El Hogar Seguro Virgen de la Asunción está bajo la administración de la Secretaría de Bienestar Social, siendo el Ejecutivo el responsable de velar por la integridad del más de medio millar de niñas y adolescentes que no tienen un hogar más “seguro” para vivir.

De acuerdo a la Secretaría de Bienestar Social (SBS), se recibía “niñez y adolescencia de 0 a 18 años víctimas de

Los hogares fueron creados para reparar los daños y cubrir las carencias de la niñez en riesgo. Estaban conformados, en su concepción, como centros de atención profesional y seguridad de manera que pudieran ofrecer una vida productiva a quienes tomaba bajo su protección.

• Qué responden las autoridades ante la tragedia

Fueron advertidos

Desde 2015 Virgen de la Asunción comenzó a cobrar notoriedad por los malos tratos, hacinamiento y reclutamiento de menores para el tráfico sexual. Todos estos peligros ocurrían adentro del Hogar Seguro y las mismas niñas víctimas alzaron la voz, otras más decidieron escapar.

La masiva fuga del Hogar Virgen de la Asunción y el mortal incendio solo reflejan el fracaso del Estado en la protección de la niñez. El problema es tan grave y añejo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sugirió en diciembre pasado el cierre del recinto.

• Testimonios de los familiares: Esperaba entrar a visita cuando todo agarró fuego

Las niñas que habitaban el Hogar Seguro Virgen de la Asunción no eran delincuentes, al menos no llegaron ahí a cumplir una condena correctiva. El Estado se convertía en tutor legal de las niñas que no tenían un familiar que se hiciera responsable de ellas o bien, habían sido víctimas de abusos y violencia por parte de familiares.

Virgen de la Asunción es uno de los cuatro hogares de protección y abrigo del Estado. En Quetzaltenango y Zacapa también hay dos hogares que albergan a niñez y adolescencia con los mismos problemas y uno más en la capital que recibe a niños con discapacidad mental, abandono y orfandad.

Se salió de las manos

Para la PDH, los hogares de protección deben ser temporales y en el caso del Virgen de la Asunción, es el modelo del fracaso de un sistema que se salió de control.

La niñez vulnerable debería estar, en el ideal, en el seno de su familia de origen, familia ampliada o, en algún momento, en una familia sustituta, sin embargo los programas de la SBS para familias de acogimiento no funcionan, entre otras cosas, por falta de recursos. Hasta el año pasado eran solo 35 familias sustitutas, según registros de la SBS.

El lugar

Tiene cinco módulos

En 2016 la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca) del Ministerio de Educación (Mineduc) sometió a 26 mil 761 docentes de primaria a pruebas diagnósticas. Solo 3 de cada 10 aspirantes superaron satisfactoriamente las habilidades numéricas.

La Digeduca, a requerimiento de Prensa Libre, elaboró un  test de similar dificultad, el objetivo es que, a conciencia, pueda someterse y evaluar cuál es el desempeño en matemática y lectura. ¿Acepta el desafío?

En 2016 la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca) del Ministerio de Educación (Mineduc) sometió a 26 mil 761 docentes de primaria a pruebas diagnósticas. Solo el 49% aprobó las destrezas lectoras.

La Digeduca, a requerimiento de Prensa Libre, elaboró un  test de similar dificultad, el objetivo es que, a conciencia, pueda someterse y evaluar cuál es el desempeño en comunicación y lenguaje. ¿Acepta el desafío?

El año pasado el logro nacional de lectura de los estudiantes graduandos alcanzó el 32%, superior al 2015, cuando la misma prueba solo fue aprobada por el 26% de estudiantes graduados de nivel diversificado.

“Al final la responsabilidad es del Ministerio porque es el que los está formado. Por lo general se le culpa al maestro de que está preparando mal a los estudiantes, pero el que está preparando mal es el propio ministerio”, opina Miguel Rodríguez, experto del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.

Los 72 artículos de la Ley buscan, según se explica, adaptar la legislación a favor de la protección animal y la protección de la dignidad de toda forma de vida. 

A continuación se presentan 10 de las preguntas más frecuentes que han surgido luego de la aprobación de la Ley. 

Aunque el final del PP y Líder llegó el mismo día, el inicio de estas agrupaciones políticas tiene una historia distinta, aunque marcadas por ciertos altibajos que influyeron, por igual, a sus militantes.

Figuras políticas de peso adentro de las estructuras; diputados, ministros y financistas, han enfrentado cargos por corrupción, abuso de poder, tráfico de influencia, entre otros.

Del PP, sus mismos fundadores, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, guardan prisión por cargos de corrupción.

De Líder, enfrentó cargos su candidato a la presidencia, Manuel Barquín, varios diputados que pertenecieron a esas filas políticas también enfrentan a la justicia.

PP y Líder, pese a perseguir un mismo fin, la presidencia, también supieron trabajar juntos y en varias ocasiones, desde el Congreso, unieron fuerzas para impulsar temas particulares. Ha trascendido una componenda entre ambos partidos para “apadrinar” la integración de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Amparos y Apelaciones, así como tener gente afín a sus intereses en entidades de gran envergadura, como la Corte de Constitucionalidad.

Mano dura, cabeza y corazón

A partir de este 6 de febrero, durante 10 años el Partido Patriota y sus logos no podrán ser utilizados políticamente, de acuerdo a la resolución del TSE.

El Partido Patriota, fundado por el general retirado Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti el 13 de mayo de 2001, tardó una década en llegar al poder. Durante su vida política, los patriotas se fortalecieron y lograron tener, desde el Congreso, una tribuna donde se afanaron y, en varias ocasiones, señalaron a funcionarios de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que ostentaba el poder entre 2008 y 20012.

Aunque Pérez Molina conoció la derrota en 2007, cuando perdió el balotaje contra Álvaro Colom, su mayor fracasó llego en 2015, cuando tuvo que dejar la tan esperada silla presidencial en respuesta al clamor popular que exigía su renuncia por señalamientos de corrupción.

Pérez Molina, que en 1996 firmó como representante del Ejército el acuerdo de paz firme y duradera con la guerrilla, se convirtió en 2012 en el primer militar retirado en asumir la presidencia de Guatemala, Baldetti la primera mujer vicepresidenta.

“Te toca”

El partido Líder voló tan cerca del sol que se quemó. Manuel Baldizón, quien fundó la agrupación política, nunca alcanzó la presidencia pese a su insistencia, su gigantesca plataforma partidaria y el millonario gastó de campaña, recursos que al final sentenciaron la muerte de la institución política. El TSE canceló a Líder por sobrepasar el techo de campaña establecido por ley.

Líder fue un partido político que nació en medio de otro, la UNE. Manuel Baldizón ganó una curul al Congreso con la Unidad Nacional de la Esperanza en 2008 y desde ahí logró amarrar un proyecto político que sumó rápidamente diputados, hasta ser una fuerza política de peso en el Legislativo.

La aspiración de Manuel Baldizón siempre fue la presidencia. En 2010 el TSE ya había sancionado a la agrupación por realizar campaña anticipada a favor de su candidato, Baldizón, sin embargo la agrupación era en ese entonces un comité pro formación, por lo que la Corte de Constitucionalidad decidió que no se podía sancionar hasta que fuera constituido como partido.

Baldizón ocupó el tercer lugar, sin derecho a balotaje, en las elecciones de 2011 y en 2015 volvió al ruedo político como más recursos, más afiliados y la misma suerte. Fue derrotado en las urnas, sin conseguir siquiera su paso al balotaje. 

La edificación del Hospital Roosevelt tardó una década, luego de la suspensión de los trabajos luego de la Revolución de 1944. Alberga aún la escuela de enfermería, área de Maternidad, pediatría, mantenimiento, lavandería y espacio de parqueo.

El costo total del proyecto fue de Q8 millones 282 mil 831.33, de los cuales Q1 millón fue donado por el Gobierno de Estados Unidos, el resto lo financió Guatemala.

Durante sus primeros años, el Hospital Roosevelt fue uno de los centros asistenciales más modernos de Centroamérica y con atención gratuita y especializada a la población.

Durante sus primeros años de servicio el Roosevelt presentó innovaciones médicas, entre ellas la clínica del niño sano, un laboratorio de Radioisótopos, jornadas de vacunación que incluían a miles de niños.  Se contaba además con guardería infantil.

Hacia el abandono

El 17 de mayo de 1986 el Hospital Roosevelt registró a su paciente un millón. María Nieves García Ortiz llegó a la Maternidad para dar a luz a su quinto hijo.

Por coincidencia, el primer paciente atendido en el Roosevelt también fue en maternidad: la señora Alicia Samayoa de Bolaños, quien dio a luz a una mujercita, en tanto la número un millón, trajo a al mundo a un varoncito, quien llevaría el nombre de Néstor Bladimir.

A finales de la década de los 80 y principios de los 90, las cosas comenzaron a cambiar en el Hospital Roosevelt, hasta llegar a la crisis hospitalaria que en los últimos años ha paralizado las consultas y emergencias.

El desabastecimiento hospitalario comenzó a sentir con más fuerza en los últimos 15 años. En 2014 se identificó una crisis sin precedentes por el mal manejo financiero, corrupción y falta de recursos financieros.

En noviembre de 2015 el desabastecimiento del Roosevelt provocó que los médicos se declararan en paro de labores en las consultas externas. Se carecía de 16 medicamentos en el nosocomio.

Aunque la crisis del Roosevelt no ha sido tan dramática como la del Hospital General, atiende a más de tres mil pacientes diarios y se sostiene, en gran medida, de donativos.

La exasistente de Roxana Baldetti en la Vicepresidencia, una de las personas de más confianza, dijo este miércoles al juez Miguel Ángel Gálvez que se somete a la justicia, pero no quiere vivir sus últimos años de juventud en prisión.

“Creo en la justicia, creo un usted señor juez Gálvez”, dijo Beltranena con una voz entrecortada de frente al juzgador, en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

La exasistente vicepresidencial aseguró que desde su regreso de Corea, donde acompañó el último viaje de Baldetti como funcionaria, en abril de 2015, esperó ser citada por el Ministerio Público y siempre estuvo dispuesta a colaborar en las investigaciones del caso La Línea.

Beltranena también aseguró que existe un “terrorismo mediático” que ha alejado a sus amigos y algunos familiares, por el temor de ser perseguidos penalmente, al verse vinculados a ella y el caso Cooptación del Estado.

“Le pido, suplico, imploro señor Juez, que si es su voluntad me otorgue una medida sustitutiva (…) no me deje los años que me quedan de juventud en un centro de detención”, dijo sollozando Beltranena.

“Mi hijo me extraña”

Este miércoles también solicitó su libertad Judith del Rosario Ruiz Blau, exasistente de Baldetti desde que esta fue diputada en el Congreso.

Ruiz durante su intervención, frente a Gálvez, pidió su libertad porque su hija la extraña y es ella quien provee el sustento económico del hogar.

La defensa de Ruiz también expuso ante el juzgador que Ruiz ya no labora para el Congreso, luego de presentar y se aceptara su renuncia y aseguró que no representaría un obstáculo para la investigación de recuperar su libertad.  

Una mesa técnica presidida por el alcalde Neto Bran, conoce a partir de este martes la renovación del servicio de transporte urbano de Mixco. El incremento de la tarifa y el cobro a través del sistema prepago, serán definidos durante la semana.

Como respuesta a las extorsiones y la inseguridad del transporte colectivo, la comuna de Mixco instaló una mesa técnica junto a transportistas, la comisión de transporte edil y el concejo municipal. Las acciones inmediatas son incrementar la seguridad  a partir de este miércoles con 80 elementos de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional Civil.

Transurbano la propuesta

El Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (Siga), que controla el Transurbano, sería el encargado de administrar el servicio urbano de pasajeros en Mixco, para lo cual se contempla la adquisición de 700 buses y renovar así la actual flotilla que presta el servicio en el municipio.

Bran indicó que la prioridad ahora es definir una tarifa que permita la ganancia a los empresarios y no perjudique al usuario. Aunque no existe una propuesta concreta, el alcalde considera que podría llegar a los Q2.50.

“Un costo que cubra el hardware, para poder implementar los molinetes”, explicó Bran, que explicó que la propuesta será consensuada primero en la mesa  técnica esta semana y se elevará al Concejo, quien debe autorizarlo.

El sistema prepago es el segundo tema a priorizar y el jefe edil estima que en primera instancia se instalará en los actuales “buses rojos”, un proceso que podría completarse a más tardar después de Semana Santa. El cambio sería por seis meses, mientras los transportistas gestionan el crédito y renuevan la flotilla con buses nuevos.

Walter Montiel, vocero de la Asociación de Buses Urbanos de Guatemala, dijo que con las medidas discutidas se transparenta el tema de los ingresos económicos, se respeta la tarifa establecida y se eliminan los abusos de personas que cobran más de la tarifa autorizada actualmente.

Para Montiel, el implementar el sistema prepago no tardaría mucho, porque actualmente en el Siga se tiene carnetizado a 1.5 millones de guatemaltecos y dependiendo de los resultados de la mesa técnica esta semana, se convocaría a los mixqueños a enrolarse y obtener las tarjetas prepago.

El vocero de los transportistas no descartó gestionar un subsidio al transporte ante el Gobierno, sin embargo este extremo estaría sujeto a qué tipo de buses se decida adquirir.

“Todo depende de la mesa técnica, de los resultados y qué tipo de autobuses, si son los mismos rojos –el sistema- funcionaría en no más de tres meses”, señaló.

Más seguridad

Por el momento un grupo de 80 elementos de seguridad, integrados por soldados del programa de Seguridad Ciudadana y la PNC estarán brindado seguridad a los buses de Mixco, principalmente en las zonas donde se han registrado los últimos ataques y donde esta semana han existido problemas de transporte por el paro de los pilotos ante el miedo de ser atacados por extorsionistas.

La seguridad presencial en los buses se implementará por siete días a partir de este miércoles, en espera de los acuerdos de la mesa técnica, a partir de allí se podría comenzar a adquirir e instalar los molinetes en los buses para que se cobre la tarifa de forma electrónica.

El Ministerio de Educación, fundado en 1872 como Ministerio de Instrucción Pública, bajo la presidencia del General Miguel García Granados, tuvo como primer ministro a José Miguel Vasconcelos.

Desde 1875, Guatemala cuenta con educación primaria gratuita obligatoria. Actualmente tiene presencia en los 338 municipios y un cuerpo docente que rebasa los 100 mil maestros, en nivel primario, básico y diversificado.

Actualmente el Ministerio de Educación tiene su sede en el edificio construido en 1897 en la administración de José María Reina Barrios, para albergar la Primera Feria Centroamericana, también funcionó como asilo de convalecientes y desde 1997 resguarda las dependencias administrativas de la cartera educativa.

En septiembre de 2012, el Mineduc logró modificar la formación docente, contra la resistencia de un grupo de estudiantes y maestros, y junto a la Universidad de San Carlos abrieron la carrera de magisterio primaria en la universidad estatal, fijando una preparación previa a nivel diversificado en las antiguas Escuelas Normales.

El presupuesto asignado para 2016 es de más de Q12 mil 892 millones, siempre con el reto de elevar la cobertura y calidad educativa. El último estudio reveló que solo 2 de cada 10 estudiantes de nivel primario alcanzan el logro de matemáticas y menos de 5 la comprensión lectora.

El ministro que entrega el cargo es Rubén Alfonso Ramírez, que lo recibió de Cynthia Del Águila en 2015, luego de que ella presentara su renuncia por discrepancias con la administración del todavía presidente Otto Pérez Molina.

Este martes se celebró la entrega simbólica de 35 viviendas del proyecto Querida Familia, para víctimas de El Cambray 2, como una de las últimas actividades públicas del presidente Alejandro Maldonado, y una de las primeras del todavía presidente electo Jimmy Morales.

En el acto, Maldonado ofreció en el grado de Gran Cruz la Orden del Quetzal a los ministros de Defensa y Comunicaciones, carteras que tuvieron a su cargo el proyecto Querida Familia, el cual representó un desembolso para el Estado de unos Q20 millones.

Maldonado no es el primer presidente que reconoce el trabajo de sus ministros, funcionarios de Estado que el mismo presidente designa y encomienda tareas específicas a cambio de un sueldo, dietas, viáticos y gastos de representación.

Alfonso Portillo durante su presidencia también optó por reconocer el trabajo de sus cercanos, en ese entonces entregó la misma Orden del Quetzal a su vicepresidente Juan Francisco Reyes López, por el trabajo realizado durante la visita de Juan Pablo II.

Otto Pérez Molina tampoco se resistió a condecorar a sus funcionarios por el trabajo realizado. En febrero de 2014 decidió entregar al entonces ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y al de Gobernación Mauricio López Bonilla, con la Orden de la Cruz de las Fuerzas de Tierra y la condecoración Monja Blanca de Primera Clase. Las preseas según el acuerdo específico, emitido para tal ocasión, era “reconocer el agradecimiento de la nación, por aquellos actos y servicios de heroísmo, abnegación y espíritu de sacrificio”. 

Intercambian condecoraciones

Durante el acto, el Ejército de Guatemala aprovechó para otorgar a Maldonado el grado de Ingeniero Honorario, una orden que ofrece el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que tuvo a su cargo parte de la urbanización del proyecto Querida Familia.  Maldonado recibió como símbolo del cargo ofrecido un sombrero negro que portó por breves momentos durante el acto.

Unos seis meses antes, el 27 de julio de 2015, el entonces presidente Otto Pérez Molina también recibió el mismo reconocimiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, durante el 41 aniversario de la entidad.

En ese entonces, el Ejército recibió el agradecimiento de Pérez Molina por la reconstrucción de casas dañadas por el terremoto de 2012, en San Marcos.

Polémica presea

La Orden del Quetzal es la distinción honorífica máxima que el Gobierno de Guatemala puede otorgar a mandatarios, personas y organizaciones nacionales y extranjeras, cuya labor humanitaria, cultural o política haya sido relevante para el país. Fue creada por el presidente Jorge Ubico en 1936.

En 1973 se aprobaron los grados: Gran Collar, Gran Cruz, Gran Oficial, Comendador, Oficial y Caballero.

Académicos han coincidido en otras ocasiones que esta distinción honorífica se emplea para agradar en materia política, no necesariamente significa que la sociedad esté de acuerdo con el Gobierno en cuanto a las personas a quienes se les entrega.

La Orden ha sido recibida desde el científico Luis Von Ahn, hasta Fidel Castro; pasando por Benito Mussolini, Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla. Ricardo Arjona también recibió de manos de Pérez Molina la presea, sin embargo en 2015 la devolvió, luego de revelarse los escándalos de corrupción de su gobierno.

El hoyo fue reportado la noche de este jueves en la 30 avenida y calzada Roosevelt, zona 7.

De inmediato agentes de la Policía Municipal de Tránsito bloquearon el carril por precaución.

El hoyo tiene un diámetro de un metro aproximadamente, sin embargo se desconoce la causa y la profundidad, lo que genera temor a los cientos de automovilistas que circulan en el área.

Reincidencia

A finales de septiembre del 2014, oficialmente la comuna capitalina finalizó los trabajos de reparación, del hoyo que se formó.

La explicación del problema en esa oportunidad, según el vocero de la comuna Carlos Sandoval, fue un problema con la tubería de drenaje, entre otras causas, por la basura que la gente deposita en la calle, la que provoca que las tuberías colapsen.

En esa oportunidad, Sandoval descartó que el problema fuera alguna fuga de agua y significara peligro para la estabilidad de la zona y su alta carga vehícular.

CIUDAD DE GUATEMALA –El estudio que tomó como muestra 12 comunidades de distintas regiones del país, donde prevalece la desnutrición crónica, resalta que aunque los guatemaltecos están conscientes de los beneficios de una dieta variada y una buena alimentación, el consumo de maíz y en menor medida frijol, sigue siendo la dieta principal y en muchos casos exclusiva.

El análisis, que fue realizado con el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señala que más de la mitad de las familias hace tres tiempos de comida, sin embargo un tercio limita su alimentación a dos veces al día, por falta de recursos económicos.

“Muchas familias no cenan debido a la falta de dinero, justificando la ausencia de ese tiempo de comida por la costumbre de no hacerlo”, cita el informe.

Según el estudio presentado este viernes por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), existen familias que sólo comen una vez al día y por factores socioculturales, rechazan otro tipo de alimento que no sea el maíz.

“No preparo comida porque los niños no comen lo que uno prepara y ésta se echa a perder“, comenta una mujer en una de las entrevistas consignadas en el estudio.

En el extremo, el análisis técnico señala que aunque se tenga acceso a  otro tipo de alimentos, como leche, queso y huevos, las familias entrevistadas prefieren vender estos productos y con el dinero adquirir maíz, frijol o comida chatarra como gaseosas o golosinas.

Gaseosas, ricitos y otras tentaciones

El análisis de Sesan destaca que aunque existen programas de asistencia y se suministre otro tipo de alimentación, factores socioculturales hacen que las familias guatemaltecas rechacen otras prácticas y métodos alimenticios y recurran siempre a sus alimentos tradicionales y peor aún, la comida chatarra sin ningún valor nutricional.

“La situación es que las familias que tienen niños pequeños están acostumbradas a solo recibir, pero aun así, los beneficios y las vitaminas que reciben no se las dan a los niños, sino que las tiran. Por ejemplo, el atol que reciben se lo dan al cerdo, el animal se engorda. Y cuando venden las cosas, ¿Qué es lo primero que compran? Gaseosas, ricitos y pan. Eso es lo que hacen en lugar de preparar atol”, consigna un técnico en el informe final del estudio.

La mayoría de las 96 familias que participaron en el estudio dijo conocer los beneficios de las verduras y frutas y el perjudicial consumo de gaseosas y frituras, sin embargo lo segundo es más consumido por su “fácil acceso y bajo costo”.

En cuanto a la carne, la consciencia sobre los nutrientes y su importancia en la alimentación, es rechazada por sus altos costos.

A partir del 18 de septiembre del 2012, cuando el presidente Otto Pérez Molina y la ministra de Educación, Cynthia del Águila, anunciaron en conferencia de prensa la derogación de la carrera de Magisterio, comenzó un cambio que hasta ahora no se ha podido concretar, por falta de información sobre la continuidad de la formación docente en la universidad, el próximo año.

El claustro de maestros de instituciones representativas e históricas como el Instituto Normal Rafael Aqueche (Inra) y Normal Centroamérica (Inca) todavía sostienen que el Magisterio no debió eliminarse por completo. El bachillerato en Educación aún no convence de que elevará la calidad y mejorará la formación inicial docente.

Termina ciclo

En el Inca no se imparte el bachillerato en Educación, por resistencia del cuerpo docente y “por respeto a las estudiantes que se opusieron al inicio”, informó Mariela Espina, directora del plantel. Espina afirmó que existe un vacío al final del ciclo lectivo, al tener que despedir al último grupo de maestros que esa institución gradúa, después de 66 años de formar docentes.

“Hay nostalgia porque después de 66 promociones de Magisterio no se vuelve a contar con esa carrera. Da tristeza y sentimientos encontrados porque los que nos graduamos de esta manera queríamos que continuara, pero el Ministerio tomó la decisión y se aceptó”, indicó Espina. Alfredo Gutiérrez, subdirector del Inra, también reconoció que existe cierta nostalgia en el cuerpo docente, por la eliminación de la carrera y por graduar a la última promoción, después de 63 años.

“De una u otra forma los graduados de Magisterio eran para el servicio de la población, los encargados de hacer todo lo que se podía con pocos recursos para enseñar, y todavía hay quienes sostienen que sin maestros no hay educación”, expresó. Los graduandos están conscientes de que son la última promoción bajo el sistema educativo nacional actual 5y manifiestan incertidumbre sobre su futuro profesional y laboral.

Un sueño

Sheyla Chavajay, estudiante de sexto magisterio del Inca, pese al irregular ciclo lectivo del 2012, por las protestas en contra del Bachillerato, sostiene que su sueño siempre fue ser maestra, y a dos semanas de graduarse ya consiguió empleo en un colegio, para el próximo año. “En cuarto magisterio se perdieron muchas clases, por las protestas, y nos afectó al final, en las prácticas. Ahora seguiré mis estudios de Psicología Industrial en la Universidad Mariano Gálvez, pagada con el trabajo que me ofrecieron”, relató la joven.

Otros estudiantes dijeron sentir “tristeza” al graduarse de una carrera que ya no existe y a la vez incertidumbre por un mercado laboral que los acogerá en menos de un mes con el título de maestros. “El mercado laboral es competitivo, y para eso debemos prepararnos y saber que hay otro grupo de compañeros que en dos años tendrán un título universitario y buscarán sermaestros también. Debemos seguir estudiando”, expuso un joven del Inra.

Muchas dudas

El grupo de bachilleres en Educación también tiene dudas sobre su carrera y la continuidad en la universidad, que deberían iniciar enero próximo. “Estamos aquí —quinto bachillerato en Educación— porque siempre hemos querido ser maestros y es lo que nos ofrecieron, no importa tener que estudiar otros tres años más en la universidad para lograrlo”, refirió un representante de los graduandos del Inra. Con el fin del ciclo escolar, los nuevos bachilleres dicen haber superado las pruebas de admisión de la Universidad de San Carlos (Usac).

Sin embargo, señalan que hay escasa información sobre el proceso de inscripción y las becas que el Mineduc ofreció para costear la formación profesional. Hoy, una comisión del Mineduc presentará el perfil de las nuevas carreras de formación docente y dónde serán impartidas, a partir del 2015, además del costo por el convenio con la Usac.

Poca demanda

Unos 470 establecimientos en todo el país impartían Magisterio, y en promedio se graduaban 16 mil maestros cada año, cifra que cayó dramáticamente a partir del 2013. En el Inra, el número de graduandos de bachilleres en Educación es de 10, y unos 45 obtendrán el título de maestros. En el Inca, la última promoción de maestros es de 164, y solo 75 cursan el Magisterio Infantil para Preprimaria.

“Hubo bajo interés. En parte, porque se criticó tanto la nueva carrera, además de las protestas, y otros estudiantes que se inscribieron decidieron abandonarla” para continuar con otra, comentó Gutiérrez. Actualmente, el Mineduc emplea a unos 125 mil maestros en el sector público y existe una brecha de casi el 50 por ciento de cobertura en los niveles básico y diversificado, diferencia que esa dependencia espera reducir con el nuevo Programa de Formación Inicial Docente que se emprendió en el 2012.

Cifra

3,600 Bachilleres en Educación se graduarán este año.

CAMBIO POLÉMICO

Protestas y toma de planteles marcaron el fin del Magisterio.

14 de mayo del 2012: estudiantes de los institutos Belén, Inca y Aqueche toman los edificios.

2 de julio del 2012: la ministra es retenida varias horas y se da un enfrentamiento con la Policía, en el Parque de la Industria.

9 de julio del 2012: el Congreso interviene y abre varias audiencias públicas para alcanzar consensos con el Mineduc, que al final no aceptó nada.

Según análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la brecha es más evidente entre la población de los niveles preprimario y diversificado, donde  suman casi cuatro millones de personas en edad escolar sin cobertura.

En el análisis se destaca que la carga tributaria deberá incrementarse para permitir más  recursos y que se  pueda responder a la creciente demanda.   

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, señaló que para incrementar la inversión “es necesaria la voluntad política antes que la técnica”  y reducir la actual brecha.

Pedro Prado, de Asíes, considera que la actual erogación del presupuesto de Educación ha sido deficiente, debido a factores como la baja recaudación tributaria y el fracaso de la reforma fiscal. Señaló que es necesario buscar otras fuentes de financiamiento de políticas educativas.

Escasa formación

Miles de maestros aspirantes a una plaza en el sector público desconocen al menos la mitad de los contenidos del Currículo Nacional Base, según quedó en evidencia en el resultado de unas cuestionadas pruebas de diagnóstico de Lenguaje y Matemática a las que fueron sometidos por la cartera educativa.

Líderes de agrupaciones sociales opinan que la dinámica de votos en temas como la llamada Ley Monsanto denota que los legisladores “se han separado de las ideologías que dicen representar”.

Según consta en las actas del Congreso, el  10 de junio último, 82 legisladores avalaron el decreto 19-2014; 17 votaron en contra y 59 no asistieron.

Entre los sufragios a favor figuran el de Carlos Mejía, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)  y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. Su correligionario  Walter Félix  lo hizo en contra.

También votó a favor Amílcar Pop, el único diputado de Winaq, pero este aseguró que solo lo hizo en la redacción final de la normativa y que en la aprobación por artículos se pronunció  en contra.

Varios grupos en distintos círculos han manifestado   rechazo a la Ley, por considerar que  favorecerá a grandes capitales con la apropiación de semillas nativas.

Según Ramiro Batzín, representante de la Mesa Indígena de Cambio Climático, la Ley contraviene garantías constitucionales y atenta contra la soberanía alimentaria, por lo que se unen a la demanda de derogarla toda.

María Vásquez, del Congreso Nacional de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, afirmó que el rechazo es hacia los parlamentarios, que han aprobado  otras  leyes  lesivas para la población.

Agregó: “La condena es total a todos los diputados, sin excepción alguna. Nuestra condena es para todos, pero  ellos —de izquierda— aún más porque tienen una deuda con el pueblo”.

Marielos Fuentes, del grupo  Congreso Visible, expuso que la falta de debate  de las iniciativas lleva a aprobar leyes sin que los legisladores conozcan el verdadero contenido e implicaciones que tendrán.

“Enhorabuena que haya voluntad de disculparse, pero francamente no es la forma de devolver la confianza y se evidencia la manera en que se legisla en el país. No es positivo que la aprobación de las leyes sean una carrera”, añadió Fuentes.

Justificación

Mejía  aseguró que solo apoyó la ampliación presupuestaria por Q550 millones para el Ministerio de Comunicaciones, y fue sorprendido por el contenido e implicaciones semanas después, cuando quedaron en evidencia los alcances.  

“Lo más importante es que la Ley se puede derogar, y voy a votar a favor y que se solucione el problema. Hay que reconocer que hubo un error,  y si es necesario pedir disculpas, lo hacemos”, resaltó.

Pop indicó que presentó a cambio de su voto una enmienda para reformar los artículos 50 y 51, para evitar  que se puedan patentizar las semillas utilizadas por los pueblos originarios,  enmienda que, según él,  no fue sometida a votación.

El legislador agregó: “Frente a la inminente aprobación de la norma, pedí una negociación como Multipartidaria porque mi sufragio —por sí solo— es irrelevante  y la enmienda fue el punto de negociación. Presenté una enmienda que firmaron seis de los jefes de bancadas y fue escondida de mala fe  por alguien en la Junta Directiva en el último momento”.

Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala, dijo que ese bloque  se opuso a la Ley porque había dudas sobre el contenido de esta.
“Se aprueban préstamos, bonos, presupuesto, y el Congreso es el culpable, pero realmente nunca hay una individualización de lo que se hizo a favor o en contra. Entonces esperaríamos que ahora sí suceda”, expresó Lira.

La Unidad Nacional de la Esperanza señaló que el rechazo a la Ley fue evidente en la Comisión de Comercio Exterior porque  no se firmó el dictamen. En el pleno, los registros señalan que siete de los 14 diputados de esa sala apoyaron la iniciativa y su aprobación.

Camino recorrido

El decreto 19-2014 ha sido  desde su aprobación   blanco de críticas y presiones para que sea derogado.

 La iniciativa  4013 fue presentada el 9 de marzo del 2009. Tres días después se  conoció en el pleno y comenzó su aprobación.

Fue presentada  por los diputados  Mariano Rayo, Herbert Barragán, Marco Antonio Solares y José Alejandro Arévalo.

El 15  de mayo último, el pleno conoció de nuevo la iniciativa para su tercer debate.

Con el  voto de 81 diputados, entre ellos 38 del PP y 21 de Líder, se aprobó la Ley de Obtención de Vegetales por artículos.

El 10  de junio, 82 legisladores aprobaron en redacción final.

Hubo 50  sufragios del PP en esa ocasión.

Todos dio  10 votos; UNE, siete; Gana, tres; PRI, dos;  independientes,   seis, y uno el PAN, Unionistas, URNG y Winaq.

Urng

Se fundó en 1982, con la integración de las  cuatro organizaciones guerrilleras en ese momento. Las bases del partido han definido su ideología política como socialista.

Winaq

Fundado por Rigoberta Menchú en el 2011, el partido se ha definido como indigenista y colocado en el espectro político como izquierda, en alianza en las últimas elecciones con la URNG.

El retraso ha provocado incertidumbre en la comunidad estudiantil y sectores sociales, los cuales aseguran que  “se está improvisando” un plan que tuvo tiempo desde el  2010 para la  implementación.

Según datos oficiales, en octubre se van a  graduar de institutos públicos cuatro mil 56 bachilleres en Educación, estudiantes que reciben todos los sábados tutorías especiales para garantizar la aprobación de los exámenes de admisión para ingresar en la Usac.

Discuten perfil

Una comisión de alto nivel integrada por representantes del Mineduc y de la Usac discute el perfil de egreso de los profesores de educación primaria, para a partir de ahí definir el currículo de las carreras. Sin embargo,  solo serán lineamientos, que no se podrán homologar con las universidades privadas, explicó la ministra de Educación, Cynthia del Águila.

 “Las universidades son autónomas y ofrecen la educación de acuerdo con sus lineamientos, —pero—  hay un consorcio de universidades donde se establecieron los mínimos para ese profesorado y todas están formando en las mismas áreas”, explicó Del Águila.

Para Federico Roncal, de la Comisión Nacional de Educación (CNE), los atrasos evidencian  improvisación de la reforma, y podría incluso tener la intención de privilegiar la formación de docentes en universidades privadas.

Agregó:  “Las universidades privadas han dejado claro que no aceptarán una malla común, solo elementos para elaborar el perfil de egresos, pero siguen siendo independientes y hasta ahora  las únicas preparadas con  infraestructura y logística para recibir a quienes quieran estudiar”.

Ana María Hernández,  de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, señaló la importancia de homologar las carreras para igualar las competencias de los sectores público y privado.

“Se debe homogenizar la formación de los estudiantes, más allá de sus líneas de pensamiento, y no se pelea contra eso. Es necesario que se homologue el 75 por ciento del pensum, para tener estudiantes competentes y preparados de igual manera,  porque todos van al mismo contexto y realidad”, expresó Hernández.

La analista en Educación también señaló que los estudiantes que la Usac va a graduar tendrán el título de nivel técnico, mientras que en las privadas ya se forman como licenciatura, y eso podría suponer desventaja para los primeros.
 
Educación costosa

En enero comenzará la formación universitaria de los más de cuatro mil bachilleres en Educación, y el Mineduc trasladará fondos a la Usac, cuyo monto aún no precisa, para que atienda a la población estudiantil.

“El monto lo debe fijar  la universidad. La Usac tiene los siguientes dos meses para prepararlo, y los departamentos financieros se comunican para definirlo”, según Del Águila.

La funcionaria explicó que el costo de la formación docente en la Usac podría ser similar a los Q40 millones anuales que actualmente, en promedio, se pagan por el Programa de Profesionalización Docente.

Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señala que se deben buscar otras opciones, y no comprometer los recursos financieros del Mineduc como  se hace ahora, porque de lo contrario el costo de mantener la docencia en 10 años podría superar el 3 por ciento del producto interno bruto, mucho más que el presupuesto que recibe esa cartera  en la actualidad.

“Es insostenible y no se puede pagar ese modelo que se está proponiendo”, aseguró Roncal.

Hernández señaló que las becas que se han ofrecido deberían ser un pago directo al estudiante, y con esos recursos sufragar  costos de transporte y material didáctico, y no como desembolso a la Usac.

Magisterio

Piden más recursos

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala, Joviel Acevedo, se reunió ayer con  diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso para solicitar un aumento en el presupuesto de la cartera educativa para el 2015.

“Insistimos que sin estar renunciando al 7 por ciento del producto interno bruto que establecen para la educación las diferentes leyes, estamos pidiendo el 4.5 por ciento que corresponde a Q15 mil millones para el 2015, y esto serviría para que medio funcione el Ministerio de Educación”, dijo Acevedo.

Agregó que esperan ser escuchados y que, en vista de que no estuvieron presentes todos los miembros de la Comisión,  les entregarán una copia de la solicitud.

“Nosotros nos reservamos el derecho de iniciar las clases si el presupuesto de Educación es ampliado al 4.5 por ciento. Si nosotros vemos que el presupuesto no alcanza, ¿para qué vamos a iniciar un ciclo lectivo con las peores condiciones?”, advirtió.

 Acevedo afirmó que irán al Ministerio de Finanzas y hablarán con el presidente del país para dar a conocer su demanda.-Por M. Hernández

Cifra

4,056 bachilleres en Educación se graduarán en octubre.

De acuerdo con el informe del MP, más del 90 por ciento de los procesos no avanza porque la CGC solo presenta las denuncias pero no las oficializa  ni comparte las auditorías en las que sustentó las acusaciones, y cuando lo hace tarda hasta 18 meses en hacer oficiales los procesos.

Las fiscalías especializadas conocen, entre otros delitos, el de peculado, incumplimiento de deberes, malversación, estafa propia y continuada y abuso de autoridad.

Deficiencias

La fiscal contra la Corrupción, Aura Marina López, afirmó que uno de los principales retrasos consiste en que no existen juzgados especializados en corrupción, lo que causa que tarden incluso años en programar las audiencias.

Agregó que los retrasos que hay en los juzgados  pueden obedecer a  tráfico de influencias en el sistema de justicia.

Detalles del MP confirman que existen denuncias de corrupción desde el 2002, en fase intermedia, con órdenes de captura que la Policía Nacional Civil no ha  ejecutado, así como otros casos vigentes desde el 2013  y el inicio de un debate   programado para el 2015.

Análisis

Unir esfuerzos  

Para  Lorena Escobar, abogada de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, la responsabilidad debe ser compartida entre el MP y la CGC, y tiene acceso de manera directa  a las auditorías estatales.

“El trabajo conjunto debe realizarse para dar seguimiento a los casos y que se provea de la información necesaria para que el MP pueda presentar acusaciones”, agregó Escobar.

MP

Retrasos

Según la fiscal contra la Corrupción, Aura Marina López, muchas denuncias se estancan en la fase intermedia por el derecho a antejuicio de que gozan algunos   funcionarios denunciados por la Contraloría, además de recusaciones, amparos de los procesados  o porque las órdenes de captura no se cumplen, por lo que los procesos se retrasan o, en el mejor de los casos,  tardan décadas para llegar a una condena.

Según consta en las actas de sesiones, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el director titular del Congreso en el Renap, Julio Alvarado, apoyaron la adjudicación a la empresa Control-24 para que prestara el servicio.

El presidente del directorio del Renap y representante por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Solórzano, votó en contra  y fue respaldado por la opinión sin voto de  los directores suplentes del Congreso y del TSE, Mario Sosa y Jorge Valenzuela, de acuerdo con el acta de la reunión celebrada el pasado 10 de junio.

Según la subdirectora del Renap, Sara Spennemann,  el contrato es importante porque durante este año, a falta de una adjudicación, se ha contratado a través de compra directa el servicio de seguridad, lo cual eleva los costos.

Opiniones divergentes

Desde sus inicios, a finales del 2007, el Renap ha sido muy cuestionado por beneficiar con contratos millonarios e irregulares a empresas proveedoras de servicios, desde la emisión de  documentos hasta la renta de inmuebles y adquisiciones de insumos para su funcionamiento.

El concurso para contratar a 500 guardias de seguridad privados destaca por las críticas de integrantes del Directorio, sobre que existen “ambigüedades” en el proceso de calificación.

“En relación al precio —según el acta—, se le ponderó a la empresa adjudicada  la máxima puntuación, no siendo esta la que ofertó más bajo”, razonó  Sosa.

Solórzano objetó el alto cobro de Q4 mil 500 por cada guardia solicitado por Control-24, además de señalar que, por ser el Renap una entidad pública, debería contar con protección de la Policía Nacional Civil.

Alvarado justificó su apoyo para la contratación porque “se buscaba evitar la contratación directa, como se ha venido haciendo”, y los criterios de la Junta Calificadora eran válidos.   

Agregó: “La empresa tenía contratos, experiencia, personal relevante; entonces validé mi votación al aprobar lo actuado por la Junta”.  
Según Alvarado, ya se hizo la solicitud al Ministerio de Gobernación para brindar seguridad en las 348 sedes del Renap, pero se excusaron, al señalar que no tienen capacidad operativa para cubrir la demanda.

Unanimidad era necesaria

De acuerdo con Óscar Vásquez, director de Acción Ciudadana, los antecedentes de contratos del Renap justifican la suspicacia en relación con las adjudicaciones, y en este caso  se debió tomar más tiempo y buscar el criterio unificado para aprobar o improbar la millonaria contratación.

“La forma de votar refleja que no hay acuerdos respecto a esa compra y que hayan salido a luz las contradicciones da la pauta de que obviamente no hay un acuerdo en la compra, y ante esto lo ideal es que hubiera existido un voto de unanimidad o revisar de nuevo todo el proceso de adjudicación”, indicó.

Spennemann explicó que para no seguir con compras directas urgía la adjudicación del servicio, que esperan concretar en dos semanas. 

Mingob

Cumplieron requisitos

El ministro de Gobernación y director titular del Renap, Mauricio López, al aprobar el contrato explicó: “Se pidió a la Junta de Mérito que extendieran un poco más su posición, por lo que se ha cumplido con los requisitos en el evento”, según consta en punto de acta en poder de Prensa Libre.

