Los abusos constantes de los grandes poderes corporativos, con la abierta complicidad de un sistema neoliberal disfrazado de desarrollo, han transformado a la política internacional en un siniestro juego de poder en donde la vida humana ha dejado de existir como un factor en la toma de decisiones. Este marco, cuyos límites se reducen a la búsqueda incesante de concentración de la riqueza, ha convertido al planeta en un campo de batalla en el cual se impone una estrategia de exterminio. El fenómeno de las migraciones, en este contexto, no se reduce a huir de la violencia o a la búsqueda de mejores oportunidades —como algunos pretenden creer— sino a la urgente necesidad de conservar la vida.

Los gobiernos, especialmente de los países más desarrollados, pretenden criminalizar a las enormes caravanas de seres humanos desplazados de sus territorios. Los culpan por escapar de guerras que esos mismos países han provocado, sin otra excusa que el saqueo de sus riquezas. Los satanizan por tener la audacia de proteger a sus familias contra la perversa invasión de sus territorios y la destrucción de su hábitat. Esos países desarrollados que acumulan privilegios con la mano derecha mientras devastan continentes enteros con la izquierda, han invisibilizado a los pueblos y les han quitado su dignidad.

Los derechos humanos, a pesar de todas las convenciones, tratados y discursos mediante los cuales se pretende proteger una idea abstracta y caduca como el de su respeto irrestricto, se violan a destajo bajo un sistema aparentemente legal cuyo objetivo es convertir al mundo en un territorio abierto al saqueo y a la exclusión de las grandes mayorías. En este planeta, la vida y la supervivencia cuelgan de un hilo fino; la codicia imparable de grupos de poder —tales como la industria farmacéutica, las industrias minera y petrolera, las compañías que se han apoderado del agua y de los océanos— han transformado a la Humanidad en un recurso o en un obstáculo, dependiendo de sus mezquinos intereses, escatimándole el protagonismo que le otorga su naturaleza.

Con el mayor de los cinismos, pretenden hacernos creer en la legitimidad de sus supuestos derechos y que los nuestros —como pueblo que somos— no existen más. Nos inoculan virus para desarrollar vacunas que engrosarán sus ya abultadas arcas, nos convencen de que migrar es ilegal, nos quieren sometidos y callados a fuerza de represión y, gracias a todo eso, van definiendo un mundo a su conveniencia. Los países más desarrollados gracias a nuestro patrimonio —África y América— desprecian nuestra cultura, nuestro color y nuestro derecho a vivir libres de sus invasiones y lejos de su industria bélica.

Nos condenan por constituir un estorbo para sus planes de explotación y plantan en nuestros gobiernos a seres corruptos y criminales, individuos dóciles capaces de entregar a sus naciones a cambio de sobornos. Para ello, asesinan a líderes cuya conciencia se oponga a sus intenciones. De ese modo, hemos transitado por una historia cargada de pérdidas; una línea de tiempo que nos ha dejado cicatrices profundas y miedos tan acendrados que paralizan el espíritu y lo condicionan. Estos pueblos, invisibles para los grandes poderes económicos y políticos, son la fuerza viva indispensable para enderezar el rumbo.

Guatemala se encuentra hoy a las puertas de un golpe de Estado, el cual se ha venido gestando de manera solapada desde el palacio presidencial y las más altas instancias de sus instituciones. Las maniobras conducentes a la situación que hoy vive ese país han sido pergeñadas de tal modo como para causar una parálisis jurídica y la invasión de los espacios en donde se toman decisiones fundamentales. Para ello, quienes administran y manipulan los mecanismos políticos han instalado a sus cómplices en las Cortes, la Asamblea legislativa, el Ministerio Público y todas aquellas instancias clave de las cuales depende la estabilidad política de la Nación.

Desde la perspectiva política, Guatemala se puede considerar un Estado fallido. Capturado por un grupo de delincuentes —denominado el “Pacto de Corruptos” por los alcances de sus abusos de poder— el país ha caído en picada en todos sus indicadores de desarrollo, considerados “daños colaterales” entre los políticos actuales. Esa nación, la más rica de Centroamérica, ha sido sistemáticamente saqueada durante las últimas administraciones, al punto de ocasionar daños irreparables, en especial entre los más jóvenes y desprotegidos. Con índices como el de coeficiente intelectual que la ubican en el puesto 196 —de entre 199 países— una de las tasas más bajas del mundo provocada por la desnutrición crónica, el desarrollo futuro de Guatemala es prácticamente inviable y sus niños, niñas y adolescentes enfrentan un futuro de miseria y privaciones de todo tipo.

Mientras eso sucede a lo largo de su territorio, la casta política y la élite económica arrasan con todas las riquezas, convirtiendo a esa nación en una república bananera sin futuro y sin esperanzas de recuperación. De ahí la sorpresa que hoy mantiene en jaque a sus centros de poder: el surgimiento inesperado de Bernardo Arévalo De León en las elecciones del pasado mes, un candidato con fuerte vocación democrática cuya propuesta capturó los votos de una ciudadanía hastiada de los abusos y los engaños, y quien ¡oh, sorpresa! alcanzó el segundo lugar en los comicios.

En un incesante tráfago de maniobras ilegales, el actual Presidente y sus aliados intentan frenar el posible y más que probable arribo de Arévalo a la primera magistratura, conscientes de que a partir de ese momento se verán enfrentados a la acción de la justicia; sus cómplices perderán el poder que hoy detentan de manera ilegítima y se iniciará una etapa plagada de obstáculos hacia el retorno de la institucionalidad perdida.

Todo lo anterior representa una amenaza de tal calibre para quienes hoy detentan el poder, como para temer actos desesperados y violentos por parte de quienes se ven hoy enfrentados a la posibilidad de perderlo todo. Este potencial escenario podría ocasionar un quiebre rotundo en la historia reciente de ese país, el cual ha sufrido ya los estragos de la guerra interna, de los abusos de sus castas privilegiadas y de la represión por parte de sus cuerpos armados.

Guatemala tiene el derecho de decidir su destino sin amenazas y con la legitimidad que le otorga su texto constitucional. Ningún delincuente mareado de poder debería tener la potestad de frenar el curso de su historia y, menos aún, de privar a sus habitantes de un futuro lleno de esperanzas. Tampoco la tiene una élite económica ciega y voraz, cuyo destino depende de una sociedad saludable y productiva.

La ciudadanía guatemalteca se debate entre el estupor y el entusiasmo por los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales, en donde se alzó la presencia de un candidato a la Presidencia cuyo perfil escapa por completo a la tendencia de la política doméstica actual. A pesar de la opacidad del evento electoral, Bernardo Arévalo, con el respaldo del movimiento Semilla —una fuerza política relativamente nueva— se alzó con la segunda posición y aseguró su participación en el balotaje a celebrarse en agosto. Atrás quedaron los candidatos financiados por la cúpula empresarial, por las organizaciones criminales y por el propio Estado, a través del saqueo perpetrado por las recientes administraciones.

Arévalo trae consigo la expectativa de cambio con una magistratura orientada hacia políticas sociales, marginadas desde hace generaciones. Esto contrasta de manera frontal con las propuestas tradicionales de partidos políticos de cacicazgo, carentes de ideología y cargados de compromisos con sus financistas. Las reacciones contra su presencia en el balotaje no se han hecho esperar y la derecha tradicional, aliada con el pacto de corruptos —que mantiene su hegemonía sobre todas las instituciones del Estado— ha iniciado contra este personaje una campaña de desprestigio cargada de odio.

Hijo de Juan José Arévalo Bermejo, un mandatario excepcional que dejó huellas profundas en el Estado de Guatemala, este candidato viene no solo con la carga de la herencia, sino también con el más difícil de los retos: imponer la decencia en la administración pública. Sin embargo, en caso de vencer en las votaciones de agosto, la tarea tendrá el gran obstáculo de enfrentar a una mayoría de congresistas aliados con la actual administración y con las fuerzas políticas más oscuras de los últimos tiempos, dificultándose de manera sustancial cualquier iniciativa tendente a la depuración de las instituciones actualmente secuestradas.

Para una gran mayoría de ciudadanos, esta será la hora del retorno. Retorno a la decencia, retorno a la institucionalidad, retorno a las esperanzas de desarrollo y retorno a la democracia. Guatemala merece la oportunidad de liberar a sus instituciones del daño perpetrado por una serie de personajes mediocres, quienes por medio del engaño se han apoderado de sus riquezas condenando a la población a la pobreza y a sus nuevas generaciones a una emigración sin esperanzas.

Las próximas semanas serán la prueba de fuego para este proceso lleno de incertidumbre y amenazas. Quienes hoy detentan el poder —a la cabeza su élite empresarial de pensamiento estancado en las prácticas de la Colonia— intentarán obstaculizar el arribo de Arévalo al poder. El miedo a la acción de la justicia será el incentivo para cometer toda clase de actos de intimidación, amenaza y provocación por medio de sus lacayos y sus centros de desinformación. Para ello cuentan con las inmensas fortunas robadas, durante décadas, a la población guatemalteca.

La gran expectativa es ver cómo la ciudadanía recupera el espíritu de lucha y logra rescatar su libertad de pensamiento, su energía positiva y, sobre todo, la certeza de encontrarse frente a un cambio trascendental y ser parte protagónica del giro histórico que se avecina.

En algún momento de nuestra vida nos convencieron de las ventajas de abstenernos de la participación política. De hecho, nuestras sociedades y muchas alrededor del mundo, han mantenido a las mujeres al margen de esa actividad cívica, desde la cual se deciden las normas que afectan su presente y su destino. Del mismo modo, se ha impuesto toda clase de obstáculos al involucramiento de los jóvenes bajo la premisa de su falta de madurez, conocimiento o inteligencia suficientes para participar en este ejercicio tan complejo.

En esa sutil manipulación se intenta convencer a las nuevas generaciones de las supuestas ventajas de dejar las decisiones más importantes —como el manejo de la cosa pública— a los adultos experimentados. Así es como se ha conformado una especie de cártel político-partidista en manos de un puñado de individuos que se alternan en las cúpulas del poder y quienes, gracias a la marginación de las mayorías (mujeres y jóvenes representan más de la mitad de la población en todos nuestros países latinoamericanos) se han apoderado de los mecanismos eleccionarios.

En las próximas semanas, dos países de nuestro continente enfrentan elecciones generales: Guatemala, el 25 de junio y Ecuador, el 20 de agosto. Ambos con un historial político complejo y plagado de retrocesos y ambos, también, con una población mayoritariamente joven, femenina y con una amplia presencia de pueblos originarios, todos ellos deseosos de participar y marcar su protagonismo. El desafío para estas dos naciones ricas en patrimonio y en cultura, es romper las estructuras que les impiden avanzar hacia un desarrollo sostenible. Esa meta, sin embargo, se presenta obstaculizada por los elevados índices de desconfianza por parte de una gran proporción de sus electores, lo cual sin duda repercutirá de manera sustancial en los resultados de las votaciones.

La estrategia utilizada por los partidos tradicionales, en ambos casos, se ha basado en la premisa de mantener a la juventud alejada de la política, gracias a una educación exenta de los fundamentos teóricos esenciales para comprender sus complejidades. Es así como las grandes masas ignoran —por no haber tenido acceso— los textos constitucionales en donde se determinan la estructura y el manejo del Estado. Ignoran, por la misma excluyente razón, las bases ideológicas de sus representantes en las asambleas legislativas. Creen, porque así les han enseñado, que la política es una actividad reservada a unos pocos, contradiciendo de ese modo la esencia misma de la democracia.

Todo lo anterior revela hasta qué punto el ejercicio político se ha ido convirtiendo en un reducto hermético, blindado contra la enorme fuerza ciudadana residente en los grupos más afectados por su ejercicio: los sectores de infancia, juventud y de mujeres, representativos no solo de la mayoría poblacional, sino también de la clave del desarrollo y del bienestar general. En este reducto, ajeno a las aspiraciones de sus representados, imperan tanto intereses económicos de las élites como la infiltración de organizaciones criminales capaces de torcer, con un golpe de puño, los destinos de las naciones. La incorporación activa —empezando por los procesos electorales— de los grupos marginados, es la única acción capaz de enderezar esas líneas torcidas de la política secuestrada.

El ejercicio de la política no es sucio por sí mismo; su aura contaminada y opaca ha sido producto de un mal desempeño de quienes poseen la autoridad para tomar decisiones que afectan a la comunidad a la cual representan. Es evidente que la política, como actividad y como sistema de gobernanza, es un recurso indispensable en la vida de cualquier sociedad organizada cuyo bienestar dependa de una visión inteligente sobre la distribución de sus riquezas, el equilibrio de poderes entre sus instituciones y la transparencia en la gestión de sus autoridades.

En nuestro continente, con su cauda de conflictos armados, violaciones de derechos humanos, sumisión ante el poder de imperios económico-corporativos y el generoso patrocinio de la droga a candidatos a gobernantes, la palabra “política” se ha ido transformando en sinónimo de corrupción. El abuso de autoridad y la violación impune de leyes y tratados, con la consecuente generación de una especie de ideología de la desconfianza cuya fuerza afecta al presente y futuro de las naciones, ha provocado un ambiente de escepticismo entre la juventud actual, la cual ya no cree -con mucha razón- en el sistema.

A los jóvenes no solo los han engañado una y otra vez, restándoles oportunidades de acceso a una vida mejor; también les escatiman las herramientas capaces de proporcionar información necesaria y confiable sobre las distintas opciones y sobre el escenario electoral. Los sistemas educativos —los cuales, de paso, dependen de políticas públicas— han sido empobrecidos para satisfacer los intereses de las élites económicas, las cuales dependen de empleos mal remunerados y de la imposición de su propia agenda.

A ello es imprescindible sumar el entarimado de leyes creadas por las asambleas legislativas a su propia medida con el fin de mantener el control sobre el poder político partidista, a espaldas de la ciudadanía. Estos sistemas han obstaculizado el acceso de líderes populares a las altas magistraturas, han impedido la reformulación de las leyes electorales y han criminalizado toda oposición utilizando un discurso populista con atisbos de las tácticas de la Guerra Fría. Es decir, el ejercicio de la política se ha ido consolidando como un arma de ataque contra las sociedades a las cuales debe rendir cuentas.

Son pocos los países de nuestro continente en donde todavía existen instituciones capaces de generar un nivel aceptable de confianza en el ejercicio del poder. Pero, en su mayoría, han sido invadidos por individuos incapaces, corruptos, aliados con las élites económicas y sometidos a la voluntad de países más poderosos, cuyos intereses priman por encima de los de nuestros pueblos. Esto, sin contar con las presiones de organizaciones criminales de narcotráfico, trata de personas y control de prisiones cuya presencia ominosa está infiltrada hasta en los más elevados estratos de los gobiernos.

Las primeras víctimas de este ambiente de escepticismo y pérdida de credibilidad son los procesos electorales. En ellos se evidencia con fuerza el desgaste de sistemas supuestamente democráticos que hoy no resisten el menor análisis. Es en estas supuestas “fiestas cívicas” en donde queda de manifiesto el grave empobrecimiento del poder ciudadano y la ausencia de propuestas políticas capaces de dar la vuelta de tuerca al desprestigio que hoy impera.

En la carrera por el poder político suele perderse, además del respeto por la verdad, algo absolutamente indispensable: la transparencia y la capacidad de mostrar un perfil idóneo y a prueba de escrutinio para el cargo ambicionado. En un mundo orientado hacia la absurda soberanía de las leyes del mercado y frente a sociedades desprovistas de elementos de juicio confiables ante la oferta política —como sucede en la mayoría de países latinoamericanos— quienes triunfan suelen ser los más poderosos, los más tramposos, pero no siempre los mejores.

Las grandes mayorías han sido desprovistas de acceso a una educación de calidad y este hecho repercute en la carencia de capacidad de análisis, de acceso a una información objetiva y comprobable sobre la oferta electoral, pero también en una inevitable aceptación de decisiones emanadas por instituciones que han perdido de vista su misión. Estas instituciones suelen desviarse de su misión para complacer y apañar a sectores interesados en apoderarse del poder. En este escenario los conceptos de soberanía, independencia, democracia y gobernanza han sido desprovistos de todo su significado.

Para iniciar el proceso de elegir a un gobernante: presidente, alcalde, asambleísta o cualquier otro cargo de elección popular, es indispensable descartar antes de seleccionar. Es decir, dejar de lado a todo aquel individuo —hombre o mujer— cuyos antecedentes muestren conflicto con la ley, actos de corrupción, falsedad o incumplimiento de promesas de campaña en eventos previos, ocultamiento del origen de su patrimonio y falta de transparencia en el financiamiento de su propaganda política. Para ocupar un cargo político, la ética es un factor absolutamente indispensable, pero también la capacidad profesional y técnica que lo respalde para ejecutarlo con eficiencia y eficacia.

Un estadista es, según la RAE “una persona con gran saber y experiencia en asuntos de Estado”. Pero es mucho más que eso: es quien conoce las necesidades de su pueblo y busca resolverlas, apelando al consenso ciudadano para tomar decisiones equilibradas; es quien genera un avance sostenible en todos los campos de acción, independiente de presiones de grupos de poder; es quien comprende sus limitaciones en el ejercicio del cargo y sabe rodearse de un equipo respetuoso de la ley. Pero, sobre todo, es quien no transa con grupos de poder económico ni con organizaciones criminales que solo buscan su propio beneficio, contra el beneficio de las mayorías.

Para elegir a un gobernante no basta con acudir a convocatorias de carácter proselitista y escuchar discursos. Hay que darse a la tarea de investigar, porque dar el voto es una decisión de enorme alcance y serias consecuencias. El sufragio es una declaración de confianza, de compromiso y de ejercicio ciudadano, por lo cual nunca debe responder a la coacción ni al pago de un soborno. Es el acto cívico más importante para una democracia y venderlo por dinero, regalos o una bolsa con alimentos es una traición contra la integridad personal y la del país.

Al dar una mirada a los procesos electorales cercanos a estas fechas resulta doloroso comprobar cuánto se ha perdido en términos de poder ciudadano, cuánto se ha deteriorado la institucionalidad y cuánta incertidumbre amenaza la incipiente democracia de nuestras castigadas naciones.

