitucional considera otros órganos como entes controladores del poder, por ejemplo: el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público. Algunos autores sitúan al Procurador de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la Nación, también dentro de los órganos contralores de poder, y otros les niegan tal naturaleza, pero esto rebasa el objetivo de estas líneas.

Una constitución frustrada es aquella en la cual se establecen límites de poder y competencias de control, pero en la práctica se rebasan de forma constante los límites y se burlan los controles, lo cual es grave porque el Derecho Moderno busca y desarrolla instrumentos para un ejercicio de poder de forma racional. La razón debe privar en todo acto de autoridad.

Los guatemaltecos estamos frente a claros procesos de frustración constitucional, por ejemplo, cuando llevamos tres años sin que el Congreso elija Cortes y la propia Corte de Constitucionalidad es dolosamente omisiva para hacer ejecutar su propia sentencia; cuando el Jefe de la Contraloría General de Cuentas no será electo en el plazo de ley y el interés político partidista es tan evidente que hasta evaden declarar los propios conflictos de interés de quienes estén interesados en el cargo; cuando el Tribunal Supremo Electoral tiene a millones de patojos sin empadronar porque la desidia les marca su dinámica y además realizan negociaciones de más de 600 millones de Quetzales de manera obscura; cuando el Ministerio Público se ha convertido en el defensor de políticos poderosos y fiscal draconiano de voces opositoras, asumiendo un verdadero papel político partidista; cuando el Congreso de la República con todo desprecio no conoce una ley orgánica para la Procuraduría General de la Nación y esta institución se rige por un Decreto de 1948 siendo inoperante buena parte de su contenido; cuando este gobierno ha marcado récord absoluto en suspensión de garantías, rigiéndose sus decisiones por una ley emanada en la Asamblea Nacional Constituyente de 1965 que dio origen a la Constitución, calificada por Jorge Mario García Laguardia “como la del peor tipo posible” y en la cual buena parte de su articulado es inaplicable.

La Democracia y la República son conceptos vivos. Si la ciudadanía no reclama dichos institutos, los derechos se pierden poco a poco, la historia universal nos recoge miles de casos sobre los cuales el poder corrompe al cuerpo social.

Somos muchos quienes queremos pensar en una sociedad en paz, para lo cual se requiere de hombres y mujeres decididos a gozar de sus derechos, pero sobre todo a exigir su respeto frente a quienes, de forma temporal, ejercen el poder. El respeto al marco constitucional no es una cuestión que solo incumbe a jueces y abogados, por el contrario, afecta a todos porque nadie puede desarrollarse en un país sin libertad.

La libertad de todos depende de la capacidad efectiva de controlar el poder, si el poder no está controlado, es mentira hablar de libertad y este punto, debe unir a izquierdas y derechas, porque salvo que se pretenda ser cómplices de prácticas corruptas y represoras, nadie puede vivir en libertad con una constitución constantemente frustrada.

En cualquier parte del mundo, al hablar de constitución nos referimos a un poder limitado. Si eso en la práctica se vive o no se concreta es otro cantar; no existe constitución sin limitar el poder.

Es conveniente hacer un repaso de nuestra realidad porque vemos varios partidos políticos erigirse, sobre todo ahora con tambores electorales, como los paladiones de la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad.

Este gobierno, como el anterior, presidido por Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, se ufanaron en autonombrarse “provida”, pero en el anterior 56 niñas fueron quemadas y el propio presidente de la República fue informado de lo actuado y pudo evitar la tragedia. A la fecha no hay responsabilidad de nadie. En este gobierno, y solo para tocar lo más reciente, nueve personas perdieron su vida en un concierto autorizado por el Ministerio de Cultura y Deportes en Quetzaltenango y lo único claro es cómo el procurador de los Derechos Humanos tiene capataces que dirán cuándo callar y cuándo pronunciarse, porque ni frente a este tema tiene permiso, pero también las autoridades municipales de Villa Nueva dan un espectáculo de terror cuando, por su desidia, están desaparecidas dos personas sin que a la fecha exista alguna línea institucional. De todas las municipalidades, la de Villa Nueva es la más cercana al Gobierno Central.

Ningún país del mundo puede hablar de respeto a la libertad sin contar con herramientas para el control del poder. En nuestro país existen cortes complacientes y órganos de control configurados como avales de abusos evidentes. Es mentira quien señale que los partidos de gobierno garantizan la libertad de todos nosotros cuando se boicotea la República como forma de gobierno.

Respecto de la seguridad, basta platicar con cualquiera para sabernos y sentirnos presos de la inseguridad. Invito a quien sea a salir a cenar al Centro Histórico de la ciudad de Guatemala para sentir la desolación, miedo e impotencia. Ideal si camina a las 9 de la noche de un día cualquiera un par de cuadras.

La propiedad privada es una quimera cuando existen constantes despojos impunes, registrales y no registrales. Es espantoso enterarnos de forma seguida de fraudes registrales. Notarios inescrupulosos, operadores registrales cómplices o autores y hasta jueces metidos hasta la médula en este tipo de situaciones que, me consta, los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia conocen y no mueven un dedo en torno a ello. Por si lo anterior fuera poco, no hay un solo proyecto serio para reformar el sistema registral y nos quedamos con dinámicas diseñadas a finales del siglo 19. ¿Así seremos algún día un país de propietarios?

Debemos luchar para que la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad dejen de ser anhelos para convertirse en verdaderos derechos, pero un equipo de gobierno en alianza con un partido como la UCN, cuya propiedad es de quien ha sido ligado a proceso por narco y son públicos sus planes para asesinar fiscales no es ninguna opción. Toda la alianza oficial ha hecho alianza con esta organización, así que sus dirigentes no podrán, ni por asomo, garantizarnos estos cuatro derechos básicos y precisamente acá encontramos parte de la fuente de por qué nuestros mandatos constitucionales no son más que buenos consejos sin ningún poder de coerción.

Viví siendo adolescente la ilusión de mi padre, Alfredo Balsells Tojo, cuando, junto con otros de sus colegas, propuso en las Jornadas Constitucionales realizadas por el Colegio de Abogados para coadyuvar en el debate de nuestra nueva constitución, la adopción del procurador de los derechos humanos (PDH). La idea fue crear un órgano que, como su nombre lo indica, procurara hacer girar la administración pública en función de los derechos humanos y así superar un oprobioso pasado.

Nuestra Constitución es de suma importancia histórica, pues por primera vez un mismo texto permite el traspaso de gobiernos civiles por medio de elecciones por tanto tiempo, además de privilegiar, dado nuestro pasado reciente, la batalla para lograr el efectivo cumplimiento de los derechos humanos. En el preámbulo los constituyentes dijeron estar “decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al Derecho”.

Estoy seguro de cómo nuestro maniqueísmo, entendido tal como lo define el Diccionario, como la tendencia para reducir la realidad entre lo bueno y malo, nos dificulta ver un poco más a largo plazo, lo cual debemos vencer.

El abogado Alejandro Córdova fue electo por el Congreso como procurador de los Derechos Humanos. En un régimen republicano e institucional poco deberían importar los nombres de quienes ocupan los cargos porque las competencias y funciones están establecidas por la Constitución y la ley.

El PDH es un órgano unipersonal y se le conoce también como magistrado de conciencia porque sus resoluciones no se ejecutan como las de un tribunal, sino él promueve lo necesario para lograr respuestas del sistema. Sobresalen entre sus funciones: “promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa, en materia de Derechos Humanos e investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas”.

Nueve personas fallecieron y más de 20 resultaron heridas en un concierto en Quetzaltenango durante las celebraciones de nuestra independencia. Un concierto con más de 15 mil asistentes en el cual había un pésimo monitoreo de seguridad y de emergencia. El Ministerio de Cultura, la PNC, Gobernación Departamental, la Municipalidad (con un alcalde irresponsable que no tiene ni idea de lo absurdo de sus declaraciones al señalar que quien acude a un evento de esta clase lo hace por su cuenta y riesgo) y las empresas organizadoras tienen, por lo menos, algo que explicar de manera institucional; sin embargo, el procurador guarda un hermetismo profundo y sacó un comunicado que no dice nada.

Todos, pero sobre todo quienes tenemos hijos, quedamos más que preocupados cuando una tragedia de esta magnitud se produce y la primera institución que debe estar junto a las víctimas evade su obligación. En diciembre se realizará en la ciudad de Guatemala el concierto de Bad Bunny y se esperan decenas de miles de asistentes, entre quienes está uno de mis hijos e hijos de muchos más. ¿Podremos estar tranquilos?

Todo esto viene a la mente cuando constatamos cómo una linda institución, diseñada para la defensa de los derechos humanos, no se conmueve ni con la muerte producida por desidia de las autoridades… Más que tristeza da cólera en un país que se jacta de ser Provida. El PDH aún tiene tiempo de rectificar. Esperemos que lo haga.

Esas letras tienen mucho de cierto, repetimos cual loros “sin choque sangriento nos colocaron en un trono de amor”, pero esto es bien relativo, porque sí existieron sendos levantamientos, sublevaciones, pactos, asonadas y actos de represión por los cuales muchos patriotas ofrendaron sus bienes, su libertad y hasta su vida por el ideal independista.

Las insurrecciones en El Salvador, Tegucigalpa y Granada son hechos fundamentales para entender la Centroamérica de aquel momento y en la Navidad de 1813 la conocida como “Conspiración de Belén” en Guatemala constituye, uno de los tantos hechos, que no pueden pasar desapercibidos, porque incluso hay quienes sostienen que de conspiración no había nada, sino eran tertulias universitarias e intelectuales para tocar los temas de interés, en las cuales sin duda, criticaban en algo al régimen imperante y don Julio Vielman quien se dio a la tarea de estudiar el proceso judicial por el cual fueron señalados los personajes, nos dejó escrito: “Los incoados declararon que se trataba de simples discusiones de temas públicos, meras tertulias en las que a veces se jugaban cartas. En cambio, los delatores, tratando de impresionar a sus jefes, magnificaron las reuniones como verdaderamente revolucionarias e independistas”.

