El miércoles último por la tarde, la subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (Sgaia) interceptó dos vehículos en la 22 avenida y 20 calle de la zona 10, que transportaban US$997 mil 20 en efectivo.

En ese lugar fueron detenidas Ana Lucrecia Muñoz Ramírez, de 35 años, y María Fernanda Cabrera Franco, 24, quienes llevaban dinero oculto en un automóvil con placas salvadoreñas.

También fue capturada Cinthia Jeannette Cardona Sandoval, 31, quien conducía una camioneta agrícola y se hacía acompañar de cuatro guardaespaldas: Carlos Enrique Mitsi Cho, 24; Eduardo López Cruz, 30; Víctor Vicente Maaz Hernández, 33; y César Augusto Beb Caal, 25, quienes también fueron aprehendidos.

En Petén también se incautaron ayer US$69 mil 740l, por lo que fue detenido Santiago Jerónimo Izaguirre.

La Policía Nacional Civil (PNC) registraba hasta ayer el decomiso de US$4 millones 334 mil 284.91, equivalentes a Q32 millones 983 mil 908.20.

Rivales se delatan

Investigadores señalan que la mayoría de incautaciones se deben a que los carteles rivales brindan información sobre movimientos de dinero o droga, con la intención de debilitar a la competencia.

“En la mayoría de los casos, se ponen el dedo entre ellos”, comentó un investigador, quien añadió que los carteles obtienen información de movimientos de sus rivales y la filtran a las autoridades.

Al obtener los datos sobre la ruta, hora y tipo de vehículo que lleva la droga o el dinero, los detectives instalan puestos de control y ejecutan las incautaciones.

Inteligencia civil

Ronaldo Leiva, exministro de la Defensa y experto en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señaló que las incautaciones son producto de análisis.

“Las incautaciones son producto de una buena inteligencia civil y de denuncias, porque el dinero y droga son movilizados constantemente pero solo se decomisa cuando se cuenta con información certera”, aseguró Leiva.

Lorena Escobar, de la Asociación de Estudios Económicos y Sociales (Asíes), coincidió con Leiva en que las incautaciones obedecen a investigaciones de inteligencia civil.

Expertos coinciden en que en el Organismo Judicial (OJ) debe prevalecer la imparcialidad para resolver casos de corrupción, como el de la estructura de defraudación aduanera denominada La Línea, el del contrato del IGSS-Pisa y el financiamiento político ilícito, entre otros, por los que se ha solicitado antejuicio contra diputados.

El fin de semana último, Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), publicó en su cuenta de Twitter que “el OJ debe asumir su responsabilidad histórica”, al referirse a la resolución de casos relacionados con corrupción.

El domingo, el comisionado asistió a la misa del mediodía en la Catedral, después de su reunión con el arzobispo metropolitano, Julio Vian.

Hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha resuelto ningún caso.

Además, se conoce el caso La Línea, de defraudación al Estado por varios millones, y el del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por un contrato irregular con la droguería Pisa en la atención a pacientes renales.

Pocos resultados

Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, indicó que la Cicig vino a aportar “bastante” acusación que debe ser juzgada, y entonces la cantidad de acusaciones aumenta, pero la capacidad para atenderlas y resolver los casos no mejora.

Agregó que la Comisión mejoró —con el apoyo técnico— el tema de la investigación, pero la CSJ y el OJ siguen “exactamente” igual.

“Al final, en los tribunales no habrá capacidad ni para trabajar con ese aumento, ni para resolverlo con calidad, porque no se ha invertido en la calidad del OJ”, puntualizó.

Mensaje certero

Adolfo Alarcón, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, coincidió con Quezada en que el mensaje de Velásquez es certero.

“Creo que él —Velásquez— da justo en el punto”, expresó el experto, quien añadió que se tiene que aprovechar que el MP y la Cicig han aportado evidencias, y que ahora los jueces deben cumplir con su labor de manera imparcial.

“Es histórica —la labor del OJ—, porque el país está afrontando un momento histórico nunca antes visto, y por eso así tiene que ser la respuesta de las instituciones”, refirió Alarcón, al señalar que de lo contrario “todos los esfuerzos se verán truncados y la crisis se agudizaría”.

Mencionó que el mensaje de Velásquez en su cuenta de Twitter se enfoca en la debilidad que aún se observa.

Acuña reconoce que con la actual magistratura de la CSJ hay mayor imparcialidad y se dan cambios, pero el comisionado urge, a través de su mensaje, para que respondan a la coyuntura nacional y a las exigencias de la población de “no a la corrupción y no a la impunidad”.

