Hoy, 136 millones de personas en las Américas —30% de los habitantes—, siguen en situación de pobreza, y algo que debe preocuparnos es que esta tiene cara, color, edad y género. La misma es mayor entre niños y adolescentes, entre indígenas y afrodescendientes, entre mujeres y personas mayores. Por ejemplo, el 80% de los afrodescendientes en las Américas ganan menos de US$2 por día; la población indígena representa el 14% de personas pobres y el 17% de personas en pobreza extrema. Estas enormes brechas han posicionado a la región con el penoso récord de ser la más desigual del mundo.

El hecho de que la pobreza tenga cara y color es ya compartido por los países. Para buscar opciones de cómo medirla, las autoridades reunidas en Guatemala discutieron alternativas de medición multidimensional de la pobreza. ¿En qué consiste eso? Mientras que por muchos años esta se midió según la cantidad de dólares que una persona gana por día (el Banco Mundial usa $1.90 por día como medida de pobreza extrema), como resultado de propuestas como la de la Universidad de Oxford (Iniciativa de Pobreza Multidimensional) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los países de la región han empezado a considerar otras dimensiones de la pobreza asociadas con el goce de derechos económicos y sociales. Esto significa no dejar de mirar el ingreso por día, pero complementarlo con otras privaciones que afectan la vida de las personas: acceso a la educación, salud, agua potable y saneamiento, entre otras. México fue el primero en 2009 en adoptar esta medición e incluso le dio rango constitucional, pero ya otros países como Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana y varios del Caricom, con apoyo de Oxford, la OEA y el Banco Caribeño del Desarrollo, consideran uno a nivel sub-regional.

Otro reto es cómo garantizar protección social a los ciudadanos en general, y en particular a los migrantes y refugiados que están llegando de otros países. Agencias como Acnur, OIM y OIT compartieron el balance regional y fue igualmente interesante escuchar a países como Colombia y Brasil, y otros centroamericanos, abordar qué programas de acceso a salud, educación para niños migrantes, empleo digno y opciones de emprendimiento para acoger a poblaciones migrantes y refugiadas en sus países.

Porque estos retos son multidimensionales que requieren un abordaje multisectorial, organizaciones como Cepal, EuroSocial, Sisca, Banco Mundial y Fundación Panamericana para el Desarrollo se sumaron al diálogo de ministros, y junto con la OEA renovaron su compromiso por implementar un Plan de Acción Regional. Se apuesta para que cada persona tenga un poco más de bienestar y un poco más de las oportunidades. No es tarea fácil pero podemos avanzar.

** Las opiniones son personales, no representan la posición de la OEA.

Hoy nadie duda  que se ha avanzado mucho en las Américas en cuanto a la participación de las mujeres en la política. Pero estas cifras no se traducen en representación equivalente en puestos directivos en los partidos o en los promedios de representación en los congresos que, regionalmente, oscila entre el 22 y 24%. Son tres los “techos”, por usar una analogía, que enfrentan las mujeres en sus carreras políticas y que limitan su necesaria representación.

Los techos de cristal no son más que esos obstáculos invisibles que les impiden a las mujeres ir avanzando en sus carreras políticas. Esos impedimentos no están escritos en las leyes ni en los reglamentos ni en los códigos visibles en los que operan hombres y mujeres, sino que se manifiestan en situaciones en las que una mujer, en vez de ir obteniendo cargos de mayor responsabilidad y liderazgo por su preparación y experiencia, se estanca dentro de una estructura política. Los techos de cemento son las propias limitaciones que las mujeres con inquietudes políticas se autoimponen, dados los altos costos personales y familiares que tiene el hacer política. Los techos de billetes son las limitaciones financieras que tienen las mujeres para candidatear. Las asimetrías socioeconómicas se replican en el ámbito político; por tanto, la posesión de recursos o la capacidad de recaudación se hace usualmente más difícil para las mujeres. A todo esto, hay que sumarle una desigual división del trabajo que se convierte en un impedimento para que puedan salir a recaudar fondos, y en general hacer una carrera política.

La pregunta, es entonces, ¿qué podemos hacer para romper esos techos de cristal, de cemento y de billetes? Para romper los techos de cristal hay mucho que hacer desde lo social, hay que ir cambiando actitudes, valores, estereotipos, expectativas sobre los roles que ocupamos hombres y mujeres en la sociedad, y en la política. Pero desde lo institucional, mecanismos como las leyes de cuotas, las leyes de paridad generan certidumbre en las reglas del juego.