En aquel momento la Capitanía General era gobernada por José Bustamante y Guerra, un personaje nefasto por su proclividad a la violencia y la represión. El 21 de diciembre de aquel año comenzaron las capturas y esto significó que una de las figuras más preclaras del liberalismo centroamericano como José Francisco Barrundia evadiera su captura y se viera obligado a esconderse por 6 años hasta la promulgación de un indulto real liberando a los detenidos, por su parte Manuel Tot enfermo huyó y la muerte le alcanzó.

Don Julio Vielman agrega: “Los detenidos fueron juzgados por una comisión militar nombrada por el Capitán General y presidida por él mismo. No hacía mucho que Bustamante había logrado la autorización de la Regencia para aplicar el fuero militar a civiles acusados de actividades sediciosas, desestimando a los tribunales civiles a los que legalmente les correspondía esta responsabilidad”.

Es importante estos puntos justo en estas fechas de celebración independista, porque vemos que tanto en tiempos coloniales, como ahora, en estos lares se utiliza el barniz judicial para acciones represivas y cómo existen procesos judiciales instigados por aduladores y serviles de profesión.

Someter el poder al derecho es un reto en cualquier Estado y para algunas autoridades de la Corona Española en 1813 existían peligrosos aires de libertad motivados en 1812 por la Constitución de Cádiz la cual recogió los primeros intentos por crear un orden jurídico donde la libertad fuera respetada por el poder, lo cual no gustaba a quienes creían (y creen) en el ejercicio del poder sin límites.

Los poderes sociales y políticos debieran ver en la crítica pública de la universidad un elemento indispensable del avance social y el equilibrio social”, escribió Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, asesinado por el ejército salvadoreño el 16 de octubre de 1989 junto a cinco sacerdotes jesuitas más y dos mujeres laborantes y residentes del Campus Universitario. Ese pensamiento era molesto para los verdaderos centros de poder salvadoreños de aquel momento.

Ignacio Ellacuría, quien llegó a El Salvador un día antes de su martirio, comentó a sus compañeros, justo en medio de la ofensiva que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) llevaba a cabo en aquel momento, “si me matan de día sabremos que fue la guerrilla; si me matan de noche, fue el ejército”. El poder de la palabra, de la enseñanza, de la construcción de la verdadera autonomía universitaria es complejo en una región donde el poder, bastante mediocre y miope en su devenir histórico, persigue y detesta a la razón.

El mercantilismo en los países centroamericanos, barnizado con normas de libre mercado, pero en la práctica boicoteadas desde las posiciones de poder, conduce a las sociedades a encontrar en la violencia el derrotero para luchar por sus ideales e intereses, lo cual dibuja una historia de exilio, prisión, intolerancia y muerte.

El martes pasado tuvimos la oportunidad de asistir a la proyección de la película Llegaron de noche, en la cual se narra desde la óptica de la única testigo de la masacre de la UCA, Lucía de Cerna, su calvario por optar declarar la verdad, una verdad que de forma ineludible acusaba al ejército salvadoreño de la cobardía, pero el gobierno de los Estados Unidos estaba institucional y políticamente comprometido para callarla. La Compañía de Jesús, la Universidad Rafael Landívar y el Centro Cultural de España en Guatemala nos brindaron la oportunidad para que, por medio de este esfuerzo fílmico, colombo español, se pudiera conocer y revivir de nuevo una realidad común para los países latinoamericanos, y de forma especial centroamericanos. En 1989, en El Salvador, bajo gobierno civil, se produjo la masacre de seis profesores universitarios comprometidos con la educación, sus ideales y el servicio. Hace poco fueron beatificados los “Mártires de Quiché”, tres sacerdotes y siete laicos, incluyendo un niño de 12 años, ejecutados por “odio a la fe” durante 1980 y 1991 en Guatemala, algunos en período de facto y otros con gobierno civil.

El Salvador y Guatemala no solo comparten frontera e historia, sino también los horrores de los desprecios absolutos al disenso, al pensamiento crítico y al respeto a la vida. Ninguna persona, temerosa de Dios o bien que se considere a sí misma como “correcta”, puede justificar cobardías como las vividas en ambos países; sin embargo, en las dos “repúblicas” existe un esfuerzo por tergiversar las verdades y confeccionarlas para la utilización de fines particulares e intereses individuales. Conocer la historia para no repetirla es clave, sobre todo para los guatemaltecos, que al parecer no aprendemos y optamos por creer que el abuso es la única forma de ejercicio de la función pública y a la vez acudimos a actos de fe, pero vivimos una realidad alejada de ella.

La Revolución Francesa, sin mencionar en estas líneas sus abusos y paradojas, dejó al mundo decenas de lecciones, entre ellas establecer esta Declaración que la semana pasada cumplió 233 años, muy oportuna para la Guatemala del 2022, porque el texto, influido del legítimo pensamiento liberal, es útil para buscar la luz al final del túnel en una sociedad fragmentada, en buena parte, por absurdos, abusos y odios patológicos.

La declaración inicia con un lapidario preámbulo: “Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y la corrupción de los gobiernos…”. El guatemalteco del 2022 debe percatarse cómo desde hace 233 se señalaron a la ignorancia, el olvido (de la historia) y el menosprecio de los derechos, como práctica del poder público, como la fuente de las calamidades públicas y corrupción. La corrupción no solo se combate desde el ángulo penal, un pueblo sin acceso a educación de calidad, como lo constituye la inercia oficial en estos momentos, estará solo ocupado en prácticas de sobrevivencia, en tal situación los principios y valores se pierden y si además le agregamos una sociedad de consumo, en la cual preparamos compradores y no ciudadanos, el horizonte registra más obstáculos.

Nuestro Congreso pretende discutir leyes violadoras del derecho a libre emisión del pensamiento y además fomentan la violencia oficial contra las manifestaciones y descontentos populares, por eso debemos recordarles cómo desde hace más de dos siglos se dijo: “La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales del hombre tan sólo tiene como límites los que garantizan a los demás Miembros de la Sociedad el goce de los mismos derechos. Tales límites tan solo pueden ser determinados por la ley” y agrega: “La ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la Sociedad. Nada que no esté prohibido por la Ley puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer algo que esta no ordene”.

Si no entendemos el orden jurídico como un sistema armónico de derechos, encontramos las licuadoras mentales de ciertos legisladores por las cuales para “garantizar un derecho” perjudican otros. Engancharnos con peroratas de políticos abusivos e irrespetuosos a los principios constitucionales también es una constante imprudencia ciudadana.

En nuestro país los gobernantes se dicen liberales y además hacen gala de su “republicanismo” y respeto al orden jurídico, pero al mismo tiempo cooptan instituciones, así es como esta Declaración brinda la mejor lección de Derecho Constitucional: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de Poderes, carece de Constitución”.

Si la independencia de poderes no existe, es imposible el respeto a los derechos fundamentales, porque la concentración del poder en una persona o grupo jamás brinda alguna posibilidad para que eso ocurra. Si los guatemaltecos nos seguimos concibiendo como el ombligo del mundo y además estamos seguros de vivir en una realidad única seguiremos engañados, no existe ninguna posibilidad de prosperidad sin respeto a los derechos, pero para ello debemos empezar con una independencia de poderes seria, en caso contrario miente quien habla de legalidad, República y libertad, no nos dejemos engañar por quienes embaucan para buscar poder sin límites, porque la historia recoge ya mucha experiencia sobre ellos.

Bolsonaro, quien va detrás de Lula en las encuestas, remarca el peligro del comunismo y aunque sea uno de los mayores responsables de los daños ecológicos a la Amazonía brasileña, con miles de hectáreas quemadas y miles de personas desplazadas, anuncia su opción como la elegida desde el Altísimo. En Nicaragua, el lema “Nicaragua, Cristiana, Socialista, Solidaria” acuerpa a los Ortega Murillo desde hace años y ahora podemos ver una clara fractura hasta en el episcopado nicaragüense.

El protestantismo nacido como respuesta a la intolerancia y abuso católico en su momento, creció en todo el mundo y como tal ha buscado en las distintas iglesias puntos de unión y de confluencia. Los grandes esfuerzos anglicanos, luteranos y metodistas están a la vista, pero, por otra parte, como el derecho de asociación es fundamental y el de profesar la fe también, surge una serie de iglesias dispersas motivadas, más que todo, por la iniciativa de un pastor para lograr de manera fácil el reconocimiento estatal, sin que exista mayor control, eclesiástico u oficial, respecto de quién tendrá a su cargo el anuncio de La Palabra y cómo se administrará el dinero.

El punto focal es que la proliferación de iglesias sin unidad, sin control y solo sujeto a la buena fe y preparación de su líder provoca la amenaza del uso del púlpito para arengas políticas partidistas. Esto no quiere decir, ni por asomo, que las iglesias no puedan pronunciarse sobre los aspectos morales de una sociedad, como lo es la desintegración familiar, la corrupción, el flagelo de las drogas, sino, al no existir ninguna rigurosidad disciplinaria y frente al derecho a la libre expresión, es fácil ver y encontrar motivaciones políticas partidistas disfrazadas de barnices bíblicos.

La división de Estado e Iglesia es muy fácil enunciarla, pero muy difícil delimitarla en la práctica, porque todo buen pastor tiene interés sobre los daños sociales en su feligresía y de allí al discurso político existe una frontera tangencial; sin embargo, sí debemos todos evitar repetir la experiencia de otros países cuyas elecciones se convierten en verdaderos plebiscitos sobre las creencias cristianas, consiguiendo protestantes y católicos conservadores formar una opción frente a cristianos y católicos con opciones progresistas.