Congreso

Decisión fue técnica

Para Julio Alvarado, quien representa al Congreso en el directorio del  Renap, la decisión de aprobar la contratación se justificó en que se revisaron las bases de licitación y los procesos aplicados por la Junta Calificadora, y se determinó que fue una calificación “técnica y efectiva” para hacer la compra.

TSE

Voto disidente

El presidente del Directorio  y representante del TSE, Julio Solórzano, votó en contra, al considerar que el precio  por cada agente era alto e incongruente con el de un empleado del Renap, además de sugerir que fuera la Policía Nacional Civil la que prestara el servicio.

Pasado oscuro

Durante su existencia, el Renap ha efectuado procesos cuestionados de adjudicación.

Agosto del 2010

Cicig investiga  

La Cicig  señala  irregularidades en el contrato  a  Easy Marketing, por Q868 millones, para emitir el DPI. Miembros de ese Directorio aún son procesados.

Julio del 2011

Alquilan inmueble  

Recibe críticas por el alquiler de un edificio, el cual estaba hipotecado, para su sede central, por un monto de US$4.3 millones por cinco años.

Mayo del 2013

Compras sin licitar

En el primer semestre del 2013, el Renap adquiere insumos por  Q253 millones  sin licitar, lo que desata críticas de distintos sectores, por evadir la Ley. 

Agosto del 2013

Emisión del DPI

La empresa Easy Marketing es beneficiada con  Q218.4 millones para emitir el DPI en el extranjero, sin el aval del Consejo Consultivo del Renap.

La iniciativa también busca que  el próximo año se asignen  Q38 millones para impulsar programas específicos de apoyo a niños, niñas y adolescentes migrantes e investigación de redes de tráfico ilícito de personas hacia EE. UU.    

La propuesta fue presentada por el diputado Paul Briere, presidente de la Comisión del Migrante, con el respaldo de varias organizaciones civiles que participaron en la redacción y demandan la aprobación de la normativa de urgencia nacional.

Proyecto

A criterio de Briere, en el país “no existen las herramientas normativas, las competencias y programas administrativos, y en general, las medidas para tutelar, defender y gestionar  los derechos de estos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”.

La ley permitiría la creación de la “unidad de protección especial a la niñez migrante”, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores,  donde participarían  los ministerios de Educación, Gobernación, Salud, Desarrollo Social, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público.

“Es un primer marco que reconoce cuál debe ser el criterio y enfoque de derechos, y que de ahí se estén creando las áreas específicas en las instituciones públicas, porque estamos claros en que actualmente hay una debilidad que debe regularse”, indicó Carol Girón, de la Pastoral de Movilidad Humana.

La normativa prevé que se concentren las acciones desde   solicitar asilo político a los niños y niñas migrantes, hasta el recibimiento y traslado a sus hogares de los grupos que son deportados.

 “Se está protegiendo sobre todo que no se criminalice a la niñez, a los padres ni a los migrantes, y el mayor componente es que está enfocado a la protección y como complemento la persecución”, señaló Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez.

La normativa también crea en el Código Penal el delito de tráfico ilícito de migrantes, con penas de hasta 12 años de prisión y Q500 mil de multa.

Además, se pretende la extinción de bienes a las personas condenadas por el tráfico ilícito de migrantes, y  permitiría que sean devueltas a sus dueños las propiedades que fueron trasladadas a los coyotes como pago por sus servicios.

Hace dos semanas el Congreso y la sociedad civil rechazaron una iniciativa presentada por el diputado oficialista Oliverio García, al señalar que los cambios solo se centraban en el  Código Penal.

Cambios propuestos

Se crea  la Unidad de Protección Especial a la Niñez Migrante, que coordinará con el cuerpo consular en el extranjero.

Se permite   la activación de la alerta Alba-Keneth para la búsqueda, localización y resguardo  de la niñez desaparecida en el trayecto migratorio hacia EE. UU.

Crea el  delito de tráfico ilícito de migrantes, con multas de hasta de Q500 mil y prisión de hasta 12 años.

Se permite  la extinción de bienes  provenientes   del tráfico ilícito de migrantes.

Los condenados  por tráfico ilícito de migrantes están obligados a indemnizar a los agraviados por los daños y perjuicios.

El MP deberá  crear un programa específico para la protección a víctimas, testigos y sus familias.

Un artículo  transitorio determina asignar Q38 millones a las dependencias que integran la Unidad de Protección Especial a la Niñez Migrante, para su funcionamiento.

La mayoría de bancadas demandan que la propuesta de ley, que busca extender las exenciones fiscales a casi mil empresas hasta ahora beneficiadas con la Ley de Maquilas, sea remitida otra vez a la Comisión legislativa de Economía y se discuta un nuevo dictamen.

La bancada oficial reconoce que aún no existen “los tiempos políticos” para lograr los consensos y aprobar la normativa de urgencia nacional, y se tendrán que buscar esos espacios políticos en agosto, junto con otros temas como el proyecto de presupuesto para el próximo año y los préstamos para financiar el gasto actual.

Para la Comisión de Economía, presidida por Antonio Ralda, del Partido Patriota (PP), la iniciativa de ley de inversión y empleo está técnicamente lista para ser presentada al pleno. Incluye 28 enmiendas que ya fueron discutidas con las bancadas representadas en esa sala.

Más cambios

La Dirección Legislativa del Congreso ha recibido 41 enmiendas para esa iniciativa. La mayoría de estas fueron aprobadas por diputados de la Comisión de Economía, y otras 11 las presentó Encuentro por Guatemala (EG).

Según Ralda, 30 enmiendas se admitieron, y de estas, 28 fueron aprobadas por esa comisión y luego incluidas en una redacción final de la iniciativa de ley.

“Técnicamente la iniciativa está lista y podría aprobarse de urgencia nacional, estamos en una desventaja al no actualizar nuestras leyes ante la región y corremos el riesgo de que los empleos se pierdan”, explicó Ralda.

El diputado de EG, Leonel Lira, explicó que aún existen dudas sobre el impacto en la recaudación fiscal al prorrogar tanto tiempo las exenciones fiscales y es parte de los cambios que la bancada había propuesto. Sin embargo, no fueron aceptados por dicha comisión y persiste la incertidumbre, por la falta de acuerdos en varios círculos.

El diputado agregó: “Lo que estamos viendo es que ni el sector privado está de acuerdo, y cuando ellos estén de acuerdo y cuando hayan consensuado sus cosas, de acuerdo a eso analizaremos los acuerdos y qué se estaría aprobando”.

Guatemala firmó un compromiso con la Organización Mundial de Comercio, y un plazo perentorio de la Ley de Maquilas pierde vigencia el 31 de diciembre del 2015, por lo que, según algunos diputados, no existe obligación de aprobar la norma este año.

Camino político

Para aprobar la ley —presentada por el Ejecutivo y que respalda el sector privado— de urgencia nacional se necesitan 105 votos.

Sin embargo, el partido opositor Libertad Democrática Renovada (Líder) tiene 52 de los 158 diputados y condiciona el apoyo a cambio de que se aprueben dos leyes que proponen, condicionante que aún no contempla el PP.

“La voluntad del PP está, no puedo hablar con otros bloques y hasta el momento no estamos trabajando en impulsar ahorita una agenda”, explicó Juan José Porras, jefe del bloque oficialista.

Según Porras, aún existe la opción de aprobar la iniciativa en la forma ordinaria, con 80 votos, y no descarta esa posibilidad si no se consigue el apoyo de Líder para conocerla de urgencia nacional.

La aprobación en tercera lectura de la ley con la cual pretenden atraer capitales y generar empleo, a criterio de Álvaro González, diputado del bloque de Compromiso, Renovación y Orden, tiene menos posibilidades de avanzar en la coyuntura que atraviesa el Congreso.

González dijo: “Ahorita hay un momento político que debiera aprobarse; ahora si se va a tres lecturas, ahorita viene el tema de préstamos. Hay una brecha negativa en recaudación, no se ha utilizado casi en nada el espacio de préstamos”.

El diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza, resaltó que la iniciativa necesita regresar a la Comisión de Economía porque existe “un desorden” en las enmiendas que se han presentado.

Agregó: “Es una gran cantidad de enmiendas, hay 30 consensuadas y las que han presentado otras bancadas, y lo más prudente es que en el seno de la Comisión se rediscuta el contenido, y si es necesario, se elabore una nueva iniciativa”.

Otra alternativa discutida es reformar la Ley de Maquilas, de manera que no se pierda la actual fuente de empleos y al Congreso le dé suficiente tiempo para discutir y corregir el proyecto sobre inversión y empleo.

“Hay una indecisión de la Superintendencia de Administración Tributaria manifiesta, y —la aprobación— podría irse más por el lado político, que sería más preocupante, porque Líder está condicionando su voto”, indicó González.

Porras insistió en que se seguirá impulsando el tema entre los jefes de bancadas junto con otros temas que cobrarán relevancia en el segundo período de sesiones.

Congreso

Agenda de nación

El PP reconoce que se debe fijar una agenda prioritaria cuando se inicie el nuevo período de sesiones, el 1 de agosto,  en consenso con las otras  bancadas.  

“Está el presupuesto, la integración de las Cortes,  las reformas al Código de Trabajo, y  si se hace una lista hay leyes importantísimas, no para un gobierno, sino para Guatemala”, dijo Juan José Porras, jefe del bloque oficial.

PRESIDENTE

Reto para agosto

El presidente Otto Pérez Molina afirmó que espera que el Congreso priorice una agenda que incluya, entre otros temas, la ley de inversión y empleo, y que pueda prosperar en agosto.

“La discusión va a estar sobre la ley de inversión, porque para el presupuesto tenemos hasta el 2 de septiembre para presentarlo”, comentó ayer el gobernante.

41 Cambios se presentaron a la iniciativa 4644.

20 Meses lleva en discusión la ley de inversión.

“Manuel Baldizón se convierte en un ciudadano con derecho de hacer las actividades que le permite la Constitución Política de Guatemala, que es trabajar y ayudar al prójimo”, agregó.

Carlos Milián, secretario de Líder, indicó que la renuncia de Baldizón se dio con base en un acuerdo con el Comité Ejecutivo, y en respuesta a la última providencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en la cual no se considera campaña anticipada cuando no se publicita el logotipo o color de un partido.

Milián había consultado al TSE si el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, hacía campaña anticipada por tener aspiraciones presidenciales y transmitir anuncios de obras con recursos públicos.

Agregó: “A partir de ahí, si —el TSE— mira a una persona haciendo una actividad de liderazgo, compartiendo pensamientos, y puntos de vista, no sería una campaña anticipada porque no será acompañado por ningún logotipo. La ley permite a cualquier ciudadano salir a los parques o cualquier lugar a escuchar a la población”.

Aspiración continúa

De acuerdo con Baldizón, las aspiraciones políticas se mantienen, y aunque ya no pertenezca oficialmente a las filas de Líder, regresará si se lo piden.

“Es lógico. Cuando se dé la convocatoria a elecciones, en mayo —del 2015—, si Líder, el Comité Ejecutivo y el pueblo decide que esté presente, voy a estar siempre con el partido del pueblo y lo que el pueblo decida”, añadió el político.

Baldizón confirmó que las actividades partidarias seguirán en los límites de la ley, para evitar alguna suspensión, como sucedió en el 2010.

“El partido seguirá haciendo su trabajo en base a lo que la ley le permita y en el marco de la ley. Se ha cumplido con todo para levantar la suspensión: se han borrado pintas, se han pagado la totalidad de las multas y siguen sin levantarle —al partido— la suspensión”, añadió.

Historia

Manuel Baldizón deja el partido que fundó al separarse de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Fue inscrito en el TSE el  25 de noviembre del 2010.

Hasta mayo del 2014 tenía registrados en el TSE 20 mil 662 afiliados.

En las elecciones del 2011 obtuvo 14 curules y ahora cuenta con 52.

Por deuda política recibirá US$2 millones, 32 mil 680  —unos Q16 millones— durante cuatro años.

Roberto Villate es el secretario general del partido.

El jefe de la bancada de Líder, Roberto Villate, explicó en conferencia de prensa en el Salón del Pueblo que ambas iniciativas deberán ser aprobadas de urgencia nacional y a cambio se podría negociar la ley de inversión y empleo o el Presupuesto para el próximo año.

“La forma de trabajarlas es de urgencia nacional y pudiéramos sentarnos a negociar, y si ellos —la bancada oficialista— necesitan algo, como podría ser, se me ocurre por especular, la ley de inversión o presupuesto, podríamos considerarlo”, añadió.

Las iniciativas llegaron a Líder a través de Manuel Baldizón, quien explicó que se busca establecer como requisito para los candidatos a cualquier cargo público que presenten su declaración de probidad, y al ser electos la hagan pública.

Otro de los cambios es fijar penas de hasta 25 años de cárcel y multas de hasta US$800 mil (unos Q6.2 millones) por facilitar, recibir o entregar financiamiento proveniente del Estado, grupos paralelos, crimen organizado o narcotráfico.

“Se fortalece la transparencia de los recursos del Estado, porque quien llegue como trabajador, tendrá esa alerta que el pueblo sabe qué tiene y no puede estar tomando recursos del pueblo ni de otros sectores”, aseguró Baldizón.

El presidente Otto Pérez Molina se congratuló por la intención de Líder y llamó a todas las bancadas a apoyar propuestas de beneficio para el país. Sin embargo, en la consulta no se le aclaró al gobernante que el partido opositor precisó que condicionaba sus dos propuestas al apoyo de los proyectos del Gobierno.

Juan José Porras, jefe de la bancada oficialista, descalificó la propuesta de Villate y considera que es una estrategia política sin intención de apoyar una agenda de interés nacional, por lo que “no se llegará a ningún lado”.

Emergencia

Fracasa aprobación

La intención de aprobar de urgencia nacional el estado de Calamidad en siete departamentos afectados por el sismo del pasado 7 de julio fracasó, pues la bancada de Líder no quiso apoyar el proyecto por no incluir en la normativa un  límite a los gastos que se puedan hacer por excepción.

La sesión, convocada de urgencia por orden de la Corte de Constitucionalidad el pasado viernes, comenzó con más de dos horas de retraso, y solo 75 votos  apoyaron el estado de Calamidad. El Partido Republicano Institucional y Líder se opusieron.

El presidente del Congreso, el oficialista Arístides Crespo, luego del fallido intento, decidió someter la iniciativa por el proceso ordinario de tres lecturas. Ayer se conoció la primera en la jornada legislativa.

La sesión  concluyó después de la primera lectura de la norma, y hoy se definirá la fecha de la próxima sesión.

CIUDAD DE GUATEMALA- En el ciberespacio se encuentran cada vez más mensajes pagados para ocupar lugares privilegiados y poder crecer en seguidores, así las cuentas se hacen más sugestivas en un intento de abrir canales de comunicación permanente y divulgación de información directa.

Las cuentas personales de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, con más de 150 mil seguidores, son entre los personajes políticos las de mayor crecimiento, pero al ritmo que se acerca el período electoral, se incrementan los intentos por copar los espacios en redes con información desde el trabajo partidario hasta comentarios sobre temas tan comunes como el futbol o el clima.

DESCARGUE: Políticos a la caza de seguidores

Según el comunicador e investigador de redes sociales Sergio Morataya, en el país el manejo de las redes sociales los políticos “lo están haciendo mal, porque consideran que las redes sociales son una especie de cartelera digital donde difunden anuncios“, desaprovechando la oportunidad de interactuar, debatir y generar polémica entre sus seguidores.

En el país, indicó Morataya, aún no se aprovecha la posibilidad de interactuar entre el político y sus simpatizantes, generar debate y en ocasiones polémica, como sí lo hacen otras cuentas de políticos en distintos países, donde incluso se mantienen vigentes las cuentas más allá del período electoral.

MAL ENFOCADOS

El 18 de mayo último, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un ultimátum para que los partidos políticos retiraran cualquier tipo de campaña anticipada.

Sin embargo, la Ley Electoral y de Partidos Políticos no incluye prohibiciones a las redes sociales, que se pueden utilizar para divulgar actividades proselitistas y promocionar las acciones partidarias del o los líderes de la organización partidaria.

Según el último estudio de redes sociales, publicado por Ilifebelt, tres de cada 10 centroamericanos dedican más de tres horas al día a revisar los contenidos en redes sociales y cada vez más sin depender de una computadora, lo que hace un grupo objetivo fácil de llegar e interesado en más y mejores contenidos.

En Guatemala se calcula que hay unos tres millones de usuarios de Facebook y alrededor de 200 mil en Twitter, lo que supone un nicho de mercado apetecido para publicidad política.

“Los partidos políticos podrían hacer muchas actividades que no son campañas electorales, como formación de cuadros, oposición política, declaraciones políticas, etcétera, sin violar la ley, pero como creen que las redes sociales son medios convencionales los usan como si fueran radio, televisión o prensa escrita, no han caído en cuenta de que son canales de comunicación diferentes”, explicó Morataya.

En el estudio de Ifebelt, la creadora de contenidos Alejandro Cardona señaló que “quienes están a cargo de comunicarse por esa ventana virtual tampoco cuentan con información ni estrategias de comunicación adecuadas” para explotar los mensajes en las redes.

Aseguró: “Desde la perspectiva mercadológica, este sería un gran error, considerando que la segunda arma para generar publicidad confiable son las opiniones de las personas en internet”.

Morataya apuntó que “las redes sociales deberían servir para hacer programas de trabajo, consultas, sondeos, entablar comunicación con la gente, transmitir ideología, idearios políticos, cosas que no pueden lograr los medios tradicionales”.

Según el investigador, también se hace necesario modificar los artículos 221 y 223 de la Ley Electoral, para incluir las redes sociales o, en el mejor de los casos, dedicarle un capítulo completo a la regulación de estos espacios en el ámbito partidario.

SUSPENDIDOS

El pasado 4 de julio, el TSE, “ante la evidente propaganda electoral anticipada que las organizaciones políticas están efectuando, cada vez en mayor cantidad, utilizando distintos medios de comunicación, masivos, alternativos, redes sociales y artículos promocionales”, suspendió a 11 agrupaciones políticas durante seis meses o hasta que retiren toda la campaña anticipada que tienen.

TSE -Está fuera de la ley-

La magistrada del TSE María Eugenia Mijangos refirió que se deben buscar reformas a la Ley Electoral para incluir el control de las redes sociales como medios de información y campañas políticas.

“Todo esto en su debido momento va a ser analizado, por eso hay una Inspección y un Registro de Ciudadanos, y ellos son los que van a analizar y a decir qué es campaña anticipada”, dijo Mijangos.

Según la magistrada, cada vez se  encuentran nuevas formas para hacer campañas anticipadas y aunque internet está incluido en el reglamento, se debe de regular en la ley.

Afirmó: “Cuando esta ley se promulgó  —en 1985— no se había pensado que se iba a llegar a este desarrollo  y los textos  se quedan cortos. Sin embargo, nosotros somos el TSE y tenemos la potestad de hacer una interpretación extensiva”.

CIUDAD DE GUATEMALA- La carencia de ese servicio también afecta el cumplimiento de los contenidos del Currículum Nacional Base, donde en el área de Comunicación y Lenguaje figura la tecnología, según registros de la Dirección de Gestión de Calidad del Ministerio de Educación (Mineduc). Sin embargo, en muchas escuelas se limita a teoría, y en otras, por ser insuficientes las computadoras, son compartidas en el aula.

Según la viceministra técnica de Educación, Evelyn Amado, el principal problema es la falta de recursos para inversión. Explicó que la mayoría de computadoras en las escuelas son donadas, y el Mineduc invierte en acondicionar los laboratorios.

Las 90 escuelas normales cuentan con conectividad, donada por una empresa de telefonía.

La diputada independiente Leslie Buezo presentó una iniciativa de ley para que las operadoras de telefonía proporcionen sin costo el servicio a los más de 32 mil establecimientos públicos del país.

UNA DESVENTAJA

Aunque la conectividad a Internet se ha diversificado y no se limita a las computadoras, en las aulas se deben formar las competencias de manera que el estudiante pueda utilizar mejor la tecnología.

Según Ana María Hernández, investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, carecer de computadoras y conexión a internet retarda el desarrollo de habilidades y destrezas que se le exigen al estudiante.

“Definitivamente se retrasa al estudiante a ingresar al desarrollo de competencias cuando enfrentan el mundo laboral y académico, donde se debe tener dominio de herramientas mínimas de la computadora y cómo utilizar internet”, agregó.

Amado reconoció la necesidad de incluir la práctica, además de la teoría, en el proceso de enseñanza de la tecnología, y señaló que se esfuerzan para que el Mineduc cubra los costos del servicio.

Agregó: “La tecnología permite que el estudiante pueda iniciarse en el uso de la computadora y programas educativos, más allá del Word —procesador de texto—, y podrían ser a través de internet, que ofrece gran cantidad de contenidos”.

ATRASOS

Hernández señaló que por la falta de tecnología en las aulas, también está la capacidad de los docentes para desempeñar tareas didácticas, y hasta ahora no existen maestros especializados.

“Un maestro que les esté guiando y acompañando, porque de nada sirve que los salones estén en los centros y no exista un maestro responsable y competente a estas habilidades y destrezas, no solo del dominio, sino la didáctica”, dijo Hernández.

Además, resaltó que hacen falta recursos para la reparación de computadoras, que siendo donadas, en muchas escuelas, están en mal estado por falta de mantenimiento.

Germán Curruchiche, del Observatorio Nacional de Educación, aunque no lo ve como la principal carencia, reconoce que la falta de tecnología representa un atraso en la formación educativa en todos los niveles.

“Los estudiantes deben salir con una formación mayor, integral. Ya no solo se puede salir manejando máquinas mecánicas, y se debe enfocar en la tecnología, y si no se tiene acceso a la tecnología, la formación será deficiente”, indicó Curruchiche.

EL DATO

1,653 establecimientos públicos de todos los niveles cuentan con laboratorios de computación.

193 planteles ofrecen servicio de conectividad a internet, en el sistema educativo público.

La propuesta sugiere modificar la Ley Pina, que actualmente fija penas máximas de seis años a los adolescentes reincidentes en delitos, lo cual no ofrece ningún efecto de resarcimiento para las víctimas y sus familiares.

En las reformas presentadas también se contempla una instalación intermedia que permita separar a los adolescentes que cumplen penas, de los adultos que fueron condenados cuando aún eran menores de edad.

“Entendemos que esto no viene a solucionar el problema social, que es una obligación del Ejecutivo. Lo que estamos haciendo es dar una solución para quienes ya cometieron un delito”, explicó Leonel Lira, presidente de esa sala legislativa.

Según Lira, los cambios tienen como objetivo disminuir el interés de los pandilleros en reclutar a menores de edad, valiéndose de esta condición y de las bajas penas hasta ahora contempladas en la Ley, para convertirlos en ejecutores de crímenes.

Estadísticas

En lo que va de este año fuerzas de seguridad han remitido al Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal a mil 254 menores, 198 de ellos son mujeres.

Entre 2012 y 2013 un juzgado de adolescentes en conflicto con la ley sentenció en promedio a 11 jóvenes cada semana, por diferentes delitos.

De mil 156 condenas, 113 fueron por agresiones mortales: 76 por homicidio y 46 por asesinato; niños de 12 a 15 años se encuentran entre los sentenciados.

Casos sobresalientes

Un joven de 17 años fue capturado el pasado 2 de julio, sindicado de lanzar una granada contra un camión repartidor de agua pura. Este ataque dejó 10 heridos y una mujer muerta.

Ese mismo día se capturó a otro menor de 17 años que vendía marihuana a sus compañeros de colegio a Q10, su objetivo era inducirles al vicio.

Con los últimos reacomodos legislativos, Líder asume el rol de bancada mayoritaria y complica al Partido Patriota (PP), que se queda con 47 escaños en el Organismo Legislativo y sujeto a negociar con otras bancadas minoritarias para aprobar leyes de interés oficialista.

Politólogos califican de “normal” estos reacomodos parlamentarios, porque cada vez está más cerca el proceso electoral y los diputados buscan garantizar su permanencia en el Congreso en un partido que les ofrezca mayor posibilidad de reelección.

Crece bancada

Jaime Martínez Lohayza, su hijo Carlos Martínez y Virna López son los tres que guardan la ficha de la Gana para unirse a Líder.

“El propósito es ver un proyecto de país y aquí vimos una agenda de nación, un líder que realmente vela por las necesidades de los guatemaltecos, y por eso la gente de Gana se traslada”, explicó en conferencia de prensa Martínez Lohayza.

El único diputado de Victoria, Juan Carlos Rivera, se sumó a Líder y encabezaría el listado distrital por Escuintla. Además, se discute incluir en las filas a su hermano Amílcar Rivera, que en las próximas elecciones buscará regresar a la alcaldía de Mixco, y su padre, Abraham Rivera, por la comuna de la cabecera de Escuintla.

También se integró a Líder Ricardo Arturo Sandoval, según la lista oficial, aunque Juan José Porras, jefe del bloque del PP, aseguró que no conocía sobre esa dimisión.

Roberto Villate, jefe de la bancada de Líder, explicó que las nuevas incorporaciones obedecen a las condiciones políticas que el partido ofrece, incluso mejores que el PP.

“El partido oficial es otra historia. Ahí hay aprendices de dictador que están prácticamente viendo de reojo a sus diputados y como algo que no vale la pena. En Líder el diputado tiene su dignidad y su aprecio”, afirmó.

La politóloga Carmen Ortiz calificó de lamentables los reacomodos cuando todavía hay temas de interés que conocer en el Congreso, y los movimientos políticos van enfocados a intereses particulares en busca de una reelección.

“Es lógico que se anticipen estos acomodos, que más allá de tener control sobre la labor de la oposición en el Congreso, se convierten en una manera de presionar al partido en el gobierno para que se vea en la necesidad de negociar o coartar cuotas de poder de cara al próximo proceso electoral”, dijo Ortiz.

José Carlos Sanabria, politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, señaló que el fortalecimiento de Líder causará dificultades en la gobernabilidad en el Congreso y obligará a la bancada oficialista a buscar mayores espacios de negociación y diálogo.

“En una primera instancia, en la búsqueda de acuerdos y consensos para la aprobación de las leyes, y en este caso pone en un flanco de dificultades al oficialismo y el Ejecutivo, que encuentra un Legislativo sin mayoría”, comentó Sanabria.

Vuelve interpelación

Villate ofreció el apoyo parlamentario cuando se discutan temas de beneficio para el país y negó que la interpelación que mantienen a la ministra de Educación, Cynthia del Águila, condicione la agenda.

Expuso: “En los próximos días pensamos tomar la interpelación para continuar, y en el momento que haya temas de nación estaremos en la disponibilidad de apoyar o no. La interpelación está y se puede interrumpir con 105 votos en cualquier momento”.

Porras reconoció que con el fortalecimiento de Líder deben buscar nuevas estrategias.

“La aprobación de leyes con 80 votos en tres lecturas tomaría más tiempo, pero estoy seguro de que, si es una agenda de país, se sumarán. Ahora si es una agenda politiquera, —Líder— se pondrá en una posición de rechazo solo por hacer daño”, afirmó.

Carlos López, de Todos, señaló: “Hoy más que nunca se pone más peligroso ese aumento de diputados, estamos prácticamente a dos de ya no tener 105 unificando al resto, por lo tanto la imposibilidad de aprobar algo de urgencia nacional”.

Futuro

Agenda luce fuerte para el segundo período

El segundo período de sesiones ordinarias del Legislativo será cargado, debido a que, además de los temas que cada año se deben aprobar, como el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, los congresistas tendrán en sus manos la elección de unos 200 magistrados titulares y suplentes de las salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia.

Pero ese no será el único dilema que los diputados deberán afrontar en este segundo período, a partir del 1 de agosto próximo, ya que en sus manos estará la aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que rercibieron el aval de la Corte de Constitucionalidad y entregadas la semana pasada.

Estas modificaciones son impulsadas por los partidos minoritarios, que intentan que se tome como prioridad en la agenda, aunque se prevé que pueda llevar un proceso grande de consenso entre los  bloques.

De manera coyuntural, los congresistas deberán buscar los consensos para elegir a la nueva junta directiva de ese organismo, la cual en los últimos tres años ha sido dirigida por el partido oficialista, que tenía mayoría en el Congreso, por lo que nunca le dieron un espacio a la bancada Libertad Democrática Renovada, pese a que  se ha ido fortaleciendo en los dos últimos dos años, alimentada por el transfuguismo.

Según el jefe del Partido Patriota (PP), Juan José Porras, la elección de magistrados llevará una fuerte discusión, porque reciben  gran cantidad de candidatos, de los cuales deben elegir a los que se consideren  idóneos.

Esa elección debe culminar antes del 13 de octubre, cuando asuman los nuevos magistrados, por lo que la discusión ocupará bastante tiempo, consideró Porras.

Sin embargo, hay varias leyes que han estado en discusión y que ocuparon el período ordinario de sesiones y el receso, como la de inversión y empleo.

Aunque esa fue una propuesta del Ejecutivo y  han manifestado que es prioritaria,  ha enfrentado a los sectores económicos, lo que ha dificultado su impulso y aprobación en el Congreso, por lo cual se prevé que pueda continuar la discusión.

Esa agenda se desarrollará en medio de un año preelectoral, en el que  la mayoría de bancadas está en proceso de recomposición en beneficio de los diputados que buscan la reelección. La estrategia utilizada en los últimos tres años deberá variar, ya que el partido oficialista dejó de ser mayoría y muchos de sus aliados se han cambiado de agrupación política.-Por Jessica Gramajo

Asuntos de coyuntura

Los temas son coyunturales y ocupan tiempo de discusión.

El 2 de septiembre, el Ejecutivo debe enviar por ley el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación. Este debe ser aprobado a más tardar el 30 de noviembre, o queda vigente el del año anterior, como ocurrió en esta última oportunidad.  

De ser así, sería la primera vez en la historia en que no se aprueba un plan de gastos en dos años consecutivos.

La Junta Directiva ha sido distribuida entre las agrupaciones que, en algún momento, han sido aliadas del Partido Patriota, como  Todos, la Gran Alianza Nacional, Compromiso, Renovación y Orden, Unionistas, el Partido Republicano Institucional y algunos independientes.

También se inicia la discusión sobre la manera en que serán integradas las comisiones de trabajo del próximo año, consensos que pueden alcanzar el segundo período del receso y retomarse en enero.

Las reformas al Código de Trabajo, que permitirían la contratación de tiempo parcial, podrían ser impulsadas.

Cacique oriental  

Jaime Martínez Lohayza ofrece a Líder su fortaleza en Jutiapa.

Se quedó al frente de la Gana  luego de que  rompió la alianza que  en el 2003 llevó a Óscar Berger a la presidencia.

Fue alcalde de Jutiapa de 1996 al 2004.

Goza de la simpatía de Jutiapa, fuerza electoral que ofrece a Líder.

Bases en Escuintla  

La familia Rivera ha construido su caudal político en Escuintla y Mixco.

Victoria fue fundado por Abraham Rivera. Fue alcalde en Mixco en dos períodos.

El partido tiene  penetración en Escuintla  y  Mixco. Su hijo Amílcar Rivera fue alcalde de este último.

Líder busca consolidarse  en distritos importantes para el 2015.

La propuesta sugiere modificar la Ley Pina, que actualmente fija penas máximas de seis años a los adolescentes reincidentes en delitos, lo cual no ofrece ningún efecto de resarcimiento para las víctimas y sus familiares.

En las reformas presentadas también se contempla una instalación intermedia que permita separar a los adolescentes que cumplen penas, de los adultos que fueron condenados cuando aún eran menores de edad.

“Entendemos que esto no viene a solucionar el problema social, que es una obligación del Ejecutivo. Lo que estamos haciendo es dar una solución para quienes ya cometieron un delito”, explicó Leonel Lira, presidente de esa sala legislativa.

Según Lira, los cambios tienen como objetivo disminuir el interés de los pandilleros en reclutar a menores de edad, valiéndose de esta condición y de las bajas penas hasta ahora contempladas en la Ley, para convertirlos en ejecutores de crímenes.

Estadísticas

En lo que va de este año fuerzas de seguridad han remitido al Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal a mil 254 menores, 198 de ellos son mujeres.

Entre 2012 y 2013 un juzgado de adolescentes en conflicto con la ley sentenció en promedio a 11 jóvenes cada semana, por diferentes delitos.

De mil 156 condenas, 113 fueron por agresiones mortales: 76 por homicidio y 46 por asesinato; niños de 12 a 15 años se encuentran entre los sentenciados.

Casos sobresalientes

Un joven de 17 años fue capturado el pasado 2 de julio, sindicado de lanzar una granada contra un camión repartidor de agua pura. Este ataque dejó 10 heridos y una mujer muerta.

Ese mismo día se capturó a otro menor de 17 años que vendía marihuana a sus compañeros de colegio a Q10, su objetivo era inducirles al vicio.

Los cambios también contemplan siete agravantes al delito y elevan hasta 20 años de cárcel a quienes trafiquen personas menores de edad, mujeres en estado de gravidez o expongan la vida y salud del individuo en el tránsito ilegal hacia un segundo o tercer país.

Con estas modificaciones se pretende darle más herramientas al Ministerio Público (MP) para que investigue y procese a las personas llamadas coyotes, que se dedican a ofrecer, facilitar, planear, coordinar, ocultar o incentivar a connacionales a que migren a otros países en forma ilegal.

Las reformas también contemplan ampliar el ámbito de la Ley contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, al facultar al MP para utilizar los métodos permitidos en la norma contra las redes de coyotaje y evitar así que se siga promoviendo la migración ilegal de guatemaltecos a otros países.

Sin embargo, la propuesta generó críticas en diferentes círculos de la sociedad civil que rechazan cambios aislados a la Ley de Migración, al calificar la acción de coyuntural y no sustantiva.

Las instituciones demandan una reforma integral, además de que se faciliten mejores condiciones socioeconómicas para evitar que los connacionales busquen otras oportunidades en el extranjero.

DESCARGA- Vea el PDF de la iniciativa contra inmigración ilegal

El contenido

El diputado oficialista Oliverio García entregó la iniciativa de ley ayer a la Dirección Legislativa, y explicó que esta nació del intercambio de opiniones y de escuchar las sugerencias del MP y el Organismo Judicial.

El nuevo delito es una adición al artículo 108 de la Ley de Migración, y detalla que será tráfico ilegal de guatemaltecos cuando “por vía terrestre, aérea o marítima, cuyo fin sea su ingreso ilegal a un segundo o tercer país, utilizando para su salida del territorio guatemalteco lugares habilitados o no por la Dirección General de Migración”.

Entre los agravantes que se contemplan se señala que podrán aumentar las penas en dos terceras partes cuando el migrante sea menor de edad o el infractor sea funcionario público.

También se destacan como agravantes el hecho de que se impulse, por un grupo organizado de tres o más personas, que el migrante sea víctima de trata o vejámenes físicos y mentales y que la víctima sea apresada en el extranjero o falleciera por causa directa o naturaleza culposa.

“Estamos hablando de la vida, libertad e integridad de muchas personas, y debería ser aprobado lo más pronto posible”, demandó García.

El parlamentario destacó que existen testimonios que confirman los vejámenes que sufren los connacionales en su tránsito hacia EE. UU., donde incluso se exponen a violación y secuestros.

Agregó: “Hay testimonios donde a las mujeres se les recomienda que un mes y medio antes —de iniciar el viaje— comiencen a tomar píldoras anticonceptivas porque les garantizan que en la travesía las van a violar tres o cuatro veces”.

El también legislador oficialista José Fernández, partícipe de la redacción de la iniciativa, destacó que con ese cambio se espera que se combata enérgicamente el tráfico ilegal de guatemaltecos y se reduzca este problema.

“Se dan herramientas al MP para atacar el problema porque no nos podemos dar el lujo de que haya gente que se endeude por salir de Guatemala y después nadie se quiera hacer responsable de ellos”, explicó Fernández.

El presidente de la Comisión del Migrante y diputado del bloque Todos, Jean Paul Briere, resaltó que es un primer esfuerzo y aún se trabaja en otros cambios a la normativa para proteger a quienes buscan un trabajo en otro país.

DESCARGA- Vea el PDF peligro de viajar a EE. UU.

Insuficiente

Sectores sociales coinciden en que los esfuerzos para frenar la crisis migratoria deben ser integrales y no cambios aislados a la legislación, al afirmar que en la actualidad ya se tipifica el tráfico ilegal de personas.

“Esto es cargar a la ley de delitos”, dijo Úrsula Roldán, del área de Migraciones de la Universidad Rafael Landívar.

La académica insistió en que los cambios deben enfocarse en una reforma total a la Ley de Migraciones.

“Tenemos un rezago en la Ley de Migración muy fuerte. Tenemos la intervención de la Dirección General de Migración que no termina. Hay muchos rezagos en legislación para el tema de migración integral, y que solo se tome el delito es penoso”, aseguró Roldán.

Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, señaló que se trabaja en una reforma completa, y aunque endurecer las penas para combatir a los coyotes es una acción positiva, aún se deben contemplar otros factores que influyen en el aumento de las migraciones.

“Ya se está trabajando un borrador de iniciativa de ley más completo, incluye un elemento de persecución penal contra quienes promueven o faciliten el tráfico ilegal de personas, pero es un capítulo dentro de otros que se discuten, como el tema de protección a la niñez, proyectos de vida para la niñez y fortalecer instituciones como garantes de derechos humanos”, resaltó Dubón.

Para la Pastoral de Movilidad Humana, reforzar la persecución penal contra los coyotes es simplemente parte de la coyuntura.

Agregó: “Quizá la iniciativa es buena para el artículo en específico, pero debería ser parte de un proceso de una reforma total a la Ley de Migración porque hay muchos aspectos como el tráfico ilícito de personas que necesita endurecer las penas y sacarlo de la Ley de Migración y ponerlo en el Código Penal”.

EJECUTIVO

Espera aprobación

El gobernante Otto Pérez Molina declaró que hacer correr riesgos a los migrantes, especialmente a los menores de edad, debe tipificarse como delito.

“Esperamos que el Congreso pueda conocer esta iniciativa lo más pronto posible y pueda ser aprobada, y eso nos permitiría judicializar ese tema de los famosos coyotes”, refirió.

Según la vicepresidenta Roxana Baldetti, con la ley como está “podemos llevar a tratantes a la cárcel”.

Ponente

Métodos especiales

El diputado Oliverio García explicó que no se hace ningún cambio al Código Penal, pero sí se amplía el ámbito de la Ley contra la Delincuencia y Crimen Organizado, para permitir al Ministerio Público las escuchas telefónicas y utilizar agentes encubiertos durante la investigación de casos de tráfico ilegal de guatemaltecos.

“El que facilita a una persona salir del país  sabe que será sometido a vejámenes. No podemos decir que  sea una actividad lícita”, añadió.

URL

Debe ser integral

Para  Úrsula Roldán, de la Universidad Rafael Landívar, la mayor preocupación de los legisladores deberían ser los factores por los cuales más guatemaltecos viajan a otro país.

Agregó: “Eso tiene que ver con condiciones socioeconómicas de donde están saliendo, y el  tema de violencia es otra  de las causas”.

Según Roldán,  enfocarse en la criminalización podría no ser la solución al problema, y por el contrario, generaría más conflictividad social.

Sanción

12 años de cárcel  se fija, por tráfico de personas.

Cambios

7 agravantes se incluyen al delito contra los coyotes.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) sostiene que, pese a las más de 30 modificaciones que se han presentado a la normativa, esta aún provocaría un agujero fiscal de hasta Q1 mil 300 millones.

La Central General de Trabajadores de Guatemala y la Federación de Empleados Bancarios, de Servicios y del Estado (Fesebs) también manifestaron su rechazo al proyecto, durante un foro público organizado ayer por la comisión legislativa de Probidad, en el Salón del Pueblo.

Debe ser discutida

Según Jonathan Menkos, director ejecutivo del Icefi, la ley fue discutida “al margen de la sociedad”, lo que dio como resultado una propuesta llena de vicios y errores.

“No solo se debe enfocar en retener los cien mil empleos, sino en qué hacer para generar cinco millones de empleos dignos que se necesitan. No solo es pretender solucionar el problema económico y laboral del país con leyes mágicas”, dijo Menkos.

Adolfo Lacs, representante de la Fesebs, también destacó que con la normativa no se garantiza la protección laboral y se centra en “privilegios fiscales para los empresarios, sin generación de empleo”.

Según el análisis presentado por la Fesebs, en el mediano plazo la ley de inversión y empleo generaría un incremento de impuestos directos, con efectos que impactarían a la clase media asalariada.

De aprobarse la normativa, de acuerdo con los expositores, le daría a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) más responsabilidades de fiscalización, paralelo a menores ingresos, algo contraproducente para el país.

Sin apoyo político

El escenario político es incierto y bancadas de oposición como Libertad Democrática Renovada (Líder) han decidido retirar el apoyo inicial al proyecto.

“El próximo gobierno se va a encontrar un Estado en crisis, y por eso hacemos un alto en el camino. Vamos a escuchar y a analizar antes de decidir el apoyo”, indicó Roberto Villate, jefe de la bancada de Líder.

El diputado de Winaq Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad, también negó el apoyo a la normativa.

Refirió: “Son iniciativas en contra del desarrollo y el progreso del país, contra los intereses de la Nación, y convierten a Guatemala en un mecanismo al servicio de un sector empresarial reducido, en detrimento de los intereses nacionales”.

