Al finalizar el acto fueron detenidas cinco personas, entre ellos dos menores de edad, por lanzar objetos contundentes contra el mandatario venezolano. 

En la última toma de la transmisión, obligatoria para todas las televisoras y radios del país, se puede ver a la seguridad tratando de evitar que Maduro fuera impactado por alguno de esos objetos, aunque luego se le puede ver limpiándose algo del cabello.

No está claro qué le lanzan. En redes sociales se habla de huevos y piedras.
Un video aficionado circula en Twitter en el que se ve la metralla de objetos y se escucha la voz de una muchacha gritando “maldito”.

Opositores difundieron imágenes del incidente

Varios políticos de oposición difundieron las imágenes y comentaron sobre el incidente en la red social.
“Termina de irte @nicolasmaduro Por donde vayas los venezolanos te aborrecen! Ahora en Bolívar!”, escribió el excandidato presidencial Henrique Capriles.

“Nicolás. El pueblo de San Félix te ama y te quiere alimentar: por eso te tiraron huevos, tomates, verduras, conchas de plátanos y demás”, señaló por su parte el expresidente del parlamento, Henry Ramos.

En septiembre pasado, la turística Isla de Margarita (noreste) se convirtió en foco de conflicto cuando un grupo de personas 'caceroleó' a Maduro en una comunidad que recorría a pie. Un año antes, una mujer le pegó un mango en la cabeza cuando conducía un bus en el estado de Aragua (norte) para pedirle una vivienda.

En medio de una severa crisis, la popularidad del mandatario cayó al punto que siete de cada diez venezolanos quieren un cambio de gobierno, según una reciente encuesta de la firma Venebarómetro.

La apelación fue presentada en julio pasado, y aunque la legislación preveía un corto tiempo de resolución, el fallo recién fue notificado este jueves, un día después de que la esposa de López, Lilian Tintori, fuera recibida por Trump en la Casa Blanca.

En su primera acción directa sobre Venezuela, el mandatario estadounidense pidió la noche del miércoles, en su cuenta de Twitter, la liberación de López, y publicó una foto en la que aparece junto a Tintori, el vicepresidente Mike Pence y el senador Marco Rubio.

“El Twitter sirve para el chisme, para uno enterarse de cosas que dan verg enza como la foto esa. Dan pena ajena (…) La Malinche (traidora)” , afirmó el presidente Nicolás Maduro este jueves, en un acto público.

Tintori convocó a la prensa al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, para hablar sobre su encuentro con Trump, que a su juicio demuestra que la crisis política y económica de Venezuela es la prioridad en política exterior del nuevo gobernante estadounidense.

La confirmación de la sentencia llegó dos días antes de que López cumpla tres años preso, lo que será conmemorado con una marcha en Caracas.

Maduro había advertido el miércoles que respondería con firmeza a “cualquier agresión”  del gobierno de Trump, con el que sin embargo dijo no querer “problemas” .

Consecuencia inmediata

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, calificó la audiencia concedida por Trump a Tintori como una “intromisión y agresión” , y la atribuyó a “lobbies”  de la oposición venezolana “con la mafia de Miami” .

López, un economista de 45 años, es el más radical y emblemático de los opositores venezolanos presos -que la disidencia cifra en un centenar-, entre ellos el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

En la cárcel militar de Ramo Verde -en las afueras de Caracas- López purga una pena de casi 14 años de prisión acusado de incitar a la violencia en las protestas para exigir la renuncia de Maduro, que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo deL 2014.

“Mientras el presidente Maduro proponía iniciar una nueva era de relaciones de respeto, Donald Trump se solidariza con el jefe de acciones violentas” , cuestionó la canciller.

Para el analista Eugenio Martínez la decisión sobre el caso de López es una consecuencia de la reunión entre Tintori y el mandatario estadounidense. “Inclinó la balanza” , aseveró a la  AFP .

“No sólo se está ratificando la condena a un hombre inocente, que de por sí es grave, sino que destruye lo poco que queda de estado de derecho en Venezuela. No es un acto jurídico sino político” , aseveró el abogado defensor.

“Ya agotamos todos los recursos que la legislación venezolana contempla. Vamos a acudir a (instancias de derechos humanos de) Naciones Unidas. En un par de semanas estaremos presentando el documento” , agregó Gutiérez.

CNN, “instrumento de guerra”

Maduro denunció que el Departamento de Estado y CNN en Español buscan azuzar al gobierno de Trump contra Venezuela, por lo que el miércoles sacó del aire a la cadena de televisión.

Tras esa media, el gobierno está tramitando el bloqueo de la señal de CNN en español en internet, anunció este jueves la autoridad reguladora de las telecomunicaciones.

Medio centenar de periodistas y trabajadores de la prensa exigieron este jueves restituir las transmisiones de la cadena norteamericana, durante una protesta frente a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones  (Conatel) en Caracas.

La medida contra CNN ocurrió días después de que el canal denunciara una supuesta venta de pasaportes y visas en la embajada venezolana en Bagdad, que pudieron haber terminado en manos de personas ligadas al terrorismo, lo que fue negado por el gobierno de Maduro que descalificó las fuentes del reportaje.

“CNN es un instrumento de guerra” , justificó el presidente venezolano, quien sostiene que ese medio forma parte de una trama de la oposición venezolana y el Departamento de Estado estadounidense para derrocarlo.

“En lo personal recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario antiimperialista. VENCEREMOS” , escribió El Aissami en la red social Twitter, al responder al anuncio de la congelación de los bienes que puedan poseer en territorio estadounidense él y el empresario Samark José López Bello.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa al funcionario de facilitar, proteger y supervisar cargamentos de droga desde Venezuela con destino a México y Estados Unidos mientras se desempeñaba como ministro del Interior  (2008-2012) y gobernador del estado Aragua  (2012-2017) .

López Bello, según versiones de la prensa socio de El Aissami, fue incluido en las sanciones, que prohíben a cualquier ciudadano o compañía estadounidense a hacer negocios con cualquiera de los señalados y 13 compañías.

Pero el vicepresidente considera que la medida es un ataque contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuya popularidad se ha visto golpeada por una severa crisis, con una aguda escasez de alimentos y medicinas y una inflación proyectada por el FMI en 1.660% para 2017.

“Que no nos distraigan estas miserables provocaciones, nuestra principal tarea es acompañar a úNicolasMaduro en la recuperación económica” , agregó El Aissami.

“Concentrémonos en las prioridades del gobierno revolucionario: recuperación y crecimiento económico y, garantizar la PAZ y felicidad social” , continuó.

El Aissami, abogado de 42 años y vicepresidente desde el pasado 4 de enero, habría recibido pagos del narcotraficante venezolano Walid Makled y tendría lazos con el violento cartel mexicano Los Zetas, denunció Estados Unidos, que ya ha acusado por narcotráfico a otros altos funcionarios venezolanos.

Maduro dio a El Aissami varias atribuciones, entre ellas expropiar bienes y nombrar viceministros, al tiempo que dirige el llamado “comando antigolpe” , responsable del arresto de media docena de adversarios del gobierno.

Pero las autoridades estadounidenses señalaron que las sanciones “son el resultado de años de investigación”  y no están vinculadas a la designación de El Aissami a la vicepresidencia.

El ministro del Interior, Néstor Reverol, exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas  (ONA) , fue imputado en agosto del 2016 en un tribunal federal de Nueva York por presuntamente recibir pagos de narcotraficantes.

En mayo del 2015, el diario The Wall Street Journal informó que las autoridades estadounidenses también investigaban a Diosdado Cabello, uno de los más poderosos dirigentes del chavismo, por supuestos nexos con tráfico de drogas.

 “¡¡No podrán con nuestra resolución inquebrantable de ser LIBRES para siempre!! ¡¡Viva CHVEZ!! ¡¡Viva la REVOLUCIóN BOLIVARIANA!! ¡¡VENCEREMOS!!” , expresó El Aissami, en la red social.

El presidente Maduro aún no ha reaccionado a la decisión del Departamento del Tesoro.

EE. UU. sanciona por narcotráfico a vicepresidente venezolano

Estados Unidos sancionó el lunes al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami por narcotráfico.

El Departamento del Tesoro designó a El Aissami como narcotraficante, lo que anula su visa, le confisca propiedades en Estados Unidos y le prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses.

También fue designado narcotraficante el venezolano Samark José López Bello, a quien el Tesoro identifica como prestanombres del vicepresidente.

El Departamento del Tesoro publicó en su página web que también aplicará sanciones a 13 empresas controladas por López Bello y otros allegados, que supuestamente que conforman una red internacional desplegada por las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

AP solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato, y ningún funcionario del gobierno de Venezuela había reaccionado en Caracas.

Las sanciones adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump son las primeras medidas contra funcionarios venezolanos desde que en 2014 su predecesor Barack Obama suspendiera visas y congelara activos pertenecientes a siete funcionarios acusados de perpetrar actos de corrupción y violar derechos humanos.

El mandatario Nicolás Maduro designó a comienzos de año en la vicepresidencia a El Aissami, quien previamente se había desempeñado como ministro de Interior, Justicia y Paz. Días más tarde lo puso al frente de un llamado “comando nacional antigolpe” para enfrentar supuestos planes desestabilizadores.

Las autoridades estadounidenses han tenido a El Aissami en la mira desde hace una década, cuando docenas de pasaportes venezolanos falsos fueron a dar a presuntos miembros de Hezbolá en el Medio Oriente.

Además, un prominente narcotraficante venezolano dijo en 2011 que lo había sobornado a través de su hermano para que no impidiera el tráfico de cuantiosos cargamentos de cocaína.

El ejecutivo estadounidense anunció las medidas después de que un grupo bipartidista de 34 legisladores pidiera la semana pasada a Trump que sancione a funcionarios venezolanos acusados de corrupción y violación de derechos humanos, incluyendo aquellos que se benefician de la aguda escasez de alimentos que padecen los venezolanos.

En 2008, el Tesoro estadounidense designó al ex ministro de Defensa y actual gobernador del estado Trujillo Henry Rangel Silva y al ex ministro del Interior y actual gobernador de Guárico Ramón Rodríguez Chacín como narcotraficantes por colaborar con la guerrilla colombiana FARC.

En 2011, Washington designó como narcotraficantes a otros cuatro altos funcionarios venezolanos y en 2013 añadió a la lista a un ex capitán de la Guardia Nacional.

Caracas no ha aplicado medida alguna contra los funcionarios sancionados por Washington.

El gobierno de Trump impuso estas sanciones sin haberse pronunciado públicamente sobre Venezuela.

Sin embargo, Trump abordó la situación venezolana durante su conversación telefónica con el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. También durante el fin de semana pasado, el vicepresidente Mike Pence conversó por separado con los mandatarios Juan Manuel Santos, de Colombia, y Mauricio Macri, de Argentina.

Los pronunciamientos públicos más recientes de Washington sobre Venezuela habían sido el año pasado en respaldo a la mediación del Vaticano en un diálogo que el gobierno y la oposición instalaron en noviembre y que no ha alcanzado logro alguno.

El secretario general de la OEA Luis Almagro dijo la semana pasada que la crisis venezolana sufrió el año pasado “serios retrocesos” tales como que no se haya celebrado un referendo para revocar a Maduro.

También se refirió a esfuerzos del Ejecutivo por impedir el funcionamiento del poder judicial, el incremento de presos políticos y el agravamiento de los indicadores sociales por la escasez de alimentos y medicinas.

Almagro anunció también su intención de actualizar el informe con el que invocó el año pasado la Carta Democrática Interamericana al considerar que el orden democrático en Venezuela ha sufrido alteraciones graves.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suspendieron a Venezuela en diciembre como Estado parte del Mercosur por no haber adoptado normas sobre derechos humanos y separación de poderes requeridas por el bloque regional.

La coalición opositora consideró necesario “elaborar otro texto”, en el que las organizaciones políticas y la sociedad civil plantee a la comunidad internacional “sus demandas y propuestas para la restitución del hilo constitucional en Venezuela y el retorno de la democracia” .

La oposición acusa al gobierno chavista de haber instaurado una “dictadura” , al “romper el hilo constitucional”  cuando el poder electoral -al que acusa de servir al oficialismo- suspendió el pasado 20 de octubre un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.

Para retomar la negociación, aclara la MUD, se deben cumplir con las demandas de “atención a las víctimas de la crisis humanitaria” , respeto a las competencias del Parlamento -de mayoría opositora-, liberación de opositores presos, y un “cronograma electoral”  concertado.

Llamamos al pueblo venezolano a intensificar la protesta pacífica, constitucional y democrática (…) Esta activación política de la calle social es la que podrá rescatar la hoy bloqueada ruta electoral, añade el texto.

La MUD señaló que esa estrategia de calle busca que los venezolanos puedan ejercer el derecho al voto en las elecciones de gobernadores y de alcaldes y ” concertar el necesario adelanto de elecciones presidenciales“, previstas para diciembre de 2018, lo que el gobierno rechaza.

El ” Acuerdo de convivencia democrática“presentado por los facilitadores plantea la realización de las elecciones de gobernadores, que debieron hacerse por ley en diciembre pasado, junto con las de alcaldes este año, y propone ” abordar” el cronograma electoral de 2018.

El texto de los facilitadores también pide que el poder Ejecutivo y el Legislativo -declarado en desacato por la justicia- se reconozcan mutuamente.

La mita de la treintena de partidos de la MUD y buena parte de sus seguidores rechazaron el diálogo, al considerar que la oposición había capitulado ante el gobierno.

Según la encuestadora Datanálisis, ocho de cada 10 venezolanos reprueban al gobierno, agobiados por la inflación -que el el FMI cifró en 475% en 2016 y proyecta en 1.660% para 2017- y la falta de alimentos y medicinas.

La medida sube a 40 mil 638 bolívares, unos US$60 a la tasa oficial más alta y unos US$12 a la cotización del mercado negro.

“Para arrancar el año he decidido hacer un aumento de salario (…). Sería, si tomamos en cuenta el aumento que dí en enero de 2016, el quinto en un año”, dijo Maduro en la primera transmisión del 2017 de su programa semanal en la televisora estatal VTV.

El salario es complementado con un bono de alimentación de 63 mil 720 bolívares (US$93 a la tasa oficial), que se mantiene anclado, aunque el mandatario anunció que será reajustado durante los próximos días.

El incremento salarial decretado abarca a los pensionados, puntualizó Maduro.

Los sucesivos aumentos ordenados por el gobernante socialista han sido devorados por la alta inflación -estimada en 475% en el 2016 y proyectada en 1 mil 660% para el 2017 por el FMI- y la pérdida de valor del bolívar frente al dólar. Además del creciente costo de la vida, los venezolanos sufren una severa escasez de alimentos y medicinas.

Cuando la oferta de dinero aumenta, generalmente conlleva un incremento en el nivel general de precios.

Para combatir el desabastecimiento, Maduro informó un plan para crear “un sistema de tiendas” que venderán productos básicos a precios subsidiados, el cual estará controlado por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), organizaciones comunales que distribuyen comida en zonas populares.

Según el presidente, las tiendas se localizarán en las 45 ciudades más pobladas del país petrolero.

En medio de la crisis, agravada por la caída de los precios del crudo desde el 2014, la oposición ha anunciado que retomará este año su ofensiva para buscar la salida de Maduro del poder.

El jueves pasado, Julio Borges, el nuevo presidente del Parlamento de mayoría opositora, anunció que el Legislativo declarará al mandatario en “abandono del cargo”, acusándolo de incumplir sus funciones.

El gobierno denuncia que la crisis es producto de una “guerra económica” de empresarios para provocar descontento popular y deponer a Maduro.

Pese a sus pugnas internas, la Mesa de Unidad Democrática  (MUD) delineará una hoja de ruta en la sesión parlamentaria que comenzará a las 15H00 GMT, tras haber fracasado en su plan de sacar del poder a Maduro con un referendo revocatorio en el 2016.
 
El abogado Julio Borges, de 47 años y fundador de Primero Justicia, partido del excandidato presidencial Henrique Capriles y el mayor de la MUD, dejará la jefatura de fracción y relevará a Henry Ramos Allup en la presidencia del Parlamento, que por primera vez en 18 años de gobierno chavista está controlado por la oposición.
 
“La oposición está retada por la realidad a hacer tres cosas: reestructurar su organización, redefinir su estrategia y presentar a los venezolanos un horizonte claro de solución a la crisis” , aseguró Jesús Torrealba, quien podría ser sustituido como secretario ejecutivo de la MUD.
 
Pero Maduro ya se prepara para la nueva etapa. La noche del miércoles rearmó su equipo de gobierno, nombrando al joven abogado Tareck El Aissimi, quien se define “radicalmente chavista” , como vicepresidente, una figura clave porque sería su relevo si su mandato fuera revocado en un referendo este año.
  

Promesas socialistas

La oposición aún no aclara si seguirá impulsando un proceso de referendo, tras ser suspendido en octubre pasado por el poder electoral, pese a que ya no implique una salida del chavismo del poder.
 
Según la ley, si Maduro hubiera perdido un referendo en 2016, deberían haberse convocado elecciones presidenciales, pero después del próximo 10 de enero -cuando cumple cuatro años de mandato-, sólo sería reemplazado por su vicepresidente.
 
La MUD anunció que buscará motivar la presión social, pero aún no ha logrado capitalizar el descontento por la crisis, que ha llevado al 78,5% de los venezolanos, hartos de la altísima inflación y la falta de alimentos y medicinas, a reprobar la gestión de Maduro, según la encuestadora Datanálisis.
 
Al asegurar que este año será el de “la recuperación y expansión de la revolución”  socialista, Maduro cambió a su equipo económico y pidió a El Aissimi encargarse de la seguridad del país y luchar contra los “terroristas de la extrema derecha” , como suele acusar a algunos opositores.
 
“Es el socialismo la vía para la salvación de la patria, no el capitalismo, no la burguesía, no esta derecha terrorista y criminal” , dijo El Aissami, actual gobernador del estado central de Aragua, al asumir su cargo.
 
Para el vocero de la MUD, el nuevo gabinete de Maduro “puede ser el peor”  de lo que llamó el “desgobierno”  que según él está en el poder en el país petrolero.
 

Retos de la oposición

Pese a haber arrasado en las elecciones legislativas de 2015, el apoyo a la MUD bajó, según la firma Keller y Asociados, del 45% a 38% en los últimos dos meses, por errores de estrategia, desconexión con los grupos sociales y por sus divisiones tras haber iniciado un diálogo con el gobierno, rechazado por la mitad de partidos que la integran.
 
Para la oposición, la grave crisis económica, política, social y de violencia criminal que sufre Venezuela sólo se resuelve con un cambio de gobierno, por lo que pretendía lograr, en la mesa de diálogo, una reactivación del referendo o un adelanto de las elecciones presidenciales de 2018.
 
Pero el chavismo ha descartado negociar esos temas, tras lo que la oposición congeló el proceso y planea no asistir el 13 de enero a lo que sería la tercera ronda del diálogo, iniciado el 30 de octubre bajo el auspicio del Vaticano.
 
“Borges se comprometió conmigo de palabra a (…) participar de las iniciativas de diálogo. Ojalá cumpla. Él me mandó a decir: el viejito loco se va, yo sí voy a dialogar” , dijo Maduro al referirse a Ramos Allup.
 
Mordaz y de verbo florido, Ramos Allup, de 73 años, mantuvo en su año de gestión un duro enfrentamiento con el gobierno, y esta semana rechazó que la MUD regrese al diálogo, pese a que 17 opositores fueron liberados desde que se inició. Según cuentas de la MUD, aún hay un centenar presos.
 
“pinta muy complejo. Los retos de la oposición son gigantes” , dijo a la  AFP  Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, al asegurar que la MUD debe entender que “sin unidad”  y conexión social “no hay forma de atender el problema” .

El Aissami, de 42 años, uno de lo dirigentes más influyentes y radicales del chavismo, quien sería su sustituto si su mandato fuera revocado en un referendo en el 2017.

“He designado como vicepresidente (…) al compañero Tareck El Aissami, para que asuma esta etapa 2017-2018, con su juventud, con su experiencia, con su compromiso y su valentía”, dijo Maduro, al anunciar la reestructuración del gabinete en un acto transmitido por televisión estatal.

El Aissami, quien sustituye al educador Aristóbulo Istúriz  (70) y es actual gobernador del central estado de Aragua, es uno de los dirigentes más fuertes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ha cobrado vigencia mediática en los últimos meses, al lado de Maduro.

“Le he dicho: Tareck, métete de noche y de día a trabajar por la seguridad del pueblo, la lucha contra los criminales (…), la lucha contra los terroristas de la extrema derecha; ya tiene los ganchos listos”, dijo el mandatario.

En sus primeras palabras como vicepresidente, El Aissami reiteró su lealtad a Maduro y su convicción socialista: “Es el socialismo la vía para la salvación de la patria, no el capitalismo, no es la burguesía, no es esta derecha terrorista y criminal”, dijo, en alusión a opositores.

El Aissami, abogado y exdirigente estudiantil, debe por ley asumir la presidencia si Maduro perdiera un referendo revocatorio en el 2017, en caso de que el proceso, suspendido en el 2016 por el poder electoral, avance como iniciativa de la oposición.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) , que el jueves renovará su directiva en el Parlamento -bajo su control desde hace un año-, anunciará también su nueva estrategia contra Maduro, pues aún no aclara si seguirá impulsando un referendo este año, pese a que ya no implica una salida del chavismo del poder.

Si Maduro hubiera perdido un referendo en el 2016, debía de haberse convocado a elecciones presidenciales, pero después del próximo 10 de enero -cuando cumple cuatro años de mandato-, sólo sería reemplazado por su vicepresidente, de acuerdo con la ley.

Un momento crucial

El Aissami, cuya familia es de origen sirio-libanesa, asumirá el cargo en una etapa que Maduro -cuya impopularidad alcanza el 78.5% según la firma Datanálisis-, considera crucial para su gobierno socialista.

Evocando al fallecido líder cubano Fidel Castro, el nuevo vicepresidente aseguró que es necesario “cambiar todo lo que sea necesario cambiar”.

“Nos corresponde a nosotros no dejarlo solo, presidente, debemos repolitizar nuestra gestión, ser más eficientes, y asumir con responsabilidad el cumplimiento de cada orden”, subrayó.

Entre los cambios de gabinete, Maduro nombró al diputado y economista Ramón Lobo, ministro de Economía y Finanzas; y a Nelson Martínez, ministro de Petróleo, en sustitución de Eulogio del Pino, quien seguirá al frente de la estatal Petróleos de Venezuela.

“Son personas que no tienen ninguna competencia. Este gabinete puede ser el peor de estos 17 años de desgobierno”, afirmó al aludir al chavismo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, en la primera reacción de la coalición.

La oposición considera que la grave crisis económica y política que sufre Venezuela sólo se resuelve con un cambio de gobierno, por lo que pretendía lograr, en un diálogo con el ejecutivo, una reactivación del referendo o un adelanto de las elecciones presidenciales del 2018.

El chavismo ha descartado tratar esos temas en la mesa de conversaciones, tras lo que la oposición congeló el proceso y planea no asistir el 13 de enero a una nueva ronda del diálogo, la tercera desde que se instaló el 30 de octubre, con auspicio del Vaticano.

Tras poner fin 17 años de hegemonía oficialista en el Parlamento, con un triunfo arrasador en las elecciones de diciembre del 2015, la coalición Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) se ve resquebrajada.
 
“Un año después el gobierno está más débil, pero la oposición está más fuerte? No lo está y hay que decirlo con claridad” , admitió hace poco el excandidato presidencial Henrique Capriles.
 
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, fue aún más lejos cuando afirmó que el liderazgo opositor está “fracturado y enfrentado”  justo cuando debería ser la brújula de un país hundido en su peor crisis económica, con escasez de alimentos, medicinas y hasta de billetes.
 
Para el politólogo John Magdaleno, mientras la oposición se hunde en disputas internas, “no canaliza el malestar” .
 
“La conflictividad social puede salirse de control y llevarse por delante el liderazgo del gobierno, chavismo y oposición” , advirtió.
 
Los venezolanos vivieron en los últimos días momentos de desesperación luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro descontinuara el billete de mayor valor -de cien bolívares- para sustituirlo por nuevas denominaciones que hagan frente a la voraz inflación.
 
Pero los nuevos billetes no llegaron a tiempo y violentas protestas estallaron en varias ciudades con saldo de tres muertos. Maduro aplazó hasta el 2 de enero la salida del de cien.
  

El diálogo: la pólvora

 
Las diferencias en la MUD se agudizaron tras el inicio de un diálogo con el gobierno, el 30 de octubre, para superar la crisis. Las conversaciones fueron rechazadas por 16 de los 29 partidos de la coalición.
 
Voluntad Popular  (VP) , del encarcelado Leopoldo López, considera que el gobierno usó las negociaciones para enfriar las protestas por la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra Maduro. Su reactivación fue exigida en la mesa de negociaciones, sin éxito.
 
“El diálogo puso en evidencia duros desacuerdos internos en materia estratégica (…) Si la MUD no resuelve esto, corre el riesgo de que las fisuras se conviertan en fracturas irreversibles” , señaló Magdaleno.
 
La oposición congeló las conversaciones que auspician el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas  (Unasur) , al acusar al gobierno de incumplir lo pactado.
 
Su principal exigencia era concertar una salida electoral a la crisis, a través del revocatorio o del adelanto de las elecciones presidenciales de 2018.
 
Los acercamientos le pasaron factura a la MUD. Desde su inicio, el apoyo a la coalición cayó de 45% a 38%, según la firma Keller y Asociados. Sin embargo, duplica al del chavismo.
  

Granada fragmentaria

 
Varias granadas han explotado dentro de la MUD, en palabras de Torrealba.
 
La más reciente, el pasado jueves, cuando la mayoría Legislativa no logró reunir los diputados necesarios para nombrar a dos rectores del Poder Electoral, al que considera parte del chavismo.
 
Es “una granada fragmentaria que destruye la unidad” , denunció el secretario de la MUD.
 
Los dos rectores habían sido designados por el Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) , que tiene maniatado al Parlamento con una declaratoria de “desacato” .
 
“La MUD atraviesa una crisis funcional. Salta a la vista cómo las diferencias están a la orden del día y cómo en vez de aprovechar momentos para acompañar a la población en esta crisis, libra una guerra de culpas” , dijo a la  AFP  el politólogo Édgard Gutiérrez.
 
Varios partidos propusieron retomar la ofensiva contra Maduro desde el Parlamento y las calles. El pasado martes la Asamblea declaró la “responsabilidad política”  del presidente en la crisis, pero la decisión fue anulada por el TSJ.
 
El viernes la MUD realizó dos “encerronas”  -reuniones secretas- para debatir su crisis. Pero de momento, no ha difundido ningún plan estratégico.
 
“La MUD debe salir de nuevo a persuadir, entusiasmar y movilizar a sus seguidores y avanzar en una ruta de presión y acción política usando su activo más importante: una población descontenta y hambrienta de cambio”, destacó Gutiérrez.

Los mandatarios “acordaron abrir la frontera de manera progresiva (…), con estricta vigilancia y seguridad” , indicó en la red social Twitter el ministro venezolano de Comunicación e Información, Ernesto Villegas.

El funcionario subrayó que ambos gobernantes “instruyeron a sus ministros de la Defensa (Vladimir Padrino y Luis Carlos Villegas) a coordinar acciones inmediatas para una normalización de la frontera” , a la vez que pactaron contactos entre sus bancos centrales frente a lo que Venezuela llama “ataques”  a su moneda.

Santos y Maduro hablaron el lunes en la noche, según Villegas.

Maduró ordenó hace una semana el cierre temporal de los cruces fronterizos con Colombia y Brasil, alegando que billetes de cien bolívares  (0.15 dólares a la tasa oficial más alta) eran acaparados en el extranjero por “mafias”  que buscaban “asfixiar”  la golpeada economía venezolana.

El billete de cien era el de mayor denominación hasta la entrada en vigencia de un nuevo cono monetario que incluirá gradualmente denominaciones desde 500 hasta 20 mil bolívares, así como monedas de 10 a cien.

El presidente venezolano había anulado la vigencia del billete de cien, pero dio marcha atrás tras violentas protestas y saqueos el fin de semana, a raíz de falta de efectivo, que dejaron al menos tres muertos. El sábado, la prorrogó hasta el próximo 2 de enero.

    El paso en el puente internacional Simón Bolívar, que comunica las ciudades de San Antonio  (Venezuela) y Cúcuta  (Colombia) , fue restablecido a las 06H00 locales  (10H00 GMT) , indicó el gobernador del fronterizo estado de Táchira, el oficialista José Vielma Mora.

    De acuerdo con Vielma Mora, el gobierno colombiano “se comprometió a cooperar”  en el combate al tráfico de papel moneda venezolano.

Entre agosto de 2015 y agosto de 2016, la frontera colombo-venezolana había permanecido cerrada, también por orden de Maduro, luego de un ataque de supuestos paramilitares colombianos contra una patrulla militar venezolana.

 AFP

El mandatario tamibén prorrogó el cierre de las fronteras con Colombia y Brasil para golpear a “mafias” que acaparaban esa denominación.

“He decidido prorrogar la circulación billete 100 hasta el 2 de enero (… y) el cierre de la frontera con Brasil y Colombia”, anunció el sábado el mandatario en una reunión con funcionarios de gobierno, transmitida por la televisión oficial.

Maduro sacó de circulación la semana pasada el billete de 100 bolívares -el de mayor circulación y valor, que equivale a 0.15 dólares a la tasa oficial más alta-, generando protestas en distintos puntos del país por la falta de billetes nuevos para canjearlos.

El presidente atribuyó a un sabotaje internacional “del imperio”  el hecho de que el jueves, como había prometido, no hayan salido los nuevos billetes -el mayor de 20 mil bolívares-.

Ante ello, anunció también el sábado, decidió “hacer una reprogramación de la entrada del nuevo cono monetario”, conforme vayan llegando a Venezuela, desde un país que no precisó.

Se va a “anunciar a finales de diciembre cuántos billetes ya tenemos aquí”, para “romper el bloqueo que nos quieren imponer, la persecución, el sabotaje”, manifestó el presidente socialista.

Maduro dio primero 72 horas para cambiar los billetes de 100 en bancos públicos y privados, pero expirado ese tiempo dio 10 días -que luego redujo a cinco- a partir del viernes para depositarlos en el Banco Central de Venezuela  (BCV).

Miles de venezolanos desesperados hicieron larguísimas filas el viernes y el sábado, bajo fuerte custodia militar, para depositar sus billetes de 100 en la sede en Caracas del BCV, que, al no estar el nuevo cono monetario, solo hizo depósitos electrónicos en las cuentas de los solicitantes.

El malestar estalló en protestas y saqueos a comercios en varios puntos del país. En el estado Bolívar, un diputado y un concejal opositor aseguraron que los disturbios dejaron cuatro muertos, pero las autoridades oficiales aún no confirman esa versión.

En Guasdalito, en el estado Apure (centro-oeste), fueron quemadas dos sedes de bancos estatales, en hechos en los que según Maduro participaron dirigentes opositores que formaban parte de “mafias de bachaquerismo (contrabando) y tráfico de dinero”.

Para Maduro, esas mafias operan mayormente en la zona limítrofe con Colombia, pero también con Brasil, por lo que, paralelamente a la salida de circulación de los 100 bolívares, cerró las fronteras, que debían abrir el domingo.

“Hemos recaudado más de 4 mil millones de billetes de 100. ¿Era o no un golpe monetario, un golpe económico?”, afirmó.

La falta de efectivo aumentó la desesperación de la gente, ya agobiada por una severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación de tres dígitos hace que se necesiten fajos de billetes para hacer una simple compra.

El Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) sentenció que los actos de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, “resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica”, ratificando que el Legislativo se encuentra en “desacato”.

El TSJ, calificado por la oposición como el brazo jurídico del chavismo, recordó una decisión previa de la Sala Constitucional -emanada el 15 de noviembre último- que había ordenado al Parlamento “abstenerse” de continuar el proceso contra el mandatario.

La oposición había postergado el procedimiento legislativo contra Maduro en el marco del diálogo iniciado con el gobierno el 30 de octubre a instancias del Vaticano y la Unión de Naciones Sudamericanas  (Unasur), pero lo retomó luego de congelar las conversaciones, alegando que el oficialismo había incumplido los acuerdos alcanzados.

Así, el martes último, la mayoría de la coalición Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) aprobó establecer la “responsabilidad política” del presidente y solicitar a la Fiscalía que investigue si existen razones para abrir un juicio contra el gobernante socialista que lleve a su destitución.

Los diputados chavistas se retiraron de la sesión, denunciando un intento de “golpe de Estado”.

Ahora el TSJ subrayó que “aún persiste”  la situación de desacato del Parlamento, “por no haber sido formalmente desincorporados”  tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude presentadas por el oficialismo.

Los asambleístas Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, electos por el estado Amazonas, solicitaron su exclusión el 15 de noviembre, lo que es considerado suficiente por la oposición, pero la justicia sostiene que esa petición no fue “aprobada o rechazada” en el hemiciclo.

 Maduro, firmó este domingo un decreto de emergencia económica para acabar con supuestas “mafias” que almacenarían millones de billetes de 100 bolívares en Colombia.

El presidente dijo que ordenó la medida después de que las autoridades venezolanas concluyeran una investigación que descubrió miles de millones de bolívares en billetes de 100 “en poder de mafias internacionales dirigidas desde Colombia”.

La medida se produce en momentos en que el gobierno prometió comenzar a circular seis billetes de mayor denominación en los próximos días, con un valor facial de 500 a 20 mil bolívares.

El gobierno espera que eso ocurra paulatinamente a partir del jueves con nuevas monedas de 50 y 100 y billetes de 500 bolívares, para que más adelante sigan llegando al país los de 1 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil y 20 mil.

Actualmente existen en Venezuela billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares. El billete de 100 apenas permite comprar un caramelo, mientras se requieren 50 billetes de esa denominación para pagar una hamburguesa.

Maduro ordenó “cerrar inmediatamente todas las posibilidades terrestres, aéreas y marítimas para que no regresen esos billetes que se llevaron” y también instruyó que se tomen “cartas en el asunto” por vía diplomática.

Eso hizo que en las últimas semanas la escasez de efectivo golpeara a los venezolanos, pues hacen falta cada vez mayor cantidad de billetes para pagar bienes, muchos en grave desabastecimiento.

“Hoy nos encadenamos en la Nunciatura Apostólica por la libertad de mis hermanos secuestrados por el régimen” , señaló el parlamentario.  

Su protesta ocurre en vísperas de la tercera ronda del diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis política.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) , que mantiene en duda su asistencia al encuentro, atribuyó la liberación de Mantilla y de otros cinco opositores a las conversaciones iniciadas el pasado 30 de octubre.

A la Nunciatura también llegó este lunes Henri Falcón, gobernador del estado Lara  (noroeste) y uno de los delegados de la MUD en el diálogo, para entregarle al nuncio, Aldo Giordano, una carta dirigida al papa Francisco.

“Le pedimos no abandonar a los venezolanos en la construcción de una salida pacífica a la crisis” , dijo a periodistas.

La MUD dejó en suspenso su continuidad en las negociaciones, auspiciadas por el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas  (Unasur) , por considerar que el gobierno no ha honrado sus compromisos.

Las protestas por los detenidos llegaron hasta el Vaticano, donde el domingo también se encadenaron Lilian Tintori, esposa del encarcelado Leopoldo López, y Mitzy Capriles, esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que está bajo arresto domiciliario.

“Exigimos que se liberen todos los presos políticos” , pidió Tintori.

Además, 14 opositores presos en el servicio de inteligencia  (Sebin) , en Caracas, iniciaron este domingo una huelga de hambre para exigir la libertad de todos los políticos encarcelados y una salida electoral a la crisis.  

“Al parecer esa huelga de hambre está siendo reprimida, los están maltratando para tratar de levantar la huelga” , denunció este lunes Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD.

Otro grupo de 36 opositores detenidos, también en el Sebin, pidió el sábado a la MUD mantenerse en la mesa hasta que el gobierno libere a todos los llamados “presos políticos” .

Esta manifestación ocurre horas después de que Lilian Tintori, esposa de López, se encadenara frente al Vaticano, en Roma, para pedir la liberación de todos los “presos políticos”  en la próxima reunión de diálogo, prevista para mañana.

Junto a ella se encadenaron también Antonieta López, madre de Leopoldo López, y Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, aseguró hoy que el Vaticano envió una “carta confidencial”  que supuestamente desmiente la postura del Gobierno frente a la mesa de diálogo nacional.

Torrealba afirmó que con esta comunicación el Vaticano, mediador en la mesa de diálogo, “desmiente la postura del Gobierno”  y de sus voceros en el proceso, quienes han negado que las liberaciones de opositores encarcelados o la realización de elecciones presidenciales se haya planteado en las negociaciones.