La fe se respeta, pero sí todos podemos estar seguros de que por siglos, y nuestra realidad no es ninguna excepción, la fe también se utiliza para fines aviesos y bajos. De allí que por lo menos debemos hacer los esfuerzos necesarios para que los puntos de unión de quienes profesamos la misma fe se resalten y queden fuera de discusión política partidista.

Un político con el objetivo de ganar una elección sin importar las consecuencias vende el alma al mejor postor, por esto mismo no podemos vivir bajo la amenaza de convertir una visión de Cristo, ufanada por candidatos, la dominante del sentir popular.

Jesús vino a la Tierra y representa la nueva Alianza y la unión universal, ya no existe a partir de su vida un pueblo elegido, sino quien cree y vive su fe será salvo. En consecuencia, es absurdo dejarnos embaucar como sin duda lo intentarán quienes piensan en las estrategias de Bolsonaro y Ortega para llegar y abusar del poder.

Trece instituciones firmaron un comunicado conjunto para que el Congreso atendiera aquellas demandas, las instituciones son: “Universidad Rafael Landívar, Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Alianza Evangélica, Fundación Libertad y Desarrollo, Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas (Confecoop), Comunidad Judía de Guatemala, Guatemala Visible, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Jóvenes por Guatemala, Madres Angustiadas, Primero Guatemala, Federación de Organizaciones Rurales de Desarrollo Integral de la Mujer Guatemalteca y Fundación Bosque Tropical”. Puede evidenciarse una iniciativa apoyada por organizaciones de pensamiento variado con el afán de legitimar un proceso electoral, desde ya, opaco.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos tiene rango constitucional, para su reforma debe contarse con 2/3 de diputados del Congreso y además dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad al proyecto. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hace meses remitió al Congreso una propuesta de modificación, después en el congreso se hicieron fiambres de proyectos.

Acá se dicen discursos, se presentan informes y se remiten iniciativas de ley con reflectores, pero son pocos quienes leen y analizan los documentos, por eso vemos tantas incongruencias sin mayores miramientos. El TSE remitió al Congreso un proyecto bochornoso, en el cual se flexibilizaba el control del financiamiento y la pauta publicitaria, obviando todo el esfuerzo que la autoridad electoral hacía desde 1997 pero truncado desde hace tres magistraturas, además no tocó un solo tema sensible del proceso electoral.

La credibilidad de los magistrados al TSE es mínima, su integración obedeció a agradecimientos de poderosos y colocación de alfiles, a la fecha se lleva a cabo una patética campaña de empadronamiento y siendo públicos los exiguos resultados ninguna palabra se dice sobre sobre el particular, además el padrón electoral, el instrumento fundamental para una elección limpia no se audita desde hace más de 15 años y recién se anunció una dudosa colaboración con el Ejército.

Hacer presión social para que este Congreso, con bancadas integradas por decisión de caudillos confesos en Estados Unidos por negociar con carteles de droga, a cinco meses de la convocatoria a elecciones proceda a aprobar un proyecto tan poco lógico y sobre todo antitécnico, es un contrasentido, por mucho que el dulce a los ojos sea “la elección individual de diputados”, pero esconde retrocesos dramáticos para nuestra frágil democracia, hacer parches al sistema electoral, no conduce a ningún buen puerto. ¿Por qué ninguna organización pide el cambio de la fórmula electoral y pretendemos seguir, desde tiempos de Ydígoras con la Fórmula D’Hont como si fuera perfecta y única? ¿Por qué no existe el empadronamiento automático al sacar el DPI si el Renap es presidido por un magistrado del TSE?

Nuestro desinterés por el tema electoral es enorme y las ocurrencias llenan titulares. Don José Ortega y Gasset nos lo dejó dicho, pero no queremos entender: “La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario”.

Siento disentir con mi Alma Mater, pero lo mejor que puede pasar es que no exista reforma legislativa y sí observación, fiscalización y denuncia férrea a una autoridad electoral que sin empacho demuestra rigidez para algunos y flexibilidad para otros. Recordemos: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Basta ver las experiencias de vecinos para percatarnos un interés por seguir la receta.

Como en estos momentos hemos llegado a polarizaciones y fragmentaciones absurdas con el único objeto de moldear la historia como sea más conveniente para determinados intereses, es conveniente recordar los tres motivos principales por los cuales el Alto Mando y El Consejo de Comandantes Militares tomó aquella decisión, conforme la proclama publicada en el diario oficial el 9 de agosto de 1983: “Primero. Que hemos analizado la situación creada por un reducido grupo que por ambiciones personales pretende perpetuarse indefinidamente en el poder. Segundo. Que hemos comprobado, que un grupo religioso, fanático y agresivo, aprovechando las posiciones de poder de sus más altos miembros ha hecho uso y abuso de los medios del gobierno, para su propio beneficio, ignorando el principio fundamental de separación de la Iglesia y Estado. Tercero. Que se reafirma la decisión de erradicar la corrupción administrativa en todos sus niveles”. También reafirmaron su voluntad para el retorno a la “Constitucionalidad democrática”.

La proclama fue firmada por 31 jefes militares, entre quienes sobresalen Héctor Mario López Fuentes, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; Byron Disrael Lima Estrada, comandante de la zona militar 11; Héctor Rafael Bol de la Cruz, comandante de zona militar 13; y Rodolfo Lobos Zamora, jefe de la zona militar 17.

Este documento nos debe servir para recordar cómo hace 39 años el Ejército decidió un relevo en la jefatura de Estado por razones que ahora, en 2022, parecen vigentes: el deseo de perpetuarse en el poder, la invasión de la religión y fanatismo a esferas estatales y el combate de la corrupción.

Aquel 8 de agosto se llevó a cabo el último de los cuartelazos en la historia reciente del país, pero, además, se dio el empuje necesario para la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó nuestra Constitución el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986.

La actual cooptación institucional conduce a una peligrosa permanencia de dinámicas de abuso para la vida democrática, porque si no existen instituciones para limitar el ejercicio del poder público, el único resultado previsible es arbitrariedad y pérdida de las libertades ciudadanas.

En estos momentos hemos visto cómo algunos inescrupulosos líderes políticos tratan de adoptar discursos políticos para sus acciones de gobierno, tanto Bolsonaro en Brasil como Ortega en Nicaragua utilizan la dispersión de las iglesias protestantes para promover discursos anticatólicos y convertir los procesos electorales en esfuerzos plebiscitarios sobre posiciones con ribetes teológicos, olvidando, por supuesto, cómo Lutero y quienes vinieron tras él se opusieron siempre al abuso del poder en la fe, sobre todo cuando desde esa posición se obtenían jugosas granjerías.

Si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla, y las repeticiones siempre son de forma más trágica; de allí que, sin importar la posición política que cada uno opte, sí debemos rescatar la proclama de aquel 8 de agosto de 1983, por medio de la cual se rechazó el uso de la fe para fines políticos, porque no existe posibilidad de ejercer y gozar nuestras libertades si quienes ostentan un cargo público se consideran enviados divinos y obedecer mandatos no modificables.

A un gobierno, de cualquier color, como los de Nicaragua, El Salvador y Guatemala les sirve señalar la vigencia formal de una constitución, aunque en la práctica los controles contemplados en el propio texto, funcionen para avalar abusos, anular garantías y libertades.

La solución, dicha también por Lassalle, en contra del seudoconstitucionalismo es quitar la careta, generar un esfuerzo colectivo para mostrar el engaño. Cualquier país con una constitución sabe, en teoría, su deber por controlar el poder para garantizar las libertades, si no hay control, es imposible vivir en libertad y acá no existen excepciones.

Los países centroamericanos, con la excepción habitual de los ticos, sabemos del abuso constante de quienes se proclaman virreyes cada período, sin embargo, como es lógico la degradación es cada vez más evidente y álgida. Nicaragua y El Salvador han sabido poblar sus Cortes y sus instituciones de control con verdaderos sumisos del poder. Guatemala, por su parte, es distinta, porque sus Cortes cumplirán 8 años y las vemos funcionar como veleta conforme los vientos de quien aparentemente manda.

Mencionar lo anterior era importante porque el Ministerio Público señaló contar con información sobre un presunto caso de lavado de dinero y activos en contra de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, y el propio fiscal a cargo del tema señaló perseguirlo en su calidad de empresario y no periodista, por cierto en clara degradación de la labor empresarial.

A la fecha, el operativo de captura se realizó un viernes a las tres de la tarde, con algunos carros con placas tapadas o sin ellas; el allanamiento en la residencia de Zamora duró un par de horas pero estuvo retenido varias más hasta aparecer la orden de captura; las instalaciones de elPeriódico fueron allanadas y de hecho se obstaculizó su circulación el sábado 30; al momento de escribir estas líneas su abogado defensor no ha recibido copia del expediente; se señaló la inexistencia de motivos para entorpecer la labor periodística, pero las cuentas del Diario están embargadas.

Si un gobierno actuará contra uno de sus principales críticos, y tiene un caso sólido, no debe hacerlo con prácticas de órganos clandestinos o de los militares caducos de los 70. Ese mismo día también se capturó a la Fiscal Samari Carolina Gómez, señalándole filtrar información confidencial a la prensa. El Juez de garantías ha demostrado, en casos anteriores, como las garantías procesales y constitucionales son para él optativas e inexistentes.

Los casos están bajo reserva. El Fiscal Curruchiche cuando es consultado por la prensa señala que no puede informar, pero media FECI informa a cuentas anónimas de redes sociales sobre detalles del expediente, siendo esto un patrón. De manera institucional Consuelo Porras está sabida y es parte de las filtraciones a redes sociales sobre casos dirigidos contra políticos opositores, jueces y fiscales que con carrera dejaron de gozar de sus garantías y periodistas molestos al Gobierno, además ella misma es felicitada por la UCN, así que si narco organizaciones aplauden, nuestro futuro está en crisis.