El bloque de Encuentro por Guatemala también pidió más tiempo para analizar la iniciativa y destacó la necesidad de que la SAT y el Ministerio de Finanzas aclaren los efectos contraproducentes que podría traer la exención de impuestos.

Pese a que legisladores de oposición criticaron la decisión del Ejecutivo de tener restricciones en siete departamentos y demandaron que se sometiera a votación, el presidente del Congreso, Arístides Crespo, indicó que la mencionada comisión debe analizarlo y emitir dictamen.

“El estado de Calamidad está vigente porque hoy —ayer— fue publicado en el diario oficial”, afirmó Crespo, del partido en el Gobierno.

Según el abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos, la decisión de enviar a comisión el decreto no transgrede la Carta Magna, pues esta “manda, en su artículo 138, que el Congreso deberá conocer, ratificar, modificar o improbar el acuerdo”.

Alcances

Con la medida, el Gobierno puede centralizar las acciones, hacer compras sin usar la Ley de Contrataciones, limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de las personas, establecer cordones sanitarios, exigir a particulares auxilio y cooperación y promover el traslado en sitios de alto riesgo.

También puede impedir concentraciones, prohibir espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones, y establecer precios máximos o mínimos para artículos de primera necesidad, aunque estas medidas no están contempladas en el acuerdo.

Precedente

Después del terremoto ocurrido el 7 de noviembre del 2012, el Gobierno prorrogó ocho veces el estado de Calamidad, que por ley debe durar 30 días, y ante el descontento de sectores de oposición lo derogó el 25 de julio del 2013.

Entonces la medida regía para ocho departamentos, con Quiché, además de los siete actuales.

Hasta junio recién pasado el Gobierno había erogado más de Q1 mil 138 millones en reconstrucción en esa región.

Recuento de daños

Cinco mil 400 viviendas tienen daños entre leves y severos, según la Conred.

El sismo afectó a más de 58 mil personas; la mayoría, en San Marcos.

Conred habilitó 23 albergues,  donde   atienden a mil 14 personas.

Cuatro mil 985 personas fueron damnificadas y  tres mil 271 evacuadas.

Hubo 313 heridos y un muerto.

16 iglesias y 31 edificios públicos quedaron con  daños.

Luego de haber escuchado la exposición de los empresarios, varios jefes de bancadas coincidieron en que se debe abrir una nueva mesa de discusión, encabezada por la Comisión de Economía, para volver a analizar el contenido de la normativa antes de someterla a votación en el hemiciclo.

“Se debe hacer un análisis más profundo con la comisión específica y las distintas bancadas en distintas instancias”, dijo Aleksánder Castillo, tercer secretario de la Junta Directiva del Congreso.

Pedro Gálvez, del Partido Republicano Institucional, también apoyó un nuevo debate

Afirmó: “La reunión nos va a servir para un mejor análisis de la ley y sus efectos”.

Apoyo dividido

Fanny de Estrada, de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, en representación de las entidades privadas que demandan la normativa, destacó la pérdida de fuentes de trabajo si no cobra vigencia la ley, además de efectos nocivos para la economía.

Según De Estrada, “con la pérdida del 10 por ciento de industria textil caería la economía un 0.6 por ciento del producto interno bruto, una crisis similar a la caída del café en el 2002”.

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, advirtió que de aprobarse la ley, crearía competencia desleal y pérdida de tributos, al favorecer a un grupo de empresas con exenciones fiscales.

Agregó: “El déficit que genere esa ley será de Q6 mil millones y llevaría a una devaluación progresiva y a la pérdida de poder adquisitivo y empleos”.

El ministro de Economía, Sergio de la Torre, presente en la cita, explicó que todos los escenarios fueron evaluados, y los impactos, reducidos al mínimo a través de enmiendas.

Propuesta de   ley

La iniciativa 4644 tiene entre sus principales objetivos:

Mejorar las condiciones económicas para incrementar los niveles de empleo.

Promover y aumentar las inversiones nacionales y extranjeras en Guatemala.

Mejorar la competitividad para lograr el desarrollo económico del país.

Creación de zonas  y unidades económicas de inversión y empleo y su regulación.

La normaextendería  los beneficios que se  gozan con la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y Maquila.

Los legisladores confirmaron su interés en aprobar la deuda para inversión. Además, el gobierno del país asiático ofrece una donación por un monto similar al crédito. Los otros US$32 millones los debe aportar Guatemala

El proyecto contempla la ampliación y recuperación de 27.45 kilómetros de carretera, con un costo de unos Q1 mil millones.

El presidente Otto Pérez Molina ya firmó el convenio de cooperación con Taiwán y se espera comenzar a finales de este mes el proyecto.

Beneplácito

Con excepción de Winaq, Todos y Libertad Democrática Renovada (Líder), los jefes de bancadas acudieron al desayuno, ofrecido en la sede diplomática de Taiwán, zona 9 capitalina, y manifestaron su interés en apoyar el crédito para ampliar la ruta al Atlántico.

La solicitud del préstamo aún no ha sido enviada por el Ejecutivo al Congreso; sin embargo, algunos partidos ya comienzan a fijar posturas a favor.

“A nosotros nos parece un proyecto sumamente importante para Guatemala, nos parece también que el país necesita aprovechar estas donaciones, y si bien hay un préstamo, hay una donación”, explicó Carlos Fion, jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Se espera que la solicitud del préstamo llegue al Legislativo el próximo mes, y Taiwán “está haciendo lobby” para que se pueda aprobar este año, explicó Fion.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, destacó el ofrecimiento de Taiwán sobre un interés blando y atractivos plazos de pago.

“Se explicó que sería una licitación internacional, donde el gobierno de Taiwán se encargaría y no habría ninguna consultoría nacional. Sería un período de gracia de cinco años y plazo de hasta 20 años de pago, a una tasa de interés de uno por ciento”, afirmó Montenegro.

Carlos López, jefe del bloque Todos, dijo que no asistió a la reunión por compromisos contraídos anteriormente en su distrito. Aunque destacó el interés por conocer el proyecto que permitiría mejorar la infraestructura vial, principalmente de una de las rutas más importantes, manifestó que antes de comprometerse el apoyo “se deben analizar montos, intereses y plazos del préstamo”.

Agregó: “Una de las ventajas es que viene para inversión, y hemos dicho que las bondades de los préstamos son cuando se destinan para inversión. Se discute cuando es apoyo presupuestario”.

Guardan distancia

La bancada de Líder es la única que guarda distancia sobre la aprobación de un nuevo endeudamiento estatal y de las condiciones que ofrece Taiwán a cambio de continuar con el proyecto.

El jefe de ese bloque, Roberto Villate, indicó que recibió la invitación para la reunión en la embajada, por medio de la presidencia del Congreso, pero decidió no asistir y permanecer a distancia del tema mientras no se haga oficial.

“Decidimos no participar, y si Taiwán quiere tocar el tema que se acerque al Congreso. Líder conocerá y discutirá el préstamo cuando se presente la iniciativa; antes no participará”, comentó Villate.

Megaproyecto vial   

La ampliación de la ruta al Atlántico de dos a cuatro carriles ha tardado casi una década. Llega a su tercera y última fase con apoyo de Taiwán.

La primera fase comenzó en enero del 2006 y terminó dos años después, con un costo de US$17.2 millones, que fueron donados por Taiwán, para un tramo de 12 kilómetros.

El segundo tramo carretero fue de 27 kilómetros, entre  enero del 2010  y marzo del 2013, con un costo de US$67 millones. Del total,  Taiwán aportó US$40 millones.

La tercera fase va de Sanarate a  El Rancho, El Progreso. Según ha anunciado Taiwán, se espera comenzar a finales de julio y está proyectado que los trabajos se extiendan hasta el 2017, con un costo de US$132 millones.

El país busca financiamiento para extender los trabajos a Gualán, Zacapa, a un costo de US$520 millones, a partir del próximo año.

Ofrecimiento

Ofrece asistencia

El pasado 3 de junio, el embajador de Taiwán, Adolfo Sun, hizo pública la intención de que el Congreso apruebe un préstamo por US$50 millones, durante una visita   al presidente del Legislativo, Arístides Crespo.

El 12 de ese mes, en un acto oficial, el Ejecutivo firmó el convenio de cooperación con Taiwán y el compromiso de  aportar US$32 millones para la obra. Quedó pendiente en el Congreso  la aprobación del préstamo para la contrapartida y comenzar, a finales de julio, con el proyecto.

Congreso

Préstamos en espera

La Comisión de Finanzas del Congreso ya dictaminó dos préstamos por US$33 millones —unos Q256 millones—, destinados al Proyecto Educación Rural, y otros Q126 millones para fortalecimiento de la Marina del Ejército. Solo espera  el apoyo político para aprobarlos en el pleno.

Además, se conoce la intención del partido oficialista de lograr consensos para la aprobación de US$120 millones —unos Q930 millones— para apoyo del Presupuesto, en caso de que la recaudación no permita financiar los gastos estatales.

Los legisladores confirmaron su interés en aprobar la deuda para inversión. Además, el gobierno del país asiático ofrece una donación por un monto similar al crédito. Los otros US$32 millones los debe aportar Guatemala

El proyecto contempla la ampliación y recuperación de 27.45 kilómetros de carretera, con un costo de unos Q1 mil millones.

El presidente Otto Pérez Molina ya firmó el convenio de cooperación con Taiwán y se espera comenzar a finales de este mes el proyecto.

Beneplácito

Con excepción de Winaq, Todos y Libertad Democrática Renovada (Líder), los jefes de bancadas acudieron al desayuno, ofrecido en la sede diplomática de Taiwán, zona 9 capitalina, y manifestaron su interés en apoyar el crédito para ampliar la ruta al Atlántico.

La solicitud del préstamo aún no ha sido enviada por el Ejecutivo al Congreso; sin embargo, algunos partidos ya comienzan a fijar posturas a favor.

“A nosotros nos parece un proyecto sumamente importante para Guatemala, nos parece también que el país necesita aprovechar estas donaciones, y si bien hay un préstamo, hay una donación”, explicó Carlos Fion, jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Se espera que la solicitud del préstamo llegue al Legislativo el próximo mes, y Taiwán “está haciendo lobby” para que se pueda aprobar este año, explicó Fion.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, destacó el ofrecimiento de Taiwán sobre un interés blando y atractivos plazos de pago.

“Se explicó que sería una licitación internacional, donde el gobierno de Taiwán se encargaría y no habría ninguna consultoría nacional. Sería un período de gracia de cinco años y plazo de hasta 20 años de pago, a una tasa de interés de uno por ciento”, afirmó Montenegro.

Carlos López, jefe del bloque Todos, dijo que no asistió a la reunión por compromisos contraídos anteriormente en su distrito. Aunque destacó el interés por conocer el proyecto que permitiría mejorar la infraestructura vial, principalmente de una de las rutas más importantes, manifestó que antes de comprometerse el apoyo “se deben analizar montos, intereses y plazos del préstamo”.

Agregó: “Una de las ventajas es que viene para inversión, y hemos dicho que las bondades de los préstamos son cuando se destinan para inversión. Se discute cuando es apoyo presupuestario”.

Guardan distancia

La bancada de Líder es la única que guarda distancia sobre la aprobación de un nuevo endeudamiento estatal y de las condiciones que ofrece Taiwán a cambio de continuar con el proyecto.

El jefe de ese bloque, Roberto Villate, indicó que recibió la invitación para la reunión en la embajada, por medio de la presidencia del Congreso, pero decidió no asistir y permanecer a distancia del tema mientras no se haga oficial.

“Decidimos no participar, y si Taiwán quiere tocar el tema que se acerque al Congreso. Líder conocerá y discutirá el préstamo cuando se presente la iniciativa; antes no participará”, comentó Villate.

Megaproyecto vial   

La ampliación de la ruta al Atlántico de dos a cuatro carriles ha tardado casi una década. Llega a su tercera y última fase con apoyo de Taiwán.

La primera fase comenzó en enero del 2006 y terminó dos años después, con un costo de US$17.2 millones, que fueron donados por Taiwán, para un tramo de 12 kilómetros.

El segundo tramo carretero fue de 27 kilómetros, entre  enero del 2010  y marzo del 2013, con un costo de US$67 millones. Del total,  Taiwán aportó US$40 millones.

La tercera fase va de Sanarate a  El Rancho, El Progreso. Según ha anunciado Taiwán, se espera comenzar a finales de julio y está proyectado que los trabajos se extiendan hasta el 2017, con un costo de US$132 millones.

El país busca financiamiento para extender los trabajos a Gualán, Zacapa, a un costo de US$520 millones, a partir del próximo año.

Ofrecimiento

Ofrece asistencia

El pasado 3 de junio, el embajador de Taiwán, Adolfo Sun, hizo pública la intención de que el Congreso apruebe un préstamo por US$50 millones, durante una visita   al presidente del Legislativo, Arístides Crespo.

El 12 de ese mes, en un acto oficial, el Ejecutivo firmó el convenio de cooperación con Taiwán y el compromiso de  aportar US$32 millones para la obra. Quedó pendiente en el Congreso  la aprobación del préstamo para la contrapartida y comenzar, a finales de julio, con el proyecto.

Congreso

Préstamos en espera

La Comisión de Finanzas del Congreso ya dictaminó dos préstamos por US$33 millones —unos Q256 millones—, destinados al Proyecto Educación Rural, y otros Q126 millones para fortalecimiento de la Marina del Ejército. Solo espera  el apoyo político para aprobarlos en el pleno.

Además, se conoce la intención del partido oficialista de lograr consensos para la aprobación de US$120 millones —unos Q930 millones— para apoyo del Presupuesto, en caso de que la recaudación no permita financiar los gastos estatales.

Aunque se ha manifestado el interés de la mayoría de bancadas legislativas para aprobar la normativa, que extiende beneficios fiscales a la actividad exportadora, la última semana se pretendía conocer la ley, lo cual no se logró porque no se alcanzó la asistencia mínima para sesionar.

Un grupo más conservador de diputados pide que se vuelvan a abrir las mesas de discusión y les expliquen las enmiendas que ha sufrido el proyecto, así como sus beneficios, y a partir de ahí volver a cabildear los votos para aprobarla.

La iniciativa que propuso el Ejecutivo pretende atraer inversión para generar empleo, también deberá sustituir la actual Ley de Fomento a la Actividad Exportadora y Maquilas, que pierde vigencia el 1 de enero del 2016.

Condicionan voto

La sesión convocada para el jueves último, que se suspendió por falta de asistencia, había sido convocada a solicitud de los 43 diputados de la bancada de Libertad Democrática Renovada (Líder), para conocer en agenda las leyes de fomento a la lectura, inversión y empleo, y la reguladora de la conmutación de la pena para los condenados a muerte.

Sin embargo, solo 64 diputados estaban en el hemiciclo, después de dos horas de convocada la sesión, entre ellos unos 15 de Líder, pese a ser quienes solicitaron la plenaria.

DESCARGA- Vea el PDF del polémico proyecto de ley.

Según el subjefe de Líder, Leonardo Camey, los legisladores de su bloque estaban en reuniones personales, y esperaban una llamada para presentarse.

“Las demás bancadas tuvieron una asistencia mínima y decidimos no mover a nuestros diputados y esperemos que se convoque lo más pronto posible, porque urge trabajar en las tres propuestas hechas”, dijo Camey.

Diputados de otros bloques, como Unidad Nacional de la Esperanza y Compromiso, Renovación y Orden (Creo), señalaron que no llegaron porque se convocó a petición de Líder.

“Se pretendía un show mediático y sin auténtico interés por promover la ley de inversión, desde el momento que se agenda la ley de fomento a la lectura y el indulto presidencial”, dijo Carlos Fión, jefe de Creo.

Según legisladores oficialistas aunque tienen interés particular en aprobar la ley de inversión y empleo, no será cuando lo sugiera Líder que condiciona sus votos a cambio de leyes de su interés.

“No estamos condicionando, la propuesta es integral. Son tres leyes y vamos a pujar por las tres, pero si en todo caso solo en una alcanzamos consenso pasará esa”, respondió Camey a los señalamientos.

Otras opiniones

Un grupo de bancadas minoritarias, necesarias para los 105 votos para aprobar de urgencia nacional la ley, pide que se abra una nueva mesa de discusión para divulgar las recientes enmiendas que ha sufrido.

“Aquí nadie nos ha consultado. Se creó una comisión y cuando puede manda enmiendas y cada vez modificadas e incluyen más sectores con privilegios. Pedimos que se discuta públicamente la iniciativa”, expuso Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala.

Amílcar Pop, de Winaq, por el contrario, negó el apoyo a la ley, al afirmar que solo favorece al sector empresarial.

“Nos parece antiético apoyar la iniciativa, no se votará a favor, no hay enmiendas que compensen todos los errores. Se tendría que pensar en una nueva visión técnica”, añadió.

Recorrido

Propuesta discutida y enmendada

La iniciativa 4644 de  inversión y empleo  fue propuesta por el Organismo Ejecutivo y presentada al Congreso en enero del 2013. El proyecto de ley fue conocido por el pleno en septiembre del mismo año y remitido para su dictamen a la Comisión de Economía y Comercio Exterior, en ese entonces presidida por el diputado oficialista Juan José Porras.

El proyecto recibió dictamen favorable en febrero de este año, luego de casi cinco meses de mesas técnicas y discusiones de distintos sectores sobre sus beneficios y riesgos.

En marzo,  cuando la ley se pretendía aprobar,  la Superintendencia de Administración Tributaria advirtió de  errores en el texto y se suspendieron los cabildeos hasta junio, después de 31 nuevas enmiendas que se presentaron.

19 Meses lleva en discusión en el Congreso la iniciativa de inversión y empleo.

Ruiz es rector de la Universidad Da Vinci y recibió el apoyo de los académicos presentes. No acudieron los representantes de las universidades de Occidente, Francisco Marroquín y San Pablo a la reunión efectuada en el Salón del Pueblo del Congreso.

Según Ruiz, el perfil que se buscará para el sucesor de Nora Segura será apegado a lo dispuesto por la ley de Comisiones de Postulación, y cuando se integre ese cuerpo colegiado se definirá la tabla de gradación.

“La primera tarea será informarme sobre la Ley, ya que mi trabajo ha sido académico. No podré adelantar acciones por ahora”, indicó Ruiz luego de la elección.

Pedirán explicación

Félix Serrano, rector de la Universidad Mesoamericana y presidente de la postuladora para la Corte Suprema de Justicia, señaló que se hará una consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC) para qué tiempo se podrá programar para las entrevistas personales a los más de 300 aspirantes a esa instancia que se prevé que participen en la convocatoria y más de mil para salas de Apelaciones.

“Existe una resolución de la CC que manda que los votos por cada candidato se hagan razonados, pero la CC estaba pensando en comisiones de mucha menor convocatoria y tendremos que pedir una aclaración. Si no, se entregarían las listas en cinco años”, aseguró Serrano.

La iniciativa, que entre sus objetivos pretende extender las exenciones fiscales a las exportaciones hasta por 65 años, ha dividido a cámaras empresariales, para cuyos dirigentes se podría generar un agujero fiscal y crear un mercado en desventaja con el comercio local que sí paga impuestos.

El disenso también se refleja entre bancadas parlamentarias que piden la aprobación inmediata de la ley y quienes sugieren que se abran más espacios de discusión antes de someterla a votación.

Expresan temor

El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, solicitó ayer, durante una reunión con el presidente del Congreso, Arístides Crespo, para que no se conozca la norma. “Esta iniciativa lo que hace es que genera por muchos años exenciones de toda clase de impuestos a sectores industriales, agrícolas y de servicios”, explicó Briz.

Aseguró que la ley ocasionaría desventaja ante el mercado local, que paga impuestos, o un agujero fiscal, al migrar de un régimen a otro las actuales inversiones.

El jefe de la Superintendencia de Administración tributaria (SAT), Carlos Muñoz, reconoció que aunque se avalaron 11 enmiendas al proyecto de ley original, no se puede garantizar que al ser aprobada no afecte la recaudación.

Agregó: “Sería la primera experiencia que tenemos. No sabemos qué va a pasar y sería de esperar que con esas enmiendas no pase lo que en un principio se creía que era un agujero fiscal”.

De acuerdo con Briz, los candados que propuso la SAT no serán suficientes, y aunque no se dé la pérdida estimada al inicio, por Q1 mil 500 millones, será una baja sensible en la recaudación.

Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, si bien reconoció la necesidad de aprobar la norma, considera que se debe poner un límite a los beneficios fiscales.

“La ley lo que hará es retener la actual inversión, pero no generará más inversión, porque para eso se necesitarían cosas como estado de Derecho y seguridad física, y eso no hay”, afirmó Castellanos.

Crespo se limitó a afirmar que están “obligados” a escuchar a todos los sectores, sin que eso represente un apoyo a las solicitudes.

“Él —Briz— tiene sus argumentos en contra, pero como partido oficial estamos a favor de la iniciativa, y lo que se requiere mañana —hoy— son los votos necesarios”, subrayó Crespo.

A favor

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) dijo que respeta las posturas de las cámaras aglutinadas, pero la posición oficial es a favor.

“Es natural que distintas organizaciones puedan tener diferentes puntos de vista, pero se ha hecho el trabajo por acercar posiciones”, indicó Germán Girón, presidente del Cacif.

El presidente de la Cámara de Industria, Fernando López, señaló que se espera esta semana la aprobación de la ley como un compromiso de Estado con la Organización Mundial de Comercio.

López señaló: “Obviamente, dadas las necesidades de Guatemala ante el desarrollo, es necesaria” la aprobación.

Agenda

Proceso  necesitaría  voto de 105 diputados

El Congreso convocó a una  sesión extraordinaria para hoy, solicitada por la bancada de Libertad Democrática Renovada (Líder), donde se propone aprobar las leyes de fomento a la lectura, de inversión y empleo y la reguladora de la conmutación de la pena para los condenados a muerte.

El pulso político pone cuesta arriba la aprobación de esta moción porque varios bloques consideran que condicionar, entre otras leyes, el proyecto de inversión y empleo “se hace con la intención” de no aprobarla.

Desde ayer se conoció entre algunos diputados  el interés de proponer una moción privilegiada donde solo se incluya la ley de inversión y empleo, para que pueda ser aprobada de urgencia nacional.

En ambos casos se necesita el voto de al menos 105 de los 158 diputados.

Las rampas son espacios pavimentados para el estacionamiento de los vehículos, y según explicó el interventor de la EPQ, Carlos Lainfiesta, durante una citación con diputados de la Comisión legislativa de Protección al Consumidor, son administradas por personas particulares a quienes la portuaria renta por dos centavos de dólar el metro cuadrado de terreno.

De acuerdo con Guillermo Kruck, de la Asociación de Importadores de Vehículos, se pagan alrededor de Q35 mil al día por el uso de las rampas, para una revisión aduanera que podría efectuarse sin necesidad de colocar allí los automotores.

“Existe corrupción en la portuaria y nos está afectando a los importadores de vehículos usados, y se generan grandes ganancias para quienes controlan las rampas, y a nosotros nos genera doble tributación”, afirmó Kruck.

Según Lainfiesta, el uso de rampas ha sido por disposición de la SAT, mientras que el jefe de esta entidad, Carlos Muñoz, dijo que no tenía conocimiento de ello y explicó que únicamente les compete la vista aduanera que se efectúa sin percibir ingresos adicionales por el uso de las rampas.

Espacios

6 rampas están en uso en la Portuaria Quetzal.

La batalla a favor de la normativa la encabeza esta vez el bloque opositor de Libertad Democrática Renovada (Líder), que la semana pasada solicitó una sesión extraordinaria para aprobarla, junto a las leyes de fomento a la lectura y la reguladora de la conmutación de la pena para los condenados a muerte.

Aunque la Comisión Permanente del Congreso convocó a la sesión, Líder, que tiene 46 diputados, necesita 105 votos para poder alterar la agenda y conocer las tres leyes. Significa que necesita el apoyo de la mayoría de bancadas, que en gran medida aún no definen su apoyo a la propuesta.

“Desde el momento que estamos pidiendo que se conozca, estamos de acuerdo. Al final es problema de cada bancada si se consigue el apoyo”, indicó Roberto Villate, jefe del bloque de Líder.

Estrategia política

La bancada oficial, primera interesada en la ley de inversión y empleo, reconoce que quiere aprobar la normativa, pero no con las condiciones que propone Líder.

Juan José Porras, jefe del Partido Patriota (PP), explicó que darán el apoyo como bancada, pero sin ligar la iniciativa a otras.

“Estamos interesados en aprobar la ley, pero se está planteando con otros temas que no serán bien recibidos en el pleno, lo que hace difícil que se puedan alcanzar los —105— votos necesarios para conocerla”, refirió Porras.

Orlando Blanco, de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que la estrategia de Líder de incluir otros temas a cambio de los votos es una “politiquería” que no recibirá apoyo.

“Lo que quiere hacer —Líder— es enredar la agenda en el Congreso. Estamos de acuerdo y a favor de la ley de inversión y empleo, pero no estamos de acuerdo en una agenda que incluya otros puntos. Si se agrega otro asunto distinto al de inversión y empleo no estaríamos participando ni siquiera de la sesión”, afirmó Blanco.

Más discusión

Leonel Soto Arango, diputado del partido Unionista, aseguró que está interesado en conocer, por medio de un diálogo de alto nivel, las enmiendas hechas a la normativa o, de lo contrario, persisten dudas sobre los beneficios que esta traerá al país. Esta postura goza del apoyo de otros bloques minoritarios.

“Hacer cualquier marco legal para generar empleo es bienvenido. El problema es que hay algunas empresas que se aprovechan de la situación y en lugar de generar nueva inversión se fraccionan en el amparo de estas leyes para no pagar impuestos”, indicó Soto Arango.

Carlos López, del bloque de Todos, señaló que aún no se ha definido la postura respecto de la normativa, por lo que, si la incluyen en la agenda para la plenaria de mañana, no la apoyarán.

El anuncio efectuado la semana última por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, generó críticas de varios sectores que señalan que la modalidad del gasto genera opacidad, a la vez que podría ser excesivo, además de no resolver el problema de fondo de la inseguridad, tema que sí podría combatirse invirtiendo más recursos en todo el sistema de justicia.

Elevado gasto

Según cálculos de expertos, si se dividiera el monto calculado —Q1 mil millones— por la cantidad de módulos que se construirán —5 mil 760— daría un aproximado de Q173 mil por cada reo que sea enviado a esos espacios.

“La inversión no solo es construir módulos, implica también el equipamiento de esos módulos con sus sanitarios, lavamanos, duchas, áreas de descanso”, explicó el viceministro administrativo de Gobernación, Manfredo Vinicio Pacheco, al ser cuestionado por el alto costo previsto para la ampliación de dos penales.

Además del monto se cuestiona la modalidad de gasto —por excepción—, lo cual, según Pacheco, es por razones de seguridad al momento de habilitar las celdas.

Mejorar trabajo

Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), aseguró que la construcción de cárceles no es suficiente, sino que se debe trabajar en la prevención del delito.

Expresó que se debe trabajar en la depuración de expedientes de reos que podrían salir de la cárcel, en aquellos casos en que los delitos no sean de alto impacto.

Expuso que creará una fiscalía liquidadora que revise cada uno de los casos de personas que guardan prisión preventiva.

También propone colocar brazaletes electrónicos para algunos delitos, aunque no dijo cuáles.

La fiscal propone que para dar solución a la sobrepoblación de presos, el MP, el Organismo Judicial y el Sistema Penitenciario tendrían que trabajar con mejor coordinación.

Andrea Barrios, del colectivo Artesana, que se especializa en mujeres privadas de libertad, refirió que se deben implementar otras medidas para ya no saturar los presidios en el país.

Manifestó que se pueden dictar resoluciones relacionadas con el cumplimiento de trabajo comunitario.

“Los jueces deben cumplir su función de visitar las cárceles, para que se den cuenta de las condiciones en que viven los internos, y de esa forma ya no mandar a la gente a la prisión”, afirmó Barrios.

Al ser consultado, José Arturo Sierra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expuso que no tenía conocimiento del proyecto de Gobernación, por lo tanto no podía emitir opinión.

La diputada Delia Back, de la Comisión de Seguridad Nacional e Inteligencia, del Congreso, el gasto es excesivo y dispar si se compara lo que el Estado gasta en alimentación escolar o la construcción de escuelas.

“A un niño se le da menos de Q4, y a un reo, más de Q75 diarios. La pregunta importante es de dónde se va a sacar el dinero para hacer lo que él quiere construir”, expuso la parlamentaria.

Estudios preliminares

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, consultado ayer luego de haber participado en los actos oficiales por el Día del Ejército, señaló que en el presupuesto se están destinando unos Q300 millones para la remodelación y acondicionamiento de las 22 cárceles del país.

Afirmó que esta semana la cartera a su cargo tendrá listos los estudios de factibilidad para presentarlos y comenzar con el proceso de contratación de las empresas que se encargarán de la construcción.

Según Pacheco, se comenzará con la ampliación de la granja Canadá, donde se priorizaron los trabajos técnicos y de diseño, a cargo de una unidad técnica en la propia cartera, sin ningún costo de inversión.

Afirmó: “Los proyectos ya tienen estudios técnicos completos, financieros, de mercado, de impacto ambiental, uno especial de impacto social y análisis de riesgo”.

Mingob

Sin atención 40 años  

Según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, el Sistema Penitenciario es precario porque no se le ha puesto atención en los últimos 40 años.

“El Sistema Penitenciario tiene 22 centros, en los que hay gente cumpliendo condenas y están en situación preventiva”, dijo López.

CUESTIONAMIENTO

Invertir en prevención

“El Viceministerio de Prevención tiene el reto de proponer políticas de prevención, ya que se carece de  estudios criminológicos. Deben  convocar a entidades que trabajan en la problemática de las cárceles  y a  privados de libertad para trabajar en forma conjunta”, dijo Andrea Barrios, del colectivo Artesana.

Millonaria inversión

El Mingob asegura que será con recursos propios que se realizará la ampliación y mejoras a cárceles.

Q700 Millones se destinarán  para ampliar  dos cárceles.

Q300 millones serían para remodelar 22 penales.

18 mil es la población reclusa calculada en el país.

CIUDAD DE GUATEMALA- El Ministerio de Finanzas (Minfin), a solicitud del mandatario, preparó un dictamen legal en el cual se pueda basar la decisión de los cambios en el directorio de la SAT. Sin embargo, aún no se ha hecho público y se espera la aprobación de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Mientras tanto, en el Congreso la Comisión de Apoyo a la Recaudación Tributaria, alista para esta semana la integración de mesas técnicas, donde se busquen medidas a corto plazo para elevar la recaudación, entre las cuales no se descarta la contratación de servicios externos de asesoría.

Los cuatro directores titulares de la SAT, en declaraciones dadas la última semana, calificaron el anuncio presidencial de una reacción hacia la decisión de revocar el dictamen que permitía la contratación de servicios de asesoría externa —aparentemente con la empresa argentina Kolektor—, con pagos en comisiones de hasta el 30 por ciento.

Los motivos para frenar el proceso de contratación de una asesoría para el fortalecimiento de la SAT, según explicaron los directores durante una citación legislativa el pasado lunes, obedeció a las críticas y señalamientos en torno al dictamen, así como dudas en torno al proyecto, en el que incluso se sugería la tercerización del cobro de impuestos.

SUPERINTENDENTE

La Ley Orgánica de la SAT, en su artículo 27, fija las causales por las que el presidente puede destituir al superintendente. En el inciso “g” se destaca el incumplimiento de las metas de recaudación, asumidas a través de un convenio firmado con el Ejecutivo.

Este año el convenio fija una meta de recaudación de Q51 mil 500 millones, cifra que públicamente ha reconocido el actual superintendente, Carlos Muñoz, será imposible de alcanzar.

“Lo que dice la ley es que lo tiene que remover. Estamos claros en que es el presidente quien tiene la decisión, porque el año pasado no llegó a la meta y no lo removió”, refirió el diputado Álvaro González, de Compromiso, Renovación y Orden, presidente de la Comisión de Apoyo a la Recaudación Tributaria.

Según González, el responsable directo de la baja recaudación es Muñoz y por ahí deberían comenzar los cambios en la SAT para intentar mejorar el ingreso tributario este año.

“Lo que sale diciendo el presidente, a mi parecer, también está un poco desviado porque dice que el superintendente no es el responsable de la baja recaudación, cuando realmente el superintendente sí es el responsable, es el responsable, no en lo personal, sino como institución, porque la SAT lleva años de no llegar a las metas”, expresó el parlamentario.

El diputado Álvaro Trujillo, de la bancada de Libertad Democrática Renovada (Líder), negó que el Ejecutivo tenga autoridad sobre el directorio para poderlo remover a discreción. Por el contrario, señala que los cambios deben hacerlos apegados a lo dispuesto en la ley orgánica de la entidad y a través de una comisión de postulación.

“Al directorio no lo puede mover porque hay una ley orgánica que ellos mismos —a través de la bancada oficial— modificaron. Que se esté diciendo que quieren mover a Muñoz, aquí traigan a quien traigan el problema es que la recaudación no se va a levantar porque la actualización tributaria fue aprobada sin conocerla y es la que está afectando ahora”, dijo Trujillo.

Según la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el relevo necesario es el de Muñoz, que estando al frente de la SAT incumplió las metas de recaudación en el 2013 y ya anunció que no cumplirá este año.

“Aquí lo que procede es remover de inmediato a Muñoz, no solo por incumplimiento de las metas en el 2013, sino en forma continuada en el 2014, lo que está generando un daño a la ciudadanía porque los servicios públicos y programas se están viendo afectados con la caída de la recaudación”, manifestó.

La UNE presentó la semana pasada una acción de inconstitucionalidad en contra del presidente por no haber removido a Muñoz desde el año pasado.

Según Alejandro Arévalo, ex ministro de Finanzas y actual diputado independiente, por el momento no se puede culpar de la baja recaudación e incumplimiento de metas a Muñoz porque no ha desempeñado su cargo por un período completo, por lo que hasta este año se podría tomar como una causal para su destitución lo señalado en ley.

“Hay que recordar que estuvo en el puesto solo unos meses del año pasado y esto está concebido para hacer una análisis del año completo, y creo que es lo que se ha estimado para mantenerlo en el puesto, porque no era responsable de todo el año”, afirmó Arévalo.

González sugirió que las metas de recaudación se deben revisar periódicamente y no hasta noviembre. Como ahora están fijadas ya no deja margen de respuesta para poder enmendar los errores en la recaudación.

INTERÉS POLÍTICO

Según la vicepresidenta Roxana Baldetti, la solicitud de remoción del superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz, es un tema político, ya que quien la promueve fue viceministro de Finanzas durante el gobierno anterior, cuando tampoco se llegó a la recaudación. La referencia es hacia el diputado Carlos Barreda, de la UNE, quien promueve la salida de Muñoz.

La funcionaria dijo que le da mucha “gracia” ya “que quien promueve esto fue viceministro de Finanzas y habría que revisar si el jefe de la SAT de quien está demandando cumplió, porque de hecho hay una demanda mía similar a la de ellos”, agregó.

“Esto es más político que otra cosa, la ley también mandaba —remover al superintendente si no llegaba a la recaudación— hace 20 años y nunca pasó nada. El recaudador del gobierno de la UNE nunca llegó a la meta y yo presenté una solicitud de destitución, pero nunca pasó nada”, dijo.

Sobre el resto de integrantes de la SAT, la vicemandataria mencionó que hay procesos legales para removerlos, que hicieron otros gobiernos, pero hay que revisar por qué no caminaron. Aseguró que ese cambio no tiene nada que ver con la intención de contratar a una empresa para mejorar la recaudación.

AL FRENTE DE LA SAT

Carlos Muñoz llegó a la SAT como allegado del entonces ministro de Finanzas, Pavel Centeno.
Es contador público y auditor, por la Usac.

En la SAT ha desempeñado los  cargos de jefe de Recaudación y Gestión e intendente de Recaudación y Gestión, entre 1998 y el 2005.

Fue superintendente interino en el 2004, en sustitución de Marco Tulio Abadío.
 
Fue electo de una terna en que también aspiraban al cargo Álvaro Omar Franco y Alfonso Castillo.

Mesas técnicas -Falencias no son nuevas-

Según el diputado de Creo Álvaro González, no existe justificación para no llegar este año a las metas, cuando el mismo superintendente Carlos Muñoz el año pasado “defendió a capa y espada” el proyecto de presupuesto, asegurando que había condiciones para alcanzar la meta de recaudación ahí planteada.

Afirmó: “Si tiene que subcontratar, que lo haga, pero de forma transparente. A raíz de eso, la próxima semana se dará inicio a una mesa técnica”.

Ejecutivo -Hay interés  político-

La vicepresidenta Roxana Baldetti insistió la última semana en que la presión para remover al superintendente tiene un interés político y volvió a respaldar la gestión de Carlos Muñoz al frente de la SAT, al menos por el actual período tributario.

Baldetti dijo que no ha terminado el año fiscal y por tal motivo no tenía “lógica” la idea de remover al actual superintendente  Carlos Muñoz, aunque no descartó esa posibilidad al  fin de año si no se alcanzan las metas.

Recaudación –No hay justificación-

A criterio del diputado y ex ministro de Finanzas Alejandro Arévalo, no existen factores externos que se puedan responsabilizar de la baja recaudación en la SAT.

“Ellos dicen que no llegará, pero seguramente es para justificar unas contrataciones que él —el actual superintendente— quiere hacer”, dijo Arévalo.

El parlamentario señaló que las variables macroeconómicas no han influido en la baja recaudación y se están cumpliendo las proyecciones del Banguat.

Decisión será esta semana

El presidente declaró el pasado jueves, durante una conferencia de prensa luego de una actividad pública en Petén, que esta semana se estará conociendo el dictamen encargado al Minfin, la PGN y la Secretaría General, y a partir de ahí se tomará una decisión sobre el cambio del directorio, aunque descartó que se esté considerando la remoción de Carlos Muñoz como superintendente.  

El presidente insistió durante la semana en que es necesario el fortalecimiento de la SAT y buscar asistencia externa para elevar la recaudación, además  cuestionó la revocatoria del directorio para continuar con el proceso de contratación de una asesoría externa para la institución.

Consultado ayer sobre el tema, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, recordó que se está a la espera de conocer el dictamen jurídico antes de que el presidente tome una decisión.

“Se pidió una opinión consultiva para ver cuáles son los aspectos legales. Se va a esperar la opinión; lo que ha manifestado el presidente es que dos de los miembros en septiembre serán cambiados y el presidente está buscando la solución más apropiada que permita aumentar la recaudación fiscal, no con más impuestos, sino eficientando el proceso administrativo de la recaudación”, explicó Cuevas.

CIUDAD DE GUATEMALA- Representantes del sector privado señalaron que ha habido poca información sobre las intenciones y objetivos de la SAT para la contratación de una asesoría. Aseguran que el “fracaso de la actualización fiscal y corrupción aduanera” han sido los mayores problemas que han causado la caída de la recaudación.

Sobre el señalamiento vertido por el presidente Otto Pérez Molina el pasado martes de que “los que evaden impuestos” son quienes se oponen al fortalecimiento de la SAT, el sector empresarial coincide en que son “declaraciones riesgosas”, y de tener pruebas, se deberían dirigir los esfuerzos hacia estos.

EL SISTEMA, NO LA GENTE

Para Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), la SAT tiene personal calificado para efectuar el trabajo de mejorar la recaudación, pero los sistemas implementados no son los correctos.

“La baja en la recaudación es por varios factores: un presupuesto hiperinflado, al igual que las metas; la evasión se ha incrementado, igual que el contrabando; la intervención operativa incidió mucho, por lo menos en aduanas, favoreciendo el contrabando”, dijo Castellanos.

Para Fernando López, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, la reestructuración interna sería suficiente para comenzar a solventar los problemas de recaudación, y no una asesoría, como se ha insistido.

Agregó: “La recaudación ha crecido, lo que pasa es que los impuestos por internación de productos por aduanas no ha crecido, y estamos preocupados por el contrabando e informalidad detrás de esto”.

López, al igual que Castellanos, señaló que la tercerización de los impuestos podría ser un agravante en el sistema de recaudación tributaria en el país, y que se deberían considerar otras opciones antes de originar desorden.

“Ese desorden genera mucha incertidumbre en la forma como se van a cobrar los impuestos. Hay una preocupación porque esto se convierta en cacería de brujas y así buscar captar más dinero”, opina Castellanos.

Para López, “la decisión debe tener en cuenta los mejores intereses del país. Lo ideal sería una reestructuración interna, sin necesidad de otra cuestión”.

Germán Girón, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), consideró que hizo falta información para conocer los beneficios que una asesoría le proporcionaría a la SAT.

“El Cacif cree que la institucionalidad debe fortalecerse, y eso incluye a la SAT. Los empresarios representados en el Cacif apoyamos los esfuerzos que se realicen para mejorar la recaudación”, destacó Girón.

CAMBIOS A LA LEY

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, aseguró que se deben considerar enmiendas a la Ley de Actualización Tributaria, porque esta es responsable en gran medida del agujero fiscal que el Gobierno señala y la SAT confirma.

“Es un tema grave que desafortunadamente no ha obtenido los resultados que ellos previeron y, adicional, genera graves daños a la economía del país, y ahí está el problema, en una reforma irresponsable”, afirmó Briz.

López agregó que la baja recaudación también ha afectado la calificación de riesgo para el país y desestabiliza el clima de inversión, “porque tiene un efecto en lo que ven los inversionistas en Guatemala y en el costo de los fondos”.