La noticia llega mientras crecen las denuncias sobre decenas de ejecuciones durante operativos de seguridad. “Estaban algunos desmembrados (…) Las autopsias revelaron la forma cruel como fueron ejecutados”, señaló la fiscal al canal Venevisión, indicando que nueve cuerpos ya fueron identificados.

Ortega confirmó que las víctimas -halladas en fosas comunes el viernes y el sábado últimos- no tenían antecedentes penales ni estaban cometiendo delito alguno al momento de su arresto.

“Entrevistamos a 50 testigos, entre familiares y personas que estuvieron detenidas. Tenemos tres testigos protegidos (…) Solicitamos la privativa de libertad contra 12 funcionarios del Ejército. En este momento están privados de libertad 10 de ellos”, detalló.

Según la fiscal, los agricultores fueron capturados en la localidad de Barlovento  (estado Miranda, norte) entre el 15 y 16 de octubre. No se refirió a los motivos de la masacre.

Los hechos revivieron las denuncias de violaciones de derechos humanos en acciones especiales contra la criminalidad, llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), puestas en marcha en julio del 2015 por el presidente Nicolás Maduro.

Inti Rodríguez, coordinador de la oenegé defensora de los derechos humanos Provea, aseguró el miércoles que desde que iniciaron las OLP han ocurrido 850 muertes a manos de militares.

Es una “operación de exterminio”, afirmó por su parte el dirigente opositor Henrique Capriles, quien sostuvo -citando un “informe confidencial”  de la Fiscalía- que sólo el año pasado las OLP dejaron 883 asesinados.

En su informe de gestión del 2015, la fiscal dio cuenta de 245 muertes en los primeros seis meses de las OLP.

El martes, el chavismo y la oposición -que controla el Parlamento- aprobaron un acuerdo legislativo inédito que condena la matanza en Barlovento.

Según la Fiscalía, Venezuela registró el año pasado 17 mil 778 homicidios, para una tasa de 58.1 por cada 100 mil habitantes  (seis veces mayor al promedio mundial), pero la oenegé Observatorio Venezolano de Violencia estima que la media es de 90 por cada 100 mil.

La Fiscalía solo cuenta los casos que tipifica como asesinatos, mientras la oenegé incluye todas las víctimas por armas, incluidos los fallecidos en acciones policiales, que a priori se consideran resistencia a la autoridad.

Pese a los primeros acuerdos de un diálogo que auspicia el Vaticano, el gobierno y la oposición mantienen posturas irreconciliables en torno a una salida electoral.

El domingo, un día después de que finalizara la segunda ronda de conversaciones, el presidente socialista Nicolás Maduro descartó que la negociación incluya un adelanto de elecciones o un referendo revocatorio de su mandato, principal objetivo de la coalición Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) .

A ello se suman las cada vez más notorias divisiones de la oposición en torno al diálogo.

“¿Salida electoral? ¿Salida para dónde? (…) Que nadie se obsesione con procesos electorales que no están en la Constitución”, dijo el gobernante el domingo en su programa semanal de televisión.

Más temprano, la MUD negó que esté capitulando en las conversaciones con el gobierno y ratificó que su objetivo sigue siendo sacar al chavismo del poder.

“Se avanza en la creación de condiciones que hagan posible recuperar el derecho del pueblo venezolano al voto”, señaló en un comunicado el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, aludiendo a la suspensión del proceso de revocatorio contra Maduro -el pasado 20 de octubre- por parte del Poder Electoral.

Pero el presidente ironizó sobre la aspiración opositora. “La MUD continuará en la mesa hasta lograr salida electoral. Me alegra mucho que la MUD vaya a continuar en la mesa de diálogo hasta diciembre de 2018” , dijo en referencia a la fecha de las próximas elecciones presidenciales.

El sábado último, el gobierno y la oposición pactaron “una hoja de ruta”  para atender la crisis, según un documento leído por el enviado del Vaticano, Claudio María Celli, que no hizo mención a las exigencias electorales de la oposición.

Las partes se plantearon la “superación”  del desacato de la mayoría opositora en el Parlamento, declarado por el Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) tras la juramentación de tres diputados cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude.

Igualmente, se comprometieron a trabajar para la elección de dos rectores del Consejo Nacional Electoral  (CNE) -acusado por la oposición de servir al oficialismo-, cuyo período vence en diciembre.

“Hay que superar esa inhabilitación del Parlamento para poder reconfigurar el CNE; hay que reestructurar el CNE para poder tener elecciones”, sostuvo la MUD.

Retomar la calle

Al relucir cada vez más sus diferencias internas, la MUD llamó este domingo a evitar una “fractura” en sus filas.

“El diálogo entre el régimen y un sector de la oposición inició como consecuencia del robo del referendo revocatorio, pero hoy nos preguntamos: ¿dónde quedó el derecho a elegir de los venezolanos?”, cuestionó Voluntad Popular -partido del encarcelado Leopoldo López- en un comunicado en el que rechazó los acuerdos.

Junto con Voluntad Popular se marginaron de las conversaciones otros 15 partidos de la treintena que conforman la MUD.

En tanto, el excandidato presidencial Henrique Capriles llamó en Twitter a “retomar de inmediato”  la agenda de “movilización popular en todo el país” .

Tras el inicio del diálogo el 30 de octubre, la oposición suspendió un juicio parlamentario contra Maduro y un marcha hacia el palacio presidencial de Miraflores. En septiembre y octubre realizó movilizaciones que convocaron a cientos de miles de personas.

A tono con la demanda de Capriles, Torrealba anunció que se retomará la agenda de protestas, sin especificar fechas. “Que nadie le pida al diálogo lo que solo la calle puede conquistar” , remarcó.

Uno de los negociadores de la MUD, Carlos Ocariz, se mostró de acuerdo con mantener la vía de la “presión popular” , pero criticó a copartidarios que a su juicio hacen poco para activarla.

“Ese camino está allí y también hay que transitarlo. Le pido a aquellos compañeros que hablan de manera permanente de esto, que hablen menos y hagan más” , expresó el domingo.

“Falsas expectativas”

Luego de la cita del sábado, en la cual las partes se comprometieron a convivir y respetarse para encontrar un camino “pacífico y electoral”  a la crisis, Jorge Rodríguez, principal negociador del oficialismo, acusó a la oposición de difundir “información errónea”  sobre los acuerdos.

“Mejor no levantar falsas expectativas”, escribió en Twitter, dirigiéndose a Ocariz.

Incorporado a la mesa de diálogo esta semana, el gobernador oficialista del estado Aragua, Tareck El Aissami, aseveró en Twitter que una salida electoral “no se discutió”  y que el revocatorio está “muerto” .

Mientras, el cardenal venezolano Jorge Urosa consideró que el diálogo debe llevar al voto, según una entrevista difundida el domingo.

Maduro extendió el domingo por 60 días más el estado de excepción y emergencia económica vigente desde enero pasado.

El presidente acusa al empresariado y la oposición de desarrollar una “guerra económica”  para provocar escasez de productos básicos, pero la oposición atribuye los problemas a la política económica del chavismo.

Las conversaciones se producen en un campo minado al estar en disputa la continuidad del chavismo en el poder. Las cuatro horas de deliberaciones la noche del viernes en un hotel de Caracas, las partes acordaron continuar la segunda roda de diálogo el sábado desde las 10 horal local.

“Se avanzó en acuerdos fundamentales, cuyos contenidos exactos serán revelados”  al final de la reunión, dijo a la prensa el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, al anunciar la extensión de la cita junto al enviado del papa Francisco, monseñor Claudio María Celli.

El Vaticano y Unasur fungen como acompañantes del diálogo iniciado el 30 de octubre.

“Me pareció que brotaba durante los trabajos el deseo de encontrar soluciones positivas, compartidas, a los problemas del país”, comentó Celli.

Samper indicó que en el encuentro fueron revisados los avances de cuatro mesas temáticas. Se hizo “un análisis serio de la agenda electoral”, sostuvo.

La coalición Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) exige un referendo revocatorio contra Maduro este año y, como alternativa, elecciones generales en el primer trimestre del 2017.

“He hecho todo lo posible e imposible para que haya diálogo de paz con la derecha y estoy dispuesto a seguir, pero sin ultimátum, sin bravuconerías”, dijo Maduro horas antes del encuentro, al que envió un documento con su visión de la crisis.

El diálogo se abrió cuando la tensión estaba al tope por la suspensión, el 20 de octubre, del referendo con el que la MUD buscaba revocar el mandato de Maduro. De no prosperar el proceso, el conflicto podría escalar de nuevo.

La MUD ha amenazado con retirarse de la mesa y retomar su ofensiva si no se discute una salida electoral. A la espera de gestos, el 1 de noviembre postergó un juicio sobre la responsabilidad de Maduro en la crisis y una marcha al palacio presidencial de Miraflores.

Maduro se ve terminando su mandato en enero del 2019, al señalar lo que el gobierno espera del diálogo: “Que podamos navegar las aguas de lo que queda del año 2016, los años 2017 y 2018”.

“No hay referéndum ni hay elecciones generales, aquí lo que hay es revolución”, manifestó el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

A la cita asisten además los exgobernantes José Luis Rodríguez Zapatero  (España), Leonel Fernández  (República Dominicana) y Martín Torrijos  (Panamá).

Bomba económica

Luego de la tregua de once días, la oposición, que quiere evitar que el gobierno use el diálogo para ganar tiempo, exige resultados concretos.

“Venezuela es una olla de presión y la válvula, que era el revocatorio, la soldaron. O nos devuelven el referendo o se activa un acuerdo para adelantar elecciones”, declaró el viernes el portavoz de la MUD, Jesús Torrealba.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) rechazó el viernes un recurso de la MUD para reactivar el referendo.

“Resolver lo económico es mi obsesión”, afirmó Maduro.

Pero para la oposición un cambio de gobierno es la única salida a la devastación económica del país petrolero, agobiado por la falta de alimentos y medicinas, y una inflación que rondará este año 475% según el FMI.

“Los venezolanos necesitamos señales de cambio. Estamos al límite, la situación económica es una bomba que puede explotar” , declaró el excandidato presidencial Henrique Capriles.

Negociando imposibles

Analistas ven improbable que el gobierno acepte reactivar el referendo o adelantar elecciones. Según el analista Luis Vicente León, porque ello implicaría la salida del chavismo del poder, dada la impopularidad de Maduro.

“Parece que la tendencia de la oposición es negociar imposibles”, declaró el politólogo socialista Nícmer Evans, fuerte crítico de Maduro.

Para Evans la MUD se equivocó al paralizar, antes de ver frutos del diálogo, la movilización de calle, quedándose sin mecanismo de presión; y en “pedirle al otro que entregue todo (el poder) a cambio de nada”.

Además de desactivar las protestas, la presión internacional bajó con el diálogo, apoyado incluso por Estados Unidos, aunque la elección de Donald Trump abre interrogantes sobre ese respaldo.

Los analistas ven más factible avanzar en otras demandas opositoras como la liberación de políticos presos y en un “canal humanitario”  de suministro de alimentos y medicinas.

La MUD también pide la sustitución de autoridades electorales y de justicia -a las que acusa de oficialistas- y la restitución del Parlamento, que domina pero fue declarado en desacato por la corte suprema.

La reunión está marcada por las profundas diferencias que mantienen ambas partes sobre los temas a discutir. La oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha insistido en los últimos días que de esta reunión espera “resultados concretos”.

Esos resultados pasan por una convocatoria a elecciones adelantadas y la apertura de un canal humanitario que permita la entrada al país de alimentos y medicamentos.

Estos son los cuatro temas en donde dejan claro sus profundas diferencias.

Salida electoral

La oposición insiste en un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro en 2016 -suspendido en octubre-, pero plantea como alternativa unas elecciones generales en el primer trimestre de 2017, escenario calificado como “una fantasía” por el número dos del oficialismo, Diosdado Cabello.

“Es evidente que el gobierno no va a ceder”, dijo a la AFP el politólogo Nicmer Evans, quien considera que la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alimenta “falsas expectativas” sobre una salida del chavismo del poder, que pueden tener un efecto búmeran.

“Tú puedes decir: quiero mi revocatorio porque es un derecho, pero ¿cómo ejerces ese derecho? No puedes si la institucionalidad no lo convoca”, expresó a su vez el analista Luis Vicente León.

El gobierno afirma que la mesa debe centrarse en resolver la crisis económica.

Libertad de “presos políticos”

Un centenar de opositores están encarcelados en Venezuela según la MUD, entre ellos Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; el chavismo niega que sean “presos políticos” y señala que están recibiendo castigo por instigar a la violencia y conspirar contra Maduro.

El pasado 1 de noviembre, tras la primera reunión de la mesa de conversaciones, cinco opositores, ninguno de alto perfil, fueron liberados.

“Los dejaron libres como si fuesen secuestrados, siendo un reconocimiento de la injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial”, indicó Evans.

El politólogo subrayó que el tema no está en las prioridades de una ciudadanía golpeada por la escasez de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI calcula en 475% para 2016.

Restitución de poderes públicos

La oposición exige que su mayoría en el Parlamento sea reconocida, después de que casi todas sus decisiones fueran anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La máxima corte declaró a los asambleístas en desacato por incorporar tres diputados cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude.

Para el oficialismo, cualquier medida de la Asamblea Nacional es nula mientras continúe en desacato. En tanto, la mayoría opositora inició un proceso para designar nuevas autoridades en el TSJ y el Poder Electoral, a cuyos actuales integrantes acusa de servir al gobierno.

“Entendiendo la defensa a los diputados (impugnados), pero mantenerlos le ha dado al gobierno una razón para seguir ganando tiempo”, advierte Evans.

Canal humanitario

El gobierno reconoce la existencia de una grave crisis económica, pero denuncia que es producto de una “guerra” empresarial para derrocar a Maduro.

Mientras, la oposición pide abrir un canal humanitario para donaciones de alimentos y medicinas desde el exterior, lo que según el chavismo busca crear el terreno para una intervención de Estados Unidos.

En medio de la disputa, “ni unos ni otros están ofreciendo soluciones a la gente”, opinó Evans.

Por su parte, León advirtió que, pese a las profunda diferencias, “sin una negociación no va a haber soluciones estables”.

Presentará documento y video

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que el oficialismo presentará en la mesa del diálogo con la oposición un documento “por la paz” y un vídeo documental de unos 20 minutos de duración “sobre las campañas de odio” y “los llamados a la violencia” desde grupos antichavistas.

El gobernante hizo este anuncio en su nuevo programa de radio “La hora de la salsa” que se transmite en la estatal Radio Miraflores, desde el palacio presidencial.

Maduro dijo que acababa de revisar el contenido de este documento “muy importante” que hoy, “a nombre de la revolución bolivariana, del gobierno revolucionario” se va a presentar en la mesa de diálogo.

“El documento se titula 'Para un proceso de diálogo por la paz, la prosperidad económica, la felicidad social y la soberanía nacional, construyamos un consenso para la vida y la paz de la patria'”, dijo el gobernante.

Adelantó que este escrito recoge “todas las propuestas, la visión del gobierno revolucionario sobre el proceso de diálogo” y, tras asegurar que se trata de un “documento bien completo”, señaló que el contenido será “explicado al país” en los próximos días.

“Creo que va a ser de buen agrado, va a ser bien recibido por las grandes mayorías de venezolanos y venezolanas que queremos paz, queremos tranquilidad, queremos trabajo”, agregó.

Dijo que además será presentado en la mesa de diálogo un trabajo audiovisual “un documental de unos 20 minutos que hizo un grupo de cineastas, investigadores, psiquiatras, psicólogos, comunicadores sociales venezolanos” sobre “las campañas de odio, de intolerancia, los llamados a la violencia y a la muerte”.

“Aprobado, se acuerda diferir” los puntos de la agenda del martes, anunció el jefe de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, tras explicar que no se trata de una “capitulación” de la oposición, sino que se inscribe en la búsqueda de una solución a la crisis.

En tanto, la liberación de cinco presos políticos horas después del comienzo del diálogo es una muestra de la voluntad política, dijo la Cancillería venezolana.

Cinco opositores presos fueron liberados en la noche de este lunes en Venezuela, un día después del  comienzo de un diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus adversarios, anunciaron líderes opositores.

El dirigente Carlos Ocariz informó en la red social Twitter que Carlos Melo, Andrés Moreno y Marco Trejo quedaron en libertad, con tres mensajes distintos citando cada caso, todos acompañados por una fotografía del liberado y el mensaje “vamos avanzando. DIOS NO SE MUDA” .

Después, el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD), Jesús Torrealba, añadió los nombres de Coromoto Rodríguez y Andrés León.

El domingo último, delegados del Gobierno y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) acordaron una agenda para el diálogo sobre la grave crisis política del país petrolero, a instancias del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas  (Unasur) .

Por su parte, Moreno y Trejo habían sido detenidos en septiembre tras producir un video para el partido opositor Primero Justicia que llamaba a los militares a reflexionar sobre la crisis, considerado por el oficialismo como una incitación a la rebelión.

Rodríguez, quien era jefe de seguridad del Presidente del Parlamento, el duro opositor Henry Ramos Allup, permanecía detenido desde mayo. León, desde el 2014, pero tenía medida de casa por cárcel por razones de salud.

Gestos concretos

Formalizado el comienzo de las conversaciones en medio de tensiones por la suspensión del referendo revocatorio que la MUD impulsa contra el presidente Maduro, Torrealba había pedido al Gobierno “gestos concretos”  de voluntad de diálogo.

“Sin gestos concretos, el diálogo no puede continuar”, dijo Torrealba.

Según denuncia la oposición, en Venezuela hay más de un centenar de “presos políticos”, entre ellos algunos de alto perfil como Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

“Nosotros que nos hemos mantenido permanentemente esperando por los sectores opositores para dialogar, saludamos que finalmente se haya podido dar”, señaló la canciller a su llegada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con motivo de la segunda revisión periódica universal de los derechos humanos en el país andino.

Denuncia injerencia

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, pidió este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que “cese el hostigamiento”  contra Venezuela, dado que el país mantendrá irreversible su modelo y su revolución, pese “al cerco económico, el bloqueo financiero y acoso mediático”  contra la nación andina.

En el debate sobre la segunda revisión periódica universal de la situación de los derechos humanos en Venezuela, la canciller recalcó que el país andino ha hecho “avances importantes”  desde el primer examen en el 2011, y acusó a los poderes “imperialistas y foráneos, mediáticos y económicos”  de tratar de desestabilizar la política del gobierno de Nicolás Maduro.

Según la canciller, “los logros y avances son innegables”  en Venezuela en materia de derechos humanos, ya que garantizan el desarrollo en materia educativa, de salud, vivienda, alimentación y la inclusión política.

“A pesar de la guerra económica, no convencional, de este intento de desestabilización en Venezuela, nosotros mantenemos nuestro modelo de derechos humanos”, sostuvo Rodríguez.

Las conversaciones girarán en torno a cuatro temas que serán abordados en mesas separadas y cuya instalación se producirá de forma “inmediata”, según un comunicado leído por Claudio María Celli, delegado del Vaticano para el diálogo, tras una primera “reunión plenaria del diálogo nacional”.

Una de las mesas estará dedicada a la paz, respeto al estado de derecho y a la soberanía, detalló el documento.

Otra mesa discutirá de verdad, justicia, derechos humanos, reparación de víctimas y reconciliación.

La tercera tendrá a su cargo lo económico y social.

Y la cuarta la generación de confianza y cronograma electoral, indicó el documento.

Las partes convinieron volver a encontrarse el próximo 11 de noviembre en Caracas.

La reunión que finalizó en la madrugada del lunes había comenzado la noche del domingo en un museo de la capital.

“Con el propósito de mantener y preservar un ambiente de paz y de concordia, el gobierno y la oposición se comprometieron a disminuir el tono de agresividad del lenguaje utilizado en el debate político”, destaca el texto leído por Celli junto al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el expresidente colombiano Ernesto Samper.

El delegado del gobierno, Jorge Rodíguez, destacó que el inicio de conversaciones aleja a Venezuela del camino de la violencia ante el agravamiento de la crisis política y económica.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, anunció que, en paralelo al diálogo, la oposición mantendrá su estrategia contra el gobierno, que combina protestas de calle y la declaratoria de Maduro en “abandono del cargo” por parte del Parlamento, controlado por esa coalición.

Acusaciones mutuas

Previo a la reunión, las partes cruzaron acusaciones por la convocatoria de la oposición a marchar el próximo jueves hacia el palacio presidencial de Miraflores.

El principal delegado de Maduro para el diálogo, Jorge Rodríguez, calificó ese llamado como una “locura” y reiteró acusaciones sobre supuestos planes para “generar violencia” y precipitar un golpe de Estado contra el gobernante socialista.

“Ojalá que la oposición entienda el nivel de locura de esa manifestación (…) ¿Durante cuánto tiempo la gente de oposición seguirá aceptando propuestas de violencia y zozobra”, inquirió Rodríguez durante una entrevista con la televisora privada Televen.

A la convocatoria opositora, el chavismo respondió citando a sus partidarios en la casa de gobierno el mismo día. “Vamos a estar esperando”, advirtió el sábado el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz.

Uno de los principales líderes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el excandidato presidencial Henrique Capriles, rechazó las palabras del funcionario, al tildarlas como una incitación una “guerra en Miraflores”.

“Tenemos (el) legítimo derecho de movilizarnos a cualquier dependencia pública a exigir (que) cumplan la Constitución”, afirmó Capriles, quien el pasado miércoles lideró una marcha de cientos de miles de opositores en Caracas.

Las tensiones políticas arreciaron tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio que la oposición impulsa contra Maduro, por fallos judiciales que anularon un recaudo de firmas necesario para activar la consulta.

A raíz de ello, el Parlamento de mayoría opositora denunció una ruptura del hilo constitucional y se dispone a declarar a Maduro en “abandono” del cargo por presunto incumplimiento de sus funciones.
Un juicio político no está previsto en la Constitución y, en todo caso, la justicia -según la MUD secuestrada por el gobierno- declaró en “desacato a la Asamblea Nacional, por lo que sus decisiones son consideradas ilegales.

Según una encuesta de la firma Hinterlaces divulgada este domingo, 83% de los venezolanos está de acuerdo con un diálogo para resolver la crisis y 87% apoya la mediación del papa Francisco.

Venezuela sufre una severa crisis económica agravada por la caída del ingreso petrolero, que se manifiesta en escasez de alimentos y medicinas y la inflación más alta del mundo, proyectada por el FMI en 475% para 2016. Esta situación minó la popularidad de Maduro.

La agenda

Sobre la medianoche del sábado, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, confirmó la asistencia de representantes de partidos políticos opositores al encuentro, aunque reconoció que existe un clima de “escepticismo y desconfianza”.

“El temario es claro: Solución electoral (en alusión al referendo o un anticipo de elecciones), libertad de los presos políticos y retorno de los exiliados, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a la Asamblea Nacional”, expresó Torrealba en un comunicado.

“De esa reunión podrían salir importantes conclusiones que permitan ‘desescalar’ el conflicto”, añadió.

La oposición insiste en su pedido de referendo revocatorio, aunque el oficialismo ha dejado claro que ello no está en negociación.

Pero para muchos venezolanos los precios de esos productos importados son desorbitantes. Agrandando los ojos, Delia Mendoza mira el lector de precios que fija en unos Q50 medio kilo de frijoles, básicos en la dieta venezolana. “¡Increíble!”, balbucea devolviendo el paquete al estante.

“Hay bastante pero todo carísimo, importado porque aquí no se fabrica nada. Si antes me comía un plato grande de espagueti, ahora la mitad para que me dure dos días”, dice la jubilada de 75 años, en un supermercado de una zona acomodada del este de Caracas.

Ante una economía devastada por la caída de los precios del petróleo y una severa escasez, enfrentado al malestar popular y a la presión opositora para sacarlo del poder, el presidente Nicolás Maduro comenzó a permitir la importación y venta de alimentos a precios liberados en varios Estados, y poco a poco en Caracas.

“El gobierno se ha hecho de la vista gorda. Hay una implosión la estructura de subsidios y controles, de forma desordenada. Pero la gente lo resiente en el bolsillo”, comentó Asdrúbal Oliveros, director de la consultora Ecoanalítica.

Maduro atribuye la crisis a una “guerra económica”  de los empresarios para desestabilizarlo. Economistas aseguran que el control cambiario y de precios, vigente desde el 2003, redujo las importaciones y desestimuló la producción.

Bajo ese régimen de control, rige una tasa de 10 bolívares por dólar exclusivamente para la importación de alimentos que el Estado ordena vender a precios subsidiados, pero el sector privado se queja del poco acceso a esa divisa.

Inflación más alta del mundo

Judith Quintana, ama de casa de 56 años, hace largas filas para comprar productos subsidiados, con lo cual medio kilo de frijoles le cuesta unos Q3.34, pero “el problema es que no conseguimos nada”, lamenta.

Tampoco le alcanza para comprar a los “bachaqueros”, quienes revenden los productos escasos hasta 40 veces más caros.

Para un venezolano con ingreso mínimo (salario y bono alimentario) de 65 mil bolívares, unos US$100, la cesta “bachaqueada”  y los productos importados son prohibitivos.

“El gobierno impulsa la idea de que está resolviendo la crisis alimentaria, pero no. Los grandes beneficiados con el nuevo plan son los que importan. Hacen negocio con el hambre de los pobres”, declaró Marco Ponce, director del Observatorio de Conflictividad Social.

En la libre venta, un paquete de 500 gramos de pasta italiana cuesta unos Q50, Q38 el kilo de arroz colombiano y Q36 el de azúcar brasileña.

Incluso hay alimentos más caros que en el país de origen, como el litro de leche que en Costa Rica vale Q12 y en Caracas Q31. Otros son una locura como el litro de aceite de canola a unos Q133.

Muchos de esos productos fueron comprados por los empresarios con divisas adquiridas en el mercado negro, a mil 200 bolívares por dólar.

En el primer semestre, 65% de las importaciones las hizo el Estado. Del 35% restante que realizaron empresarios privados, más de la mitad fueron a dólar paralelo, según Econoanalítica.

Todo esto dispara una inflación que ya es la más alta del mundo, proyectada por el FMI en 475% este año.

¡Pasamos hambre!

Buscando eliminar las colas, Maduro dispuso la venta de bolsas de comida subsidiada en los barrios, para lo cual la gente debe censarse.

“Tengo siete muchachos y esto no me rinde ni dos semanas. Tenía casi dos meses de no recibirla”, se queja Isolina Godoy, de 47 años, al salir de un mercado popular de San Martín, suroeste de Caracas.

Para Miriam Palma, de 57 años, la bolsa es una “bendición” .

La de 16 kilos (leche, harina, frijoles, azúcar, aceite, arroz, pasta) le costó Q57; “bachaqueada” habría pagado Q538 o más. “Hay una guerra económica y el gobierno está solucionando”, manifestó.

“A mí no me llega la bolsa porque dicen que soy clase media. Gano el mínimo, hago colas y además tengo que comprar lo importado con tarjeta crédito”, se quejó Jennifer Rodríguez, de 63 años, en un supermercado de Caracas.

Judith reconoce el esfuerzo del gobierno, pero lamenta que hace rato no le llega la bolsa. “A veces no hay nada que comer. Pasamos hambre”, aseguró. Ella y su marido sólo comerán hoy un plato de sardinas.

Delegados del gobierno y la oposición se reunieron, por primera vez en dos años y medio de crisis, a fin de “establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria” el próximo domingo en isla Margarita (norte), dijo el enviado del Vaticano, Emil Paul Tscherrig, nuncio apostólico en Argentina.

Pero el anuncio, hecho cuatro días después de la suspensión de un proceso de referendo revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro que llevó a la oposición a denunciar una ruptura del hilo constitucional, fue desmentido por uno de los más importantes líderes de la disidencia, el excandidato presidencial Henrique Capriles.

“¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo (…). Ellos pretenden usar la buena fe del papa Francisco, la buena fe del nuncio (Tscherrig), para decir acá no ha pasado nada”, dijo Capriles horas más tarde.

“Una reunión en Margarita jamás estuvo planteada. Yo me entero por televisión”, expresó.

Igualmente, Voluntad Popular, partido del dirigente opositor Leopoldo López, actualmente en prisión, sostuvo que “no están dadas las condiciones”.

Poco después, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la que participan Capriles y también Voluntad Popular, emitió un comunicado en el que intentó aclarar los términos del diálogo.

“Ratificamos que para nosotros cualquier proceso de diálogo tiene cuatro objetivos fundamentales: respeto al derecho al voto, libertad para los presos políticos y retorno de los exiliados, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a la autonomía de los poderes”, indicó la MUD, al calificar como “un triunfo la presencia del Vaticano en el conflicto venezolano”.

Sin embargo, la MUD precisó que el diálogo “debe realizarse en Caracas, de cara a la opinión pública”.

A lo largo del día hubo diversas protestas de estudiantes universitarios, que fueron reprimidas y que en la ciudad de San Cristóbal (oeste) dejaron al menos 27 heridos y un detenido, según los manifestantes.

Pactan dialogar el 30 de octubre

El gobierno de Venezuela y la oposición habían acordado este lunes iniciar un diálogo formal el próximo domingo en isla Margarita para superar la grave crisis política, según un anuncio del enviado del papa Francisco, Emil Paul Tscherrig, nuncio apostólico en Argentina.

“Hoy se ha iniciado el diálogo nacional durante un encuentro entre representantes del gobierno y de la oposición, con el propósito de establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria en la isla Margarita el día 30 de octubre”, aseguró el emisario en conferencia de prensa.

Tscherrig manifestó que el encuentro, efectuado bajo los auspicios de la secretaría general de la Unasur, “ha transcurrido en un clima de respeto, cordialidad y voluntad política para hacer avanzar este proceso”.

El enviado del Papa manifestó que el diálogo busca “la superación de las coyunturas económicas, sociales, políticas, institucionales, fundamentales para la necesaria convivencia democrática” en Venezuela.

Los representantes del gobierno y de la oposición propusieron temas, metodología y cronograma del diálogo, precisó.

Además, acordaron trabajar en conjunto “las condiciones para garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico y democrático de las manifestaciones públicas previstas para los próximos días”, agregó.

El anuncio sorpresivo se produjo en momentos en que Maduro fue recibido por el papa Francisco en el Vaticano, sin previo aviso y tras el cierre de una gira por Medio Oriente.

Durante la audiencia privada, el Papa instó “al diálogo sincero y constructivo” entre el gobierno y la oposición a fin de “aliviar el sufrimiento” de la gente, precisó un comunicado de la Santa Sede.

Las conversaciones se anuncian en plena crispación por la suspensión del referendo revocatorio con el cual la oposición buscaba sacar a Maduro del poder.

En una sesión especial el domingo, el Parlamento, de mayoría opositora, declaró que la suspensión del referendo consumó un “golpe de Estado”.

Batalla política

Dominada por la oposición, la Asamblea Nacional, declaró el domingo que la paralización del referendo consumó un “golpe de Estado” y anunció acciones para “restituir el orden constitucional”.

El parlamento debatirá el martes “la situación constitucional del presidente”, a quien culpa de la “ruptura de la democracia”, mientras la MUD organiza una protesta nacional que convocó para el miércoles, llamada la “Toma de Venezuela”.

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, destacó que el diálogo llega “en momentos muy duros para el país” por la “operación de secuestro judicial” del revocatorio.

“Para nosotros es fundamental que este diálogo aborde los temas que más le importan a los venezolanos, de los cuales el económico y social es de singular importancia”, indicó por su parte el portavoz presidencial Jorge Rodríguez.

El jefe de la bancada opositora, Julio Borges, planteó un posible “juicio político” contra Maduro, a quien la oposición también acusa de tener doble nacionalidad, venezolana y colombiana, que lo inhabilitaría para el cargo.

El constitucionalista José Ignacio Hernández señaló que un juicio político no está expresamente contemplado en la Constitución, pero implica una sanción política y moral.

El conflicto entró en una nueva fase luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazara el jueves, indefinidamente, la recolección de cuatro millones de firmas necesarias para llamar al referendo, que estaba prevista para esta semana.

El poder electoral, acusado por la MUD de estar controlado por el gobierno al igual que la justicia, argumentó el acatamiento a sentencias que anularon por “fraude” un primer recaudo de rúbricas que abrió el proceso.

“La batalla institucional está perdida, por tanto la Asamblea estableció los lineamientos de su futura batalla política: la protesta popular, la demostración de mayoría, el llamado a la presión internacional”, declaró a la AFP el analista Luis Vicente León.

Pero los expertos advierten que el gran desafío de la MUD es movilizar masivamente a la población, lo que no ha ocurrido, con excepción del 1 de septiembre.

“Estamos en una gran encrucijada, grave. El término medio: la participación activa, pacífica, inteligente y permanente, es una línea muy complicada de conseguir, es un proceso largo que incluye la negociación”, aseguró León.

Los oficialistas han amenazado ya con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y la ilegalización de la MUD como agrupación política.

Mientras, la MUD anunció que enviará una comisión para pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que aplique la Carta Democrática, que prevé sanciones en casos de ruptura del hilo democrático.

Human Rights Watch (HRW) exhortó a la OEA a presionar al gobierno para que permita ayuda internacional frente a lo que considera una “crisis humanitaria”.

Se acuerda “votar la apertura del procedimiento contra Nicolás Maduro (…) y que la comisión prepare el inicio al estudio de responsabilidad penal, responsabilidad política y abandono del cargo”, subrayó la resolución aprobada tras un debate sobre la “situación constitucional de la presidencia”.

La Asamblea Nacional -a la que el Tribunal Supremo de Juticia (TSJ) ha declarado en “desacato”- citó además a Maduro el próximo martes “para que se someta al escrutinio del pueblo”.

El juicio político no está estipulado en la Constitución venezolana, aunque sí la figura de abandono del cargo, que según juristas se tipifica cuando el jefe de Estado deja de cumplir las funciones para las que fue elegido.

Las decisiones del Legislativo forman parte de una ofensiva anunciada el domingo pasado por la mayoría opositora contra el presidente socialista, al que acusan de haber propiciado la ruptura del hilo constitucional.

Esto, a raíz de la decisión del poder electoral de suspender, la semana pasada, el proceso para un referendo revocatorio contra Maduro impulsado por la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El TSJ considera que las decisiones del Parlamento carecen de validez legal por hallarse en “desacato”, tras juramentar a tres diputados cuya elección suspendió la justicia en el marco de una demanda de fraude interpuesta por el chavismo

Sin diálogo

En la víspera, los opositores rechazaron el inicio de un diálogo con el Gobierno que propuso el Vaticano.

“En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo, la agenda de la MUD sigue intacta”, reiteró el excandidato presidencial Henrique Capriles, al llamar a este martes a la protesta del miércoles y a estar “pendientes” de la “histórica” sesión parlamentaria.

Dirigentes de los tres principales partidos de la MUD, como Capriles, el jefe parlamentario Henry Ramos Allup, la esposa del encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, entre otros, negaron la noche del lunes el inicio de un diálogo, que poco antes había anunciado el enviado del Vaticano, Emil Paul Tscherrig.

“Si unos quieren ir y otros no, es un fracaso. Tenemos que lograr que la (Mesa de la) Unidad entera tome la decisión y con mucha determinación sigamos presionado por todas la vías y logremos lo más importante: tener un proceso de votación para cambiar este país”, declaró Julio Borges, jefe de la bancada de la MUD.

Enterados por TV

Por primera vez desde 2014, delegados del gobierno y el secretario de la MUD, Jesús Torrealba, se reunieron el lunes y definieron “temas, metodología y cronograma” para instalar la mesa de diálogo el domingo en la isla Margarita (norte), según Tscherrig, nuncio apostólico en Argentina.

“El venezolano ha dejado de confiar en la palabra diálogo porque el gobierno se ha encargado de vaciarla en significado”, comentó escuetamente Torrealba, sin explicar las desaveniencias en la MUD.
Sin mencionar a Torrealba, Capriles y el resto de líderes de la MUD aseguraron haberse enterado por televisión de la reunión en Margarita.

El anuncio de Tscherrig se dio casi simultáneamente al momento en que, de regreso de una gira por Oriente Medio, Maduro se reunió en Roma con el papa Francisco, a quien agradeció el apoyo para la instalación de “una mesa de diálogo”.

“El diálogo aún no ha iniciado porque no hay condiciones (…) Vamos a debatir el juicio político, podemos estar a las puertas de la destitución del presidente”, insistió el diputado opositor Luis Florido.

Expuestos los desacuerdos, la MUD emitió un comunicado en el que reiteró que los objetivos del diálogo son el “derecho al voto, la libertad de los presos políticos, la atención a la crisis humanitaria y el respeto a la autonomía de poderes”, al tiempo que señaló que las pláticas deben ser en Caracas, de cara a la opinión pública.

El dirigente chavista, Jorge Rodríguez, quien participa en las gestiones del diálogo, precisó por su parte la agenda del oficialismo: que la oposición deje el camino del “golpismo”, la atención de la crisis económica y el respeto a los poderes públicos, al referirse al poder electoral y la justicia, a los que la MUD acusa de aliados del gobierno.