El excandidato oficial Estuardo Galdámez fue ventilado por elPeriódico días antes de la captura de Zamora informándonos sobre sus cuentas millonarias, también se cubrieron los tráficos de influencia de Miguel Martínez y por ende del Presidente en la obra pública y gestión deportiva, así que es bien claro el objetivo institucional de la fiscalía: cerrar un medio de comunicación pero en el seudoconstitucionalismo lo debe disfrazar de legalidad.

Entonces, ¿qué es un sesgo ideológico? Un sesgo ideológico, conforme las reglas que definen nuestra convivencia contenida en un librito llamado Constitución, será todo aquel pensamiento o forma de actuar por el cual se vulnere el diseño político. Nuestra Constitución es clara al definir que “Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema es republicano, democrático y representativo”.

Existe un sesgo ideológico cuando desde el poder público, económico, académico o de cualquier otro tipo se configuran patrones para limitar el ejercicio de las libertades, o bien cuando también desde esas mismas posiciones se vulneran los principios republicanos de gobierno y del sistema democrático representativo (pluralismo político). Las libertades se vulneran por diversas formas. Hemos visto al Gobierno perseguir y censurar a periodistas molestos, hemos sido reprimidos en manifestaciones pacíficas, hay un hostigamiento constante a jueces y fiscales; de hecho, aquello llamado carrera judicial o carrera fiscal quedó para los libros de historia. Al funcionario público no se le deja hacer su trabajo si en él se molesta a los detentadores del poder formal y real.

Quiero poner tres ejemplos de lo que sí son sesgos ideológicos, porque pensar distinto, ser de izquierda o de derecha, es constitucionalmente viable, lo que no se vale es boicotear el régimen político para hacer prevalecer, por medio de fraudes de ley o fraudes electorales, a una camarilla de personajes. Hay sesgo ideológico por parte del Congreso de la República al burlar de forma impune su deber de elegir magistrados a la Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Cualquier excusa se puede hallar, pero no hay sistema republicano viable si los poderes no son alternados. Este sesgo ideológico, como le conviene a más de alguno, permanece en mutis hasta para centros de estudio autodefinidos como “liberales”.

Existe sesgo ideológico cuando los antejuicios en la Corte Suprema de Justicia se resuelven de acuerdo al funcionario en cuestión. Invito a estudiantes, catedráticos y abogados hacer un leve ejercicio de los “criterios” de nuestro máximo Tribunal en esta materia y verán la ausencia de uniformidad y decisiones casuísticas. Hay sesgo ideológico desde el Organismo Ejecutivo, al no permitir el debate de ideas en torno conceptos fundamentales como la familia, la vida, la propiedad y la salud, y desde sus instancias imponer un pensamiento único, o bien cuando, desde este mismo Poder, se respetan algunas resoluciones del sistema interamericano de Derechos Humanos pero se desoyen otras, haciendo el mismo optativo.

La República descansa en el control del poder y para ello debe existir alternancia en el mismo, así como garantías para jueces, magistrados y funcionarios a realizar su trabajo. La Democracia radica en el pluralismo político. Si de cualquier forma se pretende acallar voces opositoras, incluso ahora desde la autoridad electoral, hay un sesgo ideológico. No existe sesgo ideológico cuando se opina en contra de un mercantilismo galopante y excluyente o se realiza oposición, sino cuando se quiere tener una Constitución solo como adorno de librera.

Para escribir esta nota hice una breve visita a las páginas web del Instituto de Previsión Militar, el Instituto de Previsión Social del Artista Guatemalteco, el Instituto de Previsión Social del Periodista, el Plan de Prestaciones de la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Colegio de Ingenieros de Guatemala, en todos ellos encontramos en diversos medios bastantes quejas y denuncias sobre la gestión de su recurso financiero.

El Instituto de Previsión Militar y el Instituto de Previsión Social del Artista Guatemalteco, son entidades autónomas con personalidad jurídica propia, en consecuencia, son cuidadosas en mantener la información pública de oficio para consultas, pero no hay mayores detalles de procesos de transparencia constante en los mismos, se cumple con la ley y listo.

Renglón aparte encontramos en el plan de prestaciones de Usac, en el cual no existe información presupuestaria individualizada, en todo caso, debemos acudir a la información de todo el presupuesto universitario y además se señala en varios medios la existencia de serios aprietos de liquidez.

“No hay peor cuña que la del mismo palo” dice el refrán, las páginas más herméticas en torno a la administración de los respectivos fondos previsionales somos los abogados y los periodistas. El Colegio de Abogados y Notarios le tiene alergia a la transparencia y no existe ni información sobre sus Estados financieros, erogaciones, presupuestos y en el Instituto de Previsión Social de Periodista fui atenido de forma amable al creerme inútil para encontrar los datos por vía electrónica, pero se me ilustró que los datos presupuestarios son “confidenciales” e “internos” y no están ni estarán publicados.

Encontré con agradable sorpresa que por lo menos el Colegio de Ingenieros sí tiene, de forma pública, su proyecto de presupuesto, su presupuesto corriente y el informe de sus auditores, aunque no existe más información sobre los gastos previsionales.

Si el Instituto de Previsión Militar y el Instituto de Previsión Social del Artista Guatemalteco, son eficientes o no, será una cuestión para señalar por sus beneficiarios, la Ley de Acceso a la Información Pública les brinda herramientas para su fiscalización. En la Universidad de San Carlos esperemos que el plan brinde información a detalle, porque si bien, se cumple con integrar esos datos al presupuesto general, resulta complejo encontrar mayores elementos de fiscalización.

El Instituto de Previsión Social del Periodista, el Colegio de Abogados y Notarios y el Colegio de Ingenieros deben tener muy en cuenta que la Ley de Información Pública ordena que son sujetos obligados “las personas individuales o jurídicas o de cualquier naturaleza que reciban, manejen o administren fondos o recursos públicos por cualquier concepto, incluyendo los denominados fondos privativos o similares”. No hay ninguna duda como la omisión dolosa, lo hace ver como entidades violadoras de la ley.

La propia Corte de Constitucionalidad (expediente 1317-2019) resolvió que los fondos del Colegio de Abogados y Notarios constituyen fondos privativos, toda la información pública debe estar disponible y esto aplica a los amigos ingenieros y todas las demás profesiones, no digamos los periodistas quienes, sin obligación legal, deberían dar ejemplo.

Los fondos previsionales no pueden seguir siendo administrados como cajas chicas de manera discrecional porque esto condena la seguridad social de los más débiles y siempre la opacidad es la mejor amiga de la corrupción, sobre todo cuando hablamos de miles de millones de quetzales.

Carlos Castillo Armas, a pesar de haberse “legitimado” por un vergonzoso plebiscito, es asesinado el 26 de julio de 1957. Sus asesinos: quienes se decían sus amigos. También en 1957 se fundó el Partido Revolucionario (PR), la primera organización que, dentro del régimen y represión liberacionista, planteó revivir los postulados revolucionarios. Su principal líder, Mario Méndez Montenegro, acompañado de muchos jóvenes. De 1957 a 1963 se instituye con las nuevas dinámicas la corrupción como parte de la institucionalidad estatal e Ydígoras es derrocado por el Ejército, habiéndose nombrado como jefe de Estado Enrique Peralta Azurdia. Militares señalan, en textos propios, cómo el golpe no fue contra Ydígoras, sino contra Juan José Arévalo, quien se preparaba a ser candidato bajo la bandera del PR.

Con Peralta Azurdia el Ejército y la Policía se convierten en verdaderos instrumentos de represión discriminada. Bajo el pretexto de combatir el comunismo, era puesto preso cualquiera con pensamiento contrario al régimen. Este gobierno estableció la práctica de detener y desaparecer personas, la cobardía más grande que un Estado, hasta la fecha, puede llevar a cabo, y convirtió al sistema judicial en su fiel alero.

En la década de los 60, líderes jóvenes como Adolfo Mijangos López, Manuel Colom Argueta, Alberto Fuentes Mohr, Francisco Villagrán Kramer, Jorge Mario García Laguardia, Ángel Valle Girón, Edmundo Vásquez Martínez, entre otros, traen nuevas ideas, al haber estudiado y vivido fuera por sus respectivos exilios, y es cuando abiertamente se escucha del pensamiento social demócrata. La social democracia constituye la ideología por la cual se reconocen los principios del libre mercado y se considera determinada intervención estatal para generar mayores condiciones de igualdad social.

La social democracia guatemalteca no apoyó el proceso revolucionario por medio de la lucha armada, de allí Alberto Fuentes Mohr fue secuestrado por la guerrilla, puesto preso por Arana y asesinado por Lucas García, por mencionar uno de los ejemplos más paradigmáticos.

La UNE es el único partido político “autocalificado” como “social demócrata”, y si bien Álvaro Colom fue salpicado del pensamiento de su tío y de algunos personajes que le acompañaron, también es evidente cómo la conducción de la organización, así como sus candidatos, la ubican más cerca de la derecha mercantilista.

Juan José Arévalo, quien sustentó mucho de nuestra base institucional, se definía como un socialista espiritual. Árbenz siguió los lineamientos revolucionarios y fue derrocado, luego nadie más ha conducido al país por esos derroteros. La ciudad de Guatemala tuvo como alcalde a Manuel Colom y luego a Lionel Ponciano León. Basta imaginarse la capital sin Empagua, el Anillo Periférico o sin los grandes colectores para saber cómo estaríamos sin estas decisiones.

La social democracia guatemalteca fue cercada, tanto por la guerrilla marxista como por los regímenes militares de derecha. Ahora, en pleno proceso de fragmentación social y destrucción dolosa de instituciones republicanas por intereses narcocorruptos, resulta un reto y una necesidad instituir alternativas democráticas viables para proponer verdaderos planes de desarrollo social y económico.