MEDIDA POLÉMICA

– La intención de contratar asesoría externa para la SAT se oficializó el 12 de junio, cuando el directorio aprobó el dictamen del proyecto.

– El dictamen presentado por el superintendente Carlos Muñoz propone contratar una asesoría extranjera,  con pago de hasta el 30% de comisión de lograr incrementar los tributos.

– Comenzó la suspicacia al trascender que desde el 2012 los superintendentes, gerentes y directores de la SAT viajaron para conocer la empresa Kolektor, en Córdoba, Argentina,  dedicada al cobro de impuestos.

– Trascendieron hipótesis de que la SAT buscaría beneficiar a la empresa argentina con el contrato y tercerizar el cobro de impuestos.

– El pasado 20 de junio, el directorio decidió revocar el dictamen y suspender la contratación.

– El presidente Otto Pérez Molina de inmediato cuestionó al directorio y amenazó con su destitución.

EXPERTOS

“Cambiar a personas es volver a empezar, y no importa a quién se ponga en el directorio o en la Superintendencia,  es el sistema el que no sirve, no la gente”. Carolina Castellanos,  directora de Amcham.

“La decisión —de la SAT— debe tener en cuenta los mejores intereses del país. Lo ideal sería una reestructuración interna, sin necesidad de otra cuestión”. Fernando López, Cámara de Industria.

“Lo que sucede  es que  el sistema  —tributario— es complejo, altamente discrecional, difícil de aplicar, costoso de administrar y no responde a la realidad del país”. Jorge Briz,  Cámara de Comercio.

Gustavo Arana, técnico de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), anunció ayer la instalación del Centro de Operaciones de Emergencia y un equipo de 50 personas para implementar un programa de respuesta inmediata, para evitar la extensión de la epidemia.

La destrucción de criaderos del zancudo portador del dengue por parte del personal de Vectores de Malaria, hacer un barrido en todo el municipio y una campaña de fumigación son parte de los programas que se impulsan en esa área.

Buscan control

Según el director de Epidemiología, del Ministerio de Salud, Ricardo Mena, el registro entomológico advirtió de que en las últimas cuatro semanas ha habido un repunte de criaderos infestados con larvas del zancudo, lo cual también favorece el virus de chikungunya.

La alerta roja, según Arana, incluirá la evacuación y cuarentena en zonas donde la epidemia esté en un punto crítico y evitar que el problema se extienda al departamento.

Álvaro Dubón, vocero del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, refirió que se atendió la alerta emitida por la cartera de Salud y en las unidades médicas de Quetzaltenango ya se abrieron los canales necesarios para enfrentar el brote de dengue.

“Tenemos que estar en constante comunicación para determinar si se incrementa el número de casos de dengue, chikungunya, malaria o paludismo”, señaló.

El evento, como los últimos contratos de la cartera del Interior, será por excepción y de urgencia nacional, señaló ayer el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, durante una reunión de la Mesa Técnica de Seguridad y Justicia, de la Comisión de Legislación del Congreso, en el Salón del Pueblo.

Según López Bonilla, el gasto estimado es de Q1 mil millones y se prevé que con la ampliación de los dos complejos carcelarios, en el sur y occidente del país, se pueda albergar a cinco mil 760 reos y liberar al Sistema Penitenciaro (SP) del hacinamiento que ahora supera el 200 por ciento.

Proceso en marcha

El Mingob está por concluir los estudios de preinversión y la elaboración de 900 juegos de planos, que son necesarios para comenzar con la construcción de los módulos, explicó López Bonilla.

El ministro indicó: “Se está en la fase final con todos los dictámenes y creemos que puede ser un evento que se tenga listo y poderlo trabajar en ese marco de excepción por urgencia nacional en los próximos dos meses, y nos llevaría entre ocho y nueve meses la finalización de todo el proyecto”.

Agregó que el proceso se confirmaría por medio de un acuerdo gubernativo firmado en el Consejo de Ministros por el presidente Otto Pérez Molina, por excepción, porque “es de urgencia nacional el tema de deshacinar los centros de detención”.

Según los estudios y planificación efectuada y dada a conocer por el Mingob, se prevé construir 40 módulos, cada uno con capacidad para 144 reos: 26 en las granjas de Rehabilitación Canadá, ubicada en Escuintla, y 14 en Cantel, Quetzaltenango.

Capacidad superada

Édgar Camargo, director del SP, también presente en la citación en el Congreso, señaló que actualmente no se cumple con la clasificación de reos condenados y en prisión preventiva, porque no hay espacios para hacerlo.

Según Camargo, de los 17 mil 945 privados de libertad que ahora ocupan los centros carcelarios, el 51 por ciento cumplen condena, mientras el resto debería estar asignado a otros centros adecuados a necesidades específicas.

Con la ampliación de los recintos, según Camargo, se hará la evaluación de qué tipo de reos serían trasladados a los nuevos módulos.

Agregó: “Es una selección que se debe hacer con los jueces para saber qué privados estarían en esos centros. La programación que tenemos es que al ya tener los espacios, se sacará a los privados de los centros antiguos, para poder rehabilitarlos y readecuarlos”.

Solución temporal

Lorena Escobar, abogada y analista de seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, no ve en la millonaria inversión en la ampliación de espacios para reclusos una solución al problema.

“El hacinamiento no se resuelve, a menos que se trabaje una solución integral. Más espacio en las cárceles solo es una solución temporal. Se necesitan mesas técnicas donde se incluyan iniciativas de los ministerios de Educación, Trabajo y Economía, para evitar que crezca la población reclusa”, aseguró Escobar.

Para Camargo, la medida es un paliativo y reconoce que “hubo que hacer acciones en el 2005, cuando los espacios físicos ya habían alcanzado el máximo de capacidad”.

Compras por excepción

Detalles de algunas de las adquicisiones millonarias efectuadas por la cartera del Interior entre el 2013 y 2014 sin recurrir a una licitación pública.

25/09/2013 Renta de vehículos  

El Mingob arrendó 15 vehículos por Q 1 millón 86 mil para resguardar la seguridad de altos funcionarios de la  cartera. La decisión, según se explicó en su momento, se debió  al déficit de vehículos para  los funcionarios, a quienes la ley obliga a que se les proporcione   transporte.

17/12/2013 Adquieren armamento  

Una compra cuestionada, por la cantidad de armas y el proceso, de nuevo por excepción fue utilizado por el Mingob, cuando  se adquirió por Q57 millones un lote de 17 mil pistolas y cien subametralladoras, con lo que, según esa dependencia,  se ahorró hasta Q30 millones sin  haber licitado.

12/2013 Alquiler de inmuebles  

El Mingob hasta diciembre del 2013  había firmado 268 contratos de arrendamiento por Q37 millones, todos por excepción.
Algunos contratos incluyen compromiso  de pago hasta el 2016, y según información de Prensa Libre, el 52% eran casas con daños.

12/03/2014 Contrato para señalización   

El Mingob adjudicó sin licitar a la empresa Summa Aqua, S.A. Q3.2 millones, para elaborar el  “Estudio para la determinación  de señalización vial horizontal y vertical en puntos críticos de influencia a edificios públicos”, para apoyo al Departamento de Tránsito.

11/04/2014 De interés nacional     

El presidente junto al Consejo de Ministros  suscribió el acuerdo gubernativo 113-2014, en el cual se declaró de interés nacional la contratación para la adquisición de equipo para uso de la Dirección de la  PNC,  por un monto de  Q291 millones 776 mil 30.

26/05/14 Preferencia de la cartera   

Una publicación de Prensa Libre señala que el  Mingob,   durante el primer cuatrimestre del 2014, fue   la segunda con  más contratos por excepción,   con 75 concursos efectuados sin licitación, y que suma una erogación de Q23 millones, según registros de Guatecompras.

CONCEPTOS

COMPRAS POR EXCEPCIÓN

Estos procesos están reguladas  en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado y se  establece que es obligatorio un Acuerdo Gubernativo firmado por el presidente y el Consejo de Ministros cuando sea para salvaguardar la seguridad nacional, bajo la Ley de Orden Público, o se declaren urgentes para resolver situaciones de interés nacional o beneficio social.

CONTRATOS POR LICITACIÓN

Todas las compras y contrataciones deberán hacerse a través de licitación pública  cuando el monto total de los bienes, suministros y obras excedan los Q900 mil, según lo regula el artículo 9 de la Ley de Contrataciones. Se obliga a integrar juntas de licitación por cinco personas, nombradas por la autoridad administrativa superior de la entidad interesada en el producto o servicio.

Karsten, en entrevista exclusiva vía telefónica con este matutino, dijo que, aunque tiene interés en invertir en el país, la reunión con los funcionarios no fue para acordar un trato, y que espera que se abra la licitación internacional para ofertar.

Agregó: “Ellos me pidieron una profunda explicación del carácter técnico de la propuesta, terminar de entender el alcance de los servicios, explicarle que los servicios que se ofrecen son siempre prestaciones mínimas y que son proyectos de largo alcance”.

Según el empresario, no se definieron precios del servicio porque tampoco existen términos de referencia de lo que el país espera con la asesoría.

“Tengo que ver qué necesitan ustedes, hacer un relevamiento profundísimo, ver qué se necesita: computadoras, servidores, escáner, cuántas aduanas son y su volumen. Tengo que mirar las inversiones y en función de eso y del plazo que el Gobierno le dé al proyecto yo tendría que hacer una cotización para recuperar mis inversiones y tener mis utilidades”, señaló Karsten.

Sobre los señalamientos en su contra en Argentina y los vínculos con supuestos sobornos para lograr contratos en ese país, Karsten negó las acusaciones e indicó que son “ataques” de poderes que se ven afectados con el trabajo, hasta positivo, efectuado en el gobierno cordobés.

También confirmó el interés en crear una filial en el país, ya que Kolektor tiene planes de expansión en la región.

La dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la SAT (Sitrasat) exigió ayer la renuncia del Directorio y acusó al superintendente Carlos Muñoz de encabezar un proceso poco transparente e innecesario que delega las funciones de esa entidad, responsable de la recaudación fiscal en el país.

Economistas también criticaron que la SAT gaste más recursos en una recaudación que en los últimos dos años no ha mostrado ninguna mejoría.

Muñoz negó, en conferencia de prensa, que se busque delegar funciones y que ya se haya elegido a una empresa argentina para adjudicarle el contrato que hasta ahora dispone de Q80 millones y una comisión de hasta 30 por ciento por el excedente de recaudación cada año.

Pese que la SAT lo niega, medios argentinos han señalado en anteriores ocasiones que la empresa Kolektor, encargada de la cobranza tributaria en Córdoba, Argentina, anunció que ampliará sus operaciones a Guatemala.

Presión sindical

Anthony Segura, secretario general del Sitrasat, señaló que ya se ha pedido la dimisión de Muñoz y de los integrantes del Directorio, y advirtió de que ceder las funciones de la SAT no garantizará una mejora en la recaudación de los tributos.

“Es función de ellos —el Directorio— hacer lo posible para mejorar la recaudación. Con esta acción evidencian su incapacidad para estar al frente de la institución”, indicó Segura.

Para el sindicalista, esas medidas también ponen en peligro la estabilidad laboral de unos cuatro mil empleados de la SAT.

Agregó: “¿Acaso no es comprensible, entonces, que la negligencia en la administración de la SAT llega a su punto más álgido que deciden contratar a otros que sean capaces para alcanzar las metas de recaudación tributaria? Es función de ellos hacer lo posible para mejorar la recaudación, o que renuncien”.

Muñoz no respondió sobre la demanda de que abandone el cargo.

La presión sindical también se manifestó en el 2013, cuando se demandó la renuncia del entonces superintendente Miguel Gutiérrez y cuya dimisión fue aceptada semanas después por el presidente Otto Pérez Molina.

En esta ocasión, Pérez Molina “no cree” que algo esté arreglado para adjudicar el contrato de servicio para la SAT, ya que se trabajará una licitación internacional en la cual espera la participación de diferentes empresas como una mexicana, otra argentina y de otros países, aunque no precisó nombres.

Según el gobernante, la denuncia de que se quiere beneficiar a una firma argentina es “adelantarse sin tener todo el conocimiento y certeza de cómo se hará todo el proceso”.

“Por supuesto, yo estoy respaldando a la SAT en este sentido, porque lo que estamos haciendo es tomar las medidas para evitar el contrabando, para evitar la evasión de impuestos y todo lo que pueda venir a ayudar para hacer una mejor recaudación”, insistió el mandatario en defensa del órgano recaudador.

Sin embargo, Pérez Molina evitó responder sobre los viajes a Argentina efectuados por funcionarios de la SAT que rodean la denuncia de un posible arreglo con una firma de ese país, al ser consultado en la Casa Presidencial, después de haber juramentado a Mynor Mejía como gobernador de Chimaltenango.

Rechazo total

Carlos Martínez, investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, señaló que aunque la SAT está en “el derecho y obligación” de buscar métodos de mejora de recaudación, no debería ceder una parte de sus funciones.

“No lo veo sano, por razones básicas: una, que la SAT fue creada como un órgano especializado para llevar a cabo la recaudación de impuestos del Estado, y licitar la concesión de Estado significa que se está declarando incompetente de hacer ese trabajo”, indicó Martínez.

El economista resaltó que “ha habido una intencionalidad de deteriorar la capacidad de la SAT en los últimos dos años, punto que es bastante cuestionable y puede haber una mezcla de intereses en participar en el reparto privado de los bienes del Estado”.

Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, advirtió de que con este contrato se aleja la verdadera necesidad de reformar sustantivamente la SAT y mejorar en el futuro su capacidad de recaudación.

“Aquí, lo que estamos haciendo es una evasión de la reforma y continuamos el debilitamiento de la institución y abriendo la puerta a otras intenciones”, aseguró Maúl.

Agregó que el pago de comisiones a la empresa beneficiada es un término cuestionable y de análisis necesario.

“Es importante tomar en cuenta que es un pago del 30 por ciento —de comisión—, es una contribución fuerte y motivo preocupante porque es un gasto tributario, un sacrificio fiscal que habría que contabilizar, además de las implicaciones legales”, enfatizó Maúl.

Pedro Prado, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), ve en la medida avalada por la SAT un gasto innecesario porque se contrata a una empresa para que haga un trabajo por el cual ya se paga.

“Le compete a la SAT, y no debiera darse esa contratación porque es función de ellos hacer todas las acciones para elevar la recaudación, y además, una firma consultora no podría hacer mucho”, comentó.

Según el gerente de informática de la SAT, Sergio Barillas, se busca contratar análisis de datos, una serie de metodologías y procedimientos que ayuden a fortalecer el análisis de información interno.

También pretenden consolidar los sistemas que poseen, porque están dispersos, y que se tiene la experiencia de que en Argentina poseen esa unificación de análisis.

En el Congreso, varios diputados han anunciado citaciones al directorio de la SAT y el superintendente, para disipar las dudas en torno a la licitación que se prepara.

Postura

Necesitaría  cubrir casi  Q3 mil millones

El jefe de la SAT, Carlos Muñoz, junto a intendentes y gerentes de ese órgano, defendió  ayer la intención de contratar a una empresa  extranjera para mejorar la recaudación.

La SAT  necesita cubrir Q2 mil 976 millones por medio de medidas administrativas (fiscalización, controles y otros), refirieron los funcionarios.  

Entre esos, Q1 mil 500 millones de apoyo presupuestario que el Gobierno le requirió a la administración  tributaria para este año,   cuya expectativa quieren lograr con la contratación, dijo Muñoz. Los otros Q1 mil 476 millones fueron contemplados en el convenio de metas para el 2014, dijo el  intendente de Recaudación, Omar Franco.

Según Muñoz aún elaboran los  términos de referencia para la licitación, y  que  el pago a la empresa que se contrate será de una comisión, que podría variar desde 0.1% al 30%, pero  con base en  resultados.

El porcentaje de comisión se aplicará sobre el monto de crecimiento de recaudación que se logre, según las metas que establezca la SAT.

Agregó que esperan tener los términos de referencia la próxima semana, para que sean discutidos y aprobados por  el Directorio de la SAT.

Tanto Muñoz como el intendente de Asuntos Jurídicos, Alfonso Castillo,  explicaron que la licitación se hará con base en los artículos 4 y 35 de la Ley Orgánica de la SAT, y al reglamento interno de contratación de servicios, con lo cual el  proceso llevaría unos tres o cuatro  meses a partir de la apertura del concurso.

Respecto de que la ley no permite la delegación de la recaudación fiscal,  Muñoz y Castillo  explicaron que  la contratación no es ilegal, porque no se trata de una delegación de funciones, sino de una  consultoría  para mejorar la labor de la SAT y recaudar más.-Por Rosa M. Bolaños.

Líder

Un abismo financiero

Álvaro Trujillo, diputado de Libertad Democrática Renovada, aseguró que las acciones de la SAT son ilegales.  

“Demuestra el poco compromiso de este gobierno con  los proyectos de nación. Es responsabilidad  de la SAT y no puede delegar a ningún ente extranjero ni privado la recaudación, porque por Ley le corresponde a ella. Está clara la intención del Gobierno de querer privatizar la administración tributaria, porque de a poco se está perdiendo su autonomía”, afirmó.

Ejecutivo

El Estado no pagará nada

El presidente Otto Pérez Molina  dijo después de una actividad oficial en la Casa Presidencial   que  el Estado no pagará nada a la empresa que contrate   hasta que se alcance determinado nivel de  recaudación, una práctica que se usa en otros países.

“La empresa ganadora se comprometería a hacer toda la inversión en aduanas, con equipo, y no le costará ni un solo centavo al Estado. Así que si se le llegara a pagar  algo a esa empresa es sobre dinero que hoy no se está recaudando”, explicó.

Asíes

Sería inconveniente

Para el economista de Asíes  Pedro Prado “no sería conveniente el pago a una empresa para asesorar a la SAT porque  esa es su función. Sería como subcontratar”.

Agregó: “El objetivo acá es que la SAT tenga las capacidades técnicas para incrementar la recaudación, y no me estoy refiriendo a contratar empresas internacionales que vienen a descubrir el agua azucarada  y es que cuenten con personal calificado para realizar las funciones que se les pagarán”.

El Directorio, órgano colegiado que preside la SAT, conoció y aprobó el pasado jueves el dictamen para la contratación de los servicios. Estos directivos son los mismos que entre el 2012 y el 2013 viajaron a Córdoba, Argentina, donde se reunieron con funcionarios del Ministerio de Hacienda y representantes de la empresa que apoya la recaudación en ese país.

Para la contratación de la asesoría y capacitación, el Ejecutivo ha dispuesto desde el pasado 29 de mayo de una ampliación presupuestaria de Q80 millones al órgano de recaudación, y en las próximas semanas se prevé preparar los términos de referencia para una licitación internacional en busca de la empresa beneficiada.

Las críticas giran alrededor de los altos costos que desde ya representa la recaudación de tributos y una posible delegación de funciones de la SAT, lo que podría incluso atentar contra la Constitución e incurrir en delito, tanto el superintendente como el Directorio en pleno, por permitir el hecho.

Diputados también señalaron que podría existir algún acuerdo previo y tratar de beneficiar a una empresa con el contrato.

Autorizan contrato

El dictamen 45-2014, conocido el pasado jueves por el Directorio de la SAT, justifica la contratación de una empresa que preste “servicios de asesoría con acompañamiento para la mejora de los sistemas y procedimientos para la recaudación”, con el objetivo de “fortalecer la administración tributaria y aduanera”.

Según el documento, al no poder cumplir con las metas de recaudación en los últimos dos años se necesitan los servicios antes descritos y para ello se pagaría a la empresa beneficiada una comisión de entre el 15 y el 30 por ciento sobre el excedente de lo recaudado.

Mario Velasco, director titular de la SAT, dijo haberse opuesto a la aprobación del dictamen por considerar que ahí se podrían delegar funciones de la entidad, mientras Henry Almengor, también titular del Directorio, indicó que no había participado en la reunión en que se conoció tal iniciativa.

Los directores también advirtieron, durante una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que aunque se trata de mejorar la recaudación, aún no se supera la del año pasado y tampoco se puede asegurar que se llegará a las metas, porque en el Directorio se desconoce el convenio entre el Ejecutivo y el Ministerio de Finanzas, que fija Q51 mil 849.5 millones en términos brutos.

El diputado de la UNE Carlos Barreda explicó que se generan condiciones para justificar la injerencia de una empresa externa que apoye la recaudación fiscal. Además, advirtió de que “se está tratando de delegar funciones de la SAT y habría que ver si eso no contraviene la Constitución”, lo que se podría entender como el inicio de una privatización de la institución.

José Alejandro Arévalo, exministro de Finanzas e integrante de la Comisión legislativa de Apoyo a la Recaudación Fiscal, se declaró sorprendido por el método que se utiliza para mejorar la recaudación, y calificó de “fracaso” que la SAT intente mejorarla a través de la delegación de funciones.

“Ahí han tenido asesores todo el tiempo, pero vincular la recaudación y pagarles un porcentaje es delegar la función, y si eso es así, ya no tiene sentido la SAT. Si no puede hacer su trabajo, mejor que la cierren y regrese a Finanzas. Es un monumento a su fracaso contratar a alguien para que haga su trabajo”, aseguró Arévalo.

El superintendente Carlos Muñoz, secretario del Directorio y ponente del dictamen aprobado, también fue citado por la UNE, pero se excusó al indicar que tenía otra reunión a la misma hora en el bloque de Todos, a la cual tampoco llegó.

Se intentó obtener la versión de Muñoz a través del Departamento de Comunicación de la SAT, lo cual tampoco fue posible porque, según Mynor Caballeros, jefe de la unidad de información, el funcionario no respondió a las llamadas y consultas.

“Se está analizando el tema en el Directorio, pero no se ha establecido y se está trabajando sobre los términos para definirlo”, se limitó a indicar Caballeros, vía telefónica.

Dudas por viajes

En agosto del 2012, el entonces jefe de la SAT, Miguel Gutiérrez, viajó a Argentina para visitar el Ministerio de Hacienda de Córdoba y revisar los sistemas de fiscalización.

Luego desfilaron 11 personas más, entre gerentes y directores, para conocer los sistemas fiscales en respuesta a invitaciones de ese país, porque nadie precisó quién las giró y solo explicaron que viajaron a solicitud de los superintendentes Gutiérrez y Muñoz.

Además de Velasco y Almengor, los directores Jorge Bort-cheff y Rodrigo Montúfar, quienes también viajaron en distintas fechas a Córdoba, señalaron que no existen informes de lo realizado porque la Ley Orgánica de la SAT no los obliga a cumplir esa tarea.

Los directores se limitaron a explicar que el objetivo de la visita a Argentina fue para conocer los sistemas de control y recaudación sistematizada del Ministerio de Finanzas de Córdoba, pero no explicó con quiénes se sostuvo la reunión.

Solo Velasco confirmó que en las reuniones había personal de Hacienda y delegados de la empresa que presta el servicio ahí.

“Se podría estar favoreciendo a una empresa que eventualmente pueda venir a concursar al país o levantar un concurso dirigido para adjudicar a quien interese”, señaló Barreda, durante la citación.

El presidente Otto Pérez negó que la SAT haya hecho alguna compra a una empresa argentina y que tampoco se presione a la Superintendencia para algún tipo de negocio, al consultarle sobre acusaciones de Orlando Blanco, jefe del bloque de la UNE, sobre supuestas reuniones entre empresarios argentinos con la vicepresidenta y el ministro de Comunicaciones.

Tropiezos en dos años

En febrero del 2012, el Ejecutivo dio a conocer   la propuesta de reforma fiscal  para incrementar  ingresos en hasta Q4 mil millones en el 2013.

El 27 de febrero del 2012, Rudy Villeda presentó su renuncia como jefe de la SAT.

El 26 de marzo del 2012, el presidente Otto Pérez Molina  nombró a Miguel Gutiérrez para ese cargo.

En junio del 2012, Gutiérrez advirtió de que no se alcanzaría la meta de recaudación del 2012 por Q43 mil millones.

En julio del 2013,  la cartera aceptó que faltarían Q700 millones en la meta de recaudación.

El 4 de marzo del 2013, renunció  Gutiérrez a la SAT, luego de diferencias con el  ministro de Finanzas, Pavel Centeno.

En abril, el gobernante nombró a Carlos Muñoz al frente de la SAT.

Ese año se repiten las quejas de que tampoco se cumplirán las metas de recaudación.

Análisis

Entidad ya es cara

El economista y exministro de Finanzas Juan  Alberto Fuentes, además de adversar que la SAT pretenda pagar por el apoyo para aumentar la recaudación fiscal, sostuvo que desde ya la entidad es una de las instituciones de cobro de tributos más cara en el continente.

“Es una de las administradoras de mayor costo en América Latina, gracias a la forma en que se establecen los recursos dependiendo de la recaudación —el 2 por ciento sobre lo recaudado cada año—, y al compararlo, es un costo muy alto. Ahora, sumarle a eso una contratación que, según el acuerdo gubernativo podría alcanzar hasta Q80 millones, tomando en cuenta el costo que ya es alto”, expuso Fuentes.

Según el experto, aunque la SAT esté facultada para delegar funciones, fijar comisiones por metas alcanzadas sería un error.  

Agregó: “Tienen razón los que plantean dudas sobre tomar la meta como un indicador de posible pago, porque lo que puede pasar con los ingresos no es algo que se pueda determinar de manera objetiva. Siempre puede ocurrir algo favorable o desfavorable, son temas impredecibles y podría de repente haber una gran reactivación de Estados Unidos que provoque un repunte directo en el país y se le atribuya a una asesoría el crecimiento de recaudación”.

Recaudación

A finales de mayo Finanzas anunció la aplicación de 47 acciones extraordinarias para mejorar la recaudación fiscal, debido a que en los primeros cuatro meses de este año la brecha de Q502.7 millones entre los ingresos y la meta de recaudación, fijada en Q51 mil 375 millones.

Las medidas incluyen auditorias, verificaciones, controles y mayor fiscalización.

La propuesta fue presentada por el jefe de la bancada oficialista, Juan José Porras, pero fue rechazada por la mayoría de jefes de bloques. Algunos incluso, durante la sesión, afirmaron que desconocían el paquete de 30 enmiendas incorporadas.

Debido al rechazo, la iniciativa de inversión y empleo se retiró de la agenda para esta semana. Ahora corresponde a la Junta Directiva definir el proceso de discusión con los bloques legislativos.

Sin apoyo

Durante la discusión de temas, los jefes de bloques dividieron su apoyo sobre conocer y aprobar por urgencia nacional la ley de inversión y empleo que reclama el sector privado, con el argumento de que se crearán más plazas.

Algunos diputados explicaron que no hay consenso generalizado para ofrecer respaldo a la propuesta del oficialismo.

Wálter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, aseguró que desconoce los plazos que se deben cumplir como Estado con la Organización Mundial de Comercio.

Leonel Soto Arango, del Partido Unionista, destacó la necesidad de lograr consensos con sectores afectos a la iniciativa y sugirió mesas técnicas para incluir en la discusión a todos los interesados, porque hasta ahora solo se han reunido por separado.

“Se necesita cuando en un proceso no hay criterios, está agonizando y hay que convocar a un proceso de diálogo. El dictamen es cuestionado y significa que no está bien sustentado, y corresponde convocar a un seminario de alto nivel”, agregó Soto Arango.

“Se planteó el tema porque había inquietud de que no se ha tocado la ley de inversión y empleo; sin embargo, solo la bancada oficial estaba dispuesta a conocerlo, y no se logró incluir”, explicó Arístides Crespo, presidente del Congreso.

agenda para hoy

Los jefes de bloques acordaron una sesión extraordinaria para hoy, a las 14 horas, a fin de conocer la convocatoria de la comisión postuladora para contralor general de Cuentas y juramentar a Enrique Lemus como integrante del Consejo del Ministerio Público.

Norma polémica

El proyecto de ley de inversión y empleo lleva 18 meses en discusión en el Congreso.

A la fecha ha recibido 30 enmiendas  en la redacción, por diferencias entre varios sectores.

La normativa contempla la exención fiscal  a empresas que se dediquen a la exportación.

El proyecto busca cumplir  con compromisos con la Organización Mundial del Comercio.

Entre los mayores riesgos que se han manifestado está una caída en la recaudación y un beneficio directo a empresas hasta por 55 años, sin la certeza de la cantidad de empleos que generarán en el país, según críticos de la iniciativa.

Del lado empresarial hay criterios divididos, mientras un grupo advierte de la pérdida de hasta 200 mil empleos de no aprobarse pronto la norma, otros la ven como una desventaja competitiva al no poder recibir los mismos beneficios fiscales que contempla la ley.

La norma, conocida desde enero del 2013 en el Congreso, es parte de los compromisos que el Estado de Guatemala adquirió ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), para eliminar incentivos ahora vigentes en la Ley de Fomento y Desarrollo de la actividad Exportadora y Maquila y promover nuevas inversiones con exenciones fiscales, dirigidas principalmente a generar empleos fuera de la capital.

Cambios necesarios

Las bancadas Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Partido Patriota (PP) y Todos conocieron y aprobaron en las últimas semanas 30 enmiendas a la ley, luego que la SAT advirtiera de que al aprobarse la normativa en su redacción original se ponía en peligro la recaudación fiscal al permitir una migración masiva de empresas al nuevo régimen exento de impuestos.

Según diputados los cambios se enfocaron en darle “herramientas” a la SAT para evitar pérdidas tributarias.

“Una SAT débil genera una pérdida fiscal difícil de estimar porque la ley amplía los beneficios y no se sabe cuántas empresas intentarán trasladarse legalmente a estas unidades o zonas de inversión y empleo, dejando de tributar como ya lo hacen, y si no hay control habrá una pérdida”, explicó el diputado Carlos Barreda.

Entre los peores escenarios que la Ley podría provocar, según temen algunos legisladores, es que al consolidar hasta por 55 años los beneficios fiscales a nuevas inversiones, empresas ya establecidas y tributando opten por hacer una nueva constitución y presentarse como inversiones acogidas en el nuevo régimen, provocando una defraudación fiscal.

La ley también beneficia a los socios de las empresas hasta ocho años, exentos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre las utilidades recibidas.

Otro escenario de riesgo y que se trató de corregir en las últimas enmiendas aprobadas es controlar, a través de declaraciones distintas ante la SAT, la venta de productos en el país que sí están sujetos a impuestos por empresas que opten por dejar parte de su producción en el mercado local.

Los temores a que se cree un agujero fiscal han llegado incluso al oficialismo, pues de acuerdo con algunos legisladores, el Ejecutivo preferiría aprobar la ley el próximo año para implementarse en el 2016 y no sufrir los efectos negativos en el último año de su gestión.

Los 30 cambios ya han sido aceptados además por la SAT y el Ministerio de Economía (Mineco); sin embargo, aún no se han logrado los consensos fuera del Congreso para que se pueda aprobar la ley.

Juan José Porras, jefe del bloque oficial, afirma que “ha faltado voluntad política de plasmarlo en una agenda y poderla aprobar”.

Legisladores de oposición estiman que sería hasta agosto que se vuelva a discutir la aprobación.

Divididos

La ley, según explicó el Ministerio de Economía en varias oportunidades, es urgente para ofrecer certeza jurídica a las actuales inversiones y evitar que las empresas busquen países vecinos como El Salvador, que ya logró cambios en su legislatura a beneficio de las exportaciones.

A esto se ha sumado la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) que resalta el peligro de perder hasta 80 mil empleos, solo en el área de vestuario y textiles, principal actividad de exportación en el país.

“Al no ser aprobada esta ley impactaría a dos millones de guatemaltecos, si pensamos que de los más de 500 mil empleos que se generan bajo los regímenes actuales forman núcleos familiares de alrededor de cinco miembros. Esto solo si se considera que el 91 por ciento de la inversión de la industria de vestuario y textiles es extranjera”, señaló en un comunicado el director de la Agexport, Antonio Malouf.

En el otro extremo, la Cámara de Comercio considera que la ley es necesaria y se debe aprobar para cumplir los compromisos con la OMC, pero la reforma debe ser integral para no afectar las actuales inversiones y de ahí que se han hecho observaciones a la actual redacción del proyecto.

“El afán de la Cámara es hacer una propuesta integral que logre que el país crezca en empleo y tributación, que en contexto integral mejoren las condiciones de productividad del país sin descuidar aspectos”, expuso Jorge Briz, presidente de la referida Cámara.

Sectores sindicales también manifiestan dudas sobre el objetivo de fondo de la norma, incluso señalan que podría estar dirigida a beneficiar al sector empresarial sin proteger los derechos laborales.

Para la Federación Sindical de Empleados Bancarios, de Servicio y del Estado, la iniciativa tiene una “dudosa eficacia” y las exigencias hacia la generación de nuevos empleos son “poco ambiciosas”.

Empresas  beneficiadas

Según la Ley, varias actividades están contempladas en los beneficios fiscales, siempre que se consideren nuevas inversiones y dedicadas a la exportación del producto.

Procesamiento de transformación y comercialización de mercancías agropecuarias.

Producción, ensamble o maquila, manufactura, procesamiento o comercialización de mercancías industriales.

Servicios que sean utilizados fuera del territorio aduanero nacional o  a personas no domiciliadas en el país.

Empresas que cumplan con  actividades estratégicas como producción cuya mano de obra esté  arriba del 20 por ciento de sus costos.

 La producción de bienes o prestación de servicios de alta tecnología.

Prestación de servicios eficientes en la utilización de recursos renovables.

Producción de bienes y servicios que incluya componentes de preservación del medioambiente.

Sindicatos

Sin garantías

Para la Federación Sindical de Empleados Bancarios, de Servicios y del Estado de Guatemala, la ley ofrece más problemas que soluciones.

“Es una forma de generalizar los privilegios fiscales a los empresarios” y a través de un documento, solicitaron al Congreso revisar la normativa antes de su aprobación.

“Las exigencias de empleo son poco ambiciosas, realistas y van en contra del anuncio del título de la ley, en concreto, podemos aseverar que están regalando el país y que el esfuerzo fiscal del Estado aunado con la reducción del salario mínimo y la competencia de los demás países de Centroamérica, no producirá los efectos positivos publicitados, pero sí los negativos”.

Cabildeos

Analizan apoyo

En el Congreso, de acuerdo con  diputados,  existe el apoyo suficiente a la ley y de ser propuesta por el oficialismo sería aprobada, incluso de urgencia nacional.

Carlos Fión, jefe del bloque Compromiso, Renovación y Orden, ofreció los  votos de su bancada a favor de la ley.

“Pensamos que es indispensable para la competitividad”, dijo.

Roberto Villate, de Libertad Democrática Renovada, aseguró que se está en el análisis y  no descarta apoyar el proyecto.

Agregó: “Estamos en análisis  para definir su aprobación, en el PP no sé lo que pasa, algún problema tendrán para que haya sido prioridad y luego pierda su magia”.

Al apoyo se han sumado la UNE y Todos.

Cámara

Debe ser integral

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio,  aseguró que ya se han hecho las observaciones respecto de  la normativa y destacó que de aprobarse como hasta ahora se ha planteado, podría provocar cierta desventaja de empresas ya constituidas  frente a nuevas inversiones con beneficios fiscales.

Agregó: “Venimos de una reforma fiscal irresponsable que nos coloca en un marco complicado. Con toda claridad queremos promover exportaciones sin afectar el mercado local, conservando las variables macroeconómicas”.

Según Briz, el proyecto de ley todavía es susceptible de cambios y no se debe agilizar en el Legislativo, para poder analizar el “panorama completo”.

Agexport

Piden ley

El sector exportador,  representado en  la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), ha demandado  la aprobación de la ley.

Según la Agexport, existe una  amenaza sobre unos  80 mil empleos actualmente.

“Priorizar la inversión  y generación de empleo en el interior de la República, atraer inversiones que generen empleo masivo como mano de obra  y buscar generar mayor valor agregado a la  producción son de los principales beneficios que traería a Guatemala”, señala.

Antonio Malouf, director de la Agexport,  aseguró  que “cerca de 60 compradores internacionales al no tener una certeza jurídica de su inversión pueden tomar la opción en cualquiera de nuestros países vecinos”.

Ruta

Larga discusión

La propuesta de ley de inversión y empleo llegó a la Comisión de Economía y Comercio Exterior el 13 de septiembre del 2013  y el dictamen favorable fue remitido a la Dirección Legislativa el 4 de febrero, aunque las últimas enmiendas se conocieron y aprobaron la segunda semana de mayo.

En el Congreso, el aprobar la ley fue prioridad durante marzo y abril;  sin embargo,  el apoyo se  limitó luego que la Superintendencia de Administración Tributaria afirmara que la ley  provocaría un agujero fiscal de hasta Q200 millones.considera lista.

Norma

Cambios a la ley

Entre las 30 enmiendas que ya superaron la discusión en la Comisión de Economía  resalta el incluir a la Superintendencia de Administración Tributaria en la toma de decisiones y análisis de las empresas que estarán incluidas en los beneficios que ofrece la ley de inversión.

Para algunos legisladores, el inicio de  la ley dejaba solo al Ministerio de Economía responsable del proceso de autorización y regulación de Zonas Francas, lo que representaba una ventaja para el sector económico y podía comprometer la recaudación fiscal.

Con los recientes cambios a través de enmiendas, el ente recaudador tendrá las herramientas necesarias para poder ejercer la fiscalización de las zonas.

Diputados de los bloques Todos y Compromiso, Renovación y Orden (Creo), después de la aprobación, razonaron su voto y manifestaron su rechazo a la normativa por “confundir” en una ley un tema financiero.

Según el jefe del bloque oficialista, Juan José Porras, la ampliación es solo un trámite para erogar los fondos del préstamo recién aprobado con el Banco Centroamericano de Integración Económica por US$280 millones, para ampliar la ruta de Escuintla a la frontera con El Salvador.

No era correcto

Para Emmanuel Seidner, subjefe de Creo, el préstamo debió ser conocido y revisado en la Comisión de Finanzas, para evitar que ahora sea corregido de forma irregular.

Según Seidner, la ampliación del presupuesto no debió incluirse en la Ley de Vegetales.

Ovidio Monzón, de Todos, criticó el proceso de aprobación, al señalar que aunque es legal, hay incongruencia entre el objetivo de la norma y su contenido.

“Vimos que no cabía técnicamente. Es legal, pero era imprudente hacerlo dentro de un artículo. Era una irresponsabilidad del Ejecutivo enviar una propuesta de ley incompleta y aprobarla a la carrera”, aseguró Monzón.

Según el oficialista Gudy Rivera, presidente de la sala de Finanzas, pudo haber “un error en el proyecto por no traer la ampliación incluida”, pero sostuvo que la corrección se hizo de manera legal.

“En este caso hay normas parlamentarias, y se puede aprobar de urgencia nacional o dentro de una iniciativa, como se hizo”, señaló.

Protección  vegetal

La norma tiene como fin  permitir el registro de propiedad de  semillas mejoradas  y  especies endémicas.

Amílcar Pop, de Winaq, criticó que un artículo de la ley permita por un año el registro sin restricción, lo que podría favorecer a empresas específicas sin que tengan pertenencia de las semillas.

Entre los rubros que registraron un incremento en comparación con el mismo período del 2013 fue en “impresión, encuadernación y reproducción”, donde casi se ha triplicado el gasto hasta llegar a Q274.5 mil.

El gasto en combustibles también subió más del doble, hasta alcanzar Q354 mil.

Carlos López, del bloque Todos, señaló que el gasto no es alto en comparación con la cantidad de personas que ahí trabajan y las necesidades.

Diego Romero, director ejecutivo de Congreso Transparente, indicó que aunque parezcan gastos superfluos, algunos son necesarios, pero se debería contrastar con el desempeño de los parlamentarios en sus tareas.

Nueva agenda

Ayer, en sesión de jefes de bloques, se acordó la convocatoria para integrar la comisión de postulación para la Contraloría General de Cuentas, el Instituto y de Defensa Pública Penal y elegir al Consejo del Ministerio Público. Estos temas serían conocidos luego de agotar la actual, donde está pendiente la aprobación de la ley de obtención de vegetales y la de fomento a la lectura.

Gastos elevados

Algunos de los gastos  particulares en que más incurre el Congreso durante el primer cuatrimestre del año.

Dos mil invitaciones para la sesión solemne del 14 de enero, por Q25 mil 675.

Por 600 programas de sesión solemne del 14 de enero se pagó Q3 mil 150.

Alimentación para invitados a sesión solemne del 14 de enero costó Q16 mil 830.

Para la  impresión de 125 agendas para Jardín Infantil del Congreso se pagaron Q16 mil 750.

Por 500 marcos portarretratos con marco dorado se cancelaron Q2 mil 400.

Aunque la Dirección Legislativa recibió la iniciativa 4846, para aprobar el contrato administrativo 02-2014-DSM, con una ampliación a beneficio de Correo de Guatemala y de International Postal Services (IPS) por cinco años, el pleno no la ha conocido para su trámite.

Según el contrato 150-2003, ya expirado, hay 90 días para oficializar la prórroga; de lo contrario, se tendría que prescindir del servicio, que ha dejado en la última década más de Q62.2 millones en ganancias por la concesión.

Retraso malicioso

Para bancadas opositoras, el poco apoyo del oficialismo para conocer el contrato del servicio postal, a cargo de El Correo, obedece al interés de intervenir la institución y ofrecer la concesión a otra empresa.