¿Sabías que dentro de unos días se celebra el Día de la Madre? Seguro que no, ya que naciste en donde esas noticias no llegan. Tu madre te dio a luz en las peores condiciones y seguramente nunca ha tenido oportunidad de celebrar nada. Cuando llegaste, caíste en medio de unos trapos sobre el suelo duro y sobreviviste por puro milagro. Si no te hubieras aferrado al pecho de tu madre, no hubieras durado ni un día porque no traías carne suficiente sobre tus huesitos diminutos. A partir de ese instante pasaste a ser un dígito más en las estadísticas de la desnutrición infantil, esas preparadas con tanta acuciosidad por doctos expertos internacionales en sus elegantes oficinas de la capital.

Dicen que nunca debiste haber nacido, dicen también que por culpa de tu madre el país está como está, tan subdesarrollado: por parir un hijo tras otro y no entender que eso solo multiplica la pobreza. Mejor se hubiera esterilizado y así habría más oportunidades para todos. Eso dicen, ¿tú, qué opinas? En fin, tu infancia ha sido difícil, la tortilla remojada no calma la urgencia de tu estómago pero no hay más para comer.

Pero dicen por ahí que hay programas para niños como tú, lo que es muy bueno, eso dicen también. Vienen los camiones y reparten las bolsas con la foto de una señora galana, pero dura poco y el hambre vuelve por días, semanas y meses. Tu padre está en el campo y ni se entera, lo llevaron a la costa a trabajar mientras tu madre se las ingenia para darles aunque sea esa tortilla remojada.

Has visto a otros niños asistir a la escuela de la aldea, y no entiendes por qué tu madre no te deja ir. Dice que no tiene con qué pagar los útiles y tampoco con qué comprarte ropa ni zapatos. Esto de nacer pobre sí que es feo. Las bolsas de la señora galana no traen ropa ni zapatos y tampoco traen cuadernos, porque seguro esa señora no ha pensado que quizás los necesites.

Ayer amaneciste con fiebre y una diarrea que no paraba, pero no había para medicinas. Tu madre te envolvió bien en una chamarra y te cargó hasta el centro de salud, a más de tres horas de camino. Allí se sentaron a esperar pero pasó el tiempo y nadie se acercó a verte. Al fin te ingresaron, pero le dieron a tu madre pocas esperanzas porque no hay antibióticos. No entendiste muy bien, pero al parecer no hay dinero para medicinas ni equipo, por eso no te canalizaron la vena para hidratarte ni te pusieron suero porque no había. De todos modos el médico le dio a tu madre unas pastillas y le dijo que te llevara la semana próxima.

Así has vivido algunos meses; toda una hazaña para un niño como tú en un país como este. Cuando crezcas, si acaso creces, tu cerebro habrá desarrollado solo una pequeña porción de su potencial, ese que sería indispensable para darte la oportunidad de prosperar y volverte un ciudadano productivo. Tampoco tu cuerpo habrá alcanzado el peso ni la estatura normal para tu edad; serás esmirriado y bajito, con poca resistencia a las enfermedades y escasa capacidad intelectual.

Lo que no sabes es que formas parte de una cadena de explotación y abuso. La Constitución dice que deben protegerte, alimentarte, educarte y ofrecerte todas las oportunidades para tu desarrollo integral. Pero eso tampoco venía en la bolsa de la señora galana.

Uno de los mayores misterios en el comportamiento humano es la tendencia ciega a aceptar como ciertos algunos arquetipos establecidos como verdades absolutas. Uno de ellos es aquel que nos indica en dónde está el “lado correcto”. Con este nebuloso orden de pensamiento, cuya validez no admite contraposición, hemos construido todo un sistema moral, político y social incuestionable y rara vez sometido a juicio. De este vago concepto han derivado, sin excepción, todas las formas de violencia social y bélica en las cuales se ha dado por legítima su dudosa pertinencia. El más preciso mecanismo de detección de esta trampa conceptual es la respuesta inmediata a la pregunta: “¿de qué lado estás y por qué?”.

Casi sin excepción, se puede percibir la impronta del desconocimiento histórico en tan amplios segmentos de las sociedades que, prácticamente, los cubre todos. La repetición de conceptos despreciativos como forma de demonizar al enemigo elegido desde un centro de poder al cual no tenemos acceso, para colocarlo en el foco de atención como el objetivo a destruir, ha sido una estrategia altamente efectiva. De este modo se genera un sentimiento colectivo de respaldo a tácticas opuestas a la lógica tanto como a leyes y acuerdos sobre derechos humanos pero, sobre todo, se instala el factor emotivo capaz de anular la capacidad de los pueblos para cuestionar los motivos detrás de estas acciones.

¿Cuál es el mecanismo mental que nos obliga a adscribirnos a campañas que, con un pequeño esfuerzo de reflexión, rechazaríamos de manera tajante? ¿En qué etapa del desarrollo se considera válida la destrucción de una nación o el genocidio de un pueblo por motivos religiosos, económicos o geopolíticos a cuyas circunstancias no tenemos el menor acceso? Pero, lo más importante, ¿de dónde hemos obtenido la certeza absoluta de que hay un lado bueno y otro malo? Son estas las cuestiones a plantearse como un ejercicio de la más elemental sensatez, pese a que escarbar en las fuentes de información de las cuales no sabemos su confiabilidad, es un ejercicio de fuerza mayor y su acceso se reduce a unos pocos iluminados con habilidades complejas o posiciones de privilegio.

Es cuando viene al caso mencionar el desarrollo de la inteligencia artificial (I), como unos de aquellos avances espectaculares a los cuales ya nos tiene acostumbrados la industria de la tecnología. Es otro de esos brincos históricos que nos muestra —cual juego de luces— la maravilla de interactuar con una máquina capaz de responder a nuestras preguntas de modo coherente. Es decir, un pequeño brinco hacia la ciencia ficción.

La posibilidad de experimentar esta nueva herramienta, la cual funciona a partir de algoritmos, análisis de datos y reconocimiento de patrones —todo ello parte de un sistema creado por humanos— puede parecer interesante aun cuando tiene el potencial de incidir en el establecimiento de patrones de pensamiento desde centros de decisión ubicuos, anónimos y ajenos al escrutinio público, pertenecientes a compañías poderosas con intereses particulares. El punto aquí es ¿cuándo dejaremos de actuar deslumbrados por mecanismos desconocidos capaces de incidir en nuestro pensamiento? ¿Cuándo, por fin, seremos capaces de someter a juicio todo cuanto nos afecta?

El frente de la nueva guerra, esa no abiertamente declarada pero que ha derribado todas las fronteras, somos nosotros y nuestra absoluta incapacidad para atisbar —en el veloz tráfago de información— en dónde está la verdad. No tenemos idea, porque las fuentes desde las cuales emanan las decisiones y estrategias nos son desconocidas. Ha sido tan hábil el modo como nos tienen convencidos de nuestra sapiencia, que aun las mentes más entrenadas se pierden en este laberinto de conspiraciones y entretelones políticos.

La verdad es la nueva utopía. El movimiento de tropas en Ucrania, las declaraciones de los líderes africanos, la creación de una moneda capaz de competir con el dólar o la zarpa de Israel detrás de todo el escenario bélico, compiten en atención con la nueva revolución francesa en su batalla contra el neoliberalismo, la cual amenaza con salirse de los moldes establecidos, si es que no los ha sobrepasado ya. En nuestro continente latinoamericano, el ruido más notorio procede del gobierno de México y las abiertas amenazas recibidas del Departamento de Estado por la audacia de su presidente al declarar la soberanía sobre sus recursos energéticos y minerales, litio a la cabeza.

El frente bélico está servido en las redes y en los medios comprometidos con el poder económico, desde los cuales emanan comentarios, hipótesis, supuestas revelaciones y toda clase de mensajes encubiertos para convencernos de una realidad paralela con respecto a la cual no existe certeza, pero tampoco los medios para contrastarla. Somos, en pocas palabras, víctimas de la desinformación institucionalizada y los pedacitos de realidad comprobable no son suficientes como para armar el rompecabezas.

Quienes lucen las agallas necesarias para enfrentar toda la basura que nos venden a paletadas, resultan —como Assange— víctimas de tortura, judicialización, persecución y muerte. El periodismo ético es combatido con saña y el gran público, ya entrenado para absorber y digerir lo que dictan los centros de poder a través del periodismo corporativo, agacha la cabeza y acepta resignado lo que sea con tal de no entrar en un estado de miedo e incertidumbre. Para constatarlo de primera mano ingresemos a las redes sociales en donde se exhibe, con toda su mágica envoltura, la alienación colectiva.

A los habitantes comunes, quienes no poseemos la llave de los grandes secretos como por ejemplo, la verdad sobre los ataques biológicos utilizados en todos los conflictos bélicos o los ensayos científicos perpetrados con la complicidad de los gobiernos sobre grupos humanos inocentes e indefensos, continuarán allí latentes como las grandes preguntas sin respuesta. Los métodos utilizados para mantenernos en la ignorancia no son secretos: responden a estrategias muy bien establecidas a través de políticas de Estado: desnutrición crónica, empobrecimiento de contenidos académicos, ocultamiento de episodios completos de la Historia de las sociedades, insistencia en el planteamiento ideológico de una Guerra Fría que sigue vigente y apoyo a gobiernos corruptos a cambio de su sumisión.

El frente de batalla, con nuestra presencia como la gran masa capaz de absorber sin chistar toda la mentira que nos quieran dar, se despliega en un escenario virtual en donde todo está mezclado y en el cual nada nos consta. Mientras tanto, el gran poder se asienta sin oposición alguna.

Si durante la campaña electoral que ha comenzado —incluso desde antes de dar el toque de salida— el pueblo tuviera una bola de cristal capaz de mostrar el futuro, probablemente exigiría que los comicios se declararan desiertos, como se hace con los concursos en los cuales ninguno de los competidores tiene nada bueno que ofrecer. Es lo mínimo que puede esperarse de una ciudadanía harta de los abusos pero que no logra hacerse escuchar, ya sea porque su voz es inaudible o porque, simplemente, ni siquiera se ha manifestado explícitamente sobre la amenaza que se cierne sobre su destino.

Ya no es vergonzoso. Es aberrante la manera como algunos funcionarios, mientras saquean al país, se dan maña para construir todo un entarimado —supuestamente legal— con el propósito de impedir la inscripción de candidatos idóneos para los cargos de elección popular. ¿El motivo detrás de esas maniobras escandalosas? Muy simple: es porque esas opciones constituyen una amenaza contra sus intentos de mantenerse libres de una más que merecida acción de la justicia por los delitos cometidos a la sombra del poder.

Quienes han jurado defender la Constitución y las leyes, justifican sus actos de corrupción bajo el argumento de ser víctimas de persecución política, aun cuando es más que evidente cómo, durante las sucesivas etapas de mandatos presidenciales y parlamentarios, han logrado acabar con la poca credibilidad de las instituciones, apañar los delitos de sus cómplices en otras instancias y, lo que es aún más grave, han usado todos los mecanismos a su alcance para perpetuar su dominio sobre los recursos del Estado.

Las amenazas y atentados contra la libertad de prensa, por lo tanto, no son una mera casualidad, han surgido como respuesta a investigaciones y denuncias sobre los delitos cometidos por funcionarios públicos durante su gestión, así como las maniobras perpetradas a la sombra —dado que ni siquiera se cumple con el libre acceso a la información pública— con las cuales se pretende ocultar delitos cuyos castigos —de existir justicia— llevarían al Presidente, su gabinete y sus cómplices en las Cortes, directo a la cárcel.

Mientras el gobierno de Guatemala se blinda contra cualquier intento de retornar hacia un régimen democrático, como demuestra el esfuerzo de partidos de oposición para llevar a las elecciones a candidatos con un perfil acorde con las necesidades de cambio, el mandatario y sus huestes protegen a lo más granado de la podredumbre política: candidatos aliados con las organizaciones criminales (narcos, traficantes de personas, saqueadores del Estado y otras joyas de catálogo). Eso, porque ha sido tal el abuso de poder de las dos últimas administraciones, que solo transando con ese tipo de candidatos mantendrán la impunidad sobre sus actos.

Por eso y mucho más, su arma se ha centrado en el encarcelamiento o el exilio forzoso de quienes —desde la prensa o desde el sistema de justicia— representan voz de alerta, denuncias basadas en hechos comprobables o acciones decididas contra quienes han hecho de los actos de corrupción un remedo de gobierno. Guatemala merece una limpieza a fondo de las lacras que la conducen al desastre total. Los listados de candidatos a cargos de elección popular demuestran que el país ha alcanzado ya la más profunda degradación política.

Ciegos de rabia e impotencia, el presidente de Guatemala y sus huestes instaladas en las instancias de poder, han abandonado el disimulo para lanzarse en picada —y con todo el arsenal jurídico en sus manos— contra la prensa de ese país. Ya no hay resquicios en donde esconder el miedo que les domina cada vez que aparece en los medios una denuncia por sus descarados actos de corrupción y abuso. Amparados por una cúpula empresarial incapaz de medir el alcance de sus delitos, persiguen y acosan a miembros de la prensa tal y como persiguen a jueces, magistrados y fiscales dignos y valientes, quienes a pesar de la intimidación y las amenazas han sido capaces de investigar a fondo sus delitos.

La instalación de una dictadura en Guatemala no es una teoría de conspiración. Es un hecho consumado. El mandatario, sus aliados en el Congreso, sus acólitos en el Ministerio Público y sus cómplices en las Cortes y en el Tribunal Supremo Electoral, han puesto un sello a las libertades ciudadanas y a los derechos civiles de una población paralizada e incapaz de reaccionar. En medio de ese panorama, no son muchos los valientes cuya lucidez les impulsa a actuar de frente y, entre ellos, mujeres y hombres dedicados a divulgar la verdad de los hechos por medio de sus diferentes plataformas de comunicación.

En su intento por emular la furia dictatorial de su colega nicaragüense, el presidente guatemalteco se ha paseado por encima del texto constitucional, transformando al Estado en una cueva de ladrones en donde corre el dinero a manos llenas para asegurar el fortalecimiento de un pacto de corruptos que tiene al país yendo directo a convertirse en el ejemplo vivo de la quiebra moral de una nación. La manipulación de las leyes, la amenaza a quienes intentan decir la verdad y el soborno descarado de los congresistas y jueces no hablan de poder, sino de una cobardía tal como para llevarlos a lanzarse en picada —y sin medir las consecuencias— contra todo aquel valiente que les presente oposición.

Toda la podredumbre de la administración pública —con su rastrera sumisión ante el crimen organizado que les acaricia los bolsillos con sus inmensas fortunas— tiene su réplica en las calles y los caminos de ese castigado país, en donde los matones se abren paso a balazos contra una población condenada al silencio. Los niveles de impunidad ante la criminalidad desatada a lo largo y ancho de Guatemala, responden a una especie de pacto cuya meta es colocar en la primera magistratura a quien se pliegue a continuar con la línea trazada y quien evite, por supuesto, cualquier intento de llevar a los culpables ante una justicia capaz de actuar con transparencia.

La persecución contra la prensa —incluido en ella el trabajo de opinión editorial realizado por columnistas de distintos sectores e ideologías— demuestra la debilidad de estas estructuras criminales ancladas en las instancias públicas, pero sobre todo el desprecio por el derecho de la población de ser informada —en detalle y con veracidad— sobre los actos de sus gobernantes. La violación de este derecho está claramente tipificada en las leyes y en la Constitución Política de la República, en cuyas páginas se garantiza aquello que hoy pisotean: la libertad de prensa.

En estos días, se debate en España la modificación de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la ley de “solo sí es sí”, considerada uno de los instrumentos legales más avanzados en la materia. Esta ley surgió como consecuencia del caso de “la manada”, cuando 5 hombres violaron a una joven de 18 años en un portal durante las fiestas de San Sebastián en Pamplona. La modificación de la ley de acoso, impulsada por el gobierno español, implica establecer el consentimiento pleno antes de cualquier encuentro sexual. Esto significa que la agresión no está necesariamente rodeada de violencia, ya que la víctima puede encontrarse en un estado de pánico, intimidación o inhibida de defenderse por cualquier otra causa.

Sin embargo, la nueva ley ha abierto una salida para que algunos agresores se beneficien con una reducción de penas, cuyas condenas mayores la nueva legislación reduce a un máximo de 4 años de prisión. Este escenario ha puesto nuevamente en la balanza un tema sensible y es la situación de riesgo inherente a la condición femenina, por ello para tipificar el delito de acoso sexual primero hay que analizar el fondo de los estereotipos que marcan la conducta de hombres y mujeres dentro de una sociedad patriarcal. Las leyes, aunque constituyen un importante avance en el establecimiento de normas de respeto entre individuos, no van al fondo del problema.

El acoso sexual es consecuencia directa de patrones culturales consolidados a través de los siglos, incluso impresos en códigos y leyes sexualmente discriminatorias en un marco de relaciones patriarcales, predominante en casi todas las naciones del mundo. Para combatir esta deformación institucional, aceptada hasta ahora como un elemento inherente a las relaciones entre los sexos, es indispensable comprender que no existen mecanismos transparentes ni herramientas que garanticen una aplicación justa de la ley.

Por lo tanto, para la gente común, es una extraña medida coercitiva que limita los derechos de las personas, exageración legalista que pretende imponer normas de conducta que sólo competen a los involucrados dentro del ámbito de su vida privada. Es decir, una medida considerada por efecto de estereotipos y tradiciones machistas, absurda y represiva. Esto, porque de acuerdo con las costumbres ancestrales, es permitido invadir el terreno íntimo de una persona que está en calidad subordinada, ya sea por razón de su sexo o de su posición en la estructura social.

El hostigamiento sexual, por razones de carácter cultural se refiere primordialmente a la mujer, porque ella ha sido la gran perdedora en la batalla de los sexos. De ahí proviene la fijación de los roles masculino y femenino como el dominante y el dominado, el fuerte y el débil, el activo y el pasivo. Y entonces, la sociedad acepta estas reglas del juego que le indica claramente su lugar en el orden social.

