Las casas están distantes unas de otras, como la de Susana García Beltrán, quien afirma que allí solo hay cinco casas, todas de la misma familia; dos están deshabitadas. La base de datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) registra 92 votantes.

“Otro caso es la comunidad El Copante, donde solo existen dos casas y se contabilizan 87 votantes”, afirma Henry Palencia, concejal tercero y fiscal municipal por el Partido Patriota (PP), quien ejemplifica cómo se ha inflado la cantidad de electores en las 33 aldeas y caseríos reportados por la comuna, cuando en realidad solo existen siete aldeas y 13 caseríos.
 

Cuarta vez

Élder Fidelino Palencia, más conocido como Nito Palencia, corre  por la cuarta reelección a la alcaldía de San José del Golfo, ahora por el partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

Hay cinco candidatos opositores, pero para Walfred Véliz Reyes, quien participa por el Frente de Convergencia Nacional, ninguno tiene posibilidades de derrotar a Palencia, por el trabajo   hormiga que este efectúa desde años  para engrosar el padrón electoral, el cual suma ocho mil tres votantes, en un lugar donde habitan cinco mil 937, según el Situado Constitucional de la Secretaría General de Planificación Económica.

Milton Carrera, fiscal del Movimiento Nueva República y vicepresidente del Cocode, denunció que este fraude responde a los tentáculos de Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, y a sus vínculos con  el TSE.

La semana última,   vecinos organizados denunciaron  irregularidades en la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público.

Yolanda Oquelí, residente del lugar, advirtió que esta vez no se va a permitir el fraude y desde ya responsabilizan a las autoridades, quienes no han escuchado las denuncias en años anteriores.

La Democracia

El traslado de votantes también es un rumor a voces en La Democracia, Escuintla, cuyo padrón  muestra cuatro mil 406 votantes, que superan a los habitantes mayores de 18 años registrados en el Renap.

Los comunitarios comentan que la situación responde a la influencia de  Ramón Soto García, del PP, quien busca su cuarta elección como jefe edil y derrotar a Rony Recinos Calderón,  actual alcalde, quien participa por Líder.

Antonia Vélez, pobladora de este municipio, señaló que en las elecciones pasadas  candidatos a  la corporación municipal por un partido político de La Democracia llevaron a varias personas en bus para que se empadronaran, con la promesa de que si ganaban las elecciones les darían ayuda económica o las incluirían como beneficiarios de programas sociales.

Pedro Yax, oriundo de Quiché, dijo vía telefónica  que va a la Costa Sur en tiempo de zafra, cuando es seguro que abunda trabajo de campo, y  que a un grupo de campesinos de Occidente le  propusieron  empadronarse en La Democracia, con el ofrecimiento de darles trabajo seguro  el próximo año.

Algunos candidatos incluso le ofrecieron trabajo en la comuna. “Somos  necesitados y por eso accedimos. Ahora solo esperamos que después de las elecciones estas personas cumplan  lo ofrecido”, señaló.

Gana por un voto

Escobar indicó: “Un voto puede hacer la diferencia para elegir ganador”, en donde la reelección de alcalde es el principal motivo de conflicto.

“No es la primera vez que tildan a Nito Palencia de trasladar votantes. Él ha mantenido un voto duro para ganar las elecciones”, afirmó Leonel Escobar, director del Departamento de Inscripción de Ciudadanos del TSE, quien recordó que en San José del Golfo existen denuncias desde el 2011, cuando se identificó a un subdelegado de Palencia que manipuló el padrón,  y fueron suspendidas 52 personas
.
Escobar dijo que las irregularidades son consecuencia de manipulación de alcaldes pero que la trashumancia se detuvo el 12 de enero último, con el  acuerdo 1-2015 del TSE.

Con información de E. Paredes

Shelton, quien visita Guatemala para redactar un informe sobre la situación de los pueblos indígenas, escuchó a campesinos de 14 comunidades del Valle del Polochic. Ayer llegó a Agua Caliente y El Rodeo.