“El Correo podría ser intervenido y estaríamos regresando a situaciones del pasado. Implicaría que el Estado asumiría el costo de operación, y no está en capacidad de asumir esa responsabilidad”, advirtió Selvin García, diputado de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Roberto Villate, jefe del bloque Libertad Democrática Renovada (Líder), dijo conocer la iniciativa enviada por el Ejecutivo, pero debe ser prioridad del PP cabildear el apoyo para su aprobación.

Villate agregó: “Creíamos que el Gobierno estaba propiciando el cambio de una empresa, y dos o tres días antes del vencimiento se manda la iniciativa al Congreso y a la bancada oficial no le ha interesado que se incluya en la agenda y se le brinde certeza jurídica a la empresa”.

Aprobación

Para Jaime Osorio, jefe de la Dirección General de Correos y Telégrafos, la aprobación en el contrato es un “trámite”, para cumplir con la Ley de Contrataciones, y no un requisito para validar la concesión que ya se firmó.

“El vínculo ya nació, lo único que se espera es darle el visto bueno en el Congreso. En nuestra parte ya no hay ninguna preocupación porque ya nació a la vida jurídica”, indicó.

Para Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, el contrato sólo será válido cuando el Congreso lo apruebe.

“El único capacitado para autorizar la concesión es el Congreso. Lo que se pretende es intervenir Correos, porque si ya se venció el plazo, hay un vacío jurídico, y si no se entra a discutir, lo que queda es que se intervenga”, añadió la legisladora.

El subjefe del PP, José Fernández, explicó que se tiene interés para aprobar la concesión porque se reconoce la importancia del servicio postal.

“Esperamos que haya buena voluntad de los diputados. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para que este tema importante se pueda colocar en una agenda próxima”, aseguró.

Garantizan servicio

Mauricio Grajeda, gerente de El Correo, aseguró que pese al vencimiento del contrato, el servicio está garantizado y se trabaja con normalidad.

Según Grajeda, el interés de la empresa por prorrogar el servicio se expresó en mayo del 2013 y esperan la aprobación del Congreso.

Agregó: “Como concesionaria, y el Ejecutivo como concedente, hemos agotado todos los pases de ley que conlleva el proceso. La parte final del proceso parlamentario tendrá que seguir su ruta. Son tiempos que no manejamos ni conocemos”.

Control privado  
El servicio postal del país ha estado en la última década en manos de una empresa privada.

09/1998 | Concesión
Se otorga la primera concesión por cinco años  a   International Postal Services (IPS).

1998-1999 | Modificación
El contrato se modifica a favor de IPS y el Estado paga en sobrecostos Q60 millones.

2002 | Cancelación
El gobierno de Alfonso Portillo decide, sin razón aparente, rescindir el contrato con IPS, y  se pagan  Q20.9 millones por la facturación del servicio. El Estado recibe Q16.4 millones.

06/2003 | Licitación
IPS oferta  administrar el correo por 10 años.  Sofre Post de Francia, JR Express —casa matriz de King Express—, GuateXpress, y The Stafford Group se abstienen  de participar esa vez.

02/2004 | Prórroga
El Ministerio de Comunicaciones negocia una extensión de 30 días al contrato con IPS.

04/2014 | Aprobación
El Congreso finalmente ratifica la concesión por un período de 10 años con IPS. A partir de ahí se elimina el pago del Estado de algún sobreprecio a la empresa que prestará el servicio.

05/2014 | Piden prórroga
La empresa solicita al Estado la prórroga de concesión del servicio de correos por 10 años más. Esta se conoce y finalmente se autoriza una extensión por cinco años y se envía a Segeplán.

06/2014 | Sin interés
Congreso recibe la iniciativa, pero sin dictamen, para ratificar la concesión del servicio.

CIUDAD DE GUATEMALA – La elección se efectuó ayer, en el Salón del Pueblo del Congreso, con la presencia de los rectores de las universidades del país, excepto el de la Galileo.

Proceso subjetivo

Serrano reconoció la debilidad de la  Ley de Comisiones de Postulación, que no fortalece la objetividad de la elección,  al dejar la Corte de Constitucionalidad sin efecto la tabla de gradación.

“No dificulta el trabajo, solo que puede volverse más subjetiva —la calificación— y eso podría ser un peligro porque hay menos márgenes en la forma de evaluación, pero tenemos que trabajar con los instrumentos que tenemos y hacerlos lo más apegados a la ley”, agregó.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia, destacó que  sin la tabla de gradación se favorece la subjetividad, discrecionalidad y hasta la arbitrariedad en la forma como se elegirá a los candidatos.

Gálvez, en representación del rector electo, Carlos Alvarado, dijo que aunque no sería vinculante la tabla de gradación,   se debería aplicar como una garantía de probidad en el proceso.

Ayer, durante la sesión solemne en el Congreso para conmemorar el 29 aniversario de promulgada la Constitución, se planteó como necesidad fortalecer el sector judicial con cambios a la Carta Magna, la ampliación del mandato presidencial, la elección a medio período de diputados y alcaldes, y que los gobernadores sean electos.

Diputados del Partido Patriota dijeron que discuten un proyecto y en unas semanas lo darán a conocer.

A la sesión solo llegaron 79 de los 158 diputados. Destacó la ausencia de los 43 de Libertad Democrática Renovada.

Los invitados de honor fueron la fiscal general, Thelma Aldana; el procurador de la Nación, Vladimir Aguilar; magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y diplomáticos.

En marcha

Aunque el presidente de la CC Roberto Molina Barreto, y José Sierra, de la CSJ resaltaron en sus discursos la necesidad de modificar la Carta Magna, aclararon que se deben limitar al sector justicia. En el Congreso se confirmó que se discuten cambios, pero para la ampliación del período presidencial y algunos procesos de elección.

Consultado después, Molina expuso desconocer detalles y evitó opinar. “Lo reservo, puede ser un tema controversial, incluso sujeto a un conocimiento de la Corte de Constitucionalidad”, dijo.

Sierra se negó a comentar sobre el mandato presidencial, porque solo le concierne que los magistrados de la CSJ, estén 10 años en el cargo.

El diputado del PP Valentín Gramajo indicó que se discute una propuesta, dentro y fuera del partido oficial.

“En la discusión se incluye el mandato presidencial, pero para hacer una propuesta no sé si se incluya. El tema se puso a discusión para ir adelantando y no tengamos que esperar otros cinco o seis años”, añadió.

Manuel Barquín, también del PP, defendió la propuesta de seis años para hacer gobierno y la discusión que ya comenzó.

“Seis años no son malos. Los alcaldes tienen reelección y sería ampliar sus períodos. Respecto de los diputados, también, y se estarían discutiendo tres artículos, y aprobarlos con 105 votos, el proceso es enviarlo al TSE, y se convoque a Consulta Popular, y si el pueblo lo ratifica se amplía el período”, explicó Barquín.

Diputados y alcaldes

El presidente Otto Pérez Molina, quien no asistió a la ceremonia en el Legislativo, volvió a resaltar la necesidad de las reformas.

Después de haber juramentado a cinco gobernadores en la Casa Presidencial, y durante una visita a Salamá, Baja Verapaz, para inaugurar una academia de la Policía, el mandatario aseguró que conoce de “algo cercano a un acuerdo” entre bancadas para dejar el número de diputados en 160. Consideró esa medida como conveniente, porque con otro censo implicaría tener más de 200 diputados, así como aumentar de cuatro a seis años el período de las legislaturas y alcaldías.

“Creo que debería también haber un relevo a mitad del período, una elección a los tres años porque eso les sirve para medir si el presidente lo está haciendo bien o no”, añadió.

El 50 por ciento de los diputados sería relevado a los tres años.

“No inventamos algo nuevo, sino que son experiencias que mejor resultado ha dado en democracias estables”, afirmó.

El presidente del Congreso, Arístides Crespo, se limitó a explicar que no existe ninguna iniciativa. “No podemos hablar de reformas si no hay iniciativas de ley y nuestra norma es hablar cuando se tienen elementos y las propuestas, de tal forma que si existen algunas inconformidades se tendrá que plantear dentro del marco que la Constitución regula”, señaló Crespo.

Según Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, existe un borrador de proyecto.

“De ser una cortina de humo, pasa a ser algo que puede orquestarse. Escuché a presidentes de la CSJ y CC hablar de la necesidad de una reforma, y llama la atención esto”, expuso.

Felipe Alejos, del bloque Todos, aunque reconoció que se deben conocer los cambios, deben ser integrales y por la vía de una Asamblea Constituyente en el 2015 y no con un proceso electoral tan cerca, por lo que no darían apoyo al oficialismo.

Eugenia Mijangos, magistrada del TSE, no descartó la idea de eliminar las elecciones generales y realizar otras a medio período. “Es un tema muy interesante y que en otros países ha funcionado, para eso hay que hacer reformas a la ley”, añadió.

POSTURA DE CUATRO SECTORES

Promover cambios constitucionales se han conocido en los últimos años, unos del sector justicia, y otros, para prolongar tiempo en el poder.

PRESIDENTE PROMUEVE AMPLIAR PERÍODOS

Desde el primer año, el presidente Otto Pérez Molina ha hablado de reformar la Constitución.

Comenzó a promover cambios en mayo del 2012, aunque no figuraba la reelección presidencial.

El 15 de abril último, Pérez Molina, en forma repentina, abogó por la reelección de las máximas autoridades.

Argumentó que  el país tiene “el peor sistema” y que cuatro años son pocos para gobernar.

Abogó por debatir esa posibilidad  o que se pueda ampliar el mandato de cuatro a seis años.

Corte Suprema de justicia
Cambios que se han conocido.

La  modificación del sistema de elección de magistrados de la Corte Suprema y cortes de Apelaciones.   

Que la Ley de la Carrera Judicial se eleve a rango constitucional y  se cree el Consejo de la Carrera Judicial  como ente rector.
 
Establecer  la garantía de “equidad de género” en la elección de magistrados de la CSJ y en las salas.

Aumentar la asignación al presupuesto a la CSJ, que es del 2% de los ingresos estatales. 

Legislativo se enfoca en asuntos políticos

La propuesta es afinada por diputados oficialistas para conocerse en las próximas semanas.

La ampliación del mandato presidencial de cuatro a seis años.  

La prórroga del período también se aplicaría para los 158 diputados  y 334  alcaldes que fueron electos.

Se discute fijar un número  de 160 diputados de manera que no incrementen los legisladores en cada censo poblacional como hasta ahora.

Una elección intermedia del 50% de los legisladores a mitad del período presidencial.

Corte de Constitucionalidad

En mayo del 2011 se conoció una propuesta  para el sector justicia.  

Se incluye el derecho de antejuicio para magistrados y jueces durante y después del ejercicio de su cargo.

Ampliar el período de funciones del fiscal general  a cinco años y que el Congreso lo nombre.  

En la CC se elimina la figura de magistrado suplente.

Ampliar a ocho años el período de  los jueces y magistrados en el OJ.

Promueve que el período presidencial de la CSJ sea de cuatro años, con facultad de reelección.

Esos problemas salieron a luz durante una mesa técnica efectuada ayer, en la cual participaron funcionarios del Ministerio de Economía, de la Diaco y diputados de Todos, quienes abordaron la necesidad de normar el manejo y emisión de tarjetas.

Logran devolución

La jefa de la Diaco, Silvia Escobar, refirió que son recurrentes las denuncias por cobros abusivos y el requerimiento de mora grave en las líneas de crédito para que las empresas emisoras de tarjetas acepten un convenio de pago.

“Diaco hace alguna mediación, ya que es lo que estipula la Ley de Atención al Consumidor, ante la Superintendencia de Bancos y el sistema bancario para que puedan devolver los montos cobrados y que estos sean correctos”, expuso Escobar.

La funcionaria explicó que, de las denuncias recibidas en el último año, la mayoría se han resuelto en beneficio de los usuarios, quienes han logrado resarcimiento por los abusos en su contra.

No hay registros

El Ministerio de Economía informó que en el país solo ocho empresas están registradas como cobradoras, pero existen bufetes jurídicos, cuyo número no se conoce, que hacen ese trabajo sin ninguna regulación, lo que hace imposible controlar la forma en que realizan los cobros.

El diputado Ronald Arango señaló que se necesita aumentar el control y fijar tasas de interés.

“Es importante que el Congreso conozca de urgencia nacional este problema, porque la situación que vive el tarjetahabiente es desoladora”, afirmó.

No avanzan

En el Congreso existen desde hace varios años cinco iniciativas para normar la emisión y uso de tarjetas de crédito en el país. Sin embargo, ninguna de estas ha recibido dictamen favorable para continuar con su aprobación en el pleno.

Solo uno de los proyectos de ley incluye un límite a las tasas de interés, mientras que el resto intentan regular los requisitos para la emisión de las tarjetas de crédito, así como las obligaciones de las empresas emisoras y los usuarios.

La última propuesta, impulsada por el diputado Ronald Arango, está enproceso de discusión en una mesa técnica. Para la siguiente semana se escuchará al sector bancario.

Los comentarios a través de las redes sociales manifiestan el temor a más deuda para el país, sin priorizar inversión en temas como seguridad, salud y educación.

Prometen controles

Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad y diputado por Winaq, indicó que aunque apoyó el préstamo, ya comenzó la tarea de fiscalización al pedir los anexos y protocolos para el análisis de la obra.

“Es un préstamo que ya tiene destino y no genera arbitrariedad en la ejecución. Si bien es un error técnico la aprobación en ciertos términos, no había otra ruta ni otra opción”, explicó Pop.

El diputado de Encuentro por Guatemala (EG) Leonel Lira defendió su voto al afirmar que “lamentablemente se necesita endeudamiento para construir infraestructura”.

Según el parlamentario, haber votado a favor del endeudamiento no significa que se dejarán de auditar los fondos.

Expuso: “Vamos a estar fiscalizando el proceso, a estar pendientes viendo la ejecución, pidiendo informes, y se pedirá el acompañamiento permanente de la Contraloría General de Cuentas para que se verifique que se utilizan los materiales y especificaciones establecidas”.

Selvin García, legislador de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), manifestó que se hará un acompañamiento al gasto y que apoyar la deuda no significa que no se le dará seguimiento, como hasta ahora se ha hecho con los recursos públicos.

“Es indiscutible que es necesario que los términos en los que se aprobó se puedan cumplir, llevar a cabo la obra en los términos presentados, y se dará la fiscalización necesaria”, resaltó García.

Carlos Mejía, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, indicó que no podía opinar, porque solo lo hace el jefe del bloque, Wálter Félix, quien no respondió a las llamadas.

Necesario

Los legisladores afirmaron que la deuda era necesaria y que el hecho de que la negociación haya sido con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ofrece términos de confiabilidad que se tomaron en cuenta para apoyar.

Según Pop, aprobar el préstamo era un trámite por cumplir porque la negociación había sido pactada desde el gobierno de Óscar Berger.

Nineth Montenegro, de EG, aseguró que una garantía del crédito es que en el contrato figuran candados que evitarán el uso de los recursos con otros fines que no sean los pactados, y aunque se ha cuestionado a Sigma, que hará la obra, da seguridad que el BCIE lo apruebe.

14 bloques parlamentarios  apoyaron el préstamo.

CRÍTICA GENERAL  
A través de las redes sociales de Prensa Libre los  lectores cuestionaron  la nueva deuda que fue aprobada por el Congreso el  martes último.

Diputados se están asegurando “un buen futuro” con estos préstamos, mientras nosotros, el pueblo,  debemos seguir saliendo con pánico a las calles estando a  merced de los delincuentes.
Gersón Ramírez  Facebook

Que sea analizado en consenso de la población y no de esos diputados que buscan intereses personales.
Tach López Chén Facebook

Ante un pueblo con hambre, con escuelas en pésimo estado, hospitales decadentes, carentes de empleo, falta de seguridad: esto es inaudito.
Ana Escobar  Facebook

Nos seguimos endeudando y nuestros hijos sufrirán las consecuencias.
Belding @BeldingDelgado

Llama la atención que una carretera sea de urgencia nacional y tanto la educación como la desnutrición no lo sean.
Nando  @Ferpereba_HdS

Estamos cansados de deudas, pero por lo menos la tasa de interés en este préstamo es mucho más baja que las demás.
Gabriela Recinos  @ReGaby3

Ayer, en la primera sesión extraordinaria y sin que estuviera en la agenda del día, una moción abrió la puerta para que todas las bancadas apoyaran “la necesidad” de aprobar de urgencia nacional el nuevo endeudamiento.

Como no sucedía desde el 14 de enero, cuando asistieron 157 legisladores a asumir su curul —porque uno fue asesinado un día antes—, ayer 152 de los 158 diputados acudieron a la plenaria, algo inédito en las 29 plenarias celebradas durante el primer período parlamentario.

La moción para conocer el préstamo e interrumpir la agenda del día fue firmada por las bancadas del Partido Patriota (PP), Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Gran Alianza Nacional (Gana), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Todos, y fue apoyada por 151 de los 152 diputados presentes.

El único que no apoyó fue Manuel Villacorta, del partido Visión con Valores (Viva), que luego de ver aprobada la moción se retiró del pleno.

El proyecto de ley finalmente se aprobó con el voto de 147 diputados. Luis Álvarez, de Encuentro por Guatemala (EG), y Édgar Ajcip, independiente, votaron contra el préstamo.

Apoyo total

Hasta el lunes último, ningún legislador aceptaba tener pleno conocimiento de la intención del PP de someter algún préstamo a votación, pero ayer se afirmó haber discutido en cada bancada el nuevo endeudamiento desde hace varias semanas.

Sin embargo, trascendió que el consenso se alcanzó ayer por la mañana, pese a lo cual, la sesión se atrasó unos 90 minutos.

El préstamo está destinado a la “Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Oriente”, tramo que consta de 100.6 kilómetros desde Escuintla a Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa.

El contrato estipula que los US$280 millones serán para que los ejecute en forma exclusiva la empresa Sigma Constructores, S.A., que ha tenido a su cargo la construcción de esa ruta en distintas fases desde 1991.

La ampliación por tres veces del mismo contrato por excepción con Sigma y sin licitación internacional que aporte transparencia al proceso es parte de las suspicacias que hasta ayer eran manifestadas por algunos legisladores, aunque al final avalaron el endeudamiento.

“No me parece la forma de aprobarlo de urgencia, como se hizo, pero tenemos 15 días de estar al tanto de esta iniciativa y es un tramo carretero importante que lleva más de 10 años de estarse construyendo”, indicó Nineth Montenegro, jefe del bloque EG.

Álvaro González, legislador de Creo, explicó que el problema con Sigma radica en que no se ha podido modificar la Ley de Contrataciones del Estado.

“Se necesita modificar la Ley de Contrataciones y así evitar que se permita ampliar indefinidamente los contratos, como es el caso de la empresa Sigma”, expuso González.

PP defiende proceso

El presidente de la Comisión de Finanzas y diputado oficialista, Gudy Rivera, restó importancia a la falta de discusión de la iniciativa. Al contrario, aseguró que de haber llegado a la sala a su cargo se hubiera buscado firmar el dictaminado favorable de inmediato.

José Fernández Chenal, subjefe del bloque del PP, sostuvo que el consenso casi total demuestra la madurez de las bancadas para aprobar asuntos importantes.

Refirió: “Estamos demostrando madurez política, tanto el partido oficial como la oposición, que cuando nos ponemos de acuerdo podemos lograr cosas buenas para el país”.

Jorge Mario Barrios, de la bancada Libertad Democrática Renovada, dijo que es una “carta de buena voluntad” para el Gobierno y por eso dieron los 45 votos para el préstamo.

“Se hizo un análisis, y cuando ya se tenía claro se decidió que no se puede hundir más al país y de alguna u otra manera hay que dar un paso para ayudar, pero vamos a fiscalizar hacia dónde van esos recursos”, expresó.

Felipe Alejos, del bloque Todos, también defendió el destino del préstamo, por la importancia de la ruta para el desarrollo económico del país, y por eso dieron el voto de los 12 diputados de ese grupo.

“Era una carretera que se venía rezagando desde hace mucho tiempo, donde pasaban hasta siete mil vehículos, y era necesaria la ampliación de la obra. Era urgente para el país y urgente para el comercio”, aseguró Alejos.

Ajcip explicó que el voto contra el préstamo obedece a la ausencia de debate previo y la discusión adecuada sobre el destino de la deuda.

Ampliación de contratos  

La empresa Sigma Constructores, S.A., según registro del portal gubernamental Guatecompras, fue constituida en el país en 1980, y en 1988 fue beneficiada con los contratos 126-88 y 127-88 para la construcción de un tramo carretero de 40 kilómetros en Ipala, Chiquimula, y Moyuta, Jutiapa.

En 1991, Sigma, a través de una licitación internacional, obtuvo el contrato 136-91, para construir el tramo Barberena-acceso Santa Cruz Barillas-Casillas, Santa Rosa, por 36 kilómetros, bajo la Ley de Compras de 1980, que permitía ampliación ilimitada de contratos públicos.

En 1996, el entonces ministro de Comunicaciones, Fritz García-Gallont, amplió los proyectos de Sigma bajo la Ley de Compras antigua y no con las modificaciones hechas en 1992.

García-Gallont extendió el contrato 126-88, que incluyó la carretera del litoral pacífico, así como la ruta de Barberena al empalme con la carretera de Moyuta, Jutiapa.

El 127-88 también se amplió hasta el acceso a San Cristóbal Frontera, y el contrato 136-91 alcanzó Jalapa, Mataquescuintla y San José Pinula.

Bajo el Estado de Calamidad de la red vial del país, el gobierno de Álvaro Arzú adjudicó a Sigma la construcción de la ruta entre la cabecera departamental de Jalapa y Sanarate, El Progreso.

De 1998 al 2011, Sigma recibió alrededor de 20 contratos y ampliaciones para continuar con la reparación y construcción de carreteras en el oriente del país, entre ellas la reparación de rutas dañadas por el paso de la tormenta Ágatha.

Información del Ministerio de Comunicaciones también registra una deuda flotante de Q230.4 millones con Sigma y, según lo publicado en Guatecompras, la empresa ha recibido más de Q2 mil millones en contratos con el Estado.

El “rumor”, como varios legisladores prefieren llamar a la intención de una prórroga, desató críticas entre los parlamentarios, en su mayoría, al considerar que “no es el momento” de llevar la discusión a la agenda en el Congreso.

Solo el bloque del Partido Patriota (PP), aunque niega que la propuesta pueda alcanzar al Ejecutivo, está dispuesto a discutir la ampliación del período de diputados y alcaldes como un asunto “de interés para el país”.

Distractor

El diputado de Visión con Valores, Manuel Villacorta, descartó la posibilidad de ampliar el mandato, al menos para el actual período porque la Ley no tiene carácter retroactivo.

“El Congreso tiene facultad para decidir y resolver sobre ese punto, pero necesariamente debe ir a consulta popular y de ser aprobada, cobrará vigencia para el siguiente período porque un funcionario electo por cuatro años no puede estar por seis”, explicó Villacorta.

Roberto Villate, jefe de la bancada de Libertad Democrática Renovada (Líder), descartó cualquier debate para la ampliación constitucional.

“Nuevamente vemos que el Gobierno es un maestro en las bombas de humo, los distractores para no ver los temas en donde han fracasado: en educación, salud y seguridad que es frustre de ellos”, dijo Villate.

“En lugar de pedir dos años más, deberían presentar una para quitarle un año”, añadió

Para el jefe del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco, se trata de desviar la atención mediática hacia un tema sin sustento legal y perder interés en otros que afectan la actual administración pública.

Agregó: “Deberían ponerse a pensar que solo les falta año y medio. Se deben poner a trabajar y dejar de estar tirando globitos para distraer la atención de la opinión pública, porque la población está demandando solución para los temas económicos que están golpeando la canasta básica, conflictividad en energía eléctrica y seguridad. Se quieren respuestas concretas y no cortinas de humo”.

Amílcar Pop, diputado de Winaq, califica la propuesta como un distractor, porque no tiene ningún fundamento jurídico en el cual basarse.

“Existe un desgaste político en el gobierno. Vemos cómo la población en todos los niveles, especialmente por la conflictividad social en todo el país, genera un descenso en la legitimidad del Gobierno y el mismo desgaste propio del Congreso que no aporta una discusión de estas”, aseguró Pop.

El jefe de la bancada Todos, Carlos López, reconoció que la Constitución debe ser reformada pero en otros temas, como fortalecer el Estado, y no para la prórroga presidencial que “en este momento está fuera de lugar”.

Oficialismo insiste

Para Juan José Porras, jefe del bloque oficial, prolongar el mandato presidencial “no es legal y no se podría en este momento”, por lo que ven la posibilidad de ampliar el período legislativo y edil como la alternativa que merece ser discutida.

Agregó: “Si hay una propuesta formal que venga al Legislativo de alguna bancada o diputado en particular, debería haber un análisis, que no solo depende que los diputados y alcaldes lo quieran, sino que la población tiene que decidir y, por lo tanto, es importante esa validación”.

La Gran Alianza Nacional (Gana) no rechaza la propuesta que se tendría que analizar y a través de la discusión encontrar la mejor vía para conocer la viabilidad del cambio, declaró el subjefe, Carlos Martínez.

Carlos Fión, jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), sostuvo que no se renunciaría a la discusión del tema, siempre que sea en el momento y lugar adecuados.

“No renunciamos a la discusión, siempre y cuando se dé en su momento y oportunidad, y no es ahora, solo vendría a enturbiar el panorama electoral”, explicó Fión.

La supuesta ruta del partido oficial

La propuesta, aunque se posicionó  en la coyuntura sin  que nadie la firmara como propia, se habría estado gestando  en el seno del Partido Patriota (PP) como una iniciativa que llegaría al Congreso durante el actual período de sesiones extraordinarias, para ser aprobada de urgencia nacional, sin debate ni discusiones previas.

Fuentes cercanas al oficialismo confirmaron que la ampliación del mandato había nacido como una sugerencia y la idea se propagó entre diputados de distintas bancadas hasta que se demostró que había un interés casi general de aumentar de cuatro a seis años el período presidencial, de legisladores y corporaciones ediles.

La labor de redactar una iniciativa, con cuidado de no caer en inconstitucionalidades, habría sido encomendada a un diputado del PP con experiencia  en legislación y temas constitucionales.

El planteamiento más ágil es modificar el artículo 184 de la Constitución y aumentar de cuatro a seis años el mandato.

El artículo, al no estar incluido en la lista de pétreos, puede modificarse sin necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, y según la interpretación, tampoco afecta el artículo 187, que prohíbe la reelección y prolongarse en el puesto, lo que sí es inmodificable por la vía de la consulta popular.
 
Algunos diputados que pidieron el anonimato  aseguraron que se han sostenido pláticas con legisladores independientes dispuestos a presentar la iniciativa  y pedir la ampliación del mandato, con la  justificación de que  se necesita hacer gobierno más tiempo para implementar políticas públicas de largo plazo.

La ruta, según la estrategia planteada  y que habría circulado en el PP, llevaría a aprobar la iniciativa antes del 1 de agosto, a fin de que  el Tribunal Supremo Electoral contara con   tres meses para preparar una consulta popular  y se efectuara en  noviembre, para  ratificar los cambios constitucionales,  que cobrarían vigencia en el 2015.

Cambio
184 es el artículo que se busca modificar  sin afectar los pétreos.

Reforma constitucional de 1993   

Hace 21 años, la Constitución fue alterada por primera vez  tras la crisis institucional causada por  el golpe de Estado de Jorge Serrano Elías.

Entre los cambios se redujo de cinco a cuatro años el mandato presidencial. Ahora este sería el procedimiento:  
 
La propuesta de reformas, ninguna con artículos pétreos, se conoce a través de una iniciativa de ley.

La propuesta se lee en el pleno, para conocimiento de los diputados.  

La Junta Directiva abre el debate  y somete la iniciativa a discusión y votación por artículos.  

En el proceso de aprobación se pueden conocer enmiendas totales o parciales a la propuesta original.

Se requiere para la aprobación de la iniciativa el voto favorable de al menos las dos terceras partes del pleno: 105 de 158 diputados.

Al aprobar la iniciativa se convoca al TSE para efectuar la Consulta Popular.

El proyecto de reformas debe ser publicado tres veces en el Diario de Centro América para conocimiento de la población.

De ser favorable la Consulta Popular el Congreso convoca a una sesión específica para ratificar el paquete de reformas.

Gobierno condiciona  préstamo   

El Congreso podría  aprobar hoy de urgencia nacional el préstamo por US$280 millones —Q2 mil 156 millones— con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que,  según las cláusulas del contrato,  es para pago de la empresa Sigma.

El préstamo  sería el primero   directamente para un proveedor, con  una cláusula  que dice: “El BCIE  no asume ninguna responsabilidad en lo que concierne a la contratación directa solicitada por el Gobierno, ni con respecto de los contratos existentes”.

Los recursos son para la amortización de la deuda flotante del Estado con Sigma, el financiamiento de un tramo carretero entre Escuintla y Jutiapa,  y ampliar un contrato vigente desde 1988 con esa empresa, la segunda que más deuda sin respaldo tiene en el Ministerio de Comunicaciones.

Sigma ha sido cuestionada por no tener contratos adjudicados a través de concurso público, aunque ha ejecutado más de Q2 mil millones del  1988 al  2011.

Según un informe presentado por el presidente de la comisión, Amílcar Pop, el evento “fue dirigido” para beneficiar a la empresa brasileña Intertechne Consultores, S.A., que cuando firmó el contrato y recibió el primer pago por Q9 millones no tenía representación legal en el país.

La opinión de la sala de Probidad se suma a la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), el 10 de abril pasado, contra los integrantes del consejo directivo del Inde que autorizaron la adquisición, al señalar irregularidades en ese proceso y firma del contrato.

Señalan vicios

La licitación del estudio de factibilidad para el proyecto Xalalá se declaró desierto el 5 de marzo del 2013, al no existir ninguna empresa interesada en presentar ofertas. De acuerdo con la CGC, el poco interés pudo haber obedecido a que cada empresa interesada debía pagar US$10 mil por el derecho a participar.

“Esa condición se puso para que nadie participara y se cumpliera con la ley, y a la vez se planteara la necesidad de hacerlo a través de una adjudicación sin concurso”, explicó Pop.

Según el informe de la sala de Probidad, se violó la Ley Orgánica del Inde al haber firmado un contrato con el mandatario de la empresa Intertechne, que es una persona jurídica, ya que de acuerdo con esa normativa solo se debe reconocer a personas individuales.

“El Inde, después de firmar el contrato millonario, todavía le fijó un plazo de 60 días a la empresa para que se estableciera en el país”, señaló el parlamentario.

Pop dijo que denunció al consejo directivo del Inde por incumplimiento de deberes, fraude y abuso de autoridad, y a la empresa Intertechne Consultores, S.A., por enriquecimiento ilícito de particulares.

Mario Minera, de la oficina de Resolución de Conflictos de la Procuraduría de Derechos Humanos, presente en la reunión, confirmó que han recibido quejas de pobladores, y se analiza una denuncia por lesividad del contrato del proyecto hidroeléctrico Xalalá.

Minera agregó: “Individualmente están violando —con el proyecto Xalalá— tres derechos fundamentales: el de la vida, vivir en un ambiente sano y el derecho a la salud”.

Denuncias no avanzan

Las denuncias presentadas por la CGC contra los integrantes del consejo directivo, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Érick Archila, están detenidas en la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP).

Según la oficina de prensa del MP, “la denuncia presentada contra el señor Érick Estuardo Árchila Dehesa fue enviada el 22 de abril por la Fiscalía de Delitos Administrativos, a Servicios Auxiliares de Administración de Justicia Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que el funcionario goza de derecho de antejuicio, por lo que será la CSJ la que determine si la denuncia que se interpuso procede”.

Según la información oficial, “todas las personas que fueron denunciadas por el mismo hecho y el mismo delito y que no tienen derecho de antejuicio no pueden ser investigadas por la Fiscalía de Delitos Administrativos hasta que la CSJ resuelva el antejuicio” contra Archila.

Pop manifestó: Lo dispuesto por el MP “puede ser un mecanismo de impunidad, que es arriesgado en la legislación vigente. No es posible que se beneficie del derecho de antejuicio e inmunidad a ningún funcionario que no lo tenga, en este caso se está forzando de manera fraudulenta la ley”.

Persiste rechazo

Representantes de las comunidades de incidencia directa del proyecto Xalalá, que se pretende construir entre Alta Verapaz y Quiché, escucharon el informe de la comisión, y sostienen que además del problema legal está el rechazo social.

Federico Poob, de la comunidad Margaritas, la más cercana al área donde se proyecta construir la hidroeléctrica, comentó que el rechazo se fundamenta en que no se tomó en cuenta la opinión de los pobladores.

Poob explicó que la mayor preocupación de las comunidades es que habría un desplazamiento forzado de las familias que viven hasta a dos kilómetros del río Chixoy.

“Si se construye Xalalá, según datos del Inde, el embalse inundaría el 80% de nuestra comunidad, y ahí están las tierras más fértiles. Se cultiva maíz y frijol, y el embalse implicaría renunciar a esas tierras productivas”, añadió.

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Datos

Q40 millones es el costo del estudio de factibilidad.

Q9 millones fue el adelanto del Inde a la empresa.

LOS DENUNCIADOS

El 10 de abril, la CGC presentó una denuncia penal contra 12 integrantes de la junta directiva del Inde.

>> Erick Archila, presidente del  consejo directivo del Instituto Nacional de Electrificación y ministro de Energía y Minas.

>> Ekaterina Parrilla Artuguina, vicepresidenta del  consejo directivo del Inde  y secretaria de Planificación y Programación.

>> Marinus Arie Boer Johannessen, ex gerente general  y exsecretario del consejo directivo del Inde.

>> Isaías Martínez Morales, director titular del consejo directivo y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades.

>> Samuel Nenroth Hernández Orantes, director titular y representante de asociaciones y/o sindicatos de trabajadores del país.

>> Hugo Fernando Gómez Cabrera, director suplente por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

>> Wálter Conrado Gaitán Morales, Director suplente y representante de asociaciones y/o sindicatos del país.

>> Gustavo Adolfo Recinos Corea, director suplente por la Anam y jefe edil de Jalpatagua, Jutiapa.

>> Widthmark Gabriel Estrada, gerente de Desarrollo de Proyectos del Inde.

>> Marco Vinicio Castillo Mogollón, gerente financiero del Inde.

>> Víctor Manuel Alegría Rodas, jefe de la asesoría jurídica del Inde.

>> Jorge Menéndez Barahona, jefe del  Departamento Jurídico del Inde.

Inde se defiende

Jorge Stalling, gerente del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), aseguró ayer en conferencia de prensa que la  Contraloría General de Cuentas no ha presentado hasta la fecha una notificación formal  sobre los señalamientos de anomalías en la contratación de la empresa brasileña Intertechne  Consultores, S.A.

“Oficialmente no hemos sido notificados  ni hemos tenido  la oportunidad de defendernos”, afirmó Stalling.

El directivo  dijo que desconocen si hay  denuncias por parte del Ministerio Público contra directivos o funcionarios del Inde.
Víctor Alegría, asesor jurídico de ese instituto, confirmó que no se conoce ningún proceso administrativo por parte de  la Contraloría General de Cuentas.  

“La Ley Orgánica de la Contraloría establece un mecanismo en el cual se deben respetar los derechos de defensa, de publicidad y de  investigación”, afirmó el profesional.

Agregó que los órganos jurisdiccionales van a juzgar simplemente sobre una denuncia, y la institución está en la mejor disposición de ser transparente y mostrar las pruebas que correspondan”.

Alegría dijo que es importante tener claro que el hecho de que la empresa brasileña contratada no haya tenido sucursal en Guatemala no significa que no sea honorable, pues tiene muchos años de operar y es reconocida internacionalmente.

Los docentes inconformes pertenecen a la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM), y aunque pernoctan afuera de los edificios públicos, aseguran que las clases no se han suspendido en su totalidad, ya que por turnos atienden a los estudiantes.

Las direcciones ocupadas son las de Sacatepéquez, Retalhuleu, Petén, Quetzaltenango, Baja Verapaz y la Guatemala Norte, en la capital, áreas que tienen a su cargo más de 200 mil estudiantes.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Servicio de Educación de Guatemala (Sintrasegua) rechaza la toma de los edificios y presentó una denuncia en el Ministerio de Trabajo por violación de su derecho laboral.

Para el Sindicato Autónomo Magisterial de Guatemala (Samgua), la ocupación tiene un trasfondo político y rechaza que todo el magisterio nacional apoye las medidas.

“Están informando que van a salir a luchar porque existan condiciones de trabajo, pero esa no es la verdad, lo que hacen es tomar las direcciones departamentales en complicidad con el Gobierno, con el objetivo de evidenciar la necesidad de aumentar el Presupuesto”, aseguró Héctor Herrera, dirigente de Samgua.

Demandas

Las cinco demandas de los inconformes son que se condonen las multas en la Contraloría General de Cuentas (CGC) a maestros por haber incumplido con la declaración patrimonial, anular la obligación del director de pagar al año el 1 por ciento del sueldo en fianza de fidelidad, cumplir el programa de interinatos, mejorar el aporte de refacción escolar y gratuidad y la recontratación y regularización de pagos a maestros por contrato.

Jorge Navas, secretario general del sindicato Unidad Magisterial por el Cambio (UMC) y miembro de la ANM, explicó que solo depondrán las medidas de hecho cuando por escrito la CGC desista de cobrar las multas y el Ministerio de Educación (Mineduc) cumpla con sus peticiones.

“Si ese compromiso comienza a verse en los próximos días, pues en los próximos días habrá despeje de las direcciones departamentales”, aseguró.

A las exigencias generales expuestas por Navas se suman las de dirigentes locales.

En Santa Elena, Petén, el sindicalista Arnulfo Cano Aldana aseguró que a unos 50 maestros no les han pagado el sueldo este año. Además, piden remozamiento de los establecimientos educativos.

En Retalhuleu, según la Dirección Departamental, unos cuatro mil estudiantes no reciben clases. Se señala que el mayor problema es el cobro de la fianza de fidelidad que los directores se resisten a pagar.

La maestra Lucía Fernández indicó: “Se nos quiere cobrar una fianza de fidelidad a los 306 maestros de las escuelas del departamento, y algunos mejor han renunciado”.

Luis González, del Comité Ejecutivo Departamental de Sacatepéquez, aseguró que no han suspendido clases, pero si no se atienden las solicitudes, ese será el siguiente paso.

En Quetzaltenango, Juan Adalberto Escobar, de la junta de directores del área urbana, señaló que hoy se suspenderán clases, lo que afectará a unos cien mil estudiantes.

“No habrá clases hasta que las autoridades atiendan nuestras demandas y la mejora en las escuelas; ya empezó la época de lluvia, y se pasan penas”, dijo.

Proponen diálogo

Según el Mineduc, ningún establecimiento está cerrado, y garantiza que las clases se imparten. Las autoridades descartan sanciones administrativas por la toma de las direcciones departamentales.

La ministra de Educación, Cynthia del Águila, declaró esta semana que se privilegia el diálogo a través de los directores departamentales.

Según Del Águila, analizan las peticiones planteadas por los docentes, y aunque reconoció que hay atrasos en algunos pagos, “sería el 1 por ciento de los maestros a nivel nacional que tienen algún problema por diferentes asuntos”.

La contralora general, Nora Segura, también confirmó que aunque hay multas generadas por incumplimiento de declaraciones patrimoniales, en un acuerdo verbal a inicio del año se fijó un pago único de Q100 para los directores con atrasos.

“El detalle es que los tiempos han sido cortos para realizar esa situación, y al respecto, el punto ha sido que es de manera verbal y gente subalterna dice no tener nada por escrito, y en eso se basa”, respondió Navas, quien pidió el compromiso de Segura por escrito.

Comienzan atrasos

“El pago de este mes está garantizado, porque los maestros que protestan, en forma astuta, lo hicieron después del 15, cuando ya están enviadas las planillas”, señaló Herrera.

El director departamental de Guatemala Norte, Roberto Hernández, indicó que debido a la toma “sin sentido” de la sede, se paralizó la emisión de más de 17 mil títulos de diversificado, que tienen carácter de urgente.

Además, unos 130 mil estudiantes no podrán recibir a tiempo el subsidio al transporte escolar y se corre el riesgo de perder Q1 millón que sería destinado a la reparación de techos de planteles y cuyo plazo para entregar se vence mañana.

Byron Valencia, secretario general de Sintrasegua, aseguró que al no poder entrar a trabajar en las direcciones departamentales se atrasarán pagos de salarios de conserjes, operativos y cocineras, así como de los maestros contratados en el renglón 02, por lo que podrían presentar un amparo provisional para que se prohíba a los educadores ocupar las instalaciones.