También el verdadero pensamiento liberal está siendo atacado por quienes son defensores de una derecha mercantilista represora autoproclamada como “conservadora”, evidenciada como mediocre. La precaria democracia hay que defenderla y para ello social demócratas y liberales deben estar de acuerdo en eso.

El pluralismo político en países latinoamericanos es complejo, nuestra historia está llena de episodios en los cuales regímenes de derecha o de izquierda se caracterizan por su intolerancia frente al pensamiento contrario y de allí nuestra larga lista de dictadores. La Constitución anterior a la vigente fue un vivo ejemplo de intolerancia política, discutida en una Asamblea Constituyente electa en planilla única y bajo la tutela de uno de los regímenes militares más autoritarios, como fue el de Enrique Peralta Azurdia, fue considerada por el propio Colegio de Abogados (cuando esta institución sí tenía preocupaciones con la construcción del Estado de Derecho) como un texto ilegítimo, fue tan notorio que su publicación y cumplimiento fue dispuesta por el Jefe de Estado y su gabinete, destruyéndose cualquier noción de Poder Constituyente.

A pesar de la ilegitimidad política del texto constitucional, formalmente estuvo vigente y rigió hasta el 23 de marzo de 1982 y este texto señalaba: “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El Estado garantiza como derechos inherentes a la persona humana: la vida, la integridad corporal, la dignidad, la seguridad personal y la de sus bienes. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad y decoro. Se prohíbe cualquier discriminación por motivo de raza, color, sexo, religión, nacimiento, posición económica o social u opiniones políticas”.

Bajo el mandato de aquella constitución se llevó a cabo una práctica cobarde y violenta, cuyos primeros casos fueron bajo el gobierno militar de Peralta Azurdia y luego continuó por los gobiernos “de derecho”, como fue detener y desaparecer. Utilizar el aparato de seguridad pública para detener personas y luego desaparecerlas por completo, es una muestra de cobardía en su más álgida expresión y un ejemplo inequívoco de un Estado delincuencial y terrorista, además de convertirse en una tortura permanente para familiares y amigos de la víctima.

La práctica estatal por detener y desaparecer fue instituida y tuvo apoyo de ciertos grupos sociales, lo cual produjo un desprecio absoluto a la vida de quien pensaba distinto y, además por ir acompañada de violencia hacia lideres y dirigentes de oposición el pluralismo político fue inviable.

España busca a los desaparecidos en su Guerra Civil y quienes cayeron bajo el régimen de Franco, Argentina, Chile y Uruguay hacen esfuerzos por ubicar a los detenidos desaparecidos, y en Guatemala tras un arranque inusitado de personajes ligados estrechamente con los procesos represivos del pasado, se pretende el olvido y el ocultamiento, esta actitud solo nos dibuja como una sociedad cavernaria y nada humana, sin valores esenciales, pero lo peor es que con el concurso de algunos partidos políticos, el Ministerio Público, el sistema judicial y el gobierno en su conjunto, clamando a Dios y refrendándose ellos mismos con discursos de protección a la vida y a la libertad lo ejecutan, magnificándose día a día, la cobardía y el dolor por lo que el Estado decidió e hizo en contra de todo principio legal y ético.

Los tribunales electorales de los colegios profesionales tienen a su cargo garantizar la pureza de los actos electorales, pero sobre todo son ellos mismos quienes califican la legitimidad del proceso. Con mucha tristeza hemos visto cómo, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios dejó de efectuar aquellos actos fundamentales dentro de un proceso electoral, llegándose al grado de que ni siquiera se toman la molestia de notificar a las organizaciones contendientes sus decisiones, pero estos puntos son para otro momento.

La Constitución establece que la Usac se rige por su Ley Orgánica (del 28 de enero de 1947), por los estatutos y reglamentos que ella emita, “debiendo observarse en su conformación de los órganos de dirección el principio de representación de sus catedráticos titulares, sus graduandos y sus estudiantes”. También la Constitución señala, por aparte, que “los colegios profesionales, como asociaciones gremiales con personalidad jurídica, funcionarán de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros”.

La Usac no tiene ninguna injerencia directa y menos aún una autoridad sobre los colegios profesionales. Dicho lo anterior, en la elección de cuerpo electoral universitario las “autoridades electorales” de la Universidad de un plumazo no quisieron acreditar cinco cuerpos electorales de cinco colegios, algunos de ellos porque su propio proceso electoral se encontraba impugnado ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales.

Asusta demasiado que, con el objeto de engatusar y aprovecharse de circunstancias propias, se tomen criterios para algunos casos y distintos para otros; por ejemplo, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala celebró su asamblea general el 25 de marzo del año en curso y la asamblea se llevó a cabo a pesar de que la convocatoria estaba apelada y en trámite. El criterio fue que “la apelación no tiene efectos suspensivos”, y esto lo señaló la Directiva en pleno, apoyándose la propuesta del expresidente de dicha junta Fredy Cabrera, quien tomó la palabra para indicar dicho punto.

En consecuencia, si una decisión está apelada, conforme el criterio del propio Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala puede ejecutarse. Además, este criterio fue refrendado por la propia Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales en su resolución final, pero vemos que algunos hacen mutis porque les interesa cómo los cuerpos electorales de quien no es su candidato dejen de participar, y acá solo menciono un aspecto que llama la atención.

El problema no es en sí solo el fraude electoral, sino la destrucción de las instituciones; por ejemplo, el MP fue muy ágil en el nombramiento de un decano de una facultad de Derecho de una universidad privada en una comisión de postulación ante una denuncia formulada por un grupo que ahora tiene mucho poder, pero ahora es cómplice por omisión del fraude electoral para encumbrar a un rector obediente al gobierno y a ciertos partidos políticos. En el corto y largo plazo, todos perdemos si no hay instituciones, tal como, entre otros, sindicatos, colegios profesionales y Fundesa han dicho miles de veces.

La corrupción en el tema de tránsito es espantosa, está a la vista y nadie mueve un dedo, salvo el significativo caso de don Ernesto Ruiz, hace ya años, quien por enfrentarse a la mafia se ganó una bomba en su propia casa. La indolencia y la corrupción sigue en el 2022 como hace décadas. Hacer los exámenes y cumplir los requisitos también es una farsa. El teórico no tiene nada de dificultad, el de la vista es negocio de algunos oftalmólogos, y el práctico depende de quién lo lleve a cabo. Sacar la licencia es un “trámite”. Lo que sí funciona es la expedición del documento de forma rápida, segura y ágil, pero todo el sustento es, de seguro, una corrupción que deja a muchos millonarios y una indolencia en fluorescente.

El doctor Alejandro Giammattei, nuestro presidente, don David Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación, y la abogada María Consuelo Ramírez, secretaria general de la Presidencia, firmaron el Acuerdo Gubernativo 151-2022 por medio del cual, a pesar de que la Ley de Tránsito ordena a todo propietario de vehículo autorizado para circular tener un seguro contra terceros y acompañantes, derogó el acuerdo gubernativo que desarrollaba la obligación legal para transporte de personas y de carga. La ley ordena algo, pero la autoridad, por omisión, no reglamenta y la ley es un adorno.

Todos sabemos cómo se compran las licencias y que la minoría de automovilistas somos los asegurados. Ahora el transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga podrán circular sin seguro. Nuestras autoridades, a pesar de autoproclamarse como defensoras de la vida, no tienen la menor empatía con el altísimo número de heridos y muertos por contar con un tránsito sin control.

Si una persona sufre un accidente de tránsito en ciudad de Guatemala y no hay heridos, pero los daños son menores a 50 mil quetzales y el causante no asume su responsabilidad, se debe promover un juicio oral ante un Juzgado de Paz. Con suerte, en cuatro o cinco años habrá algún resultado. Ahora, si los daños son mayores de dicho monto, debe presentarse una demanda en la vía ordinaria y ese asunto se extenderá, si tiene mucha suerte, a unos siete años como mínimo.

Si en el accidente hay heridos o fallecidos, el tema se ve en un Juzgado de lo Penal, porque de forma absurda se eliminaron los Juzgados de Tránsito y quizás en unos cinco años habrá resultado concreto, si el Ministerio Público tiene un poco de interés.

Los hospitales están llenos de heridos y también los cementerios se llenan de víctimas de accidentes de tránsito y los pilotos hacen lo que se les da la gana porque no existe ninguna responsabilidad frente a eventuales daños. Basta ver cuántos accidentes se registran por la línea de buses Esmeralda para cerciorarnos cómo el control del tránsito es un chiste de muy mal gusto.

Sin duda el presidente y su ministro pueden derogar acuerdos gubernativos, está dentro de sus funciones, pero hacen muy mal al dejarnos a todos como potenciales víctimas de impunidad civil en un país donde la ley no tiene más fuerza que un consejo y, a mi juicio, ellos incurren en responsabilidad frente a eventuales daños conforme la Constitución.

El Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dentro de los órganos de protección universales, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han explicado que la orientación sexual se enmarca dentro lo conocido como “condición social”, en consecuencia, no pueden existir discriminaciones derivadas de dichas situaciones. En este lado del mundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ahora mencionada por nuestros políticos con interés) ha dicho que ninguna norma o acto de autoridad fundamentado en derecho interno puede disminuir o restringir, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.

En un país como el nuestro, donde la ausencia de vínculo social con respecto al sistema jurídico es enorme y cada vez más grande, es complejo debatir estos temas, porque muchas percepciones giran en torno a dogmas, verdades irrefutables o desinformación.

El homosexualismo y otras orientaciones sexuales existen, y hacemos muy mal en pretender en establecer un régimen social excluyente y traducir ese régimen social a normas de derecho, como lo intentó el Congreso hace unos meses. La libertad solo puede estar limitada por la ley, así las cosas si una persona se identifica sexual o románticamente con personas de su mismo sexo, ejerce un acto de libertad sin trasgredir ninguna ley.