“Ni que el Papa venga disfrazado de Superman, se va a resolver el diálogo en el país (…) Un diálogo que no resuelva la crisis, es una burla para los venezolanos”, opinó el politólogo socialista Nícmer Evans.

La suspensión del referendo caldeó aún más el ambiente político en un país que sufre una severa crisis económica, con grave escasez y una inflación que el FMI calcula en 475% para este año.

Responsabilidad política

El Parlamento declaró el domingo en una sesión especial la “ruptura del orden constitucional” en Venezuela, al considerar que la paralización del referendo consumó un “golpe de Estado”, por lo que este martes evaluará la “responsabilidad” de Maduro en la crisis.
“Eso nunca ha pasado, puede tener implicaciones de un juicio penal, de pedir el antejuicio de Nicolás Maduro y de abrir un proceso paralelo”, afirmó Borges.

Diosdado Cabello, número dos del chavismo, minimizó este martes las acciones de la MUD, al señalar que el “juicio político” no está contemplado en la Constitución y que, además, el Parlamento está declarado en desacato por la justicia y sus decisiones consideradas nulas.

Pero el jurista Jesús María Casal, consultor jurídico de la Asamblea Nacional, aseguró que en la Constitución existe la figura de la “responsabilidad política” de los altos funcionarios.

El constitucionalista José Ignacio Hernández, señaló a la AFP que expresamente un juicio político no está contemplado en la Constitución, pero implica una sanción política y moral.

Maduro, cuya impopularidad llega a 76,5% según la firma Datanálisis, se apresta a encabezar este martes una manifestación de sus partidarios en Caracas.

El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, declaró este domingo en sesión especial que Venezuela se halla en “ruptura del orden constitucional”, por la suspensión del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

La Asamblea Nacional acordó “declarar la ruptura de orden constitucional y la existencia de un golpe de estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro”, por lo que emprenderá acciones internacionales y de presión popular, subrayó la resolución votada en el hemiciclo.

En una tensa sesión, brevemente suspendida por la irrupción de grupos chavistas en el hemiciclo, la Asamblea Nacional declaró en su resolución final “una ruptura del orden constitucional”  cometido “por el régimen”  de Maduro.

En ese sentido, resolvió “convocar al pueblo de Venezuela a la defensa activa de nuestra Carta Magna hasta lograr la restitución del orden constitucional”  y “solicitar a la comunidad internacional la activación de mecanismos”  para el retorno de la “democracia”.

El acuerdo exige también a la Fuerza Armada “no obedecer o ejecutar ningún acto contrario a la Constitución”.

Aunque el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, había señalado que se abordaría la posibilidad de apertura de un “juicio político”  contra Maduro, el tema no fue abordado durante los debates.

El Parlamento también decidió “proceder de manera inmediata”  al reemplazo de las autoridades del Consejo Nacional Electoral  (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ), a los que la oposición acusa de ser aliados del Gobierno.

Hace dos meses, la Asamblea Nacional fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y todos sus actos son considerados nulos.

Uno tras uno los diputados opositores denunciaron la existencia de una “dictadura”. “El pueblo tiene derecho a la rebelión (…) En Venezuela se ha dado un golpe de Estado continuado, que tuvo su culminación al robarle el voto del referendo”, dijo el jefe de la bancada opositora, Julio Borges.

Reaccionan

“Cómo dicen ustedes que en Venezuela hay dictadura si ustedes lograron ganar unas elecciones?” , cuestionó la diputada oficialista Tania Díaz, al calificar la sesión como un “reality show” .

Los legisladores oficialistas acusaron a su vez a los opositores de buscar dar un golpe de Estado. “No traten de aprovechar coyunturas difíciles para acabar con la patria”, dijo el diputado Earle Herrera.

“No constituye para nada desestabilización o golpe de Estado promover un revocatorio (…) son recursos que están en la Constitución”, respondió Ramos Allup, al cerrar la sesión.

De gira por Medio Oriente, donde intenta acuerdos para mejorar el precio del petróleo, Maduro hizo desde Arabia Saudí un enlace a través de la televisión oficial en el que dijo estar atento a sus  “responsabilidades constitucionales al frente del Estado y del Gobierno”.

El jefe de la bancada del oficialismo, Héctor Rodríguez, llevó un mensaje del mandatario: “Diles que les doy un saludo y un abrazo, y que los espero en la mesa de diálogo a todas y a todos”, refirió.

Alta tensión

La irrupción de los grupos chavistas en el hemiciclo fue controlada por los diputados oficialistas y la Guardia Nacional. Un par de personas sufrieron lesiones leves que fueron tratadas en la enfermería de la Asamblea. 

La suspensión del referendo aumentó aún más la tensión política en el país petrolero, que además enfrenta una profunda crisis económica, con severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI calcula en 475% para 2016.

La Mesa de la Unidad Democrática  (MUD), que arrasó en los comicios legislativos de diciembre pasado y controla el Parlamento por primera vez en 17 años de hegemonía chavista, asegura que la solución a la crisis es la salida del poder de Maduro, cuya impopularidad es del 76.5% según la firma Datanálisis.

El CNE paralizó el proceso argumentando que acataba fallos judiciales que anularon por supuesto fraude un primer recaudo de firmas en cinco estados, en el inicio del proceso.

Como parte de la respuesta de la MUD, cientos de mujeres marcharon el sábado por estratégicas vías de Caracas, encabezadas por Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, en prisión desde 2014.

Los oficialistas han amenazado con promover el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y la ilegalización de la MUD como agrupación política.

En la sesión, Luis Florido, encargado de política exterior de la Asamblea, anunció que dirigentes de la MUD viajarán a Washington para pedir a la Organización de Estados Americanos  (OEA) que aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, que prevé sanciones en casos de ruptura del hilo democrático.

El sábado, 12 países de la OEA, entre estos Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, México, Chile y Costa Rica, expresaron “preocupación”  e instaron al gobierno de Maduro a hallar vías de diálogo.

El máximo tribunal determinó que la oposición deberá recoger rúbricas equivalentes al 20% del padrón electoral de cada uno de los 24 estados del país, del 26 al 28 de octubre.

La oposición rechazaba de antemano tal exigencia, señalando que la ley exige el 20% del registro electoral de todo el país y no por regiones, con lo cual debía aportar unas cuatro millones de firmas.

Así, con solo un estado que no cumpla la meta el proceso hacia la consulta popular quedará anulado, según el fallo de la Sala Electoral del TSJ, al que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusa de estar bajo control del gobierno.

“La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital”, indica la sentencia del TSJ, en respuesta a un pedido de interpretación de un dirigente político.

“La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial”, añadió.

La MUD ha dicho que no aceptará que los apoyos a la convocatoria sean proporcionales por estado.

A finales de septiembre, una declaración de una rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Socorro Hernández, sembró dudas, al afirmar que el 20% debía ser sobre el padrón nacional. “Debe haber referéndum”, declaró entonces ante la hipótesis de que en al menos un estado no se alcanzara el umbral.

Pese a las denuncias sobre trabas del TSJ y el CNE para hundir el referendo, la oposición promete una participación arrasadora en la coleta de rúbricas.

“Será un revocatorio moral”, sostiene el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, quien opina que ello debería ser suficiente para que Maduro renunciara.

La oposición exige que el revocatorio sea antes del 10 de enero de 2017 para que haya elecciones anticipadas, pero el CNE ya dijo que solo será posible a partir de febrero del próximo año.

De aplazarse hasta entonces, Maduro, aun siendo revocado, podrá ceder el poder a su vicepresidente.

La MUD anuncia movilizaciones sin pausa, tras la recolección de firmas, para exigir que el referendo sea en 2016.

Grupos de chavistas, vestidos de rojo, trataron de impedir que los simpatizantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llegaran a Villa Rosa y en el choque se lanzaron también piedras y palos, según imágenes captadas por miembros de la prensa, incluido un colaborador de AFP.

La manifestación opositora en isla Margarita, ubicada en el estado Nueva Esparta (norte), formó parte de una jornada de pequeñas concentraciones que realizó la MUD como simulacro de la recolección que hará, del 26 al 28 de octubre, de cuatro millones de firmas requeridas para convocar al referendo.

En un comunicado, la MUD denunció que “colectivos motorizados”, como llaman a grupos armados afines al gobierno, buscaron “amedrentar a los manifestantes” y cuando éstos llegaron a la entrada de Villa Rosa los atacaron con piedras y resultaron “heridos algunos de ellos”.

“Somos mayoría y el país hay que recuperarlo porque no podemos dejar que esta banda de corruptos destruya el porvenir”, dijo el secretario ejecutivo de la MUD en Nueva Esparta, Manuel Antonio Narváez, al referirse a los incidentes.

El gobierno aún no se ha manifestado sobre los hechos.

Polo turístico del norte de Venezuela, Isla Margarita se convirtió en foco de conflicto desde que un grupo de personas 'caceroleó' a Maduro a inicios de septiembre en Villa Rosa, cuando recorría una calle de esa comunidad.

Unas 30 personas fueron detenidas tras el cacerolazo y todas liberadas poco después, excepto el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, según su defensa por haber grabado un video del cacerolazo, que se hizo viral en las redes sociales venezolanas.

“Allí donde sea posible tenemos que preparar a nuestro pueblo para llevar adelante el referendo”, dijo Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a una treintena de partidos y organizaciones de oposición.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) —que es controlado por el oficialismo— estableció el plazo para recolectar las firmas del 20% de los electores que se requieren para activar el referendo aunque enfatizó que si tienen éxito, el referendo no se celebraría hasta el año que viene.

El oficialismo sostiene que el referendo revocatorio no podrá darse en el 2016 ni en el 2017, argumentando que la oposición cometió un “fraude” en una primera recolección de firmas y que los tribunales deben dar respuesta a las demandas que se hicieron por esas supuestas irregularidades.

Aunque al menos 7 de cada 10 venezolanos están a favor de celebrar el referendo revocatorio este año, según señalan las principales encuestas locales, no está claro cómo podrá la coalición opositora totalizar las casi 4 millones de firmas necesarias para presionar la salida electoral a la crisis.

La oposición había apostado a realizar el referendo antes del 10 de enero del 2017 que es cuando se completa más de la mitad del período presidencial de Maduro de seis años.

De darse la consulta luego de esa fecha y de ser revocado el mandato de Maduro, los últimos dos años de su período presidencial deberán ser completados por el vicepresidente de turno, según establece la Carta Magna.

Venezuela está sumida en una compleja crisis caracterizada por una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros productos. La crisis ha generado un creciente malestar entre los venezolanos y han golpeado la popularidad del mandatario.

Una nueva pugna de poderes también tomaba fuerza después de que el máximo tribunal del país, en una sentencia del miércoles, diera al presidente Maduro poderes para aprobar el presupuesto del próximo año al margen del legislativo, dominado por la oposición.

“Una sentencia vulgar como esta, que viola la Constitución, no nos sorprende para nada y es una muestra más que el referendo para salir de este gobierno es urgente, es necesario”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.

Habló con Erdogan sobre el golpe de estado

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el miércoles que ha regresado “más claro” de Turquía tras reunirse con su homólogo en ese país Recep Tayyip Erdogan, que le contó “detalles” del golpe de Estado que se intentó en su contra y aseguró que si algo así le sucede, será más severo que su par turco.

“¿Ustedes vieron el golpe de Estado en Turquía? el presidente Erdogan me contó los detalles y yo vengo ahora más claro, el que intente violar el derecho a la paz, la Constitución y algo que se parezca a un ataque terrorista o golpe de Estado, el presidente Erdogan quedará como un niño de pecho ante lo que yo voy a hacer”, dijo.

El presidente venezolano hizo el comentario durante un acto en Caracas para conmemorar el “Día de resistencia indígena” que fue transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión al que llegó pocas horas después de aterrizar proveniente de Turquía.

Reiteró que saldrá al paso a los intentos que haga la oposición de desestabilizar su Gobierno “con este pueblo, con las fuerzas armadas y con las instituciones democráticas del país”.

“Aquí nadie va a incendiar al país, aquí en Venezuela lo que va a haber es paz y el que intente violencia, actos terroristas e incendiar al país, les espera un solo destino, la justicia, una cárcel”, dijo al reiterar que en contra se su Gobierno existen planes desestabilizadores en marcha orquestados por la oposición.

Elecciones en EE. UU.

En el mismo acto y en referencia al proceso electoral de EE. UU., Maduro dijo este miércoles que no espera “nada bueno” de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump y Hillary Clinton y consideró que ambos estarían impedidos de llegar a la Casa Blanca.

“Nosotros no podemos esperar nada bueno de ninguno de ellos. Ni el Trump ni la Clinton vienen con buenos deseos e intereses para Venezuela ni para América Latina”, afirmó Maduro durante una concentración del oficialismo en Caracas.

Ante cientos de partidarios en una plaza pública, el mandatario socialista criticó el virulento debate que protagonizaron el republicano y la demócrata el domingo pasado.

“Si la mitad de las cosas que se dijeron son verdad, ninguno de los dos puede ser presidente de Estados Unidos ni de ningún país del mundo”, sostuvo.

Maduro señaló que en tres décadas que lleva siguiendo la política estadounidense, nunca había visto un debate “más miserable, más inmoral” que el que sostuvieron Clinton y Trump en la universidad Washington de San Luis (Misuri).

Con su nuevo técnico, la seleao venció a Ecuador  (0-3) y Colombia  (2-1) en septiembre y aplastó a Bolivia  (5-0) el jueves pasado.

Su rival vive una situación opuesta: Venezuela viene de encajar una inapelable derrota ante Uruguay  (3-0) y sus opciones de avanzar por primera ocasión a un Mundial son prácticamente nulas.

La reacción de Brasil, que deja en el pasado un titubeante arranque en el camino hacia Rusia 2018 y las decepciones de las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América, ha sido tan rápida que incluso sorprendió al propio Tite. “No me lo esperaba”, reconoció el estratega.

#SeleçãoBrasileira realizou ontem último treino antes da partida contra a Venezuela. Veja fotos! #FechadoComASeleção pic.twitter.com/CsonISeILE

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 11, 2016

Ese veloz repunte le ha permitido a los pentacampeones mundiales trepar hasta el segundo puesto de la tabla, con 18 puntos, a uno del líder Uruguay.

Venezuela, que aún no sabe lo que es ganar, está en la cola con apenas dos unidades.

Todos por Neymar

La baja de Neymar “es una pérdida, pero el que entre por él va a estar preparado. La responsabilidad de crear juego tiene que repartirse entre todos” , declaró el volante Philippe Coutinho a periodistas antes del viaje del plantel de Brasil a suelo venezolano.

Previamente, Tite mostró confianza en la capacidad de los suyos de reponerse a la ausencia del astro del FC Barcelona, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas tras ser amonestado en el triunfo ante Bolivia.

“El equipo tiene que ser fuerte sin Neymar”, expresó el técnico brasileño, quien consideró “inhumano”  cargar toda la responsabilidad al delantero culé, “aún siendo uno de los mejores jugadores del mundo”.

Antes de abandonar la cancha con el rostro ensangrentado por un codazo del zaguero altiplánico Yasmani Duk, Neymar marcó frente a los bolivianos el gol 300 de su carrera.

Además, con 24 años, el atacante sobrepasó a Zico en la lista histórica de anotadores con la selección verdeamarela, al llegar a 49 dianas. Únicamente le superan los míticos Romario  (55) , Ronaldo  (62) y Pelé  (77).

“Fue una cena muy rápida, porque yo fui al grano: 'Yo quiero la final'. Ellos primero empezaron con planteamientos formales -derechos de televisión y seguridad, entre otros puntos- y después fueron a lo económico (…) Tuvimos que dar un aporte importante para poder terminar de consolidar esa final. Fue de un millón de dólares”, declaró el exfuncionario.

Implicó igualmente al expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Rafael Esquivel.

“Fueron Figueredo y Esquivel quienes decidieron” finalmente concederle el partido definitivo a Maracaibo (noroeste de Venezuela), según Di Martino.

Todos son nombres involucrados en el escándalo que sacudió a la FIFA con la acusación de la justicia de Estados Unidos contra decenas de dirigentes y empresarios deportivos por millonarios sobornos y comisiones, que provocó la caída de Blatter tras 18 años al frente a la organización.

“Ese dinero fue para ellos. No sé cómo se lo repartieron”, añadió el exalcalde oficialista.

De acuerdo con Di Martino, el millón de dólares fue conseguido a través de “varios empresarios”, pero no especificó de quiénes se trata.

La Copa América 2007 se disputó del 26 de junio al 15 de julio. La final, realizada en el estadio 'Pachencho' Romero, culminó con Brasil como campeón tras vencer 3-0 a Argentina.

Leoz y Figueredo cumplen arresto domiciliario en Paraguay y Uruguay, mientras que Esquivel espera por juicio en Estados Unidos, también con medida de casa por cárcel.

Cae el sol con fuerza y Marling está sofocada con su barriga de siete meses en la fila que serpentea un supermercado de Caracas.

Tiene un 177 pintado en un brazo y estalla en cólera al saber que se acabaron los pañales que iba a comprar.

Conocidos por su derroche de buen humor y trato amistoso, muchos venezolanos, según expertos, sufren un desequilibrio emocional por la crisis económica, la violencia criminal y el agotador conflicto entre el gobierno de Nicolás Maduro y una oposición que busca sacarlo del poder con un referendo revocatorio.

“¿Cómo no me van a dar ganas de llorar? Estoy aquí desde las cuatro de la mañana y da rabia hacer horas de colas y llevar una o dos cosas o nada. Estoy cansada de esto. Va de mal en peor”, dice Marling Durán, un ama de casa de 27 años, quien deja la fila pasado el mediodía.

“La crisis disparó el estrés y disminuyó la tolerancia. Afecta las relaciones personales y la salud. Vemos casos de úlceras, infartos, suicidios, gran agresividad en la calle”, comentó Castiglione.

Miedos y rabias-

El malestar bulle en las largas filas que hacen diariamente los venezolanos en busca de productos subsidiados, ante la elevada inflación -que el FMI proyecta en 720% para el 2016- y la escasez de alimentos y medicinas que agobia al país petrolero, y que Maduro atribuye a una “guerra económica” de empresarios de derecha.

En la cola de la tercera edad, Lidubina Calzadilla, una jubilada de 70 años, vecina del populoso barrio Petare, dice vivir angustiada porque no halla medicamentos para la hipertensión y una úlcera varicosa. “Me deprimo y me da taquicardia pensando ¿será que ya me voy a morir?”.

En su cálido apartamento donde da consulta -incluso gratis-, Aguzzi explica que unos sienten “indignación” de pasar horas en colas donde a veces les marcan números con tinta para evitar desórdenes, otros tienen “miedo” a ser víctimas de la delincuencia, a que el dinero no alcance, a no conseguir comida o medicinas.

Sentado en un sillón negro, uno de sus pacientes, Omar Mendoza, abogado de 45 años, cuenta que hace unos meses cayó en una profunda depresión: la muerte de su madre, la separación de su pareja, tres intentos de asalto y una crítica situación económica.

“Tuve que buscar ayuda. Para peores en la calle, en la casa, en el trabajo, en las colas, todos se quejan. Uno siente que no hay salida, que no hay posibilidad de cambio real”, comenta Omar, quien tiene una niña de 7 años y otro hijo de 17 que quiere irse del país.

Las psicólogas también atienden a personas que sufren un “duelo congelado”. “Sus hijos emigraron, están vivos pero no están cerca, comentó Aguzzi.

(Foto Prensa Libre: EFE). “¿Cómo no me van a dar ganas de llorar? Estoy aquí desde las cuatro de la mañana y da rabia hacer horas de colas y llevar una o dos cosas o nada. Estoy cansada de esto. Va de mal en peor”, Marling Durán, ama de casa.

Tienen pacientes que sólo atienden por videollamada porque no salen a la calle cuando empieza a oscurecer.

Caracas y otras ciudades viven de facto toques de queda nocturnos, pues Venezuela es uno de los países más violentos del mundo con un tasa oficial de 58 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando la media mundial es de 8.9.

¡Cuesta ser optimista!

Una ola de rumores se expande por las redes sociales y el boca a boca, lo que que alimenta, según los psicólogos, el “estrés colectivo”.

“Estamos al colapso, donde la gente ya no cree y lo peor que puede pasarnos es dejar de creer. Yo trato de ser positivo; pero voy a bañarme y no hay agua o no hay jabón o no tengo desodorante porque o no se consigue o está carísimo. Así cuesta mucho ser optimista”, comenta Omar.

Pero Maduro, quien creó el Viceministerio para la Suprema Felicidad, advierte que la oposición sepultará los logros sociales de la revolución del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y pide a los venezolanos confianza para remontar la crisis en los próximos meses.

“Tendremos una Navidad feliz”, afirma.

Marling quiere referendo porque “esto o cambia pa’bien o cambia pa’peor”, aunque no simpatiza con ningún líder opositor; Lidubina, quien siempre apoyó a Chávez, dice que no quiere “saber nada de votar porque todos son iguales”; mientras, para Omar “si no hay revocatorio habrá estallido social”.

Castiglione lamenta que “la desesperanza se ha sembrado en muchos”. “De ahí a la depresión hay un paso, que lleva al conformismo e inacción”, estimó.

Pero los venezolanos, acostumbrados a vivir de la renta petrolera, están “aprendiendo”, según Aguzzi. “Grandes países salieron adelante de profundas crisis, ¿por qué nosotros no?”, reflexiona.

 “Llamamos el 12 octubre a una jornada especial de movilización nacional en la que desbordaremos las calles de toda Venezuela de forma pacífica (…) para hacerles saber que el referendo es en el 2016”, aseguró el portavoz de la Mesa de la Unidad Democrática  (MUD), Jesús Torrealba, en un acto en el Parque Miranda  (este de Caracas) .

El Consejo Nacional Electoral  (CNE) , al que la MUD acusa de servir al gobierno, anunció la semana pasada que si se realiza el referendo será a mediados del primer trimestre del 2017, lo cual imposibilita un cambio de gobierno pues para que haya elecciones anticipadas debe hacerse antes del 10 de enero.

“El referendo revocatorio se hará este año, no hay razones técnicas ni jurídicas para que no sea así, está en la Constitución y es nuestro derecho. Cualquier intento de bloquearlo se responderá en la calle” , subrayó Torrealba, en el acto en el que participan dirigentes opositores de todo el país.

El poder electoral precisó también que la oposición podrá recolectar el 26, 27 y 28 de octubre las firmas de 20% del registro de votantes, paso previo para el referendo.

La oposición fue enfática en anunciar que rechazará que se le exija cumplir con ese requisito en cada uno los 24 estados del país, y no a nivel nacional.

“Acataremos solo la condición que establece la Carta Magna. Si el régimen desacata la Constitución, si desacata la voluntad del soberano el único requisito la recolección del 20% a nivel nacional, es nuestro deber obligarlos en la calle” , aseguró Torrealba.

La estrategia de la MUD surgió de una encerrona el fin de semana de líderes de la oposición de todo el país en un exclusivo hotel del este de Caracas y tras consultas hechas con representantes de sindicatos, estudiantes, empresarios, trabajadores del sector salud, la Iglesia y otros sectores.

“La verdadera toma de Venezuela se realizará durante esos tres días (de recolección de firmas), al pueblo no lo detendrán” , aseguró el dirigente opositor.

“Lamentablemente, una persona que quiso sacar provecho de su apoyo a la selección en su último viaje a Barranquilla agredió al dirigente Jesús Berardinelli, a quien tomó por sorpresa. Cuando intentó hacerlo conmigo tuve que defenderme”, se justificó este viernes el entrenador, citado en un comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol  (FVF).

Berardinelli es el director de finanzas del organismo.

Medios uruguayos publicaron una fotografía de Arciniegas en la que se le ve el pómulo izquierdo muy inflamado, por un puñetazo que le encajó el exportero de la selección venezolana.

Dudamel fue denunciado en una comisaría por lesiones personales, según la prensa uruguaya, pero la FVF indicó que éste y Berardinelli “acudieron a las instancias correspondientes y solventaron la situación sin mayor inconveniente”.

Lamento mucho que esta persona quiera manchar nuestro nombre y el de la selección nacional con este tipo de incidentes”, afirmó Dudamel.

¡DIO LA CARA! Esto fue lo que dijo Rafael Dudamel sobre el incidente ocurrido en Uruguay https://t.co/4BxfCVEVZ9

— SuNoticiero (@SuNoticiero) September 23, 2016

Una fuente de la FVF consultada señaló que el estratega se encontraba en vuelo este viernes hacia Caracas, y no debería tener problemas en su ingreso a Uruguay para el duelo contra la celeste por la novena jornada.

Según la FVF, Dudamel y el dirigente visitaron canchas de entrenamiento y hoteles de cara al encuentro.

Venezuela se ubica en el último puesto de la clasificación premundialista, con dos puntos en ocho fechas, mientras que Uruguay es líder con 16 unidades, escoltado por Brasil  (15), Argentina  (15), Colombia  (13) y Ecuador  (13).

El poder electoral descartó que el referendo se efectúe en 2016, lo que imposibilita un cambio de gobierno.

“El evento pudiera efectuarse a mediados del primer trimestre del 2017”, anunció el Consejo Nacional Electoral  (CNE) luego de una reunión con la oposición y el oficialismo.

En ese encuentro el órgano electoral, acusado por la oposición de ser aliado del gobierno, estableció que la próxima etapa del proceso, el recaudo de cuatro millones de firmas  (20% del padrón electoral) necesarias para llamar a la consulta, será del 26 al 28 de octubre.

El CNE señaló que, si se cumple ese requisito, la consulta sería convocada a inicios de diciembre y a partir de entonces correrán los 90 días “reglamentarios que tiene el organismo” para llevarla a cabo.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD), que esperaba desde la semana pasada la fecha y condiciones para el recaudo de rúbricas, convocó de urgencia a una rueda de prensa la noche de este miércoles.

La MUD pretendía que el referendo se realizara antes del 10 de enero del 2017, pues si Maduro  (2013-2019) pierde habrá nuevas elecciones.

En una fecha posterior, si el gobernante es derrotado, el mandato lo concluirá su vicepresidente.

Golpe político

Pero incluso si el referendo no se hace este año, según analistas, la sola recolección de firmas impactaría al gobierno en caso de que la participación sea abrumadora.

La MUD exigía que la recolección del 20% fuera a nivel nacional, pero el CNE decidió que ese porcentaje corresponda al registro electoral de cada estado.

Con uno solo que no logre el mínimo, el proceso quedará invalidado.

“El problema es que así se pueden invalidar firmas más fácilmente”, declaró el analista Benigno Alarcón.

Otro asunto clave era el número de máquinas de identificación biométrica para el recaudo.

El CNE aprobó cinco mil 392 máquinas en función de cuatro millones de personas, pero la MUD pedía 19 mil 500 para los 19 millones de electores.

“Saben que probablemente se va a expresar más del 20%, el 40%, el 60%, porque ocho de cada diez quieren cambio. Eso sería terminal para el gobierno pues se demostraría su deslegitimación” , dijo más temprano el vocero de la MUD, Jesús Torrealba.

En la anterior etapa, la MUD recolectó nueve veces más de las 200 mil firmas que necesitaba para hacerse promotora del referendo, por lo que dice estar segura de asestar en la próxima fase un golpe contundente que presione el revocatorio.
“La estructura que está proponiendo el CNE no permitiría que más de cuatro millones validen la firma”, dijo Eugenio Martínez, experto en asuntos electorales.

Un apoyo que se acerque o supere los 7.5 millones de votos requeridos para sacar a Maduro del poder, tendría un “impacto innegable”  aun si no hay referendo este año, agregó.

“Que firmen ocho millones sería de por sí una manifestación de revocatorio”, opina el analista Héctor Briceño.

Maduro enfrenta un fuerte descontento popular ante la severa crisis económica, agravada por la caída del ingreso petrolero, y que se refleja en la escasez de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI proyecta en 720% para el 2016.

El desgaste

El gobierno ha descartado un revocatorio este año, alegando que la oposición inició tardíamente los trámites, y espera recuperarse con un plan de distribución y producción de alimentos a cargo de los militares.

Para el analista Luis Vicente León, “con pocas máquinas y con 20% por estado, es muy difícil recoger las firmas y la oposición se va a dividir sobre si deben o no aceptar” esas condiciones.

“Lo evidente no necesita anteojos. Estamos ante la postergación del referendo a 2017. Si hubiese voluntad política se haría este año; pero no la hay”, aseguró el politólogo socialista Nícmer Evans, crítico de Maduro.

Alarcón estimó que el CNE complicará el tramo final, lo que desgastaría a la oposición y la pondría en la disyuntiva de jugarse por un referendo en condiciones desfavorables o la presión en la calle.

Con el tiempo en contra, la MUD ha intentado mantener movilizados a sus partidarios, pero esa estrategia ha perdido ímpetu tras la multitudinaria marcha del 1 de septiembre en Caracas, que asegura reunió a un millón de personas.

“El bus fue desviado kilómetro y medio. Robaron absolutamente todo”, incluidos uniformes, botines y balones, precisó el equipo del estado de Trujillo.

La institución publicó fotos en las que se ve a integrantes del plantel con el torso desnudo y sin zapatos.

La Familia del Trujillanos FC condena estos lamentables hechos vandálicos que afectan el desarrollo del fútbol nacional. (5/5)

— TRUJILLANOS F.C. (@trufc) September 19, 2016

Según la denuncia, el vehículo fue retenido por dos horas y media bajo la amenaza de granadas.

“Amenazaron que si el bus tenia GPS o estaba escoltado detonarían granadas para no dejar evidencia”, dijo el club, que marcha en la décimocuarta posición entre 20 equipos.

“La familia del Trujillanos FC condena estos lamentables hechos vandálicos que afectan el desarrollo del futbol nacional”, agregó.

Las autoridades no se han pronunciado sobre el caso.

Agobiada por una severa crisis política y económica, Venezuela enfrenta un alto índice de criminalidad que la ubica entre los países más inseguros del continente.

El año pasado hubo 17 mil 778 homicidios  (58.1 por cada 100 mil  habitantes), según la Fiscalía. La cifra es mayor al promedio de homicidios en el mundo: 8.9 por cada 100 mil  habitantes, según la Organización Mundial de la Salud.

En la reunión, el mandatario espera tener un respiro en un escenario internacional cada vez más adverso a su gobierno.

Maduro recibirá del presidente iraní Hasan Rohani la presidencia por tres años de este bloque que reúne a 120 países y busca reinventarse en un mundo post-Guerra Fría, en medio de la cual nació hace más de medio siglo como alternativa a la bipolaridad de Estados Unidos y Rusia.

La XVII Cumbre de los NOAL reunirá durante dos días en Porlamar, en la caribeña Isla Margarita, a las delegaciones de todo el movimiento, aunque hasta ahora sólo llegaron los mandatarios de Irán, Zimbabue, Cuba, la Autoridad Palestina, Ecuador y El Salvador.

Al calificar la reunión como “histórica”, Maduro adelantó que la aprovechará para denunciar las acciones de “desestabilización”  que atribuye a la oposición con la complicidad de Washington, lo que Venezuela busca que quede consignado en el largo documento de la Cumbre, de unos 900 párrafos, que discutieron cancilleres y altos funcionarios esta semana.

La oposición, cientos de cuyos seguidores marcharon con cacerolas el viernes para exigir acelerar la consulta popular, dice que Maduro busca con la reunión de los NOAL “lavarse la cara”  y simular que no está aislado internacionalmente.

“Hacer una cumbre y que la estrella sea (Robert) Mugabe, más que un éxito político, es una raya mundial”, dijo el vocero de la coalición Mesa de la Unidad Democrática  (MUD), Jesús Torrealba, al referirse al presidente de Zimbabue como un “dictador”.

Revés internacional

El presidente socialista venezolano enfrenta un gran descontento popular por la altísima inflación y la escasez de productos básicos que provoca largas filas en los supermercados para conseguir alimentos a precios subsidiados.

Pero también ha perdido la influencia internacional que tenía su mentor, el extinto Hugo Chávez  (1999-2013), ante el desplome de los precios del petróleo y el retroceso de la izquierda en la región.

Miembro de la OPEP, el país con las mayores reservas petroleras del mundo buscará respaldo a su campaña para congelar la producción global del crudo, en un intento por estabilizar los precios del llamado oro negro, del que depende el 96% de sus divisas.

Pero en el plano político internacional, el gobierno de Maduro sufrió un revés en vísperas de la Cumbre. Los cuatro países fundadores del Mercosur  (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) anunciaron que asumirán de forma colegiada la presidencia semestral del bloque que le correspondía a Venezuela.

Para mantenerse en el Mercosur, Venezuela debe cumplir con compromisos económicos, comerciales y de derechos humanos, aunque el bloque no tiene la “intención”  de expulsarlo, aseguró el viernes la canciller argentina, Susana Malcorra.

“Es un golpe político muy fuerte para Venezuela”, dijo a la analista Raquel Gamus, quien consideró además que la Cumbre es “de poca significación”. “Al país eso no le reporta ningún tipo de beneficios, sólo gastos”, agregó.

La Isla Margarita, llamada “Perla del Caribe”, ha sufrido un fuerte deterioro por la crisis. Pero estos días por la Cumbre sus calles fueron arregladas, el agua no falta, los hoteles se llenaron y desaparecieron las filas en los supermercados.

Escenario de protestas contra el gobierno recientemente, en Margarita fueron detenidas decenas de personas hace dos semanas luego de que un grupo de vecinos protestó contra Maduro con un cacerolazo cuando caminaba por el barrio de Villa Rosa.

En prevención de disturbios y para resguardar la seguridad de las delegaciones, unos 14 mil policías y militares vigilan esta semana la isla, los vuelos privados fueron prohibidos y a los aviones comerciales se les siguió un estricto control de pasajeros.

 En la antesala de la protesta nacional, la autoridad electoral decidió postergar, citando una situación de “amenazas” , el anuncio que debía realizar este mismo viernes sobre la fecha y condiciones para el recaudo de las cuatro millones de rúbricas  (20% del padrón) necesarias para el llamado a las urnas.

El Consejo Nacional Electoral  (CNE) alegó que las protestas opositoras ponen en riesgo a sus funcionarios y dijo que retomará el análisis del sensible tema recién el lunes próximo, aunque no especificó si ese día hará un pronunciamiento definitivo.

Por lo pronto, los adversarios de Maduro prevén iniciar la jornada de movilizaciones con un toque de ollas, en lo que han denominado la “cumbre del pueblo contra el hambre y por el revocatorio” , en alusión a la Cumbre de Países No Alineados  (NOAL) que transcurre en Isla de Margarita  (norte de Venezuela) .

“Va a ser la anticumbre, la cumbre del pueblo en respuesta a este derroche fastuoso (del NOAL) y en reclamo a que se establezcan con claridad las condiciones”  para la recolección de firmas, dijo el jueves Jesús Torrealba, secretario de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) .

“Si no hay respuesta (del CNE) también sería un motivo para protestar (…) porque el silencio es un irrespeto al derecho del pueblo venezolano a construir una solución pacífica, electoral, constitucional y democrática a este drama que estamos viviendo” , añadió Torrealba en rueda de prensa.

Afectada por la caída del ingreso petrolero, Venezuela sufre una crisis económica reflejada en una escasez de 80% de los alimentos y las medicinas, según estudios privados, y la inflación más alta del mundo, que el FMI proyecta en 720% para el 2016.   

Maduro “no se va”

Las movilizaciones se producirán tras dos jornadas de protesta, el 1 y 7 de septiembre, para exigir el revocatorio. La primera reunió a un millón de personas en Caracas, según la MUD, aunque el gobierno sostiene que apenas fueron unas decenas de miles, y que ese mismo día movilizó a medio millón de chavistas.

En todo caso fueron las manifestaciones más masivas desde las de 2014 contra Maduro, que dejaron 43 muertos.

La de la semana pasada congregó a unos miles, siguiendo la constante de las convocatorias anteriores.

“Ahora dicen que van a ir con su olla a la calle, váyanse para la calle, pero les voy a decir algo: Nicolás no se va y seguirá siendo presidente con cacerola o sin cacerola” , advirtió el jueves el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

Elegido hasta 2019, el mandatario socialista descarta que el referendo se pueda celebrar este año y demandó el proceso por fraude en la recolección de las firmas que habilitaron a la MUD como promotora de la consulta.

“Quieren resucitar a un muerto y, más temprano que tarde, el pueblo venezolano y las leyes venezolanas terminarán de enterrar en paz el fraude” , afirmó esta semana Maduro, que atribuye la crisis a una guerra económica de la derecha, apoyada por Estados Unidos, para derrocarlo.

Para la MUD, el referendo solo tendría sentido si se realiza antes del 10 de enero de 2017, pues si Maduro pierde habrá nuevas elecciones. En una fecha posterior, aun si el gobernante es derrotado, el mandato lo concluirá su vicepresidente.