Para hacer de una ley contra el acoso sexual un elemento eficiente, se debe atacar a fondo el origen de las ambigüedades conceptuales, porque pocas violaciones a esta ley se dan ante testigos. Ello se presta a confusiones que pueden resultar aún más humillantes para las víctimas y las coloca frente a su victimario -palabra contra palabra-  en un duelo degradante que no propicia un desenlace justo ni garantiza un avance de la sociedad contra el prejuicio y la ignorancia.

Incapaces de detener el latrocinio de los bosques nativos y, muy por el contrario, convertidos en cómplices de su destrucción, los sucesivos gobiernos de Chile han apañado y consentido la invasión de los grandes terratenientes y sus maniobras contra uno de los más prístinos entornos naturales de nuestro continente. En estos primeros días de febrero, más de 250 focos de incendios —presuntamente provocados— envuelven en llamas enormes extensiones en las regiones de Maule, Ñuble, Bio Bio y la Araucanía, dejando a su paso desolación y muerte.

La pregunta es: ¿A quiénes beneficia tanta destrucción? Para comenzar a entender el origen de la tragedia, es preciso remontarse a los tiempos de la dictadura, cuando el gobierno de Pinochet decidió “incentivar la economía” por medio de un decreto, cuyo objetivo era impulsar la industria papelera destinando enormes extensiones a los cultivos de eucalipto y pino. La iniciativa consistía en bonificar a los terratenientes con el 75 por ciento de los costos de esas plantaciones durante un plazo de 10 años. Así fue como inició la desaparición paulatina de las especies nativas con su fauna asociada, pero también la sequía y la acidificación de los suelos, en donde ya no queda señal de nutrientes y en donde no se puede cultivar nada más.

Sin embargo, es importante señalar que los principales encargados de llevar a cabo el plan del gobierno eran también parte interesada de las empresas beneficiadas. Al vencer el plazo otorgado por la dictadura, los presidentes de la Concertación decidieron extenderlo; entre ellos, Frei, Piñera y Bachelet, esta última quien consideró importante mantenerlo por su “contribución a la lucha contra los gases de invernadero”. Es decir, gobiernos cuyos principios social demócratas fueron ignorados por presiones de los grandes consorcios empresariales.

Lo que queda hoy en ese Sur magnífico poblado de Olivillo, Tepa, Ulmo, Arrayán, Alerce, Coigüe, Raulí, en cuyas ramas habitaban abundantes colonias de aves y mamíferos propios de la región, es un páramo carbonizado; aldeas quemadas hasta los cimientos; personas desaparecidas y otras muertas; la imagen misma de la desolación, evidencia de hasta dónde puede llegar la ceguera de las autoridades y la codicia de sus grupos de poder.

Haciendo gala de su complicidad con el sistema que ampara estos abusos, la prensa chilena se mantiene firme en su postura de silencio y manipulación, con la intención de adjudicar al gobierno actual la culpa sobre la tragedia que viven esas regiones. El poder de las familias más acaudaladas de Chile, aquellas que fundaron sus grandes consorcios sobre las ruinas de una democracia que no les era propicia, ha sido el motor para impedir, entre otros hechos, un cambio en la Constitución de ese país propuesto con el objetivo de retomar los valores de un sistema capaz de trabajar en beneficio de las grandes mayorías.

Chile no solo pierde sus bosques milenarios al enriquecer a un puñado de empresarios incapaces de comprender el alcance de sus actos; también el continente pierde un paraíso de biodiversidad irrecuperable, la incalculable variedad de su fauna y la belleza de su entorno. El sur de Chile, ese paisaje lejano e inspirador, no podrá recuperar su integridad en las próximas centurias, a menos que la depredación se detenga hoy.

Impresionan la crueldad, la estulticia y el cinismo de Dina Boluarte, la mujer que, respaldada por la clase económicamente dominante del Perú, ha abierto la compuerta de la violencia extrema en contra del pueblo peruano. Ya son más de cincuenta los manifestantes asesinados a sangre fría por las fuerzas armadas, cuyos elementos pertenecen a la misma clase marginada y empobrecida que reprimen. Los discursos de Boluarte, cargados de odio y mentiras, representan la debilidad común a las oligarquías latinoamericanas, cuya respuesta a las demandas de justicia y equidad son siempre las balas.

En Perú se repite el esquema del doble rasero impuesto por Estados Unidos a todo nuestro continente: sus discursos por la democracia y la libertad naufragan en cuanto el fiel de la balanza se inclina hacia la elección de gobiernos progresistas, cuyas propuestas se alejen de los intereses del imperio y sus multinacionales. El destino de los países del tercer mundo está condicionado por ese parámetro neoliberal que les impide superarse, porque la superación y la independencia significan una reducción de los privilegios de quienes dominan el planeta. El mejor ejemplo de ello es el circo del Foro Económico Mundial en Davos, en donde se codea lo más excelso de la aristocracia económica rifándose con mucho estilo el porvenir de los pueblos mientras se reparten, entre ellos, la riqueza ajena.

La guerra declarada en el Perú no escapa a ese esquema. Boluarte, la gran traidora, es solo una pieza del rompecabezas y su patético papel se define por acatar ciegamente los dictados de la cúpula económica de su país. Lo mismo sucede en otras naciones latinoamericanas, en donde el olor a colonialismo satura cualquier iniciativa por imponer un modelo más humano, rescatar el beneficio por la explotación de sus riquezas naturales y respetar la autonomía de sus pueblos originarios. El gran enemigo es, en definitiva, el sistema instalado por obra y gracia de un imperio que también, por su parte, está lleno de fisuras.

Los muertos por la violencia en las calles de las ciudades peruanas constituyen una evidencia de la debilidad del gobierno y del descrédito de sus autoridades. La ciudadanía exige mejores condiciones de vida y eso, tanto en el Perú como en todos nuestros países, es una demanda cuyas consecuencias van desde la represión más extrema hasta la instalación de una dictadura, tal como sucede en estos momentos en el país andino. Los instrumentos para consolidar a esos gobiernos represivos extienden sus tentáculos con una eficacia sorprendente, creando una cúpula de silencio alrededor de las atrocidades cometidas por los dictadores, en este caso por los excesos cometidos por las fuerzas armadas bajo las órdenes de Dina Boluarte. De esa guisa, se instala el silencio cómplice de organismos internacionales supuestamente creados para defender la democracia, la paz y la justicia, elevando los motivos de la infamia como justificación válida para las atrocidades.

En medio de este escenario de violencia, la prensa calla; apaga sus cámaras, vuelve su atención hacia los temas de una agenda mediática impuesta por los países poderosos y deja sus valores de lado para responder a intereses ajenos a su verdadera misión. Lo que suceda en el país sudamericano se cubre de un filtro neutro para no opacar otras campañas mediáticas de interés geopolítico y económico de los países poderosos.

En mi caso, y pese a que no voy a desistir aún, ya son más de tres largas décadas de vaciar mi mente cada semana en un diálogo con mi conciencia. Esa historia de mi paso por las páginas de los medios ha sido, quizás, lo más estable de mi trayectoria y he disfrutado de esta catarsis cada vez que pongo punto final a una página. Sin embargo, no todo ha sido gratuito: el esfuerzo de componer, en un texto breve, todo un capítulo capaz de expresar mi pensamiento, ha sido un ejercicio cuya mezcla de frustración, dolor y esperanza lleva una impronta de enorme responsabilidad, a la vez de una gran cuota de entrega personal.

Nunca como hoy nos habíamos enfrentado a un mundo tan desconcertante. Con un entorno global que nos demuestra cada día su capacidad para movernos el piso y dejarnos ante un gran montón de dudas sabemos, porque no hay otra opción, que hemos de reaccionar y encontrar una respuesta, pero sin la menor idea de cómo empezar a buscarla. Ese es nuestro escenario hoy, coincidiendo con un nuevo dígito en el calendario —pura casualidad, porque estos falsos inicios son tan falsos como los buenos propósitos— y nos vemos en la necesidad de aceptarlo porque son los parámetros de una nueva forma de existencia.

Los acontecimientos que hoy nos impactan han sido, sin embargo, temas de literatura desde hace siglos. Las guerras por el poder económico, el engaño de los líderes, la manipulación de la verdad y el sacrificio de los más débiles en beneficio de los más poderosos nunca había estado más a la vista como en este nuevo realismo mágico, que nos tiene obnubilados e incapaces de encontrar una salida. Nos han ido quitando —gracias a un sistema neocolonial disfrazado de desarrollo— las pocas herramientas con las cuales contábamos para enfrentar los abusos de poder. Entre ellas, la educación y la salud.

Quizás por esa razón me he volcado en la lectura de libros —un tesoro que cada día aprecio con mayor gratitud— y me alejo paulatinamente de las fuentes de información, de aquellas en las cuales ya no creo y también de las que me merecen dudas. ¿Escepticismo o evasión? Todo es posible, pero a estas alturas de mi aventura ya no importa caer en esas irresponsabilidades, sino encontrar un rincón de paz en los tesoros de la mente humana, que al decir de Borges, son infinitos.

Mi consejo, si acaso les sirve de algo, es hallar ese espacio íntimo y aislado para escapar de una realidad que ni comprendemos, ni nos permite ejercer el derecho de cambiarla. Quizás en ese absorber los pensamientos de otros lleguemos a aprehender la inmensidad del daño ocasionado a nuestro pequeño mundo por haber sido incapaces de convivir en armonía. Por habernos creído superiores. Por haber abandonado todos los ideales

Sin embargo, esa necesidad de huir, de suspender la realidad para sumergirse en la fantasía de un espacio-tiempo durante el cual se imponga una tregua es, para muchos, un requisito indispensable que les permite continuar enfrentando unos desafíos que los superan.

Con la fuerza de las tradiciones mas arraigadas y alimentado por un sistema de consumo masivo capaz de condicionar la economía familiar, diciembre se presenta cada año como un acuerdo social y psicológico cargado de esperanza, pero también como un mecanismo para evadir la fuerza de las circunstancias.

Durante un mes se tiene la idea de fin de ciclo; en él se instala una sensación de nuevo inicio según nuevos propósitos con la búsqueda de diferentes resultados, pero en realidad solo es la continuidad de un flujo temporal en el cual permanecen los mismos problemas y desafíos, similares carencias y profundas desigualdades.

La tregua, sin embargo, suele contener un factor de optimismo capaz de orientar las expectativas hacia la búsqueda de un cambio. En los países latinoamericanos, en donde las raíces de sus tradiciones religiosas se entrelazan con una fuerte herencia colonial de estructuras verticales, racismo y marginación, los anhelos de paz y concordia, tan abundantes durante las fiestas, solo rascan la superficie de las sociedades.

Mas de la mitad de los pueblos de nuestro continente sobreviven a duras penas entre la pérdida de derechos, el hambre y un sistema económico cuya premisa es el aprovechamiento de las necesidades de las mayorías para enriquecimiento de unos pocos, protegido en sus abusos por gobiernos corruptos, pero sobre todo incapaces de gestionar la administración de políticas públicas eficaces y correctas.

Los buenos deseos decembrinos quedan obsoletos como aquellas tarjetas navideñas tiradas al basurero en cuanto despunta enero. Los indicadores de desarrollo —o deberíamos decir “de subdesarrollo”— siguen señalando con cruda exactitud la ausencia de Estado en la mayoría de nuestros países, tal y como se le describe en ese texto fantasioso llamado Constitución.

Conscientes de las ventajas de aprovechar este tiempo suspendido para desviar la atención de la ciudadanía y ocultar sus maniobras, quienes gobiernan y quienes inciden desde las sombras en la gestión pública amarran tratos, ocultan evidencias y engañan con estrategias de imagen.

En la realidad, el deslumbramiento colectivo de las fiestas de fin de año —con su carga emotiva de ofertas de paz y prosperidad— adormece y le pone filtro al color del paisaje sin transformar ni un ápice el verdadero escenario. El golpe de realidad llega sin anestesia en cuanto comienza el año con su carga de deudas, desempleo y el inevitable enfrentamiento con un sistema depredador sólido e inamovible.

La esperanza del cambio hacia un sistema más equilibrado de poderes y oportunidades no se convertirá en realidad de la mano de un simple salto de fecha.

Será posible, si acaso, con la firme determinación de actuar para provocarlo, de generar una dinámica social capaz de pasar hacia el nuevo año con la suficiente lucidez y resolución que haga realidad ese cambio, y con la disposición de trabajar duro para lograrlo.

Las imágenes de Pedro Castillo y de su familia saliendo del palacio de gobierno traen a la memoria las de Jacobo Árbenz, en Guatemala. En ellas, queda plasmado el odio de las castas criollas, cuyo desprecio ancestral hacia cualquier intento de rebeldía política con acento en la búsqueda del cambio, se traduce de inmediato en un plan de emergencia para detener con un golpe certero las posibilidades de una transformación social, económica y política capaz de aproximarse a los anhelos del pueblo.

Digamos que Pedro Castillo tenía los días contados; era evidente. Su formación de maestro no le dio acceso al aprendizaje de los trucos utilizados durante décadas por los políticos de la oligarquía y eso le puso fecha de caducidad. Si a eso se añade la influencia decisiva del Departamento de Estado para revertir —país por país— el giro continental hacia la izquierda, el paquete estaba listo, atado y con dedicatoria. También en Chile ha comenzado a presionar la maquinaria centrando sus tiros en el texto constitucional y, sin duda, maquinando estrategias para incidir en todo el marco político del nuevo gobierno. Bolivia ya pasó por la experiencia y también Venezuela, con sus cuentas embargadas. Ahora falta que dirijan sus tiros a Brasil.

Lo más ilustrativo del cinismo con el cual se mueve Estados Unidos en nuestro continente, con la OEA como su lacayo, es su hipócrita discurso por los derechos humanos y la democracia, valores que viola reiteradamente cada vez que le conviene a su política y a sus aliados corporativos. El caso más ilustrativo de esa doble cara se manifiesta en sus relaciones con Guatemala: un narco Estado cuyos dirigentes han destruido, pieza por pieza, todo el marco institucional arrasando de paso con su sistema de justicia; pero al estar el control en manos de una oligarquía ignorante, obsoleta y de corte colonialista —lo que al sistema neoliberal le viene de perlas— mira para otro lado.

Nos vendieron la preeminencia de los derechos humanos, la democracia y la autodeterminación como una aspiración legítima, pero en cuanto actuamos por conquistarlos viene el golpe de puño para recordarnos cuál es nuestra verdadera realidad. Vale decir, el engaño descarado y la píldora política gorda que nos hemos tragado en largos períodos de nuestra historia. Lo que no le toleraron a Castillo en Perú, se lo aplaudieron a Zelenski en Ucrania, demostrando que todo depende de qué color es el protagonista.

No podemos seguir ignorando la sombra funesta del imperio con sus aliados locales, capaces de utilizar el universo mediático para divulgar sus mentiras y convencernos del cuento de la libertad democrática de los pueblos. La realidad nos enseña, a golpes de Estado y bloqueos económicos, cómo los intereses de un puñado de naciones poderosas dependen de nuestro subdesarrollo y nuestra enorme capacidad para caer en las trampas del sistema, una y otra, y otra vez.

El hecho de alcanzar esa cifra simbólica obliga a reflexionar sobre la situación tan desigual en la que vive el segmento infantil de las sociedades. Con especial fuerza durante los últimos años por los efectos de la pandemia, niñas, niños y adolescentes se han visto recluidos en espacios limitados, alejados de su entorno social y muchos de ellos sometidos a la violencia doméstica y al rezago escolar; han experimentado los efectos más devastadores para su desarrollo físico y psicológico, en una etapa crucial de su vida. Ante la realidad de un sistema político y económico que los excluye de las oportunidades por su incapacidad para incidir en las decisiones que afectan su presente y su futuro, este segmento social ha quedado relegado en el goce de sus derechos fundamentales de manera indefinida.

En países como los nuestros —el gran continente americano lleno de riquezas— es más que evidente la pérdida de acceso de la niñez a las oportunidades de educación, alimentación y atención en salud. Los recursos destinados a paliar —entre otras urgencias— la desnutrición crónica en los primeros años de vida, no representan un tema prioritario en naciones gobernadas bajo la regla de la concentración de la riqueza, la captura de los recursos nacionales en manos privadas y la explotación de la fuerza de trabajo bajo las consignas del neoliberalismo más descarnado. Estos factores no solo causan una grave marginación de las políticas públicas y las iniciativas de desarrollo social, sino impactan en el futuro de los países y obstruye sus posibilidades de avanzar.

El haber alcanzado la cifra de 8 mil millones de seres humanos, cuyas necesidades superan de lejos la posibilidad de satisfacerlas, solo tiende a alimentar las desigualdades y exacerbar los odios, permitiendo la consolidación de movimientos fascistas y retrocediendo a los peores momentos de la Historia, con supuestos planes para reducir la población quitando de en medio a los más necesitados: migrantes; pueblos originarios marginados del desarrollo y desplazados de sus territorios; y, de paso, a quienes no poseen los recursos ni la capacidad para defender sus derechos.

El único recurso posible para establecer un cierto equilibrio entre los sistemas imperantes y las oportunidades de desarrollo con orientación hacia el respeto por los derechos humanos, es una alineación de prioridades con acento en la redistribución justa de la riqueza, la imposición de medidas radicales para reducir el impacto ambiental y un consenso entre los poderes corporativos —cuyo dominio es incluso superior a los poderes de los Estados— con el propósito de contribuir a detener la crisis climática. Todos ellos, objetivos que ya han sido ampliamente discutidos, plasmados en documentos firmados y ratificados, pero jamás cumplidos.

El entusiasmo de los aficionados al futbol, el cual captura el foco de millones de fanáticos y también atrapa la atención de los medios internacionales, ha dejado entre bastidores un tema crucial relacionado con esa región: las conclusiones del COP28, celebrado en Sharm El Sheij en este mes de noviembre. De acuerdo con Simon Stiell, secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, “este resultado nos hace avanzar, es un resultado histórico que beneficia a los más vulnerables de todo el mundo. Hemos determinado el camino a seguir en una conversación que ha durado décadas sobre la financiación de las pérdidas y los daños, deliberando sobre cómo abordar los impactos en las comunidades cuyas vidas y medios de subsistencia han sido arruinados por los peores impactos del cambio climático”.

