Al echar una mirada al pasado, se puede notar la permanencia de una serie de vicios que obstaculizan el avance hacia mejores escenarios de vida en una dimensión nacional y regional. La República Federal de Centro América (1824-1839) constituyó un esfuerzo valioso a favor de los habitantes de estas tierras; sin embargo, agotado este período de unión, rápidamente se visibilizaron una serie de situaciones que no son ajenas a la realidad actual: afán de copiar lo extranjero, menosprecio a nuestra idiosincrasia, alta capacidad para hacer elecciones irregulares, costumbre de oponerse a todo gobernante por bueno y atinado que sea si no se aviene a hacer gobierno de pandilla, y la profundización de la división entre los pueblos, tal y como lo señaló Pedro Joaquín Chamorro (1950). Existe una institucionalidad de la integración centroamericana, no obstante, los resultados del trabajo de esta no son muy alentadores. El Protocolo de Tegucigalpa (1991) señala la aspiración centroamericana de constituir una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. El Sica tiene sus propias fortalezas en una dimensión teórica; no obstante, en la práctica se identifican debilidades que deben mover a la acción. Los profesores Santos Carrillo, Caldentey del Pozo y Martínez Cousinou (2014) han señalado que “las políticas del Sica resultan fallidas no porque no exista un diseñ?o institucional adecuado, sino porque la elaboració?n e implementació?n de las polí?ticas se realiza sin plantear a priori un reparto competencial que permita su ejecució?n”. El Sica produce declaraciones de buenas intenciones a barullo, pero el proceso de implementación de las mismas es poco eficiente en gran medida por la existencia de tensiones entre lo regional y lo nacional (principalmente por la concepción diferenciada de los Estados en cuanto al concepto de soberanía), lo que provoca que los compromisos de los países miembros a favor de la integración sean asimétricos.

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Recientemente el expresidente uruguayo José Mujica señaló con vehemencia en Guatemala —VI Foro Regional Esquipulas— que “los pueblos perdonan los errores del Estado, pero lo que no toleran es que les estafen la confianza”. La expresión se recibe en un país que demanda una nueva forma del ejercicio de la política. Asimismo, la sentencia del líder suramericano induce indirectamente a reflexionar sobre cómo la participación ciudadana en las políticas públicas puede incidir en que el Estado cuente con la confianza de la ciudadanía y la política recobre su verdadera esencia.

En la medida que el ciudadano conozca y participe en forma organizada en los asuntos públicos, el Estado gozará de prestigio y reconocimiento. Con motivo de resaltar el valor de la participación ciudadana en la administración pública, Valdivieso (2008) explica que esta es un bien público y, por tanto, debe ser alentada por un Estado que genere las condiciones prácticas para que ella sea efectiva. Para que esta participación sea responsable, las personas deben estar informadas sobre cómo funciona el sistema y cuál es su fin, y esto es una parcela del terreno de las políticas públicas.

Se dice que una política pública corresponde a aquellos cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo político definido de forma democrática, los cuales son desarrollados por el sector público, con la participación de la comunidad y el sector privado (Lahera, 2004). Una política pública seria y eficiente incluye una riqueza de contenido, instrumentos de medición y resultados claramente definidos. El caso de Corea del Sur es digno de citar, un país pequeño y relativamente pobre, que enfoca su mirada en la educación, innovación tecnológica y estabilidad democrática (desarrolladas con políticas públicas), hace que en poco tiempo se convierta en una potencia industrial con incidencia estratégica en el plano regional e internacional.

En el contexto de la elección de las máximas autoridades del Estado, es válido que la ciudadanía se pregunte con honestidad ¿qué oferta de los partidos políticos corresponde a una futura política pública democrática capaz de aglutinar a todos los sectores de la sociedad para enfrentar con unidad, inteligencia y fuerza la pobreza, la desigualdad y el atraso? Cierto es que no hay una única respuesta para resolver los desafíos más sentidos por la ciudadanía; no obstante, lo que no es admisible es que las organizaciones políticas, en su afán de acceder al poder, endulcen el oído del votante con promesas electoreras, que además de ser incoherentes con la realidad nacional y regional constituyen simples ocurrencias ideadas para solapar negocios oscuros. Quizá está aquí la génesis de la estafa.