EN LA PROVINCIA

Quetzaltenango

A partir de hoy, los docentes de Quetzaltenango se unen a las protestas y paro de labores en escuelas, para apoyar las peticiones por el mejoramiento de la infraestructura escolar, que en época de lluvia se ve afectada.
Aunque la Dirección Departamental ya estaba tomada, la disposición a partir de hoy es suspender las clases, con lo que se podría afectar a unos cien mil estudiantes, dio a conocer Juan Adalberto Escobar, de la junta directiva de directores del área urbana de ese departamento.
El director departamental   de Educación, Tito Huinac,  aseguró que  se trabaja para resolver las demandas docentes, y si se suspenden clases se afectaría a unos 600 establecimientos.  
Por Carlos Ventura

Baja Verapaz

Cerca de un centenar de docentes de diferentes niveles de educación mantienen tomada la Dirección Departamental y entre sus demandas figura la distribución de libros de texto y que se habiliten las plazas presupuestadas en una nueva convocatoria. También denuncian que se politiza la contratación de maestros por contrato.
Los maestros anunciaron que cada día se suspenderán clases en uno de los ochos municipios. Ayer fue Rabinal el afectado.
Los dirigentes magisteriales aseguraron que no se afecta a los estudiantes porque se les asignan  trabajos  en  casa, para cumplir con los días de clases estipulados.
Por Carlos Grave

Retalhuleu

Durante tres días consecutivos, los maestros mantienen cerrada la  Dirección Departamental de Retalhuleu, lo que  afecta a más de cuatro mil estudiantes de primaria y  preprimaria, pues no reciben clases.
Luky Gramajo, una de la manifestantes, explicó que esas son las medidas que deben tomar para que el gobierno central atienda sus peticiones.
Autoridades de la Dirección Departamental de Educación señalaron que no  todos los maestros   apoyan las protestas, y en algunas escuelas las clases continúan en forma regular. Mientras, analizan qué medidas  tomar para reanudar labores administrativas, de manera que no se atrasen las gestiones.
Por Jorge Tizol

DATOS

Q100 mil en multas es el monto global que, según  los maestros,   les cobra la Contraloría.

200 mil estudiantes podrían verse afectados a partir de hoy con las medidas.

5 departamentos tienen cerradas  las direcciones de Educación por la ocupación que desde el lunes mantienen los docentes.

Q100 por estudiante es el monto que piden en gratuidad al Mineduc  como cuota anual en escuelas. Ahora reciben Q40.

Un campo pagado publicado ayer sobre una denuncia penal contra Sandra Torres, precandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por supuestas intimidación y amenazas, provocó nuevos señalamientos de difamación y críticas entre varios partidos políticos.

Representantes de la UNE, Libertad Democrática Renovada (Líder) y Partido Patriota (PP) coinciden en que las campañas difamatorias debilitan el proceso electoral para el próximo año.

Analistas consultados también refuerzan la idea de que el daño más grande se hace a la democracia y a la credibilidad de quienes buscan un puesto de elección.

Acusaciones

Orlando Blanco, secretario general adjunto de la UNE, aseguró en conferencia de prensa que detrás de la denuncia penal y el campo pagado contra Torres está Líder, que “ha gastado más de Q300 mil en esa campaña de difamación”.

Según Blanco, en la UNE hay personas dispuestas a debatir ideas y proyectos de trabajo, pero “de manera responsable”, y solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que intervenga para frenar los ataques.

Roberto Villate, secretario general interino de Líder, rechazó las acusaciones de Blanco, a la vez de recordar que Manuel Baldizón, precandidato presidencial de su agrupación, también ha sufrido ataques mediante publicaciones en medios de comunicación vinculados con el partido oficialista.

“Inmediatamente acusar que es de alguien, del otro o de aquel —no es lo correcto—. Si así fuera, en la campaña negra que se desató contra Manuel Baldizón, creo que nosotros no actuaríamos como ellos”, explicó Villate en otra conferencia de prensa.

Juan José Porras, jefe del bloque oficialista, calificó las campañas difamatorias de “incapacidad para debatir”, y auguró que esas estrategias aumentarán el próximo año, cuando se convoque a elecciones.

“El partido oficialista se está viendo en medio de dos partidos que se están peleando el mismo voto, y eso ha acarreado las quejas entre ellos y las críticas y amenazas, y obedece en gran porcentaje a un nicho de voto muy parecido, y no escapa el partido oficialista, porque es uno de los candidatos y están buscando cómo arrastrar al partido a este desgaste”, añadió Porras.

Otras publicaciones

Artículos aparecidos en una revista, señalada por diputados de tener vínculos con Líder, sobre Torres y Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones y quien se perfila como precandidato del oficialismo, también son calificados de estrategia para desprestigiar la imagen de los aspirantes presidenciales de la UNE y el PP.

Según Villate, “lo que le suceda a otros partidos” no es problema de ellos, y evitó responder sobre nexos con algún medio de comunicación.

“Tenemos el pleno conocimiento de que como un canal de televisión dice ‘el líder de las noticias’, no necesariamente es de Líder o de Baldizón. Aquí lo que está en papeles se cree, lo demás es mentira”, aseguró.

Porras espera que no se produzcan más ataques, porque “Guatemala tiene que superar ese tipo de políticos y aspirar a políticos más profesionales”.

Blanco pidió al TSE que “ponga orden” y evite que se genere más publicidad difamatoria y campañas negras.

CIUDAD DE GUATEMALA – A través de un comunicado firmado por 29 organizaciones indígenas, se señala al Congreso de haberle faltado el respeto a la Ley de Reconciliación Nacional que dicta  que no habrá extinción de responsabilidad por genocidio, tortura y desaparición forzada.
demandan anulación

Los grupos sociales dejaron claro el rechazo a la resolución, al afirmar que con esta “se olvida de las miles de víctimas del conflicto armado”.
Diego Santiago Ceto, alcalde indígena de Nebaj, Quiché, pidió al Congreso que se retraiga el punto resolutivo, porque “reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado y a la aplicación de la justicia”.

Según Ceto, las organizaciones han acordado desconocer la representación de los 87 diputados que apoyaron la resolución y piden que se denuncie si recibieron presiones de algún sector.

El presidente del Congreso, Arístides Crespo, descartó la  anulación de la resolución, y  como opción propuso que algún diputado presente un nuevo punto similar que opine lo contrario.

“Es un punto de vista que el Congreso emitió con una mayoría de votos. No hay ninguna ley que derogar, porque la resolución no constituye ley. Si alguien tiene deseo, puede plantear un nuevo punto y   tener los votos correspondientes”, indicó Crespo.

DATO

3 horas bloquearon los manifestantes la 9a. avenida.

Hubo intromisión

De acuerdo con Ceto, nadie debe influir en las decisiones judiciales, “ni siquiera los diputados, que en pocos meses elegirán a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las cortes de Apelaciones”.

El grupo Waquib’kej, en un comunicado,  señala que hay  injerencia de poderes al emitir una opinión, aunque no sea vinculante,  la cual   “atenta contra la dignidad de las víctimas y la memoria histórica”.

Juicio por genocidio

Luis Pérez llegó al Congreso con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado por el exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, este partido desapareció en enero de 2013 y se convirtió en el Partido Republicano Institucional (PRI).

El 10 de mayo de 2013 el Tribunal A de Mayor Riesgo condenó al ex jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, a 50 años por genocidio y 30 años por delitos contra los deberes de la humanidad, no obstante, la Corte de Constitucionalidad resolvió que el proceso debe regresar al punto en que quedó el 19 de abril, cuando la Sala Tercera de Apelaciones ordenó suspenderlo provisionalmente al acoger un amparo del abogado Francisco García Gudiel.

El segundo juicio contra Ríos Montt está programado para el 5 de enero del 2015.

Diputados oficialistas han manifestado el interés de una agenda en que se incluye un préstamo para financiar el tramo carretero de Escuintla a la frontera con El Salvador, Pedro de Alvarado, en Jutiapa.

El ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, confirmó el sábado último, en un acto en el Palacio Nacional de la Cultura, el interés que tiene el Ejecutivo por el préstamo por unos Q2 mil 170 millones, debido a la importancia comercial de la ruta a El Salvador.

“En esa carretera circula el 65 por ciento del producto interno bruto”, dijo Sinibaldi.

A NEGOCIAR
Según Jorge Mario Barrios, segundo vicepresidente del Legislativo e integrante de la Comisión, al no existir una nueva agenda convocaría a los jefes de bloques a una sesión y escuchar propuestas para consensuar una agenda de trabajo en las sesiones extraordinarias.

El jefe del bloque de Libertad Democrática Renovada (Líder), Roberto Villate, afirmó que aunque existe la voluntad de escuchar propuestas y buscar consensos, no apoyarán la agenda oficialista ni más deuda.

Bancadas como Compromiso, Renovación y Orden, Todos y la Gran Alianza Nacional, además de bloques minoritarios, aunque reconocen el apoyo a la agenda oficial, afirman que condicionan los votos a cambio de leyes de interés particular.

OTROS PRÉSTAMOS

En total habría US$870 millones en créditos.

US$280 millones para la empresa Sygma y la  ampliación de  la ruta a la frontera con El Salvador.

US$590 millones para apoyo presupuestario dividido en dos préstamos que están pendientes de aprobación del Ministerio de Finanzas y Segeplán.

Prioridades en el Congreso
En sesiones extraordinarias  el Partido Patriota plantea tres necesidades de urgencia nacional.

La ley de inversión y empleo, como compromiso con la Organización Mundial de Comercio.

La norma fija exenciones fiscales  al sector de maquila,  como incentivos a la generación de empleo en la provincia.  

US$280 millones en un préstamo que permite comenzar el segundo tramo carretero entre Escuintla y Jutiapa.

La ruta se ampliará a cuatro carriles, para facilitar el tráfico comercial entre México y Centroamérica.

La prórroga del registro de armas en la Dirección General de Armas y Municiones, que venció el 28 de abril.

El registro es ordenado por la nueva Ley de Armas, del 2009, y  fue prorrogado en el 2012.

La última sesión, y con la que se esperaba el agotamiento de la moción privilegiada con que el Congreso alcanzaría 19 acuerdos, se interrumpió dos horas después de iniciada, por falta de quórum, en medio de la aprobación por artículos de la ley de obtención de vegetales.

El último decreto aprobado fue el 17-2014, también ayer, para declarar el 22 de marzo Día del Agua y permitir al Ministerio de Educación el fomento de actos alusivos cada año en esa fecha.

El presidente del Congreso, Arístides Crespo, luego de haber declarado el receso legislativo, aseguró estar satisfecho con el trabajo efectuado, por la aprobación de leyes importantes.

“Podríamos recordar a manera de ejemplo el haber logrado un mejor presupuesto al sector salud y al sector educativo para mejoras salariales. Eso es algo de los 17 decretos que se han aprobado”, resaltó al aludir una ampliación de Q1 mil 500 millones.

Agenda sin calidad

Para el grupo Congreso Visible, aunque el período legislativo conoció varios asuntos, todavía hay una agenda pendiente de discusión y consensos.

“Llamaríamos a la reflexión, porque aunque hay mejor desempeño en algunas áreas, se vuelve a caer en el vicio del mal uso de la interpelación y todavía hay temas pendientes como el nombramiento del consejo del Ministerio Público”, dijo Marielos Fuentes, de la agrupación.

El período también estuvo marcado por una agenda particular y leyes polémicas, como la de Telecomunicaciones y la de Carreteras Libres de Obstáculos, normativas que aún son cuestionadas y objeto de acciones legales para frenar su vigencia.

“Los intereses del Congreso no están donde se debería. Parece que ya están bien distribuidos ahí adentro —los diputados— en cómo se logran obtener los votos para leyes particulares”, indicó Gloria Álvarez, coordinadora de proyectos del Movimiento Cívico Nacional.

Hoy quedará instalada la comisión permanente, que podrá convocar a sesiones extraordinarias durante el receso.

Cifras

28 veces sesionó el Congreso en el período.

17 decretos fueron aprobados en cinco meses.

18 acuerdos se aprobaron desde el 14 de enero.

El punto resolutivo también exhorta al Organismo Judicial a administrar justicia con imparcialidad y se evite “las influencias sectoriales” con el fin de que la justicia produzca paz.

La resolución, incluida en el séptimo punto de una moción privilegiada aprobada el pasado 24 de abril, fue propuesta por el Partido Republicano Institucional (PRI), ex Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y apoyada por 87 de los 111 que estaban en la sesión.

Luego de leer el contenido del punto resolutivo, de inmediato se llamó a votación, y al concluir se abrió el debate y enfrentamiento verbal de algunos legisladores con criterios divididos.

Rechazo inmediato

Luego de la votación apoyada por la mayoría de diputados del Partido Patriota, Libertad Democrática Renovada (Líder) y Todos, el legislador de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca Walter Félix manifestó su rechazo.

“No podemos dar la espalda a las víctimas del genocidio, y hoy a través de este punto resolutivo se está haciendo”, afirmó.

Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, razonó su voto en contra, y señaló a la directiva del Congreso de evitar la discusión antes de la aprobación.

“Con el contenido hay una clara violación a la independencia de poderes de los diferentes organismos del Estado y se nos quiere imponer una visión de una lectura de la historia que algunos diputados acá no compartimos”, aseguró Blanco.

Dejar el pasado

El diputado del PRI, Luis Pérez, ponente de la resolución, al dirigirse al pleno calificó las intervenciones en contra como de una “izquierda trasnochada”, e insistió en que se debe olvidar el pasado.

“Ellos —los detractores de la resolución— no han logrado superar el pasado, y por eso les digo que tienen una actitud revanchista, y al ver con los ojos hacia atrás no entienden que hay que tirar un puente de reconciliación”, agregó Pérez.

El legislador, quien llegó al Congreso con el FRG, fundado por el general retirado Efraín Ríos Montt, explicó que el objetivo de la acción no es la confrontación y evitar que se discutan sucesos que pasaron hace 30 años.

“Nos dejamos influenciar por algunos funcionarios de organizaciones internacionales y dejamos que la justicia nuestra la trastoquen entes que no tienen ninguna relación ni derecho de hacerlo, porque no son guatemaltecos”, añadió.

Explicó que con la resolución no se está calificando ningún delito ni violentando la independencia de poderes.

Agregó: “Nosotros no estamos calificando, ni estamos diciendo ninguna cosa que no sea conocida. En el punto resolutivo lo que habla es que el juicio —por las masacres del Ejército en el área Ixil, por el que se ha juzgado a Ríos Montt— ha abierto de nuevo heridas, polarización y confrontación”.

Según Roberto Villate, jefe del bloque de Líder, apoyó la resolución porque figuraba en una agenda del conocimiento general, y los detractores “no son niños de colegio para que aleguen inocencia. Sabían que la agenda llevaba ese punto resolutivo”.

Posturas

Édgar Pérez, abogado de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación, condenó la acción del Congreso al considerar que está violando la independencia judicial y extralimitando funciones al calificar un hecho.

“Como representante de las víctimas hemos respetado las reglas del juego y respetado la normativa, no compartiendo las resoluciones —judiciales— porque algunas son arbitrarias y tenemos la evidencia para decirlo; pero si el Congreso hace eso, sería un revés muy grande”, indicó el abogado.

Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, calificó la resolución de débil. “Demasiado tarde, como todo en Guatemala. Solo es una muestra de buenas intenciones; no tiene ningún peso jurídico, no hace variar la situación y seguimos adelante”, dijo.

Detalles del documento

El punto 3-2014 aprobado ayer contiene cinco resoluciones y seis considerandos, entre los que destaca la negativa de genocidio en el país.

Bajo el infame prisma de la sangre que ha regado nuestra tierra y el dolor que ha inundado el alma de la patria a partir de un conflicto inútil y la falta de consensos para superar con absoluta certeza jurídica nuestras diferencias sociales.

La legislación imperante da cuenta que los elementos que conforman los tipos penales señalados resulta jurídicamente inviable que se dieran en Guatemala,  en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio durante el enfrentamiento armado.

Comprometernos como Organismo Legislativo al estudio de la legislación vigente emitida en el marco de los acuerdos de paz, con el objetivo de promulgar aquellas normas que cumplan con el deber del Estado de consolidar la paz y armonía.

Instar al Organismo Judicial a administrar justicia con imparcialidad… con apego a derecho y al debido proceso e impidiendo que tan imprescindible función esté afecta a las influencias sectoriales que recientemente se hicieren del conocimiento público.

GENOCIDIO

Según la Real Académica Española, el término “genocidio” se explica como el “exterminio  o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”.

Según la Ley de Reconciliación Nacional, la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de  responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala.

Opinión carece de legalidad

Para el diputado Amílcar Pop, el punto resolutivo carece de legalidad técnica y jurídica, y con ello se está dando “un voto de traición a los derechos humanos”,  en un intento de intromisión al Organismo Judicial.

Según Pop, los 87 diputados que apoyaron la resolución fortalecen la impunidad y violación de derechos humanos.

Descarta intromisión

El diputado ponente del punto resolutivo, Luis Pérez, explicó que  solo se busca exhortar a la justicia, y no a la revancha, como “algunos grupos lo quieren ver”.

Según Pérez, no se da ninguna instrucción al Organismo Judicial, sino que se intenta que entre los tres poderes del Estado se busquen espacios para la reconciliación.

No tiene vinculación

El presidente del Congreso, Arístides Crespo, apoyó la resolución y descartó que tenga vinculación la opinión ahí emitida, por lo que no se podría considerar  injerencia entre poderes del Estado.

Agregó:  “Lo que está diciendo el Congreso es que olvidemos el pasado, que nos pongamos a trabajar, que se busque  la armonía, la paz y la reconciliación”.

Sin embargo, dos años después, 41 de ellos ya han renunciado al partido por el que llegaron y algunos han cambiado hasta cinco veces de organización partidaria.

César Sandino Reyes, Lesli Buezo y Juan Manuel Giordano encabezan la lista de los diputados que más han migrado entre bloques partidarios en el Congreso y no han presentado ninguna iniciativa de ley de su autoría.

Giordano, al anunciar su renuncia al bloque Todos, tercero en el que participaba, y sumarse a la bancada de Libertad Democrática Renovada (Líder), reconoció que lo motivaba “unirse al partido ganador”, el 27 de abril último. Intentó justificarse con una falacia futbolística: “Como Cristiano Ronaldo, el cambiar de equipo no lo hace mal jugador”, dijo Giordano.

Debilidad política

Para Juan Carlos Sanabria, politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el transfuguismo solo confirma la débil estructura de los partidos políticos.

“Tiene un impacto directo en la imagen del Congreso, y contribuye a que se vea con menos confianza y credibilidad a la institución”, apuntó Sanabria.

El diputado Manuel Barquín, fundador de la Gran Alianza Nacional (Gana) y ahora militante del Partido Patriota (PP), reconoció el desgaste que sufre cualquier político tránsfuga.

“Es difícil poderlo justificar. Yo voy a cargar con la cruz, porque vengo de Gana, y en la estructura no hicieron caso a mis propuestas”, dijo Barquín, quien justifica su mudanza en la falta de atención.

El politólogo Renzo Rosal también señaló que los partidos políticos en la actualidad albergan a personas sin carrera política ni ideología alguna.

“Encontramos no más de 10 diputados de carrera, de perfil; el resto, son políticos no tradicionales con formación empírica y con intereses muy mercantilistas”, explicó.

Mal precedente

Sobre los constantes movimientos de diputados que por primera vez están en el Congreso, Rosal comentó que obedecen a una “escuela perversa” que ahora se disemina y refuerza la apatía de la población.

Sanabria también explicó que con la inestabilidad de las bancadas, el trabajo legislativo se ve afectado y contribuye a los pobres resultados legislativos.

Añadió: “Por un lado no se logra consolidar proyectos políticos programáticos de los temas desarrollados y contribuye a erosionar la confianza y la institucionalidad de las instituciones”.

Sin ideología

Las constantes migraciones de diputados como Giordano, Buezo y Reyes, según Carmen Ortiz, coordinadora del Programa de Opinión Pública de la Universidad Rafael Landívar, confirman los intereses que invaden las organizaciones partidarias.

“Una distorsión es el financiamiento —de las campañas políticas—, y no entran a los listados por méritos. Ahora sabemos que esas posiciones tienen precio, y es como una apuesta en cualquier juego. Van a invertir su dinero en aquel partido que les ofrezca más”, señaló Ortiz.

Según la politóloga, “el efecto es nefasto”, porque los diputados no llegan al Congreso a salvaguardar los intereses de la Nación, sino a “promover leyes en función de otros fines”.

José Fernández, subjefe del bloque oficialista, logró un escaño por el Listado Nacional para la actual legislatura, y según explicó, la disidencia partidaria solo se da en personas que nunca creyeron en el proyecto político que los respaldó.

“Cuando a usted le cuesta su elección y participación en un partido, es muy difícil que se quiera cambiar, porque el arraigo casi imposibilita el hacerlo. Cuando es producto de la coyuntura, sin vínculo ideológico, hace que no se tenga ningún tipo de respeto de cambiarse de partido”, dijo Fernández.

La escasa formación que dentro de los partidos se da a los afiliados, es otra de las causas del transfuguismo, acotan los expertos.

Se espera que después de la euforia del Mundial de Futbol, empiece otra desbandada de diputados hacia otras organizaciones, que les ofrezcan un mejor puesto en los listados de elección. La esperanza que se tenía de las “cara nuevas” está en entredicho.

De acuerdo con el subsecretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Félix Hernández, se han hecho 38 informes y el área está declarada de alto riesgo. Sin embargo, aún no se ha tomado ninguna medida de mitigación.

María Morales, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo, explicó que el peligro radica en las súbitas crecidas del caudal, que eleva su nivel hasta dos metros, y la pérdida de enseres domésticos de los vecinos, por las inundaciones.

“Hace seis años que comenzaron las inundaciones. La corriente ya derribó una pared de mi casa y este año van dos veces que se inunda”, refirió Marta Osorio.

La solución, según Hernández, es construir un muro de contención, pero se requieren estudios geológicos que solo se pueden efectuar durante la época seca.

“Por el momento solo se puede dragar y tratar de quitarle fuerza a la corriente. Lo ideal sería evacuar a los vecinos, pero ellos se resisten”, comentó Hernández.

Los informes, según la Conred, se le entregan a la comuna de Chinautla, que debe implementar las recomendaciones. Sin embargo, la secretaria del despacho del alcalde indicó que nadie tenía información sobre el problema.

El costo de la educación privada también ha estado sin control, y pese a que hay una ley que permite incrementos del 15 por ciento cada tres años, a la fecha el Mineduc no vigila el aumento de esas tarifas.

El Viceministerio de Calidad Educativa prepara desde el 2013 dos reglamentos: uno de calidad educativa, y el segundo, sobre regulación de tarifas, para retomar el control de los cuatro mil 715 colegios que a la fecha operan —según la Asociación de Colegios Privados (ACP)—, con más de 48 mil grados y carreras en todos los niveles.

De acuerdo con Eligio Sic, viceministro de Calidad, “lo más sobresaliente —del nuevo reglamento— es que tiene todo un capítulo que trata sobre el aseguramiento de la calidad educativa”, que pretende vincular los resultados de las evaluaciones estandarizadas a básicos y diversificado para la autorización de tarifas.

Según Sic, para certificar la calidad de enseñanza en los colegios, se evaluará el mejoramiento del clima escolar, regular las tiendas y la contratación de docentes.

La aprobación de ambos reglamentos se pretende publicar en junio próximo, de acuerdo con Sic, con la anuencia de la mayoría de asociaciones y propietarios de colegios.

Debe haber control

Diana Brown, directora ejecutiva de la ACP, aseguró que se cumple con todos los requisitos fijados por el Mineduc, y de haber baja calidad educativa en algunos colegios, es responsabilidad de la supervisión que el Estado hace.

“Hay que definir qué es calidad educativa, porque dentro del reglamento no hay una definición, y se hizo referencia a algunos conceptos que existen en el Currículo Nacional Base. Insistimos en que sea una educación integral. No solo se puede medir la calidad en Lenguaje y Matemática; todos los niños tienen diferentes talentos”, aseguró Brown.

Agregó que la ACP rechaza que se vinculen las evaluaciones con las tarifas. “Un colegio mal que bien es una empresa, y para poder tener un buen maestro, un salario mínimo no es suficiente con profesorado o licenciatura. Por lo menos son Q5 mil mensuales, y si no se puede aumentar la cuota, cómo se puede pagar”, manifestó.

Mario Rodríguez, investigador educativo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, señaló que el Mineduc debe ordenar la educación privada.

De acuerdo con Rodríguez, “no hubo inversión adecuada en recurso humano que permita cubrir la demanda, por eso es que los colegios están cubriendo ese déficit, y ahí se manifiestan muchos de los problemas a nivel de calidad”.

Ordenar crecimiento

Eligio Sic, viceministro de Calidad Educativa, aseguró que en junio se podrían aprobar los nuevos reglamentos y aplicarlos a través de un artículo transitorio.

“Tenemos la aspiración de que estas herramientas sean aprobadas con el apoyo de todas las organizaciones de colegios. Es una manera de ordenar el crecimiento y el funcionamiento de colegios que hasta ahora están con bastante desorden, y por eso no está regulado”, agregó.

Educación condicionada

Para el pedagogo Mario Rodríguez, el Mineduc no tiene la capacidad de cubrir la demanda de educación media y ha reducido la supervisión de colegios.

“Estamos empeñados en la calidad, pero a costa de qué. Ahí surgen las contradicciones, porque se está haciendo a costa de la cobertura,  orillando a una disminución de la matrícula escolar, también segmentando la educación, y los que tienen recursos tendrán mayores posibilidades”, explicó.

Mineduc es responsable 

Según la directora ejecutiva de la ACP, Diana Brown,  hay colegios que tienen baja calidad educativa, pero responsabiliza de eso al Mineduc, porque los autoriza, y debería sancionarlos.

Agregó: “Hay colegios pequeños que no tienen toda la infraestructura que se quisiera, pero también  están aprobados por el Mineduc y hay supervisión. Si no cumplen con los estándares mínimos, que procedan con el cierre”.

“Hablamos de acciones en conjunto, situaciones que esta ley considera prohibitivas. En el marco de la afición, hay aficionados que hacen hasta apología del delito, utilizan medios de comunicación masiva para fomentar acciones ridículas que generan violencia”, añadió López Bonilla.

La propuesta también contempla que en cada escenario donde se desarrollen actividades deportivas se establezca un perímetro de mil metros, con varios círculos de seguridad y coordinados por el Mingob y las autoridades de cada disciplina.

“Se define qué está prohibido como actividad, en dónde debe actuar la fuerza pública, qué deben hacer la autoridades deportivas, y participa la Conred (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) formando una comisión nacional que permita tener estadios libres de violencia y espacios deportivos seguros”, agregó López Bonilla.

La iniciativa pretende definir situaciones, actores, responsabilidades y prohibiciones, y el ministro del Interior establece una línea de penalización que permita el castigo a los infractores.

De acuerdo con Crespo, para que la propuesta se convierta en ley se deberá analizar y posteriormente buscar el consenso con las bancadas de oposición, antes de presentarla al pleno.

Agregó que la iniciativa podría ser discutida durante el período de receso parlamentario, que se inicia el 15 de mayo, y para su aprobación no descartó que se pueda convocar a una sesión extraordinaria y conocerla de urgencia nacional.

La plenaria comenzó con casi 90 minutos de retraso y un quórum reducido de 55 diputados, y concluyó casi dos horas después. Entre las iniciativas que se conocieron destacan las leyes de Probosque, de la juventud y nuevas reformas a la Ley del Presupuesto.

Fracasa moción

El bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), aunque tuvo la intención de ingresar una moción para prorrogar el plazo para el registro de armas de fuego en la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam), no fue posible, por estrategia parlamentaria. Sin embargo, según diputados de esa agrupación, se volverá a intentar en la próxima sesión.

Por el asueto del Día del Trabajo, mañana, al finalizar la sesión, el presidente Arístides Crespo convocó a sesión para el siguiente martes.

También siguen estancados asuntos de interés nacional, como reformas a la carrera judicial y a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, demandadas por varios sectores civiles, aunque lo último es analizado en la Corte de Constitucionalidad.

A criterio de la directora de la Escuela de Ciencia Política, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Geydi de Mata, hace falta una agenda estratégica para solucionar problemas estructurales.

“Se da un show político, pero sin resultados concretos. Actualmente el Congreso carece de un instrumento que permita garantizar una fiscalización efectiva de la administración pública, y eso es preocupante porque solo son cuestionarios de preguntas y de allí no trascienden”, refirió De Mata.

Satisfechos

Para la mayoría de diputados la labor legislativa es “satisfactoria”, pero otros reconocen que no se han creado leyes sustantivas y existen otras de interés nacional que no están en agenda.

Según Carlos López, jefe del bloque Todos, aunque no todo lo aprobado era importante, “se aprobó lo que tuvo consenso”.

Dijo: “Se ha rescatado parte de la labor, no podemos dejar pasar desapercibido que la presidencia de Arístides Crespo ha sido flexible para buscar los acuerdos necesarios entre bancadas”.

Fernando Pérez, del Partido Republicano Institucional, señaló que todos los decretos emitidos son importantes, “pero hay que meditar a qué sector van a ir o quién se beneficia de ello”.

Desde la perspectiva de Amílcar Pop, diputado de Winaq, la actividad parlamentaria es buena en producción, pero en calidad no lo ha sido.

“Hay una agenda bastante sencilla, con pocos temas de impacto. Hay falta de discusión y debate en la instancia de jefes de bloques y consensos mayores para discusión de leyes importantes”, aseguró Pop.

Juan José Porras, jefe del bloque oficialista, expuso que el mayor éxito es haber encontrado un balance entre la interpelación de la ministra de Educación y la actividad legislativa.

Sin avances

Geydi de Mata, de la Usac, insiste en que esta legislatura no ofrece temas sustantivos y existe un divorcio entre la producción legislativa y la problemática nacional, y aunque se legisle no se atienden las necesidades del país.

Según Juan José Porras, jefe del bloque oficialista, durante el receso se insistirá en los consensos y sesionar en forma extraordinaria para aprobar la ley de inversión y empleo y las reformas al Código de Trabajo.

Están pendientes de consenso las leyes de la Carrera Judicial, Electoral y de Partidos Políticos, del Servicio Civil para el sector público y de Desarrollo Rural.

Ayer, en un segundo intento, el partido oficial logró los 105 votos para suspender temporalmente el juicio político. El diputado interpelante Roberto Villate, del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), se quedó en la fase de repreguntas.

En la agenda de trabajo se conoció y aprobó de urgencia nacional el reconocimiento del maíz como Patrimonio Nacional. Este es el primero de los 12 puntos prioritarios incluidos en el paquete legislativo, cuya discusión continuará en las siguientes sesiones.

Nueva agenda

La sesión comenzó con casi dos horas de retraso, donde Villate siguió el cuestionamiento a Del Águila sobre la implementación de la reforma educativa y los beneficios a los docentes.

La funcionaria respondió, durante casi 30 minutos, los cuestionamientos hasta que una moción privilegiada fue conocida por la Junta Directiva. Esta dio paso a la votación con la cual se avaló suspender el interrogatorio.

Además de declarar al maíz como Patrimonio Nacional, en la agenda figuran la lectura de todas las iniciativas pendientes de conocer en el pleno, que serán enviadas a comisiones de trabajo para su dictamen favorable o rechazo.

Sobornos

A solicitud del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, la próxima semana también se creará una comisión para investigar las declaraciones que formuló el diputado Édgar Ajcip, sobre corrupción y sobornos en el Congreso.

El legislativo también pretende en las próximas sesiones declarar a Teodoro Palacios Flores como Guatemalteco Ilustre y conceder una pensión vitalicia al exdeportista por Q8 mil.

Otro punto discutido entre los jefes de bloques el martes último y avalado ayer, resalta la aprobación por urgencia nacional de la ley preventiva de accidentes colectivos de tránsito y declarar como área protegida la Reserva Hídrica y Forestal Sierra Caral, en Izabal.

Termina alianza

La coalición  entre el partido  Todos y la Gran Alianza Nacional (Gana)  terminó por problemas en la distribución de espacios políticos en siete departamentos.

De acuerdo con  Jaime Martínez, secretario general y jefe de bancada de la Gana, es una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, luego de que Todos no ofreciera espacios de liderazgo a militantes de esa agrupación.  

“Venimos de una experiencia de alianzas donde la mayoría de liderazgo —de la Gana— quedó al margen y no fue tomado en cuenta, y hoy si    de nuevo vamos en alianza estaríamos en lo mismo. Decidimos jugar solos nuestro proyecto político”, explicó Martínez.

Todos confirmó que sigue con la alianza política y legislativa con  los partidos de Avanzada Nacional y  Unionista.

A través de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (Agaai), los jefes ediles sostienen que la normativa viola la autonomía municipal y el derecho de propiedad privada, garantizado en la Constitución.

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) aún analiza la Ley, que ayer cobró vigencia al publicarse en el Diario de Centro América, aunque el presidente de la entidad, Isaías Martínez, coincidió con la Agaai en que algunos artículos afectan a los gobiernos locales.

Argumentos

Froilán Rodas, edil de Tacaná, San Marcos, y presidente de la Agaai, que agrupa a 66 alcaldes, justificó el rechazo a la Ley en que es lesiva a la autoridad local, a las finanzas municipales y en que aumentará la conflictividad social.

Rodas explicó su temor al artículo 11 de la Ley, que crea en el Código Penal el delito de perturbación a la instalación, uso o reparación de equipo de transmisión de datos, y que fija hasta ocho años de cárcel y multas de Q25 mil a quienes se opongan, perturben u obstruyan equipos de telecomunicaciones.

“No estoy dispuesto a aceptar la Ley porque el alcalde es la representación de un municipio y —con la Ley— se convierte en un trabajador y auxiliar de la empresa, dejando por un lado sus derechos. Crearía conflictos con nuestras comunidades”, expuso Rodas.

Preocupación

Carlos Guárquez, director Ejecutivo de la Agaai, teme posibles conflictos sociales y la criminalización de quienes se opongan a la instalación de torres y equipo de transmisión en áreas comunales.

Según Guárquez, también se violenta el derecho a la propiedad privada al incluir en la normativa la constitución de servidumbres, que permite a las empresas a tener, después de recibir las licencias, un permiso de paso en área privada sujeto a la Ley General de Electrificación.

“Demuestra la violación de la autonomía y la restricción de derechos individuales y el beneficio a las empresas telefónicas. Puede violentar los derechos de manifestación y a la propiedad privada queremos que se quede sin efecto”, afirmó Guárquez.

Intereses ediles 

Isaías Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, dijo que aún se analizan  los efectos de la Ley;   sin embargo, para muchos alcaldes esta  “afecta los intereses municipales”.

Martínez indicó que preparan una propuesta de reformas a la Ley,  para presentarla al Congreso.

Adversan paso 

En La Reforma, Tacaná, San Marcos, una familia, apoyada por la comunidad, ha rechazado  la instalación de una antena de transmisión  en un terreno colindante con   su vivienda y, según el alcalde Froilán Rodas, así existen  al menos tres casos en el municipio que podrían generar conflictos  en el área.

Con la dimisión de Ajcip, quien era secretario adjunto de Líder, suman dos curules perdidas en los últimos días, después de la renuncia de César Duarte hace una semana y fuertes rumores de que otros ocho legisladores estarían por abandonar esa fuerza política.

Una de las razones que podrían generar inconformidad en las filas de Líder, que se queda con 43 curules, podría ser la saturación de espacios de elección para los próximos comicios generales del 2015, porque cierra las posibilidades de reelección a varios diputados, según versiones extraoficiales.

La salida de Ajcip también es vista por otros parlamentarios como una señal de debilidad en Líder, por ser miembro del comité ejecutivo nacional, uno de los autores del plan de gobierno y secretario privado del precandidato presidencial Manuel Baldizón desde el 2011.

Ajcip, quien se declaró independiente, era el coordinador del área metropolitana de Líder y proclamado por Baldizón como precandidato a la alcaldía de la capital.

Motivos

La renuncia de Ajcip era un rumor que se escuchaba en corrillos parlamentarios desde hacía varios días, y ayer fue confirmada junto con acusaciones del diputado hacia los partidos políticos y el trabajo en el Congreso.

“Soy disidente de un sistema que se va prostituyendo mediante mecanismos corruptos de pago de sobornos y comisiones bajo la mesa, de compra y pago de voluntades y votos, y favores e incluso de alianza con el crimen para financiar multimillonarias campañas electorales”, refirió, en conferencia de prensa.

Baldizón se limitó a decir que le desea todo lo mejor a Ajcip, y luego indicó que “ninguno es imprescindible”.

“Todos somos importantes, pero ninguno es imprescindible, la vida pasa y creo que nadie es necesario en ningún movimiento, ni en la propia sociedad y ni en la propia naturaleza”, afirmó el fundador de Líder.

Exigen pruebas

Diputados de distintas agrupaciones recibieron las críticas de Ajcip contra el Congreso con recelo y le exigieron que presente las pruebas sobre los supuestos sobornos.

Arístides Crespo, presidente del Congreso, expresó: “Si él lo dice, hay que probarlo y acudir a instancias correspondientes, porque si no cae en omisión de denuncia”.

Fernando Pérez, diputado del Partido Republicano Independiente, señaló que la denuncia solo reitera lo vivido en el partido al que Ajcip renuncia.

Aseguró: “Si él tiene alguna noción o le consta alguna prebenda o soborno a algún partido o dirigente político, de una forma responsable debe presentar la denuncia”.

Mario Taracena, legislador de la Unidad Nacional de la Esperanza, durante una sesión ayer con jefes de bloques, pidió que se integre una comisión de investigación para que le pida a Ajcip una explicación sobre las acusaciones que formuló.

“Si no tiene papeles o algo para demostrarlo, entonces que pida disculpas, porque uno no puede afectar así el prestigio de todos los diputados”, expuso Taracena.

Posibles fisuras

Cristhians Castillo, politólogo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, considera que la salida de Édgar Ajcip de  Libertad Democrática Renovada (Líder) es una pérdida de fuerza política de Manuel Baldizón, de cara a las elecciones del 2015.

“Podría  haber lecturas que el proyecto no va viento en popa como esperaban y empiecen a abandonar el barco más diputados y buscar otras opciones”, indicó Castillo.

El analista agregó que los cargos que ocupó Ajcip en Líder y su trayectoria política lo ubican como un actor determinante en la estructura, y su salida es un primer acercamiento a nuevos aires políticos que se avizoran para el 2015.

Según el politólogo Luis Fernando Mack,  el modelo partidario no admite figuras emergentes en las agrupaciones, y esa pudo haber sido una de las razones de la salida de Ajcip.

“Tanto para el partido como para Ajcip, es un desgaste que es aprovechado por el resto de agrupaciones, especialmente con Líder, que es un partido que ha tenido un desgaste mediático en los últimos días”, dijo Mack.

Por Manuel Hernández

Político tránsfuga

Édgar Ajcip comenzó su carrera política en 1998, en el Partido de Avanzada Nacional, luego se sumó a la Gran Alianza Nacional en el 2004, la cual abandonó en el 2011 para apoyar a Manuel Baldizón.

Recorrido

Édgar Ajcip fue secretario general adjunto III, en el comité ejecutivo de  Líder.

Fue electo diputado por el Listado Nacional por esa  agrupación política para la actual legislatura.

Presidente del concejo político de Líder y coautor del plan de gobierno en el 2011, sobre el sector   indígena.

Era coordinador del área metropolitana de esa organización política.

Fue secretario privado de Manuel Baldizón durante la campaña política del 2011 hasta octubre del 2013.

Fue alcalde de San Pedro  Sacatepéquez, por el PAN, del 2000 al 2004. Fue sindicado de actos de  corrupción.

Siendo alcalde, se pasó a la Gran Alianza Nacional, y se dio a conocer que ayudó a financiar la campaña presidencial de Óscar Berger.

Durante el gobierno de Berger dirigió el Fondo Nacional para la Paz. También fue señalado de actos de corrupción.

Luego emigró a Líder, donde ganó una curul.

En la próxima sesión, convocada para mañana, el Congreso continuará escuchando a la ministra Cynthia Del Águila, en la fase de repreguntas, que mantiene el jefe del bloque Libertad Democrática Renovada (Líder), Roberto Villate.

Villate afirma que comenzará con las repreguntas y cuestionamientos directos sobre la implementación del bachillerato que sustituye al magisterio.

Según el diputado interpelante, luego de las 30 preguntas básicas, Del Águila no ha respondido satisfactoriamente a los temas sobre el desempeño educativo, y por eso se insistirá en ello en la segunda fase del juicio.

“La ministra va a tener que contestar a viva voz y no como las preguntas básicas —por escrito—, que fueron planas que se llevó a su casa”, dijo Villate.

A la interpelación buscan adherirse diputados de los bloques Compromiso, Renovación y Orden y Unidad Nacional de la Esperanza.

Sin consolidar reforma

Con la reforma educativa aprobada en septiembre del 2012, la formación de docentes para el nivel primario pasó de las escuelas normales a la universidad; sin embargo, algunos legisladores consideran que el nuevo título no es válido si no se deja sin vigencia la actual carrera de magisterio, a través de un acuerdo ministerial.

“Se están creando títulos nuevos que no tienen ningún asidero de carácter legal”, advirtió el exministro de Educación y diputado independiente Mario Torres, luego de manifestar su intención de sumarse como interpelante de Del Águila.

Eso motivaría a Torres a sumarse al juicio político , además de que se desconoce dónde se insertaron cerca de 30 mil jóvenes que este año no se inscribieron en magisterio.

La ministra no proporcionó declaraciones al respecto, pese a la solicitud de este matutino.

Durante la tarde y noche de ayer, decenas de automovilistas reportaron por las redes sociales las largas filas de vehículos que se formaron para poder ingresar en la capital.

La mayoría de quejas fueron por las complicaciones para transitar por El Tejar y la cabecera de Chimaltenango, donde muchos tardaron hasta dos horas para pasar los cerca de 14 kilómetros de carretera que atraviesan ese poblado.

También se reportó que en la ruta al Atlántico las filas de vehículos llegaron hasta el kilómetro 35, en el ingreso a la capital, y similar situación se vivió en la ruta al Pacífico, sobre todo en la calzada Aguilar Batres.