Romper los techos de cemento es más complejo que romper los de cristal, ya que estos nos los imponemos nosotras mismas, y solo nosotras podemos romperlos. Desde los espacios institucionales, el esfuerzo tiene que estar en formar cuadros de mujeres con seguridad en sus capacidades, y aliados que no cuestionen su decisión de entrar a la esfera pública, sino que apoyen esta decisión. Otras medidas que reducen los costos de hacer política son leyes como la pionera en Bolivia, que protege a las mujeres candidatas, electas o en el ejercicio de la función político-pública de situaciones de agresión o acoso. Finalmente, para romper los techos de billetes, medidas como el financiamiento público (directo o indirecto) específicamente dirigido a candidaturas femeninas son una buena práctica que ya está en uso en países como Brasil, Costa Rica, México y Panamá, y que ayuda a nivelar la cancha en favor de las mujeres.

Nuestro norte debe ser garantizar la inclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones públicas. Esto ayuda no solo a garantizar sus derechos, sino que mejora la calidad de las decisiones que salen del sistema político, y mejora nuestras democracias. Esto es algo en lo que hay que seguir trabajando.

Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para finales de 2016, aproximadamente 65.6 millones de personas en todo el mundo se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto y la persecución. Entre ellas, hay casi 22.5 millones de refugiados. En el caso particular de las Américas, en los últimos cinco años el número de personas solicitantes de asilo ha crecido en un 782 por ciento. En efecto, para 2014, los países de la región acogían, entre refugiados, personas en situación similar y solicitantes de asilo a más de un millón de personas. De ellas, más de la mitad provenían de países de las Américas. Puesto en perspectiva, es como si la ciudad de Ottawa, capital de Canadá, en su totalidad hubiera solicitado asilo.

Por su naturaleza, el fenómeno amerita un abordaje colectivo, y con enfoque de responsabilidad compartida. Esto no es nuevo para los países de las Américas. Además de una larga tradición de respeto y observancia de los derechos humanos, sin negar los retos que esto ha implicado, y los avances y retrocesos a lo largo del camino, nuestra región tiene una larga trayectoria de integración y de promoción de cooperación entre países.

En este marco, y para atender el fenómeno del desplazamiento forzado, recientemente, en San Pedro Sula, Honduras, Acnur, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros socios clave, incluidos varios países de la región, acordaron organizar los esfuerzos nacionales y regionales alrededor del llamado Marco Integral para la Protección y Soluciones (Mirps). El Mirps establece una serie de propuestas alineadas con el espíritu de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (2016), y entre otros objetivos enfocados por supuesto en mejorar las condiciones y proteger los derechos de las personas desplazadas, priorizan la necesidad de fortalecer los mecanismos de responsabilidad compartida entre los actores estatales y no estatales, y de priorizar en la agenda de cooperación bilateral y multilateral los programas en materia de prevención, protección y soluciones para estas personas en la región.

Además de reiterar el mandato a Acnur, la Declaración de San Pedro Sula da un mandato a la OEA para dar seguimiento a los progresos alcanzados a nivel nacional y regional en la implementación del Mirps, a través de una reunión anual, requiriendo al Acnur el apoyo y asistencia técnica durante el proceso.

Dado el innegable hecho de que los flujos de personas continúan en aumento en la región con particulares incrementos desde países del llamado Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) o de Venezuela, donde se están registrando altísimos niveles de personas saliendo del país, la discusión sobre los temas de migrantes y refugiados, y en particular, garantizar condiciones de dignidad y respeto de sus derechos humanos en su tránsito desde los países de origen hasta los de acogida, continuará estando en la agenda de discusión política de la región. Como foro político por excelencia de la región, y por reunir en un espacio a todos los países que hacen parte de este hemisferio, incluyendo por supuesto países de origen, tránsito, destino y retorno, de la mano de Acnur, la OEA es la mejor posicionada para promover acciones desde un enfoque de responsabilidad compartida, y debe hacerlo de forma ágil y efectiva. Esto porque la cuestión de los refugiados no es un mero problema estadístico, es un drama humanitario frente al que no podemos ser ni silentes ni indiferentes. Cada minuto cuenta.

Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA.

 @BeticaMunozPogo