Diálogo condicionado

El forcejeo se mantiene pese a que esta semana las partes revelaron haber mantenido dos reuniones, el viernes y sábado últimos, para explorar un diálogo sobre la crisis.

Al tiempo, Maduro aseguró que esos acercamientos son apoyados por el papa Francisco, aunque el Vaticano no se ha pronunciado hasta el momento.

Sin embargo, tanto el gobierno como la MUD advirtieron que ni el referendo ni el caso de los opositores presos están en discusión.

“Hasta tanto se aclare el panorama (del revocatorio) aquí no puede haber ningún otro tipo de encuentro” , dijo Torrealba.

Maduro ya había acusado a la MUD de faltar a su palabra por supuestamente violar la confidencialidad de las aproximaciones.

Si el CNE autoriza, la recolección de las cuatro millones de firmas deberá realizarse en tres días continuos, para lo cual la MUD exige desde ya que se habilite un número suficiente de máquinas de registro de rúbricas y huellas.

El organismo electoral ha dicho que el recaudo podría hacerse a finales de octubre, tras lo cual contará con un mes para su validación. Este calendario tentativo dificulta los planes de la oposición de celebrar la consulta en 2016.

Encuestas privadas señalan que la revocatoria de Maduro ganaría abrumadoramente.

Alegando que las decisiones en Mercosur se toman por “consenso y respetando las normas de funcionamiento” , el gobierno de Nicolás Maduro desconoció la medida y dijo que no tolerará “violaciones a los Tratados”  del grupo.

En tal sentido, la canciller venezolana Delcy Rodríguez remarcó que su país está en “ejercicio pleno”  de la presidencia del mecanismo, al que Caracas adhirió en 2012 sin que hasta el momento haya ratificado normas económicas y políticas, incluidas las relacionadas con derechos humanos.

En contraste, la oposición venezolana celebró la sanción como una “derrota”  del mandatario socialista, al que busca sacar del poder mediante un referendo revocatorio este año.

Maduro “fue derrotado por Mercosur, la comunidad internacional hoy está clara sobre la realidad (de Venezuela), donde se violan los derechos humanos y no hay democracia” , dijo Luis Florido, presidente de la comisión de Política Exterior del Parlamento, de mayoría opositora.

En consecuencia, los cuatro países podrán “adoptar las decisiones necesarias en materia económico-comercial y en otros temas esenciales para el funcionamiento del Mercosur” , así como “en las negociaciones comerciales con terceros países o con bloques de países” , precisa la declaración.

Además, advierte al gobierno de Maduro -enfrentando a una severa crisis económica por la caída de los precios del petróleo- que su país será “suspendido del Mercosur”  de no adoptar el conjunto de sus acuerdos y normativas jurídicas.

Venezuela debía asumir la presidencia del bloque en julio, después de Uruguay, siguiendo un orden alfabético de sucesión. Hasta ahora sólo tenía el respaldo de Montevideo.

 “Es un golpe muy duro” , declaró a la  AFP  Raquel Gamuz, profesora de política exterior de la Universidad Central de Venezuela, quien considera que Maduro “pretende participar en organismos multilaterales de la misma manera como gobierna, (pero) existe una normativa y Venezuela no la está cumpliendo” .

La crisis se produce en un momento delicado para el bloque sudamericano, que relanzó las negociaciones de un tratado de libre comercio con la Unión Europea  (UE) .

Tensiones dentro del bloque

Las tensiones entre el gobierno de Maduro y sus socios aumentaron desde la llegada al poder de gobiernos liberales de centroderecha en Argentina -donde Mauricio Macri ganó las elecciones a fines del 2015- y en Brasil, donde Michel Temer asumió la presidencia tras la destitución este año de la mandataria de izquierda Dilma Rousseff.

Las tensiones crecieron en los últimos días tras la detención en Venezuela del periodista chileno-venezolano Braulio Jatar.

“Estamos muy preocupados por la reciente multiplicación de detenciones arbitrarias en Venezuela, como la del periodista Braulio Jatar, ocurridas en detrimento del debido proceso legal y en claro incumplimiento de las libertades y las garantías fundamentales” , afirmó Serra el martes.

La canciller venezolana tildó esas declaraciones de “descaradas e inmorales” .

Serra afirmó además que “esa situación dificulta aún más el diálogo entre el gobierno y la oposición, indispensable para superar la dramática crisis política, económica, social y humanitaria que afecta a Venezuela” .

El Mercosur atraviesa una de sus peores crisis, solo equiparable a la que generó la suspensión de Paraguay en 2012 luego de un juicio parlamentario que destituyó al presidente de izquierda Fernando Lugo. Fue precisamente en ese período que Argentina, Brasil y Uruguay aprobaron el ingreso de Venezuela, a la que se oponía Asunción.

“Al bloque no le pasará gran cosa” , sostuvo Gamuz, señalando que Venezuela había sido incluida “porque a los otros integrantes les convenía mucho el dinero venezolano” , pero la situación ahora es distinta.

Según revelaron ambas partes el martes, al tiempo que ratificaron sus diferencias en torno a un referendo revocatorio contra el mandatario.

La confirmación de los acercamientos coincide con momentos de tensión a la espera del anuncio del Poder Electoral sobre la fecha y las condiciones de la recolección de cuatro millones de firmas, que requiere la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) para que la consulta sea convocada.

“Se han dado dos reuniones preparatorias para el diálogo. Creo que se ha avanzado para la instalación formal de ese proceso”, dijo el martes a periodistas Jorge Rodríguez, uno de los cuatro delegados de Maduro para las conversaciones.

La MUD confirmó estos encuentros en un comunicado, aunque aclaró que su objetivo es “explorar”  un eventual diálogo como vía para celebrar el revocatorio este año y renovó su llamado a una protesta nacional para el viernes, día en el que aguarda por el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral  (CNE) .

La alianza aseguró que se reunió “con representantes del Poder Ejecutivo, como lo hemos hecho con representantes de los demás poderes públicos, pues tenemos la obligación y el mandato de defender el derecho de los venezolanos”.

Las partes no precisaron las fechas ni el lugar de los acercamientos.

Acusaciones mutuas

Aunque se mostró dispuesta a “conversar con quien sea y donde sea”  para la solución de la crisis, la MUD denunció que “intrigas internas del oficialismo han intentado dinamitar”  las tentativas de diálogo y señaló que una tercera cita se frustró por la inasistencia de representantes del gobierno.

Sin embargo, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, acusó el lunes a la MUD de filtrar a la prensa las aproximaciones, pese a que se había comprometido a mantenerlas en “secreto”.

“Han comenzado a salir voceros de la oposición a decir que nos estamos reuniendo porque estamos fijando la fecha del revocatorio. Nosotros no queremos revocatorio, este no es tema de discusión”, afirmó Cabello.

Mientras tanto, la oposición se alista para protestar este viernes, tras dos jornadas de movilizaciones en todo el país para reclamar el referendo.

El 2 de septiembre, según videos difundidos en redes sociales, Maduro fue rodeado por manifestantes que tocaban cacerolas mientras recorría a pie un sector en la isla de Margarita  (norte) , donde este martes su gobierno instaló la cumbre de Países No Alineados  (NOAL) con la presencia de delegados de 120 países y fuertes medidas de seguridad.

Frente a las exigencias opositoras, Rodríguez insistió en las acusaciones del chavismo contra la MUD por un supuesto fraude en la recolección de 200.000 rúbricas que la habilitaron como promotora del revocatorio, lo que -según sostiene- bloquearía el llamado a las urnas.

“Pasa como con los Juegos Olímpicos. Un atleta corre los 400 metros planos, corrió los 400 metros planos y nadie le interrumpió su carrera (…) Se le hace el antidoping y le sale positivo, se anula la acción de ese atleta”, indicó el portavoz.

Con banderas de Venezuela, opositores y chavistas se concentraron en calles cercanas a las 24 sedes regionales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que permanecen cerradas y fuertemente resguardadas por la Policía.

En algunos sitios, como en Los Teques, a 30 km de Caracas, donde se congregaron unos 1.500 manifestantes de uno y otro bando, están separados por apenas una cuadra, divididos por una baranda metálica y por filas de policías, sin que hasta ahora se registren incidentes, constató un equipo de la AFP.

“Algo tenemos que hacer, el voto y la protesta pacífica son las únicas armas que tenemos. El gobierno controla casi todos los poderes y no ve qué más inventar para evitar el revocatorio”, dijo a AFP Rosmina Castillo, de 52 años, en esa localidad del estado Miranda (norte), que gobierna el líder opositor Henrique Capriles.

“Estamos aquí defendiendo la revolución de la arremetida de esta derecha apátrida. Firmes con Maduro”, declaró Alexander Rangel, un trabajador de la empresa estatal petrolera, en la céntrica Plaza Venezuela.

A las 12H00 locales (16H00 GMT), se entonó el himno en la Plaza Brión, en el este, donde se concentraron opositores, y se escucharon algunas cacerolas. En la mayor parte del país no lograron llegar a las sedes del poder electoral.

“Exigimos que se cumpla la Constitución, tenemos derecho al referendo”, declaró el vocero de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba.

“Le decimos a la cúpula corrupta e ineficiente que desgobierna: están rodeados por un país que quiere cambio. Así que cedan, abran paso que aquí lo que viene es un revocatorio”, añadió.

La oposición exige al CNE, al que acusa de ser aliado del gobierno, que acelere el referendo; en tanto que el oficialismo afirma que la oposición solo busca la violencia y dar un golpe de Estado.

La MUD considera el referendo como una “válvula de escape” al malestar de los venezolanos por una escasez del 80% de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI proyecta en 720% para este año.

Pero Maduro, quien enfrenta un impopularidad de alrededor del 75% según encuestas privadas, achaca la crisis al desplome de los precios del petróleo y a una “guerra” económica de empresarios y políticos de derecha que buscan instalar un gobierno neoliberal fiel a Washington, tras casi 18 años de socialismo.

“18 años es mucho, ni un día más”, estampó en su camiseta un hombre en la marcha de Los Teques. En otras ciudades del país, las movilizaciones transcurrían en calma.

“Estoy cansado. Tengo dos hijos pequeños y no quiero para ellos un país como el que tenemos ahora. Estamos demostrando al gobierno que queremos un cambio ya”, declaró Carlos Vivas, de 47 años, que marchó en San Cristóbal, en el conflictivo estado Táchira.

Con banderas venezolanas y pancartas chavistas también se concentraron en en plazas, parques y calles cercanas a las 24 sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el país.

El dirigente chavista Elías Jaua aseguró que no habrá referendo este año: “No habrá porque lo hicieron tarde, por sus contradicciones y divisiones”, dijo en una concentración en Barcelona, en el estado norcentral de Anzoátegui.

En algunas ciudades, los opositores no lograron llegar a las oficinas del CNE. Pero en Caracas, Lilian Tintori, esposa del dirigente preso Leopoldo López, se acercó a las puertas de la sede central con varios seguidores, mientras oficialistas le gritaban “Fuera”, “Payasa, vete pa’ tu casa”.

El reto: mantener el pulso

Fortalecida por la marcha multitudinaria del pasado 1 de septiembre en Caracas, la oposición instó a protestar este miércoles y el próximo 14 de septiembre, pero las manifestaciones fueron modestas en esta jornada.

Para los analistas la presión debe ser la calle. Pero Diego Moya-Ocampo, analista del IHS Markit Country Risk -con sede en Londres-, advierte que si las movilizaciones no son suficientemente concurridas puede “desmoralizar a la población”.

“La oposición tiene el reto de mantener movilizada a la gente, que no caiga en la desesperanza. La única forma en que se puede realizar el referendo es con presión de calle”, aseguró a la AFP el analista Asdrúbal Oliveros.

La MUD acusa al CNE de retrasar el proceso para que el gobierno gane tiempo: si el referendo tiene lugar antes del 10 de enero de 2017 y Maduro pierde, habrá nuevas elecciones presidenciales, pero si se realiza después y es revocado, le sustituiría su vicepresidente.

El oficialismo asegura que no habrá referendo en 2016 porque la oposición inició los trámites tardíamente. “No hay ninguna posibilidad, si acaso en marzo”, repite el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

La oposición reclama al poder electoral que fije la fecha y condiciones que regirán la recolección de cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) necesarias para que el revocatorio sea convocado.

El CNE ha dicho que esa etapa se hará en la última semana de octubre y que la fecha la anunciará el 13 de septiembre.

Para la consultora privada Eurasia Group, con sede en Nueva York, “a medida que el gobierno se vuelve más nervioso responderá con más agresiones a las protestas” y así “a la oposición se le hace difícil mantener el impulso de la gente en la calle”.

Unas 60 personas fueron detenidas -la gran mayoría ya liberadas- en la marcha del 1 de septiembre y en un toque de cacerolas en Villa Rosa, en la isla de Margarita (norte), cuando Maduro recorría a pie esa comunidad la noche del viernes.

Al invalidar una ley sobre explotación de oro sancionada el 9 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) advirtió que todas las actuaciones de la Asamblea correrán la misma suerte si la mayoría opositora insistía en desconocer la decisión que apartó a tres de sus diputados.

“Resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia (…), los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato”, señala un fallo emitido el pasado viernes y difundido este martes.

El TSJ se refería a una decisión del 1 de agosto que dejó en firme la suspensión de tres legisladores indígenas, cuya elección el pasado 6 de diciembre impugnó el oficialismo por supuesto fraude.

En esa misma resolución, el TSJ había declarado en “desacato” al bloque opositor que el 28 de julio juramentó a los tres parlamentarios, así como la invalidez de sus actuaciones futuras.

Para el presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup, esa figura pretende crear las condiciones para dejar a la mayoría opositora sin inmunidad legislativa.

Esta cuestión fue planteada el pasado jueves por el presidente Nicolás Maduro, durante una concentración oficialista en respuesta a una gigantesca marcha opositora en Caracas.

Maduro dijo entonces tener listo un decreto para levantar la inmunidad parlamentaria, a fin de evitar un estallido de violencia y un supuesto plan “golpista”.

Venezuela vive un fuerte conflicto de poderes desde enero, cuando la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumió el control de la Asamblea tras ganar ampliamente las elecciones legislativas de diciembre, que pusieron fin a 17 años de hegemonía chavista.

Desde entonces, el TSJ —acusado por la oposición de servir al gobierno— ha anulado casi todas las decisiones tomadas por los parlamentarios (cerca de una veintena), declarándolas inconstitucionales.

La pugna ha crecido en medio de los planes de la MUD para sacar del poder a Maduro mediante un referendo revocatorio, que el gobierno descarta se pueda realizar este año.

Convocan a nueva marcha

La oposición venezolana, animada por la marcha multitudinaria de la semana pasada, volverá el miércoles a las calles esta vez no solo en Caracas sino en las regiones, para reclamar un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, quien encara un creciente descontento popular.

La movilización, que tendrá contramarchas chavistas también en todo el país, se hará hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en un clima de tensión tras varios arrestos, que la oposición denuncia como “persecución” y “represión” y según el gobierno buscan frenar la violencia y un golpe de estado.

“El protagonismo lo van a tener las regiones, ya Caracas lo tuvo. Buscamos acelerar la solución política y electoral a esta crisis”, dijo el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, al aludir a una multitudinaria manifestación realizada la semana pasada en la capital.

La oposición ve el referendo cómo única salida a la crisis económica y espera que el malestar de la gente por las filas en los supermercados para conseguir productos básicos y por la inflación -que el FMI proyecta en 720% este año- ayuden a calentar las calles para presionar al CNE a que haga la consulta este año.

Los chavistas se manifiestan masivamente el martes en una contraofensiva frente a la marcha del jueves convocada por la oposición para exigir un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

Bajo el nombre de “Toma de Venezuela”, los seguidores del Gobierno, vestidos de rojo, se concentraron en un céntrico sector de Caracas y en otros puntos del país en apoyo a Maduro y a la revolución socialista fundada por Hugo Chávez  (1999-2013) .

Ante una multitud en la Plaza Caracas, el presidente acusó a la oposición de planear un golpe de Estado y amenazó con mandar a prisión a sus dirigentes si incitan a hechos de violencia en la manifestación del jueves.

“El que se meta en el golpe, o llame a la violencia, va preso, caballero. Chillen, lloren o griten, ¡presos van!”, advirtió Maduro.

De su lado, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) afina detalles para lo que llama la “Toma de Caracas”, con la que el jueves reclamará acelerar el proceso del revocatorio al Consejo Nacional Electoral  (CNE), al que acusa de servir al chavismo.

“Que nadie se deje intimidar”, llamó el líder opositor Henrique Capriles, quien aseguró que ahora inicia una nueva etapa de movilizaciones para obligar al gobierno a aceptar el referendo.

Tanto el gobierno como la oposición se han acusado en los últimos días de buscar desatar la violencia, lo que aumenta en la población el temor a incidentes.

Algunos negocios en el este de Caracas, donde la MUD ha previsto puntos de llegada de opositores desde varias ciudades del país, planean cerrar el jueves.

“Voy a ir a marchar, porque el país está mal y tenemos que pronunciarnos”, dijo María Rodríguez, quien vendía en su quiosco galletas a un transeúnte.

Sumida en una profunda polarización política, Venezuela sufre una grave crisis económica con una escasez de productos básicos que alcanza el 80% y una inflación que fue del 180% en el 2015, la más alta del mundo, y que según el FMI llegará al 720% este año.

“Ni metiéndonos presos”

Diputados de la mayoría opositora en el Parlamento aprobaron un acuerdo este martes que denuncia una “persecución política” contra dirigentes de la MUD.

La oposición asegura que el gobierno está “amedrentando” a sus seguidores para evitar que se manifiesten.

Las autoridades venezolanas enviaron el sábado a prisión al exalcalde opositor Daniel Ceballos, que estaba en arresto domiciliario desde hace un año, acusándolo de planear su fuga y preparar actos violentos para el jueves.

El lunes, detuvieron en Caracas al opositor Yon Goicoechea, acusado de portar detonantes para explosivos que según el gobierno serían usados en la marcha.

“Ni siquiera metiéndonos presos a todos van a evitar que la gente salga a luchar por un cambio democrático, electoral y pacífico”, expresó el diputado opositor Tomás Guanipa, quien acusó al gobierno de “sembrar” pruebas contra Goicoechea.

El Sindicato de Periodistas ha denunciado un ambiente difícil para la prensa.

Desconocidos lanzaron el martes bombas incendiarias contra el diario El Nacional, de línea opositora, en tanto que periodistas de la cadena árabe Al Jazeera que viajaron a Venezuela para cubrir la marcha no fueron admitidos al llegar al aeropuerto.

¡No van a entrar!

Ante los señalamientos sobre un golpe de Estado, el dirigente chavista Jorge Rodríguez sentenció el martes, en la manifestación, que al centro de Caracas los opositores “no van a entrar”.

“Se presumen actos de violencia y desestabilización (…) cuando una manifestación se convierte en violenta, ese derecho se pierde”, alertó el ministro del Interior, general Néstor Reverol.

La Iglesia Católica venezolana pidió al gobierno respetar “el legítimo derecho” a la manifestación. La oposición ha denunciado que las autoridades están impidiendo a seguidores llegar desde otras regiones del país.

Entretanto, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, confirmó que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero -que encabeza una mediación para un diálogo entre gobierno y oposición- “llega hoy si no ha llegado ya”  al país junto al exmandatario panameño Martín Torrijos, también integrante de esa misión.

Con su marcha, la MUD exigirá al CNE la fecha exacta y condiciones de la recolección de cuatro millones  (20% del padrón electoral) de firmas que requiere la convocatoria del referendo.

Pero Socorro Hernández, rectora del CNE, confirmó que la oposición recién podrá recolectarlas en la semana del 24 al 30 de octubre.

Luego se requiere un mes para verificar las firmas y un máximo de tres meses para organizar la consulta, lo que aleja la posibilidad de que sea este año.

La oposición busca que el revocatorio se celebre este año para que se convoque a elecciones, porque si se hace después del 10 de enero del 2017 y Maduro pierde, su vicepresidente completaría los dos años restantes de su mandato.

Maduro amenaza

Maduro, acusó el martes a dirigentes opositores de planificar hechos de violencia el jueves en una marcha en Caracas, buscando propiciar un golpe de Estado, y les amenazó con prisión si estallan disturbios.

Durante su discurso, Maduro acusó a Estados Unidos de propiciar una ofensiva contra gobiernos de izquierda en América Latina.

Así, el gobernante socialista vinculó los planes que denuncia en el país petrolero con el juicio político contra Dilma Rousseff en Brasil y el asesinato de un viceministro de Evo Morales en Bolivia.

“La amenaza viene directamente del imperialismo norteamericano”, dijo Maduro, que agregó que la influencia de la izquierda en la región “quiere ser revertida en los últimos meses del nefasto gobierno de Barack Obama”.

Obispos piden seguridad

En tanto, La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) pidió el martes seguridad para los venezolanos que asistan a la movilización convocada por la oposición, prevista para el próximo 1 de septiembre, y señaló que los ciudadanos tienen la potestad de hacer valer sus derechos.

“Se trata del ejercicio de un legítimo derecho establecido en la Constitución y el ordenamiento jurídico de Venezuela. Por eso, dichas movilizaciones, concentraciones y actividades de carácter político tienen que ser respetadas y amparadas por los organismos del Estado”, dice el comunicado divulgado por el episcopado.

Los obispos recordaron que el Estado y los organismos de seguridad tienen la obligación de “garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la libre expresión de sus ideas y la libre circulación por el país”.

De igual forma, la CEV hizo un llamado para que todos los venezolanos, sin importar su condición y posición política, se expresen con respeto hacia las opiniones contrarias “con el propósito de trabajar por la paz”.

“Los fieles cristianos laicos, en particular quienes se dedican a la política y al trabajo o voluntariado social, deben agotar todos los esfuerzos para hacer posible la cultura del encuentro y del diálogo constructivo y crear el ambiente para la reconciliación de todos”, recomendó la institución religiosa.

Por último, la CEV recomendó a los sacerdotes promover la oración desde cada uno de los centros de acción pastoral para que desde la iglesia se auspicie “el encuentro, el entendimiento y el diálogo, así como favorecer la integridad de todos los ciudadanos, especialmente de los más débiles y necesitados”.

Este comunicado del clero católico fue emitido en el marco de la convocatoria que la oposición venezolana hace para promover una movilización multitudinaria el 1 se septiembre que busque presionar la realización de un referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro.

La iniciativa opositora ha sido vista por el Gobierno como un plan de insurrección, por lo que ha detenido al menos a tres personas que, según el chavismo, planeaban actos violentos para el día de la marcha.

Según el texto, los atacantes dejaron un panfleto titulado “¿La marcha del 1/S es el comienzo del fin?” , una referencia a la manifestación que el jueves realizará la oposición para exigir al poder electoral que acelere un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

La nota, citada por el diario, tilda a Miguel Henrique Otero, propietario de “El Nacional”, de “conspirador en contra del pueblo” .

El SNTP avaló la denuncia en su cuenta en Twitter y recordó que “éste es el segundo ataque a ElNacionalWeb y el cuarto a sedes de medios de comunicación del país en los últimos tres meses” .

El 17 de junio, “El Nacional” indicó que hombres armados se presentaron frente a sus instalaciones en un acto similar al de este martes.

Según el Instituto Prensa y Sociedad, entre enero y julio de este año, hubo ocho ataques contra oficinas de medios de información en seis estados del país.

El miércoles pasado, desconocidos hicieron 30 disparos contra la entrada del diario Los Andes en la ciudad de Valera  (oeste) , sin dejar heridos.

Reporteros Sin Fronteras ubicó a Venezuela en el puesto 137 entre 180 países en su clasificación de libertad de prensa.

Reporteros de Al Jazeera señalaron en Twitter que a equipos de la cadena árabe que cubrirían la marcha del jueves, provenientes de Argentina y México, les fue negado el acceso a Venezuela al llegar al aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas. “No nos permitieron el ingreso al país. No quieren medios extranjeros”, escribió la corresponsal Teresa Bo.

Hasta ahora las autoridades venezolanas no se han pronunciado sobre estas denuncias.

 La carestía de material médico-quirúrgico ronda el 81%, mientras que 76% de los medicamentos necesarios para tratar a los pacientes en hospitales públicos no está disponible, informó el diputado opositor José Manuel Olivares.

El parlamentario presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Hospitales 2016, que monitoreó la dotación de más de 242 centros de atención en todo el país, y fue elaborada por las organizaciones Médicos por la Salud y el Observatorio Venezolano de la Salud, adscrito a la Universidad Central de Venezuela.

Olivares advirtió de que el desabastecimiento alcanza 87% cuando se trata de catéteres y sondas, “lo que explica que haya listas de espera en todos los hospitales”  para las intervenciones quirúrgicas.

“Los centros asistenciales están en emergencia y el Gobierno se niega a recibir la ayuda necesaria para su activación”, aseguró Olivares, quien también es presidente de la Comisión de Salud del Parlamento, de mayoría opositora.

A mediados de junio, el Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) declaró inconstitucional una ley de salud que aprobó la mayoría opositora en el Legislativo para exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro que autorice el ingreso de ayuda humanitaria al país.

Por su parte, Rubén Tucci, presidente de la Confederación Médica Iberoamericana y del Caribe, dijo a periodistas este martes en Caracas que “están faltando en Venezuela muchos insumos”, por lo que buscan “lograr que en conjunto todos los actores que tienen que ver con la salud (…) puedan colaborar”.

Maduro atribuye el 80% de desabastecimiento de alimentos y medicinas, según cálculos independientes, a una “guerra económica”  emprendida por el sector privado para desestabilizarlo, y al desplome de los precios del petróleo.

Pero la oposición y los empresarios aseguran que el problema radica en la producción, como consecuencia del control de precios y la falta de dólares para importar dentro del férreo control de divisas que rige desde 2003.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, acudió al Ministerio Público a presentar los alegatos luego de que el pasado fin de semana el Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) suspendiera las decisiones de siete sesiones del Parlamento realizadas en abril y mayo.

“Todo esto forma parte del tinglado que vienen preparando para acusarnos de desacato, convertir el desacato en flagrancia, la flagrancia en una especie de ilícito que afecta nuestra inmunidad” , aseguró Ramos Allup, al insistir en que la corte busca “allanar”  la protección parlamentaria.

La Sala Constitucional del TSJ decidió suspender de manera cautelar “los efectos”  y “actos”  de esas sesiones, al admitir demandas de nulidad interpuestas por legisladores chavistas, que acusan a la directiva parlamentaria de incumplir el reglamento que exige convocar las reuniones con 48 horas de anticipación.

“No vamos a acatar ninguna sentencia o decisión de cualquier organismo que viole la Constitución y nos impide el derecho a la defensa” , sentenció Ramos Allup.

El dirigente opositor señaló que “al no poder recurrir a un organismo írrito”  acude a la Fiscalía a “consignar los argumentos respecto de este insólito caso que lo que pretende es desconocer la voluntad popular expresada el 6 de diciembre” .

Venezuela vive un fuerte conflicto de poderes desde enero, cuando la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) asumió el control del Legislativo tras ganar las históricas elecciones parlamentarias de diciembre, que pusieron fin a 17 años de hegemonía chavista.

Desde que el Parlamento de contundente mayoría opositora se instaló el pasado 5 de enero, el Supremo venezolano ha tomado decisiones en las que suspende o anula los resultados de las sesiones legislativas.

“No puede ser que un organismo viciado de nulidad absoluta, como la Sala Constitucional del TSJ, trate de prelar o de tener vigencia por encima de la voluntad popular expresada en las últimas elecciones” , manifestó.

La polarización política que sufre Venezuela arreció luego de que la oposición empezara el proceso para impulsar un referendo contra el presidente Nicolás Maduro.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó remover en 48 horas a los funcionarios que ocupen cargos directivos en cinco ministerios y hayan firmado a favor de un referendo revocatorio en su contra, impulsado por la oposición.

El dirigente oficialista Jorge Rodríguez dijo el lunes que se entregaron listas con “los nombres de las personas (…) que de forma pública expresan su cercanía con la derecha venezolana y que participaron en el proceso de autorización del partido de la derecha para la activación del fenecido referendo revocatorio”.

“Tienen un plazo de 48 horas para que estas personas que están en los llamados cargos de confianza, cargos directivos, pues tengan otro destino laboral”, indicó en conferencia de prensa.

Rodríguez se refiere a unas 200 mil firmas  (1% del padrón electoral) que el poder electoral validó a principios de agosto para que la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) solicitara la consulta.  

La medida busca “establecer de forma categórica que no pueden haber en cargos directivos (…) en ministerios, en instituciones públicas, gobernaciones y alcaldías, personas que estén en contra de la revolución y del presidente Nicolás Maduro”, añadió Rodríguez.

Las listas fueron distribuidas en los ministerios de Alimentación, Industrias Básicas, Finanzas, Trabajo y el Despacho de la Presidencia.

Ahora la oposición se prepara para realizar una marcha el 1 de septiembre en todo el país que confluya en Caracas para exigir al Consejo Nacional Electoral  (CNE) la fecha de recolección de cuatro millones de firmas necesarias para convocar la consulta.

El pasado 9 de agosto, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dijo que la recolección de las rúbricas se hará a finales de octubre, lo cual diluye la posibilidad de llamar a las urnas este año, tal como lo exige la MUD.

En contraste, el chavismo alega que es imposible que se celebre la consulta este año porque la oposición inició los trámites para convocarla tardíamente.

Si el referendo se hace antes del 10 de enero del 2017 y Maduro pierde, habrá elecciones. Sin embargo si se celebra después de esa fecha y el gobernante es revocado, le sustituiría su vicepresidente.

Además, la oposición condiciona un eventual diálogo con el gobierno a la celebración del revocatorio, exigencia que fue tachada por Rodríguez como “malcriada” el pasado domingo.

El presidente socialista enfrenta el descontento de una población que sufre por una escasez de alimentos y medicinas que alcanza el 80%, y una inflación que fue de 180.9% en el 2015, proyectada por el FMI en 720% para el 2016.

Éxito total. Voy a llamar en estos días al presidente Santos, porque creo que esto nos permite avanzar en la apertura de otros”, dijo Maduro en un discurso televisivo.

Dos días antes de la reapertura, en una reunión en la ciudad venezolana de Puerto Ordaz (este), ambos mandatarios habían acordado abrir accesos peatonales por 15 horas diarias para ir normalizando el tráfico en el área limítrofe.

Maduro aseguró que la zona reacciona “positivamente” y adelantó que la próxima etapa de negociaciones bilaterales deberá abordar las relaciones comerciales.

“Si el primer paso es dirigido a beneficiar a los pueblos, a nuestros pueblos, el segundo paso tiene que ser la economía y el comercio. Estamos preparados para darlo de manera coordinada, gradual, armónica y segura con el gobierno de Colombia”, expresó.

El jefe de Estado ordenó cerrar la frontera de 2.219 km de extensión el 19 de agosto del año pasado, como reacción a un ataque de supuestos paramilitares colombianos contra una patrulla militar, que dejó tres heridos.

Un año después, durante la primera semana de funcionamiento de los cruces pactados por Maduro y Santos, al menos 320 mil venezolanos han atravesado de un lado a otro de acuerdo a cálculos de las autoridades colombianas.

Millares han buscado surtirse de productos de primera necesidad escasos en Venezuela, donde el desabastecimiento de alimentos y medicinas ronda -según estimaciones privadas- 80%.

La información fue confirmada el viernes por su abogado, Juan Carlos Gutiérrez. “Confirmaron la sentencia, confirmaron la pena, en los mismos términos”, dijo Gutiérrez.

La corte resolvió así un recurso presentado por el líder del partido Voluntad Popular contra la condena a 13 años y nueve meses de prisión que le fue impuesta en septiembre del 2015.

Preso desde febrero del 2014, López fue declarado culpable de incitar a la violencia durante protestas ocurridas ese año y que buscaban la renuncia del presidente Nicolás Maduro, con saldo de 43 muertos.

El abogado señaló haber revisado la sentencia este viernes por unos minutos, por lo que el próximo lunes volverá a la Corte de Apelaciones de Caracas para obtener una copia del fallo.

Luego de un análisis de la decisión, se definirán los pasos a seguir en el proceso de defensa, añadió el jurista.

El pasado 23 de julio, durante la audiencia de apelación, López se declaró “inocente”.

“Asumo mi responsabilidad plena de haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, deficiente, antidemocrático y represor”, dijo el político, según una grabación difundida en su cuenta de Twitter.

La defensa, que acusa a la justicia de estar al servicio del gobierno, sostiene que hubo “alteración maliciosa”  del material probatorio y “errores graves de procedimiento”  en el juicio condenatorio, por lo que pedía nulidad de la sentencia y la liberación del dirigente.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que la recolección de cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) necesarias para convocar al referendo recién se realizaría a fines de octubre.

“Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma (…) la recolección de firmas del 20% (del padrón electoral) se llevaría a cabo hacia finales de octubre”, dijo Lucena, en un acto en la sede del CNE, al que fueron invitados diplomáticos, altos mandos militares y representantes de los poderes públicos.

La funcionaria precisó que una vez que la oposición recolecte las firmas, lo cual debe hacer en tres días, el órgano electoral tendrá “entre 28 y 29 días” para verificarlas, y, en caso de que sean avaladas, se convocará al referendo en un plazo máximo de tres meses.

La MUD acusa al CNE de servir al chavismo y de retrasar el proceso para evitar que el referendo se realice antes del 10 de enero de 2017, cuando se cumplen cuatro años del mandato de Maduro.

El anuncio de Lucena, transmitido por la televisión estatal, cayó como un balde de agua fría en la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que ratificó su llamado a una gran marcha nacional hacia Caracas el 1 de septiembre para exigir la fecha de recolección de las cuatro millones de firmas.

“Acosar al poder electoral y a sus funcionarios es un intento por torcer la vía constitucional. Se busca presionar al máximo para hacer creer a la población que la aplicación de la ley es un capricho”, manifestó Lucena.

Situación peligrosa

El presidente socialista enfrenta el descontento de una población que sufre por una escasez de alimentos y medicinas que alcanza el 80%, y una inflación que fue de 180,9% en 2015, proyectada por el FMI en 720% para 2016.

Según la firma Venebarómetro, 64% de los electores (unos 12 millones) votaría por revocar a Maduro, para lo cual se necesitan más de los 7,5 millones de votos con los que fue elegido en 2013.

“No se atreve (el CNE) a decir que no va a haber revocatorio este año, porque sabe muy bien que trancar la vía democrática, la ventanita democrática, coloca a Venezuela en una situación sumamente peligrosa”, aseguró el excandidato presidencial Henrique Capriles, en una rueda de prensa de la dirigencia de la MUD.

El CNE cuenta con 15 días continuos para analizar esa solicitud y luego con 15 días hábiles (entre el 24 de agosto y el 13 de septiembre) para dar la fecha y puntos de recolección de las cuatro millones de firmas en todo el país.

“Si el CNE se empeña en aplicar lapsos innecesariamente largos el referendo revocatorio podría realizarse entre febrero y marzo”, opinó Eugenio Martínez, experto en asuntos electorales.

Varias analistas, como el constitucionalista José Ignacio Hernández, aseguran que el referendo podría hacerse a más tardar el 4 de enero, pero ha advertido que ello depende de la voluntad política del CNE.

Luis Emilio Rondón, único de los cinco rectores del CNE cercano a la oposición y quien estuvo ausente de la comparecencia de Lucena, aseguró a la prensa que “no hay impedimento jurídico, tecnológico, logístico” para que la recolección de firmas del 20% se haga antes de octubre.

Pero el chavismo descarta de plano la posibilidad de un referendo en 2016, mientras empuja 8.600 recursos legales contra la MUD, acusándola de fraude en la recolección de firmas para activar la consulta.

El oficialismo también demandó a la coalición ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -al que la oposición acusa igualmente de servir al chavismo- y la semana pasada pidió al CNE inhabilitarla como actor político.

“Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% (200 mil firmas) de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por secretaría”, anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

Para revocar a Maduro, se necesita más de los 7.5 millones de votos con los que fue elegido en el 2013.

Según la firma Venebarómetro, 73.4% de los venezolanos reprueba su gestión y 64% de los electores votaría por sacarlo del poder.

El malestar aumentó en los últimos meses. Casi a diario ha habido protestas por falta de comida, pues la escasez de alimentos y medicinas alcanza el 80%, y no hay bolsillo que siga el ritmo de una inflación que fue de 180,9% en el 2015 y está proyectada por el FMI en 720% para el 2016.

El gobierno, que atribuye la crisis al desplome de los precios del petróleo y a una “guerra económica” de empresarios, asegura que no habrá referendo este año.

Su última jugada fue una petición al CNE, la semana pasada, para que anule a la MUD como actor político, acusándola de fraude en la recolección de las 200.000 firmas.

El propio Maduro demandó por fraude a la MUD ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -al que la oposición también acusa de servir al chavismo-, lo que se sumó a miles de recursos legales interpuestos por el oficialismo.