La participación ciudadana en los asuntos públicos a través de políticas capaces de responder a los principales desafíos de orden nacional y regional puede contribuir a que el Estado recobre la confianza de la población, y la política, ciertamente, se convierta en lo que está llamada a ser: el “arte del bien común”.

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Los procesos electorales recuerdan la esencia de la democracia y procuran una reflexión de la sociedad sobre cómo hacer prosperar la República. La historia, los esfuerzos de integración centroamericana, alternativas para lograr el desarrollo y cualidades de un gobernante son puntos de interés que se ubican en la agenda regional, en virtud de las elecciones generales de Guatemala y Nicaragua (2015).

El voto, como derecho y como deber, es el corazón de la democracia. En el caso de Guatemala, existe un consenso nacional de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la institución con mayor prestigio y reconocimiento social; sin decir que es la que lidera una de las reformas del Estado más importantes en América Latina. Al día de hoy, la ciudadanía tiene la expectativa de que el TSE asegure elecciones transparentes.

Los esfuerzos para lograr mayores niveles de desarrollo ya no son una tarea individual de las repúblicas. La cintura del continente es una región cuyo esfuerzo de integración es, después del europeo, el que más ha avanzado en el mundo (Chamorro Marín, 2014). Las democracias centroamericanas no constituyen un fin en sí mismas, representan las columnas que sostienen los esfuerzos de integración regional que permitirá que esta parte del mundo juegue un papel más estratégico en la realidad global.

Toda oferta electoral evidencia la relación entre el sistema político y el sistema económico, punto crítico en el consenso nacional. Hacer que la democracia y la economía conformen una combinación capaz de superar los grandes males concretizados en la desigualdad y la violencia, es el primer desafío de este tiempo en esta región. La oferta electoral en Guatemala en este campo ha planteado diversos caminos: incremento de las oportunidades laborales, superación de monopolios y privilegios, mejora del gasto público, fortalecimiento de las exportaciones, entre otros (Prensa Libre, ed. 9-8-15). Lo que es cierto es que la falta de una economía de mercado acompañada de desarrollo social impide el funcionamiento de la democracia.

Las elecciones inducen a meditar sobre cuáles deben ser las cualidades de un gobernante. Cicerón contestó esta interrogante hace mucho tiempo: “Hombre [o mujer] capaz de guiar la república y de inspirar el pensamiento debe ser considerado aquel[lla] que posee los instrumentos para crear y acrecentar la fortuna de la república, y se vale de ellos” (Cicerón, citado por Schiavone, 2012, p. 152). El gobernante ideal, además de respetar la inteligencia y la dignidad de los ciudadanos, debe ser capaz de guiar los destinos de la nación en un mundo donde lo único seguro es el cambio.

En Centroamérica, la democracia ha costado mucho, pero sigue siendo el camino para la consolidación de las repúblicas y la integración regional. Ahí radica su esencia.

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La igualdad en el acceso al ejercicio del poder político contribuye a reducir la brecha económica y social, y con ello se favorece el desarrollo democrático. A un ser humano sin pan no le interesa saber nada del voto, ni está motivado a prepararse para desempeñar la función pública. El Derecho debe poner especial atención a este tema, pues no es exclusivo de la Filosofía o la Ciencia Política, tampoco de una sola nación; es una cuestión de gran impacto en el mantenimiento de la paz de Centroamérica.

Cada decisión derivada de la administración de la cosa pública afecta a todos, por eso el Estado no es un tema que interesa solamente a los que pueden financiar una campaña política. El propósito esencial del Estado es asegurar el bien común, hacer posible el cumplimiento de los derechos y garantías de todas las personas. La Secretaría General de la OEA (2011) ha señalado que: “Las decisiones que toman los gobiernos afectan el bienestar de grupos e individuos. De ahí que sea lógico que aquellos cuyo bienestar sería afectado por estas decisiones procuren influir en ellas”. La ciudadanía, a propósito del principio democrático de la mayoría, debe tener la posibilidad de organizarse y participar en igualdad de condiciones en un proceso electoral que asegure la designación de los legítimos representantes de la sociedad, líderes con capacidad y reconocimiento social.