Aun cuando esas palabras suenan como una promesa, la realidad es que la ONU no solo carece de poder para enfrentar las presiones del mundo corporativo, cuyo poder es incluso superior al de los Estados que la conforman, sino depende financieramente de países súper industrializados que son, en concreto, los mayores emisores de CO2 del mundo y cuyo sistema productivo se vería seriamente afectado con la gigantesca inversión requerida para adaptar sus métodos con el propósito de reducir su huella de carbono. A este obstáculo se añade una cultura de consumismo extremo e innecesario —convertida en señal de progreso— en esos mismos países desarrollados y aquellos emergentes que buscan imitar el estereotipo.

Con dar una mirada a la prensa internacional en todas sus plataformas basta para apreciar el enorme impacto que ese efecto placebo —el Mundial de Qatar— logra sobre millones de seres humanos capaces de sumergirse en la fantasía y olvidar todo aquello que ha puesto su supervivencia en riesgo. En ese sentido, no solo está la amenaza de una conflagración global, producto de la guerra de intereses geopolítico-corporativos, sino también la falsedad de las promesas vacías de los gobiernos en relación con sus políticas respecto del cambio climático.

Mientras grandes segmentos de la población mundial carecen de medios de subsistencia y se hunde en la pobreza y el hambre, se observa con discutible admiración la concentración obscena de poder de unos pocos privilegiados quienes, con una ínfima porción de sus fortunas, tendrían el poder de aplacar la miseria de quienes lo han perdido todo en este sistema depredador. La fantasía mundialista, sin embargo, no durará lo suficiente y el inevitable choque con la realidad del cambio climático, la profundización de la pobreza y el desafío de la supervivencia, terminará por prevalecer.

Con una habilidad maquiavélica, el torrente informativo —y, sobre todo, desinformativo— va creando un universo paralelo, en donde la concentración de la riqueza y de poder en manos de entidades inalcanzables se asume como un logro y no como una aberración del sistema que nos rige. En esa misma tónica, el retroceso en cuestión de derechos civiles y protección de los sectores más vulnerables —mujeres, niñez, adultos mayores, pueblos originarios, personas en condiciones de discapacidad— se consolida por medio de medidas arbitrarias y abiertamente discriminatorias.

En una década ya avanzada del nuevo siglo, destaca la manera ofensiva y abiertamente patriarcal como se mantiene el cerco contra el derecho de las mujeres de administrar su vida reproductiva de acuerdo con su propio criterio, o el silencio en torno a las prácticas misóginas de Estados que las condenan a un estatus de indignidad y marginación. Para normalizar este trato echan mano a leyes contrarias a los acuerdos y convenciones internacionales de carácter obligatorio, como aquellos dirigidos a proteger los derechos humanos y combatir la discriminación. Algo similar sucede en relación a la niñez, a la cual se la continúa tratando como a un subproducto y no como a un sector de primerísima importancia.

El efecto de la manipulación mediática se traduce también en una abstracción de la realidad de los otros. Es decir, una perfecta anestesia para la conciencia cuando el golpe lo recibe otro pueblo, en una latitud aparentemente lejana. Ese devenir del “no nos importa” no solo incide en una mayor vulnerabilidad hacia acciones similares que nos afecten, sino en una pérdida de contacto con ese concepto de Humanidad, al cual sin embargo solemos recurrir cuando somos quienes recibimos los golpes.

El sistema imperante en nuestro hemisferio —neoliberal, capitalista, orientado a la concentración de la riqueza en pocas manos y a la pérdida de derechos individuales— tiene como característica específica la imposición de un modo de vida capaz de impedir o entorpecer toda acción colectiva, manteniendo a la ciudadanía enfocada en la supervivencia gracias a la incertidumbre con relación a su trabajo, a sus derechos, a sus posibilidades de progreso. El interés primordial de quienes poseen el control de la información y los medios para divulgarla, por ende, está centrado en el silencio y el conformismo, lo cual representa la base misma del sistema y garantiza su solidez. Eso les permite un espacio privilegiado para continuar con sus planes de expansión económico-corporativa, incidencia en la política global gracias a una hábil manipulación financiera y, desde esa plataforma, la decisión unilateral sobre las vidas ajenas.

Los medios de comunicación con vocación de independencia editorial son las primeras víctimas de los intentos de sabotaje, por erigirse como abanderados en la denuncia y la protesta. Aun cuando existen leyes específicas para garantizar la libre emisión del pensamiento, cualquier fisura en el estado de Derecho constituye un peligro de colapso de este y otros derechos civiles a manos de grupos interesados en echar una red de contención a la prensa.

En Latinoamérica esto no es novedad; durante su historia —antigua y reciente— muchos han sido los intentos de acallar a la prensa y también muchas las batallas ganadas por este sector. Sin embargo arrecian los intentos de intimidación, al punto de hacerse obvios para sociedades que usualmente se mantienen ajenas a este tipo de conflictos. Lo más preocupante es la impunidad que ha rodeado a los ataques contra periodistas, situada en alrededor de 80 por ciento, la cual denota el enorme poder que ampara a los agresores.

Uno de los aspectos mas críticos de esta guerra contra la prensa a nivel mundial es la vulnerabilidad de los periodistas y corresponsales que trabajan en condiciones de riesgo, por su labor de investigación y denuncia de los abusos cometidos a la sombra de los poderes político y corporativo-empresarial. Estos colegas desempeñan una labor fundamental en el ejercicio de la profesión sin más escudo que su carnet de prensa y encomendándose a todos los santos para no sufrir represalias por sus investigaciones, muchas veces relacionadas con el crimen organizado o temas ambientales que ponen el dedo sobre empresas poderosas y políticos corruptos.

Los intentos de silenciar a la prensa constituyen un disparo a la conciencia de la ciudadanía, dado que la condena a la ignorancia y le veda el derecho al acceso a una información completa, veraz y responsable, uno de los pilares fundamentales de los sistemas democráticos. Pero la situación es real y también lo son las amenazas para acallarla, lo cual hace temer que el periodismo independiente se encuentre en peligro de extinción mientras sus representantes continúen siendo asesinados, hostigados e impedidos de ejercer su oficio con plena libertad. Enfrentados a una situación de extremo peligro y con el desafío adicional de proteger a su familia y mantenerse vivos, estos profesionales no podrán cumplir su tarea a menos que las autoridades asuman la responsabilidad de hacer valer las leyes que protegen el ejercicio periodístico.

Lo experimentado por los comunicadores es una situación que podría calificarse como un secuestro de los derechos y libertades ciudadanas. Si la prensa no puede funcionar, tampoco lo harán las instituciones fundamentales de los Estados, y eso se verá replicado en todas y cada una de las instancias que los conforman. Este escenario precario para el periodismo es uno de los temas más sensibles de la última década.

El uso de la carta, un invaluable archivo documental a lo largo de la historia, se ha extinguido. La eficacia de los sistemas instantáneos desarrollados mediante un avance tecnológico vertiginoso, han acabado con la necesidad y, por ende, con las perspectivas de supervivencia de un modo de relación que toca las fronteras del arte. Las generaciones educadas en la escritura manual han desaparecido, para ser sustituidas por usuarios de computadoras y teléfonos inteligentes desde los cuales se precia más la rapidez que el contenido, perdiéndose irremisiblemente todo el valor implícito en un documento personal e íntimo.

La carta, entre otros de sus valores, tenía la enorme cualidad de plasmar una forma de autobiografía resultando así mucho más reveladora e íntima, al reflejar en sus líneas el fluir del pensamiento de manera espontánea, sin los filtros impuestos por la obsesiva revisión literaria. Por esa misma razón, sus mejores ejemplares han llegado a poseer más intensidad que la novela y más fuerza que el ensayo, por su cualidad de hacer menos concesiones al despilfarro verbal. Para comprobarlo, nada mejor que escarbar entre las colecciones epistolares de los grandes filósofos. artistas y científicos.

Los objetivos y el modo de escribirlas pueden llegar a abarcar infinidad de posibilidades: lo literario (como en el caso de Proust) puede convertirse en el objetivo primordial, por encima del mensaje en sí, demostrando que un escritor difícilmente puede dejar de serlo aun cuando esté transmitiendo sus sentimientos más íntimos en un trozo de papel supuesto a ser destruido. Sin embargo, también existe la dificultad intrínseca en el hecho de utilizar el método epistolar; y es la imposibilidad de mantener una conversación amena, profunda, ligera, imprevisible y afectuosa, todo a un tiempo, haciendo abstracción del hecho de que entre una y otra intervenciones pueden transcurrir semanas o meses.

Al perderse la carta, se ha perdido la expresión manuscrita absolutamente individual, transformando al texto en una pieza mecánica, diseñada y moldeada de manera artificial. Ya no existen más los renglones torcidos, las señas individuales ni la posibilidad de cometer errores, los cuales se corrigen de modo automático. Tampoco está el hecho de abrir el sobre y disfrutar del momento de revelar su contenido. La auténtica carta era una pieza irrepetible, escrita de un tirón con un estilo coloquial semejante al lenguaje hablado. Es decir, un lenguaje único capaz de transmitir pensamientos, sentimientos y actitudes, con la connotación íntima del tú a tú. Esta práctica extinta para las mayorías, quizás permanezca latente para un rescate reservado al uso exclusivo de unos pocos nostálgicos.

Hacer un espectáculo de la desgracia ajena es, al parecer, una táctica capaz de aportar ventaja en términos de audiencia y, por consiguiente, un sustancioso incremento en la pauta publicitaria. Lo que Kapuscinski, el gran reportero polaco, consideraba la norma fundamental en el ejercicio periodístico: “Buscar la verdad entre la gente común, olvidarse de los elevados círculos del poder cuando es preciso encontrar respuestas. Describir los detalles, porque a veces en ellos se encuentra la clave de todo. Huir de la vanidad y de la sobredimensión del ego como de la peste misma, porque ahí se comienza a perder la objetividad y el sentido de las cosas. Y viajar solo, para que la visión de alguien más no distorsione la percepción pura y directa del reportero”. Hoy se considera una desventaja competitiva.

Kapuscinski viajó por el mundo y no en calidad de turista, en hoteles de alta gama. Caminó por las rutas casi olvidadas en donde se encontraba patente la miseria humana. Y nos relató sus hallazgos con el acento puesto —incondicionalmente— en la cercanía con los seres más humildes, los pueblos más necesitados. Sus profundos análisis podrían cubrir todo el contenido de un doctorado en ética y sus enseñanzas serían capaces de revertir el sentido mismo de una profesión que, de honorable, ha pasado en algunos casos a ser el equivalente mediático del sicariato.

Como fuerte opositor a todo tipo de conflicto armado –en su carrera vio muchos y, sobre todo, sus efectos—, este periodista galardonado con el premio Príncipe de Asturias afirmó alguna vez que “la primera víctima de la guerra es la verdad”. Al observar el panorama actual y poniendo cada cosa en su lugar, es importante señalar que el despliegue abrumador de espectáculos bélicos y su retórica deshumanizante reflejan la tendencia de un periodismo diseñado para y por la hegemonía de los países más poderosos, garantizando así la sumisión y el debilitamiento progresivo de las naciones consideradas “dependientes”.

Los auténticos profesionales del periodismo, quienes ven reducir su terreno por presiones de poderes fácticos, influencia de las grandes corporaciones, chantajes y amenazas de empresarios y políticos y, por sobre todo, de estamentos jurídicos estrechamente vinculados a organizaciones criminales y ejércitos corruptos, son perseguidos. Las presiones incesantes para acallar la verdad y ocultar crímenes de Estado no son cosa únicamente de países tercermundistas; lo vemos en las grandes cadenas internacionales, apañando decisiones espurias de las grandes potencias y convirtiendo sus agresiones en un ejemplo de virtudes democráticas. El periodismo, hoy, cruza por la mayor crisis de credibilidad en toda su historia.

Aun cuando la mayoría de seres humanos carece de medios para comprender la magnitud del descalabro mundial, el hecho es que todo el sistema bajo el cual se rige el mundo está colapsando de modo acelerado. La economía, basada en la explotación y el uso irracional de los recursos naturales, ha cavado un enorme foso acabando con el precario equilibrio del planeta y lanzándonos hacia una devastación nunca antes vista.

La inconcebible ola de saqueo de las riquezas de los países en desarrollo y los efectos acelerados del cambio climático, marcan un proceso destructivo y genocida sin parangón en la historia de la Humanidad. Todo ello, acompañado de políticas ambiciosas que utilizan la extorsión contra gobiernos débiles. Estas naciones, progresivamente dependientes de la ayuda de organismos financieros internacionales —cuyo objetivo es aumentar la debilidad del tercer mundo— van cayendo en una situación que les impide tener acceso a un desarrollo pleno y sostenible.

La teoría del “desarrollo del subdesarrollo”, elaborada por André Gunder Frank hace ya más de 50 años, explica que “la mayoría de los estudios del desarrollo y del subdesarrollo adolecen de no tomar en cuenta las relaciones económicas y otras entre las metrópolis y sus colonias económicas a lo largo de la historia de la expansión mundial y del desarrollo del sistema mercantilista y capitalista. Por consiguiente, la mayoría de nuestras teorías fracasan en explicar la estructura y desarrollo del sistema capitalista como un todo y en tener en cuenta su generación simultánea de subdesarrollo en algunos lugares y desarrollo económico en otros”.

Es decir, se supone una similitud entre el pasado de los países desarrollados y la actual situación de los no desarrollados, como si solo fuera cuestión de tiempo alcanzar los mismos niveles. Esa visión, en el estado actual de las relaciones entre unos y otros, lleva a una perspectiva peligrosamente engañosa. En la actualidad, frente a una situación de enorme tensión entre las máximas potencias y naciones aliadas, toda teoría del desarrollo cae ante una realidad que tiene al mundo al borde del abismo, arrastrando consigo a nuestros países dependientes y vulnerables.

En este frente cargado de violencia y ambición geopolítica, el costo cae, de hecho, sobre los pueblos abandonados a su suerte; sobre los incesantes desfiles de migrantes cuya precariedad es obra de la voracidad e indiferencia de los países desarrollados; sobre los desplazados de su territorio por la ambición de la industria extractiva y sobre grandes conglomerados privados de agua y alimento. El inconcebible repunte del nazismo en Europa constituye, de modo directo, un signo de estos nuevos tiempos en donde la vida humana es un mero obstáculo, capaz de entorpecer sus planes de crear un mundo distópico, blanco, unificado, obediente.

El periodismo, una profesión de servicio público cuya misión es dar a conocer información veraz y oportuna sobre los acontecimientos y decisiones que afectan a la sociedad, se ha transformado en otro campo de batalla entre los grandes núcleos de poder político y económico y los comunicadores éticos e independientes. Los medios de prensa, en general, están en manos de grandes grupos empresariales y su finalidad es incidir en la ruta política, manipulando la información a conveniencia de sus inversionistas. La verdad, por lo tanto, queda relegada por considerarse un elemento inconveniente dentro de la fórmula.

La persecución contra quienes investigan y revelan sucesos, decisiones y otros actos de interés cometidos al margen de la ley y que atentan contra el bien público se ha convertido en uno de los frentes de guerra; estos frentes son sostenidos y alimentados por gobiernos y cúpulas de poder económico, con la finalidad de neutralizar todo acto de rebeldía popular. De este modo, se ha universalizado una especie de Guerra Fría de última generación desde donde se manipula, transforma y divulga información con una fuerte carga ideológica; una estrategia del miedo capaz de dividir y paralizar toda acción ciudadana tendente al cambio de sistema.

La estrategia del miedo ha sido, durante el transcurso de la Historia, una herramienta utilizada por toda cúpula de poder con el propósito de convencer a los pueblos de mantener una postura obediente, no deliberante, sumisa ante quienes marcan la ruta y dispuesta a defender ideales impuestos para proteger privilegios e intereses particulares. En esta guerra solapada, los medios de comunicación masiva constituyen el arma perfecta en ese afán por conseguir el objetivo de dominar el escenario. La lucha desigual, emprendida por algunos medios independientes y periodistas éticos, es una fuente de malestar para quienes deciden nuestro futuro y, por ello, las amenazas y obstáculos a los cuales se enfrentan estos profesionales han llegado al extremo de obligarlos a refugiarse en un exilio forzoso, ante el riesgo de perder la vida.

Cada día se amplía la distancia entre la misión de la prensa —como una actividad de servicio público para proporcionar a la ciudadanía una visión correcta y veraz de los acontecimientos de su interés— y lo que efectivamente se recibe desde las cadenas noticiosas y los medios aliados con el oficialismo. Esta ruptura con la misión de la función periodística tiene un impacto tal en las sociedades, al punto de convertir las guerras en un espectáculo, al hambre en un destino inevitable, a las migraciones humanas en una desgracia ajena. En otras palabras, nos han inmunizado contra la sensibilidad y la vergüenza.

Pero ¿qué sucede con esos derechos en el escenario real? 4 millones de recién nacidos en el mundo mueren durante su primer mes de vida. 148 millones de menores de 5 años en las regiones en desarrollo —en donde se encuentra nuestro continente— tienen un peso insuficiente para su edad. 1.020 millones de seres humanos pasan hambre todos los días. 1.400 millones de personas carecen de acceso al agua potable, una situación que empeora cada día por el cambio climático y las migraciones forzadas.

Organizaciones creadas específicamente para observar y contribuir al mejoramiento de la situación de la niñez coinciden en señalar cómo esta afecta a millones de niñas, niños y adolescentes, condenándolos a un escenario de pobreza extrema, violencia, explotación y abuso. Sumado a ello, los países tercermundistas consideran a la niñez y adolescencia un subproducto social, dada su condición de vulnerabilidad y por no poseer la menor incidencia en las decisiones políticas. Debido a ello, se encuentran sujetas a decisiones que no les favorecen y sufren la carga adicional de la marginación en el diseño y aplicación de políticas públicas.