“La determinación del pueblo es tan grande por el cambio que va a haber referendo. Lo que debe de haber no es un revocatorio, sino un revolcatorio”, dijo el jefe de la bancada opositora en el Parlamento, Julio Borges, quien espera un voto contundente contra Maduro.

El analista Benigno Alarcón advirtió que el CNE debe abrir “la válvula de escape” , pues si no hay referendo revocatorio “la presión va a salir por otros medios”, como un estallido social.

Un campo minado Para analistas como Eugenio Martínez y José Ignacio Hernández, la petición de ilegalidad contra la MUD es “improcedente” , pero reconocen que podría retrasar el referendo, ya de por sí con el tiempo muy ajustado.

Si las primeras 200 mil firmas son validadas, se pasará a una segunda etapa en la que la MUD debe solicitar la fecha y puntos de recolección de cuatro millones de rúbricas, lo que el CNE podría definir en dos semanas.

Una vez recolectadas, habrá 15 días hábiles para contarlas y tres meses más para organizar la consulta.

El ambiente se enturbió aún más el jueves recién pasado, cuando el Parlamento -de mayoría opositora- reincorporó a tres de sus diputados que la justicia ordenó separar en enero mientras resolvía una acusación de fraude electoral presentada por el chavismo.

Seis meses después el caso no ha sido resuelto, por lo que la MUD los juramentó.

No obstante, el TSJ aseguró el domingo que aún recopila pruebas para dictar sentencia.

Ante la profundización de la crisis, una comisión de expresidentes liderada por el español José Luis Rodríguez Zapatero impulsa un diálogo entre gobierno y oposición.

Ocho de cada diez venezolanos apoyan un diálogo, y más de la mitad cree prioritario resolver la debacle económica, reveló el domingo una encuesta de Hinterlaces.

Pero el referendo es el principal obstáculo para que ambos bandos se sienten a hablar.

“Revocatorio ya” , corearon seguidores de la oposición que se reunieron en dos sectores del este de Caracas, sin poder marchar hacia la sede del Consejo Nacional Electoral  (CNE) , donde dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) pretendían entregar una carta con su petición.
Barricadas y unos 200 policías civiles y militarizados bloquearon algunas vías e impidieron el avance de la manifestación, en la que participaron cerca de un millar de personas, sin que se registraran incidentes.
 

El tiempo vale oro

La tensión subió el martes cuando el chavismo pidió al CNE anular la inscripción de la MUD como partido político, alegando que cometió un “fraude gigantesco”  en la recolección de las 200.000 firmas.
 

Una olla de presión

Para revocar a Maduro se necesita más de los 7.5 millones de sufragios con los que fue elegido en el 2013. Según la firma Venebarómetro, 73,4% de los venezolanos reprueba su gestión y 64% de los electores votaría por sacarlo del poder.
“Estoy dispuesta a revocar a este presidente. No tenemos comida y pasamos muchas necesidades” , dijo Tania Pérez, un ama de casa que asistió a la concentración opositora.
Casi a diario ha habido protestas por falta de comida en los últimos meses. La escasez de alimentos y medicinas es del 80%, y la inflación fue de 180,9% en 2015, proyectada por el FMI en 720% para el 2016.
 

El martes la oposición esperaba luz verde para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

“Hemos venido a solicitar la cancelación de la inscripción del llamado partido político Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por estar incurso en el fraude electoral más grande que haya conocido la historia del país” , anunció el dirigente chavista Jorge Rodríguez, en la sede del órgano comicial.

Rodríguez, delegado por Maduro para monitorear el proceso, alega que la MUD incluyó rúbricas de miles de fallecidos, menores de edad y convictos, para habilitarse como promotora de la consulta.

La oposición, que aspiraba a que el Consejo Nacional Electoral  (CNE) le confirmara este martes que reunió las 200 mil rúbricas que activarían el referendo, a fin de avanzar hacia la recolección de cuatro millones de firmas necesarias para llamar a la consulta.

Pero el CNE anunció la noche del martes que no será sino hasta el próximo lunes que analizará la validez de las primeras firmas.

Sin embargo, no aclaró si ese mismo día se pronunciará sobre la activación de la consulta.

Más temprano, el secretario de la MUD, Jesús Torrealba, había pedido al CNE no obstruir “las salidas electorales”  a la crisis y reiteró el llamado a una movilización el miércoles hacia la sede del organismo para exigir una respuesta.

El “Poder Electoral ratifica que no aceptará presiones y recuerda la decisión de suspender actividades en caso de alteración del orden público” , advirtió el CNE.

Por su parte, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, reiteró la tarde del martes: “No hay manera de que haya revocatorio, no hay” . Ni en el 2016, ni “al paso que vamos tampoco”  en el 2017.

La MUD, que acusa al CNE de servir al chavismo, busca que el referendo se haga antes del 10 de enero del 2017, pues si Maduro pierde habrá elecciones. Si ocurre después de esa fecha, el mandato que finaliza el 10 de enero del 2019 lo completará su vicepresidente.

Para que la consulta sea este año, la oposición debe lograr que el CNE fije pronto la fecha de inicio de la recolección de firmas, para lo cual presionará el miércoles con una movilización ante la sede del organismo en Caracas y en todo el país.

En esa segunda fase, la coalición opositora MUD tendrá tres días para recoger las rúbricas. Luego, el CNE se tomará 15 días hábiles para contabilizarlas y tres meses más para organizar la consulta.

Riesgo de conflicto social

Para revocar a Maduro se necesitan más de los 7.5 millones de sufragios con los que fue elegido en el 2013. Según la firma Venebarómetro, 73.4% de los venezolanos reprueba su gestión y 64% de los electores votaría por sacarlo del poder.

El constitucionalista José Ignacio Hernández aseguró que los lapsos legales alcanzan para que la consulta se celebre a más tardar a inicios de enero, y advirtió que si se retrasa el proceso “aumentará la conflictividad social” .

En una cola para comprar alimentos, Édgar García, un técnico electrónico de 48 años, dijo estar listo para firmar, aunque considera que Maduro “hará lo que pueda para impedirlo” , pues “sabe que saldrá con las tablas en la cabeza (derrotado)” .

En los últimos meses hubo protestas casi a diario por falta de comida. La escasez de alimentos y medicinas es del 80% y la inflación fue de 180,9% en 2015 y proyectada por el FMI en 720% para el 2016.

El presidente socialista sostiene que la crisis se debe a la caída de los precios del petróleo y a una “guerra económica”  de la derecha para derrocarlo.

La funcionaria explicó que el lunes concluye la revisión de las firmas y el martes se recibirá el informe de los técnicos para proceder a autorizar o no la siguiente etapa.

“Cumplidos los requisitos normativos, se le otorgaría a la organización promotora la certificación”  para pedir formalmente el referendo, explicó Lucena en entrevista con la televisora privada Televen.

Si la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) consiguió validar las firmas  (que corresponden al 1% del padrón electoral) , tendrá que recolectar cuatro millones de rúbricas  (20% del registro) para que el referendo sea convocado.

“Etapa crítica”

Dando por hecho que cumplió con ese requisito, la oposición convocó para el próximo miércoles a una movilización hacia la sede principal del CNE, en el centro de Caracas, para solicitar la consulta.

“La etapa que viene ahora es crítica, porque es en la que se activa constitucionalmente el revocatorio, y no nos lo van a regalar”, expresó este domingo en rueda de prensa el diputado opositor Freddy Guevara.

“Vamos a ir (al CNE) con nuestro pueblo, pacíficamente”, agregó.

Un fallo judicial de mayo pasado ordena a la fuerza pública resguardar la sede de la entidad de protestas no autorizadas, mientras Lucena ha advertido que el proceso será suspendido ante cualquier hecho de violencia.

La MUD también exigirá el miércoles las fechas y puntos para la recolección del 20% de voluntades requerido.

“Hemos superado con creces”  la meta, añadió Juan Carlos Caldera, del equipo de coordinación electoral de la alianza opositora.

El miércoles recién pasado, la oposición aseguró que 399 mil firmas -de las 407 mil que aceptó el CNE- ya fueron certificadas, el doble de lo exigido, con base en un acta de la auditoría técnica, de lo cual hasta ahora no se han pronunciado las autoridades.
    

Carrera contra el reloj

La MUD, que sostiene que hay tiempo para que el referendo se realice en octubre o noviembre, acusa al CNE de estar parcializado a favor de Maduro y buscar dilatar el proceso para que no se realice este año.

El CNE “no puede apurar el revocatorio y tampoco lo puede retrasar. Qué es lo que nos corresponde? Atenernos a los lapsos de la normativa” , se defendió Lucena.

En un mensaje en Twitter, Henry Ramos Allup, presidente del Parlamento -de mayoría opositora- acusó al gobierno de huir de la consulta.

 “Le huye porque sabe (que el) pueblo lo saca”  del poder, escribió el sábado Ramos, quien considera que “no existe el más mínimo movimiento”  en el CNE para llamar a las urnas.

“No puede haber movimiento, porque los requisitos aún no se han cumplido” , le respondió Lucena.

La MUD espera que el revocatorio se realice este año, pues si Maduro pierde deberá convocarse a elecciones; pero si se efectúa después del 10 de enero del 2017, y es revocado, será sustituido por su vicepresidente.

 El gobierno asegura que no habrá referendo en el 2016 porque la oposición empezó tardíamente los trámites.

“Una verdad plena, este año no hay revocatorio. Opositores: cualquier molestia o reclamo debe ser a sus dirigentes, que los engañaron” , insistió Diosdado Cabello, número dos del chavismo.

La MUD exige que se active el referendo, además, como condición para aceptar un diálogo propuesto por el gobierno, en torno a la crisis política y económica.

Las conversaciones son impulsadas por una mediación internacional que lidera el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, a instancias de la Unión de Naciones Suramericanas  (Unasur).

López fue llevado desde la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, a los tribunales de Justicia, en el centro de la ciudad, confirmaron los abogados defensores, sin que hasta ahora haya sido visto por la prensa, que espera en las afueras del complejo judicial.

Las autoridades permitieron ingresar al Palacio de Justicia a la madre de López, Antonieta Mendoza, y al abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez, pero no a los asesores españoles de la defensa.

“Fue una tramoya que montaron, impidieron la entrada de parte de su equipo de defensa y llenaron la sala de afectos del gobierno”, dijo a la prensa el diputado opositor Freddy Guevara en las afueras de la corte.

La audiencia empezó formalmente hacia las 14 hora local y “actualmente se encuentra en pleno desarrollo”, según un comunicado de la oposición.

Medio centenar de simpatizantes llegaron temprano con fotos del opositor y pancartas que rezaban “Libertad ya”  y “Querer una mejor Venezuela no es delito” , en tanto que un grupo de chavistas también acudió al lugar: “¡Leopoldo, asesino!” , gritó un hombre.

Condena

De 45 años, López fue condenado en septiembre del 2015 por cargos de incitación a la violencia en las protestas, entre febrero y mayo del 2014, que dejaron 43 muertos, y que buscaban la renuncia de Maduro tras las elecciones que ganó por estrecho margen en el 2013.

López fue encarcelado en febrero del 2014 y se convirtió en el símbolo de los opositores venezolanos presos -que la disidencia cifra en un centenar-, entre ellos el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos.

“Que se haga justicia”

La defensa alega que López fue condenado por motivos políticos y con pruebas “manipuladas”, violando sus derechos procesales, y que la justicia está al servicio del Gobierno.

“La OEA está muy pendiente de la apelación de Leopoldo López. Esperamos imparcialidad de los jueces y el ajuste al Derecho, puntos claves en su proceso”, escribió en su cuenta de Twitter el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien en reiteradas ocasiones ha pedido a las autoridades que liberen al opositor.

Señores del Gob: después de 2 años teniéndome secuestrado en una cárcel militar, no me conocen? No me van a quebrar! https://t.co/vvAsDUVr0S

— Leopoldo López (@leopoldolopez) July 12, 2016

Los abogados españoles, los exministros Javier Cremades y Alberto Ruiz-Gallardón, asesores de la defensa, lamentaron que su ingreso a la audiencia “fue vetado”.

“Jamás la justicia puede estar al servicio del poder político”, dijo Ruiz-Gallardón, al señalar que se trata de un “proceso opaco”  en el que “el ingreso de observadores internacionales fue vetado”.

Lilian Tintori, esposa de López, aseguró que Leopoldo lleva semanas aislado y reiteró la denuncia de que agentes le confiscaron a López en su celda documentos para su apelación. “A pesar de eso, aún no lo conocen: no lo quebrarán”, manifestó.

¿Caso de López en el diálogo?

Cremades consideró que el diálogo entre oposición y gobierno impulsado por una comisión de exmandatarios, encabezada por el exjefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero a instancias de la Unión de Naciones Suramericanas  (Unasur) , ha influido en la convocatoria a la audiencia.

“Estoy seguro que en el proceso de diálogo se está hablando de esta cuestión, pero nosotros creemos que lo primero son los derechos humanos”, afirmó.

La coalición Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) pide que un eventual diálogo con el gobierno allane el camino a un referendo revocatorio contra Maduro, pues acusa a las autoridades electorales de aliadas del mandatario y de buscar impedir que la consulta sea este año.

Si el presidente pierde el referendo se llamaría a elecciones, pero si la consulta se hace en el 2017 sería sustituido por el vicepresidente, designado por él.

La oposición exige el acompañamiento del Vaticano a la mediación para el diálogo, lo cual fue aceptado por el gobierno, dijo el jueves en Caracas el secretario general de la Unasur, Ernesto Samper.

“Leopoldo López es un preso político. Y hasta que no se liberen todos los presos políticos no se puede iniciar”  la reconciliación, opinó el analista Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.

El opositor Henrique Capriles, considerado del ala moderada de la MUD, aseguró que López debería quedar en libertad este viernes como un gesto hacia el diálogo.

Chacón, un contador de 28 años, se comió su última Big Mac hace una semana y por ahora es incierto cuándo volverá a saborearla, pues desde este jueves el emparedado engorda la lista de productos desaparecidos por la crisis económica.

“Una hamburguesa no es para morirse, pero uno aquí se ha venido acostumbrando a consumir lo que hay”, dice el joven sentando a una mesa en un McDonald's del este de Caracas, adonde llegó para almorzar.

El gigante estadounidense de la comida rápida -con tres décadas en el país caribeño- suspendió la venta de su hamburguesa emblemática por dificultades para acceder a ingredientes.

“En McDonald's Venezuela trabajamos para solventar esta situación temporal. Junto a nuestro proveedor evaluamos las mejores opciones que nos permitan seguir ofreciendo productos de calidad”, señaló la empresa en un comunicado enviado a la AFP este jueves.

La compañía no detalló las complicaciones, pero una de sus empleadas confirmó lo que es un secreto a voces: la característica rebanada de pan que separa las porciones de carne escasea.

Por lo pronto, McDonald's -que el año pasado tuvo que suspender durante 10 meses la venta de papas fritas- seguirá ofreciendo los demás productos de su menú, entre estos el McPollo con el que tuvo que conformarse Chacón.

Otra víctima de la crisis

El anuncio causó revuelo en las redes sociales, llegando a ser tendencia en Twitter, donde los usuarios se lamentaban por la nueva víctima del desabastecimiento.

La crisis económica de Venezuela se ha visto agravada por la caída de los precios del crudo, generador de 96% de las divisas en un país dependiente de las importaciones.

Esto se refleja en la inflación más alta del mundo (180.9% en 2015 y proyectada por el FMI en 720% para 2016) y en la escasez de 80% de alimentos y medicinas, que el presidente Nicolás Maduro atribuye a una “guerra económica” de empresarios para tratar de derrocarlo.

En el restaurante donde comió Chacón, las quejas no solo eran por la Big Mac, sino por la pérdida de calidad de algunos productos.

“Suben los precios y baja la calidad”, afirmó Jouswar Sosa, de 31 años y amante de la Big Mac doble, quien ha visto disparar su precio por la inflación.

Una Big Mac normal, con papas fritas y refresco, cuesta 3,500 bolívares (5.4 dólares a la tasa oficial más alta), poco más del 10% del salario mínimo (incluido un bono de alimentación).

Más caro, menos calidad

La sequía de dólares y el control de cambios vigente desde 2003 causan problemas para la importación de materias primas e insumos, lo que mantiene semiparalizada a la industria en la nación con las mayores reservas petroleras.

Aduciendo falta de insumos, el fabricante estadounidense de productos de higiene Kimberly-Clark cerró su planta hace dos semanas, como lo habían hecho Kraft Heinz y Clorox, mientras Coca Cola reactivó en junio su producción tras detenerla un mes por falta de azúcar.

McDonald's ya se había visto obligado a suspender la venta de papas entre enero y noviembre de 2015, ante la imposibilidad de importar el tubérculo congelado, reemplazándolo con yuca y arepas.

Su oferta se reactivó con producción nacional, aunque mucho más cara. La nueva relación costo-calidad no satisface a Gloria Nolck, de 68 años.

“Si no hay papas, no vendas, pero no nos den esto”, protestó la mujer, mientras señalaba con desdén la ración que comía su nieto en un McDonald's.

Ante ello, Jouswar Sosa dice que desde hace un tiempo prefiere las hamburguesas y perros calientes de los carritos ambulantes, mucho más baratos.

En Caracas esos puestos congregan a decenas de personas a la hora de las comidas, para algunos un síntoma del deterioro del poder adquisitivo y la calidad de vida de los venezolanos.

Los militares venezolanos ordenan filas en los supermercados, custodian camiones de alimentos y cultivan. Ahora fiscalizarán la carga en los puertos y distribuirán la comida

La noche del martes último, Maduro dejó los cinco principales puertos del país al mando de una autoridad militar, como parte de un gigantesco despliegue de soldados en la recién lanzada “Misión de Abastecimiento Soberano”, a cargo del propio ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.

Acompañado del general del Ejército, Maduro aseguró que el lunes, en el primer día de aplicación de un plan de fiscalización en puertos y empresas de productos básicos, se encontró un “caos”  que favorece “la corrupción”.

Entre decenas de cajas de pollos que circulaban en una banda para ser empaquetados, el general Pedro Álvarez precisa que verifican todo: qué tipo de materia prima llega a las empresas, la capacidad instalada y de almacenamiento, a quién está dirigido el producto terminado y a cuáles comercios llega.

“Si se está desviando, nosotros vamos a tomar medidas bien severas. Son las instrucciones. Estamos haciendo verificación de los inventarios, de la maquinaria”, explica a la prensa el comandante de la zona de defensa del estado Miranda.

Maduro, quien enfrenta una baja popularidad, espera que los militares pongan orden a la distribución de mercancías y reduzcan la aguda escasez de más del 80% en alimentos y medicinas que angustia a los venezolanos y provoca largas colas en los supermercados.

“El gobierno debe estar gobernando los puertos: saber qué entra, saber qué sale, saber lo que está ahí y saber a dónde va. Es una guerra. Por eso se ha colocado al comando de las Fuerzas Armadas al frente de la guerra, como debe ser”, aseguró el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, en un foro sobre economía.

El gobierno socialista asegura que los productos se desvían al “bachaqueo”  -contrabando y reventa de productos básicos-, que atribuye a una “guerra económica”  de empresarios y de la oposición para derrocarlo.

“En seis meses vamos a torcerle el cuello a la guerra económica”, aseguró Istúriz.

“¡El reparto de lo que no hay!”

Pero analistas y empresarios aseguran que el problema es la producción, como consecuencia del control de precios y de la falta de dólares para importar dado el férreo control de divisas que rige desde el 2003.

“Esto es el reparto de la escasez, el reparto de lo que no hay. Es imposible que resuelvan el problema si no aumentan la producción. La Fuerza Armada se arriesga porque se adueñará de los costos del desastre económico que existe”, dijo el economista Luis Vicente León, de la encuestadora Datanálisis.

Golpeada por el desplome de los precios del petróleo, Venezuela sufre además la inflación más alta del mundo: 180.9% en el 2015 y proyectada por el FMI en 720% para el 2016.

“Estamos enfrentando una guerra. No tengo duda que por eso el general Padrino está asumiendo nuevas responsabilidades (…) sabrá como batallar”, dijo este miércoles el ministro de Agricultura, Wílmar Castro, uno de los diez militares que integran el gabinete de 30 ministros.

Según Maduro, la empresa privada controla 93% de la distribución de productos básicos y -afirmó- está “pulverizando”  todo el sistema con el acaparamiento y la especulación.

“¡Un requetedisparate!”

Con su plan, Maduro, a quien la oposición busca sacar del poder mediante un referendo revocatorio, ha ordenado que todos los ministros se subordinen a Padrino López, convertido ahora en uno de los hombres más poderosos de Venezuela.

“Subordinar toda la estructura del Estado a Vladimir Padrino traza el rumbo de Venezuela: el diálogo para la transición será con los militares” , opinó la experta en asuntos de seguridad, Rocío San Miguel.

El presidente del Parlamento -de mayoría opositora-, Henry Ramos Allup, consideró un “requetedisparate entregarle a los militares la última etapa de esta tragedia” . “Es una vergüenza”, subrayó.

Padrino López, un militar de 53 años con fama de fidelidad al chavismo, asegura que no se trata de militarizar la economía, sino de llevar “orden y disciplina”  en medio de la “guerra económica”.

Con 165 mil efectivos, 25 mil en reserva y otros miles de la llamada milicia popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana  (FANB) está actualmente al mando de ministerios clave como el de Hacienda y de Alimentación y Tierras, Pesca y Acuicultura, Energía Eléctrica y Vivienda, entre otros.

En febrero pasado, Maduro creó una compañía militar de minería, petróleo y gas, que se sumó a la lista de empresas que controla la FANB, como un canal de televisión, un banco, una ensambladora de vehículos y una constructora.

El gobierno venezolano empezó a cumplir su amenaza de intervenir las empresas que cesen operaciones, al ordenar la ocupación de la fabricante estadounidense de productos de higiene Kimberly-Clark por sus empleados.

Dos meses después de lanzar la advertencia “planta parada, planta tomada por la clase obrera”, el presidente Nicolás Maduro entregó el lunes a los trabajadores el control de la factoría de Kimberly-Clark en la ciudad de Maracay.

La compañía anunció el pasado sábado la suspensión de actividades alegando un “deterioro de las condiciones económicas y de negocio”  en el país petrolero, sumido en una severa crisis que mantiene paralizada gran parte de la industria.

“Vamos a proceder a firmar la solicitud que nos han hecho los trabajadores, donde planteamos (…) la ocupación inmediata de la entidad de trabajo Kimberly-Clark de Venezuela”, dijo el ministro de Trabajo, Oswaldo Vera, en la planta.

Al suscribir el documento, en medio de vítores de empleados, Vera dispuso igualmente el encendido de las máquinas, según dijo por orden expresa de Maduro.

“A partir de hoy Kimberly-Clark vuelve a abrir sus puertas”, afirmó el funcionario en un acto transmitido por la televisión gubernamental, y reiteró la amenaza blandida por el mandatario socialista.

“Bienvenido el sector empresarial que quiera acompañar al gobierno, pero empresa que sea cerrada, empresa que va a ser ocupada y abierta por los trabajadores y el gobierno revolucionario”, sostuvo.

Gobierno debe velar por activos

Kimberly-Clark justificó su decisión en la falta de divisas para adquirir materia prima y el acelerado aumento de la inflación, de 180.9% en el 2015 y proyectada por el FMI en 720% para el 2016.

Según la multinacional, instalada en Venezuela desde hace más de dos décadas, ese cóctel hace “imposible operar”.

“Si el gobierno venezolano toma el control y las operaciones de Kimberly-Clark, será responsable del bienestar de los trabajadores y de los activos físicos, equipos y maquinaria de cara al futuro”, señaló el lunes en un comunicado.

La fabricante de papel higiénico, pañales y toallas sanitarias, entre otros productos, había dicho el sábado que si las condiciones cambiaran evaluaría la viabilidad de reanudar actividades.

La ley laboral venezolana autoriza la ocupación en caso de “cierre ilegal o fraudulento”  de una empresa o de “paro patronal” .

Una junta especial, con participación de empleados y dueños, administrará la corporación, indica la norma.

En Venezuela rige desde el 2003 un férreo control de cambios, en el que el gobierno monopoliza las divisas.

El acceso a éstas, por parte del sector privado, se ha visto más restringido por la caída del precio del petróleo, generador del 96% de los ingresos del país.

De acuerdo con la patronal Fedecámaras -principal gremio empresarial venezolano- más del 85% de la industria estaba paralizada en mayo pasado por falta de materia prima.

Además, el Estado fija el precio de muchos alimentos y productos básicos, lo que según los empresarios ocasiona que no se cubran los costos de producción, y también la escasez de un 80% de los alimentos y las medicinas.

No solo Kimberly

Pero Maduro sostiene que esas distorsiones son inducidas como parte de un plan de desestabilización económica de sus adversarios, para derrocarlo.

En este contexto, varias compañías internacionales han venido paralizando de forma temporal o indefinida sus operaciones.

En mayo pasado, debido a la falta de azúcar, Coca Cola suspendió gran parte de su producción, reanudada en junio. Igualmente, los grupos estadounidenses Kraft Heinz y Clorox detuvieron recientemente actividades.

No solo transnacionales se han visto afectadas, pues el principal fabricante de cerveza de Venezuela, Polar, frenó entre abril y junio la producción de la bebida por falta de cebada.

Polar también es el mayor productor de alimentos del país, y fue el blanco de la artillería verbal de Maduro al anunciar la ocupación de empresas paralizadas durante el Día del Trabajador, el 1 de mayo.

“El precio promedio de la cesta venezolana de crudos se ubicó en US$44.65 por barril, afectado principalmente por la caída mantenida durante los años 2014 y 2015” , señala el documento.

 En el primer semestre de este año el valor del crudo venezolano profundizó su deterioro, con un promedio de US$31.15 por barril, indicó el ministerio de Petróleo y Minería en su informe semanal el pasado viernes.

“En 2014 el precio promedio fue de US$88. Es obvio que hemos reducido las ganancias” , indicó este domingo Eulogio del Pino, presidente de Pdvsa y ministro de Energía, en una entrevista transmitida por la televisora privada Televen.

La ganancia neta de Pdvsa del año pasado retrocedió 19% y se ubicó en US$7 mil 345 millones, detalla el reporte.

Con las mayores reservas de crudo y gas del planeta, Venezuela obtiene 96% de sus divisas de las exportaciones de hidrocarburos, por lo cual la caída del crudo golpea con fuerza su economía.

Esto ha agravado una crisis que se refleja en la escasez de 80% de alimentos y medicinas, y una inflación de 180.9% en 2015, proyectada para 2016 en 720% por el FMI.

Pdvsa mantuvo un promedio de producción de 2 mil 863 millones de barriles diarios, como parte de “la política de defensa del precio del barril en los mercados internacionales, acordada por la OPEP, totalizando sus exportaciones en 2 mil 425 millones de barriles diarios” , añade el reporte.

El país caribeño cuenta con reservas probadas de 300 mil 878 millones de barriles de crudo y 201 mil 349 billones de pies cúbicos de reservas probadas de gas, detalló Pdvsa.

Además, la estatal cuenta con activos valorados en US$202 mil millones  y un patrimonio de US$91 mil millones.

Desde que el nuevo Parlamento asumió funciones se ha visto envuelto en serias contradicciones con el oficialismo que no sanciona ni avala las leyes que los legisladores aprueban.

Por aparte, el oficialismo en Venezuela promete arreciar su ofensiva legal para impedir que la oposición active este año un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, acosado por la peor crisis económica en 17 años de chavismo en el poder.

El mandatario afirmó la noche del lunes que hay denuncias sobre “un gigantesco fraude de carácter electoral”  que tendrá “impactos de carácter jurídico”  y político.
 
Durante un acto con periodistas, Maduro se hizo eco de los señalamientos que más temprano hizo su delegado especial para el proceso revocatorio en torno a irregularidades en la recolección de firmas de apoyo a la consulta.
 
“Vamos a empezar a accionar tantas demandas y acciones legales (…) como eventos fraudulentos haya habido” , advirtió Jorge Rodríguez.
 
El gobierno cree que estas acciones deberían desembocar en la suspensión de la iniciativa contra Maduro, al tiempo que impulsa una querella con el mismo objetivo ante el Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) , acusado por la oposición de ser el brazo jurídico del mandatario.
 
La autoridad electoral abrió este lunes la etapa de revisión de las rúbricas que fueron validadas la semana pasada. El proceso se extenderá hasta el 26 de julio, cuando el organismo determinará si dará paso al llamado a las urnas.
 
El Consejo Nacional Electoral  (CNE) “constatará firmas validadas en lapso de 20 días hábiles” , informó en Twitter Tania DAmelio, rectora del organismo.
 

Firmas en un día

El pasado viernes expiró el plazo de cinco días para el reconocimiento de rúbricas a favor del revocatorio. Poco más de 1,3 millones de venezolanos estaban llamados a cumplir con este trámite, que derivó en largas y extenuantes filas.
 
Según la oposición, 409 mil 313 personas autenticaron la firma con la huella digital, el doble de lo exigido por el CNE para activar la consulta, pese a las trabas del oficialismo.
 

Así lo aseguró el viernes el coordinador de asuntos electorales, Vicente Bello.

“La cantidad de firmas mínimas necesarias se ha superado claramente”, dijo el portavoz.

Luego de finalizar el viernes el proceso de validación, el Poder Electoral se tomará 20 días para confirmar si se activa la consulta.

“Misión cumplida, amada Venezuela”, escribió por su parte en Twitter el dirigente opositor Henrique Capriles, principal promotor del revocatorio.

EN DIRECTO en #Periscope: Saliendo a Caracas! Misión Cumplida amada Venezuela! https://t.co/GE5ON3AMTC

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) June 24, 2016

Capriles señaló que ahora los venezolanos deben prepararse para reunir unos cuatro millones de firmas, con el fin de que el Consejo Nacional Electoral  (CNE) convoque el referendo.

Sin embargo, antes el CNE debe certificar que la coalición opositora Mesa de la Unidad de Democrática  (MUD) logró autenticar las 200 mil firmas, de las 1.3 millones que recaudó para activar el proceso que busca sacar del poder a Maduro  (2013-2019) .

El CNE tiene plazo hasta el 26 de julio para realizar el anuncio.

La legalización de firmas debía realizarse en los 24 estados del país. Cada uno tenía aportar el 1% del padrón electoral, en una trámite que se inició el pasado lunes.

“En este momento en los 24 estados del país se ha alcanzado más del 1.7%” , sostuvo Bello, indicando que en Nueva Esparta, donde se presentaron más complicaciones, se alcanzó la meta el viernes.

La petición fue formulada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de reunirse el miércoles con Thomas Shannon, enviado de Washington a Caracas.

El mandatario dijo que le expresó a Shannon, durante una “larga conversación” en el palacio presidencial de Miraflores, su intención de “que más temprano que tarde” los dos gobiernos puedan construir una “agenda de respeto”.

Al intervenir en un mitin con trabajadores petroleros, Maduro aseguró que le envió el mismo mensaje al presidente Barack Obama.

“Ojalá el presidente Obama rectificara la postura que ha tenido (…) contra la revolución bolivariana, y en los últimos siete meses de su gobierno pudiéramos transitar un camino de diálogo, de respeto, con una agenda positiva”, indicó.

Sonrientes, Shannon y Maduro se encontraron en un salón protocolar, en cuya entrada el representante norteamericano se detuvo para ver una imagen del fallecido presidente Hugo Chávez  (1999-2013).

Shannon llegó el martes a Venezuela por pedido del secretario de Estado, John Kerry, atendiendo una invitación del gobierno venezolano, según Washington.

El experimentado diplomático dio continuidad a los contactos iniciados por Kerry y la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, el 14 de mayo en República Dominicana al margen de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

Washington no se ha pronunciado de momento sobre la reunión en Caracas de este miércoles.

La conflictiva relación entre los dos países, que carecen de embajadores desde el 2010, se tensó aun más en marzo del 2015 cuando Obama firmó un decreto que considera a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria”  para la seguridad de Estados Unidos.

La medida, que incluye sanciones a siete funcionarios del gobierno venezolano, fue renovada en marzo último.

El año pasado, Maduro recibió a Shannon dos veces en el palacio presidencial de Miraflores.

Vestidos de pies a cabeza con uniformes azul celeste, amarillo y fucsia, 300 reclusos -hombres y mujeres- se concentraron ante la sede principal del Ministerio Público, en el centro de la capital, custodiados por militares de la Guardia Nacional.

“¡Fraude, fraude!”, corearon los reclusos junto a una multitud, mientras integrantes del Gobierno y dirigentes del chavismo presentaban el recurso por “usurpación de identidad” contra líderes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD), que promueve el referendo.

“Estoy encontrando firmas y datos de privados de libertad que no pudieron jamás haber firmado, ni porque quisieran. ¿Cómo es que sus datos aparecen ahí?”, dijo Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, quien suscribió la querella.

No precisó si entre los manifestantes había suplantados.

• Vea bajo la GALERÍA de la movilización de presos en Venezuela

Sus palabras fueron recibidas con aplausos por los internos procedentes de los penales El Rodeo, Yare y Los Teques -tres de las mayores cárceles de la zona central del país- durante un acto para el cual se instaló una tarima y hubo música en vivo.

Varela instó al Consejo Nacional Electoral  (CNE) a cotejar los datos de los 50 mil presos que hay en Venezuela con las 1.3 millones de firmas acreditadas por ese organismo para activar el revocatorio, tras anular 605 mil de ellas.

La demanda fue planteada contra tres líderes de la MUD, entre ellos el gobernador Henrique Capriles, principal impulsor del referendo.

Darío Vivas, directivo del partido de gobierno y que participó en la actividad, afirmó que “si se confirman delitos”, el proceso de revocatorio debería ser paralizado.

• Vea bajo la GALERÍA de la movilización de presos en Venezuela

Las firmas certificadas serán sometidas a validación entre el lunes y el viernes próximo, un trámite que consiste en que los interesados registren su huella dactilar.

Para activar el referendo contra Maduro se requiere que unas 200 mil personas validen su intención, luego de lo cual la MUD deberá recoger otros cuatro millones de firmas para que se convoque la consulta.

Usuarios de Twitter reportaron que no había luz en esta zona neurálgica del este de Caracas, que alberga decenas de barrios humildes, y difundieron videos de motos policiales que fueron incendiadas.

Además, circularon fotos de la policía disolviendo los disturbios con tanquetas de agua.

Los desordenes en Petare comenzaron en la mañana. Como es habitual, habitantes de la zona hacían filas para abastecerse.

“Todo esto para comprar una harina pan y un arroz”, dijo Marlyn González, mientras hacía fila.

Los efectivos de seguridad dispersaron las protestas, resguardados tras escudos que los manifestantes intentaban quitarles a empujones en la Redoma de Petare.

“Lo que nos venden son dos kilos de arroz, dos kilos de harina pan, y a veces ni se consigue, ya estamos cansados, por culpa de este gobierno que no sirve para un carajo”, lamentó González.

Aunque la Policía bloqueó el tránsito de vehículos por el sector, los vendedores informales mantuvieron sus puestos abiertos mientras los vecinos deambulaban por las calles.

El coordinador del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, Marco Ponce, precisó que en los primeros cinco meses del año hubo 254 saqueos o intentos, y sólo en mayo 172 protestas en rechazo a la escasez de alimentos.

Crisis

Largas filas, vigiladas por la policía militarizada, se forman todos los días en los supermercados para comprar alimentos subsidiados debido a una severa escasez de más de dos tercios de productos básicos que asola a Venezuela.

El gobierno cree que apagando la luz en Petare va a lograr el control perdido? Acaso no entiende que la arrechera avanza sobre su oscuridad?

— Ibéyise Pacheco (@ibepacheco) June 10, 2016

La tensión social va en aumento. En el centro de Caracas, diputados opositores y sus seguidores protestaron ante la sede del poder electoral para exigir la fecha de ratificación de las firmas que activarán el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

“Revocatorio” , “tenemos hambre” , coreaban desde temprano los opositores a las puertas del Consejo Nacional Electoral  (CNE) , adonde luego llegaron grupos de chavistas con quienes se cruzaron golpes, empujones y gritos.

En la trifulca resultó herido el jefe del bloque opositor en el Parlamento, Julio Borges, quien fue golpeado con un tubo metálico y recibió puños y patadas de simpatizantes chavistas.

En otro punto de la ciudad, en Plaza Venezuela, decenas de universitarios se enfrentaron con piedras y bombas incendiarias a efectivos de seguridad que lanzaron gases lacrimógenos, disparos de perdigones y algunos chorros de agua, luego de que los efectivos de seguridad boquearon una marcha de los estudiantes hacia el organismo electoral.

Policías y militares, que custodiaban el edificio, lanzaron gases para dispersar a los manifestantes, mientras que militantes chavistas agredieron con palos a Julio Borges, jefe de la bancada parlamentaria de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD, mayoritaria).