Esta última comunidad se encuentra en la orilla de la ruta. “Muchos niños carecen de educación y prevalece la desnutrición”, dijo Giovany Ujpán, de la Campaña Vamos al Grano Crece.

Hace dos años, 769 familias de esta zona fueron desalojadas de una finca privada. La CIDH les otorgó medidas cautelares, que consisten en entrega de alimentos, seguridad, vivienda y salud, pero según los afectados, no se cumplen.

Kelsey Alford-Jones, directora de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, quien acompaña a Shelton para monitorear las medidas, indicó que verificarán las condiciones de entrega de tres fincas que el Gobierno prometió para 158 familias, el 14 de septiembre próximo.

Agenda

Shelton visitará hoy Nebaj, Quiché; mañana, Huehuetenango; y el miércoles, San Marcos.

María Isabel Rivero, jefa de prensa de la CIDH, explicó que por primera vez se recabará en un informe la situación de los derechos de los pueblos indígenas en relación con el territorio, los recursos naturales y la consulta.

Los ataques, que se registraron con una hora de diferencia, dejaron también una mujer y un hombre muertos.

Eran las 7.40 horas cuando los guardias del SP Patrocinio Solvan Solvan, de 28 años, y Marlon Wilfredo Cuxil Tecún, 25, se dirigían al centro carcelario Anexo B —de delitos menores—, ubicado en la zona 18, cuando fueron atacados en la 11 avenida y 10a. calle de la misma zona.

Las víctimas se dirigían a bordo de un microbús, cuando individuos les dispararon a corta distancia.

Los agresores se hicieron pasar por pasajeros, abordaron el automotor y les dieron muerte a balazos, según relataron testigos que pidieron el anonimato, por temor a represalias. En el transporte también murió la pasajera Maribel Nisa Morales, 23.

Después los delincuentes bajaron y huyeron en una moto.

Rudy Esquivel, portavoz del SP, indicó que Solvan Solvan laboraba como guardia de esa institución desde el 16 de enero del 2008, mientras que Cuxil Tecún ingresó en la planilla del SP el 1 de abril del 2009.

Según Esquivel, ambos se dirigían a empezar su turno. “Esta es una situación que condenan las autoridades. El caso se deja en manos del ente investigador, para que dé con los responsables del hecho. El SP se solidariza con las familias y gira directrices específicas para el acompañamiento del duelo”, explicó.

El microbús con placas P-298CBN será trasladado al depósito del Ministerio Público (MP) para efectuarle peritajes.

Indignación

Al lugar del crimen llegóÉlida Cuxil, agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y hermana de Cuxil Tecún, quien repudió el crimen. “Que Dios se apiade de esos que matan por dinero”, expresó, entre lágrimas y reclamo de justicia.

Minutos más tarde se hizo presente la madre de Cuxil Tecún, quien declinó dar su nombre y exigió al presidente Otto Pérez Molina que tome acciones para frenar la violencia.

“Pérez Molina dice que hace muchas cosas, pero dónde está la seguridad que él prometió. Ellos —los guardias del SP— exponen su vida por un sueldo miserable”. ¿Por qué no hacen nada?”, refirió, entre lágrimas y acompañada por otros familiares

Expuso: “Muchos —delincuentes— se van presos y a la vuelta de la esquina salen libres otra vez, no se ve una justicia verdadera. Nosotros dignamente trabajamos. Él —Cuxil Tecún— dejó a su esposa y a sus hijos. Para las autoridades ya terminó todo, pero para la familia el dolor sigue. Exigimos que hagan algo”, clamó la mujer.

Otro ataque

Tan solo una hora después del primer hecho violento contra agentes de seguridad del SP, otro ataque armado se registró en la entrada a Pavón, en el kilómetro 16.5 de la carretera a El Salvador, el cual dejó heridos a otros dos guardias de esa institución.