Buscar ilustración en torno a condiciones sociales distintas de la heterosexualidad es fundamental para una sociedad sin debate como la nuestra, no podemos seguir negando la homosexualidad y peor vetar el tema porque “nos adoctrinan”, dejemos los absurdos. En el mundo, hasta líderes religiosos abordan los temas sexuales, acá se nos quieren imponer las dictaduras del silencio y del armario para evitar el ejercicio de la libertad del otro, pero lo paradójico es como quienes más hablan de libertad pretenden una libertad tutelada por su propia visión de mundo.

Los derechos humanos son progresivos, esto significa como las concepciones mutan conforme el desarrollo social y su protección se erige de manera extensiva, un clásico ejemplo para entender el punto lo constituyen los derechos de las mujeres y el sufragio. Guatemala hasta 1965 reconoció el sufragio universal y hasta ese momento las mujeres analfabetas pudieron tener el reconocimiento de su derecho, en otros países el debate empezó al terminar el siglo 19 o empezar el 20.

Nuestra constitución reconoce a la familia como el génesis primario de la organización social, de acá resulta aún más complejo estos temas si dentro de las familias, en el día a día, existen prácticas discriminatorias a alguno o algunos de sus miembros por su orientación sexual, si esto es así, pues solo quedará confiar en la educación y el amor para modificar estos comportamientos, pero lo que no vale, es establecer dinámicas de poder para proponer y promover discursos de odio, discriminación o ignorancia.

No podemos, los guatemaltecos, seguir llamándole conservadorismo a la mojigatería. Cada uno puede optar por ser conservador en el área que más le agrade, pero de ello a negarle el ejercicio de la libertad al prójimo existe un gran trecho. El poder público está para servir y garantizar el legítimo ejercicio de los derechos humanos, no para erigirse como dueño de libertades ajenas y esto no puede ser difícil de entender, no somos ninguna isla fuera del planeta.

Para entender la Guatemala de 2022 debemos saber que no hace mucho, un abogado y Notario, colegiado 914, Donaldo Álvarez Ruiz fungió como ministro de Gobernación de los presidentes Kjell Eugenio Laugerud García y Fernando Romeo Lucas García, este último sin duda uno de los más sanguinarios de América Latina, al mismo tiempo fungía como secretario general del Partido Institucional Democrático (PID), la organización política fundada por el autoritarismo militar.

Donaldo Álvarez Ruiz fue junto con Rafael Castillo Valdez, canciller del régimen luquista, sin duda de los civiles más comprometidos con la violencia institucionalizada y las dinámicas represivas, Guatemala es el país de América Latina con mayores índices de violencia selectiva urbana, es decir, se asesinó, desapareció y persiguió a muchísimas personas por considerarlas “enemigas” en centros urbanos, y en el campo se tomaron acciones de tierra arrasada, lo cual significa el asesinato de campesinos sin importar género y edad, destrucción de plantaciones y poblados, de manera literal borrar aldeas del mapa.

Elías Barahona fue periodista, trabajó en diario La Hora y en El Imparcial, los dos vespertinos más importantes, y también fue relacionista de prensa del Ministerio de Gobernación en tiempo de Donaldo Álvarez Ruiz, convirtiéndose en un hombre de confianza.

Se conoce el carácter cínico de Donaldo Álvarez Ruiz, siempre con una sonrisa en la boca y amable con los reporteros, sin importarle si diez minutos antes había dado órdenes de matar o desaparecer a quien fuera. La vida de Elías Barahona se recoge en el documental El silencio del topo, dirigido por Anaís Taracena, en este esfuerzo se recogen imágenes y testimonios históricos en torno a lo acontecido en el Ministerio de Gobernación de 1976 a 1980.

Elías Barahona fue el único testigo presencial de lo acontecido en el Ministerio de Gobernación el 31 de enero de 1980, día en que fuerzas del Estado irrumpieron en la Embajada de España, fue enfático el testigo al afirmar como Lucas García ordenó al general Chupina, director de la Policía, tomar el inmueble como fuere.

Elías Barahona era relacionista público, pero también agente infiltrado del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), en tal calidad brindaba información a militantes y no militantes de las órdenes vertidas por sus jefes, de hecho, advirtió a su gran amigo Maco Cacao de los planes para asesinarle, pero el tiempo no fue suficiente y al día siguiente era cobardemente atacado.

El documental se proyecta en Guatemala y, si fuéramos un poco más civilizados, estaría siendo vista de manera mucho más amplia y comentada por quienes no queremos repetir el oprobio, resalta la importancia de conocer como todos los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad eran parte del gobierno y eran la forma en como el terror y el miedo se esparcía en una sociedad incapacitada para construir espacios democráticos, la república y la institucionalidad solo existían en la formalidad.

Muchas familias le deben mucho a don Elías Barahona y Barahona, sobre todo ahora cuando se pretende recoger por algunos tesis revisionistas y absurdas de la historia para normalizar acciones de genocidio, el terrorismo de Estado, el exilio y la intriga.

Es nuestro derecho conocer la verdad sobre las violaciones a los Derechos Humanos durante el enfrentamiento armado, ello contribuye a la conciliación nacional y sobre todo a la democratización del país, tal como se dijo en el último de los Acuerdos de Paz.

El acuerdo fue firmado en Ciudad de México el 19 de septiembre de 1996 y el gobierno fue representado por Gustavo Porras Castejón, Otto Pérez Molina, Raquel Zelaya Rosales, Morris Eugenio de León Régil y Richard Aitkenhead Castillo. En el contenido del Acuerdo se estableció también la creación de una nueva doctrina del ejército: “debe formularse una nueva doctrina militar de acuerdo con las reformas previstas en este Acuerdo. La doctrina estará orientada al respeto de la Constitución Política de la República, a los derechos humanos, a los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala en materia militar, a la defensa de la soberanía e independencia nacional, a la integridad del territorio del país y al espíritu de los acuerdos firme y duradera”.

Debe rescatarse lo firmado dentro del proceso de paz con relación al ejército, porque cada vez se evidencian más exoficiales (dentro de la institución no pueden opinar sobre política) con posiciones antidemocráticas y, sobre todo, por los medios a su alcance, pretenden legitimar narrativas en torno al control de poder como aspecto fundamental de su visión de Estado, ello significa que la nueva doctrina no generó los frutos esperados.

Por años el ejército fue la institución que, formal y materialmente, dispuso del país, consideraba lo adecuado o no para el futuro. Por ejemplo, en el libro “Justa Intervención” escrito por el Coronel Miguel Ángel Escribá Pimentel el cual retrata pasajes del ejército en distintos gobiernos, se encuentra un párrafo de antología: “El gobierno presidido por el Coronel Enrique Peralta Azurdia, aunque asumió el poder político por medio de un golpe de Estado, éste en su momento y de alguna manera tuvo su justificación; puesto que de no haber sido así, hubiera ganado las elecciones presidenciales, el Doctor Juan José Arévalo Bermejo, un personaje que aunque tachado por los Estados Unidos de América y la clase acaudalada de Guatemala, de ser un agente del comunismo internacional, gozaba de la simpatía de la clase intelectual y la más necesitada del país”.

El Ejército llevó a cabo los fraudes electorales de 1974, 1978 y 1982, dio los golpes de Estado de 1982 y de 1983, a la fecha de manera formal se mantiene bajo el mando y dirección de los gobiernos civiles, pero afloran los mensajes de sus ex oficiales en torno al necesario cierre de espacios democráticos y prácticas fraudulentas, bastará visitar la cuenta de Twitter de Avemilgua, la ONG de los veteranos del ejército, para darse cuenta cómo abiertamente se consolidan apoyos al fraude en la Universidad de San Carlos porque les resulta útil y poco importa la democracia y su respeto.

Ayer se cumplieron 37 años de haberse promulgado la constitución, resulta buen momento para dejar las normas solo de papel y mostrar compromisos reales con la institucionalidad republicana.

En ninguna facultad de Derecho del país se imparte el curso de Derecho Electoral. Así esta materia queda para quienes gusta o preocupa. De hecho, la concepción por nuestra Corte de Constitucionalidad del propio TSE es contradictoria y discutible, existe una resistencia a reconocer la jurisdicción electoral y una serie de ocurrencias para analizarlo.

La autoridad electoral es vital. Don José Ortega y Gasset nos señaló: “La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario”. El ciudadano, al acudir a votar, pretende con su voto contribuir a la construcción de su futuro y por eso tiene fe de una decisión respetada. Nadie vota en una elección amañada.

Al iniciarse nuestro nuevo régimen electoral se solicitó a la ciudadanía empadronarse. El padrón electoral es el instrumento más importante para realizar una elección limpia. En nuestro país ya se cumplieron más de 15 años sin auditoría externa. Se exigía el empadronamiento porque la cédula de vecindad no despertaba certeza de identidad. Ahora se han gastado lagos de dinero para contar con un documento personal de identificación con “los más altos estándares de confiabilidad” y, además, funciona un Registro Nacional de las Personas (Renap), bajo la dirección de un directorio presidido por un magistrado del TSE. Se esperaría una gestión rápida, eficiente y auditable para estar habilitado para votar, pero nuestra autoridad electoral es tan negligente que continuamos con el mismo procedimiento de décadas atrás y esto condena a miles de patojos con reciente DPI a no votar.

El TSE lo preside Ranulfo Rafael Rojas Cetina, quien fue denunciado valientemente por la Universidad Da Vinci de Guatemala por falsear sus méritos académicos. La Comisión de Postulación lo eligió con una calificación puesta por fraude. ¿Es confiable un Tribunal que no analiza su propia composición cuando los señalamientos son públicos?

Los tambores de fraude electoral resuenan en un país que sufrió mucho de la burla a la voluntad popular, ahora los fraudes son con descarados barnices judiciales como lo intentan hacer en la Usac. Los métodos cambian, pero el objetivo es el mismo: esquilmar desde el poder el dinero público.