“Íbamos en paz a pedir ser escuchados como cualquier venezolano. Sin embargo, las rectoras (del CNE)se negaron a atendernos. Ellas creen que están por encima de la Constitución, del pueblo” , declaró Borges, con la nariz ensangrentada.

Maduro repudió los hechos, que atribuyó a una provocación.

“Condeno la violencia que hubo en el centro de Caracas producto de la violencia, de la provocación de la derecha, y llamo al pueblo a no caer en provocaciones”, dijo Maduro ante una multitud que marchó hasta el palacio presidencial en apoyo a los programas sociales del gobierno.

La Secretaría General de Unasur y los exgobernantes José Luis Rodríguez Zapatero  (España), Leonel Fernández  (República Dominicana) y Martín Torrijos  (Panamá), que impulsan un diálogo entre gobierno y oposición, rechazaron “todo tipo de violencia que pueda afectar la firme determinación de todos los venezolanos”, en un comunicado.

Casi 40 días después de entregadas las rúbricas, la MUD, aún no completa el primer paso del engorroso proceso de referendo, pues el CNE no ha definido la fecha de confirmación de las firmas, un proceso que debe hacerse en cinco días, con máquinas que cotejan la huella dactilar.

En otro punto de la ciudad, decenas de universitarios se enfrentaron con piedras y bombas incendiarias a efectivos de seguridad que lanzaron gases lacrimógenos, disparos de perdigones y algunos chorros de agua, luego de que los efectivos de seguridad boquearon una marcha de los estudiantes hacia el organismo electoral.

“La válvula de escape”

Acusándolo de servir al gobierno, la MUD sostiene que el CNE demora todo para evitar que el referendo se haga antes de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del mandato presidencial-, pues si se hace este año y Maduro pierde se llamará a elecciones. Si se efectúa el año próximo, sería sustituido por el vicepresidente nombrado por el gobernante.

“No vamos a permitir que nos conculquen el derecho de los venezolanos de salir de este gobierno de ladrones, de corrompidos, mediante el referendo revocatorio en 2016, no el 2017 ni el 2018, este año” , afirmó el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, junto a Borges.

egún las encuestas, de seis a siete de cada diez venezolanos apoya un cambio de gobierno. Para revocar el mandato de Maduro, la oposición necesita más de los 7,5 millones de votos con que fue elegido en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, quien gobernaba desde 1999.

Las protestas se han vuelto cotidianas al agravarse la escasez de alimentos y medicinas, y el alza del costo de vida, pues el país petrolero tiene la inflación más alta el mundo: 180,9% en 2015 y proyectada al 700% por el FMI para 2016. Para la oposición, el referendo “es una válvula de escape”.

“¿Cacería de brujas?”

La MUD exige que el CNE fije la fecha de confirmación de firmas, que podría ser del 16 al 20 de junio según una versión extraoficial, a fin de pasar a la segunda etapa: la recolección de otras cuatro millones de rúbricas  (20% del registro electoral) para convocar el referendo.

El abogado constitucionalista José Ignacio Hernández opinó que el órgano electoral violó sus propias normas, que establecían cinco días para el proceso de revisión de firmas, al haber pasado ya 40 días desde que fueron presentadas.

“No hay forma de justificar el silencio administrativo del CNE en dar respuesta a un trámite que el propio CNE inventó”, aseguró Eugenio Martínez, experto en temas electorales.

El vocero de la MUD, Jesús Torrealba, advirtió que el CNE pretende usar un mecanismo en su página web “de exclusión de firmas”  en la fase de ratificación, para que quienes deseen puedan consignar su “arrepentimiento”.

“Eso, por supuesto, es un pretexto para abrir una cacería de brujas inmensa en los ministerios y en las oficinas de la administración pública”, aseguró.

El número dos del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, ha advertido que los funcionarios que firmaron para pedir el referendo deben de ser despedidos.

La oposición informó que el poder electoral definirá el dispositivo y la fecha para ratificar las firmas, luego de que el martes le anunció que tiene 1,3 millones “válidas” , de las 1,8 millones que entregó el 2 de mayo para abrir el proceso, aunque sólo se requerían unas 200.000  (1% del padrón electoral) .
 
El Consejo Nacional Electoral  (CNE) podría fijar la confirmación de firmas -que debe hacerse en cinco días con máquinas que cotejan la huella dactilar-, del 16 al 20 de junio, según versión extraoficial que maneja la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) .
 
“Esta no es una carrera de 100 metros planos. Si el CNE no publica el lapso de validación este miércoles, volveremos a movilizarnos” , sentenció el excandidato presidencial Henrique Capriles, quien el martes encabezó una marcha, disuelta con gases lacrimógenos por la policía.
 
La MUD acusa al CNE de ser aliado del gobierno y demorar todo para evitar que el referendo se haga antes de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del mandato presidencial-, pues si se hace este año y Maduro lo pierde se llamará a elecciones. Si es el año próximo sería sustituido por el vicepresidente, nombrado por el gobernante.
 
El secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) , Jesús Torrelba, aseguró que “es perfectamente posible, desde el punto de vista técnico” , que el referendo revocatorio se realice “a más tardar en octubre” .
 
En su programa televisivo de los martes por la noche, Maduro señaló que “más del 30% del paquete (de firmas) que entregaron es ilegal y defectuoso” , por lo que el llamado a revocatorio “está invalidado” .
 
No osbtante, dijo, si la oposición lograra su objetivo de sacarlo del poder les advirtió: “Más temprano que tarde, vendremos por ustedes y la revolución se hará, de otra forma, pero se hará” .
 
 
 
– “Los arrepentidos”  –
 
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Varias encuestas revelan que seis o siete de cada diez venezolanos apoya un referendo y un cambio de gobierno. La tensión social creció en los últimos meses al agravarse la escasez de alimentos y medicinas, y el alza del costo de vida, pues la inflación es la más alta el mundo, de 180% en 2015.
 
Pero aún falta mucho camino por recorrer para la oposición. “La clave de este proceso es lograr tener 1% de los electores en cada Estado, no importa el total nacional de firmas” , recordó Eugenio Martínez, experto en temas electorales, al referirse al mínimo de rúbricas que deben ser ratificadas para activar el referendo.
 
Torrealba aseguró que las autoridades electorales usaron un proceso de verificación “irregular”  para “rebanar”  unas 600.000 rúbricas y advirtió que ahora “van a instaurar uno paralelo de exclusión de firmas”  en la fase de ratificación.
 
“La idea es que las personas tengan la oportunidad de decir: yo firmé, pero me arrepentí. Eso, por supuesto, es un pretexto para abrir una cacería de brujas inmensa en los ministerios y en las oficinas de la administración pública” , aseguró Torrealba.
 
Una vez que pase el proceso de ratificación de las primeras firmas, la oposición deberá recolectar otras cuatro millones de rúbricas  (20% del registro electoral) para que finalmente se convoque al referendo.
 
 
 
– El referendo no va a la mesa –
 
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En medio de la polarización, el gobierno y la oposición empezaron acercamientos bajo mediación de una comisión encabezada por el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que trata, a instancias de Unasur, sentarlos a la mesa de conversaciones cara a cara.
 
La oposición se ha mostrado dividida ante el diálogo, tras varias declaraciones cruzadas entre quienes condicionan el diálogo al referendo, como Capriles, y otros que aseguran que hay que negociar y prefieren no condicionarlo.
 
“La opción del referendo con posibilidad revocatoria no ha estado ni va a estar en ninguna mesa de diálogo” , respondió el mandatario la noche del martes.
 
Proclamando estar “más unidos que nunca” , la MUD pospuso el lunes una reunión en República Dominicana con los mediadores en espera de la reunión con el CNE este martes, tras lo que Unasur la llamó a reincorporarse a las pláticas preliminares.

“Tenemos seis veces más firmas que las necesarias para activar el proceso revocatorio, para pasar la frontera del 1% (cerca de 200 mil)”  del registro electoral, requeridas para activar la consulta, aseguró a la prensa el vocero de la oposición, Jesús Torrealba, luego de una reunión con una autoridad del Consejo Nacional Electoral  (CNE) .

Torrealba indicó que el CNE anunciará el miércoles el procedimiento de ratificación de esas firmas, que debe hacerse en cinco días con máquinas que cotejan la huella dactilar, tras lo cual la oposición deberá recolectar otras cuatro millones de rúbricas  (20% del padrón) para que finalmente se convoque al referendo.

La MUD había entregado al CNE, al que acusa de aliado del gobierno, más de 1.85 millones de firmas el pasado 2 de mayo, pero, según denunció, ha demorado el proceso y utilizado un proceso de verificación para restarle apoyos.  

“A partir de ese proceso de verificación mal hecho, mal instrumentado, y con un software absolutamente irregular lograron rebanarnos 600.000 firmas. Sin embargo, nos quedan más 1.3 millones con las cuales es perfectamente posible pasar a la segunda fase del proceso”, manifestó.

Torrealba aseguró que el CNE usa un “procedimiento de verificación vicioso, absurdo, que tiene errores”  que hace que queden excluidas miles de firmas.

“Esto forma parte de la resistencia que está montando la cúpula corrupta e ineficiente del gobierno para intentar detener, darle lentitud al proceso del referendo revocatorio”, agregó el secretario ejecutivo de MUD.

La oposición está urgida que el referendo sea antes de enero del 2017 -cuando se cumplen cuatro años del mandato presidencial-, pues si Maduro lo pierde se llamará a elecciones. Si la consulta se hace el próximo año sería sustituido por el vicepresidente, nombrado por el gobernante.

Los dirigentes de la MUD fueron recibidos en el CNE por Luis Emilio Rondón, rector afín a la oposición, y no por la presidenta Tibisay Lucena ni las otras tres rectoras, a las que la oposición tilda de chavistas.

Protegidos con escudos, cascos y chalecos antibalas, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana  (PNB) lanzaron gases cuando los manifestantes bloquearon un sector de la estratégica autopista Francisco Fajardo, en el sector de Las Mercedes, en el este de Caracas.

Unos 200 manifestantes, encabezados por el excandidato presidencial Henrique Capriles, llegaron a ese zona, luego de que una enorme barricada de policías bloqueó la marcha de alrededor de mil opositores que trató de llegar desde Bello Monte, en el este, al centro de ciudad, donde está la sede del Consejo Nacional Electoral  (CNE) .

“Cobardes”, “ustedes también están pasando hambre”, “traidores”, “ustedes son pueblo también”, gritaron manifestantes a los uniformados, contra quienes algunos también lanzaron piedras.

La manifestación se realizó antes de que dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) se reúnan a las 19 horas con las autoridades electorales, las que deberán informar la fecha de inicio de la validación de un mínimo de 200 mil -de las 1.8 millones que se presentaron el 2 de mayo- requeridas como primer paso para activar el revocatorio.

“Vamos a esperar la reunión de las tres de la tarde, después veremos. No nos cansemos, la lucha continúa”, declaró a la prensa Capriles, principal promotor del referendo, mientras caminaba junto a seguidores de regreso al comando opositor en el este de Caracas.

La MUD presiona para que el CNE, al que acusa de servir al Gobierno y de demorar el proceso, fije una fecha para la ratificación de las firmas a fin de seguir con el siguiente paso de recolectar cuatro millones de rúbricas necesarias para que las autoridades electorales convoquen a referendo.

“Revocatorio”, “Este gobierno va a caer”, corearon los manifestantes durante su protesta, muchos ataviados con gorras con los colores de la bandera venezolana.

La MUD busca que la consulta sea antes de enero del 2017 -cuando se cumplen cuatro años del mandato presidencial-, pues si Maduro lo pierde se llamará a elecciones.

Si el referendo se hace el próximo año sería sustituido por el vicepresidente, nombrado por el gobernante.

Bajo la consigna “Mi firma sí vale” , la opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) convocó a manifestarse el lunes y martes ante las sedes del Consejo Nacional Electoral  (CNE) , en Caracas y otras ciudades, a todos los que firmaron para pedir que se active el revocatorio.
 
“Esa será la respuesta popular al cinismo de los agentes electorales (…), a los incumplimientos reiterados, al uso del CNE como guarimba burocrática (barricada) para retrasar elecciones” , subrayó la coalición en un comunicado.
 
La MUD llamó a movilizarse luego de que el CNE, al que acusa de responder al gobierno, canceló el jueves una cita clave en que le informaría si cumplió con un mínimo de 200.000 firmas válidas, de las 1,8 millones que presentó para activar el referendo.
 
El encuentro, según la MUD, será el martes pues este lunes se reúne el CNE a puerta cerrada. “Si hay reunión, el pueblo acompañará a sus representantes. Si no la hay, acudirá a reclamarla” , advirtió.
 
La oposición reclama al CNE fechas y procedimientos para proseguir con la ratificación de las firmas con la huella dactilar. Una vez termine la etapa de activación, la MUD debe recoger cuatro millones de rúbricas para que se llame a referendo.
 
La oposición apura el proceso pues si el referendo se hace antes de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del mandato- y Maduro lo pierde, se llamará a elecciones. Si es el próximo año sería sustituido por el vicepresidente, nombrado por el gobernante.

  Efervescencia social

La MUD llamó a salir a las calles pero sus anteriores marchas por el referendo fueron bloqueadas por la policía y, aunque son miles sumando las de todo el país, no son multitudinarias, en parte por el temor al estallido de la violencia como ocurrió en 2014, cuando murieron 43 personas.
 
Más ocupados en resolver el día a día, los venezolanos expresan su malestar por la situación política y económica en las largas filas que hacen para comprar alimentos subsidiados.
 
“Yo me he calado (soportado) dos colas para conseguir arroz y azúcar. En vez de estar peleando tienen que llenar los supermercados” , dijo Eneuris Cantillo, una conserje de 46 años, en una fila en Chacao  (este) .
 
Marco Ponce, de la ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, precisó a  AFP  que en los primeros cuatro meses del año hubo 94 saqueos y 72 intentos.
 
El país petrolero sufre una severa crisis agravada por la caída del precio del crudo -fuente del 96% de divisas- reflejada en una escasez del 80% de productos básicos, según la encuestadora Datanálisis, y una inflación de 180,9% en 2015, la más alta del mundo.
 
 

Diálogo entre divisiones

 
En plena crisis, un grupo de expresidentes y jefes de gobierno encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero  (España) , intenta acercar al gobierno y a la oposición, que ya se reunieron por separado con los mediadores en República Dominicana y volverán a las pláticas en los próximos días.
 
“Hemos solicitado el apoyo debido (…) para sentar a una mesa de diálogo -sin que se paren, sin que rompan las reglas de juego- a la oposición” , dijo Maduro el fin de semana en una cumbre en La Habana.
 
En una aparente señal de voluntad, Rodríguez Zapatero fue autorizado a visitar en prisión el sábado al opositor Leopoldo López, quien cumple una pena de casi 14 años acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida de Maduro.
 
Frente al diálogo, la oposición parece dividida. El excandidato presidencial Henrique Capriles sostiene que permitirá al gobierno “ganar tiempo y lavarse la cara” , pero el jefe del Parlamento de mayoría opositora, Henry Ramos Allup, ve necesario conversar “así una gente se ponga brava” .
 
El analista Luis Vicente León señala que el chavismo está también dividido pues algunos creen que la impopularidad de Maduro “amenaza”  el mantenimiento en el poder, por lo que, a su juicio, el presidente insiste en buscar la cohesión interna advirtiendo de una eventual intervención estadounidense.

“Ratifico (…) que nos vamos a mantener en la mesa de diálogo de República Dominicana y vamos a respetar todo lo acordado (…) y la ruta trazada para que en Venezuela haya diálogo”, dijo Maduro en un acto oficial transmitido por la televisora gubernamental.

Representantes del gobierno venezolano y la oposición se reunieron por separado en Dominicana con el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y con el exgobernante dominicano Leonel Fernández, el panameño Martin Torrijos, para buscar “el marco para un diálogo nacional”, informó la Secretaría General de la Unasur a través de un comunicado.

Maduro pidió “cultivar la tolerancia política”  y llamó a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a ratificar su disposición a dialogar “con serenidad y altura”.

“Tiendo mi mano a esos actores políticos, con todas las diferencias que tenemos y que son profundas” para que “los jefes verdaderos de la MUD no dejen con las sillas vacías a Unasur”  y a los exgobernantes, añadió.

Más temprano el mandatario anunció que demandará judicialmente a la directiva del Parlamento de mayoría opositora por “usurpación de funciones”  y “traición a la patria”, luego de que la disidencia lograra que la Organización de Estados Americanos  (OEA) decidiera tratar la crisis venezolana.

El secretario general del organismo, Luis Almagro, pidió este martes una “sesión urgente” del Consejo Permanente para discutir la situación política e institucional en Venezuela, invocando la Carta Democrática Interamericana.

En respuesta,  Maduro llamó a una rebelión nacional contra la Carta Democrática, y sugirió que Almagro se meta ese documento “donde le quepa”.

La MUD pone como condiciones para el diálogo que se celebre un referendo revocatorio contra Maduro, la libertad de políticos presos, el cese de la judicialización por persecución política y el retorno de los exiliados, según un comunicado.

La oposición acudirá este miércoles al Consejo Nacional Electoral  (CNE), al que acusa de estar al servicio del gobierno, para exigirle que fijen las normas y fechas de los pasos para convocar el revocatorio este mismo año.

La Secretaría General de la Unasur dijo en un comunicado que “en los últimos días” Zapatero, Fernández y Torrijos “por invitación de Unasur sostuvieron reuniones para explorar con las partes el marco para iniciar un diálogo nacional con representantes del gobierno de Venezuela y de la oposición representada por partidos de la Mesa de Unidad Democrática”.

Se resaltó que las reuniones se hicieron “en forma alternativa”, y de las cuales los expresidentes “constataron que existe una voluntad de diálogo de ambas partes” , por lo cual se propuso que haya nuevos contactos para “acordar una agenda que cumpla con los requerimientos de cada una de las partes y un método para el diálogo nacional”.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, se refirió al cónclave indicando en un mensaje de su cuenta en twitter úDrodriguezVen que “esta iniciativa d pdte úNicolasMaduro promueve La Paz, el respeto al Edo d Derecho, y la defensa dla soberanía e integridad territorial”.

La MUD, en un comunicado divulgado este sábado, explicó que dos de las condiciones son “que la crisis venezolana encuentre solución pacífica mediante la consulta democrática al pueblo: Referendo Revocatorio” y la “libertad de los presos, cese de la judicialización por persecución política y retorno de los exiliados”.

El tercer punto de honor para la oposición venezolana es que de parte del gobierno de Nicolás Maduro se “admita la ayuda internacional en medicinas y alimentos para atender con urgencia la crisis humanitaria”, buscando además la “construcción de soluciones a la crisis económica generada por la corrupción oficial y el modelo económico generador de miseria”.

El país petrolero vive una severa escasez de alimentos y medicinas que se agrava desde 2013, la inflación más alta del mundo  (180.9% en 2015 y proyectada por el FMI en 700 para 2016) y altos índices de inseguridad.

La oposición tramita la celebración de referendo revocatorio constitucional contra Nicolás Maduro, pero el gobierno ya ha calificado como inviable el proceso, que según encuestas, sería desfavorable al mandatario chavista.

Acogiendo un llamado del excandidato presidencial Henrique Capriles, los opositores marcharán hacia los tribunales en una veintena de ciudades para rechazar una decisión judicial que restringe las protestas frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral  (CNE) , ante el cual se tramita el revocatorio.
 
“Vamos a decirles que todas las decisiones que están tomando son contra el pueblo y a exigirles que cumplan la Constitución” , dijo Capriles la noche del martes.
 
En Caracas la movilización será hacia la corte que ordenó a la fuerza pública resguardar las instalaciones del CNE de “protestas no autorizadas” , al fallar a favor de un recurso de trabajadores de esa entidad.
 

Arma pacífica

Las movilizaciones son consideradas por la MUD su principal arma de presión para la consulta destinada a sacar del poder a Maduro, elegido por seis años hasta el 2019, y quien considera “inviable”  el mecanismo.
 
“La única alternativa que tiene la oposición para presionar por el referendo es la manifestación pacífica de calle, junto con la presión internacional” , dijo el politólogo y sociólogo Héctor Briceño.
 
La marcha del 10 de mayo reunió a un millar de personas, y una semana después el número se duplicó.
 
Estas modestas cifras llaman la atención considerando que siete de cada diez venezolanos favorece un cambio de gobierno, según la firma Datanális.
 

 Revocatorio “imposible”  en 2016

 
Las movilizaciones se producen en un contexto de malestar social por la severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación proyectada en 700% por el FMI para 2016.
 

 Una hamburguesa cuesta 1 mil 700 bolívares, el equivalente a US$170 al cambio oficial de 10 bolívares por dólar, y una noche de hotel 69 mil bolívares, es decir, US$6 mil 900.

 Por supuesto que ningún comerciante pone precios tomando como referencia la tasa oficial, sino la del mercado negro, en el cual un dólar se cambia por 1 mil bolívares.

Pero también para los venezolanos que ganan en bolívares, las cosas son increíblemente caras debido a la hiperinflación en esta economía altamente dependiente de las importaciones.

 Incluso para la clase media, que se desliza hacia la pobreza, una hamburguesa o una noche de hotel están fuera de su alcance.

 “Todo el mundo está bajando. No podemos respirar” , dice Michael Leal, de 34 años y gerente de una óptica.

 Tiendas clausuradas

En Chacao, un barrio de clase media de Caracas, un grupo de oficinistas hace fila frente a una tienda de víveres para comprar el almuerzo más barato posible. A su alrededor, los restaurantes están vacíos.

Vista por encima, Caracas se parece a cualquier otra ciudad de América Latina, con rascacielos, autopistas de tráfico intenso y peatones que caminan de prisa.

 Pero una mirada un poco más atenta descubre un profundo malestar económico. Muchas tiendas, especialmente de productos electrónicos, bajaron sus cortinas.

“Esto es horrible ahora” , dice Marta González, de 69 años y dueña de una tienda de productos de belleza.

“No hay compras, solo compran comida” , añade la mujer al tiempo que atiende a un cliente que paga con tarjeta de débito un par de afeitadoras desechables. Un cartel pegado en la caja registradora indica “No aceptamos tarjetas de crédito” .

 Filas y filas

En el mismo barrio, un moderno y elegante centro comercial con varios restaurantes con terraza, un espacioso Hard Rock Café y negocios de cadenas internacionales como Zara, Swarovski o Armani Exchange luce desierto, salvo por la presencia de sus aburridos empleados.

En contraste, cerca de 200 personas hacen fila pacientemente para entrar a una farmacia.

No saben exactamente qué van a comprar, pero es la rutina de estos tiempos, hacer fila para tratar de adquirir algún producto de higiene personal de precio regulado, como por ejemplo la crema dental, antes de que se agote, lo que ocurre usualmente en pocos minutos.

“Hacemos esto todas las semanas. No sabemos qué vamos a poder comprar” , dice Kevin Jaimes, vendedor de autopartes de 21 años que espera junto a su familia. “Lo difícil es cuando hay una cola gigante y todo está agotado antes de llegar” , añade.

 Cuando no se logra adquirir los productos de precio regulado en los comercios, la única alternativa es acudir a los revendedores en el mercado negro, que los ofrecen cien veces más caros.

Jaimes vive con su familia, integrada por un total de siete personas, y trata de arreglárselas con un salario de 35 mil bolívares mensuales, en realidad unos US$35

Demasiado poco como para que pueda siquiera plantearse ir una vez al cine del centro comercial, donde la entrada cuesta 8 mil 800 bolívares.

Si consiguiese algún modo para entrar al cine, la cartelera ofrece las mismas películas que se exhiben en Estados Unidos: “Capitán América: civil war” , “El libro de la selva”  y “Angry Birds, la película” .

 Pero una ida al cine y una bolsa de palomitas de maíz son lujos que muy difícilmente pueden permitirse los venezolanos por estos días.

“Nuestro objetivo principal es igualar o superar lo hecho en la Copa América 2011. Es atrevido, pero es el compromiso que queremos asumir” , señaló Dudamel en rueda de prensa.

La vinotinto alcanzó el cuarto lugar en la edición celebrada en Argentina, bajo el mando del estrategia venezolano César Farías, actual técnico del boliviano The Strongest.

Dudamel fijó la meta previo a una serie de amistosos contra una representación de Galicia, Panamá, Costa Rica y Guatemala, que cerrará la fase de preparación de cara a la Copa América Centenario, a disputarse en Estados Unidos del 3 y al 26 de junio.

Para lograrlo, el entrenador apuesta por un “cambio de mentalidad”  y de eso modo revertir la crisis de resultados que le costó el cargo a su antecesor, Noel Sanvicente.

“Tiene que haber un cambio drástico y muy rápido en lo mental” , comentó Dudamel. La vinotino está en el último puesto del clasificatorio sudamericano al Mundial de Rusia 2018, con un punto en seis fechas, mientras que en la Copa América 2015 quedó eliminado en primera fase.

El cuarto lugar de la Copa América 2011 constituye la mejor actuación que ha tenido un seleccionado venezolano en la historia del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Para los amistosos, Dudamel llevará a 31 futbolistas, con una convocatoria encabezada por Tomás Rincón  (Genoa, Italia) , Salomón Rondón  (West Bromwich Albion, Inglaterra) , Roberto Rosales  (Málaga, España) y Oswaldo Vizcarrondo  (Nantes, Francia) .

Entre ellos, el técnico elegirá a los 23 jugadores que integrarán la lista definitiva para la Copa América.

El exportero internacional venezolano espera que la gira sirva para ganar “competitividad” .

“Improvisar no es una palabra que aparezca en nuestro diccionario. Buscaremos lo mejor de cada jugador” , agregó Dudamel. “Lo más importante es que los jugadores se sientan identificados con los objetivos y con las metas que nos estamos trazando” .

El seleccionador vinotinto destacó la gira que realizó el mes pasado para acercar posiciones con varios de los hombres clave del combinado, incluyendo al capitán Tomás Rincón, que cerraron 2015 enfrentados con la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, presidida por Laureano González.

“He notado, después de la gira por Europa, que los legionarios están entusiasmados y con ganas de revertir las adversidades que se han venido presentando” , expresó.

 Venezuela se medirá este viernes a Galicia en La Coruña, España; el 24 de este mes chocará con Panamá, en Ciudad de Panamá; el 27 contra Costa Rica, en San José; y el 1 de junio frente Guatemala, en Miami.

Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana  (FANB) sacar la artillería para prepararse para enfrentar, según él, eventuales agresiones externas, en medio de un aumento de la conflictividad social y de los intentos de la oposición por sacarlo del poder por medio de un referendo revocatorio.

“Este referendo es para generar las condiciones para calentar las calles y justificar un golpe de estado o una intervención extranjera, para eso lo están intentado activar, con muy poco apoyo”, afirmó Maduro la noche del jueves último, en un acto de su partido socialista.

El presidente chavista sostiene que Estados Unidos está planeando una intervención en Venezuela, a solicitud de la “derecha fascista venezolana”, luego de “el golpe de Estado de Brasil” contra Dilma Rousseff.

Los militares venezolanos harán unas maniobras como las que hicieron luego de que el presidente Barack Obama declarara en marzo del 2015 a Venezuela como una “amenaza” a la seguridad de Estados Unidos.

No obstante, esta vez, Maduro decidió que, a los más de 160 mil efectivos de las FANB, se sumen cientos de miles de reservistas y milicianos; algo “sin precedentes”, según el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.

“Este ejercicio no es para causar ninguna alarma en el país”, afirmó Padrino, quien lo justificó señalando que Venezuela “está amenazada” por factores internos y externos que pretenden “quebrantar la revolución”.

“Hacer estos despliegues con la excusa de las amenazas externas es una buena manera de demostrar que se tiene el músculo armado”  y crear “temor en la gente”, declaró el politólogo Benigno Alarcón.

Luego de haber declarado hace una semana un estado de Excepción, Maduro aseguró que no dudará en decretar la “conmoción interior”  -que implicaría restricciones a libertades civiles- si ocurren hechos “golpistas violentos”.

Difícil camino al diálogo

A la tensión política se suma el aumento del malestar social ante la aguda escasez de alimentos básicos y medicinas, y el elevado costo de la vida, pues el país petrolero tiene la inflación más alta del mundo  (180.9% en el 2015) .

Una mediación internacional de expresidentes, a instancias de la Unasur, anunció el jueves que intentará abrir un diálogo nacional ante el agravamiento de la crisis política y económica en Venezuela.

Pero de partida las posturas antagónicas están firmes. Maduro dijo esperar que la comisión de expresidentes haga que la oposición “ceda” en su “actitud golpista”, mientras que ésta advirtió que un proceso serio debe destrabar la vía del revocatorio para el “cambio político”.

El viernes, el vicepresidente parlamentario Enrique Márquez aseguró en una entrevista radial que “el diálogo con acompañamiento internacional debe darse”, aunque advirtió que “la solución a la crisis pasa porque se den las condiciones para realizar el revocatorio”.

Llamando a la prudencia, el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien encabeza la misión internacional en Caracas, consideró que el camino será “largo, duro y difícil”, aunque dijo esperar que pronto se establezca una agenda de negociación.

“¡No soy venado y me están cazando!”

La oposición reclama al Consejo Nacional Electoral  (CNE) , al que acusa de servir al Gobierno, acelerar la revisión de un mínimo de 200 mil firmas -exigidas por ley- de las 1.8 millones que entregó el 2 de mayo para activar el referendo.

“No soy venado y me están cazando, me tengo que cuidar”, manifestó Maduro la noche del jueves, al referirse al revocatorio, el cual -insistió- es una “opción, no una obligación”.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) busca que el revocatorio sea en el 2016 y luego se convoque a elecciones.

Si se hace después del 10 de enero -cuando se cumplen cuatro años del actual mandato- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el mandatario.

“Si el poder electoral dice que no se han cumplido los requisitos, esa opción no va y no la van a imponer con la violencia. Palabra santa, sagrada, la que emita el CNE”, dijo Maduro.

Pero “si dice cumplido el requisito y el próximo año convoca al referendo, el primero que va a salir a decir amén será Nicolás Maduro y la revolución se activaría en la calle a decirle no al referendo golpista”, añadió.

Según la encuestadora Datanálisis, 70% de los venezolanos apoya un cambio de gobierno.

Para revocar el mandato de Maduro, se necesita una votación de más de 7.5 millones de sufragios con los que fue elegido en abril del 2013.

Según Capriles, excandidato presidencial, la fuerza armada venezolana se encuentra “dividida”  entre una “cúpula militar corrupta”  y el resto de los militares, afectados “por la peor crisis económica de nuestra historia” .
 
“Esa cúpula obviamente va a defender a Maduro, porque la caída de Maduro es la caída de ellos también” , consideró.
 
“No quiero decir si tiene altas o pocas posibilidades”  un alzamiento militar, “pero está en el ambiente” , afirmó.
 
“Nosotros no lo queremos. Si nosotros quisiéramos un levantamiento militar, no estaríamos exigiendo un revocatorio” , apuntó.
 
Esta semana, Capriles, principal promotor del referendo revocatorio, emplazó a la fuerza armada a decidir si está “con la Constitución o con Maduro” , al hacer un llamado a desconocer un estado de excepción decretado por el gobernante.
 

“Estoy loco como una cabra, sí. Estoy loco de amor por Venezuela, por la revolución bolivariana, por Chávez y su ejemplo. Sí estoy loco como una cabra, es verdad. Tienen razón. Loco de amor, de pasión por ser leal a Chávez” dijo enérgicamente Maduro durante un discurso ante militantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela  (PSUV) .

El mandatario venezolano dijo que “está loco”  por “decir las cosas que hay que decir”, subrayando que “¡al que le dije traidor, traidor se quedó carajo, para siempre!”, aludiendo al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro.

El diplomático afirmó el miércoles último en una misiva que Maduro se transformará en un “dictadorzuelo” si impide el referendo revocatorio empujado por la oposición, tras lo cual el mandatario venezolano lo tildó de “basura y traidor”.

Ante esa polémica, Mujica  (2010-2015) , quien fue muy cercano al chavismo, aseguró que el mandatario venezolano está “loco como una cabra”.

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien encabeza la misión en Caracas, aseguró que la mediación, a instancias de la Unión de Naciones Suramericanas, intentará sentar a la mesa de negociaciones a Maduro y a la oposición, aunque advirtió que “debemos ser prudentes”.

El líder de la oposición venezolana y gobernador de Miranda (centro), Henrique Capriles, afirmó en una rueda de prensa que “hubo 23 movilizaciones y en cinco hubo problemas”, que atribuyó a sujetos “infiltrados” por orden del gobierno para causar desórdenes en la vía pública

“Ya nos habíamos retirado y me dicen que hubo unos incidentes, todos dirigidos por infiltrados del gobierno” que esperaron a que la dirigencia opositora se retirará de la protesta, indicó el gobernador.

Agregó que “hubo algunos hechos que el gobierno pretenderá utilizar, esconderse detrás de eso” para descalificar las marchas.

La oposición informó de 17 manifestantes detenidos en el estado Nueva Esparta (este), de quema o retención de autobuses de los manifestantes en los estados Barinas y Mérida (suroeste); y de lanzamientos de bombas lacrimógenas y disparos de perdigones en Carabobo (centro).

Capriles explicó que la movilización de este miércoles fue en defensa de la Constitución y el referendo”, y subrayó que se cumplió el objetivo de que el Consejo Nacional Electoral recibiera un documento de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática que relata lo que consideran violaciones del gobierno de Maduro al proceso de convocatoria de la consulta.

Aunque la movilización opositora no pudo alcanzar las oficinas centrales del CNE en el centro de Caracas, la dirigencia de la MUD sí entregó un documento a uno de los cinco rectores principales del CNE, Luis Emilio Rondón, afín a la oposición, quien acudió al lugar y prometió someterlo al plenario del organismo.
El CNE es acusado por la oposición de estar bajo control del chavismo.

Marchan pese a estado de Excepción

Los opositores venezolanos exigieron este miércoles en las calles, entre gases y escaramuzas con la policía, un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, quien puso en vigor un estado de excepción y advirtió que podría incluso decretar una “conmoción interior”.

La protesta, convocada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en 23 ciudades, se convirtió en el primer pulso bajo el estado de excepción que declaró el viernes Maduro para enfrentar la severa crisis económica y cerrar el paso a los intentos por sacarlo del poder. “¡Revocatorio, revocatorio!”, gritaron los manifestantes.

Al final de la jornada de protestas, el presidente advirtió que tiene “listo” un decreto de “conmoción interior” en caso de que se desaten hechos “golpistas violentos”, el cual implicaría restricciones a libertades civiles.

“No lo dudaré para decretarlo si fuera necesario para combatir por la paz y la seguridad de este país”, dijo Maduro, en un acto con seguidores en Guanta, en el estado Anzoátegui (este).

“Han puesto mil trabas, no quieren revisar las firmas y ahorita con estado de excepción nos reprimen”, aseguró a la AFP Mary Olivares, una universitaria de 28 años, en la avenida Libertador.

Temor a un estallido social

Mientras la tensión política sube, en las calles el malestar social aumenta ante la dramática escasez de alimentos básicos y medicinas, y la inflación más alta del mundo (180,9% en 2015 y proyectada por el FMI en 700% para 2016).

“La gente está cansada. La situación está malísima, esto en cualquier momento revienta”, dijo a la AFP Lilimar Carrillo, una enfermera de 39 años, en fila para comprar comida en Guarenas, a 45 km de Caracas, donde el martes hubo una protesta por escasez de alimentos.

Según la encuestadora Datanálisis, 70% de los venezolanos apoya un cambio de gobierno. Para revocar a Maduro, la oposición necesita una votación de más de 7,5 millones con que fue elegido el gobernante en los comicios de abril de 2013.

El estado de excepción, rechazado el martes por el Parlamento dominado por la oposición, contiene medidas para enfrentar la crisis económica y autoriza “operativos especiales de seguridad”, en el marco del cual 519 oficiales, solados y milicianos harán ejercicios militares los próximos viernes y sábado.

“No queremos que haya un desangre ni un golpe de Estado”, declaró durante la concentración el presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, al abogar por “una solución pacífica” a la crisis política.

Año crucial

El CNE finalizará el 2 de junio la auditoria de las firmas. De ser aceptadas, los firmantes tendrán que revalidar su apoyo con la huella dactilar. Luego, la MUD debería reunir cuatro millones de firmas en tres días para convocar al referendo.

La oposición quiere el referendo este año, pues si se hace después del 10 de enero próximo -cuando se cumplen cuatro años del actual mandato- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el mandatario. Si se realiza antes, se debe convocar a elecciones.

“El referendo se puede hacer este año y ustedes lo saben. Evitemos un estallido”, afirmó el líder opositor Henrique Capriles, quien junto a Ramos Allup encabezó la movilización en Caracas.

El vicepresidente venezolano, Aristóbulo Istúriz, llamó a la oposición a que “esperen” las elecciones de 2018 si quieren relevar a Maduro.