Quejas contra buses

Al menos dos mil denuncias por abusos, principalmente en el cobro del pasaje y sobrecarga de las unidades de transporte extraurbano, desde Miércoles Santo hasta ayer, fueron enviadas a la Defensoría de Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

El jefe de la mencionada unidad de la PDH, Édgar Guerra, calificó de “inoperante” a la Dirección General de Transporte, por no tener la capacidad para controlar los autobuses, lo que dio lugar a los abusos.

Guerra explicó que también hubo 45 denuncias de exceso en la tarifa del transporte urbano en la capital, donde el Viernes Santo algunas rutas cobraron hasta Q10.

Piden cautela

Hasta anoche no se había reportado ningún percance en que estuviera involucrada alguna unidad del transporte colectivo, según Dalia Santos, vocera de la Dirección de Tránsito de la PNC.

El mayor accidente reportado fue anoche en el kilómetro 70 de la ruta al Pacífico, donde una mujer murió y 16 personas resultaron heridas, luego de que volcara el picop donde viajaban.

Situación similar ocurrió en Nuevo Palmar, Quetzaltenango, donde murió Juan Argueta, 11 años, y 15 salieron lesionados.

Otro accidente fue el choque de un picop, en El Tumbador, San Marcos, donde resultaron heridas 17 personas, todas integrantes de la misma familia, luego de que el automotor perdió los frenos.

Las autoridades piden cautela a los pilotos y usuarios de transporte extraurbano para el retorno masivo que se espera hoy.

El Programa de Patrullaje y Protección Vial también reforzó controles en las rutas principales, enfocado en velocidad y en que los pilotos no viajen bajo efectos de licor.

Hasta ayer, los 11 campamentos del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (Sinaprese) reportaron más de cuatro mil servicios prestados, entre asistencia mecánica y médica, informó el vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), David de León.

Los campamentos con mayor demanda, según De León, son los ubicados en Los Esclavos, Santa Rosa; El Garrobo, Jutiapa; y El Zarco, Retalhuleu.

Cifras

136 Accidentes han atendido  los Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales.

204 Heridos por accidentes fueron trasladados por   socorristas, desde el Martes Santo.

30 mil vehículos cruzaron  esta semana  la autopista Pa lín-Escuintla.

Resultado de los operativos

Cuatro mil 840 personas   habían sido atendidas hasta ayer en los 11 campamentos y un puesto de control instalados por el Sinaprese.

396 asistencias prehospitalarias fueron  atendidas por el  Sinaprese.

Cuatro mil 316 servicios de información se solicitaron en los campamentos de Conred.  

128 vehículos fueron auxiliados por desperfectos  mecánicos y con grúa en los campamentos del Sinaprese.

12 pilotos fueron multados por la PNC, por insolvencia en sus documentos de tránsito, en las últimas 24 horas.

Los Bomberos Voluntarios, los Municipales Departamentales, la Cruz Roja y la PNC han desplegado unidades y personal en las carreteras, en prevención por el  retorno masivo a las ciudades principales  que se espera   hoy, luego del prolongado descanso.

Los problemas se presentan en tres escenarios distintos con diferentes conflictos por superar para aumentar la cobertura, servicio y estabilización de precios del servicio, además de la urgencia de buscar más fuentes de generación eléctrica, para evitar en un futuro próximo un colapso o que la demanda rebase la capacidad de suministro.

De acuerdo con información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el país depende en su mayoría de la generación eléctrica por combustibles, mientras se deja de aprovechar el 83 por ciento del potencial hidroeléctrico, que significa energía más limpia y barata.

Según el MEM, el país tiene capacidad de producción eléctrica a través de generadores eólicos, geotérmicos y solares, pero son escenarios aún no contemplados, por sus altas inversiones y el rechazo manifiesto de grupos sociales y ambientalistas.

La Procuraduría de los Derechos Humanos, por medio de la Oficina para Resolución de Conflictos, participa en varias mesas de diálogo entre el Estado, empresas y población, en busca de reducir la conflictividad, en especial en el occidente.

Daños ambientales

Según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), de los 55 proyectos de generación que fueron adjudicados en licitaciones de energía de largo plazo, seis por 68.8 MW enfrentan conflictos sociales.

Carmen Urízar, presidenta de la CNEE, afirmó que el impacto para el país por no seguir con la construcción de este tipo de proyectos es principalmente que la electricidad que se debe comprar por la indisponibilidad de los nuevos proyectos es de mayor costo, ya que la opción de sustitución en el mercado es la generación con combustibles fósiles, que son más caros y sujetos al mercado internacional.

“Guatemala tiene capacidad de generar energía para abastecer a seis estados de México, toda Centroamérica y Colombia a la vez, pero con una red bien administrada”, explicó Yuri Mellini, director del Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas).

A criterio de Mellini, el rechazo al establecimiento de hidroeléctricas en comunidades rurales obedece a la poca garantía del Estado para cuidar los recursos naturales y garantizar el servicio barato y de calidad a las comunidades de incidencia.

María Macz, del Comité de Unidad Campesina, en Alta Verapaz, reconoce la necesidad de generar más energía, pero rechaza que sea con capital extranjero.

“Hay conflictividad porque no hay consulta a las comunidades antes de hacer los proyectos. Actualmente la energía tiene costos altos en las áreas urbanas, y en el área rural ni hay”, expuso Macz.

Expansión en riesgo

Para algunos, el Plan de Expansión de Energía Eléctrica —que promueve la CNEE para generación a largo plazo— se ve amenazado por la oposición de comunidades y el sabotaje a las redes establecidas.

“Las torres —de electrificación— producen radioelectricidad, impacto ambiental e inhabilitan las tierras”, indicó Mellini.

Además, cuestionó al Estado, por considerar que no ha sabido conducir las mesas de diálogo para alcanzar acuerdos.

Macz confirmó el rechazo a la instalación de las torres, principalmente por la falta de diálogo y “prepotencia” al querer colocar los equipos.

De acuerdo con Urízar, no lograr el plan de expansión de la red “es muy negativo, ya que no contaremos con la infraestructura de transmisión que se requiere para evacuar apropiadamente la energía de varios de los proyectos nuevos de generación que se están instalando y no se podría llevar la energía a las comunidades que ahora no cuentan con el servicio”.

El robo de energía es otra arista del problema y el principal obstáculo que enfrenta la empresa de distribución Energuate en 20 de los 22 departamentos, donde según la entidad se han saboteado las redes para conectarse en forma ilegal.

Según Mynor Amézquita, director de Comunicación de Energuate, las pérdidas por la comercialización clandestina de energía rebasan los Q100 millones cada año.

Regular tasas

El precio final de la energía y el método de facturación en los departamentos administrados por Energuate es el tercer foco de conflicto.

Parte del problema se atribuye a la tasa de alumbrado público, que hasta ahora es establecida a discreción por las comunas, en proporciones que muchas veces exceden el consumo de energía en las viviendas.

Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza y ponente de una ley para regular la tasa de alumbrado público, expuso que el problema es porque “los concejos unilateralmente fijan tasas municipales”.

Los arbitrios han sido impugnados en la Corte de Constitucionalidad por organizaciones sociales, por considerar que al Congreso le compete decretar gravámenes.

Hasta el año pasado el impacto del alumbrado público reflejado en la facturación en el área occidental era casi del 60 por ciento, y en oriente, del 17 por ciento, en relación con el consumo.

Hasta el año pasado los cobros representaban remanentes de hasta el 300 por ciento para municipalidades, en el caso de Barberena, Santa Rosa, y San Diego, Zacapa.

Autoridades estatales han señalado que a partir del 2015 los costos de la energía podrán reducirse cuando comiencen a operar los contratos de generación a largo plazo.

OPINIONES

Efecto en los precios

“En cualquier caso es crítico que un proyecto no entre en operación en el tiempo previsto”, afirmó  Carmen Urízar, presidenta de  la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

Indicó que, no obstante,   se considera que el suministro para el país se encuentra garantizado por las diferentes inversiones, pero refirió  que  de no ejecutarse los  proyectos  renovables  no se logrará rebaja en los precios  de compra y, por ende, las tarifas al usuario no bajarían.

Dependencia de fósiles

Juan Carlos Méndez, presidente de la   Asociación de Generadores con Energía Renovable, dijo que la demanda de electricidad crece   4% al año.

 Explicó que para cubrir eso sería  necesario construir una hidroeléctrica de 60 megavatios al año. “Al no poder avanzar en la reconversión de la matriz energética hacia fuentes renovables, el país se ve obligado a comprar combustibles fósiles, a precios  internacionales, y los  costos no disminuirían o podrían aumentar”, dijo.

Atentos al suministro

En el país hay instaladas generadoras con capacidad de alrededor de dos mil 500 megavatios, mientras que la demanda es de mil 600 MW, aseguró el consultor en energía Luis Ortiz.

Sin embargo, expuso que no solo se deben ver en número y creer que ya no se necesita agregar más,  sino que se deben ver las  condiciones operativas, ya que  no todas la plantas funcionan, otras están en mantenimiento y en época de verano el aporte de las hidros disminuye.

Conexiones de redes

Guillermo Pérez, gerente general de Trecsa, empresa que tiene a su cargo la construcción de más de 800 kilómetros de red de transmisión, refirió que sin el proyecto de ampliación de esa red “no se permitirá mejorar la calidad, eficiencia, confiabilidad y cobertura del servicio”.  Expresó que con el  fortalecimiento del sistema  se podrán conectar plantas generadoras  desde las regiones más apartadas y  reducir la  frecuencia y duración de los apagones.

De no lograrse,  tampoco  será posible alcanzar la reducción  de 25% en la tarifa eléctrica, según lo calculado.

Proyectos integrales

Según  el analista en energía Roberto Barrera, no hay riesgo en el suministro, debido a la capacidad instalada en plantas de generación, además de que se  puede comprar energía a México. Afirmó que el  impacto sería en el precio, ya que se seguiría dependiendo de combustibles como petróleo y no de  generación renovable.  

Expuso que para que los más de 500 megavatios que dicen los  generadores que construyen con renovables  puedan entregar esa energía al mercado  deben  tener las líneas de transmisión del PET, que incluye la construcción de cinco anillos  de la red de  230 mil voltios.

Q100 millones en pérdidas deja el robo de energía eléctrica.

6 veces más cobran de arbitrio algunas comunas.

Después de dos horas de espera, el recuento de asistencia marcó 68 de 158 diputados, por lo que el presidente del Congreso, Arístides Crespo, suspendió la sesión en la que debía continuar la interpelación a la ministra de Educación, Cynthia del Águila, en la fase de repreguntas.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, cuando a un diputado le sea imposible asistir a alguna sesión, deberá excusarse por escrito con anticipación.

“En caso de enfermedad, situación imprevista u causa de fuerza mayor, la excusa o justificación podrá presentarla en una de las sesiones inmediatas”, señala el artículo 63.

La norma también fija descuentos de hasta el 70 por ciento de la remuneración diaria por la ausencia sin excusa, medida que en la actual legislatura, dominada por el Partido Patriota, no se ha aplicado.

Descanso más largo

El martes último, aunque se celebró la sesión ordinaria, 40 diputados no asistieron al hemiciclo, y solo nueve presentaron excusas. El resto simplemente no llegó, de acuerdo con información registrada en la Dirección Legislativa.

Ayer, solo 68 diputados estuvieron presentes en el hemiciclo en espera de la actividad legislativa; mientras los otros 90 al parecer se adelantaron el asueto legislativo.

Las excusas presentadas a la Dirección Legislativa fueron por “reuniones previas” o “razones de fuerza mayor” y “quebrantos de salud”.

El jefe del bloque oficial, Juan José Porras, justificó la ausencia de los parlamentarios sin excusa con que tenían que cumplir reuniones de trabajo en sus distritos.

“Todos estamos pendientes del Congreso, pero estas épocas son las que les permiten a ellos estar fuera por otras actividades que no pueden desarrollar fuera de sus distritos”, añadió Porras.

Carlos López, jefe del bloque Todos, explicó que la ausencia de algunos diputados de su bancada obedece a “comisiones” que les tocó atender de último momento.

Crespo indicó que la convocatoria se hace con antelación; sin embargo, “cada diputado es responsable de sus actividades y deberían explicar por qué no asistieron”.

Pocos se justifican

Solo 15 de 90 diputados ausentes se  excusaron por escrito, de  no haber  llegado  ayer  al Congreso. 

Emilennee Mazariegos,   PP

Juan Ramón Ponce,   PP

Édgar Arévalo,   PP

Guillermo Sierra, PP

Sofía Hernández,  PP

Joel Martínez, Líder

Natan Rodas, Líder

Óscar Corleto,  Líder

Mirza Arreaga, Líder 

Jorge Mario Barrios,   Líder

Óscar Chinchilla, Creo

Mynor Cappa, Todos 

Virna López, Gana

Edwin Martínez, independiente 

César Duarte, independiente

FUENTE: Dirección Legislativa

“Desde que en Honduras, hace dos meses, salió un tema similar, hemos intentado tener reuniones con las autoridades, pero no había sido posible. Tal vez estaban enfrascados en el desarrollo de esta ley”, dijo Ricardo Sagastume, director del Consejo General de Telecomunicaciones, oficina que representa a las compañías operadoras de teléfonos celulares.

Desconocimiento

Según Sergio Carías, presidente de la Gremial de Operadoras de Televisión por Cable (Grecable), no sabían de la ley hasta su aprobación.

Indicó que ahora el equipo jurídico analiza los ámbitos de acción que podrían afectar los intereses de estas empresas, que suman unas 500 en el país, al considerar que no cumplirían con los requisitos para optar a los beneficios que contempla la Ley.

Varios alcaldes manifestaron temor de que sean afectados los ingresos municipales y la violación de la autonomía, como lo expuso la Asociación Nacional de Municipalidades.

Algunos jefes ediles consultados y que solicitaron que se omitiera sus nombres indicaron que hasta ahora perciben entre Q75 mil y Q100 mil anuales por la colocación y operación de antenas de telefonía, arbitrios que con la nueva ley quedarían en un pago único de Q30 mil.

La administración quedará concentrada en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). Prensa Libre insistió en obtener su opinión, a través de su departamento de Comunicación, pero no obtuvo respuesta.

Control en cárceles

Sagastume explicó que para cumplir con la “imposición” de bloquear la señal de telecomunicaciones en las prisiones, se debe crear una mesa de trabajo con el Ministerio de Gobernación, y aseguró que ninguna empresa telefónica cuenta con el equipo técnico para cumplir con la restricción.

“No hay mecanismo perfecto que haya funcionado en otro país, de hecho, este procedimiento no ha prosperado en otros países, y por eso se necesita la coordinación con las autoridades”, expresó Sagastume.

Sobre la regularización del cobro por instalar las antenas de transmisión, Sagastume calificó la norma de positiva, “porque las municipalidades han establecido unas tablas y arbitrios que se salen de las facultades para lograr una actividad económica dentro de su jurisdicción”.

Con el cambio, según Sagastume, crece la cobertura y señal de telefonía y datos en el país.

Ámbitos de acción en norma de antenas de transmisión

La nueva ley se puede dividir en tres áreas en las que cambiará la reglamentación y normará el uso, instalación y manejo de las señales de telecomunicación y datos.

Limita señal

Fija un plazo de ocho meses para que las empresas de telefonía y datos bloqueen la señal en las cárceles.

El Sistema Penitenciario deberá monitorear cada 15 días la efectividad del bloqueo.

La normativa  impone multas de hasta Q500 mil por cada mes de retraso en el funcionamiento de los bloqueadores.

Fija arbitrio

Establece un  cobro único de Q30 mil por cada torre instalada de soporte de antenas en bienes de dominio público.

El pago de Q3 mil por cada torre de soporte de antenas en bienes privados.

Crea un arbitrio municipal mensual de Q15 por poste instalado.

Fija Q0.70  por cada metro cuadrado donde crucen cables o fibra óptica.

Ordena áreas

La autorización  de la SIT será la única  para instalar antenas, cables, fibra óptica, postes o transmisión inálambrica en propiedad privada y pública.

Faculta a remover la vegetación que estorbe a los cables o postes.

Podrán solicitar servidumbres —espacio— para instalación de infraestructura en propiedad particular.

La nueva normativa da potestad a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) para ser la única que autorice la instalación y fije el arbitrio que las comunas deben percibir por la colocación de torres de transmisión de telecomunicaciones, postes y cableado de transmisión de datos, atribuciones que tenían las municipalidades.

La normativa generó de inmediato el rechazo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), por considerar que se viola la autonomía de las comunas al fijar arbitrios y administrar territorios ediles.

La Ley también fue cuestionada por considerar que privilegia los intereses de las grandes compañías de telecomunicaciones en el país y limita a las pequeñas y emergentes que buscan competir en el mercado de transmisión de datos y servicios de cable, principalmente en la provincia.

La norma fue incluida en una moción privilegiada con la cual se suspendió la interpelación de la ministra de Educación, Cynthia del Águila, en la que también se incluyó la convocatoria a la comisión de postulación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el dictamen en primer debate de la ley de jurisdicción indígena.

Como pocas veces durante esta legislatura, se unieron oficialistas y opositores, y al final, de los 116 diputados presentes, 108 votaron a favor de la propuesta cabildeada por el bloque oficial, lo que permitió la aprobación de la nueva agenda.

Caballo de Troya

La repentina Ley de Control de Telecomunicaciones consta de 17 artículos, pero solo uno se refiere al control de la transmisión de datos en las prisiones y obliga a las empresas que prestan el servicio de telefonía a no generar tráfico de telecomunicaciones móviles dentro de las cárceles.

El objetivo principal de la normativa y a lo que se dedica casi el total del articulado es a normar la autorización y administración de las torres y equipos de transmisión de datos, así como los pasos de servidumbre en el territorio nacional de las transmisiones de telecomunicación en el país.

Esto para algunos diputados, que incluso votaron a favor —que pidieron no publicar sus nombres—, es una estrategia del bloque oficial para ocultar bajo otro nombre e intención, controles y prebendas hacia las empresas que dominan el mercado de telecomunicaciones en el país, por lo que la propuesta merecía una discusión más amplia.

El diputado Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza, refirió que se salieron al conocer la moción.

“Nos oponemos a que no se respeten decisiones de jefes de bloques, se dejan fuera las leyes que se habían negociado y nos sorprenden con esta, que merece más discusión, y vienen sin avisar nada, con una ley que nadie conocía y aprueban de urgencia nacional”, expresó.

Juan José Porras, jefe del bloque del Partido Patriota, negó que la Ley formara parte de los intereses de la bancada y que la haya enviada el Ejecutivo.

Expuso: “Es un tema que viene de la propia necesidad, también los ciudadanos pueden ver un tema subyacente, que es la inseguridad. Por un lado, ordena ese tema, y por otro, unifica cómo las municipalidades llevan a cabo los cobros de las distintas tasas por las torres de transmisión de datos”.

impugnaciones

Diputados dividieron su criterio sobre la Ley aprobada, algunos convencidos del cambio, y otros, dejando al tiempo las impugnaciones, por una posible violación a la autonomía municipal.

Los criterios en contra giraron en relación con el poder que les quitan a las comunas de regular su territorio y la imposición de arbitrios.

“Lo que se hizo fue establecer un arbitrio estandarizado, para que las municipalidades no puedan abusar en el cobro, una diferencia de criterios, y que un alcalde decida instalar un equipo a un precio y otro pida más o menos”, dijo Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala.

Luis Chávez, de Libertad Democrática Renovada, indicó: “La autonomía municipal, en todo caso, debería revisarse, porque lo han tomado como personal algunas autoridades municipales, en el sentido de dar el derecho de paso a cambio de una caución económica y se va a volver una anarquía”.

Valentín Gramajo, del PP y presidente de la Comisión de Comunicaciones, afirmó que está convencido de haber aprobado una Ley de beneficio común y que, de existir una inconformidad, no es el Congreso el que debe conocerla.

“Las municipalidades, si no están de acuerdo, podrán plantearlo, y para eso está la Corte de Constitucionalidad. Ellos decidirán”, aseguró Gramajo.

Con el fin de recaudar fondos, grupos de encapuchados, divididos en 22 subcomités de Huelga, envían cartas a comercios para pedir dinero a cambio de no dañar los inmuebles.

Los principales problemas, de acuerdo con comerciantes, ha sucedido en Quetzaltenango y San Marcos, y ahora en la Sexta Avenida, zona 1 capitalina.

También se practica la talacha, en la que los encapuchados salen del campus de la Universidad de San Carlos (Usac), en busca de fondos, según ellos, para financiar actividades previas al desfile bufo del Viernes de Dolores. Entre estas figuran la declaratoria de Huelga General, que se efectuó ayer, y unas 20 fiestas más hoy.

En medio de las actividades huelgueras, en sectores de la población aumenta el descontento y el rechazo hacia ese movimiento de estudiantesde la Usac, al señalar que “solo están cuando les conviene, y no cuando el pueblo los necesita”.

Pagar o perder

Según denuncias, en el campus central de la Usac supuestos grupos militantes del Honorable Comité de Huelga han exigido este año hasta Q1 mil a los comercios, y cuando no les pagan, los encapuchados recogen la mercadería.

La semana pasada, estudiantes de la Escuela de Historia se opusieron al cierre del edificio y al robo de mercadería a comerciantes afuera del inmueble. Ello originó agresiones y supuestos sancarlistas con capuchas negras, que identifican al Honorable, responsable general de la Huelga, dispararon al aire.

Episodios similares se han reportado en la Escuela de Ciencias Políticas y en la Facultad de Odontología en las últimas semanas.

Finanzas sin control

El presupuesto de la Huelga de Dolores es desconocido, incluso para el mismo Honorable, que niega tener el control de las finanzas de los 22 subcomités que coordina.

Durante los 40 días del período huelguero, los subcomités toman el dominio de los parqueos en el campus y controlan la entrada y salida con el cobro de una “colaboración”.

El pago por ingresar en el campus, a pie o en vehículo, también genera molestias entre estudiantes, que durante 40 días deben pagar hasta Q5, aporte que los subcomités administran a discreción. Ese hecho viola el derecho a la libre locomoción.

“Vengo a hacer un trámite, y ellos —los encapuchados— son unos abusivos que no dejan entrar a la Universidad si no les pagan”, denunció una estudiante de Historia que pidió el anonimato.

Otro método de recaudación es a través del bono huelguero o calcomanías que el Honorable distribuye con costos de hasta Q300.

A los comercios de la Sexta Avenida, por medio de cartas se “solicitó” un aporte a la Huelga a cambio de no dañar los inmuebles, pago que según constató Prensa Libre, oscila entre Q100 a Q500.

Los bonos son obligatorios para los comercios señalados por el Honorable en el campus central, de Q50 a Q100; Q100 para buses urbanos en la capital y Q300 que debe pagar cada uno de los 158 diputados del Congreso.

Hay infiltrados  

Según el Honorable Comité de Huelga, existen unos 10  grupos no oficiales que portan  capuchas durante las actividades,  venden bonos y serían responsables de  enfrentamientos  en el campus.

Culi, una integrante del Honorable, explicó que no es posible controlar y “algunos ni siquiera son estudiantes”, pero andan con armas de fuego.

Según la representante estudiantil,   se trata de controlar a los 22 grupos bajo su cargo y solo se pide una colaboración, sin coaccionar a nadie.

“Cargamos palos para defendernos porque también somos atacados”, justificó la encapuchada.

Sobre el expendio de bebidas alcohólicas, prohibidas dentro del campus, el Comité de Huelga asegura que no tiene  control sobre esa situación, porque  es responsabilidad de  la Rectoría.

Es un delito

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, explicó que “de haber una amenaza en la solicitud de dinero, está tipificado como una extorsión”, y reconoció que muchas de las actividades en el marco de la Huelga de Dolores han caído en impunidad. 

Según López Bonilla, se está siguiendo una línea de investigación de falsos estudiantes que, con capucha, han pedido dinero en áreas de la capital. 

 El ministro  agregó que se debe denunciar,  para que se pueda accionar, y recordó que  los mayores problemas han ocurrido en Quetzaltenango.

“La Huelga es una tradición   que entendemos  los guatemaltecos, lo que no entendemos es que se pongan la capucha y se alejen del fin de la Huelga y  oculten su identidad para cometer actos delictivos”, dijo  López Bonilla.

EXTORSIÓN

Según el Código Penal,  comete  extorsión “quien, para procurar un lucro injusto o para defraudarlo obligare a otro, con violencia, a firmar, suscribir, otorgar,  destruir o entregar algún documento,   a  contraer una obligación o a condonarla”.

Q47 mil cobraron al Congreso en bonos.

Q100 Por autobús urbano en la capital.

Tikal y Quiriguá están reconocidos por la Unesco como patrimonio mundial, y son los que más riesgo afrontan, principalmente por frentes de deforestación en zonas de amortiguamiento, adyacentes a los límites de las áreas naturales protegidas, lo que ha generado presión en las zonas núcleo, aunque el daño aún no ha alcanzado ese sector.

La advertencia de los riesgos “es una llamada de atención no solo al Gobierno, a los expertos, la comunidad civil, para quienes están participando siempre en ese esfuerzo, incluida la cooperación internacional e intereses empresariales”, explicó Pilar Álvarez, directora y representante multipaís de Unesco para Centroamérica y México.

Según Álvarez, salir de la lista de sitios patrimonio mundial es un proceso lento, pero “a lo que no hay que reducir importancia es al semáforo de alertas; y si hay luces amarillas, hay que prestar atención y, figurativamente hablando —los sitios en el país—, están en amarillo”.

Amenaza real

Ernesto Kernil, director de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ratificó que hay amenaza real en Guatemala.

Afirmó que se deben implementar acciones para evitar que esas áreas sean de nuevo evaluadas y puedan perder su calificación por no cumplir con los cuidados a los que el país se ha comprometido.

“Hay una oportunidad de mejorar la legislación para que esos sitios reciban ese tratamiento extra y evitar que salgan de la lista. Sería una tristeza, pero más triste es que no cumplan y sigan manteniéndose”, añadió.

De acuerdo con Kernil, países como Guatemala han decidido de manera soberana incorporarse y han sometido los sitios como patrimonio mundial, y “en ejercicio de esa soberanía, deben ser congruentes y protegerlos”, para mantener la categoría.

Benedicto Lucas, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), reconoció que hay amenazas, pero se han identificado en áreas de amortiguamiento, y no en zonas núcleo en el Parque Nacional Tikal.

“Dentro de la reserva de Tikal no hay una amenaza directa; afuera, sí, en la zona de amortiguamiento”, explicó.

En el caso del parque arqueológico Quiriguá, Los Amates, Izabal, Lucas indicó que el sitio es reconocido más por su valor arqueológico e histórico, y no por su biodiversidad. Sin embargo, también ha estado bajo amenazas, como lo señalan ecologistas.

Las otras áreas donde según el Conap existen “retos y desafíos” son las del Trifinio Montecristo Fraternidad, área que comparten Guatemala, Honduras y El Salvador; y la Sierra de las Minas, reconocidas por la Unesco y amenazadas por ocupaciones ilegales y la expansión de monocultivos que han deforestado el área.

El decreto forma parte de una moción privilegiada aprobada en medio de la interpelación de la ministra de Educación, Cynthia del Águila, en la que además se conocerá un aumento a la pensión de maestros galardonados con la orden Francisco Marroquín y otras condecoraciones a escuelas e instituciones benéficas.

Con la táctica parlamentaria respaldada por todas las bancadas se suspendió el juicio político que, luego de dos jornadas, había avanzado 20 de 30 preguntas básicas que formulará el jefe del bloque de Libertad Democrática Renovada (Líder), Roberto Villate.

Rechazo

Durante la mañana, varios grupos sindicales llegaron al Congreso a manifestar su rechazo a la ley de inversión y empleo y las reformas al Código de Trabajo.

Según el sindicalista Alfredo Lacs, ambas normas favorecen al sector económico al otorgarle mayores beneficios, pero no garantizan protección ni beneficios a la clase trabajadora, y por el contrario limitan sus derechos laborales.

Ayer circularon en las filas del bloque oficial 10 enmiendas a la iniciativa 4644, elaboradas por el Ministerio de Finanzas (Minfin) y presentadas al Ejecutivo para su discusión y análisis.

Los cambios, que deben ser consensuados por el Minfin, Ministerio de Economía y la SAT, se centran en darle a esta última institución poder para evaluar las solicitudes de exenciones y beneficios fiscales, y con lo cual se busca reducir el agujero fiscal estimado en más de Q1 mil 200 millones.

Entre el resto de bloques existen dudas en torno a la normativa en su redacción original; sin embargo, todos coinciden en que es urgente aprobarla para cumplir con compromisos adquiridos con la Organización Mundial del Comercio.

Las enmiendas, según el director del Programa Nacional de Competitividad, Juan Carlos Paiz, deberán ser definidas a más tardar hoy, para no comprometer las inversiones ni la recaudación fiscal.

Nuevo cabildeo

De acuerdo con el jefe del bloque del PP, Juan José Porras, deberán iniciar de nuevo los cabildeos en busca de consensos para aprobar la ley y sus enmiendas.

Agregó: “Son enmiendas que el propio Ejecutivo trabaja. Sobre esa base nos queda esperar el resultado de ese trabajo”.

Las 10 enmiendas, según Porras, deberían estar consensuadas en el menor tiempo, aunque bloques como Compromiso, Renovación y Orden (Creo), y la Unidad Nacional de la Esperanza han anunciado citaciones con funcionarios de la SAT y Finanzas la próxima semana.

El diputado Álvaro González, de Creo, dijo estar sorprendido por el rechazo de la SAT, al considerar que el análisis de esta no tiene un verdadero sustento sobre la eventual caída de la recaudación de aprobarse la norma.

“La SAT ya está teniendo problemas de recaudación. En cuanto a la ley de inversión y empleo hay sectores preocupados, porque si no tomamos decisiones, como renovar los temas de maquila, se pierden 200 mil empleos”, expresó González.

Álvaro Trujillo, de Libertad Democrática Renovada (Líder), comparte la urgencia de aprobar la ley para cumplir con compromisos adquiridos, pero insiste en que se deben hacer cambios que garanticen la “justicia fiscal”.

Añadió: “Un grupo de empresarios estará beneficiado y otro pagará todos los impuestos, existiendo una falta de equidad y justicia tributaria. Existen alrededor de 40 mil contribuyentes que hoy estarían aptos a migrar a ese nuevo régimen, provocaría un hoyo fiscal de momento de Q1 mil 300 millones y podría llegar hasta Q12 mil millones”.

Para la sesión de hoy el PP pretende suspender la interpelación de Líder a la ministra de Educación, y con una moción prorrogar un acuerdo de subvención para pacientes con VIH y algunas condecoraciones, pero no figura la iniciativa sobre inversión y empleo.

Principales enmiendas 

Se restringe el ámbito de aplicación de la ley y sus beneficios a zonas actualmente francas y maquilas.

Las actividades exentas de impuestos deberán tener opinión favorable de la SAT y del  Minfin.

Se limita el beneficio  fiscal a empresas con  vínculos a otras que estén incluidas.

Se crean fianzas de garantía  para los almacenes fiscales.

Se elimina el derecho de enajenar bienes  después de cinco años de importados.

Q1,200 millones según la SAT, perdería el fisco por ley.

La sesión, convocada a las 14 horas, empezó una hora después con la juramentación de los 10 integrantes de la Comisión contra la Tortura.

Una moción privilegiada interrumpió la agenda para aprobar un punto resolutivo para exhortar al Ejecutivo a declarar de urgencia nacional la reconstrucción del mercado La Terminal, propuesta apoyada por la mayoría de bancadas presentes.

Preguntas básicas

Del Águila ingresó en el pleno junto a un equipo de asesores y el viceministro administrativo Alfredo García, previa autorización del pleno, a través de una rápida votación.

Villate no dejó que la funcionaria terminara las respuestas de las siete interrogantes básicas que formuló antes de que se rompiera el quórum, las cuales pidió que se trasladaran por escrito.

Entre las preguntas que se plantearon a la ministra figura la ejecución y la lista de asesores y sueldos en la dependencia. La sesión seguirá mañana, a las 10 horas.

El primer intento de que la funcionara recibiera el apoyo técnico fracasó el jueves último, cuando por medio de una votación 74 de 158 diputados aprobaron la asistencia, sin llegar a los 80 requeridos.

Según el presidente del Legislativo, el oficialista Arístides Crespo, se cuenta con un fallo de la Corte de Constitucionalidad del 2002, que podría permitir a Del Águila contar con asistencia directa de su equipo.

Otras opciones

Según Crespo, otra vía puede ser reiterar la votación del jueves, y la última es que la Junta Directiva autorice el ingreso de los asistentes para la ministra, pese a que tiene las preguntas desde octubre del 2012.

“No habría razón de que se prohíba que ingresen las personas que van a ayudarle a resolver las interrogantes”, dijo Crespo.

La sesión, convocada para las 14 horas, contempla en primera instancia la juramentación de los profesionales que integran la Comisión contra la Tortura, seguida de la interpelación.

El subjefe del bloque de Libertad Democrática Renovada (Líder), Leonardo Camey, uno de los interpelantes, opina que “si —el oficialismo— está seguro de que es un tema facultativo de Junta Directiva, no deberían cometer el error de someterlo a votación”.

Agregó: “Se le envió a la ministra las preguntas básicas con anticipación y debería estar preparada con las respuestas desde el año pasado”.

Juicio anunciado

La interpelación de la ministra de Educación fue solicitada en junio del 2012 por el diputado José Barreondo Zavala, de Líder.

Las preguntas básicas fueron entregadas al Mineduc en octubre del 2012.

Desde diciembre de ese año, la ministra llega al Congreso cada día, convocada a sesión, a la  espera de ser llamada.  

Las bancadas UNE y Creo se sumarán  al juicio político.

Las reformas al Código de Trabajo, segundo tema priorizado en la agenda oficial, también se ven comprometidas, ya que los cambios estarían condicionados por el sector empresarial a los beneficios fiscales que ofrecía la ley de inversión y empleo.

Ambas iniciativas tienen plazo fatal para su aprobación, porque son parte de compromisos de Estado adquiridos con la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT), además del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Fase de análisis

El subjefe de la bancada oficial, José Fernández, indicó que aunque entre las propuestas prioritarias para su aprobación se encontraban las leyes de inversión y empleo y las reformas al Código de Trabajo, ahora deberán esperar.

Agregó: “Mientras no haya un acuerdo entre el Ministerio de Economía (Mineco) y la SAT, no podríamos trasladar la iniciativa de inversión y empleo al pleno”. Luego se deben presentar los dictámenes técnicos “para ser incluida en una agenda que se pueda proponer” a los distintos jefes de bloques, indicó Fernández.

“Es una iniciativa del Ejecutivo y tiene que estar claro para poder trasladar el proyecto al pleno”, aseguró.

Otros bloques que se han aliado en la aprobación de propuestas del oficialismo han indicado que es necesario analizar la advertencia de la SAT, antes de buscar el apoyo entre las bancadas.

La vicepresidenta Roxana Baldetti anunció que solicitará al superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz, que se reúna con el presidente de la comisión legislativa de Economía, Antonio Ralda, para revisar la iniciativa de ley y evitar que afecte la recaudación fiscal.

“Le voy a pedir de nuevo que se reúnan con el presidente de la Comisión, que es de la bancada oficial, para que vean cuál es el porcentaje que dice —la SAT— que se dejaría de percibir, porque el Gobierno no está dispuesto a perder ni medio punto de recaudación”, afirmó Baldetti, después de haber participado en el Gabinete de la Mujer ayer en el Palacio Nacional de la Cultura.

La vicemandataria añadió que Muñoz ya le había comentado que la ley afectaría la recaudación, pero “no tenía datos”, por lo cual ella se los solicitó.

El sector empresarial manifestó la necesidad de aprobar las normativas y reforzó su temor sobre la supuesta pérdida de competitividad del país y la reducción de inversión que afectaría directamente la creación de empleo, y por el contrario ocasionaría la pérdida de miles de plazas de trabajo a mediano y largo plazos.

La Asociación de Zonas Francas y la Comisión de Vestuario y Textil abogan por que se logre rápido un consenso entre la SAT y el Mineco, que agilice la aprobación de las leyes y se reduzca en lo posible el impacto en la inversión.

Falta coordinación

La SAT informó el viernes último el riesgo por la aprobación de la ley de inversión y empleo, pese a que en las últimas tres semanas los ministros de Economía y Trabajo habían peregrinado con varias bancadas para explicar las iniciativas y pedir su aprobación de urgencia nacional.

“Se manifiesta una contradicción en el Gabinete Económico, entre el Ministerio de Finanzas la SAT y el Mineco. Por un lado está la necesidad de estimular la inversión a través de exenciones fiscales y por otro de mantener la recaudación para garantizar los balances de las finanzas públicas”, señaló Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Coinciden con Barreda otros legisladores de oposición, que señalaron que la falta de apoyo general en el Ejecutivo para sus temas priorizados refleja que existe “enfrentamiento de intereses”, entre los que representan al sector empresarial y otro grupo técnico que quiere defender las finanzas públicas.

“Con esto vemos una improvisación de gobierno, de no tener una ruta clara, de no tener programas eficientes que traigan como consecuencia el fortalecimiento de la economía en Guatemala”, dijo Leonardo Camey, subjefe del bloque Libertad Democrática Renovada.

Impacto drástivo

Edwin Martínez, viceministro de Finanzas, refirió que si el Estado deja de recibir unos Q1 mil 200 millones, el impacto sería drástico, que se traduciría en la ejecución. “Habría que darle un recorte a todo el gasto”, añadió.

Martínez explicó que el ingreso corriente, que se capta por la vía de impuestos, sirve para financiar el gasto del sector público.

Los registros del Mineco dan cuentan de que bajo este decreto están inscritas 937 empresas. Por actividad económica, 302 son del sector maquila y textil, 211 agrícolas y agropecuarias, 111 de manufactura y 79 empresas de alimentos.

Además, figuran 42 compañías de plásticos, 34 de químicos y farmacia; 27 de productos de madera y 131 de otras actividades.

En cuanto a empresas en zonas francas hay 209 usuarios comerciales, 22 usuarios de servicios y 31 industriales.

CONSECUENCIAS

200 mil empleos  se deberían generar cada año, según el plan de Gobierno.

Q1.2 mil millones podría caer la recaudación con la nueva ley, dice la SAT.

500 mil empleos se perderían, según el Mineco, de no aprobar la norma.

Hace falta contexto

Según  el diputado oficialista Antonio Ralda, presidente de la comisión de Economía, el dictamen negativo de la SAT obedece a la falta de contexto.

“No tienen el contexto general de cuántos empleos se perderían, dónde las empresas optarían por migrar  y se perderían más de 500 mil empleos”, indicó Ralda.

Necesita consensos

Alfredo Bances Molina, presidente de la Asociación de Zonas Francas, dijo que a la ley le hace falta un nuevo consenso entre la SAT y otros sectores.

“Si el Congreso aprobara una ley que  no representa ventajas competitivas para el país, lo mejor es tomar los tiempos necesarios para lograr un acuerdo mutuo”, dijo.

No van a tributar

“La industria de vestuario crea empleo y  transfiere el ingreso de divisas al país. Si quieren que tributemos, va  a ser fácil. El inversionista desconecta sus máquinas y se traslada a Honduras, Nicaragua o El Salvador,  e igual no van a tributar aquí ni allá”, señaló  Antonio Malouf,  integrante de la directiva de la Comisión de Vestuario y Textil.

Los electos ayer, a excepción de Gamalero, eran parte de una lista dada a conocer por Prensa Libre días atrás, producto de negociaciones del Partido Patriota (PP) con sus aliados, a través de cuotas políticas entre los bloques en reuniones secretas fuera del Congreso.

Los cinco magistrados titulares y cinco suplentes deben tomar posesión el próximo 20 de marzo, según el mandato constitucional, y desempeñarán el cargo por los próximos seis años.

Fuerzas políticas

Desde el pasado 18 de febrero, cuando la comisión postuladora entregó la nómina de 40 candidatos para una magistratura del TSE, las fuerzas políticas en el Congreso comenzaron a cabildear por sus favoritos.

Aunque fue negado varias veces por jefes de bloques, en reuniones secretas fuera del Congreso, incluso durante fines de semana, se definió la nómina que integraría el TSE, ratificada la tarde de ayer por el Pleno.

El 6 de marzo, Prensa Libre publicó los nombres de los 10 posibles candidatos, y en relación con las cuotas de poder, el PP logró promover a dos candidatos titulares y dos suplentes; Todos, un titular; Gran Alianza Nacional (Gana), un suplente; Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), un titular; Compromiso, Renovación y Orden (Creo), un titular; y el bloque de diputados independientes quedaba con dos suplentes.

Libertad Democrática Renovada (Líder) nunca reconoció el apoyo a la lista promovida por el bloque oficialista, pero ayer votó por la nómina.

Elección rápida

Durante dos horas, el Congreso conoció y eligió a los 10 magistrados del TSE, a través de una rápida votación que solo fue interrumpida por diputados que razonaron sus votos a favor, para pedir objetividad al nuevo órgano electoral.

“Es un momento en el que se necesita restaurar la credibilidad del TSE. Hemos asistido a acontecimientos como —repetir elección municipal en— Nebaj, o el caso del diputado Wálter Félix, por fallas atribuibles al TSE. Queremos que el nuevo tribunal se gane la confianza”, expresó Mario Torres, diputado independiente, al discurso.