Se intentó obtener la postura del presidente del OJ, Josué Baquiax, respecto del mensaje de Velásquez, pero participaba en una actividad en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. Sin embargo, el vocero de la institución, Ángel Pineda, indicó que son respetuosos de la Ley.

La Sala de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio declaró sin lugar la recusación que la defensa de Mario Ponce Rodríguez —condenado en el 2012 a 25 años de cárcel, por narcotráfico, en la Corte de Distrito Sur de Florida, Estados Unidos— presentó en contra del juez Marco Antonio Villeda, y con ello despeja el camino para extinguir los bienes del narcotraficante.

En el 2013, cinco fincas de Ponce Rodríguez fueron inmovilizadas y embargadas por el Juzgado de Extinción de Dominio que dirige Villeda.

Las propiedades se encuentran en Playitas, Morales, Izabal, uno de sus centros de operaciones para el trasiego de droga.

Los embargos se otorgaron después de que el Ministerio Público determinó que las fincas pertenecen al capo.

Vastas extensiones

Una de las propiedades tiene una extensión de 28 millones 632 mil 686 metros cuadrados.

Esta aparece en el Registro General de la Propiedad como finca 3737, folio 78, libro 45, denominada Las Quebradas, y se ubica en Morales, Izabal.

El inmueble aparece a nombre de Pastos del Norte, donde funciona una gasolinera.

Pastos del Norte es una empresa que presta toda clase de servicios, según el Registro Mercantil.

De las cinco fincas embargadas, tres aparecen a nombre de Ponce Rodríguez y las otras dos, de Irma Floridalma López Zúñiga, su esposa.

Otro de los bienes inmuebles mide dos millones 341 mil 679 metros cuadrados y se registra como finca 4811.

Cuatro de los terrenos incautados miden, en promedio, 38 millones 409 mil 450 metros cuadrados, según consta en el expediente.

Los argumentos de las nueve impugnaciones señalan irregularidades,  vicios, recursos financieros sin destino y mal procedimiento para aprobar el decreto 22-2014.

En la sala de vistas del máximo tribunal se encontraban al menos cien personas. Cada accionante tuvo 15 minutos para presentar sus argumentos.

“Precedente nefasto”

El abogado Stuardo Ralón, en representación de la Cámara del Agro (Camagro), indicó que se impugnaron 24 preceptos legislativos que contienen el mismo vicio de colisión contra la Constitución, y  mencionó que al permitir que el Legislativo haga modificaciones sin el procedimiento adecuado, “se  sienta un precedente nefasto, porque el Congreso debe respetar  límites en actos puntuales”.

Rosa Montenegro Porta,  en nombre propio, expresó  mediante su abogado Áxel Barrios que los diputados no dieron lectura a los artículos del decreto que contiene el Presupuesto, sino solo a los títulos, lo cual consta en el diario de sesiones.

Eso coincide con la queja de  los legisladores después de la sesión en la que se aprobó esa norma —el 28 de noviembre del 2014—. Montenegro impugnó  artículos del 62 al 75, que contienen lo relacionado con el impuesto de Q5 a la telefonía fija o móvil y de Q100 para las centrales de llamadas.

Aumenta tarifa

La abogada Annie Dougherti, quien actúa en nombre propio, tuvo como representante a Sergio Flores Sandoval,  impugnó los artículos del 62 al 71, en donde se encuentra el impuesto a la telefonía.

Explicó que no hay claridad en cuanto a quién deberá pagar el impuesto de Q5 por cada línea y el de Q100 para las centrales de llamadas o líneas concentradoras.

Dougherti añadió que si el tributo fuera trasladado al usuario, específicamente del servicio prepago, este tendría  un incremento en el costo del servicio  de más del 50 por ciento.

Recursos sin destino

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, por medio de su abogado Stuardo Ralón, afirmó que la acción del sector empresarial no tiene por objeto dejar sin recursos al Estado para funcionar, sino regular su uso para evitar la discrecionalidad, porque no se especifica el destino del dinero.

Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza,  detalló que se desconoce el destino que tendrán los Q1 mil 965 millones, porque esos recursos no fueron requeridos por el Ministerio de Comunicaciones.

“Lo que ocurrió el 28 de noviembre del 2014 en el Congreso es una vergüenza nacional, porque fue el producto de una componenda política “, afirmó Barreda.

Explicó que el Ministerio de Salud tiene una deuda flotante de Q626 millones, y que adeuda más de Q128 millones en medicinas.

No hubo iniciativa  

Mario Fuentes Destarac, en representación de la Cámara de  Industria, aseguró que no se cumplió con el principio de iniciativa de ley.