Para el presidente, la consulta no tiene “viabilidad” porque hubo un intento de “fraude en las firmas presentadas”.

Maduro sostiene que la oposición quiere justificar una intervención de Estados Unidos, para lo que busca provocar violencia, propagar la idea de que Venezuela enfrenta una “crisis humanitaria” y hace lobby en el exterior y en foros como la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Negar la consulta al pueblo, negarle la posibilidad de decidir, te transforma en un dictadorzuelo”, manifestó este miércoles el secretario general de la OEA, Luis Almagro. En respuesta, Maduro lo llamó “basura”.

El Congreso, controlado por la oposición,  consideró que el decreto “profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático que padece Venezuela”, y además “representa un franco abandono de la Constitución por parte del Presidente de la República”.

El parlamento, con la mayoría que le da el voto opositor, también aprobó “instar a la ONU, OEA, Mercosur y Unasur para que contribuyan, junto a esta Asamblea nacional y al pueblo de Venezuela, a poner freno al desmantelamiento de la democracia y el Estado de Derecho que está siendo llevado a cabo por el Presidente de la República y las instituciones que están a su servicio”.

El gobierno venezolano emitió el lunes un decreto de estado de Excepción con el que Maduro se otorga amplios poderes para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder.

El decreto, que entró en vigencia el pasado viernes por 60 días, autoriza al Ejecutivo a adoptar decisiones para asegurar a la población el “disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno”  y disminuir los efectos de fenómenos climáticos que afectan la generación eléctrica y el acceso a los alimentos, señala el texto.

Entre las justificaciones, la ordenanza indica que la oposición pretende el “desconocimiento de todos los poderes públicos”  y promueve la “interrupción del período”  de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.

La Asamblea Nacional venezolana, que está facultada por la Carta Magna para validar o negar los estados de excepción decretados por el Jefe de Estado, ya había rechazado una emergencia económica y su prórroga en los últimos meses, que no obstante fue aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia, una decisión que la oposición consideró como ilegal de parte de una corte que califica al servicio del Gobierno.

Venezuela vive una crisis económica con gran malestar social, causado por la escasez de más de dos tercios de los productos básicos, una inflación de tres dígitos, y el derrumbe del PIB a -5.7% en el 2015.

“Le digo a la Fuerza Armada: aquí está llegando la hora de la verdad, de decidir si usted está con la Constitución o usted está con Maduro. Esa será una decisión que le corresponderá a la Fuerza Armada Nacional tomar”, dijo Capriles, durante una rueda de prensa.

El gobierno venezolano emitió el lunes un decreto de estado de excepción con el que Maduro se otorga amplísimos poderes para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder.

Capriles, quien encabeza el pedido de referendo revocatorio contra Maduro por parte de la oposición, consideró que esta orden del presidente venezolano “es absolutamente nula, este es un decreto inconstitucional. Y Maduro no está por encima de la Constitución”.

Capriles incluso retó al presidente a que si quiere aplicar su decisión “que vaya preparando los tanques de guerra, que vaya sacando los aviones de guerra y los tanques a la calle, porque tendrá que aplicarlo por la vía de la fuerza”.

El decreto, que entró en vigencia el pasado viernes por 60 días, autoriza al Ejecutivo a adoptar decisiones para asegurar a la población el “disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno”  y disminuir los efectos de fenómenos climáticos que afectan la generación eléctrica y el acceso a los alimentos, señala el texto.

Entre las justificaciones, la ordenanza indica que la oposición pretende el “desconocimiento de todos los poderes públicos”  y promueve la “interrupción del período”  de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.

“Si la Asamblea Nacional rechaza este decreto muy probablemente nos tocará a nosotros los venezolanos, si se insiste en la vigencia de este decreto, de hacer caso omiso a este decreto”, dijo Capriles en una entrevista radial.

La mayoría opositora en el Legislativo debatirá el martes la medida, con la que Maduro se otorga amplios poderes para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder.

La Asamblea tratará el decreto, como ordena la ley, aunque se da por descontado que lo rechazará, con lo cual la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) , al que la oposición acusa de ser un apéndice del Gobierno.

“Todos los actos que consideramos que son nulos al violentar la Constitución (…) por este decreto no los atendamos”, señaló Capriles.

El gobernador del estado Miranda reiteró su convocatoria a una movilización el miércoles hacia la sede central del Consejo Nacional Electoral  (CNE) en Caracas, para exigirle celeridad en la validación de unas firmas presentadas para activar el revocatorio.

Aunque el decreto no precisa restricciones al derecho de protesta y reunión, habilita al gobierno a “ejecutar planes especiales de seguridad que garanticen el sostenimiento del orden público”.

El oficialismo anunció que negará el permiso a esa marcha, lo que pondría a prueba el estado de Excepción.

Capriles, que lidera la propuesta de revocatorio, perdió por un estrecho margen la elección presidencial del 2013 contra Maduro, a quien llama “ilegítimo”.

La oposición quiere realizar el referendo este año, pues si se lo hace después del 10 de enero del 2017 -cuando se cumplen cuatro años del actual mandato presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el mandatario.

El decreto, vigente desde el pasado viernes por 60 días y publicado este lunes, faculta al mandatario a dictar las “medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes” .
 
Entre las justificaciones, el texto indica que la oposición -mayoritaria en el Parlamento- pretende el “desconocimiento de todos los poderes públicos”  e impulsa la “interrupción del período”  de Maduro, en alusión al “referendo revocatorio” que promueve en su contra.
 
También alude a un vínculo entre opositores y grupos criminales “financiados desde el exterior”  para generar “problemas de orden público”  que “justifiquen una intervención de poderes extranjeros” .
 
EL lunes, Estados Unidos expresó preocupación por las “terribles”  condiciones de vida de los venezolanos, y pidió a Maduro escuchar a sus críticos so pena de profundizar la crisis.
 
“Las condiciones de la población venezolana son terribles” , dijo el portavoz del gobierno de Barack Obama, Josh Earnest.
 
Aunque el decreto no precisa restricciones al derecho de protesta y reunión, habilita al gobierno para “ejecutar planes especiales de seguridad que garanticen el sostenimiento del orden público” .
 

“Pueblo contra pueblo”

Creados en abril, los CL AP  entregan bolsas de alimentos puerta a puerta, a través de una “tarjeta de abastecimiento”  disponible para beneficiarios de programas sociales.
 
La decisión de adjudicarles tareas de vigilancia fue criticada por el reconocido activista de derechos humanos Marino Alvarado, quien sostuvo que “abre el camino para un enfrentamiento pueblo contra pueblo” .
 
“Poner a civiles a ejercer control social promueve la violencia política porque estos grupos ahora están autorizados para reprimir el creciente descontento social” , añadió.
 
Para reactivar la producción , el articulado también prevé la “asignación directa de divisas” , en fuerte sequía por el desplome de los precios del petróleo, “sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros poderes públicos” .
 
Mientras que para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, el gobernante socialista también queda facultado para ajustar la jornada laboral en el sector privado, y no solo en el público, donde ésta se redujo a dos días a la semana, hasta el 27 de mayo, para ahorrar energía.
 
El gobierno ya aplica un plan de racionamiento en casi todo el país.

Estado de Excepción a prueba

 
En la primera medida bajo el “estado de Excepción”, Maduro llamó el sábado a los consejos comunales  (base de los CLAP) a tomar las fábricas paradas.
 

La medida, que entró en vigencia el pasado viernes por 60 días, autoriza al Ejecutivo a adoptar decisiones para asegurar a la población el “disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno”  y disminuir los efectos de fenómenos climáticos que afectan la generación eléctrica y el acceso a los alimentos, señala el texto.

Entre las justificaciones, la ordenanza indica que la oposición pretende el “desconocimiento de todos los poderes públicos”  y promueve la “interrupción del período”  del presidente Nicolás Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.

El decreto ordena a la Fuerza Armada Bolivariana y demás órganos de seguridad “garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad”.

Maduro fue más allá en las facultades a esos colectivos, al atriburirles “funciones de vigilancia y organización”, cojuntamente con la Fuerza Armada y la Policía, “para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país” .

Esta medida en particular fue criticada por el reconocido activista de derechos humanos Marino Alvarado, quien sostuvo que “abre el camino para un enfrentamiento pueblo contra pueblo”.

“Poner a civiles a ejercer control social promueve la violencia política porque estos grupos ahora están autorizados para reprimir el creciente descontento social”, añadió.

El articulado también prevé definir rubros prioritarios para las compras del Estado y la “asignación directa de divisas”, en fuerte sequía por el desplome de los precios del petróleo.

Para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, el gobernante socialista también queda facultado para ajustar la jornada laboral en el sector privado, y no solo en el público, donde ésta se redujo a dos días a la semana, hasta el 27 de mayo, para ahorrar energía.

El gobierno ya aplica un plan de racionamiento de cuatro horas diarias en casi todo el país.

Estado de Excepción a prueba

Pero las señales de radicalización van más allá del mandatario socialista, cuya gestión reprueba el 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro.
 
El vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, desestimó el domingo la posibilidad de que el heredero político del fallecido Hugo Chávez  (1999-2013) sea revocado mediante un referendo.
 
“Aquí no va a haber referendo. Ellos saben que no va a haber referendo porque primero lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude” , dijo Istúriz aludiendo a las firmas entregadas por la oposición para que se active el proceso.
 
“Tendrán que matarnos a todos nosotros antes de darnos un golpe parlamentario” , advirtió en referencia a que la oposición controla ampliamente el Legislativo desde enero.
 
El “estado de Excepción” se pondrá a prueba el próximo miércoles, cuando la oposición tiene previsto marchar hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral  (CNE) en todo el país en exigencia de que se cumplan los plazos para que el revocatorio se haga este año.
 

 ¿Más leña al fuego?

 
El titular del Parlamento, Henry Ramos Allup, un experimentado dirigente opositor, denunció el domingo por Twitter que Maduro y la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, se reunieron el martes recién pasado y acordaron posponer el referendo para febrero del 2017.
 
Según la firma Datanálisis, siete de cada 10 venezolanos quiere un cambio de gobierno, mientras que 97% considera que “su vida ha empeorado” .
 
Aun cuando la oposición asegura que el estado de excepción es ilegal, pues debe ser validado por el Parlamento, el gobierno podría buscar el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) , al que la MUD acusa de ser otro apéndice del Ejecutivo.
 
Desde hace varios días, Ramos Allup viene advirtiendo que el TSJ se dispone a destituir a la directiva del Legislativo por desacato a una modificación del reglamento interno y de debate de la cámara, lo que añadiría más leña al fuego.
 
Mediante una controvertida sentencia, el TSJ ya eliminó las facultades de control de la Asamblea sobre los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, y anuló una ley de amnistía para disidentes presos y otra de vivienda aprobadas por la mayoría opositora.

Capriles confirma manifestarán el miércoles

El excandidato presidencial Henrique Capriles, uno de los principales impulsores del revocatorio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el domingo la convocatoria a una movilización nacional el próximo 18 de mayo para exigir celeridad en el trámite del referendo.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) convocó a los opositores a movilizarse en las distintas sedes del Consejo Nacional Electoral del país “exigiendo respeto a la Constitución y cumplimiento Reglamento Revocatorio”, indicó Capriles en un mensaje en Twitter.

La confirmación del opositor se da luego de que el alcalde del municipio Libertador de Caracas, el chavista Jorge Rodríguez, asegurara que no permitirá que los opositores lleguen a su jurisdicción, donde se encuentra la principal sede electoral de ese país.

Esta sería la tercera movilización convocada por los opositores para presionar al Poder Electoral a que cumpla con celeridad el cronograma para la activación del referendo.

Las dos anteriores no lograron llegar hasta la sede, e incluso la primera acabó luego de que un fuerte cordón de seguridad, que protegía el acceso al municipio Libertador, dispersara a los opositores.

El plan de la oposición para esta ocasión es, según indicó Capriles, movilizar a todo el país para que el reclamo por el revocatorio “se sienta”  en todo el territorio.

El reclamo de estos es que el CNE empiece cuanto antes el trámite de verificación de las casi dos millones de firmas entregadas el pasado 2 de mayo a las autoridades como respaldo del revocatorio presidencial, un paso fundamental para que el Poder Electoral inicie el proceso y que, según las autoridades, no se iniciará hasta, al menos, el 2 de junio.

Capriles advirtió a Maduro que el país es “una bomba”  que en cualquier momento puede estallar si las autoridades no permiten que ese proceso se celebre este año.

Maduro, cuya gestión reprueban siete de cada 10 venezolanos, según la firma Venebarómetro, dispuso el sábado último la intervención de las plantas paradas y encarcelar a los empresarios que, según él, intentan desestabilizar así al Gobierno, en la primera medida bajo el estado de Excepción que regirá por tres meses y que, dijo, será prorrogado sucesivamente hasta el 2017.

Venezuela está sumida en una honda crisis agravada por el desplome del ingreso petrolero, con la inflación más alta del mundo  (180.9% en el 2015) y una caída del PIB de 5.7% el año pasado.

En el país con las mayores reservas de crudo del mundo y dependiente de las importaciones, la debacle significa la escasez de más de dos tercios de los alimentos básicos y las medicinas, a lo que se suman los cortes cotidianos de agua y luz, y una violencia galopante.

“¡Planta parada, planta entregada al pueblo! (…) Ustedes me van a ayudar a recuperar todas las plantas paralizadas por la burguesía”, lanzó Maduro ante miles de partidarios.

Se espera que el decreto firmado el viernes último  -y que amplió una emergencia económica vigente desde enero- se publique el lunes.

En la mira 25% del parque industrial

Cuatro plantas cerveceras de Polar -la mayor productora de alimentos y bebidas del país- están en la mira, luego de que el pasado 30 de abril cesaran operaciones por falta de divisas para importar insumos, dentro del severo control de cambios impuesto en el 2003.

Polar cubre 80% del mercado cervecero, y sus marcas prácticamente desaparecieron de los expendios, tras lo cual los precios de la competencia se duplicaron en un par de semanas.

El gobernante socialista acusa al presidente del grupo empresarial, Lorenzo Mendoza, de estar a la cabeza de una “guerra económica”  para generar desabastecimiento y provocar su caída.

Pero no solo Polar podría ser intervenida, considerando que los empresarios venezolanos aseguran trabajar al 43.8% de su capacidad instalada por deudas con proveedores internacionales, falta de insumos y un severo control de precios que afecta la estructura de costos.

“Estamos hablando de un 25% de todo el parque industrial venezolano” que no cuenta con divisas para reactivar operaciones y podría ser afectado por la medida, advirtió el domingo el diputado opositor y economista José Guerra.

El legislador aseguró que esta medida es “el camino hacia el desastre”  y contraerá más las economía.

“Tal parece que la decisión oficial es dejar morir a la industria nacional con el consecuente empobrecimiento de los venezolanos”, indicó por su parte Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Confederación Venezolana de Industrias  (Conindustria).

Pero detrás también estarían grupos económicos que apoyan al gobierno y buscarían “quedarse con los activos”  bajo la promesa de ponerlos a producir, añadió.

Contener la presión por revocatorio

Maduro también ordenó realizar el próximo sábado ejercicios militares para afrontar lo que denunció como una amenaza externa -refiriéndose a Estados Unidos-, en la que justifica el estado de excepción.

Analistas consideran que el estado de Excepción es parte de la estrategia del mandatario para evitar la realización, este año, de un referendo revocatorio que impulsa la opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) .

“El gobierno estaría jugando a montar el marco legal para liberar las manos de los militares y poder reprimir”  un reclamo en las calles a favor del revocatorio, señaló Alarcón, recordando que estas medidas suelen restringir el derecho de protesta y autorizan detenciones preventivas sin orden judicial.

Según una reciente encuesta de la firma Datanálisis, 70% de los venezolanos apoya un cambio de gobierno.

En lo que reconoció como una “bofetada”, Maduro sufrió en diciembre pasado una aplastante derrota cuando la oposición se hizo por primera vez con el control del Parlamento en 17 años de era chavista.

“La oposición sabe que la protesta es el único mecanismo para escalar la presión, y el gobierno necesita detener esa tendencia”, añadió.  

“Maduro ha interpretado que la movilización de la gente en la calle va a obligar a la realización del referendo en el 2016, así que desmovilizándola puede maniobrar para posponerlo hasta el 2017”, dijo la experta en temas de seguridad Rocío Sanmiguel.

La MUD se encuentra a la espera de que el Consejo Nacional Electoral  (CNE) valide las firmas que presentó para pedir la activación del revocatorio, primera etapa de un largo proceso que se podría extender hasta fines de año.

La oposición quiere realizar la consulta en el 2016, pues si se la hace después del 10 de enero del 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.

En paralelo, la oposición alertó sobre un estallido social en caso de que el gobierno o el Consejo Nacional Electoral  (CNE) bloqueen la consulta que abriría el camino a nuevas elecciones.
 
“En el marco de ese decreto vigente (…) tomemos todas las acciones para recuperar el aparato productivo que está siendo paralizado por la burguesía (…) y quien se quiera parar para sabotear el país que se vaya, y el que lo haga hay que ponerle los ganchos”  y ponerlo preso“, dijo Maduro ante miles de partidarios en el centro de Caracas.

La medida podría implicar la toma de cuatro plantas cerveceras de Polar -la mayor productora de alimentos y bebidas del país- que están paralizadas desde el 30 de abril por la falta de acceso a divisas para importar insumos -según la compañía-, dentro del severo control de cambios impuesto en 2003.

Mientras, en una concentración que reunió a unas mil personas, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) advirtió sobre el riesgo de un bloqueo al referendo.

” Si ustedes trancan la vía democrática, nosotros no sabemos que puede pasar en este país. Venezuela es un bomba que en cualquier momento puede explotar. Y por lo tanto convocamos a todo el pueblo para que se movilice por el revocatorio“, afirmó el dirigente Henrique Capriles.

La oposición, que controla el Parlamento, exigió que el CNE cumpla los plazos legales y realice el referendo este año.

Las movilizaciones ocurrieron luego de que el viernes Maduro firmó un decreto de ” estado de excepción y de emergencia económica“contra la ” agresión externa“que, aseguró, se cierne sobre su país. El texto aún no fue publicado.
 

Maniobras de EE. UU.

El mandatario socialista denunció que ” se están activando medidas desde Washington, pedidas y promovidas por factores de la derecha fascista venezolana, envalentonados por el golpe de Estado de Brasil“contra Dilma Rousseff.

A su juicio, Estados Unidos urde esas maniobras para ” acabar con las corrientes progresistas en América Latina“.
Pero no ahondó en tales acciones, si bien denuncia a menudo planes de intervención de Estados Unidos como lo hizo en numerosas ocasiones su predecesor Hugo Chávez (1999-2014).

Maduro amplió así los alcances de un decreto de emergencia económica vigente desde enero y que expiraba este sábado.

El presidente enfrenta una severa crisis económica, reflejada en una inflación voraz (180,9% en 2015) y severa escasez de bienes básicos, a lo que se suman racionamientos de agua y electricidad.

Maduro -cuya gestión reprueba un 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro- no detalló si el decreto de excepción restringirá derechos civiles.

Según el periódico “The Washington Post”, funcionarios del servicio de inteligencia estadounidense estiman que el gobierno de Venezuela podría ser derrocado este año por una insurrección popular.
 

Desarticular la protesta

” Maduro ha interpretado que la movilización de la gente en la calle va a obligar a la realización del referendo en 2016, así que desmovilizándola puede maniobrar para posponerlo hasta el 2017“, dijo a la AFP la analista y experta en temas de seguridad Rocío Sanmiguel.

Añadió que Maduro podría optar por el ” estado de conmoción interna y externa“, una de las formas más radicales del estado de excepción, lo que limitaría el derecho de protesta y reunión y autorizaría detenciones preventivas y allanamientos sin orden judicial.

Para el sociólogo Héctor Briceño, la medida apunta al ” control de la protesta“, pues por primera vez en la era chavista podrían coincidir el malestar social y político.

” El momento donde se da esa articulación será el día que digan que no se puede hacer el referendo este año“, declaró a la AFP.

Al dictar el decreto, Maduró fustigó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien sostiene que no realizar la consulta este año constituiría el ” peor acto de corrupción política”.
 
La MUD está a la espera que el CNE -al que acusa de servir al gobierno- valide las firmas que entregó el 2 de mayo para pedir la activación del revocatorio.
 
Si la auditoría es exitosa, la MUD debería recaudar luego cuatro millones de firmas para que se convoque el referendo.
 
La oposición quiere realizar la consulta este año, pues si se la hace después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.

Los opositores se concentrarán en una avenida del oeste de la capital, donde dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) anunciarán acciones para que el Consejo Nacional Electoral  (CNE) cumpla los plazos legales y realice la consulta este año.
 
Por su parte, el oficialismo marchará hasta la Plaza Diego Ibarra  (centro de Caracas) , donde Maduro prevé anunciar nuevas medidas para enfrentar la severa crisis económica, reflejada en una inflación voraz  (180,9% en el 2015) y severa escasez de bienes básicos.
 
La MUD llamó este sábado por Twitter a manifestar “para que el CNE asuma su rol y no proteja a un gobierno corrupto”  y “exigir que se respete la Constitución” .
 
Las movilizaciones se producen luego de que el viernes Maduro, en una cadena televisiva, firmó un decreto de “estado de excepción y de emergencia económica”  contra la “agresión externa”  que, aseguró, se cierne sobre su país.
  

Maniobras de EE.UU.

El mandatario denunció que “se están activando medidas desde Washington, pedidas y promovidas por factores de la derecha fascista venezolana, envalentonados por el golpe de Estado de Brasil”  contra “Dilma Rousseff”.
 
A su juicio, Estados Unidos urde esas maniobras para “acabar con las corrientes progresistas en América Latina” .
 
Maduro amplió de este modo los alcances de un decreto de emergencia económica vigente desde enero y cuya prórroga de dos meses expiraba este sábado.
 
Este nuevo decreto es “más completo, más integral, de protección de nuestro pueblo, de garantía de paz, de garantía de estabilidad, que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio, y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el 2016 y seguramente durante el 2017, recuperar la capacidad productiva” , añadió.
 
Maduro -enfrentado a una severa crisis económica y cuya gestión reprueba un 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro- no detalló si la medida implicará restringir derechos civiles.
 
Según el periódico “The Washington Post”, funcionarios del servicio de inteligencia estadounidense estiman que el gobierno de Venezuela podría ser derrocado este año por una insurrección popular.
 
“Se puede oír el crujido del hielo. Se sabe que llega una crisis” , comentó un funcionario de inteligencia citado este viernes por el diario.
 
Estados Unidos estima tener poca influencia en lo que sucede en Venezuela y sobre todo teme que ese país colapse, según “The Washington Post”, que cita a funcionarios que hablaron en condición de anonimato.
 
Al dictar el decreto, Maduró criticó un encuentro que sostuvieron el viernes dirigentes opositores con el secretario general de la Organización de Estados Americanos  (OEA) , Luis Almagro, durante un foro en Miami.
 
Allí, Almagro dijo que el referendo revocatorio debe realizarse antes de diciembre, y planteó la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana para debatir el estado de la democracia venezolana en la OEA.
 
No realizar la consulta este año constituiría el “peor acto de corrupción política” , advirtió el secretario.

  ¿Restringir garantías?

 
El diputado opositor Tomás Guanipa denunció que el “estado de Excepción” busca “desestabilizar el país e impedir el revocatorio” .
 
Mientras, el constitucionalista José Ignacio Hernández señaló que, si bien la emergencia económica es una de las formas del “estado de Excepción”, con el nuevo decreto “parece que se restringirán otras garantías constitucionales” .
 
El pasado 2 de mayo, la MUD entregó al CNE 1,8 millones de firmas para pedir la activación de un revocatorio contra Maduro, nueve veces más el número de rúbricas exigido como requisito.
 
La auditoría de esas firmas concluirá el 2 de junio, y si ajusta a la norma, el CNE convocará a unos 200 mil interesados a validar su rúbrica con la huella dactilar. Luego, la MUD debería recaudar cuatro millones de firmas para que se convoque el referendo.
 
La oposición espera realizar la consulta a más tardar a finales de este año, pero el oficialismo sostiene que los plazos legales no lo permitirán.
 
Este aspecto es crucial, pues si el referendo se realiza después del 10 de enero del 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.

En una cadena de radio y televisión, Maduro firmó la noche del viernes un decreto de “estado de excepción y de emergencia económica” para “neutralizar y derrotar la agresión externa” que, aseguró, se cierne sobre su país.

Acompañado del gabinete ministerial en el palacio de gobierno, el mandatario socialista amplió de este modo los alcances de un decreto de emergencia económica vigente desde enero y cuya prórroga de dos meses expiraba este sábado.

Este nuevo decreto es “más completo, más integral, de protección de nuestro pueblo, de garantía de paz, de garantía de estabilidad, que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio, y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente durante el año 2017, recuperar la capacidad productiva”, añadió.

Maduro -enfrentado a una severa crisis económica y cuya gestión reprueba un 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro- no detalló si la medida implicará restringir derechos civiles.

El gobernante dictó el decreto al criticar un encuentro que sostuvieron el viernes dirigentes opositores con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

En un foro en Miami, el jefe del organismo hemisférico dijo que el referendo revocatorio debe realizarse antes de diciembre, y planteó la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana para debatir el estado de la democracia venezolana en la OEA.

Si la consulta no se realiza este año “se estaría afectando la posibilidad del pueblo de expresarse”, afirmó el diplomático, subrayando que ello constituiría el “peor acto de corrupción política”.

La declaratoria del Estado de excepción fue respaldada de inmediato por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y la canciller Delcy Rodríguez.

“Hermano presidente Nicolás Maduro, cuente con nuestro apoyo al decreto de Estado de Excepción para enfrentar las amenazas contra la Patria”, escribió Cabello en Twitter.

La canciller expresó en la misma red social que la medida pretende “defender a Venezuela de los golpistas”.
En cambio, el diputado opositor Tomás Guanipa consideró que la ordenanza busca “desestabilizar el país e impedir el revocatorio”.

¿Restringir garantías?

El jueves, Maduro había anunciado la ampliación del decreto para impedir que la oposición venezolana -que controla el Parlamento- ejecute un golpe de Estado en su contra a la manera como, según él, se lo hizo en Brasil con Dilma Rousseff.

Debido a la separación del cargo de Rousseff para ser sometida a un juicio político, el presidente venezolano llamó a consultas a su embajador en Brasilia.

Maduro acusa a Estados Unidos de estar detrás de una maniobra para “acabar con las corrientes progresistas en América Latina”.

El constitucionalista José Ignacio Hernández señaló que, si bien la emergencia económica es una de las formas del estado de excepción, con el nuevo decreto “parece que se restringirán otras garantías constitucionales”.

La medida coincide con una nueva jornada de movilizaciones este sábado en Caracas, en el marco de la cual la oposición exigirá que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumpla los plazos para que el revocatorio se haga este año.
Maduro, por su parte, liderará un mitin en el que anunciará otras medidas frente a la crisis, reflejada en una alta inflación (180,9% en 2015) y severa escasez de bienes básicos.

El pasado 2 de mayo, la MUD entregó al CNE 1,8 millones de firmas para pedir la activación de un revocatorio contra Maduro, nueve veces más el número de rúbricas exigido como requisito.

La auditoría de esas firmas concluirá el 2 de junio, y si ajusta a la norma, el CNE convocará a unos 200.000 interesados a validar su rúbrica con la huella dactilar. Luego, la MUD debería recaudar cuatro millones de firmas para que se convoque el referendo.

La oposición espera realizar la consulta a más tardar a finales de este año, pero el oficialismo sostiene que los plazos legales no lo permitirán.

Este aspecto es crucial, pues si el referendo se realiza después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.

Los uniformados de la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) bloquearon el paso en las rutas que llevan a la sede principal del CNE en Caracas, en uno de cuyos sectores incluso lanzaron algunos gases lacrimógenos, aunque sin mayores incidentes, constataron periodistas de la AFP.

Los gases alcanzaron al gobernador y excandidato presidencial Henrique Capriles, denunció la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Reprimieron con bombas lacrimógenas y perdigones la marcha convocada hasta el CNE, y agredieron” a Capriles, señaló un reporte de la MUD.

Los gases frenaron el avance de los opositores, tras lo cual policías y militares formaron una barricada que los obligó a volver al punto de partida en Bello Monte (este).

“El pueblo quiere cambio, sus trampas sólo fortalecen nuestra determinación”, expresó Capriles, quien, portando una gran bandera de Venezuela, encabezó la marcha en Caracas.

“El gobierno es tan cobarde que le tiene miedo al pueblo, no permiten que avancemos (…) No queremos mostrar ningún vestigio de violencia, es una marcha por la paz”, declaró el jefe de la bancada parlamentaria de la MUD, Julio Borges.

En otros estados, como Zulia (noroeste), los agentes de la GNB también trancaron las calles para impedir que los manifestantes llegaran a la sede regional del órgano electoral.

Once estaciones del metro fueron cerradas en prevención de incidentes en Caracas, según reportes de vecinos y la prensa local. En el centro, distante de las marchas de los opositores, otros miles de chavistas marchaban contra una ley de vivienda aprobada por la oposición.

El 3 de mayo recién pasado, la MUD entregó 1,8 millones de firmas al CNE para pedir la activación del referendo, aunque la ley exige poco menos de 200 mil (1% del padrón electoral), y el lunes vencía el plazo para que el CNE contabilizará ese mínimo.

La oposición exige que el CNE continúe el siguiente paso del proceso y convoque a los firmantes a validar sus rúbricas con la huella dactilar, lo cual debe hacerse en un lapso de cinco días.

Ni las firmas ni los tiempos

Las acciones de las fuerzas de seguridad obligaron al repliegue de los manifestantes opositores, mientras que en el centro, distante de ellos, otros miles de chavistas marchaban contra una ley de vivienda aprobada por el Parlamento de mayoría opositora, pasando incluso cerca del CNE.

La oposición exige que el CNE continúe el siguiente paso del proceso y convoque a los firmantes a validar sus rúbricas con la huella dactilar, lo cual debe hacerse en un lapso de cinco días.

Una vez que sean validadas esas firmas, la MUD deberá recolectar otras cuatro millones de rúbricas, en tres días, para que el referendo sea convocado. Para revocar a Maduro el “Sí”  debería lograr más de los 7,5 millones de votos con los que fue elegido.

“El gobierno es incapaz de solventar los problemas que enfrentan los venezolanos, de escasez y desabastecimiento (…) Se empeña en no reconocer la realidad, amparándose en el control que tiene sobre los poderes públicos” , afirmó el vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez.

 La crispación entre opositores y chavistas aumenta porque el CNE no se ha pronunciado hasta ahora sobre la primera fase de revisión de las planillas, hecha con testigos de la oposición y el oficialismo.

Jorge Rodríguez, expresidente del CNE y titular de la comisión veedora designada por Maduro, acusó el lunes a la oposición de cometer “fraude” , pues según él “más del 11% de las planillas”  que contienen las firmas “están incompletas” .

“No les dan ni las firmas ni los tiempos” , sentenció Rodríguez, al considerar que el referendo no podría realizarse este año.

“Yo sé que hay venezolanos que firmaron (…), pero también sé positivamente, ahora estoy seguro, que cometieron fraude a la ley, alteraron los requisitos”, dijo en conferencia de prensa Jorge Rodríguez, titular de una comisión designada por Maduro para monitorear el proceso.

Rodríguez señaló que “más del 11% de las planillas” que contienen las firmas y que fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral  (CNE) el pasado 3 de mayo “están incompletas” .

“Se están empezando a ver firmas sin huella, nombres sin cédula y, otra vez, muertos firmando. No hablamos si no tenemos conocimiento de lo que realmente está ocurriendo”, indicó.

El funcionario se refería a los 1.8 millones de firmas que entregó la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) al organismo electoral para pedir la activación del referendo. La MUD debía aportar poco menos de 200 mil.

Este lunes vencía el plazo legal para el conteo de las firmas. Si el CNE considera que se cumplió el requisito, convocará a los interesados a validar sus rúbricas con la huella dactilar, para lo cual establece un lapso de cinco días.

Rodríguez sostuvo que en los documentos entregados por la MUD hay firmas de personas nacidas en 1908 y 1915, lo que vinculó con un posible intento por engañar a las autoridades.

Además, consideró que el tiempo que demanda el proceso de revocatorio hace inviable que se realice este año.

Esta cuestión es sensible para la MUD, pues si la consulta se celebra después del 10 de enero del 2017, y Maduro pierde, los dos años que le restarán de mandato los terminará el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.

“Ellos saben que es imposible que se realice un referendo revocatorio este año”, aseveró Rodríguez, citando declaraciones del excandidato presidencial Henrique Capriles, en las cuales, según el funcionario gubernamental, admitía esa posibilidad si el proceso no se activaba a más tardar en marzo pasado.

Para convocar el referendo, la oposición deberá recolectar cerca de cuatro millones de firmas en tres días. En tanto, el “sí” debería lograr más de los 7.5 millones de votos con los que fue elegido Maduro en el 2013.

“Lo que está detrás de esta operación (…) es buscar la excusa para que se desborde la violencia”, denunció el comisionado presidencial.

“Vamos a tener acceso a todas las listas. Firma falsificada, demanda asegurada”, advirtió Maduro la noche del martes en su programa de televisión semanal, al afirmar que la comisión que nombró para defenderlo verificará cada rúbrica.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al gobierno, aún no explica el procedimiento de verificación, pero según la ley deberá revisar en cinco días las listas y luego llamar a los firmantes a ratificar su apoyo con la huella digital en otros cinco días.
Eufórica, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo haber recogido en pocos días 2,5 millones de firmas para activar el revocatorio, de las cuales entregó 1,85 millones, cuando sólo tenía que entregar 195.721 (1% del padrón electoral).
El jefe de la comisión nombrada por Maduro, Jorge Rodríguez, expresidente del CNE, aseguró que una veintena de “testigos” vigilarán paso a paso el proceso. “En pocos días se va a saber que inflaron en un millón de firmas las que dijeron que entregaron”, vaticinó.
Históricamente dividida, la oposición, que controla el Parlamento, está volcada de lleno en torno a un objetivo: el referendo revocatorio, tras fracasar una enmienda constitucional por la que intentaba acortar el mandato de Maduro, elegido para el período 2013-2019.
“Hoy 4 de mayo día 2 del lapso de 5 días continuos para que CNE constate número mínimo de firmas e indique centros para validarlas!”, escribió en Twitter el líder opositor Henrique Capriles, ex candidato presidencial que perdió las elecciones contra Maduro en 2013 por estrecho margen.
El constitucionalista José Ignacio Hernández, asegura que el CNE “deberá pasar a la fase de validación” si constata que existe el número mínimo exigido (1%). “Al ser presentadas el pasado lunes, el lapso para ello vence el 7 de mayo. Ni un día más”, añadió.
El constitucionalista Hermann Escarrá, asesor del gobierno, puso en duda que el referendo se haga en 2016, pues recordó que puede haber acciones de amparo y de control de constitucionalidad que lo dejarían “para la mitad del otro año”.
 
– ¡Estamos listos para lo que venga!
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El tiempo cuenta. Se desconoce aún si habrá demoras o interpretación de las normas que retrasen el proceso o si afectará de alguna forma el plan de racionamiento de electricidad ordenado por Maduro, quien redujo la semana laboral a dos días en el sector público.
Si el CNE valida las firmas de la primera fase, autorizará la recolección, en tres días, de otras cuatro millones de rúbricas (20% del registro electoral) requeridas para convocar al referendo, las cuales deben ser revisadas en 15 días. Si son avaladas, la consulta se realizará en los siguientes tres meses.
“Lo que diga el CNE palabra sagrada. Si en el segundo paso (…) llegara a decir que se recogieron las firmas, vamos a referéndum y punto”, dijo el mandatario socialista, en su primera declaración directa sobre una aceptación de un revocatorio en su contra.
Para que Maduro sea revocado en el referendo, el “Sí” deberá obtener más de los 7,5 millones de votos con los que fue elegido tras la muerte de su mentor, Hugo Chávez, en 2013.
“Nosotros estamos listos para lo que venga”, aseguró el mandatario, aunque vaticinó que los intentos para sacarlo del palacio de Miraflores fracasarán rotundamente.
Pero la oposición, que arrasó en las elecciones parlamentarias de diciembre pasado, está confiada. “Lo vamos a lograr porque el pueblo venezolano quiere salir de este gobierno”, aseguró el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.
Un 68% de la ciudadanía está a favor de que Maduro deje el poder y haya elecciones, y un 84,1% estima negativa la situación del país, según la firma Venebarómetro.
El país petrolero tiene la inflación más alta del mundo (180% en 2015) y sufre una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, que el mandatario atribuye a una “guerra económica” de empresarios de derecha y al desplome de los precios del crudo.
No obstante, Maduro dijo confiar en que el pueblo no le va a fallar: “Sin ser pitoniso, sin ser brujo, ¡ay Dios mío!, ¡ay Dios santo!, ya estoy viendo el desastre que va a emerger de este intento de la derecha venezolana por activar este referendo”, afirmó.