Si el Estado responde a un reducido y exclusivo grupo de personas, la disminución de la brecha económica y social que lastima a la mayoría de los habitantes será un tema periférico. Azpuru y Seligson (2012) recuerdan una verdad que induce a la reflexión: “Diferentes investigaciones han demostrado consistentemente que los altos niveles de desigualdad económica aminoran el crecimiento económico y limitan que se continúe reduciendo la pobreza. En términos sociales, la desigualdad suele ir acompañada de un aumento en el crimen violento”. La elección a cargos públicos debe fundarse en la voluntad soberana de la población, porque es ella la que vive en carne propia los efectos de la desigualdad y, por tanto, la más interesada en superarla.

El Derecho, como instrumento humano para lograr la justicia, está llamado a reformular las reglas de la contienda política. Hay dos temas prioritarios en esto: el financiamiento de los partidos políticos y el fortalecimiento de las entidades electorales para asegurar una competencia cívica en igualdad de condiciones. Recientemente el Tribunal Supremo Electoral presentó ante el Congreso de la República una iniciativa de ley con criterios y conceptos novedosos; se plantea un mecanismo interesante de depuración y renovación del liderazgo político si éste no responde al interés de la población, vid. art. 50 (p. 35). Enlace: http://www.tse.org.gt/images/Iniciativas/Iniciativa%20de%20Ley.pdf.

Vale la pena que este texto, resultado de acontecimientos sociales históricos en Guatemala, se conozca en el resto de las naciones centroamericanas e inspire al SICA a desarrollar con diligencia una política estratégica regional focalizada en esta temática, que además de definir claramente las competencias regionales y nacionales, permita la participación de actores no oficiales (stakeholders).

Las próximas elecciones en las repúblicas de Guatemala y Nicaragua plantean en la mesa de discusión de Centroamérica un punto que constituye el corazón de las virtudes o vicios del sistema democrático en estas latitudes.

El sistema de financiamiento de los partidos políticos tiene una relación directa con la calidad de la democracia porque puede contribuir a su desarrollo y consolidación —imperio supremo de la ley— o, en un sentido contrario, a su debilitamiento, y con ello a la creación de escenarios caóticos.

Un sistema adecuado de financiamiento político coadyuva a la representación legítima democrática. La infiltración del dinero ilícito distorsiona el equilibrio en la competencia y en la representación electoral (Gutiérrez & Zovatto, 2011). Primero, porque el grupo que actúa fuera del marco de la ley asegura la victoria de sus favoritos, excluyéndose así al liderazgo local-natural reconocido por los ciudadanos; segundo, porque se coopta a los máximos funcionarios públicos del país, y, tercero, porque el financista se convierte, una vez que ganó su agrupación política, en el contratista oficial del Estado. Hay un círculo perverso de influencias. La elección debe asegurar la representación legítima electoral.

El equilibro entre el financiamiento público y el financiamiento privado, bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas, contribuye a la buena salud democrática. Los ciudadanos tienen el derecho a saber cuáles son las fuentes de financiamiento de los partidos políticos en la contienda electoral. La cultura de rendición de cuentas y transparencia aún es un desafío serio en los países de la región. Casas (2002) señaló hace un tiempo que en Centroamérica el financiamiento privado representa la mayoría de los recursos empleados en las campañas electorales. A esto hay que agregar que los donantes centroamericanos no tienen ninguna obligación de informar o publicitar sus contribuciones. El Derecho está llamado a dar una respuesta a esta situación. Hay que encontrar un equilibrio entre las dos modalidades de financiamiento.

Todo sistema de financiamiento, amigable con los postulados de la democracia en este tiempo, debe tener a bien considerar algunos lineamientos básicos globales. En la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana se ha abordado recientemente esta temática, y se han identificado algunos parámetros mínimos: 1. regulación eficiente de las donaciones privadas, 2. establecimiento del financiamiento público como expresión de equidad, 3. creación de un techo límite en el gasto de los partidos políticos, 4. divulgación amplia de los informes financieros presentados por los partidos políticos (para que sean sujetos de auditoría institucional y social) y, finalmente, 5. aseguramiento del financiamiento político a mujeres (Higonet, 2015). Hay que agregar en este punto el financiamiento a los pueblos indígenas. Todo esto debe ser acompañado de una institución electoral con el suficiente poder para asegurar su cumplimiento, mediante un sistema sancionador disciplinante y disuasorio.