Ante la devastación provocada por los fenómenos climáticos, los efectos de las guerras, la injusticia de las migraciones forzadas, la polarización de la riqueza y la corrupción de los gobiernos, las mayores víctimas se concentran entre la población infantil y juvenil. Para las potencias económicas y los centros mundiales de poder político y económico, estas masas de niñas y niños hambrientos y plagados de enfermedades evitables son bajas colaterales. Ante esta realidad, celebraciones como la señalada anteriormente no solo resultan de un simbolismo vacío, sino además son un recordatorio obligado de la absoluta falta de observancia de las declaraciones dedicadas a proteger a quienes son su principal objetivo.

Uno de los más graves efectos del abandono en el cual se desarrollan las nuevas generaciones es el aumento sostenido de problemas de desnutrición, autoestima, crisis de identidad y depresión. Esto, que ya era parte de la situación de pobreza en la cual se encuentra la inmensa mayoría de niños, niñas y jóvenes, ha experimentado un fuerte incremento a partir de la pandemia. De acuerdo con el informe Estado Mundial de la Infancia 2021, elaborado por Unicef, “El suicidio es la cuarta causa principal de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años. Cada año, casi 46.000 niños de entre 10 y 19 años se quitan la vida: es decir, un niño cada 11 minutos”.

Los discursos demagógicos y gestos condescendientes de los líderes políticos en sus promesas de campaña constituyen, ante este crudo panorama de la infancia, un ejemplo de la aberrante pérdida de sentido de la realidad que les condiciona en cuanto acceden al poder. La obligación de la ciudadanía es insistir en el respeto por los derechos de este sector, tan importante como marginado. De él depende el futuro y esas no son palabras vacías.

Aun con olas de protestas y campañas destinadas a elevar la presión sobre las autoridades, queda patente cómo el sistema se protege a sí mismo, utilizando el tiempo y los medios a su favor para eludir la responsabilidad.

Eso permite corroborar, una vez más, que la indignación no basta si no se acompaña de acciones radicales con el propósito de cambiar esas estructuras patriarcales sólidamente insertas en una cultura de discriminación y desprecio por la mujer.

Los efectos del machismo y la misoginia, institucionalizados y elevados a la categoría de ley, persisten en nuestros países tanto como en aquellos sometidos a gobiernos con estrictas normas religiosas cuya fuerza restrictiva golpea, con especial énfasis, al segmento femenino de la sociedad. Pero nosotros, desde el falso escenario de la cultura occidental y la débil estructura de nuestras democracias, nos afanamos por condenarlos, aunque somos capaces de abandonar a niños, niñas y mujeres en manos de las redes de trata, abuso sexual y violencia machista, sin cuestionar nuestra postura moral.

Que no me digan que exagero. Que no me digan: “es culpa de las mujeres”, porque a todos nos consta la barrera de obstáculos erigida en nuestros países tercermundistas para hacer imposible las denuncias. Me consta, por haberlo visto de cerca, el trato humillante de las autoridades -policías, fiscales y jueces- ante los casos de violación, de acoso y de feminicidio, con el cual re victimizan a quienes deberían proteger, y fallan al escatimarles la garantía de una justicia pronta. No me digan que los órganos encargados de administrar esa justicia cumplen con su deber de investigar, perseguir y castigar a los culpables, porque esas instancias -como la mayoría de instituciones de nuestros países- han estado siempre al servicio de los victimarios. Para comprobarlo, basta con echar una mirada a los índices de impunidad ante este tipo de denuncias, los cuales alcanzan cifras de espanto.

No me digan tampoco que un caso es más importante que otro, solo porque la víctima pertenece a una cierta categoría social. Porque no importa el nivel educativo, económico o social, una niña o una mujer violentada tiene los mismos derechos a recibir atención prioritaria cuando se encuentra en una situación de violencia, dentro o fuera de su hogar. En ciudades, pueblos y aldeas de nuestras naciones, son miles las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, a quienes jamás buscan las autoridades. Las organizaciones criminales dedicadas a la trata tienen sus bases instaladas en despachos oficiales, gozan de protección, operan a sus anchas y eso es parte fundamental de la realidad incontestable que nos rodea, la cual hemos naturalizado al punto de ni siquiera reflexionar sobre ella.

Nos han repetido hasta el cansancio que la pobreza es cosa del destino; que más importante que rebelarse contra ella, es llevarla con dignidad. Inculcaron en el imaginario colectivo —a fuerza de sermones de púlpito— la idea de la resignación ante los designios divinos, como si la miseria y la explotación fueran pruebas anticipadas para merecer el paraíso. Nos dieron una versión edulcorada de la Historia de nuestros países en la cual dominaron las nuevas aristocracias criollas que, unidas en consenso, crearon a su medida las normas que regirían a partir de entonces y, de común acuerdo, se repartieron todos los privilegios.

El colonialismo de entonces se fue sofisticando a lo largo de los años y su enorme poder, desde el dominio de la economía hasta la injerencia en las decisiones y la conformación de los poderes de los nuevos Estados, ha logrado mantener no solo la estructura social sino también una actitud de aceptación de este sistema depredador, alejado del propósito de construir auténticas naciones independientes y soberanas. Sin embargo, en este escenario solemos pasar por alto a otros protagonistas de nuestra historia: las organizaciones criminales.

Premunidas de un poder difícil de medir, las organizaciones dedicadas al narcotráfico, a la trata de personas, al secuestro, al contrabando de los tesoros nacionales, al lavado de activos y a la manipulación de las leyes se han infiltrado con pasmosa habilidad en casi todas las instituciones de nuestros Estados —con especial énfasis en los partidos políticos— manteniendo así su capacidad de maniobra y la impunidad sobre sus operaciones. Esta es una realidad ante la cual los estamentos encargados de resguardar la paz social y la independencia de los poderes son impotentes o han sido ya dominados y vencidos.

La independencia, sin perjuicio de lo que significa la inmensa presión de potencias extranjeras sobre nuestros gobernantes, es un mito cada vez más débil. Las celebraciones, tan esperadas por nuestros pueblos, llevan en sí el sello del silencio ante los abusos de las castas privilegiadas y sus instrumentos de represión. El concepto mismo de independencia —el cual se acepta como una realidad, sin la menor resistencia— requiere de una revisión profunda; y, como resultado, de un ejercicio colectivo de reflexión sobre los conceptos e ideas, inculcados desde la niñez, sobre los cuales se apoya este viejo mito.

La verdadera independencia descansa sobre un sistema auténticamente democrático, justo e igualitario. En tanto existan pueblos explotados, grupos sociales discriminados y criminales al mando, las celebraciones de independencia constituyen una enorme mentira y una cara distracción que pone en suspenso, por unos días, esa importante tarea pendiente.

El 11 de septiembre de 1973 se quedó grabado como una de las jornadas más dolorosas imaginables, no solo por lo que significó para el futuro de Chile, sino sobre todo por la fuerza como impactó en el resto de mi vida y de la vida de millones de compatriotas.

En los días que siguieron fue posible ir acumulando información y encajar los golpes inevitables al comprender cómo lo que hasta entonces se consideraba normal, legal y cotidiano, se había transformado en una larga lista de delitos imperdonables para la cuadrilla de militares que habían asaltado el poder.

A lo largo de los años, poco a poco han ido surgiendo las respuestas a uno de los hechos más violentos contra un Estado democrático, planificado desde los despachos de la Casa Blanca y ejecutado por uno de los ejércitos mejor adiestrados en el marco institucional y operativo diseñado por el nazismo alemán.

Los ecos de la dictadura chilena siguen resonando fuerte y dividen a su pueblo, a pesar de los esfuerzos por retomar la ruta hacia una democracia de participación, justicia y equidad; una democracia cuyas fortalezas no residan en privilegiar a las clases dominantes ni en hacer de la competencia por la acumulación de riqueza un hito del desarrollo, sino una capaz de sentar las bases de la igualdad. Sin embargo, el mito de la bonanza económica del país austral permanece inalterable, tanto como una imagen de superioridad que no se sostiene a sí misma frente a la realidad de un sistema de empobrecimiento progresivo como de discriminación y de pérdida de oportunidades para su población.

En mi caso, el golpe de Estado significó alejarme para siempre de ese Chile que ya no reconocí más. Un exilio que me llevó a Guatemala, otro país de dictaduras, injusticia y pobreza, pero una nación que me acogió con la bondad incomparable de su gente. En el fondo, ese migrar abrió una compuerta de empatía y curiosidad ante los avatares de nuestra realidad latinoamericana y me permitió indagar con una conciencia más despierta en los orígenes y las consecuencias de las decisiones que marcan nuestro destino.

Ese 11 de septiembre, bajo el fuego de la artillería del ejército chileno contra su propio pueblo, es para mí el símbolo de la traición. A lo largo de los años ha quedado patente y documentada la intervención perversa de Estados Unidos y cómo instrumentalizaron a un ejército hasta entonces orgulloso de su institucionalidad.

La corrupción de Augusto Pinochet, su familia y allegados —el secreto mejor guardado durante años— fue el toque final para poner en evidencia los alcances y la envergadura de los crímenes cometidos durante una dictadura, la cual, desde otros escenarios del continente, se consideró la salvación de un país en bancarrota.

La transición a la democracia en 1990 abrió muchas rutas clausuradas, pero dejó instalada la huella de la dictadura en su Carta Magna, una tarea pendiente cuya trascendencia todavía pasa inadvertida para la mayoría de los chilenos.

La campaña orquestada contra el Apruebo, desde los sectores más conservadores, utilizó todos los recursos creados por los estrategas de la Guerra Fría para inyectar en la población el miedo y la incertidumbre. Los ecos de la dictadura y la furiosa reacción de los círculos del poder económico ha sido el detonante de una campaña llena de mentiras y amenazas. Estos sectores utilizaron su poderosa influencia mediática para espantar toda posibilidad de cambio y manipular los conceptos propuestos por las voces reunidas en la Convención Constitucional, desde donde surgió la propuesta.

El temor de la derecha chilena se refleja en su rotundo rechazo a la aprobación de un texto constitucional en el cual predomina la apertura hacia la participación de todos los sectores de la ciudadanía, incluidos los históricamente marginados grupos sociales -pueblos originarios, mujeres y juventud- así como la protección de la riqueza natural con una visión integradora hacia el desarrollo. La manera como se han gestionado y explotado los recursos durante las últimas décadas, ha generado una polarización extrema entre sectores y un empobrecimiento sostenido de las capas menos beneficiadas por el sistema neoliberal.

Los movimientos populares por el cambio en Chile tuvieron su máxima expresión durante las manifestaciones callejeras en octubre de 2018. Ignorar su trascendencia equivale a intentar frenar las mareas. Durante meses se han debatido pública y abiertamente, con una gran transparencia, los artículos redactados para la nueva Carta Magna, contrario a lo sucedido durante el proceso de redacción de la constitución actual, pergeñada en la intimidad de los despachos de la dictadura. Ha sido un esfuerzo ejecutado por representantes de todos los sectores, contra fuertes campañas de desprestigio y desinformación desde los círculos de poder más afectados por este potencial giro de ruta.

Rescato un breve poema de Nano Stern, compartido en Twitter, porque refleja en unas pocas palabras el sentir de muchos chilenos, dentro y fuera de sus fronteras: “Cuánta sangre, cuántos ojos, /cuántas luchas, cuántos sueños, /cuántos anhelos y empeños, /cuántos años de despojos… /Es tiempo de abrir cerrojos/ y andar un camino nuevo; / se los digo y me conmuevo/ porque ya ha llegado el día:/ con esperanza, alegría y convicción, voto apruebo”.

Lo que hoy suceda en este trascendental referéndum marcará el futuro inmediato, ya sea con una votación que abra o no la puerta hacia el cambio; porque esa marea continuará su trayectoria canalizando las demandas del pueblo chileno por un marco jurídico capaz de consolidar un sistema más equitativo, justo y definitivamente responsable; los fantasmas de la Guerra Fría y las amenazas de los sectores conservadores tienen su plazo marcado. Por eso y por mucho más, yo también voto Apruebo.

En estos días, los medios internacionales han clavado sus colmillos con enorme placer en el paseo de Donald Trump por los pasillos de la ilegalidad. El evidente abuso de poder cometido por el exmandatario estadounidense, al acumular documentos oficiales en su club privado, ha sido un apetitoso pastel para el circo mediático. Sin embargo, ese acto de abuso burocrático representa la evidencia de un pésimo manejo de los controles supuestamente estrictos sobre los documentos clasificados y del archivo oficial de la mayor potencia mundial. La corrupción de los procesos, por lo tanto, es solo una muestra de las debilidades morales de un país con influencia global.

Este, sin embargo, no es un hecho aislado y corresponde a la justicia de ese país lidiar con la interminable secuencia de pasos protocolarios para procesar a un expresidente. Antes, otros mandatarios —basados en evidencias falsas y mentiras evidentes— cometieron abusos de consecuencias catastróficas para pueblos de lejanas latitudes, con el único propósito de facilitar y asegurar la explotación de sus recursos y la captura de sus gobiernos. El colapso moral derivado de esas políticas ha sido, a lo largo de la historia, la marca indeleble del poder económico y geopolítico y ha llevado a las naciones involucradas, de forma paralela, a la miseria y a la abundancia.

Cuando el liderazgo de una potencia mundial recae en seres tan deleznables como aquellos cuyas acciones vulneran la paz del planeta y se sirven de su poder para abusar de otros pueblos, es cuando se vale preguntar por qué las demás naciones callan y aceptan. Es válido sospechar que tras operaciones destinadas a exterminar a pueblos enteros, como sucede con los ataques de Israel sobre Palestina o los conflictos en Yemen, Afganistán, Irak y otros países —en donde las víctimas civiles se cuentan por decenas de miles— existe una especie de pacto al cual pertenecen las naciones más poderosas, pero también organismos creados para salvaguardar la paz, y guardan silencio.

La prosperidad de los imperios siempre ha descansado sobre el abuso y la explotación. El precio de ese bienestar para unos pocos lo han pagado pueblos de culturas milenarias, cuya debilidad muchas veces les ha significado el exterminio. El poder acumulado ha sido resultado del latrocinio de riquezas ajenas y la captura de gobiernos débiles y corruptos, instalados gracias a la manipulación y el intervencionismo. Los derechos humanos y la democracia —valores utópicos— constituyen el discurso propicio y un arma de seducción política que ha perdido todo su significado, sobre todo cuando proceden de quienes violan sus preceptos.

Cerezo comenzó a gobernar y el pueblo le otorgó el beneficio de la duda. Se había abierto una gran puerta hacia la reparación institucional, con el retiro de las fuerzas armadas hacia sus cuarteles para permitir el establecimiento de un gobierno libre y soberano, pero se fue cerrando paulatinamente para dejar paso a la poderosa influencia de empresarios y altos mandos del Ejército. Estados Unidos nunca le quitó los ojos de encima, vigilando sus intereses -usualmente opuestos a la independencia de las naciones- y se consolidó finalmente lo que sería un Estado débil y vulnerable.

La gran oportunidad comenzó a desvanecerse ante la mirada de un pueblo cansado de las decepciones. Después de Cerezo se hizo patente cómo el discurso populista prendía nuevas olas de entusiasmo y los gobiernos que le siguieron fueron marcando una tendencia progresiva hacia el ejercicio de todos los vicios de la mala gestión gubernamental: enriquecimiento ilícito, compadrazgo, represión de las voces disidentes, persecución de líderes y manipulación de las leyes rectoras de los procesos electorales para garantizar el monopolio de los listados para cargos de elección popular.

Esta constante pérdida de certeza en los valores democráticos, provocada por gobiernos cada vez más ajenos a los intereses del país y dedicados de lleno a saquear las arcas públicas y apoderarse de los bienes nacionales, ha desembocado en las más recientes administraciones, lamentable ejemplo de amoralidad -en todos los sentidos- y una voracidad insaciable por destruir todo resquicio de institucionalidad. La manera como actúa el gobierno actual no es más que una consecuencia de esa caída paulatina en la impunidad y el abuso de autoridad de una cadena de administraciones incapaces y venales.

La persecución contra ciudadanos comprometidos con su país ha entrado en un franco ataque de odio contra quienes intentan detener esta orgía de destrucción, provocada por el gobernante y sus aliados. Periodistas, analistas políticos, líderes comunitarios, operadores de justicia, organizaciones campesinas y de defensa de los derechos humanos, han sido las primeras víctimas de esta ola vengativa desde los despachos oficiales. Al pacto de corruptos, liderado desde los salones de quienes ostentan el poder económico, se les han unido organizaciones criminales y de narcotráfico cuyo dinero se encuentra desde hace décadas a disposición de las mafias en el poder.

Guatemala parece haber entrado en una vorágine descendente, sin posibilidad de recuperación. Los recursos de una democracia funcional, normalmente puestos a disposición de la ciudadanía por medio de instituciones fiables y sólidas, han sido secuestrados y en este momento solo sirven de instrumentos para beneficio de un grupo de oportunistas con ansias de control absoluto. Un triste fin para tanta esperanza.

Los aires de las alturas ocasionan pérdida del sentido de la realidad, alucinaciones, sensación de invulnerabilidad y un desapego absoluto hacia la consecuencia de las acciones. Este síndrome lo conocen bien los políticos, los multimillonarios y, por supuesto, los montañistas —aunque estos últimos recuperan el sentido común en cuanto bajan de las cimas— y sus efectos tienen impacto sobre decisiones capaces de cambiar el rumbo de la Historia. Eso sucede con tal abundancia en los círculos elevados del poder que cuando algunos de esos potentados actúan con inteligencia parecen héroes de leyenda.

Los miserables gobernantes del triángulo norte de Centroamérica, sumada Nicaragua, son, por el momento y para el resto de los latinoamericanos, un ejemplo penoso de esa pérdida de capacidad humana. No solo se han apoderado de todas las instancias creadas para proteger los valores democráticos y las leyes; también se han transformado en déspotas con ínfulas de poseer el poder absoluto para garantizarse la impunidad por sus crímenes de lesa humanidad, por sus delitos económicos, por su evidente incapacidad y, de paso, para crear una valla infranqueable contra los esfuerzos por contener la corrupción.