“Entendemos de alguna manera los consensos logrados con el partido oficialista y los otros. Felicitaciones. Nos congraciamos, porque estas cinco personas —magistrados titulares— tendrán prácticamente la responsabilidad de poder dirigir los destinos de esa institución”, dijo Roberto Villate, jefe del bloque Líder, luego de haber apoyado a los electos.

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala; Amílcar Pop, de Winaq; y Selvin García, de Creo, coincidieron en que el nuevo TSE debe ser objetivo, para recuperar la “credibilidad” de ese órgano.

Compromisos y retos

El nuevo TSE tendrá bajo su responsabilidad la organización de dos procesos electorales, y durante su mandato podría conocer y aplicar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Para Valenzuela, la elección demostró que se tomaron en cuenta “las calificaciones altas” obtenidas durante el proceso de postulación, y “el primer reto es preparar las elecciones del 2015, a partir de mayo del siguiente año”.

Agregó: “Deberían implementar otras reformas para transparentar las elecciones y la igualdad para todos los partidos, pero lo principal es —controlar— el financiamiento de los partidos políticos”.

Aguilar Elizardi explicó que el principal propósito del nuevo TSE es “fortalecer a las organizaciones políticas, hacer un papel independiente, objetivo y con apego a la Ley”.

El nuevo magistrado añadió que “no dará tiempo de sentarse”, y se deberá desde ya trabajar en temas como las campañas anticipadas.

Mijangos, la única magistrada titular del TSE, dijo sentir “gran expectativa” por el trabajo que deberá efectuar.

“Hay que tratar de fortalecer el tribunal. Con la actual ley se podrá enfrentar, si se tiene voluntad política de aplicarla. Se debe tener una relación permanente con los partidos políticos y la formación cívica y política a la población”, expresó.

Pineda, el candidato que más votos obtuvo durante la elección de ayer, indicó que el asumir una magistratura titular del TSE es un gran reto. Sin embargo, evitó entrar en detalles, y ofreció que hoy dará a conocer más pormenores de sus proyectos de trabajo.

Con el director electoral del TSE y ahora magistrado Julio Solórzano no fue posible comunicarse vía telefónica para obtener sus impresiones, dado que su celular daba señal de estar apagado.

Acuerdo previo  

La sesión de ayer se destacó por los rápidos acuerdos que se obtuvieron y cómo fue orquestada una votación ampliamente discutida y consensuada.

En sesión de jefes de bloques hace dos días no se propuso la elección de magistrados, por “falta de acuerdos”.

Ayer, durante la mañana, se sostuvo la última reunión entre los jefes de bloques y otros articuladores políticos, para ultimar detalles.

El último cambio a la nómina consensuada fue sustituir a Tatiana Cabrera por Estuardo Gamalero en una magistratura suplente.

La sesión comenzó con dos horas y media de retraso.

El bloque Todos fue el  último en integrarse al quórum para iniciar con la sesión.

La sesión comenzó con la lectura de actas de sesiones anteriores, mientras articuladores políticos  cabildeaban los últimos votos.

A través de una moción privilegiada antes de retomar la interpelación del ministro de Cultura se propuso la elección del TSE y la integración de la Corte Suprema.

MAGISTRADOS TITULARES

Mario Ismael  Aguilar Elizardi

137 VOTOS

Propuesto por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Egresado de la Usac en 1980. maestría en Docencia Universitaria.

Abogado litigante y notario por 34 años.

Docente  de la Usac por 33 años; de la UMG, del 2001 al 2003; y posgrado, del   2004 al 2005.

Asesor jurídico en las empresas Impulsora Lechera Guatemalteca, Fertilizantes Especiales y Fitoquímicos  y Schumann.

María Eugenia Mijangos Martínez

136 VOTOS

Propuesta por el  partido  Todos.

Egresada de la Usac en 1989.

Maestría en Ciencias Políticas y Desarrollo Económico y Social, 2009-2011.

Fue directora

de proyectos en el PNUD y asesora en

Care-país.

Docente en la URL. Coordinadora del Área de Derechos de la Mujer en Caldh. Publicó el libro El  problema de la vivienda en Guatemala.

Rudy Marlon Pineda Ramírez

141 VOTOS

Propuesto por el PP.

Egresado de la Usac en 1998.

Maestrías en Derecho Mercantil, Penal y Suficiencia Investigadora. Doctorados en Ciencias Políticas y Sociología  y Ciencias Penales.

Profesor en la Usac y la UMG.

Ha sido abogado litigante, juez de Instancia Penal, presidente de Tribunal de Sentencia y magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Penal.

Julio René Solórzano Barrios

130 VOTOS

Propuesto por Creo.

Egresado de la Usac en 1999.

Recibió formación en procesos electorales en Japón, EE. UU., Argentina, España, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Certificado por el Departamento de Estado de EE. UU. por haber participado en  Seminario Regional de Ética y Desarrollo Público. 

Tiene 30 años de trabajar  en el TSE, del cual  es director electoral.

Jorge Mario Valenzuela Díaz

120 VOTOS

Propuesto por el PP.

Egresado de la URL en 1997.

Doctor en Derecho por la UFM.

Fue juez de Primera Instancia Penal, presidente del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Mixco y  ha ocupado otros cargos similares.

Magistrado suplente de la Sala Tercera de Apelaciones y titular de la Sala Primera de Apelaciones de lo Penal.

SUPLENTES

Estuardo Gamalero Cordero 

129 VOTOS

Propuesto por la Gran Alianza Nacional.

Egresado de la Universidad Francisco Marroquín.

Asesor legal externo de la Cámara de Industria  del 2006 a la fecha.

Catedrático de la UFM en Teoría y Derecho Constitucional e  Introducción al Derecho.

Director titular en la directiva del CHN.

Tuvo a su cargo la fusión de los bancos G&T y Continental.

José Aquiles Linares Morales

131 VOTOS

Propuesto por el PP.

Graduado de la Usac en 1971. Doctor en Filosofía del Derecho por la  Universidad de París II Panthéon-Assas, 1981.

Docente en las facultades de Derecho de la Usac, por siete años; Ciencias Políticas, cinco; y en la de Ciencia Política y Derecho Constitucional de la  URL.

Asesor jurídico de la Vocalía 7 de la CSJ.   Fue diputado al Parlacén e integró el Tribunal de Honor del Cang.

Ana Elly López Oliva

134 VOTOS

Propuesta por independientes.

Se graduó en la URL, en 1994. Maestría en Asesoría en Tributación, 2014.

Doctora en Derecho Pluralista Público y Privado, por la Universidad Autónoma de Barcelona, impartido en Guatemala.

Actualización tributaria en Price Waterhouse Coopers.

Cursos de Derecho Tributario en Escuela de Negocios Tayasal.

Augusto Eleázar López Rodríguez

139 VOTOS

Propuesto por el Partido Patriota.

Egresado de la Usac, en Quetzaltenango, en 1984.

Doctor en Justicia y Derecho  por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Doctor en Derecho por la Usac, 2013.

Magistrado de la CSJ, 2004-2009.

Juez de Sentencia Penal, 1988, y presidente de la Sala de Apelaciones Penal, 1999-2004.

Óscar Emilio Sequén Jocop

125 VOTOS

Propuesto por diputados independientes.

Egresado de la Usac en 1983.

Maestría en Derechos Humanos y especialista en Introducción a la Investigación Científica.

Ha sido asesor y consultor para organizaciones sociales indígenas y cooperativistas, del Ministerio de Cultura, de la PGN, de diputadas indígenas y de la Onsec.

Docente de la Facultad de Derecho de la Usac.

La lista de elegidos, como lo dio a conocer ayer Prensa Libre, habría provocado presión y señalamientos de varios sectores, molestos por algunos nombres incluidos o dejados fuera, lo que ahogó los planes de sesionar ayer y someter la nómina a votación.

El Partido Patriota (PP) aseguró que van a insistir en los consensos con el resto de bloques parlamentarios, pero no descarta un acercamiento con el opositor Libertad Democrática Renovada (Líder), que ha estado fuera de las negociaciones.

El nuevo TSE, según la ley, deberá tomar posesión el 20 de marzo, lo que pone cuesta arriba las negociaciones para determinar quiénes ocuparán durante seis años las cinco magistraturas titulares y cinco suplentes.

Reuniones privadas

Trascendió que en reuniones sostenidas desde el fin de semana hasta ayer se habían acordado cuotas políticas, que fueron dadas a conocer por Prensa Libre el martes último: dos titulares y dos suplentes para el PP y un titular, cada uno, para Todos, Unidad Nacional de la Esperanza y Compromiso, Renovación y Orden.

Además, los independientes, partidos minoritarios y la Gran Alianza Nacional, un suplente cada uno.

La lista iba a ser sometida ayer a votación, con apoyo de esos bloques, excepto Encuentro por Guatemala (EG) y Líder.

Pero al hacerse públicos los nombres de los 10 magistrados consensuados del TSE: Julio Solórzano, Rudy Marlon Pineda, María Eugenia Mijangos, Jorge Mario Valenzuela y Mario Aguilar Elizardi, como titulares, y Aquiles Linares, Tatiana Cabrera, Ana Elly López, Óscar Emilio Sequén Jocop y Augusto Eleazar López, como suplentes, hubo crítica y rechazo de varios grupos.

La sociedad civil y el sector privado se pronunciaron por la alteración de la lista, debido a lo cual se suspendió la sesión convocada para ayer a las 15 horas. Solo asistieron 33 de los 158 parlamentarios.

La presión era para excluir a Valenzuela y a Pineda, quienes habían sido descartados, pero fueron propuestos de nuevo por el PP.

Según algunos diputados, Aristídes Crespo, presidente del Legislativo, fue quien entregó la noche del miércoles la lista en la reunión privada, que habría sido enviada por el Ejecutivo.

A ello se suma la intención de eliminar de la lista a Solórzano, a quien lo vinculan con Líder, extremo que fue negado por ese partido.

“Los nombres que se han filtrado obedecen a sus excelentes calificaciones. No quedaría duda que sea parte de lo que se mencione, pero no hay un listado definitivo”, explicó el jefe del bloque oficialista, Juan José Porras.

Respecto de las presiones, Porras no negó que haya favoritismo de algunos sectores por ciertos candidatos, aunque aseguró que la decisión final será del Legislativo.

Agregó: “Al igual que la sociedad civil, —el sector privado— tiene derecho a proponer y calificar a sus candidatos. Hemos escuchado a todo el mundo, y son válidas las posturas que puedan tener”.

Nineth Montenegro, de EG, rechazó cualquier intromisión de grupos fuera del Legislativo.

“La sociedad civil salió felicitando y evaluando bien a la comisión —de postulación—, y dejaron mucho qué desear. Ahora la misma sociedad civil pone reparos, y no los puso antes, si estuvieron todos los días allí”, cuestionó Montenegro.

Presión telefónica

Porras dijo que desconocía que se haya dado ayer algún tipo de presión para alterar la lista de candidatos, denuncia hecha por otros diputados, incluso del mismo bloque oficialista, quienes indicaron haber recibido mensajes de texto con la solicitud de descartar a algunos candidatos.

Jorge Mario Barrios, del bloque Todos —que en teoría había logrado el derecho de elegir a un magistrado titular y un suplente—, negó haber hecho un pacto para integrar el TSE, pero no la asistencia de algún diputado a las reuniones sostenidas en privado.

“No sé quién lo hizo, y no creo que haya alguien que lo haya hecho, porque antes de sentarse en una mesa debe tener el apoyo de la mayoría de la bancada, y no lo hemos hecho; por eso no llegamos hoy —ayer— al pleno, porque no estábamos listos para votar”, explicó Barrios.

Ampliar alianzas

Ante el difícil escenario para lograr los 105 votos que debe tener cada magistrado y definir la integración del TSE, el PP no descarta alianzas con cualquiera, incluso con Líder.

“Numéricamente es más fácil negociar con un bloque de 40. No estoy diciendo que se descarte, dentro de la búsqueda de consensos. Líder tiene que hacer su trabajo”, aseguró Porras.

El diputado Roberto Villate, jefe del opositor Líder, aseguró que los acuerdos se han roto, incluso por diferencias internas en el PP.

“Siempre hemos estado dispuestos a lograr consensos, no a las dictaduras. Y si surge un consenso y podemos sentarnos a platicar, lo hacemos; pero no nos cierran la puerta de un solo golpe”, dijo Villate.

PROPUESTOS PARA MAGISTRADOS TITULARES

Mario Ismael  Aguilar Elizardi

50 puntos

Propuesto por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Egresado de la Usac en 1980. Maestría en Docencia Universitaria.

Abogado litigante y notario por 34 años.

Docente  en la Usac por 33 años, y en la Mariano Gálvez, en 2001-03, y posgrado en 2004-05.

Asesor jurídico en empresas Impulsora Lechera Guatemalteca, Fertilizantes Especiales y Fitoquímicos, y Schumann.

MARÍA EUGENIA MIJANGOS MARTÍNEZ

38 puntos

Propuesta por el  partido  Todos.

Egresada de la Usac, 1989.

Maestría en Ciencias Políticas y Desarrollo Económico y Social, 2009-2011.

Fue directora de proyectos en el PNUD y asesora en Care-país.

Docente en la URL. Coordinadora del área de derechos de la mujer en Caldh. Publicó la obra El  problema de la vivienda en Guatemala.

RUDY MARLON PINEDA RAMÍREZ

79 puntos

Propuesto por el PP.

Egresado de la Usac en 1998.

Maestrías en Derecho Mercantil, Penal y Suficiencia Investigadora. Doctorados en Ciencias Políticas y Sociología, y Ciencias Penales.

Profesor en la Usac y Mariano Gálvez.

Ha sido abogado litigante, juez de Instancia Penal, presidente de tribunal de Sentencia y magistrado en corte de Apelaciones de lo Penal.

JULIO RENÉ SOLÓRZANO BARRIOS

54 puntos

Propuesto por Creo.

Egresado de la Usac en 1999.

Recibió formación en procesos electorales en Japón, EE. UU., Argentina, España, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Certificado del Departamento de EE. UU. por haber participado en  seminario regional de ética y desarrollo público. 

Tiene 30 años de laborar  en el Tribunal Supremo Electoral, donde  es director electoral.

JORGE MARIO VALENZUELA DÍAZ

76 puntos

Propuesto por el Partido Patriota.

Egresado de la URL en 1997.

Doctor en Derecho por la UFM.

Fue juez de Primera Instancia Penal, presidente del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Mixco y ha ocupado otros cargos similares.

Magistrado suplente de la Sala Tercera de Apelaciones y titular de la Sala Primera de Apelaciones de lo Penal.

PROPUESTOS PARA   SUPLENTES

VILMA TATIANA CABRERA ALVARADO 

61 puntos

Propuesta por la Gran Alianza Nacional (Gana).

Egresada de la Usac, extensión de Xela, 1982.

Maestría en Derecho Procesal Penal, en la Universidad Panamericana.

Maestría en Administración Pública, en la Usac.

Exsubdirectora en delegación regional de occidente del Archivo General de Protocolos.

Vicepresidenta del Colegio de Abogados y Notarios.

JOSÉ AQUILES LINARES MORALES

61 puntos

Propuesto por el Partido Patriota.

Se graduó en la Usac en 1971. Es doctor en Filosofía del Derecho, Universidad de París II Panthéon-Assas, Francia, 1981.

Docente en Derecho, Usac, siete años; Ciencias Políticas, cinco años; Ciencia Política y Derecho Constitucional, URL.

Asesor jurídico de la Vocalía 7 de la CSJ.   Fue diputado al Parlacén e integró el Tribunal de Honor del Cang.

ANA ELLY LÓPEZ OLIVA

65 puntos

Propuesta por el Partido Patriota.

Se graduó en la URL, 1994. Maestría en Asesoría en Tributación, 2014.

Doctora en Derecho Pluralista Público y Privado, por Universidad Autónoma de Barcelona, que fue impartido en Guatemala.

Actualización tributaria en Price Waterhouse Coopers.

Cursos de Derecho Tributario, en Escuela de Negocios Tayasal.

AUGUSTO ELEAZAR LÓPEZ RODRÍGUEZ

74 puntos

Propuesto por los bloques minoritarios.

Egresado de la Usac, en Xela, en 1984.

Doctor en Justicia y Derecho, por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España.

Doctor en Derecho por la Usac, 2013.

Magistrado de la CSJ, 2004-2009.

Juez de Sentencia Penal, 1988, y presidente de la Sala de Apelaciones Penal, 1999-2004.

ÓSCAR EMILIO SEQUÉN JOCOP

58 puntos

Propuesto por diputados independientes.

Egresado de la Usac, en 1983.

Maestría en Derechos Humanos, especialista en Introducción a la Investigación Científica.

Ha sido asesor y consultor para organizaciones sociales indígenas y cooperativistas, del Ministerio de Cultura, de la PGN, de diputadas indígenas y de la Onsec.

Docente en Facultad de Derecho de la Usac.

Falta idoneidad

La directora ejecutiva del Movimiento pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, indicó que las negociaciones en el Congreso se cayeron por comportamientos tradicionales de que los diputados  eligen a los funcionarios no por su idoneidad y capacidad, sino por el nivel de compromiso que pueda haber de los electos hacia los partidos.

“Lejos de haber dado pasos positivos hacia una elección  transparente y democrática, algunos diputados consintieron en negociaciones  espurias”, aseguró Ibarra.

Criterios Objetivos

Para el consultor de Acción Ciudadana David Gaitán es lamentable que el Congreso una vez más  actúe con procedimientos opacos y discrecionales, y no atienda las solicitudes que se giraron por parte de la sociedad civil respecto de un proceso  objetivo.

“Debe haber un proceso donde la elección se base en criterios objetivos de por qué se está seleccionando a las personas, y no mediante negociaciones que se den en encerronas”, señaló Gaitán.

Usan artimañas

El politólogo Luis Fernando Mack señaló que es  buen signo, porque la sociedad se dio cuenta de la importancia negativa de estos mecanismos y que la búsqueda de consensos puede darse a través de reuniones secretas.

“Me parece una llamada de atención al Congreso para que haga las cosas de manera más seria, y no con estas artimañas que son a todas luces desconcertantes. No sabemos si esto va a detener algo que ya venía o modificará en algo la negociación”, dijo Mack.

El diputado Oliverio García Rodas, al dirigirse a los 40 candidatos, los exhortó a que antes de seguir en la postulación deben pensar si quieren hacer ese trabajo, y que hagan un “mea culpa” y analicen por qué están en la nómina final

“¿Quieren hacer el trabajo? Porque va ser duro. ¿Quieren estar dentro de los 10? La cosa es terrible lo que les espera, no es lecho de rosas lo que van a encontrar. El próximo TSE tiene una harta obligación de devolverle confianza al sistema electoral. La crisis la tenemos encima, una crisis derivada muchas veces de la irresponsabilidad, la indolencia y la complacencia”, dijo García Rodas.

Haroldo Quej indicó que tiene varias dudas sobre el futuro del TSE, pero espera un buen funcionamiento con base en las reformas que se plantean a la Ley Electoral y que están en la Corte de Constitucionalidad.

El parlamentario aseguró que es importante que los recursos del TSE sean descentralizados, para que la institución tenga presencia en todos los municipios del país.

Ofrecimientos

Cuando los candidatos tomaron la palabra manifestaron que es importante hacer cumplir la Ley Electoral y demostrar que el TSE no está supeditado a ningún organismo del Estado.

Entre los ofrecimientos mencionaron transparentar el gasto en el TSE, implementar el voto en el extranjero, modernizar la institución, efectuar una reingeniería de los procesos administrativos y revisar el padrón electoral.

La Sala Específica de Seguimiento a las Comisiones de Postulación citó para hoy, a las 8 horas, a los 20 candidatos que no entrevistó hace dos días.

No podrían asumir

De acuerdo con la contralora general de Cuentas, Nora Segura, a la fecha 18 de los 40 candidatos tienen o han hecho el trámite para obtener el finiquito, mientras el resto, aunque fueran electos, no podrían asumir la magistratura del Tribunal Supremo Electoral.

“La Ley es clara y se debe respetar, y no puede asumir —un candidato electo— sin la solvencia emitida por la Contraloría”, explicó Segura, durante una citación con la Sala Específica de Seguimiento a las Comisiones de Postulación.

Durante la actividad, diputados integrantes de esa sala de trabajo criticaron a la ya disuelta comisión de postulación por no haber incluido el finiquito como requisito para los aspirantes.

 Segura anunció  que a partir de ayer se habilitó una ventanilla especial para atender a los candidatos y emitir el finiquito en el menor tiempo posible y se tienen a la vista los expedientes de los candidatos. Sin embargo, Segura aclaró que existen procesos penales que no dependen de la Contraloría y estos no podrían dilucidarse en corto tiempo.

Medicina  contra el tedio

La imagen de  Oliverio García Rodas, diputado del Partido Patriota, jugando en su tablet, durante una  audiencia con los 40 candidatos a magistrados del TSE, tuvo más de dos mil comentarios en redes sociales de este matutino,  por la forma en que combate su aburrimiento.

 La imagen se viralizó y la mayoría de comentarios revelaban la molestia de ciudadanos a la inversión del tiempo del legislador, mientras está en juego la elección del máximo órgano electoral del país.

 “Nosotros pagamos su salario y no esperamos que sea para jugar”, es solo uno de los cientos de comentarios sobre la medicina contra el tedio elegida por el diputado García.

Otros   cuestionaron el interés de García Rodas por el proceso electoral, al señalar “falta de respeto” a los candidatos que exponían mientras jugaba.

Finiquitos solicitados 

Según la CGC, son 18 los candidatos que tienen o está en trámite su finiquito. 

Hugo Leonel Maúl Figueroa

Jorge Gonzalo Cabrera Hurtarte

Gladys Elizabeth Monterroso Velásquez

César Augusto Conde Rada

Juan José Rodas Martínez

Elvia Ester Velásquez Sagastume

Ana Elly López Oliva

Hugo Haroldo Calderón

Héctor Estuardo Ortiz Peláez

Vilma Tatiana Cabrera Alvarado

Julio René Solórzano Barrios

Jorge Antonio García Mancilla

Rafael García López

Mario Ismael Aguilar Elizardi

Sergio Rolando Figueroa

Guillermo Antonio Porras Ovalle

Mario René Díaz López

Estuardo Gamalero Cordero

Aunque la intención de un nuevo impuesto fue descartada por Baldetti en un comunicado, el lunes último, los representantes de mercados cantonales y vendedores informales exigen que el desistimiento sea por escrito, como garantía de que no se crearán nuevos impuestos contra ese sector.

Un grupo de locatarios fue recibido por diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, quienes apoyaron su solicitud y pidieron al Ejecutivo no ampliarles la carga tributaria.

“Se necesita reducir la corrupción y ordenar el gasto, no crear más impuestos”, indicó el legislador Carlos Barreda.

Fijan plazo

Blanca Ordóñez, presidenta de la Asociación de Comerciantes y Mercados del país, expuso que el temor a un monotributo es que “afectaría directamente” la economía de miles de personas de cientos de mercados en el país.

Explicó que esperarán hasta el próximo martes para que el Ejecutivo se comprometa por escrito a no crear ningún impuesto dirigido al sector informal, de micro, pequeña y mediana empresa, porque de lo contrario tomarían medidas y convocarían a un cierre nacional de mercados cantonales.

“Hoy —ayer— no pudimos trabajar, pero no importa si otro día tenemos que cerrar nuestros puestos de venta. No vamos a permitir que nos vengan a imponer un nuevo impuesto. Si es necesario convocamos a un paro a todos los mercados”, advirtió Ordóñez.

Propuesta sin base

Para los expertos Pedro Prado y  Juan Alberto González, el Ejecutivo no tenía una propuesta clara para la aplicación del monotributo, por lo que dio  marcha atrás.

“Son señales equivocadas y no era viable en su aplicación”, dijo Prado. González, afirmó que detrás de esta iniciativa, lo que se  buscaba era un acercamiento entre el Ejecutivo y los representantes de la economía informal, posiblemente con otros fines.

Juan Carlos Paredes, consultor fiscal, afirmó que esta iniciativa respondió a un esquema mediático, ya que es imposible implementar un pago único  sin ofrecer nada a cambio.

La CGC presentó otra, el 9 de septiembre del 2011, contra Francisco García Cuyún, por haber inscrito a 31 candidatos a cargos municipales sin tener solvencia.

El documento revela que 13 candidatos de los 40 solicitaron su finiquito, y a cuatro no se les ha entregado porque al no actualizar datos se les impuso sanción. A otros cuatro, pese a que se les había extendido, se les revocó por incumplir con la Ley de Probidad.

En otra lista hay ocho profesionales con sanciones por auditorías, pero ya las cancelaron.

Deben cumplir

Según la directora ejecutiva del Movimiento pro Justicia, Carmen Aída Ibarra, es importante que quienes aspiran a una magistratura del TSE tengan el finiquito extendido por la CGC.

“Se tiene que tener el finiquito para garantizar que pueden ejercer el cargo. Además, es un requisito de la legislación guatemalteca; tal vez no la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero sí otras, como la de Probidad”, indicó.

“Guatemala está sujeta a instrumentos internacionales que mandan el escrutinio de quienes van a ejercer el poder público, a efecto de que garanticen idoneidad y probidad en la administración de los recursos”, añadió Ibarra.

También lamentó que la CGC no haya explicado eso a la Comisión de Postulación.

“Prácticamente, la Contraloría se convierte en el gran tachador. Esperamos que esto no tenga dedicatoria”, afirmó.

Pugna

Dos comisiones se disputan  reuniones

En medio de cabildeos para elegir al próximo TSE, las salas de Asuntos Electorales y la  de Seguimiento a las Comisiones de Postulación se disputan cuál encabezará los acercamientos con los 40 candidatos.

Inés Castillo, de Libertad Democrática Renovada y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, anunció que fueron invitados   los 40 aspirantes para  que hoy presenten su propuesta de trabajo.  

Sin embargo, para el  diputado Humberto Sosa, presidente de la  sala de Acompañamiento a las Comisiones de Postulación,  esta debería ser la que encabece el proceso de elección.

“Si es una comisión específica, entonces nosotros tendríamos que ser los más idóneos para poder  tener una entrevista con ellos —los 40 candidatos—.

Nosotros también le vamos a hacer  la invitación a ellos —los candidatos— para que el proceso sea transparente y la decisión  colegiada”, afirmó con molestia Sosa.-Por Álex Rojas

Según Taracena, De León, además de organizar protestas, dirigía una red de prostitución que ofreció sus servicios a algunos legisladores, a quienes filmaron y fotografiaron para luego extorsionar.

El informe concluye que se pida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que investigue el hecho.

Roberto Villate, jefe del bloque Líder, pidió a los parlamentarios que dejen la confrontación y ofreció el apoyo de ese partido de oposición a la agenda del oficialismo.

Ayer también quedó integrada la Comisión de Derechos Humanos y las otras 52 salas de trabajo.

Hoy, en la instancia de jefes de bloques, se discutirá cuál sería el método más rápido y adecuado de definir a los aspirantes idóneos, aunque la mayoría de bancadas comenzó desde que se recibió la lista de la Comisión de Postulación, a reunirse en privado con algunos candidatos por interés propio o por solicitud de estos.

Observadores del proceso han señalado que la integración del nuevo TSE podría definirse a través de cuotas de poder político y que cada partido podría elegir a un representante en relación con el número de diputados o caudal político que posea.

Las mismas fuentes apuntan a que el cabildeo político lo orquestan los diputados con mayor experiencia en el Congreso, a través de reuniones que sostienen en privado.

El presidente del Legislativo, Arístides Crespo, envió ayer a cada jefe de bancada, en una copia digital, el expediente de cada uno de los 40 candidatos, con sus perfiles.

“Esto marca el inicio del trabajo para que los bloques puedan conocer a los aspirantes y lleguen al pleno con el conocimiento de cada uno y las experiencias que les corresponden”, explicó Crespo en conferencia de prensa.

El proceso para elegir a los cinco magistrados titulares está definido, por medio de votaciones individuales hasta que un candidato tenga el respaldo de 105 legisladores en el pleno. Sin embargo, se desconoce la fecha.

Audiencias

Aunque oficialmente los jefes de bloques decidirán cuál será la mejor forma para conocer los perfiles, fortalezas y debilidades antes de elegir a los 10 magistrados al TSE, cada bancada ha comenzado a acercarse a algunos candidatos o estos a tocar puertas en el Congreso, en busca de apoyo.

Algunos bloques ya decidieron cómo harán los acercamientos, y aunque la mayoría asegura que busca procesos públicos para evitar suspicacias o desinformación durante las reuniones, las primeras entrevistas han sido en privado.

DESCARGA – Bancadas inician acercamientos

Al bloque Todos habrían llegado al menos tres aspirantes a solicitar una reunión, la cual será programada cuando estén todos los diputados de esa fuerza política.

“Ya se han acercado algunos candidatos, pero he pedido que la reunión sea con la bancada porque al final todos vamos a votar”, explicó Jorge Mario Barrios, segundo vicepresidente del Congreso y jefe del mencionado bloque.

Selvin García, subjefe de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), anunció que el mecanismo elegido para conocer a los candidatos es a través de entrevistas individuales, que se harán cada martes y jueves.

“Vamos a recibir a los diferentes candidatos para magistrado, con el propósito de conocer la vida de ellos, su experiencia y tener un contacto más directo, para que al momento de decidir nuestro voto estemos confiados en que las personas que vamos a elegir son las más idóneas”, aseguró García.

También la bancada Libertad Democrática Renovada (Líder) invitará a los aspirantes a integrar el TSE a entrevistas, aunque no serán individuales, sino en grupos de 10 candidatos, en cuatro citas.

Agenda condicionada

La agenda de trabajo que ha mantenido abierta la sesión permanente en el pleno está por agotarse, y con ello comienza el interés de las bancadas por incluir iniciativas propias para ser aprobadas.

Crespo explicó que por medio de la Junta Directiva se propondrá a los jefes de bloques una agenda que incluya temas de “poca fricción política”, de manera que sean aprobados sin mayor problema.

Entre estas iniciativas se incluye una para la ampliación del cien por cien al aporte económico que se le da a los maestros galardonados con la Orden Francisco Marroquín, que actualmente es de Q2 mil y se propone elevarlo a Q4 mil.

Diputados de oposición no descartan que se pueda encontrar un espacio de negociación para poder incluir iniciativas de interés particular.

Creo apuesta por una última ley del paquete de transparencia, la de competitividad y descentralización municipal.

Todos fijó su interés en incluir la ley de servicio civil, la carrera judicial y otra para regular las tarjetas de crédito.

A la expectativa

El jefe del bloque oficialista, Juan José Porras,  dijo que esperarán las propuestas del resto de bancadas antes de definir un método de acercamiento con los candidatos al TSE.

 Para Porras, los 40 aspirantes a una magistratura tienen  derecho de acercarse a las distintas bancadas y hacer los cabildeos en busca de apoyo político.

“Me imagino  que ahí habrá opiniones diferentes  sobre el tema. Es un asunto de votos en el pleno y son 105 votos que van a poner a cada uno de esos magistrados. Me da la impresión que cada bancada tendrá su forma de comunicar a sus diputados quiénes son sus candidatos”, añadió Porras.

Escucharán a candidatos

Bancadas como Creo y Líder han comenzado o esperan  iniciar, a partir de esta semana,  reuniones con los aspirantes para conocer su  perfil y experiencia, antes de decidir su voto en sesión plenaria por definir.

En la bancada  Creo, según el diputado Selvin García, ya está definido el método para acercarse a los candidatos,  y será en entrevistas,   los martes y jueves.

En el caso de Líder, el jefe de bancada, Roberto Villate, ha manifestado que no tienen todavía ningún favorito, y por eso escucharán a los 40 candidatos en reuniones públicas, para cuestionarlos y poder decidir quién es el más apto para el cargo.

Primeros encuentros

Las bancadas minoritarias se han juntado  en busca de unificar criterios de selección de los candidatos y ejercer mayor fuerza política para la integración dentro del Congreso, previo a la elección de los nuevos magistrados del  TSE.

Winaq, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Partido de Avanzada Nacional,  Victoria y varios diputados independientes  integran el bloque que ya ha escuchado  a tres candidatos, informó Carlos Mejía, de la URNG, sin precisar el nombre de los aspirantes  entrevistados.

De acuerdo con Mejía, seguirán escuchando a los candidatos  conforme lo soliciten.

El primer desembolso será de Q40 millones, en siete departamentos priorizados —Escuintla, Sacatepéquez, Jalapa, Retalhuleu, Sololá, El Progreso y Chiquimula—. El resto del país comenzará a recibir esta ayuda en marzo, hasta totalizar 800 mil mujeres beneficiadas.

El presidente del Congreso, Arístides Crespo; la diputada Floridalma de Vásquez; el ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, y el gobernador Luis Logan acompañaron al mandatario.

Los discursos giraron en torno al cumplimiento de las promesas de campaña, específicamente en la institucionalización de los programas sociales.

“Hoy iniciamos el primer pago del bono seguro, y las instrucciones que tiene el ministro es tenerlo bien programado para que el dinero llegue cuando lo necesitan, que no haya atrasos, excusas, para que llegue el dinero”, dijo el mandatario.

Distribución

Pérez Molina aseguró que este año se reactivaron los programas sociales, tras una reestructuración en el Mides que incluye el aumento de Q150 a Q300 en el aporte.

Los desembolsos se harán en marzo, junio, agosto y noviembre.

“Se van a fijar las fechas para que no existan voces opositoras que digan que ya no se va a pagar, que se pagará menos y que ya no vengan, pero es un compromiso de gobierno”, aseguró Rodríguez.

El trabajo, elaborado por las organizaciones Oxfam, Save the Children, Programa Mundial de Alimentos, Mercy Corps y Cooperación Internacional, advierte de que la crisis del café por la roya, la baja de precios en el 2013 y la falta de incentivos para inversión también son factores que eliminan unos 200 mil puestos de trabajo temporales.

Escenarios

Iván Aguilar, de Oxfam, explicó, durante una reunión en el Congreso, que el estudio se centró en Chiquimula, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz y Totonicapán, donde más del 60 por ciento de cultivos de maíz y frijol están en peligro.

Aguilar aseguró que el déficit en la cosecha de subsistencia obedece a problemas coyunturales y no del Gobierno, especialmente por la poca lluvia de los últimos dos años.

Según Jerónimo Candela, de Mercy Corps, el objetivo del estudio “es mostrar los problemas, para poder responder adecuadamente”.

La distribución de alimentos y bonos en efectivo podría ser una alternativa eficaz para garantizar la seguridad alimentaria, dijo Candela.

No participa

El diputado Hugo Morán, presidente del Frente Parlamentario contra el Hambre, citó a Luis Enrique Monterroso, jefe de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para que también conociera el informe.

Monterroso llegó a la reunión, pero salió cuando iba a ser juramentado. Después, en el parqueo, acusó a Morán de querer hacer “un circo político”, mientras mostraba unos gráficos que dijo que iba a exponer. El presidente Otto Pérez Molina lo apoyó.

Dato

200 mil empleos temporales se perderán por la crisis del café.

“El PP está poniendo todas sus baterías en estas comisiones, para ejercer y consolidar el control de cara a las elecciones del próximo año”, comentó Rosal.

Según el oficialista Juan Alcázar, primer vicepresidente del Congreso, las comisiones obtenidas son para favorecer los intereses del partido y evitar la neutralización política de la oposición.

Afirmó: “Se buscan en todos los gobiernos las mismas salas. Así va a pasar, así pasó y seguirá pasando. Si el partido de gobierno no tiene control, lo paralizan”.

Comisiones importantes

Algunas de las  15 salas que el PP luchó por mantener.

Finanzas Públicas y Moneda, presidida por el diputado  Gudy Rivera.

Comunicaciones y  Obras Públicas, dirigida por Valentín Gramajo.

Legislación y Puntos Constitucionales, encabezada por Oliverio García.

La Sala de Economía será presidida por Antonio Ralda.

La discusión finalizó con la firma de gran parte de los jefes de bloques de una iniciativa que durante la reunión, efectuada esta vez a puerta abierta, fue cambiada en su redacción al menos tres veces, en el salón del Pueblo, del Congreso, ayer por la tarde.

Luego del logro político, el presidente del Congreso, el oficialista Arístides Crespo, anunció que la iniciativa será ingresada al pleno a través de una moción privilegiada la próxima semana, después de agotar los puntos en la agenda de trabajo.

Los cambios

La iniciativa levanta los candados a los gastos en servicios personales y no personales, detallados en el Manual de Normas Presupuestarias (MNP), y permitirá la contratación y remuneración al personal sin la obligación de emitir Constancias de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) y de Disponibilidad Financiera (CDF).

El último acuerdo también incluye la obligación de emitir CDP a las compras de materiales y suministros, entre los que figuran alimentos y productos agropecuarios, minerales, textiles y productos químicos como combustibles y fertilizantes.

Las CDF se agregan como obligatorias a la construcción de bienes nacionales de uso común, no común, equipo de transportes y de cómputo, entre estos  la edificación de parques, caminos, puentes, escuelas, hospitales y la compra de maquinaria pesada.

Las reformas también permitirán que el Ministerio de Educación transfiera a las Organizaciones de Padres de Familia los recursos para programas de apoyo sin ninguna limitación, y las exceptúa de presentar informes de avance financiero por la ejecución de los recursos.

A las municipalidades se les permitirá, según el pacto, la emisión de facturas por los gastos ejecutados, lo que actualmente era competencia de los Consejos de Desarrollo, y se obliga a las comunas a no hacer pagos de obras sin que conste el avance físico en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Leonardo Camey, de Libertad Democrática Renovada, no firmó la iniciativa, pero indicó que lo podría hacer hoy, luego de analizar la propuesta.

Orlando Blanco, jefe del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, explicó que con los cambios propuestos “se satisfacen las demandas de la oposición dejando candados y se permite al Estado avanzar”.

Para la bancada Encuentro por Guatemala, la nueva iniciativa permite el control del gasto y “se salvó el espíritu de la Ley de Transparencia”.

Agilizan la agenda

Entre hoy y mañana la bancada oficial intentará agotar la agenda de trabajo, para la próxima semana conocer y aprobar por urgencia nacional la iniciativa de reformas a la Ley de Presupuesto.

Los temas aún pendientes de conocer son la ley de túmulos y la distribución de comisiones de trabajo.

PP presiona para dar comisiones

Las bancadas de oposición denunciaron que el Partido Patriota (PP) está condicionando la instalación de las presidencias de las comisiones a cambio de que apoyen las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto.

“En los corrillos del Congreso,  los diputados del PP nos dicen que tienen presiones del Ejecutivo para que no se haga el reparto de las comisiones hasta que no se den las reformas”, indicó Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala.

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo: “Están tratando de condicionar la elección, así como las contrataciones del personal que por ley le corresponde a los diputados”.

 Roberto Villate, jefe de Libertad Democrática Renovada, afirmó que hay retraso en la agenda por los intereses de los oficialistas.

José Fernández, subjefe del PP, negó las acusaciones de los opositores y afirmó que ha habido retraso en la agenda por la labor de la mesa técnica, y no porque ellos quieran atrasar la elección de las comisiones.-Por Jessica Gramajo

Cifra

4 cambios se proponen  a la Ley de Presupuesto.

De acuerdo con los plazos fijados, los 10 nuevos magistrados titulares y suplentes deberán tomar posesión el 20 de marzo y esta sería la fecha límite para que en el Congreso se alcancen los consensos y se elija al nuevo TSE.

Según Crespo, con la lista en el Legislativo se comenzará con los acercamientos entre las distintas bancadas para fijar la fecha y la forma en que se votará para la integración del TSE.

“Se tiene que empezar el trabajo de cabildeo para realizar el proceso y llevarlo al pleno con una mayoría calificada. Creo que ahí tiene que haber un acuerdo en la instancia de jefes de bloques para hacer la votación. Esperamos hacerlo pronto para cumplir la ley. Tenemos hasta antes del 20 de marzo para hacerlo”, señaló Crespo.

Los jefes de bancadas recibieron la lista, y manifestaron que será analizada y discutida entre sus integrantes antes de externar una opinión. Sin embargo, señalaron que la lista debería incluir a los 40 profesionales mejor calificados y no habría mayor discusión en elegirlos, porque la Comisión Postuladora “ya hizo su trabajo” de revisión.

Las propuestas serán incorporadas en una iniciativa de ley que presentará hoy el viceministro de Finanzas, Edwin Martínez, aunque el Partido Patriota (PP) no descarta la posibilidad de adherir los cambios a través de enmiendas a la normativa de túmulos, que también se conocerá hoy.

“Parte de los acuerdos y consensos es mantener las CDF (Constancias de Disponibilidad Financiera) en una forma más flexibilizada”, explicó Juan José Porras, jefe del bloque del PP.

La propuesta más viable fue el traslado de fondos del Ministerio de Educación a las organizaciones de Padres de Familia y crear CDF parciales por entre 20 y 30 por ciento del monto por contratar.

Otra sugerencia

Los bloques Todos, Unionista, Gran Alianza Nacional y Victoria presentaron un plan que sustituye las CDF por letras de tesorería, a fin de mantener controles y garantizar pagos.

Propuestas discutidas

Algunos de los cambios planteados entre los jefes de bloques.

Mantener las Constancias de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).

Que las CDF se emitan por una parte  del contrato, de entre 20% y 30%.

Las CDF parciales deberán estar sujetas al avance físico de las obras.

Que el Mineduc pueda transferir fondos a organizaciones de padres para los programas de apoyo, pero sin que  oenegés ejecuten fondos.