El financiamiento de los partidos políticos debe contribuir a la representación electoral legítima, a través de una modalidad que equilibre el financiamiento público-privado. Esto implica la rendición de cuentas y la presencia de un órgano de control riguroso que sea auxiliado de una amplia auditoría social y académica. Si esto ocurre, el financiamiento se convertirá en el corazón de las virtudes del sistema democrático en Centroamérica. Será un logro cívico de personas pensadoras y hacedoras.

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¿Cuál es el pasado?, ¿cuál es el presente? y ¿cuál es el futuro que persiguen los países centroamericanos, como repúblicas y como miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), en un mundo globalizado?, son interrogantes que demandan atención especial en el contexto actual, a propósito de las elecciones en Nicaragua y Guatemala.

Pérez Brignoli (2010) describe la primera mitad del siglo XX en Centroamérica así: “Más que en ser sociedades con profundas desigualdades, la originalidad centroamericana puede buscarse en cómo estos hondos desequilibrios se tradujeron en una vida política de exclusiones. En la práctica, la vigencia de las instituciones liberales fue sobre todo eso: un inmenso monólogo de las clases dominantes consigo mismas”.

De manera que el pasado ha heredado grandes lecciones; sobre todo dos: el Estado no debe ser indiferente a las desigualdades sociales y debe hacer posible el ejercicio pleno de ciudadanía.

Por otro lado, Centroamérica no escapa al fenómeno de las revoluciones que tomó vigencia a nivel mundial en el siglo XX. Torres-Rivas (2011) señala: “En Centroamérica los movimientos revolucionarios se iniciaron en momentos distintos pero cobraron fuerza de masas y expresión militar (…) Los movimientos de protesta surgieron con oportunidades que el Estado dio”.

Los países centroamericanos debaten, con grandes costos sociales, cuál es el sistema político ideal, sin decir que este proceso de aprendizaje posibilita que un pequeño grupo considere la cosa pública como un negocio particular, a veces en colaboración con grupos fuera de la ley.

Ossorio (2013) describe tres conceptos sobre democracia que pueden enriquecer la búsqueda de un futuro próspero: democracia en sentido estricto, la esencia de la democracia depende de las libertades individuales, de la división de los poderes y de la pluralidad de los partidos; democracia semidirecta, el poder es ejercido normalmente por los representantes del pueblo, pero en la que los ciudadanos pueden intervenir directamente en ciertos casos, y democracia autoritaria: rechaza el pluralismo y la separación de los poderes del Estado, en provecho del partido único y de la unidad del poder estatal.

En materia de integración, el Sica tiene sus propios desafíos, especialmente en el tema de la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia y en el papel de los máximos tribunales nacionales al pronunciarse sobre temas relacionados con la integración regional.

Al efecto, vale la pena recordar las líneas del profesor Otilio Miranda, S.J. (2013): “Desde una perspectiva pragmática vamos a entender la integración regional como un proceso mediante el cual los Estados que se integran crean un sistema con propósitos, principios, y atribución de competencias a los órganos regionales a cambio de beneficios generados por la acción conjunta”.

Parece que la clave para el futuro está en perseguir un modelo que responda a la realidad de la región (un Estado Constitucional), capaz de superar las desigualdades sociales, hacer prevalecer el imperio de la ley y facilitar de la integración centroamericana.

Ojalá que se cumpla en los países de la región las líneas que escribió José Cecilio del Valle en 1821: “No hollarán los unos los derechos de los otros: el hombre se respetará a sí mismo en sus semejantes; y la moralidad, que es el respeto mutuo de los derechos de todos, brillará al fin en las tierras donde ha sido más ofuscada”.

El futuro que desean conquistar los países centroamericanos, como repúblicas y como miembros del Sica, depende de sus propios ciudadanos. Siempre hay oportunidad para avanzar a mejores horizontes.

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