Aunque este sea el ejemplo local de mala gestión y perversas intenciones, también en los demás continentes las ambiciones por el poder compiten por los primeros lugares en sus afanes por conseguir el control geopolítico del planeta, no importando cuántas vidas inocentes se aniquilen al paso de sus tropas, sus misiles y sus negociaciones indecentes por mantener el control económico. Para ello se crean instituciones de alto nivel mundial como instrumentos de coerción, cuya naturaleza escapa a cualquier tipo de control, incluidos los abundantes tratados y convenciones suscritos para defender los derechos humanos y de la naturaleza.

Quizás por este ambiente de caos, cuyas incidencias acaparan la atención de enormes conglomerados empresariales a los cuales pertenecen las mayores entidades de prensa del mundo, los minúsculos ciudadanos —quienes poblamos los países menos desarrollados— jamás tendremos la visión exacta de cómo funcionan las políticas globales y tampoco por qué ninguna potencia se interesa por nuestro insignificante destino.

Los discursos sobre libertad y democracia mueren de muerte natural en cuanto rozan nuestras fronteras y se convierten en palabras vacías ante las provocaciones de los gobernantes más corruptos del orbe. El único mecanismo de protección está, por lo tanto, en manos de pueblos hambrientos, condenados a la ignorancia y sometidos al abuso constante de sus gobiernos; y son estos, también, quienes reciben los golpes más duros del sistema que nos rige.

Desde las políticas intervencionistas de Estados Unidos y sus aliados incondicionales se ha tejido una malla de protección, cuyos efectos operan como si por encima de nuestros Estados existiera un gobierno supranacional, exento de límites legales y, obviamente, dedicado a proteger intereses ajenos al bienestar de los pueblos. Ese colonialismo, cuyas características se asemejan a los de las oligarquías criollas y, de paso, se alían con ellas, previene cualquier intento de rebelión por parte de las capas menos privilegiadas de las sociedades latinoamericanas.

Las cargas de profundidad que debilitan nuestros cimientos vienen en distintos colores: desde los tratados comerciales hasta los golpes de Estado, pasando por las presiones diplomáticas para incidir en los textos constitucionales y la emisión de leyes. Además, cuentan con el apoyo de medios de comunicación de alcance masivo, desde donde se propaga un ideario ad hoc, capaz de consolidar movimientos ciudadanos opuestos a las libertades y derechos humanos. A ello se añade, como corolario, una serie de políticas restrictivas, pero contradictorias, que han convertido a nuestro continente en un territorio de producción y tráfico de drogas.

Hoy, las cargas de profundidad han debilitado la resistencia de los pueblos a los abusos de gobernantes títeres sospechosamente protegidos por el silencio de la comunidad internacional y, lo cual es aún más tenebroso, aliados a supuestos líderes espirituales cuyo mensaje gira en torno a la sumisión. Al haberse debilitado el concepto mismo de democracia, nos vemos enfrentados a una situación de debilitamiento extremo de la ciudadanía en la mayoría de nuestras naciones. Privadas de acceso a las decisiones de gobierno y ante legislaciones diseñadas por asambleas mayoritariamente aliadas con la corrupción, el territorio de las democracias es uno de guerra solapada en el cual la voz del pueblo es impotente.

Las estrategias del imperio se han instalado cómodamente para convertir a nuestros países en proveedores de materias primas, mano de obra barata, cúpulas políticas obedientes y élites económicas dispuestas a transar con el hambre de sus conciudadanos. En esos términos, las democracias tan pregonadas como utópicas se han convertido en parte de un discurso ajeno a la realidad. Los sectores más castigados han perdido no solo su espacio de participación, sino también gran parte de su energía vital. Así funcionan las cargas de profundidad lanzadas bajo el agua con tanta profusión como malas intenciones. Así funcionan las colonias y, así también, los gobiernos capaces de cooptar al Estado con el objetivo de limitar los derechos, a sabiendas de contar con la aquiescencia de los dueños del poder.

El tamaño de sus ofensas contra la democracia va a parejas con el miedo a perder el control del poder y verse enfrentado a la posibilidad de pagar por sus crímenes. De ahí la cooptación del Ministerio Público, al sostener en su máxima jefatura a quien tiene la potestad de convertirse en el brazo vengador y retorcer impunemente la aplicación de sus funciones.

El aparato judicial, por su parte, ha sido invadido por jueces y magistrados corruptos, tal como sucede con un Congreso mayoritariamente aliado, que apoya incondicionalmente sus decisiones. Los fondos del Estado son su caja chica, con el objetivo de llevar a cabo, sin oposición alguna, sus planes de concretar la destrucción total de la institucionalidad en el país.

La captura del periodista José Rubén Zamora Marroquín, director de elPeriódico, medio que ha investigado y desvelado los mayores escándalos de las recientes administraciones, se consumó rodeada de un escandaloso aparataje policial. Esta captura lleva un mensaje evidente hacia todo miembro de la prensa que ose continuar con las denuncias y el destape de las fechorías del equipo de gobierno.

El violento operativo de allanamiento de la vivienda de Zamora Marroquín y de las oficinas de elPeriódico no dejan resquicio a duda con respecto a los planes de este proyecto de dictador, dado que amedrentar a la prensa independiente es y ha sido el cobarde instrumento de los traidores.

Guatemala ha vivido tiempos oscuros durante su historia. Experiencias dolorosas y extremas que culminaron con un viraje inevitable hacia un sistema democrático. Sin embargo, las raíces del mal persistieron en instituciones infiltradas por elementos corruptos y organizaciones criminales.

La depuración institucional quedó como un tema pendiente, lo cual ha dejado abiertas las oportunidades de revertir el esquema hacia un cuadro de excesos como el que vive hoy Guatemala. En síntesis, la democracia tan anhelada por la ciudadanía no terminó de cuajar.

El panorama de ese país no puede ser más desalentador. Con una población temerosa de la violencia estatal y acallada por el hambre y la miseria, el plato está servido.

Sin embargo, aun con las amenazas y persecuciones, las investigaciones y denuncias publicadas por elPeriódico y otros medios —así como las columnas de opinión opuestas a los abusos de la cúpula política— han dejado muy en evidencia el serio peligro que amenaza a todo el sistema político, económico y social de ese país centroamericano.

La comunidad internacional, por su parte, concentrada en atender sus propios problemas, solo parece echar una mirada tangencial sin mayor impacto en el desarrollo de los acontecimientos. Esto significa que, sin la intervención de las fuerzas vivas del país, de su ciudadanía consciente y comprometida con la democracia, nada cambiará.

Los esfuerzos estériles por contener los contagios -una situación patente en la mayoría de países- chocan de frente con la actitud resignada y progresivamente descuidada de la población. Esta, no acostumbrada a mantener las incómodas precauciones recomendadas por las autoridades sanitarias, las cuales les alejan física y emocionalmente de su entorno cotidiano y de sus seres queridos, prefieren el riesgo y olvidan las mínimas acciones capaces de contener los contagios. La mente juega la peligrosa partida del olvido cuando el miedo se hace presente. En tales circunstancias, ya queda claro cómo el esfuerzo por regresar a cierta normalidad resulta inevitable.

Un aspecto muy importante y poco atendido de la actual situación sanitaria del globo, es la salud mental. Sometida a una amenaza constante y en un estado general de ignorancia con respecto a lo implícito en este estallido viral, la población se ve orillada a buscar un nuevo marco de conducta para no perder del todo el contacto con la realidad. Si este desafío resulta duro y complicado para la población adulta, se vuelve un trastorno mucho más impactante para quienes dependen de las decisiones de otros, es decir: niñas, niños y adolescentes.

En la mayoría de países, en especial los menos desarrollados, el impacto de las oleadas de la pandemia ha dejado una fuerte cauda de actos de violencia, dirigidos de manera muy puntual contra este segmento tan vulnerable de la población. El resultado se ha visto en un incremento de delitos sexuales con el resultado de embarazos en niñas y adolescentes, aumento de las agresiones dentro del seno familiar y, sobre todo, en cifras de suicidio de jóvenes como una de las consecuencias del aislamiento y las condiciones en las cuales se debate la mayoría de núcleos familiares.

Ante este desolador panorama, los gobiernos -ya abrumados por su escasa capacidad de enfrentar el nuevo panorama sanitario- han abandonado por completo uno de los temas fundamentales: la atención prioritaria de la salud mental- por la costumbre atávica de marginarlo en sus políticas tradicionales. Atrapados en un contexto tan hostil, las nuevas generaciones no solo han perdido espacio físico para desarrollar sus distintas habilidades, sino también aquellas libertades capaces de proporcionarles un entorno más apropiado para su crecimiento social y emocional.

Estas carencias, provocadas por una situación que sobrepasa a la capacidad de adaptación, sin duda tendrán fuertes consecuencias futuras para quienes, por su edad y su condición de vulnerabilidad, recién comienzan a asomarse a los desafíos que les esperan. Por ello, la atención enfocada a proveer un ambiente de protección para este segmento de la población, debería contar entre las prioridades de quienes deben responder por su bienestar.

Los juegos virtuales nos representan en esta etapa histórica de extremo subdesarrollo social y nos regocijamos de ello.

No dejo de pensar en lo afortunada que he sido al tener una hija para la cual eso nunca existió mientras crecía. Me cuesta imaginar el impacto visual y psicológico de esas imágenes para un infante que ni siquiera ha aprendido aún a atarse los zapatos.
Es, sin duda, bastante inquietante observar a madres y padres orgullosos de ver a sus hijos de biberón sostener un aparato tan complejo como un teléfono inteligente para “entretenerse” descubriendo sus secretos.

Un hábito que permanecerá a lo largo de la infancia, sustituyendo actividades cuyo potencial de desarrollar su creatividad, su capacidad motriz, su fantasía y su contacto con la naturaleza le brindaría acceso a un mundo lleno de posibilidades.

Quienquiera que esté en contacto con el mundo virtual ha tenido en su monitor abundantes ofertas de juegos, cada cual más violento; por lo general, con mucha sangre y una abrumadora selección de técnicas y armas para eliminar a otros seres humanos.
Quizás eso que nos repugna a quienes hemos conocido de cerca hasta dónde es capaz de llegar la mente humana en su afán por destruir, a niños y jóvenes en sus primeros pasos por este planeta les parezca emocionante, además de ilustrativo. No parece ser suficiente la sombra trágica de la guerra, el hambre y la pérdida de valores; hay que ponerla al alcance de la niñez con el diseño más realista para acercarla, como un juego más, a su vida cotidiana.

La dedicación de quienes actúan detrás de esos sistemas virtuales para eliminar contenidos de carácter político o sexual parece frenar en cuanto se refiere al asesinato y a la tortura. Es como si en el fondo existiera una estrategia perversa para imprimir en la mente de las nuevas generaciones un filtro anestésico frente a la destrucción de los otros.

Transitar por esos pasadizos en donde se cruza toda clase de material, ese universo del cual solo conocemos una ínfima porción, posee el inmenso poder de seducir con su infinita oferta de fantasía.

Si para los adultos transitar por esos sitios ricos en información resulta una tentación, es fácil deducir cómo impacta en la mente menos experimentada y mucho menos crítica de un niño o un adolescente.

La falta de cuidado al poner estos dispositivos en manos de un ser incapaz de discriminar entre lo positivo o aquello potencialmente peligroso constituye un enorme riesgo en el proceso de desarrollo educativo y social durante los primeros años de vida. La violencia no es un juego para niños.

Pero ahí es en donde se requiere una gran capacidad de reflexión para comprender nuestro papel en la construcción de un sistema de valores, en la inserción positiva de la niñez en sociedades cada vez más complejas y en la visión correcta de nuestro espacio en el mundo que nos rodea.

Por eso es tan peligroso cuando se utiliza como arma ofensiva para distorsionar la verdad, para inducir al engaño y como una potente herramienta de manipulación, estrategia particularmente dañina y peligrosa en sociedades sumidas en el silencio impuesto la fuerza de las armas y el capricho de los dictadores. Porque luego de un prolongado encierro político —casi una condena a muerte a cualquier expresión libre— cuando finalmente se comienza a vislumbrar cierto atisbo de libertad, el abuso y la distorsión del mensaje pueden levantar un muro allí donde ya se había derribado el anterior, condenando a la sociedad a un silencio aún más ominoso e injusto.

La manipulación a través de la palabra es una afrenta contra los derechos humanos, pero también un retroceso en la ruta hacia el conocimiento y la comprensión de las fuerzas que definen a las sociedades. El imperio de la verdad, ese valor inasible cuya existencia depende de la voluntad y la ética, constituye una piedra fundamental para la construcción de un marco de derecho y justicia, justamente el hito en donde se concentran los mayores ataques contra la libertad y el respeto por los derechos humanos.

Este es un pecado de lesa humanidad de incalculables dimensiones, si se considera el daño que ocasiona a un proceso democrático, cuya solidez sólo necesita de un chispazo irresponsable para saltar hecho pedazos. La palabra parece un elemento inocuo, pero no lo es. Penetra en la conciencia de las personas, las hace experimentar reacciones diversas, las compromete a tomar decisiones y ejecutar acciones impulsada por las ideas que transmite. Por ello, resulta tan tentador el hecho de poseer las riendas de ese poder —desde medios de comunicación con alcance masivo o desde distintas plataformas políticas— cuya incidencia sobre la colectividad tiene la capacidad de cambiar la ruta de la historia.

La Historia, precisamente, nos ha enseñado con particular abundancia, cómo un discurso potente y hábil posee el poder de transformar el pensamiento de todo un pueblo apelando a sus impulsos básicos, aprovechándose de sus carencias, conduciéndola hacia la acción. La legitimidad de este recurso —siempre y cuando el poder de esa palabra posea un valor positivo— reside en la intención detrás de ese llamado. En tiempos pasados, tanto como en el mundo que nos rodea hoy, seguimos dependiendo de aquello que otros nos comunican. Se puede afirmar que bajo el fluir de la palabra, escrita u oral, subyace la necesidad de creer en ella. Por eso, al carecer de recursos infalibles para discriminar entre la verdad y la mentira, somos una masa maleable para quienes poseen el control de la información y la propiedad de las plataformas desde donde la transmiten al mundo.

Sin embargo, es evidente cómo esta falta de músculo político ha sido consecuencia de una estrategia combinada de manipulación ideológica y creación de obstáculos aparentemente legales para tener acceso a información veraz y confiable; pero, sobre todo, de marcos jurídicos diseñados para elevar muros contra una participación efectiva de la población en el quehacer político y en rutas cada vez más estrechas para su propio desarrollo.

La influencia decisiva de los medios de comunicación masiva, los cuales, en su inmensa mayoría, se encuentran en manos de grandes consorcios empresariales estrechamente comprometidos con el poder económico, ha sido uno de los factores determinantes para alejar del debate público y de la participación partidista a sectores tan importantes como la juventud y las mujeres, cuya acción directa tendría el potencial suficiente para cambiar el rumbo de la historia de sus pueblos.

A partir de políticas hábilmente diseñadas para desinformar, manipular y, de paso, satanizar a los movimientos populares, los grandes medios también han instalado —desde tiempos inmemoriales— un acendrado odio entre clases sociales.

A ello se suma el ambiente de desprestigio de la función pública, el cual socava uno de los derechos fundamentales de la sociedad, como es el involucramiento en el desarrollo de sus sistemas democráticos.

En nuestra América han sido muchas las oportunidades perdidas frente a un sistema blindado contra los cambios de fondo, cambios estructurales imprescindibles para abrir caminos de desarrollo en sociedades igualitarias y verdaderamente democráticas.

A pesar de nuevas políticas en naciones con gobiernos progresistas, las raíces del mal se mantienen inamovibles: los sectores más pobres quedan apartados de la ruta del progreso, junto con quienes alimentan a todo el sistema: el sector rural y campesino, en donde confluye la mayoría de las etnias originarias de nuestro continente.

Las razones son muchas y variadas; pero sin lugar a dudas uno de los mayores obstáculos contra el ejercicio pleno de una democracia efectiva, ha sido la excesiva concentración de la riqueza en manos de un círculo cada vez más estrecho y poderoso, cuya capacidad para imponer sus intereses por encima de los de las mayorías viene amparado por una cúpula ubicua de fuertes ramificaciones en el escenario mundial.
Luchar contra ese monstruo ha significado, para nuestro continente, además de golpes de Estado y establecimiento de dictaduras, la pérdida de oportunidades únicas para transformar su destino y asumir los grandes desafíos implícitos en ese movimiento trascendental.

Los pasos decisivos vienen de la mano de un nuevo marco jurídico a partir de conceptos integradores, nuevos textos constitucionales y leyes sólidas que garanticen los derechos para todos, sin excepción.

La segunda decisión de la Suprema viene a ratificar el cinismo de los grupos de extrema derecha en ese país, al anular las restricciones sobre la tenencia de armas en la vía pública en el estado de Nueva York. Es decir, mientras por un lado se restringen los derechos de las mujeres, por otro se relajan las normas sobre uno de los derechos constitucionales más peligrosos para la vida humana.

Y la tercera decisión viene a confirmar una vez más la doble moral de las altas instancias jurídicas —reflejo, claro está, de toda una tradición de fundamentalismo—, abriendo la puerta para subsidiar con fondos del Estado el adoctrinamiento religioso en las escuelas, lo cual contraviene la tradicional separación entre Iglesia y Estado.

Como espejo de este regreso a un marco normativo que vulnera gravemente derechos ya consagrados, se establece de modo agresivo un retorno a las prácticas restrictivas para grupos específicos de la sociedad —mujeres y niñez— desbaratando de golpe una labor de largo aliento que ha costado muchas vidas.

La violencia implícita en estas decisiones delinea un giro histórico hacia un fascismo solapado, vestido de moral. Toda decisión dirigida a eliminar derechos ya conquistados a un grupo específico de la sociedad es una práctica inmoral y carente de verdadera sustentación jurídica, toda vez que representa un acto de discriminación.

El cuerpo de las mujeres es y ha sido siempre un antiguo campo de batalla. Destruirlo físicamente —o destruir su esencia— equivale a aniquilar una parte fundamental del tejido social.