“Entregamos hoy al CNE 80 cajas, cada una con 2.500 planillas, para un total de 200 mil planillas, contentivas de 1 millón 850 mil firmas!!!” , escribió Torrealba, secretario general de la coalición Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) , en su cuenta de Twitter.

 La MUD, que controla el Parlamento, presentó esa cantidad pese que aseguró que había reunido 2.5 millones de rúbricas en todo ese país, 13 veces más de las 195.721  (1% del padrón electoral) que exige CNE para pedir que se inicie el proceso.

Las cajas con las firmas fueron entregadas en una dependencia del CNE en Fila de Mariches  (este de Caracas) y no en la sede central del organismo, como se esperaba que ocurriera este martes.

“Hoy en la mañana madrugamos al oficialismo. Ya entregamos las firmas al CNE. Palante! (…) Los violentos se quedaron con los crespos hechos” , afirmó el vocero de la MUD.

El CNE deberá constatar en cinco días el número y luego llamar a los firmantes a ratificar su apoyo con la huella digital en otros cinco días. Será sólo después de que las valide que autorizaría la recolección de los cuatro millones de rúbricas  (20% del padrón) requeridas para convocar al referendo.

Pero Tania DAmelio, rectora del CNE, afirmó en Twitter que la constatación de las firmas debe comenzar cuando se cumplan los 30 días dados a la MUD para recolectarlas, es decir, a partir del 26 de mayo.

“A partir de mañana se inician 5 días continuos para que CNE indique centros para validar firmas!” , afirmó el líder opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles.

La oposición, cuyas proyecciones indican que el referendo podría realizarse a finales de este año, asegura que la verificación debe iniciarse apenas sean entregadas el martes, un criterio que comparte otro rector del CNE, Luis Emilio Rondón.

Para revocar a Maduro en el referendo, el “Sí”  deberá obtener más de los 7,5 millones con los que fue elegido tras la muerte de su mentor Hugo Chávez en el 2013.

“Nos habían dado 30 días -a partir del martes 26 de abril- para recolectarlas, lo hicimos en ” tiempo récord“, declaró en la noche del domingo el vocero de la oposición, Jesús Torrealba, al anunciar que ” el próximo martes“las presentarán al CNE, al que acusan de aliado del gobierno.

El CNE deberá constatar en un plazo de cinco días el número, y luego llamar a los firmantes a ratificar su apoyo con la huella en otros cinco días continuos. Será solamente después de que las valide, que autorizaría la recolección de cuatro millones (20% del padrón) para convocar al referendo.

”También lo vamos a hacer en tiempo récord, porque ese país quiere salir de este gobierno“, agregó Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD.

Pero un nuevo foco de conflicto se avecina. Tania Damelio, rectora del CNE, afirmó en Twitter que para comenzar la constatación de firmas ” se debe cumplir el lapso de 30 días fijado para la recolección del 1%“del padrón, es decir a partir del 26 de mayo.

La oposición, que según sus cuentas el referendo podría realizarse a finales de este año, asegura que la constatación debe iniciar apenas sean entregadas el martes, un criterio que comparte otro rector del CNE, Luis Emilio Rondón. La divergencia deberá aclararse en breve.

El constitucionalista José Ignacio Hernández opinó que según la ley ” el lapso de 30 días no debe dejarse transcurrir íntegramente“.
    

Creciente malestar

En el poder desde el 2013 tras el fallecimiento de su mentor, Hugo Chávez (1999-2013), Maduro anunció que para defenderse de esa ofensiva nombró una comisión que revisará las firmas, la cual se reunirá el lunes y acudirá al CNE.

”El referendo es una opción, no una obligación. Aquí lo único que es obligación son las elecciones presidenciales y serán en 2018, diciembre de 2018. Es la única obligación que tenemos“, manifestó el domingo frente al Palacio de Miraflores, en un acto masivo por el Día del Trabajador.

Pero frente a la hipótesis de que tenga que dejar el poder por una vía constitucional o un golpe de Estado, llamó a sus seguidores a declararse en ” rebelión“y declarar una huelga general indefinida.

Para revocar a Maduro, el ” sí” debería sacar más de los 7,5 millones de votos con los que fue elegido tras la muerte de Chávez en 2013 para completar el período de seis años. La oposición está segura de lograrlo.

Una encuesta de la firma Venebarómetro indica que casi siete de cada diez venezolanos -68%- está a favor de que Maduro deje el poder y haya elecciones, en tanto que un 84,1% considera negativa la situación del país.

    El país con las mayores reservas de petróleo del planeta enfrenta una recesión desde 2013, en 2015 la contracción fue de 5,7%, la inflación de 180,9%, la más alta del mundo, y una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

    Las angustias aumentaron este año con un plan de ahorro de electricidad que aplica el gobierno debido a la fuerte sequía causada por el fenómeno El Niño que mantiene a niveles críticos los embalses.

Cortes de luz de más de cuatro horas en casi todo el país -excepto Caracas- provocó la semana pasada algunas protesta en ciudades como Maracaibo  (noroeste) .

    Como parte de las medidas ordenas por Maduro, los  venezolanos adelantaron 30 minutos sus relojes el domingo  (pasó a -4.00 GMT) , para aprovechar la luz natural.

    Además, el presidente dispuso la reducción de la jornada laboral en el sector público a sólo dos días por semana y que las escuelas no impartan clases los viernes y ordenó a los centros comerciales y hoteles generar buena parte de la energía que utilizan.

El Papa escribe carta a Maduro

El papa Francisco “sigue con atención”  la situación por la que atraviesa Venezuela y por ello ha escrito una carta al presidente del país, Nicolás Maduro, confirmó el lunes el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi.

Lombardi no quiso revelar el contenido de la carta del papa Francisco a Maduro, aunque sí dijo que el Sumo Pontífice ha escrito palabras al dirigente venezolano en relación a “la situación de ese país” .

Venezuela preocupa desde hace tiempo al Vaticano y también al papa Francisco, que se ha referido a ese país en diversas ocasiones en el pasado.

En este sentido, Lombardi señaló el lunes una de las últimas intervenciones de Jorge Bergoglio cuando, en el Domingo de Pascua antes de la bendición “Urbi et orbi” , instó al diálogo en Venezuela ante “las difíciles condiciones en las que vive”  su pueblo.

Francisco hizo entonces un llamamiento a quienes “en sus manos tienen el destino del país”  para “trabajar en favor del bien común, buscando espacios de diálogo y de colaboración con todos” .

Defendió la “cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco”  como vías para “garantizar el bienestar espiritual y material”  de los venezolanos.

El Vaticano, que jugó un papel fundamental en el deshielo de las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, también quiere contribuir en alcanzar la paz en Venezuela, tal y como manifestó el pasado abril el nuncio en el país, monseñor Aldo Giordano.

“Estoy aquí para comunicar al país el afecto, la cercanía del papa Francisco, el papa es un protagonista de la paz del mundo y estamos aquí para colaborar a la paz de nuestro querido país (…) la nunciatura esta aquí para contribuir al bien del pueblo de Venezuela” , dijo entonces Giordano, según un comunicado.

El oficialismo presente le gritaba a Maduro “Polar está cerrada”, a lo que el mandatario respondió de forma amenazante “bueno vicepresidente (Istúriz), la orden está dada”.

El grupo venezolano Empresas Polar, propiedad de Lorenzo Mendoza, es acusado por Maduro de encabezar una supuesta “guerra económica” orquestada por empresarios de derecha para sumir en crisis al país y desestabilizar a su gobierno.

Polar confirmó este sábado que cerró sus cuatro plantas productoras de cerveza y maltas en el país -que abastecen 70% del mercado- por no poder acceder a divisas para importar materia prima, dentro del severo control de cambios impuesto por los gobiernos chavistas desde 2003.

Venezuela enfrenta una dura crisis económica con recesión desde 2013 -la contracción fue de 5.7% el año pasado-, inflación de 180.9% en 2015 y pronosticada en 700% en 2016 según el FMI, escasez de más de dos tercios de los productos básicos y medicinas y cortes eléctricos en 19 de 23 estados del país.

Según datos del principal gremio industrial, las empresas venezolanas tienen 56% de su capacidad de producción paralizada, principalmente por falta de materia prima, inestabilidad política o apagones.

Ante este cuadro crítico la oposición recolectó esta semana 2.5 millones de firmas -13 veces lo requerido por las normas- para cumplir el primer paso de una solicitud de referendo revocatorio contra Maduro, previsto en la Constitución.

No obstante, Maduro dijo este domingo que “frente a la conspiración abierta, rebelión, revolución. Quien quiera trabajar, bienvenido, pero el que quiera parar una planta por sabotaje, después de que se embolsilló miles de millones de dólares, lo que puede terminar, caballero, es detrás de los barrotes.

“El referendo es una opción, no una obligación. Aquí lo único que es obligación son las elecciones presidenciales y serán en 2018, diciembre de 2018. Es la única obligación que tenemos”, dijo Maduro ante miles de partidarios con motivo del Día del Trabajo.

La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) inició el pasado miércoles la recolección las firmas necesarias para pedir a la autoridad electoral que active el revocatorio.
La MUD asegura haber recolectado 2,5 millones de rúbricas, cuando se necesitan 200.000.

En el poder desde 2013, tras el fallecimiento de su mentor Hugo Chávez (2009-2012), Maduro señaló que para defenderse de esa ofensiva nombró una comisión que revisará “una por una todas las firmas” para que no haya “fraude”.

“Tengo derecho a la defensa”, reivindicó el gobernante socialista frente al palacio presidencial de Miraflores en Caracas, y se autodefinió como “el ser humano mas atacado en Venezuela”.

Frente a la hipótesis de que tenga que abandonar el poder por una vía constitucional o un golpe de Estado, Maduro llamó a sus seguidores a declararse en “rebelión”, aunque según dijo de forma “pacífica”.

“Si algún día la oligarquía hiciera algo contra mí y lograran tomar este palacio, por una vía o por otra, yo les ordeno a ustedes declararse en rebelión y decretar una huelga general indefinida, hasta obtener la victoria frente a la oligarquía. Una rebelión popular con la Constitución en la mano”, dijo.

El presidente vinculó esa posibilidad a la “guerra económica” que según él orquestan la oposición política y empresarios de derecha, apoyados por Estados Unidos, para desestabilizarlo.

“Me iría a la lucha en las calles, en las catacumbas del pueblo”, sostuvo Maduro, subrayando que todo se hará “en paz, con la Constitución”.

A las 2.30, hora local, los relojes se adelantaron media hora, hasta las 2, con lo que ahora la hora oficial es cuatro horas menos respecto del meridiano de Greenwich  (-04H00 GMT).

Jesús Escalona, jefe de la Hora Legal de Venezuela, apuntó antes del cambio que el nuevo huso horario se cambiaría de manera sincronizada para garantizar que los movimientos bancarios o la salida y llegada de vuelos, entre otros servicios, no se vieran afectados por el ajuste, indicó un boletín del ministerio de Comunicación e Información.

Por su parte la compañía telefónica estatal Cantv aseguró en un comunicado que “los servicios de voz y datos de Cantv y Movilnet -operadora móvil celular- no se verán afectados por los trabajos de sincronización de sus redes, necesarios para adecuarlas al nuevo huso horario que regirá en el país desde el próximo 1 de mayo”.

En cambio sí estaban previstas algunas interrupciones en operaciones de pago de los servicios de Cantv, en las consultas del estado de los contratos y en la disponibilidad de los sitios web.

Paradójicamente Venezuela había retrasado su hora 30 minutos el 9 de diciembre del 2007 también para ahorrar energía, por orden del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013. Ese cambio puso al país en el huso horario de -04H30 GMT.

Cortes de luz y jornadas reducidas

Este nuevo cambio en la hora legal forma parte de una batería de medidas del gobierno de Nicolás Maduro para reducir el consumo eléctrico en Venezuela, aquejado por cortes programados de cuatro horas, según un plan de racionamiento que se aplica a casi todo el país, pero también por apagones intempestivos de varias horas de duración.

El Gobierno justifica los cortes de energía y otras medidas por la sequía que causa el fenómeno “El Niño”, afirmando que es la peor en 40 años y que ha vaciado los embalses de represas como la de El Guri, que provee 70% de la electricidad de Venezuela.

Las medidas para frenar el consumo eléctrico también incluyen la reducción de la jornada laboral en el sector público a tan sólo dos días por semana y la decisión de que las escuelas solo impartan clases de lunes a jueves.

La crisis eléctrica ha exacerbado el descontento social en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Según las encuestas el 60% de los venezolanos es favorable a su revocación.

Esta misma semana la oposición, reunida en la coalición Mesa de la Unidad Democrática, aseguró haber reunido casi dos millones de firmas, un primer paso para activar un referendo revocatorio contra Maduro previsto por la constitución venezolana.

Aumenta sueldo mínimo

En medio de una profunda crisis económica, el presidente venezolano Nicolás Maduro decretó un incremento de 30% sobre el salario mínimo legal, una medida que regirá desde este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.    

Con el ajuste anunciado el sábado por la tarde, el salario se fija en 15.051 bolívares mensuales  (unos US$1 mil 505 a la tasa oficial de 10 bolívares por dólar), pero apenas unos US$50 según la cotización de la divisa norteamericana en el mercado negro, que en buena parte establece los precios reales de los bienes básicos de los venezolanos. 

Tras recaudar 1,1 millones de rúbricas en apenas dos días -cinco veces más de las exigidas para pedir que se active la consulta-, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) las entregará a inicios de la próxima semana para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) las audite.

El organismo verificará el número en un plazo de cinco días y luego definirá los lugares y fechas para que quienes firmaron acudan a validar su apoyo consignando además la huella, también en un lapso de cinco días continuos. Se dispondrán 200 puntos a nivel nacional

Según Eugenio Martínez, especialista en temas electorales, la normativa da al CNE hasta 20 días hábiles para verificar y analizar estos requisitos.

Para ello se requieren firmas equivalentes al 20% del registro electoral (3.959.560), que deberán ser recogidas en tres días seguidos junto con las respectivas huellas digitales.

Si se surte ese requisito, el CNE debería fijar la fecha del revocatorio, que sería el segundo en Venezuela luego del que ratificó en el poder al presidente Hugo Chávez en 2004.

Para revocar a Maduro, el “sí” debería sacar más de los 7,5 millones de votos con los que fue elegido tras la muerte de Chávez en 2013 para completar el período de seis años.

Los tiempos

El jurista José Ignacio Hernández calcula que todo el proceso hasta la celebración del referendo debería tardar máximo ocho meses, si no hay retrasos en el CNE, acusado por la oposición de servir al chavismo.

Sin embargo, Eugenio Martínez considera que los tiempos se pueden alargar considerando, por ejemplo, que la jornada laboral en el sector público se redujo a dos días semanales para ahorrar electricidad.

La validación con la huella también podría generar demoras porque los interesados tendrían que ser citados en función de los cortes de energía, necesaria para que funcionen las máquinas “captahuellas” (biométricas).

Además, el CNE podría argumentar que requiere más tiempo para auditar las firmas porque la oposición entregaría muchas más de las necesarias, sostiene el experto.

La cuestión logística también es clave, pues el CNE y la MUD deben concertar el número y la ubicación de los sitios donde se recogerán las casi cuatro millones de firmas.

La oposición quiere que el revocatorio se haga antes del 10 de enero, cuando se cumplen cuatro años del período que inició Chávez y que, tras su muerte en marzo de 2013, viene completando Maduro.

Si el referendo ocurriera después de esa fecha y Maduro lo perdiera, la Constitución prevé que el vicepresidente -nombrado por el propio mandatario- lo reemplace. Si es antes, habría elecciones presidenciales.

Otras dificultades

El CNE podría determinar que el 1% de firmas exigidas para pedir la activación de la consulta (200.000) corresponde al padrón de cada Estado, y no a un total nacional. Caracas debería aportar unas 16.000 rúbricas.

“Va a complicar mucho, aunque no hay razón para pedirlo así”, dijo Martínez.

El especialista advierte que no es de extrañar que el oficialismo impugne la recolección de rúbricas por posibles irregularidades.

Maduro advirtió el jueves que la Constitución lo habilita para suspender “eventos de carácter electoral” en situaciones de emergencia económica, como la que rige desde enero pasado.

Según el estudio, 84.1% de los consultados considera negativa la situación del país, un indicador que en febrero pasado alcanzaba 88.3%.

Sobre el apoyo a un referendo revocatorio del mandato de Maduro, 57% de los consultados está en desacuerdo con que ese referendo se realice en el 2017, cuando una derrota del mandatario implicaría que su vicepresidente -designado por el propio presidente- asumiría la jefatura del país.

La oposición recogió entre miércoles y jueves cientos de miles de firmas para activar un proceso de referendo revocatorio contra Maduro este mismo año.

La encuesta de Venebarómetro, realizada del 1 al 8 de abril pasado a mil 200 personas en entrevistas en hogares, tiene un margen de error de 2.37% y una confiabilidad de 90%.

Respecto a otro de los mecanismos para la salida de Maduro del poder, la enmienda constitucional, 60% está a favor de que se recorte el período presidencial de Maduro de 6 a 4 años y se convocaran elecciones.

No obstante, este sondeo se hizo antes de que el Tribunal Supremo de Justicia sentenciara que la reforma constitucional que se discute en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, no se puede aplicar a este período presidencial.

En el campo del abastecimiento de alimentos -el principal problema para los venezolanos, con inflación que en el 2015 fue de 180.9% y escasez de más de dos tercios de los productos básicos- 86,3% de los entrevistados dijo comprar menos comida para su hogar que antes.

Respecto al modelo económico, ante la interrogante de si “el socialismo propuesto por Hugo Chávez (fallecido expresidente que gobernó de 1999 a el 2013) y Nicolás Maduro es el responsable de la actual situación que vive el país”, 56,3% respondió que sí, mientras que 37.1% dijo que no.

Desde el miércoles hasta este jueves la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -que controla el Legislativo- recogió 1,1 millones de rúbricas, cinco veces más de las requeridas por la autoridad electoral para activar el proceso de referendo revocatorio, dijo a la prensa el gobernador opositor Henrique Capriles.

Las firmas serán entregadas el próximo lunes para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) las analice y valide.
En una segunda instancia, la MUD deberá recoger cerca de cuatro millones de firmas más para que el CNE convoque a la consulta popular.

Para revocar a Maduro, el “sí” debería sacar un voto más de los 7.587.532 con que el heredero político del fallecido líder socialista Hugo Chávez fue elegido en 2013 para un período de seis años, una meta frente a la cual la oposición se muestra segura.

Uno de sus dirigentes, el vicepresidente del Parlamento Enrique Márquez, desestimó este jueves la afirmación de Maduro de que los intentos para sacarlo del poder no tienen “viabilidad política”.

Márquez comparó esa declaración con el triunfalismo del presidente antes de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, cuando el chavismo fue arrasado en las urnas.

A la par que daba por cumplido el objetivo sobre la recolección de firmas, la oposición lanzaba otro desafío a Maduro al emitir un voto de censura en la Asamblea contra su ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, culpándolo de la escasez de al menos dos tercios de los alimentos básicos.

Los diputados denunciaron que el desabastecimiento se presenta por la “destrucción” del aparato productivo y la “corrupción” en las importaciones, señalando directamente como responsable al ministro, un militar que ha ocupado una veintena de cargos durante la era chavista.

“Estamos ante la peor emergencia alimentaria de la historia de Venezuela”, afirmó el asambleísta Ismael García.
 

Facultado para suspender actos electorales

 
El presidente de la cámara, Henry Ramos Allup, notificó a Maduro para que proceda a la remoción de Marco Torres, pero éste la descarto y anunció que emitirá un decreto, en el marco de la emergencia económica que rige desde enero, para neutralizar lo que calificó como un “sabotaje” parlamentario de la oposición.

“Al ministro no lo remueve nadie”, afirmó el mandatario, quien llamó a Ramos Allup a acatar en cambio una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que modificó el reglamento interno de la cámara y según él invalida la moción de censura.

La norma dejará “sin efecto constitucionalmente, mientras dure la emergencia económica, cualquier sabotaje que haga la Asamblea contra cualquier ministro, institución u órgano del poder popular (…) porque no nos podemos calar un sabotaje”, advirtió Maduro.

El presidente criticó que la oposición no apoye sus políticas para enfrentar la grave crisis económica y del sector eléctrico, que lo llevó a ordenar racionamientos programados de energía, por lo que amenazó con cortar la luz al palacio legislativo.

También advirtió que la Constitución lo habilita para decretar “estado de emergencia” por motivos económicos e incluso hasta suspender actos electorales.

“La Constitución me faculta para, en casos de emergencia nacional, hacer un estado de emergencia constitucional y hasta que no haya estabilidad no hacer ningún evento de carácter electoral”, dijo.

Venezuela tiene previsto realizar comicios regionales en el último trimestre del 2016.

A sabiendas de que la destitución del ministro no será ejecutada, la Asamblea obró así porque “el elector ve que está cumpliendo con sus tareas y deja al gobierno el costo político de mantenerlo en el cargo”, comentó a la AFP el analista Benigno Alarcón.

Los apagones, aunados a la escasez, desataron protestas desde el lunes, especialmente en Maracaibo, segunda ciudad venezolana, que ya dejan un centenar de detenidos y 50 comercios saqueados.

Quema de neumáticos y bloqueos de vías se presentaron la noche del jueves en el rico enclave petrolero, constataron reporteros de la AFP.

“Estamos protestando porque no tenemos comida, nos quitan la electricidad para beneficiar a Caracas. ¡Cómo es posible que hagamos una cola de 12 horas y cuando llegamos a la caja no más un paquete de harina!”, fustigó desde Maracaibo la profesora Ana Pirella, de 56 años.

El 13.4% de los venezolanos reconoce que “en su casa se comió una vez al día”, según un sondeo de la firma Venebarómetro divulgado este jueves, que indica que la desaprobación a Maduro alcanza al 68% de la ciudadanía.
El porcentaje de personas que reportó que en su vivienda se alimentaron solo una vez al día creció más de ocho puntos desde febrero.

“Más de 95 personas han sido detenidas por hechos de vandalismo”, reportó en Twitter Biagio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público de la gobernación del estado Zulia  (noroeste), del que Maracaibo es capital.

Por su parte, el gobernador de Zulia, Francisco Arias Cárdenas, indicó que “en las últimas 48 horas”  se registraron protestas en siete de las 18 parroquias de Maracaibo, donde resultaron afectados 73 comercios.

“Esto es un plan de desestabilización que cabalga sobre situaciones que debemos resolver”, añadió. Los desórdenes incluyeron saqueos de comercios.

El gobernador reconoció que en Maracaibo se registraron fallas en la aplicación del racionamiento eléctrico anunciado el pasado 21 de abril, y que estipula cortes de cuatro horas al día.

Este miércoles, el presidente Nicolás Maduro ordenó a las fuerzas armadas evitar desórdenes y detener a quienes protagonicen actos vandálicos, escudados en supuestas protestas contra los apagones.

Según el mandatario socialista, la violencia es alentada por la oposición para desestabilizar a su gobierno.

El gobierno emprendió un plan de ahorro energético hace dos meses que ha implicado la reducción de la jornada laboral del sector público a dos días semanales y a decretar varios asuetos.

Además, a partir del próximo domingo se adelantarán los relojes 30 minutos, volviendo al huso horario de cuatro horas menos respecto del meridiano de Greenwich  (-04H00 GMT) , para aprovechar más la luz del día.

Envían a mil efectivos

Más de mil efectivos militares, policiales y de protección civil fueron enviados el miércoles a Maracaibo para garantizar el orden público y levantar las barricadas colocadas durante las protestas en rechazo al racionamiento eléctrico que dejaron un centenar de detenidos.       

La alcaldesa opositora de Maracaibo, Eveling Trejo, dijo que los efectivos estarán en las calles de la capital del estado petrolero del Zulia para reguardar los supermercados, comercios y mercados populares y retirar los troncos de árboles y restos de basura que fueron colocados en las vías durante las violentas protestas registradas la noche del martes.       

La alcaldesa agregó que luego de que las autoridades suspendieron los cortes de luz entre las 8 de la noche y las 4 de la madrugada “bajo un poquito la presión” de las protestas.       

El mayor general Franklin García Duque, comandante de la región estratégica del Zulia, declaró al diario regional Panorama que entre 1.500 y 1.800 militares fueron desplegados en Maracaibo y una zona cercana a esa ciudad para reguardar los comercios privados, la red pública de alimentos, los entes públicos y las estaciones eléctricas. 

 La Sala Constitucional del TSJ determinó que cualquier enmienda que pretenda efectuarse a la Carta Magna “no puede tener efectos retroactivos en el tiempo o ser de aplicación inmediata” , pues ello “constituiría un quebrantamiento incuestionable al ejercicio de la soberanía (…) ya que se estaría desconociendo la voluntad del pueblo” , señala un boletín de la corte.

Además, explicó que reconocer la enmienda, ocasionaría una “quebrantamiento incuestionable al ejercicio de la soberanía”, establecido en el artículo cinco de la Constitución venezolana.

El fallo indicó que tratar de utilizar la figura de la enmienda constitucional con el fin de acortar el mandato de Maduro o en cualquier caso de elección popular “constituye un fraude a la Constitución”.

La propuesta de la enmienda que incluye reducir el mandato de seis a cuatro años y eliminar la reelección indefinida.

Motta precisó que casi el 60% del consumo total de electricidad está en la zona residencial, lo que impacta severamente el nivel del embalse de la central hidroeléctrica El Guri, que provee 70% de la energía del país.

El ministro dijo que restringir la electricidad es necesario “para preservar el agua que en este momento queda en el embalse Guri, motivado por la fuerte sequía y el fenómeno climático El Niño”

“El plan va a durar aproximadamente 40 días, es el tiempo en que empiece a detener el descenso de El Guri y llegar a la segunda semana de mayo que llega el período de lluvia” , comentó.

El gobierno sostiene que Venezuela está siendo severamente afectada por una sequía causada por el fenómeno climático de El Niño.

El presidente socialista Nicolás Maduro había anunciado el miércoles que pondría en marcha el racionamiento en 10 de los 24 estados del país -incluye el distrito capital-, debido que la población no había hecho conciencia de ahorrar energía en sus casas.

Maduro anunció la semana pasada que se adelantarían los relojes en 30 minutos a partir del 1 de mayo, volviendo al huso horario de cuatro horas menos respecto del meridiano de Greenwich (-04H00 GMT) , para aprovechar más la luz del día.

Estas medidas son parte de un plan especial de ahorro de energía, lo que ha incluido la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos en un 40% y asuetos.

Además, el gobierno ha exigido a los grandes consumidores, como los centros comerciales y los hoteles, a generar su propia energía con plantas eléctricas.

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo que vivió una dura crisis eléctrica en 2010, sufre apagones sobre todo en las provincias y racionamientos de agua, lo que aumenta las dificultades cotidianas.

Analistas económicos advierten que este tipo de medidas afectan la productividad de un país en aguda crisis económica, con recesión, la inflación más alta del mundo (180% en 2015) y escasez de alimentos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, declaró aprobada el miércoles la llamada “ley de referendos”  luego de la segunda discusión reglamentaria y ante el rechazo de la bancada chavista.

Inmediatamente, el bloque opositor avaló en primer debate una enmienda que plantea reducir de seis a cuatro años el período de Maduro, que el martes último cumplió la mitad del mandato en medio de una aguda crisis económica.

La norma, que para convertirse en ley debe ser sancionada por el mandatario socialista, fija un plazo de tres meses y medio para gestionar y celebrar referendos, incluido el revocatorio de cargos de elección popular.

La enmienda, que debe ser refrendada por voto popular, plantea además eliminar la reelección indefinida y consagrarla de forma inmediata por una sola vez.

Plan de racionamiento energético

La crisis eléctrica que afecta a Venezuela ha llevado al gobierno del presidente Nicolás Maduro a anunciar el miércoles un racionamiento del servicio eléctrico en los 10 estado más poblados e industrializados del país, incluyendo la Gran Caracas.

“No ha calado (en) la conciencia de la gente el ahorro residencial, motivo por el cual es necesario aplicar un plan de administración de carga”  del cual se darán detalles en los próximos cuatro días, anunció el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, durante una emisión televisada desde la Central Hidroeléctrica del Guri.

El funcionario afirmó que esta represa, cuya generación hidroeléctrica provee 70% de la energía del país, “sigue descendiendo paulatinamente y se está acercando a la cota mínima operativa”, lo que obliga a “tomar medidas”.

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo que vivió una dura crisis eléctrica en el 2010, sufre apagones sobre todo en las provincias y racionamientos de agua, lo que aumenta las dificultades cotidianas.

El presidente Nicolás Maduro dijo el miércoles que “lamentablemente los ahorros que necesitamos a nivel residencial no se han logrado”, aunque llamó a que “las afectaciones sean las mínimas para la calidad de vida”  de la población.

 La semana pasada se anunció que se adelantaría media hora la hora oficial, volviendo al huso horario de cuatro horas menos con respecto al meridiano de Greenwich  (-04H00 GMT) , para aprovechar más la luz del día.

También como medida de ahorro de energía, el pasado lunes se declaró como día no laborable para el sector público. Asimismo los viernes habían sido declarados como no laborables para los empleados gubernamentales, con turnos diarios de trabajo de seis horas.

Analistas económicos advierten que este tipo de medidas afectan la productividad de un país en aguda crisis económica, con recesión, la inflación más alta del mundo  (180% en 2015) y escasez de alimentos.

“La decisión que ha tomado el presidente (Nicolás Maduro) es volver al huso horario de cuatro horas menos con respecto al meridiano de Greenwich (-04H00 GMT)”, anunció el viernes en la televisión oficial el ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza.

Venezuela regresará así a partir del 1 de mayo al horario que existía hasta el 9 de diciembre del 2007, cuando el entonces presidente Hugo Chávez -fallecido en el 2013- fijó la hora en -04H30 GMT.

El país con las mayores reservas petroleras del mundo, que vivió una dura crisis eléctrica en el 2010, sufre apagones sobre todo en las provincias y racionamientos de agua, lo que aumenta las dificultades cotidianas.

Acompañado por otros ministros, Arreaza precisó la decisión que anunció el jueves el propio Maduro, como parte de un plan especial para enfrentar la sequía, que mantiene en niveles críticos los 18 embalses del país.

“Va ser tan sencillo como adelantar media hora el reloj, esto va a permitir que podamos aprovechar mejor la luz del día, de manera que no va a atardecer tan temprano”, agregó el ministro.

Arreaza comentó que es en las noches, cuando la gente regresa del trabajo y otras actividades, el momento en que se encienden las luces y los aires acondicionados, altos consumidores de energía en el país caribeño.

Maduro ha llamado a la conciencia a la población para que apoye su plan, ante la gravedad del fenómeno climático, pero la oposición sostiene que el gobierno socialista no ha invertido en obras de mantenimiento de las hidroeléctricas y termoeléctricas y no previno esta situación.

Para el presidente del Parlamento -de mayoría opositora-, Henry Ramos Allup, estas medidas son un “disparate”.

Pero Maduro aseguró que las aplica para no tener que recurrir por ahora a aumentos en las tarifas de electricidad, altamente subsidiadas en Venezuela, y evitar racionamientos programados.

Sin embargo, analistas económicos advierten que este tipo de medidas afectan la productividad de un país en aguda crisis económica, con la inflación más alta del mundo  (180% en el 2015) y escasez de alimentos.

Festivos venezolanos

Aprovechando que el martes es festivo por fecha patria, Maduro también decretó el próximo lunes no laborable para el sector público y de educación, incluidos los colegios y universidades privadas, según la gaceta oficial. “Un puente de ahorro energético”, afirmó el mandatario.

La semana pasada declaró los viernes libres para el sector público -durante los próximos dos meses-, por lo que los funcionarios recién volverán al trabajo el próximo miércoles.

Maduro ya había bajado la jornada a seis horas diarias en ministerios y empresas públicas, y decretado la Semana Santa no laborable para el sector público y privado, lo cual, señaló, ha resultado exitoso para el ahorro de energía.

Algunos empleados, sin mucho dinero para pasear, dedican estas jornadas reducidas y asuetos a los quehaceres de la casa y a hacer fila en los supermercados, en busca de los muy escasos alimentos subsidiados.

La semana pasada, Maduro ya había extendido a nueve horas diarias el racionamiento eléctrico para grandes consumidores -como los hoteles- que deben generar su propia energía, una medida que arrancó en febrero con cuatro horas, y llevó a centros comerciales a acortar su horario de atención.

“Tenemos que adaptarnos en revolución, para que el cambio (climático) afecte lo menos posible la calidad de vida y la felicidad de nuestro pueblo”, manifestó Maduro, quien consideró que el problema de la sequía “es casi una tragedia ambiental”.

La Central Hidroeléctrica El Guri, principal embalse ubicado en el estado Bolívar, que abastece 70% de la electricidad que consume el país, está apenas a 2.88 metros por encima del nivel mínimo de 240 metros sobre el nivel del mar.

“El presidente Maduro está haciendo todo lo posible para evitar racionamientos programados. Ojalá no tengamos que llegar hasta allá, pero que dependa más de cada uno de nosotros en el ahorro que hagamos, también los grandes consumidores”, comentó Arreaza.

El ministro apuntó que el presidente cambiará la hora oficial amparado en un decreto de emergencia económica, en vigor desde enero aunque fue rechazado por el Parlamento.

El horario que ha tenido Venezuela en los últimos nueve años generaba algunas dificultades, por ser inusual lo fraccionado. No estaba contemplado, por ejemplo, en los sistemas informáticos. “La recomendación internacional es estar en horas enteras”, apuntó.

Entre bienes y servicios, la deuda del Estado con los operadores -que promedia dos años- ronda los US$700 millones, necesarios para que éstos honren obligaciones con proveedores del exterior, según la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel).

Debido a ello, la multinacional española Telefónica, una de las más grandes empresas de la industria, suspenderá “temporalmente” desde esta semana los servicios de larga distancia internacional (LDI) para llamadas a países como Estados Unidos, España, México, Italia, Brasil, Colombia y Panamá.

Por su parte, la compañía de telefonía móvil Digitel, también privada, cesó provisionalmente los servicios de LDI y roaming internacional el 9 de abril ante la “imposibilidad” de llegar a acuerdos con sus proveedores para obtener nuevos plazos de pago.
Pero no solo la telefonía está afectada. La operadora estatal Cantv, que ofrece televisión por cable, se encuentra en “revisión de los contratos con proveedores de contenidos nacionales e internacionales” , lo que impacta la grilla de programación.
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? Subir las tarifas

La difícil coyuntura es reconocida por el ente regulador, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) , que la atribuye a la “drástica reducción del presupuesto de divisas” .

Según el gobierno, los ingresos petroleros pasaron de US$37 mil 200 millones en 2014 a US$12 mil 567 millones el año pasado. Se estima que las deudas comerciales del país ascienden a US$12 mil 500 millones.

Ante esta situación, las empresas reclaman un ajuste de sus tarifas. De acuerdo con fuentes de la industria, a Movistar (Telefónica) se le autorizó en 2014 un aumento de los precios de 35% frente a una inflación de 68%; mientras que en 2015 se le permitió un alza de 35%, frente a una inflación de 181.2%.

Un plan básico de televisión por cable, telefonía fija e Internet inalámbrico, por ejemplo, puede costar 1 mil 100 bolívares (unos US$3.54 a la tasa de libre flotación y menos de un dólar a la del paralelo) .

Demanda explosiva

Pese a ello, los operadores privados recibieron entre febrero y marzo la negativa de Conatel de aumentar los precios, un ajuste que consideran impostergable frente al alza de los costos de proveedores -tras una devaluación del 37% decretada en febrero- y la voraz inflación.

La deudas y los rezagos en las tarifas también afectan las inversiones requeridas por el sector -estimadas en unos US$1 mil  millones al año- y en consecuencia la cobertura y calidad de los servicios.

A la par, hay una “explosiva demanda” de planes de telefonía celular e Internet móvil estimulada entre otros por los bajos precios, que la industria no está en condiciones de atender por las menores inversiones, según Casetel.

Así, “se prevé la saturación de las redes de los operadores” , lo que “originará una afectación de la prestación de servicios” , advierte el gremio en un reciente informe.

Venezuela es uno de los países de América Latina que más consume datos móviles. El país tiene siete millones de suscriptores de televisión por cable y satelital (65% de penetración) , unos 30 millones de líneas móviles (99.19%) y 62% de penetración de Internet (en 2015 se sumaron 2.1 millones más de suscriptores llevando la cifra a 16,4 millones de usuarios) , de acuerdo con Conatel.

En tanto, hay siete millones de suscriptores de telefonía fija. Los problemas con estos servicios se suman a las penurias que enfrentan los venezolanos por la aguda escasez de alimentos y medicinas -agravada por la sequía de dólares- en medio de una contracción económica de 5.7% en 2015.

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