“No hubo iniciativa de ley para esas discusiones de carácter tributario; entonces, no se cumple con el principio del debido proceso legislativo”, expresó.

El abogado Fabián Augusto Zetina Vásquez,  de la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, se pronunció  contra el aumento de regalías por explotación minera.

Manuel  Pérez y Carlos Revolorio, de Cementos Progreso y Cemex, respectivamente, manifestaron su inconformidad por el incremento al impuesto de la distribución del cemento, porque afecta al sector de la construcción y no se ha definido destino para los recursos de ese tributo.

Emerson Ordóñez, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), aseveró que  la aprobación del Presupuesto  no fue antojadiza y recalcó que los recursos son necesarios para funcionamiento.

Interponentes amplían postura sobre impugnaciones a plan de gastos aprobado por el Congreso para 2015

Se otorga poder peligroso

Stuardo Ralón, abogado de Camagro, dijo: “Estaría dando al Congreso un poder muy peligroso de interpretar la Constitución, lo cual solo le corresponde a la Corte de Constitucionalidad y a ningún otro órgano”.  

Carecen de iniciativa de ley

Axel Barrios Carrillo, en representación de la abogada Rosa María Montenegro, señaló que los capítulos agregados “en el camino” al decreto 22-2014  carecen de iniciativa de ley, por lo que es irregular su aprobación.   

Sería doble tributación

Sergio Flores Sandoval, representante de la abogada Annie Dougherti, dijo que las telefónicas pagan por la administración de los números de teléfono, de tal manera que el nuevo impuesto sería doble tributación.

No se puede pagar deuda

Stuardo Ralón, abogado del Cacif, expuso que la Ley  indica que asignaciones de Educación, Salud y Comunicaciones no pueden ser usadas para pago de deuda, como dice el decreto 22-2014.

Dictamen apresurado

Carlos Barreda, diputado de la UNE, reveló que 10 minutos antes de que empezara la sesión del 28 de noviembre de 2014 llegó el dictamen de la Comisión de Finanzas, contrario a la norma.

Modificaron normativas

Mario Fuentes Destarac, abogado de la CIG, afirmó que la aprobación del decreto que contiene el presupuesto modifica leyes tributarias para minería y distribución de cemento. 

Impuesto del 233 por ciento

Manuel Fernando Pérez, de Cementos Progreso, detalló que el impuesto a la distribución de ese material tiene un incremento del 233%, sin especificar cuál será el  destino de los fondos.

Restan inversión

José Ceferino Mejía López, alcalde de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, indicó que la población  está molesta porque el aumento de regalías por minería resta recursos a inversión.

Artículos suspendidos

El máximo tribunal suspendió 18 artículos del decreto 22-2104

Artículo 33. Inciso b) No se podrán utilizar fondos de los bonos del tesoro en gastos de funcionamiento.

Artículo 55. Los Consejos Departamentales de Desarrollo quedan facultados para suscribir convenios con organizaciones no gubernamentales para ejecución de obra física.

Artículo 57. Quitaba obligación de emitir comprobantes de disponibilidad financiera.

Artículo 58. Párrafo que establecía que recursos asignados a Educación, Salud y Comunicaciones no podían transferirse a otras instituciones, excepto para el pago de deuda.

Artículo 67.  Fijaba impuesto de Q5 mensuales por línea telefónica fija o móvil, y pago de  Q100 por centrales de llamadas o líneas concentradoras de llamadas.

Artículo 73. Otorgaba a la Superintendencia de Administración Tributaria la facultad de instalar dispositivos de control en compañías telefónicas.

Artículo 75.  Reforma al Código Penal y establecía castigo para quienes simularan, ocultaran, modificaran, maniobraran o alteraran el contenido de los registros detallados de telecomunicaciones para menoscabar el pago de impuestos a líneas de telefonía móvil o fija.

Los argumentos de las nueve impugnaciones señalan irregularidades, vicios, recursos financieros sin destino y mal procedimiento para aprobar el decreto 22-2014.

En la sala de vistas del máximo tribunal se encontraban al menos cien personas. Cada accionante tuvo 15 minutos para presentar sus argumentos.

“Precedente nefasto”

El abogado Stuardo Ralón, en representación de la Cámara del Agro (Camagro), indicó que se impugnaron 24 preceptos legislativos que contienen el mismo vicio de colisión contra la Constitución, y mencionó que al permitir que el Legislativo haga modificaciones sin el procedimiento adecuado, “se sienta un precedente nefasto, porque el Congreso debe respetar límites en actos puntuales”.