Es por ello que la lucha por los derechos de las mujeres se mantiene siempre vigente: porque jamás estarán garantizados mientras existan bajo un sistema patriarcal, de dominación económica y política, en donde su sitio no tiene sustento sólido. Esta es una realidad en cualquier sociedad, no importa cuán elevado sea su nivel de desarrollo.

El discurso pro vida, institucionalizado con fervor por gobiernos cuyos líderes amparan los crímenes de guerra bajo la bandera de intereses corporativos, choca de frente con iniciativas destinadas a poner un cepo contra la seguridad, la vida y la libertad de más de la mitad de su población.

La intromisión de las doctrinas religiosas en esta muestra escandalosa de cinismo y abuso, incluso en países cuyos textos constitucionales establecen una división estricta de sus espacios de intervención, deja muy en claro cuánto impacto tendría la plena libertad de las mujeres en un sistema capaz de reconocer sus talentos y sus valores. Este, todavía, es un tema pendiente.

Eso es precisamente lo que me ha sucedido. A pesar de haberle hecho el quite al contagio durante toda la pandemia, hasta hace un par de días comencé a experimentar los síntomas y tomé conciencia de mi descuido. Al fin, estoy viviendo sus efectos.

Sin embargo y pese a las advertencias sobre la alta incidencia del contagio, reconozco cómo la falta de certeza sobre sus alcances y la escasa información constante y actualizada nos han hecho relajar las medidas de precaución de manera progresiva, como un modo de olvidar sobre esta amenaza viral.

¿Qué sabemos con certeza sobre el diminuto virus? Al volcarnos hacia los sitios especializados y, de paso, también hacia aquellos no tan apegados a la ciencia, nos damos de narices con las contradicciones, las hipótesis, los contrastes entre quienes proponen tratamientos y quienes afirman que no sirven para nada.

Al final del día estamos tan desorientados como al principio, mientras nuestro organismo se prepara para la batalla.

Este es el panorama personal, aunque depende de cada quien la manera como lo gestiona, lo cual nos enfrenta a la realidad de nuestra ignorancia sobre el tema.

Pero hay otro lado de la medalla, y es el panorama en nuestros países, cuyo bajo nivel de desarrollo condena a la población a ver cómo se las apaña, sin el consuelo de una infraestructura sanitaria adecuada para cubrir las emergencias.

En algunos de ellos —los más corruptos y, por ello, carentes de una plataforma seria y confiable, pero también privados de políticas públicas adecuadas— los sectores que sobreviven por debajo de la línea de la pobreza no solo están fuera de los presupuestos estatales, sino también incapacitados, por motivos estructurales, para obtener un mínimo alivio a sus problemas de salud.

Los ejemplos abundan: gobernantes que se han llenado los bolsillos con los presupuestos para afrontar la pandemia; sistemas sanitarios incapaces de resolver el desafío de los programas de vacunación y tratamiento, y, peor aún, la ignorancia a la cual han condenado a la ciudadanía por no tener siquiera información actualizada.

Con el propósito de planificar un adecuado plan de contingencia, enfrentar a la pandemia y no negar su existencia, es indispensable un esfuerzo institucional capaz de superar la voracidad de nuestros gobernantes y sus círculos de aliados.

Es criminal la irresponsabilidad de quienes tienen en sus manos el poder para gestionar los mecanismos de control de la pandemia.

Otro de los grandes obstáculos para conocer los verdaderos alcances de esta situación es la pobreza de medidores estadísticos, por medio de los cuales tener una idea de cómo afrontar los efectos devastadores de esta emergencia en términos de pérdida de empleos, colapso de la economía familiar, violencia doméstica —especialmente contra niñas, niños y adolescentes— y el impacto directo tan duro contra los sectores menos favorecidos.

Es difícil tener una idea de cómo nos afectará esta nueva ola de contagios, pero el mensaje sigue vigente: cuídense, utilicen los recursos de prevención y no confíen con tanta ligereza en la seguridad del contacto con otras personas. A mí ya me pasó la cuenta.

De ese modo, lo que debería representar una participación activa en el sistema del cual formamos parte se vuelca hacia un remedo de ejercicio ciudadano en mensajes, comunicados y protestas incorpóreas de monitor a monitor, todo lo cual muere al ritmo de nuevos mensajes, nuevos comunicados y nuevas protestas. En este flujo incesante cabe todo: desde los llamados a una acción que no se produce hasta la ilusión de haber generado algún tipo de reacción entre quienes nos escuchan a la distancia.

En este transitar desde el sillón frente al ordenador, hemos olvidado lo más importante: y es que esas redes que tanto nos fascinan no nos pertenecen. Son sistemas manejados desde sitios remotos por seres anónimos, altamente entrenados, divorciados por completo de nuestras ansias y preocupaciones, y muy conscientes de su poder. Esas redes, esos sistemas de alta tecnología que cruzan el mundo virtual están totalmente fuera de nuestro alcance y, por obvias razones, fuera de nuestra capacidad de ejercer sobre ellos ningún tipo de influencia.

Esto no significa alejarse de este recurso, el cual ha demostrado su enorme utilidad. Sin embargo, sí es importante tener presente que no sustituye, en ningún caso, el ejercicio ciudadano directo; aquel en cuyas acciones descansa todo el engranaje del sistema político y, por ende, nuestras débiles democracias. La presencia ciudadana nunca puede ser solamente virtual; es, no solamente física, sino también imponente, ruidosa y exigente de sus derechos.

La capacidad humana de habituarse a distintos entornos —tal como sucede hoy con la tecnología— tiende a crear ilusiones y a perder de vista la realidad. Es imperativo comprender la urgencia de poner los pies sobre la tierra y luchar por la justicia y los derechos desde la misma plataforma desde donde se violan a diario. Esa es la enseñanza fuerte y vital desde los pueblos que, por su condición de pobreza, no tienen acceso a ese recurso tan sofisticado como discriminatorio.

La dependencia creada por estrategias de mercado agresivas y seductoras desde el mundo de la alta tecnología debe mantenerse bajo control, por su capacidad para alienarnos de nuestra realidad. La presencia en redes sociales, a la cual adjudicamos más importancia de la que corresponde, es una buena forma de comunicación, pero no el recurso mágico para generar cambios estructurales en sistemas políticos que han degenerado en abusos y corrupción. Dejarnos engañar por su dudosa efectividad es una forma de eludir un cúmulo importante de responsabilidades.

La fuerza de una ciudadanía consciente reside en su presencia, en su voz y su capacidad para imponer su autoridad, como se ha demostrado a lo largo de la Historia. Nada puede sustituir el poder de las masas cuando estas asumen la autoridad que les pertenece por derecho.

En la Amazonía, en la región de la Araucanía, o en las estepas del norte de Canadá, los habitantes llevan en su historia el sino de la persecución y la pérdida de sus diversas expresiones culturales. Pero, además, el peso de una existencia privada de los derechos ancestrales sobre los territorios que les han pertenecido. En síntesis, el colonialismo, de cuya arrogancia y desprecio por la vida están saturados los tratados de historia, permanece intacto; fortalecido por un sistema depredador capaz de anteponer las ventajas para un puñado de entidades industriales, agrícolas o comerciales, por encima de la vida de millones de seres humanos.

La constante y despiadada manipulación de la imagen pública de los pueblos originarios, inyectada en el imaginario colectivo de las clases medias gracias al trabajo minucioso de los medios de comunicación aliados con el poder, contribuye de modo rotundo en la pérdida de identidad, en la creación de estereotipos —capaces de poner una división indestructible entre sectores sociales— y en la división de una ciudadanía que termina siendo instrumentalizada con ese propósito. Sin embargo, en ellos aún persiste la semilla rebelde que los ancla a su territorio.

Este milenio, con sus crisis migratorias, sus conflictos bélicos por el dominio geopolítico y la voracidad insaciable de las multinacionales, será la prueba de fuego para innumerables comunidades indígenas que aún logran sobrevivir a pesar de las agresiones y los intentos por exterminarlas.

Las estrategias varían y se desplazan desde el ataque violento —como en la región mapuche o la Amazonía brasileña— hasta esos planes de “integración” forzada, la cual, en esencia, significa la destrucción del tejido social y cultural de comunidades ricas en expresiones propias.

Estamos ingresando a la etapa más dura de la guerra por el agua y los alimentos. El escenario incluye los efectos devastadores del cambio climático, por un lado, y la visión deshumanizante de la comunidad internacional sobre las poblaciones privadas de recursos, por otro.

Los pueblos originarios, que alguna vez tuvieron soberanía sobre sus territorios pero fueron colonizados y expoliados por imperios que hoy se ufanan de sus riquezas, no tienen derecho a decidir sobre su futuro y menos aún sobre su presente. Los “desplazados forzosos”, esas personas obligadas a abandonar su hogar y su tierra, ya son cien millones; cien millones de seres humanos perdidos en la nada social.

Cien millones entre los cuales predominan los grupos étnicos que no encajan con el sistema capitalista y tampoco con los preceptos de los marcos teóricos de las sociedades urbanas, tan adictas al ejercicio de la discriminación y sus variadas formas de dar a cada quien su lugar, en este mundo de infinitos estratos.

Las amenazas contra quienes todavía intentan detener esa debacle, cruzan todos los espacios públicos con un absoluto descaro; y los atentados contra la vida de operadores de justicia, periodistas, activistas sociales y organizaciones civiles son parte de un nuevo orden de cosas. Como consecuencia inmediata está el exilio de muchos de ellos, obligados a abandonar su hogar y su país para salvar su vida.

En medio del caos, el honorable juez Miguel Ángel Gálvez se ha transformado en uno de los últimos bastiones del estado de Derecho en Guatemala. Armado con su sólido conocimiento de las leyes, una rectitud a toda prueba y un profundo compromiso con la justicia, enfrenta algunos de los procesos de mayor impacto de los últimos años. Entre ellos, los dolorosos casos de las mujeres violadas en Sepur Zarco y del Diario Militar —el archivo de la muerte con las fichas de miles de detenidos, desaparecidos y asesinados entre 1983 y 1985— los cuales involucran a ex miembros del Ejército y constituyen estremecedoras evidencias de los horrendos crímenes cometidos por el Estado con la complicidad de la cúpula empresarial, ante el silencio de la comunidad internacional.

El hecho de ligar a proceso a un grupo importante de ex militares de alta graduación representa un acto de valentía extrema en un país invadido por las mafias en todas sus instancias, pero especialmente en aquellas como el Ministerio Público y las Cortes de justicia, desde donde se apaña la corrupción y la impunidad. Esto ha significado la condena a muerte —hecha pública por uno de los allegados al poder— para un juez íntegro como Miguel Ángel Gálvez, así como significó el exilio de operadores de justicia cuyo impecable desempeño puso en evidencia a las redes de corrupción que socavan al estado de Derecho.

La pérdida de las bases institucionales no ha sido totalmente evaluada por la ciudadanía. Si los sectores de mayor poder y los estratos urbanos de clase media creen que con la impunidad y la vía libre para perpetrar toda clase de actos de corrupción el país puede sobrevivir, están equivocados. Las últimas dos administraciones rompieron récord y acabaron con cualquier posibilidad de retorno de la democracia.

Lo que ahora corresponde es una rotunda reacción ciudadana ante semejante pérdida. Acompañar al honorable juez Miguel Ángel Gálvez es un deber ciudadano. Este Quijote de la justicia ha tenido más de una cita con la Historia durante el desempeño de su difícil labor como jurista, dejando la marca indeleble de la honorabilidad, la ética y el amor por el país. Para Guatemala, la posibilidad de su exilio sería como cerrar el último capítulo, declarar oficialmente la muerte del Estado y entregar así todo el mando a sus peores enemigos.

En estos paraísos de corrupción, los más afectados son los niños, niñas y adolescentes cuya existencia no marca prioridades en las agendas políticas. Utilizados como instrumento emocional en las propuestas electorales, son relegados al último lugar de los programas gubernamentales porque, obviamente, no tienen voz ni voto como miembros de la sociedad. Este abandono tiene consecuencias de largo plazo; una de ellas es cómo miles de niños y niñas, condenados a la desnutrición, a la pérdida de sus capacidades físicas y mentales, a la violencia derivada de sus entornos de miseria, son expuestos a una vida breve. Además de aquellos que perecen por falta de nutrientes, hay muchos más quienes, como resultado de esa condición, terminan sirviendo de mano de obra barata sin posibilidad alguna de progresar en la vida.

La respuesta a una cuestión tan obvia la tiene el sistema político y la manera como se administra el Estado. La perspectiva, desde los estamentos políticos, no ha alcanzado la madurez suficiente para consolidar políticas públicas fundamentales y presenta fuertes deficiencias en su visión humanitaria o como quiera se le llame al más elemental sentido de responsabilidad con respecto de las obligaciones hacia la población más necesitada de ayuda. Por lo general, el típico discurso político sobre la desnutrición infantil se reduce a enseñar cifras y a mostrar satisfacción si el porcentaje es uno o dos puntos menor que el año anterior; así, el hecho de señalar avances insignificantes les parece un éxito aún cuando el número de niños muertos no tenga visos de desaparecer.

Se supone que luego de tantos estudios elaborados por los organismos internacionales, las secretarías, las comisiones y los expertos contratados para ejecutar los planes, a estas alturas podría existir programas bien estructurados de tolerancia cero contra la desnutrición crónica a nivel continental, así como asignaciones eficaces y transparentes de recursos con acciones orientadas hacia mejorar políticas de desarrollo sostenible en las áreas de mayor incidencia.

Los parámetros de desarrollo —en países con riquezas tan enormes como sus sectores de pobreza— deberían estar sustentados en indicadores válidos y técnicamente correctos sobre políticas para erradicar la desnutrición crónica infantil. Para ello, los programas de asistencia alimentaria deben independizarse de las estrategias propagandísticas gubernamentales y funcionar de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil que les sirvan de aval. La sociedad, si se involucra y desecha sus prejuicios, sería capaz de cambiar esta atroz realidad de la infancia.

En nuestro continente, el tema del aborto ha ido imponiéndose en las agendas como un modo de rescatar los derechos de las mujeres, tradicionalmente sometidos a la imposición machista e intolerante de las instituciones eclesiásticas y legislativas. Pero, sobre todo, como un intento de colocar el tema en la agenda de salud pública que le corresponde, en países en donde supuestamente existe separación entre iglesia y Estado. Sin embargo, el poder inquisitorial de estos sectores ha permeado en otras instancias y va dejando su huella en un debate ciego, según el cual ninguna mujer es dueña de su vida ni de su cuerpo.

Ya lo afirmó hace tiempo el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, quien aseveró en un documento oficial que: “Es una aberración y una ignorancia culpable, afirmar que la mujer es dueña de su cuerpo y que se puede deshacer del feto que lleva en su seno. Este no es responsable de los deslices de la madre”. Con ello, el obispo Arizmendi automáticamente asume varios conceptos, dándoles el carácter de válidos e irrebatibles. El primero, es que la mujer no es dueña de su cuerpo. De ese modo, el religioso legitima toda política de sometimiento de la mujer como sujeto de la sociedad a un papel subordinado, negándole por principio su derecho al libre albedrío y al goce de todos los derechos inherentes al ser humano sin distinción de sexo, raza ni condición social. Y luego, que el embarazo es producto de un “desliz”.

El debate sobre la despenalización del aborto, por tanto, polariza a las sociedades por el poder emanado de los púlpitos, estableciendo un vínculo estrecho entre las doctrinas religiosas y las leyes que rigen a las sociedades desde sus textos constitucionales. De este modo, se pretende establecer de manera tajante la condición subordinada de la mujer como ente reproductor, sin mayores derechos sobre su propia existencia como ser humano.

Uno de los pretextos para condenar el aborto es calificarlo como una “solución fácil”, para eliminar los resultados de una vida de excesos, o como un método de control de la natalidad, pasando un conveniente borrador por las escandalosas cifras de pedofilia, violaciones sexuales de niñas, adolescentes y mujeres, víctimas de trata y de otras formas de violencia. Tampoco parece tener un espacio, en las reflexiones de los sectores más conservadores, la escandalosa cifra de abortos inseguros en Latinoamérica, que según la OMS alcanzan a 3 millones 700 mil cada año.

La negación del derecho de la mujer sobre su cuerpo es un tema antiguo y de enorme impacto social. Unos de sus más reveladores capítulos fueron los ensayos sobre reproducción obligatoria con el propósito de “perfeccionar” la raza, perpetrados contra víctimas inocentes durante el régimen nazi en Alemania. Pero no son los únicos. La postura radical y absoluta contra la práctica del aborto —sin distinción de causales— en algunos de nuestros Estados, no se aleja mucho de esa imposición, también ella dictada bajo el amparo de la ley.

Sin embargo, esos hitos representan momentos en los cuales la ruta se ha torcido para marcar un camino nuevo, aunque no siempre mejor. En la medida como las sociedades avanzan presionadas por los desafíos de la supervivencia, sus momentos de dolor y de pérdida van quedando rezagados en una bruma propicia para el olvido, lo cual representa el enorme riesgo de repetir el ciclo una y otra vez abandonando, a lo largo de esa huella, los sueños y ambiciones de crear sociedades más justas y humanas. Es la cultura del olvido, una enfermedad colectiva que, como un virus maldito, nos ha condicionado a dejar atrás las lecciones más valiosas.

Una de las consecuencias de este fenómeno colectivo es el rebrote de movimientos marcados por el racismo y la violencia fascista en países que experimentaron lo peor del nazismo durante las mayores y más crueles cacerías humanas de la historia, pero también extendidos al resto del planeta. Es un ejercicio de poder y perversión cuyo germen pareciera estar presente en el núcleo mismo de la especie humana, tal y como se manifiesta en otras cacerías, perpetradas bajo unas reglas que segmentan a las comunidades entre quienes poseen el derecho de vivir y quienes han de ser exterminados.

Un proceso similar se produce frente al agotamiento de los recursos, la destrucción de los ecosistemas y la mortal indiferencia de quienes tienen el poder de intervenir para cambiar el curso de los hechos. Las comunidades humanas —parte del problema y también de la solución— solo observan, con actitud escéptica y conformista, cómo se destruye su mundo. Las evidencias sobre la extinción de especies, consecuencia del afán de riqueza y poder, van de la mano con las imágenes de civiles —convertidos en “daños colaterales” en medio de ataques bélicos de enorme magnitud— cuyo único propósito es el control económico y geopolítico para quienes tienen el poder.