La legitimidad del TSE es prioritaria, porque tal como lo enseñan los libros de Derecho Electoral, los resultados no solo descansarán en la capacidad de contar las papeletas, sino en la solvencia moral y profesional de quienes las validan, sobre los hombros de esas mujeres y hombres integrantes del TSE descansará, por un solo día, toda la institucionalidad del Estado porque nadie debe respetar, conforme nuestra Constitución, a autoridades si no han sido legítimamente electas. ¿Confiaremos en quien se dice doctor y ni cursó el doctorado y en un Tribunal que es cómplice?

Al escuchar la palabra “constitución” debes saber que existen reglas para el ejercicio del poder y cuando vemos República, entenderemos un sistema de gobierno en el cual el poder se confía a distintos órganos para que, sin estar subordinados, cada uno sirva de controlador del otro.

Los países con libertad son aquellos con eficiente control de poder. Buscar el conocimiento de manera libre siempre es complejo, tanto las religiones como los Estados, han tenido miedo a que el saber sea para todos, por ejemplo, los masones se caracterizaron por buscar el conocimiento sin prejuicios eclesiásticos y esto les representó persecución y exilio. En nuestro país Irene Piedrasanta, una gran precursora de la lectura cuenta cómo en 1980-82 se acercó al Ministerio de Educación para apoyar campañas de alfabetización y de esa dependencia la remitieron al Estado Mayor del Ejército y en ese lugar el coronel Pablo Nuila Hub le señaló “nosotros los militares no queremos que haya alfabetización. Porque después de esta viene el comunismo”.

La palabra Universidad deriva de “Universal”, nadie te debe adoctrinar, se te deben mostrar los mosaicos de teorías y escuelas para que tú adoptes, conforme tus convicciones, la oportuna, pero sí hay algo que jamás un universitario puede aceptar y esto es evadir el debate o aceptar imposiciones del poder, porque la verdad no se impone, se busca.

Para un conocimiento libre se garantiza por el sistema político y jurídico lo que conocemos como “autonomía universitaria”. En las universidades públicas se debe estar ajeno de quienes ejerzan el gobierno y en las universidades privadas se debe también ser ajeno de ese gobierno y de quienes financian a la propia universidad, porque de lo contrario se volverían centro de adoctrinamiento. Ignacio Ellacuría, sacerdote jesuita asesinado por el ejército salvadoreño siendo Rector de la UCA dejó elocuentes textos sobre este tema.

Nuestra Constitución confió algunas decisiones que nos afectan a todos al matiz de la academia y concretamente a la Universidad de San Carlos, supuso una confianza a su lucha histórica, por esto lo que pasa en la USAC nos afecta a todos.

El sábado pasado un Rector fue “electo” con menos de la mitad de electores que debían concurrir, algunos Abogados y funcionarios administrativos, adoptaron decisiones arbitrarias para no acreditar, como electores, a quienes en su momento habían ganado su elección y esto provocó que por primera vez un Rector fuera “electo” custodiado por encapuchados con gente con palos, bates y la Policía. Se hizo una elección fraudulenta con un candidato “único” en la Universidad más importante del país a pesar de ser público el esfuerzo de en una campaña larga de varios otros.

Poco importa quién debía ganar la elección de Rector, importa que desde 1944 jamás había habido una decisión del gobierno central tan grande para imponer autoridades universitarias, así se condena a la academia a buscar aleros de un fraude y estos aliados solo se encuentran en la corrupción y mediocridad.

Es imposible salir del subdesarrollo sin el concurso académico, pero a algunos les conviene, controlar el saber universitario te condena a ti, a tus padres y tus hijos, pero más que todo a los millones de personas condenadas a la pobreza extrema.

Ayer se celebró el Día de la Madre, pero, como todo, el consumismo nos pierde frente al significado de las fechas. En Semana Santa solo pensamos en vacacionar, en Navidad nos nublan las ganas de gastar, ahora hasta en el Día de la Mujer se regalan chocolates y la mayoría de patojos están perdidos de la razón por la cual el 1 de mayo es “feriado”.

De acuerdo con nuestro Código Penal, es violación todo acceso carnal con una persona menor de 14 años. En este sentido, ¿terminará el embarazo de niñas metiendo presos a todos los violadores? O, por el contrario, ¿los esfuerzos penales deben ir acompañados de verdaderas políticas sociales de prevención, educación y dignificación? ¿Cuántas violaciones existen de niñas sin causar embarazo? ¿cuántos niños varones son violados también? La mayoría de los embarazos de niñas ocurren en el seno de la familia, alguien cercano engendra a un bebé y la niña no tiene más opción que parir y regresar al mismo lugar donde, de seguro, será de nuevo víctima.

Con estos números impresiona cómo los guatemaltecos somos tan poco interesados en cambiar una realidad que no puede generar bienestar para nadie. Tenemos respecto de los demás países latinoamericanos de los peores indicadores sociales, mala nutrición, mal rendimiento escolar y mucha deserción; la prostitución y trata crecen en todo el país, organizaciones juveniles cercanas a las maras cada vez son más extensas, ¿y cómo queremos cambiar esto si somos incapaces de reaccionar frente a miles de niñas teniendo bebés? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a los varones víctimas de agresiones sexuales y que ni siquiera existen en las estadísticas oficiales?

Escapar de nuestra realidad, como hacemos con muchísimos temas, jamás ayudará, y la violencia generada en el seno del hogar nos obliga a replantear, primero, el concepto de familia; segundo, el papel que el Estado debe jugar, y por último la forma como se imparte educación. El empoderamiento informado de la niña y del niño es fundamental para poder hacer frente a este flagelo y crear capacidad de respuesta eficiente. La educación sexual es vital.

Los “hogares seguros”, que deberían brindar cobijo, educación, seguridad, guía y, sobre todo, opciones para miles de niños, son muestra patente de desinterés, como lo demostró el expresidente Jimmy Morales al dejar, con su desidia, quemarse a 56 niñas e interesarse solo, en nombre de Dios, de su impunidad. Si queremos un país con futuro empecemos por el inicio, por la familia y la protección a los bebés, niños y adolescentes; modificar sustancialmente la forma como se educa, establecer nuevas políticas sociales de prevención, interesar al Ministerio Público para perseguir a violadores, diseñar una nueva legislación familiar —la que tenemos cumple este año 58 sin mayores cambios—, pero, sobre todo, crear conciencia de que el abuso no es normal.

A las niñas madres no podemos llegar con cinismo a desearles un feliz 10 de mayo, sino que ellas, en su lucha y martirio, nos obligan a cambiar el rumbo cuando vemos la monstruosa incapacidad del Ministerio de Educación, cuando escuchamos sobre los “esfuerzos” del Ministerio de Desarrollo y sus prioridades, cuando vemos docentes como Joviel Acevedo medrar a costa de los más vulnerables. Forjemos nuevos espacios de conciencia colectiva y visibilicemos el calvario de muchas familias en las cuales la violencia sexual es diaria, normalizada y grotesca.

En países en crisis la Academia es siempre el refugio de principios e ideales, no por nada, Daniel Ortega persiguió, asesinó, aprehendió y torturó a estudiantes universitarios durante las protestas populares nicaragüenses acalladas con sangre y fuego. Sin embargo en nuestro país por si fuera poco ver en la Comisión de Fiscal General a la Universidad más importante del país como es la San Carlos, con sus aleros Panamericana, San Pablo y del Istmo, así como el Colegio de Abogados, avalar de manera abierta plagios, ahora se nos sorprende, aún más, por el propio Consejo Superior Universitario al dejar a un lado su mandato legal de alternancia de Rector cada 4 años y con argumentos rabulescos empujar a un ejercicio indefinido de las autoridades provisionales para llevar a cabo un descarado y evidente fraude electoral, esto pinta un futuro más sombrío porque es también evidente la persecución con tintes macondianos y macartistas contra ex fiscales, jueces, abogados y periodistas, entre otros.

Comparto acá el texto copiado por don Rafael Arévalo Martínez en Ecce Pericles, cuya autoría es de don Manuel Valladares, quien con sus letras coadyuvó a la creación de la conciencia democrática por medio de artículos de prensa: “El estudio de Guatemala y la meditación acerca de su historia tiene para el continente occidental y para la Democracia interés mayor de lo que a primera vista parece; y si es así para la generalidad de naciones hispanoamericanas, para Méjico y las pequeñas repúblicas del Sur tiene importancia más grande en razón de la vecindad que determina relaciones de toda especie. Si a las cosas pequeñas se les puede atribuir las circunstancias de las mayores, a Guatemala se le pudiera llamar la Polonia de América, grande pro sus hijos, interesante en su pasado, destrozada y cercenada en su territorio por todos sus vecinos; traicionada en ocasiones por sus mismos directores y jefes; desgarrada en su interior por la inestabilidad de sus instituciones engañosas; con gérmenes de disgregación de sus partes, fomentada por la conveniencia de sus émulos; en posición geográfica envidiable y azotada por la desgracia cual si estuviese de antemano señalada al rigor de un destino despiadado”.

Estas letras fueron publicadas en abril de 1928, es decir, hace 94 años. Estamos seguros de que somos muchos quienes nos resistimos a que casi un siglo después la descripción sea vigente. Nuestro actual proceso democrático, por pírrico que parezca, está siendo combatido por fuerzas cuya posición tradicional se ha visto amenazada por la precaria adopción de principios liberales, como lo son, las libertades de asociación, emisión del pensamiento, acceso a la información pública y de mercado, el ejercicio de estas libertades provoca la eliminación de garantías para su defensa como lo son la carrera judicial y la carrera fiscal, sin mencionar los argumentos inspirados quizás en Houdini para darle la vuelta a los mandatos constitucionales y hacer del amparo y de la Exhibición Personal figuras de anaquel.

Terminamos con una pregunta y cada uno responda ¿dejaremos vigente una descripción de hace 94 años solo que ahora sumándose a la traición a la propia Universidad de San Carlos y otras universidades privadas?