Rosa Montenegro Porta, en nombre propio, expresó mediante su abogado Áxel Barrios que los diputados no dieron lectura a los artículos del decreto que contiene el Presupuesto, sino solo a los títulos, lo cual consta en el diario de sesiones.

Eso coincide con la queja de los legisladores después de la sesión en la que se aprobó esa norma —el 28 de noviembre del 2014—. Montenegro impugnó artículos del 62 al 75, que contienen lo relacionado con el impuesto de Q5 a la telefonía fija o móvil y de Q100 para las centrales de llamadas.

Aumenta tarifa

La abogada Annie Dougherti, quien actúa en nombre propio, tuvo como representante a Sergio Flores Sandoval, impugnó los artículos del 62 al 71, en donde se encuentra el impuesto a la telefonía.

Explicó que no hay claridad en cuanto a quién deberá pagar el impuesto de Q5 por cada línea y el de Q100 para las centrales de llamadas o líneas concentradoras.

Dougherti añadió que si el tributo fuera trasladado al usuario, específicamente del servicio prepago, este tendría un incremento en el costo del servicio de más del 50 por ciento.

Recursos sin destino

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, por medio de su abogado Stuardo Ralón, afirmó que la acción del sector empresarial no tiene por objeto dejar sin recursos al Estado para funcionar, sino regular su uso para evitar la discrecionalidad, porque no se especifica el destino del dinero.

Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, detalló que se desconoce el destino que tendrán los Q1 mil 965 millones, porque esos recursos no fueron requeridos por el Ministerio de Comunicaciones.

“Lo que ocurrió el 28 de noviembre del 2014 en el Congreso es una vergüenza nacional, porque fue el producto de una componenda política ”, afirmó Barreda.

Explicó que el Ministerio de Salud tiene una deuda flotante de Q626 millones, y que adeuda más de Q128 millones en medicinas.

No hubo iniciativa

Mario Fuentes Destarac, en representación de la Cámara de Industria, aseguró que no se cumplió con el principio de iniciativa de ley.

“No hubo iniciativa de ley para esas discusiones de carácter tributario; entonces, no se cumple con el principio del debido proceso legislativo”, expresó.

El abogado Fabián Augusto Zetina Vásquez, de la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, se pronunció contra el aumento de regalías por explotación minera.

Manuel Pérez y Carlos Revolorio, de Cementos Progreso y Cemex, respectivamente, manifestaron su inconformidad por el incremento al impuesto de la distribución del cemento, porque afecta al sector de la construcción y no se ha definido destino para los recursos de ese tributo.

Emerson Ordóñez, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), aseveró que la aprobación del Presupuesto no fue antojadiza y recalcó que los recursos son necesarios para funcionamiento.

“Que vengan a dar su punto de vista, para que con esos insumos que nos aportarán tendremos mayores elementos de convicción para emitir el dictamen —solicitado por el presidente Otto Pérez Molina—”, dijo Baquiax.

Agregó que el 25 de febrero próximo se escuchará a Iván Velásquez, jefe de la Cicig, en una audiencia pública, fecha en que llega al país el exgobernante Alfonso Portillo.

Proceso objetivo

El presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Hermánn Girón, señaló que no está enterado de la invitación pero  que para ese sector  es importante el fortalecimiento institucional,  principalmente la persecución de estructuras paralelas de poder y círculos de  corrupción, entre otros asuntos que forman parte del mandato de la Cicig.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, indicó que ya le indicaron a Baquiax que el proceso debe ser objetivo, transparente y con alto grado de publicidad de las decisiones que impactarán el dictamen.

Luis Alfredo Reyes, presidente del Colegio de Abogados y Notarios (Cang), indicó que la Junta Directiva no puede  emitir  opinión, sino que debe efectuarse una asamblea general en la que los agremiados se pronuncien, y el resultado  será elevado a la instancia evaluadora de la labor de la Cicig.

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Carlos Alvarado,  afirmó que al recibir la invitación la  someterá al Consejo Superior Universitario, para que  analice y se pronuncie al respecto.

Casos de impacto

Hasta octubre del 2013 la Cicig participó en 20 casos que llegaron a sentencias condenatorias.  

15  de  julio del 2010, nueve condenados  por muerte del abogado Rodrigo Rosenberg.     

En septiembre del 2013 fue condenado Baltazar Gómez,  exdirector de la Policía, y  18 más, por narcotráfico.

Víctor  Soto,  ex jefe de investigación policial  y tres más fueron  sentenciados  por muerte de siete reos en Pavón, en el 2013.  

La Cicig  participó  en el juicio al expresidente Alfonso Portillo, absuelto por  desvío de Q30 millones de la Defensa. 