El hecho se produjo cuando un microbús amarillo, placas C-938BMH, fue alcanzado por individuos que se conducían en una motocicleta, quienes en marcha dispararon contra la unidad.

En el lugar resultaron heridos Magdiel González Cisneros, 34, y JoséÁngel Martínez Tizta, 28.

El primero recibió varios disparos en la espalda, quien anoche se encontraba “estable”, mientras que el segundo fue herido de un balazo en el pie derecho. Ambos fueron trasladados por Bomberos Voluntarios al Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, zona 3 de Mixco.

En el lugar murió el pasajero Adolfo Muñoz Monterroso, 28.

“Vi por el retrovisor que empezaron a disparar. Cuando tronó el primer vidrio, jalé mi cojín, me recosté y atravesé la carretera. Ellos dispararon a la puerta donde yo iba”, explicó el piloto del transporte, Gustavo García, todavía asustado.

Ola de ataques

Pablo Castillo, portavoz de la PNC, indicó que la Sección de Delitos contra la Vida de esa institución integró”dos equipos, uno para cada situación. Ellos van a trabajar en coordinación con el MP para determinar si los hechos obedecen a algún tipo de reacción por las acciones positivas que la Policía ha reportado o simplemente fueron dos ataques directos aislados uno del otro”.

En lo que va del año se lamentan tres muertes de guardias del SP. Los hechos de ayer se suman al ataque armado registrado el 30 de enero último en la zona 5, donde murieron dos agentes policiales y un guardia penitenciario.

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, anunció entonces que iba a revisar los protocolos de seguridad.

Otros hechos

El 18 de julio del 2012, Amílcar Corado González, 41, murió cuando le dispararon mientras iba en un vehículo agrícola Toyota, placas P-767BRT, en la diagonal 6 y 16 calle, zona 10.

En noviembre de ese mismo año murió baleado Santos Benjamín González, subdirector en funciones del Anexo del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. Ese hecho se registró en la 5a. avenida y 14 calle, zona 9, cerca de la Escuela de Estudios Penitenciarios.

Empleados que pidieron no ser identificados señalaron que Molina fue ascendida a directora por recomendación de un diputado, cuya esposa es tía de la funcionaria.

En mayo, integrantes del sindicato enviaron una solicitud al ministro de Salud, Jorge Villavicencio, en la que manifiestan su inconformidad por el nombramiento.

Ese mismo mes, el alcalde de Barillas, Cándido Manuel López, envió una carta a Villavicencio, donde documenta varios casos de mala práctica médica y de problemas de relación laboral por parte de Molina Sosa.

Otro empleado criticó a la funcionaria por haber nombrado a Mateo Domingo Matheu encargado de Recursos Humanos, a pesar de que antes era conserje.

También acusan a Molina Sosa de haber asignado a su esposo, Édgar González Ávila, encargado de almacén.

Los empleados dicen que temen ser despedidos porque trabajan por contrato.

Molina desmintió los señalamientos de negligencia médica y afirma que tiene la documentación necesaria para probar su inocencia de las acusaciones que le hace un grupo de 30 empleados del hospital.

Aseguró que su equipo que ocupará los cargos de subdirector, jefe de recursos humanos, encargado de bodega y administrador aún no ha llegado al hospital, pues son profesionales titulados que llegarán procedentes de Quetzaltenango, por lo que desmintió que su esposo y el conserje ocupen puestos claves.

Según Molina, el conserje dejó de trabajar hace dos semanas debido a los insultos y agresiones verbales del grupo inconforme.

La funcionaria dijo que los señalamientos son parte de una campaña de desprestigio en su contra, gestado por un grupo de empleados que actúa junto con la exdirectora.

Molina enfatizó que ya han intentado evitar que trabaje, incluso le levantaron 20 actas infundadas por casos de negligencia médica, las cuales no procedieron, pues pudo comprobar su inocencia.