Son de dominio público las evidencias de cómo nuestra fiscal general, Consuelo Porras, plagió textos en su tesis de doctorado. Una comisión integrada por lo más excelso de la docencia jurídica del país ¿podría pasar por alto este asunto? ¿Por qué confiar una institución a quien plagió una tesis?

Nadie duda de que la Universidad Mariano Gálvez certificó la tesis y el título de doctorado. La fiscal general es doctora, eso nadie lo discute por ahora. Las universidades pueden ser drásticas o laxas, ninguna puede garantizar la inexistencia de plagios en sus trabajos, pero ¿qué reacción debe existir cuando el plagio se muestra y se hace público al pretender ocupar un cargo público cuya idoneidad y honradez es requisito?

El liderazgo universitario lo lleva la Universidad de San Carlos, 345 años de historia la acompañan, pero cuando el decano de Derecho, Henry Arriaga, cierra los ojos frente al plagio y además evade su claro conflicto de interés por ser sujeto de investigación en un caso en el cual se toca la estructura judicial, la responsabilidad institucional de la máxima Casa de Estudios queda en picota y su tan cantada autonomía es, en los momentos de prueba, una quimera.

Es público cómo estudiantes y docentes de la Universidad del Istmo patentizaron su preocupación y rechazo por la actitud del nuevo decano, Alejandro Arenales Farner, en la comisión de postulación. La Unis se caracterizaba por la seriedad de sus decanos. Humberto Grazioso Bonetto, Guido Ricci Muadi y Jary Méndez Maddaleno llevaban un récord de rigor científico y académico incuestionable. Costará mucho que los estudiantes comprendan la consecuencia de un plagio cuando su decano nombrado exprofeso para integrar la Comisión fue a jugar política y apoyar a quien plagió.

En el portal de la Universidad San Pablo se lee: “…nació de la necesidad de contar con una institución que pudiera contribuir a la formación de la sociedad a través de una educación adecuada, por medio de la cual se puede impactar a los estudiantes no solo en el ámbito académico, sino también en los principios, valores éticos y morales para que, al ser profesionales, puedan ser agentes de transformación en la sociedad en donde actúen”. Su decano, Luis Aragón Solé, fue siempre conteste para apoyar a quien plagió y esto es bien significativo porque llevar el nombre de uno de los santos más importantes del cristianismo debería ser una carga muy grande. Igual suerte corre la Universidad Panamericana, cuyo decano, Enrique Fernando Sánchez Ucera, cuando era catedrático de la Landívar fue severo con estudiantes plagiadores y ahora, en una posición de poder, cerró los ojos.

El Colegio de Abogados y Notarios es dirigido por una junta directiva, y su presidente, Fernando Chacón, es remiso a dar cuentas de más de mil millones de quetzales administrados de manera discrecional, manda callar en asambleas generales a quienes resultan incómodos y cuenta con casi 21 millones de quetzales anuales para financiar sus “actividades”. Con esta situación encontramos las respuestas y, además, Esvind Alejandro Racancoj, presidente el Tribunal de Honor, se sumó al esfuerzo.

El desgaste sufrido por estas universidades y el Colegio de Abogados será difícil de superar. Internacionalmente nuestra educación se lució en mal forma y de seguro tendrá consecuencias, siendo una gran injusticia, porque en la juventud está la esperanza. Miles de patojos y patojas dan su mejor esfuerzo para construir, pero, como dijo don Mariano Gálvez, “Guatemala castiga a quien pretenda redimirla”. Perder los principios para mantener influencia no debería ser la lección brindada por ciertos comisionados.

Nuestra constitución dice que todos somos libres e iguales en dignidad y derechos. Una República descansa en la igualdad de todos ante la ley y una democracia consiste en el involucramiento de la ciudadanía en la cosa pública. Ser ciudadano es sinónimo de ser parte de una sociedad política, ahora en nuestro país existe el debate en torno la calidad de las tesis académicas de quienes ocupan cargos públicos, esta discusión es sana para la República y para la democracia (además de urgente para la Academia).

La igualdad ante la ley es clave para proteger todos los derechos, pero en especial la propiedad privada. La propiedad fue confiscada de forma arbitraria a lo largo de la historia, contar con herramientas para su defensa efectiva es prioridad en cualquier sociedad liberal y capitalista, pero en la práctica vemos abusos de bancos con relación a créditos hipotecarios, o también grandes corporaciones pasando por alto derechos de propiedad de comunidades indígenas porque en 35 años de vigencia constitucional al Congreso no le ha dado la gana emitir la ley reguladora de estos derechos, existe boicot de grupos empresariales fuertes a los esfuerzos para construir un catastro serio, técnico y transparente, ¿a quién le conviene un precario sistema de defensa de la propiedad?

La defensa de la propiedad tiene muchos matices porque también existe la propiedad intelectual, por ejemplo, muchos se dedicaron por años a perseguir a quienes vendían películas piratas, una conocida abogada allanaba oficinas siendo mandataria de una empresa de software para requerir las licencias de las computadoras y al no tenerlas, a la cárcel se llevaba a muchos. En el mundo existe un franco conflicto entre los grandes laboratorios médicos y quienes producen medicamentos genéricos, la India sentó precedentes importantes para el cuidado y tratamiento de ciertas enfermedades y la discusión no acaba, este es uno de los puntos por el cual no se aprueba la ley de competencia en nuestro país.

Una tesis académica es el resultado del esfuerzo del estudiante para mostrar al mundo su investigación, su punto de vista. Las tesis tienen conclusiones y algunas recomendaciones, porque el sustentante pretende construir un mundo mejor. Hace unos años el maestro Mario Fuentes Destarac, en una actividad pública en un conocido hotel, cuando el CEDECON existía como institución seria, nos alertaba sobre el peligro del “populismo académico” que se veía venir.

No debemos de perdernos en este momento, no debemos solo mencionar el caso de la tesis de X o de Y, el tema es mucho más complejo y profundo, primero, el plagio es una violación a las ideas de otro, a la propiedad intelectual de alguien y ahora ciertos sectores hasta lo justifican o pretenden dejarlo sin censura social; segundo, siendo iguales ante la ley nadie puede acceder a cargos públicos si no tiene idoneidad, y por último, no hay República y menos Democracia, si no generamos más debate, el sistema se muestra a sí mismo con altos índices de corrupción y mediocridad.

El tema es aún más grave, como estará nuestra salud metal si lo mismo que ocurre en derecho ocurre en medicina o psicología… por dar un ejemplo, aunque también debemos resaltar existe un marcado interés por obstaculizar la igualdad ante la ley, la república y la democracia liberal.

Escribir una columna a publicarse el Miércoles Santo es complicado, porque me confieso creyente pero no practicante, y esto me deslegitima para brindar mensajes con tinte religioso; sin embargo, al servir uno de orientador de la opinión pública es oportuno aportar un poquito con relación a la figura histórica de Jesús, porque así también invitaríamos a los no creyentes a sumarse a esta perspectiva y además entender nuestro presente.

El cristianismo tiene una influencia fundamental en la Teoría de los Derechos Humanos, el nuevo mandamiento: amarse unos a otros como Jesús nos amó, cambió la forma de entender al otro. Esta sentencia dicha hace dos mil años sí cambió cómo concebimos a los demás, porque su mensaje también fue universal, con el objeto de borrar esas grandes diferencias entre judíos y no judíos. La concepción de “dignidad del otro” es clave para entender el Derecho Occidental y los Derechos Humanos.

El Domingo de Ramos recordamos cómo Jesús es recibido con vítores en Jerusalén y luego, cuatro días después, la misma muchedumbre, por medio de una condena popular, frente a la autoridad romana opta por indultar a Barrabás y condenar al Mesías a su martirio, humillación y crucifixión.

La Justicia Popular, a lo largo de la historia, es la mejor forma de justificar barbaridades. Endilgar la responsabilidad a una masa amorfa de gente, para no contrariar los ánimos, es la mejor forma en que magistrados, jueces, reyes y emperadores han encontrado para lavar sus culpas, no por nada el recuerdo del Prefecto Romano es tan elocuente al lavarse las manos.

Un juez debe permanecer ajeno a las solicitudes populares porque en muchas ocasiones le corresponderá emitir un fallo rechazado por la mayoría, pero que conforme su conciencia y la ley procede. En países como el nuestro, con instituciones precarias, sobresalen aquellos jueces valientes enfrentándose a poderosos, pero en democracias más desarrolladas los jueces se ven seriamente presionados por sectores sociales y por eso el propio sistema garantiza su permanencia y actuar de buena fe.

La experiencia cristiana nos debe servir en el día a día. Comprendamos, por ejemplo, que en El Salvador el presidente Bukele, bajo la premisa de acabar con las maras y su violento proceder, lleva encarceladas a más de 10 mil personas y entre las redadas van muchos inocentes. Algunos jueces han ordenado las libertades porque no existen pruebas y el presidente más popular de América Latina tilda a los juzgadores de corruptos e incompetentes.

Todos aplaudimos decisiones acertadas de la autoridad para combatir el crimen, solo un insensible o delincuente justificará a las maras, pero pocos evidenciamos la cantidad de inocentes que esta oleada indiscriminada de persecución se ejecuta en el hermano país. Es una estupidez esperar la injusticia en carne propia o con un hijo o un hermano para señalar los horrores cometidos en “nombre de la seguridad nacional” o “el bien común”.

El actuar de los jueces no se respeta en Guatemala y se hacen acosos solapados o escondidos desde el poder. En El Salvador, abiertamente el presidente condena a jueces por no acatar las órdenes de la policía o el ejército, y así más de alguno está sin pruebas detenido o por el delito de llevar tatuajes o vivir en barrios de pobreza. Por eso valga la reflexión ¿son estas redadas una nueva forma de justicia popular? ¿es esto cristiano? Cada quien responda.