Sergio Vi, hijo de Gaspar Vi, quien murió el 31 de enero de 1980, en la sede diplomática, recordó que este viajó a la capital para denunciar los vejámenes que el Ejército cometía en Chajul  y en otras regiones de Quiché.

También refirió que  en noviembre de 1978, cuando él   tenía 16 años,    fue  secuestrado  por la milicia junto a su padre.

Recordó que, el día del siniestro,   a través de una radio    su familia se enteró de lo que había sucedido con la comisión que había ido a la capital.

“No lo podíamos creer… Me imagino cómo han de haber pedido auxilio y la Policía no dejó que los ayudaran”, expresó Vi durante la ceremonia.

Angélica Chen, 37,   familiar de otra víctima, expuso: “Sin mi papá me faltó todo. No pudimos estudiar. Aún nos duele”.

Entre las víctimas de la tragedia se encontraba Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum. Por este caso fue condenado a 90 años  de prisión Pedro García Arredondo, exjefe del Comando Seis de la Policía Nacional.

Tres sacerdotes —que por su acento se presume eran de nacionalidad española— se mostraron en favor de los vecinos. Uno tomó la palabra y dijo que la comunidad fue provocada, pero que no respondió, y que, por el contrario, fue agredida.

Palabras y no golpes

Otro prelado expresó: “Estamos pidiéndole al Señor que con esta fuerza de la fe, también podamos seguir adelante para ayudarnos unos a otros, para lograr que los que no quieren entender nos entiendan, y que nos entiendan con palabras y no con golpes”.

El tercero indicó que era de esperarse el desalojo del viernes último. “Yo creo que aquí lo que hay es una incomprensión. No creo que aquí haya algún delincuente ni personas perseguidas por la justicia a las que haya que estar buscando. Aquí hemos estado de manera pacífica durante dos años, y por lo visto, vamos a seguir el tiempo que haga falta”, señaló.

Vilma Carrera, una de las manifestantes, precisó que miles de personas serían afectadas por la mina, por lo que se mantendrán en resistencia para proteger los escasos recursos naturales que poseen.

A pocos metros de donde se ofició el servicio religioso, un contingente de antimotines de la Policía resguarda el ingreso al proyecto minero.

Monterroso citó como ejemplo los asuntos laborales y civiles —deudas—, que se desestiman por no ser expedientes que deba conocer ese ente investigador.

“De esos casos hay una gran cantidad que están depurados por el Ministerio Público, debido a que no constituyen delito”, afirmó Monterroso.

Según justificó el vocero, con la cantidad de denuncias y delitos que se cometen en el país, “ningún sistema de justicia en el mundo sería eficiente”.

Otro de los factores que influyen, según Monterroso, es que no existe una política de prevención del delito y de seguridad efectivas, y por eso recae en el MP la mayor parte del trabajo de la persecución penal.

Faltan vías alternas

Adolfo Alarcón, experto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), precisó que uno de los factores que inciden en el aumento de las denuncias es que no se cuentan con vías alternas para la resolución de conflictos.

“A ese ritmo de incremento, el MP no tiene la capacidad de investigar todos los hechos y jamás podrá dar la talla ante una carga de trabajo como esa”, puntualizó Alarcón.

Señaló que por ello es necesario un cambio en la visión del sistema de justicia, en donde el proceso judicial en todas sus ramas debería ser el último recurso.

Alarcón indicó que la mediación es una alternativa para solucionar la conflictividad porque ya se comprobó que el método tradicional de judicializar los casos “no nos llevará a ningún camino”.

Monterroso expuso que “en los últimos 20 años la receta ha sido la misma y los resultados del Sistema Judicial en su conjunto son malos, y los fallos no llegan ni siquiera a un 10 por ciento, lo cual es preocupante”.

El tercer informe de Paz y Paz, presentado en 12 de diciembre recién pasado, señala que entre enero y noviembre del 2013 los tribunales condenaron a siete mil 122 personas.

Acciones registradas

La Fiscalíade Delitos contra la Vida registra 16 casos con suspensión condicional en el 2013.

Hay cien expedientes con criterio de oportunidad en la misma fiscalía.

Hasta noviembre recién pasado, 286 personas fueron condenadas   por delitos contra la vida.

Hubo 631 víctimas de delitos contra la vida.

Se presentaron 456 acusaciones en los juzgados penales, por crímenes.

La Fiscalía  de la Mujer registraba a noviembre último 322 personas condenadas.

Se reportan  mil 911 víctimas en el mismo período.

Se llegó a mil 406 acusaciones presentadas en los juzgados.

Los tribunales dictaron 116 sentencias contra personas acusadas de corrupción.