Los mecanismos de eliminación de la memoria se activan en cuanto la realidad comienza a estorbar nuestro pequeño mundo cotidiano y a causarnos molestias en la conciencia. Es la manera de sacudir de nuestra mente algo sobre lo cual no tenemos modo de incidir; es el mecanismo del cangrejo que busca una concha vacía en la playa para esconderse de sus depredadores y seguir adelante con su vida. El problema es que no tenemos un refugio para protegernos de la destrucción de esos elusivos marcos de convivencia en los cuales hemos basado nuestra confianza. Entre ellos, la idea purificada y abstracta del significado de democracia.

En la ruta del olvido y la conformidad hemos terminado por abandonar nuestro papel activo como miembros de sociedades organizadas. Nos han cambiado las reglas del juego y seguimos jugando sin conocer los trucos del adversario, porque tampoco sabemos quién es. Como el cangrejo, buscamos el refugio precario en el olvido. Y, como el cangrejo, nos creemos inmunes al ojo entrenado de los depredadores que nos rodean.

No está demás decir que este es solo un ejemplo más de la incapacidad de quienes rodean a ese proyecto de dictador propio de una república bananera. Lo que llama la atención de este paso en falso es la veracidad implícita en ese logotipo. En Guatemala, efectivamente, el Estado y su gobierno matan. Matan a sus niñas, niños y adolescentes; matan cualquier oportunidad de desarrollo; extinguen a una justicia endeble y engañosa por medio de un sistema de corrupción nunca antes visto apoyado por todos los poderes del Estado y, desde las sombras, por el sector empresarial organizado aliado con organizaciones criminales. Y también a quienes luchan por proteger su tierra y su democracia.

Imposible dejar de señalar lo que ocurre actualmente en Guatemala. Un país abandonado por la comunidad internacional pero, aún peor, abandonado por sus habitantes de las áreas urbanas, divorciados de sus coterráneos del sector rural a partir de estrategias divisionistas cargadas de racismo.
Guatemala es el ejemplo de lo que un país no debe ser. Sus mejores ciudadanos son ferozmente hostigados y se les obliga a abandonar su patria para sobrevivir. Periodistas y comunicadores éticos, afanados en una lucha sin tregua por investigar y difundir la verdadera tragedia en esta nación castigada, sufren toda clase de acosos y amenazas, se les impide el acceso a la información pública, se les persigue y, como si eso fuera poco, desde su más altas instancias el sector político organiza una masiva campaña de desinformación, a la cual algunos medios de comunicación se unen sin dudarlo, haciendo uso de los abundantes fondos del Estado.

Delincuentes procesados por delitos de alto impacto —muchos vinculados al poder económico— se han refugiado en un sistema jurídico desmantelado a propósito y poblado de jueces y magistrados corruptos, con el propósito de criminalizar a los pocos juristas probos que van quedando y evadir así la acción de la justicia.

En medio de esta descomposición extrema, resulta sospechoso el silencio de la comunidad internacional. Sugiere que el colapso de un país tercermundista podría resultar beneficioso para sus empresas dedicadas a saquear recursos naturales, a sus planes de expansión económica o a la más que obvia oportunidad de incidir en sus políticas internas. Porque así es como funcionan las dinámicas del poder y también el colonialismo solapado bajo planes de desarrollo.

El creador del nuevo logotipo para Guatemala ha hecho, sin querer queriendo, una de esas revelaciones inconscientes que suelen definirse como un acto fallido. En la verdad no hay engaño y ese país abundante en recursos y riqueza, pero gobernado por una pandilla de empresarios, políticos, narcotraficantes y militares corruptos, es ahora el ejemplo más lamentable de cómo es posible saquear a una nación ante un mundo impávido, manteniendo divididos a sus ciudadanos para conservar la impunidad absoluta sobre sus crímenes.

Lo que resulta difícil de aceptar es la realidad simple y cruda de ser un número más entre los miles de millones de entes contaminadores en este planeta pequeño y frágil que nos tocó para nacer, vivir y reciclarnos. Desde la cuna hemos recibido el mensaje falso del dominio humano sobre los elementos, sobre la tierra, el mar y el firmamento, sobre la luna y los planetas; de hecho, nos repitieron hasta la saciedad la escena del alunizaje para grabar en nuestra mente esa noción de superioridad divina que gobierna la conciencia.

Y nos lo hemos creído a pies juntilla, rechazando todo cuanto limite nuestro indiscutible poder sobre el espacio que ocupamos y del cual nos creemos los dueños absolutos. Y así, haciendo gala de nuestro derecho de propiedad, hemos sembrado de basura los mares, convertido vergeles en desiertos áridos e inhóspitos, coronado de laureles y honores a los peores depredadores de las riquezas naturales adjudicándoles el dudoso mérito de generar desarrollo económico, agotado las reservas de agua, talado los bosques y exterminado a insectos, aves, peces, reptiles y mamíferos —por deporte, con saña y porque sí— como si en ello nos fuera la vida.

Hoy vemos con desolación que las advertencias apocalípticas sobre el deterioro ambiental, a las cuales tachamos de exageraciones sin fundamento o pura histeria de unos pocos idealistas, se han transformado en huracanes e inundaciones, sequías, hambre, miseria, epidemias y un futuro cargado de incertidumbre.

Hoy hacemos desfiles para celebrar el Día de la Tierra sobre ciudades contaminadas y contaminantes, sin reparar en nuestro aporte personal a la muerte segura de un mundo que ofreció tanto que, sin nosotros saber apreciar su maravilloso y sutil equilibrio, decidimos explotar hasta su extinción en un afán arrogante por transformarlo todo en objetos desechables. Mi romance con la Tierra -y también el suyo- consiste en manifestaciones carentes de fuerza, en pensamientos idealistas de cómo deberíamos actuar, pero sin la convicción suficiente para hacerlos realidad y aportar al gigantesco desafío de salvar todo esto que nos rodea y en cuya creación ninguno de nosotros ha tenido la menor influencia.

Así como yo, muchos nos hemos alejado de la sagrada regla de la egolatría humana. Por ello, personalmente no creo ni un ápice en el cuento de la superioridad humana por sobre las demás especies, pero tampoco tengo el poder de cambiar ese pensamiento antropocéntrico entre quienes me rodean. A lo largo de los años me he convencido, con pruebas en mano, de que el ser humano en su versión actual y en su promedio más común, no es más que una enfermedad capaz de amenazar y extinguir la supervivencia de otras muchas especies maravillosas y no el motor de desarrollo que la industria del pensamiento nos ha vendido tan caro. La única especie considerada inteligente, es también la única capaz de destruir su propio hábitat y, de ese modo, negar la vida a su propia progenie. Mi romance con la Tierra, por lo tanto, huele a falso cada vez que aporto un gramo de contaminantes.

Apoyado por un sistema de tecnología de punta a cuyos entresijos jamás podremos acercarnos los seres normales, se invaden nuestros espacios físicos, nuestras percepciones de la realidad y nuestra capacidad de comprensión ante un cuadro plagado de trampas conceptuales. Las relaciones humanas también han entrado en ese juego perverso de suposiciones y miedos fabricados a propósito, dificultando aún más la tarea de practicar la sensatez.

Quizás nuestra dependencia de la tecnología y las comunicaciones globales nos haya quitado una buena parte de la capacidad de análisis, esa habilidad que en las buenas universidades nos enfrentaba a la tarea de separar —intelectualmente— la paja del grano.

Hoy estamos condicionados a tragar la píldora entera de aquello elaborado por los más sofisticados centros de poder, con el propósito de creer. Así, simplemente. Creer en verdades sobre las cuales nada nos consta. Creer en la bondad de los “buenos” y en la maldad de los “malos”, sin acercarnos siquiera a las fuentes de esas certezas, tal como Hollywood nos hacía creer en un mundo bipolar, en donde el bien estaba siempre de un solo lado.

Es probable que en nuestro ADN esté grabada esa urgencia de creer, por la facilidad con la cual solemos responder a los trucos del discurso. Cuestionarlo todo se considera un signo de rebeldía incompatible con los valores sociales y la buena conducta cívica. La obediencia se impone como conducta ejemplar desde las instituciones consideradas “nobles”, como las doctrinas religiosas y las castrenses, desde cuyos centros se santifica la sumisión y la guerra. En ambos, el heroísmo se vincula a la muerte. La guerra, entonces, se transforma en un acto rayano en la divinidad.

Este sistema de imposición ideológica en el cual se han sumido los hemisferios del planeta solo produce víctimas. El dominio de las comunicaciones, con su cauda de pérdida de confianza en la verosimilitud del discurso y de la información periodística, se ha convertido en una de las peores formas de la dictadura. Mientras nos cuentan la historia de la libertad y la democracia, nos quitan la libertad de acceder a esos valores supremos, imponiendo sistemas de inequidad y sometiendo a los pueblos a regímenes carentes de oportunidades, condenados a sostener la pirámide del poder.

El enigma planteado para el futuro de la Humanidad resulta, entonces, imposible de descifrar. Cuando un solo hombre —como es el caso de Elon Musk— tiene la capacidad material para ofrecer acabar con el hambre del mundo utilizando su fortuna personal, deberíamos ser capaces de analizar ese hecho con la sagacidad suficiente para distinguir su monstruosidad implícita y no admirar semejante acaparamiento de la riqueza.

Programados para creer en la palabra de quienes poseen mayor poder y en quienes reproducen sus discursos, en el fondo sabemos que este universo comunicacional es reflejo del mundo concreto, con sus verdades y falsedades, con sus ventajas y riesgos. Aprender a navegarlo es un ejercicio nuevo y complicado, sobre todo por ser un recurso inevitable de supervivencia.

Como dato adicional y estrechamente relacionado con este cuadro de natalidad en niñas y adolescentes, agrega: “La mortalidad materna en América Latina y el Caribe se ubica entre las tres primeras causas de muerte en las adolescentes entre 15 y 19 años. En las adolescentes menores de 15 años, el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces más que en mujeres mayores de 20 años. En América Latina se cree que el número anual de abortos inseguros entre las adolescentes de 15 a 19 años, alcanza un número de 670 mil.”

Nuestras naciones se agrupan entre aquellas pertenecientes a tercer y cuarto mundos. Aun cuando pretendemos catalogarlas como “en proceso de desarrollo”, la realidad es diferente en su mayoría. Nos encontramos, por lo tanto, en una constante lucha por establecer las bases y la demarcación institucional de democracias funcionales, pero la realidad nos demuestra cómo los sistemas políticos, económicos y la fuerte presión del primer mundo nos condicionan a seguir un curso de acción sobre la base de conveniencias de sectores ajenos al interés de nuestros pueblos, traicionando los valores fundacionales de nuestros textos constitucionales y marginando a los segmentos más débiles de la sociedad.

El aumento de la pobreza y la falta de oportunidades para la población de menores recursos golpea con enorme impacto a los grupos más desprotegidos: niños, niñas y adolescentes. De entre estos, la carga sobre niñas y adolescentes es todavía mayor. Sujetas a un entorno de amenaza y violencia estructural, también constituyen el grupo de mayor riesgo de abuso sexual y psicológico, colocadas por tradición y costumbre en una relación de dependencia y sumisión dentro de un marco social predominantemente patriarcal y machista. De ahí que el abuso sexual, la violación y el sometimiento a tareas que les impiden acceder a la educación y a sus derechos básicos, las condenen a un futuro plagado de peligros y carencias.

Uno de los crímenes más deleznables contra la niñez es el abuso sexual; práctica corriente que cruza todos los niveles sociales, se oculta cuidadosamente entre las paredes de los hogares por una incomprensible “cuestión de honor”, dejándolo exento de denuncia y mantenido bajo un manto de silencio. Aún cuando la amenaza del abuso sexual está presente en cualquiera de los espacios en donde niñas y adolescentes desarrollen sus actividades, la intimidad del hogar, aunada al secretismo usual que la ampara, constituye uno de los más grandes obstáculos para la seguridad y el equilibrio psicológico, factores indispensables para el saludable desarrollo de este importante segmento de nuestras comunidades.

Esta manipulación de las prioridades se realiza, por lo general, sin tomar en cuenta información estadística o investigaciones sociales serias y comprobables, lo cual equivale a diagnosticar y proponer tratamiento sin tomarse la molestia de auscultar al paciente.

La investigación de las cifras que definen el perfil real de la sociedad en todos sus aspectos, como se intenta hacer con los Informes de Desarrollo Humano de la ONU, es una actividad en la cual se basa la mayoría de las decisiones importantes para una nación.

Pero a veces esta investigación no existe, o si algo de ella se encuentra, buscando de dependencia en dependencia, lo más probable es que esté caduca, incompleta o —para colmo de males— incorrecta.
Por eso los analistas políticos, así como los eruditos del campo económico ávidos de opinar sobre el futuro —incluso los políticos que proponen acciones para componer algunos de los innumerables problemas que aquejan a la población— adolecen de una tremenda falta de especificidad en sus análisis y estrategias. Dicho de otra manera, disparan con perdigones por si acaso de repente le atinan al objetivo.

La falta de información oficial confiable es un problema serio. Más que eso, grave. Afecta no solo cualquier proyección de acciones concretas, sino también toca una parte sensible de la soberanía nacional, desde el momento en que no existe base contra la cual confrontar los datos manejados por las instituciones financieras y organismos internacionales, quienes realizan sus propias investigaciones y cuyos informes constituyen la base de discusión en las mesas de negociación en donde se dirime el futuro del tercer mundo.

Aunque no fuera más que por esto, valdría la pena poner atención al tema de las estadísticas oficiales y al manejo correcto y técnicamente confiable de los datos de los cuales dependen decisiones de tanta trascendencia como la política fiscal, la asignación de recursos para los servicios de educación, salud y vivienda, y las estrategias cuyo objetivo es captar la inversión extranjera. La búsqueda de precisión en las cifras de cualquier país es un tema de la mayor urgencia.

Los resultados de estas investigaciones constituyen la base para el diseño de una plataforma estratégica coherente con la realidad de un país, y menos especulativa respecto de sus posibilidades reales y específicas de desarrollo económico y social.

Según cálculos de informes de organismos internacionales y de gobiernos locales respecto de niveles de analfabetismo, crecimiento demográfico, aumento de la incidencia del sida, mortalidad infantil, abortos clandestinos, drogadicción y escasez de agua, da la impresión de que los países de nuestro continente y aquellos otros que nos acompañan en el amplio sector tercermundista nos encontramos frente a un constante engaño estadístico.

La realidad siempre es otra y por ello, en sociedades tan extremadamente complejas, la información ajustada a la realidad viene a ser un recurso vital para que las autoridades y los grupos de decisión sepan cuál es la verdadera topografía de este terreno oscuro e inestable por donde transitamos.

Por ello resulta incomprensible y decepcionante la realidad del entorno social y cultural en países del tercer mundo como los nuestros, en donde predomina el egoísmo, la pérdida de sensibilidad humana y la indiferencia con tal de eximirse de participar en acciones capaces de restablecer el orden, proteger los valores, luchar contra la injusticia y propiciar la construcción de marcos legales sólidos y estables. En América Latina hemos experimentado la violencia política, pero también hemos recuperado libertades a partir de movimientos ciudadanos que han sido capaces de revertir el curso de la historia y darnos otra esperanza de progreso y paz.

Esto significa que cuando la sociedad se mantiene alerta y consciente de su papel, es capaz de transformar un sistema de represión y muerte en uno de desarrollo y esperanza. Por esta razón, cuando uno de nuestros países cae en la aceptación del abuso constante de sus entes más poderosos, provoca un terrible desasosiego; una sensación de náusea, un golpe en pleno esternón. Es ahí en donde se manifiesta el desinterés por el destino de un país y de una sociedad de la cual pretendemos desvincularnos emocionalmente para refugiarnos en nuestro pequeño espacio de dudosa seguridad. ¿Cómo no dudar de si este conglomerado humano tiene un corazón que late bajo esa coraza de indiferencia?

Las noticias aparecen, se repiten durante algunos días abundando en detalles nuevos, y luego nada. Simplemente hay otra, tan impactante como la anterior, minuciosamente descrita con ese lenguaje profesional que practicamos a diario los periodistas elevándolo a las alturas de la perfecta esterilización emocional. Todo pasa y el olvido se instala pronto. ¿Acaso tenemos la culpa de haber anestesiado la conciencia colectiva? Ha de ser así: una cuestión de clase, color o tono de voz, un rasgo del carácter o un gen oculto en un minúsculo infinitesimal cromosoma, porque de otro modo sería simple maldad.

¿Es que esta comunidad humana sabe lo cara que resulta la indiferencia? ¿Sabrán las niñas raptadas por una red de trata que había vecinos conscientes de su situación pero no intervinieron porque no era asunto suyo? ¿Quizás pensaban que pertenecían a quienes las explotan así como otros creen que los niños abusados les pertenecen a padres que los torturan?

La denuncia no es una cultura socialmente aceptada, es una de las ataduras de la historia, en donde la ética se disuelve. La idea de ser responsable en la construcción de una sociedad justa no termina de calar en mentes ni corazones almidonados de prejuicios. Si no se actúa para rescatar a una víctima de violencia, menos aún para rescatar a un país de la corrupción. Más fácil es hacerlo para reclamar por el estruendo de una fiesta. Menos comprometedor. Mucho menos.

En términos corrientes, es un buen negocio y en nuestros países —dependientes de un sistema económico alineado con los intereses de los grandes capitales— es el mecanismo perfecto para obtener el bocado más grande. Dicen con toda razón que en donde hay quien reciba el soborno, siempre habrá quien lo ofrece.

En los países subdesarrollados, cuyas normas y leyes se han diseñado para beneficio de algunos grupos muy reducidos de propietarios del gran capital, esta ha sido la palanca para financiar multimillonarias campañas políticas, propiciar incursiones bélicas y rediseñar el mapa.

De esta mancuerna entre los poderes económico y político surgen no solo las estrategias comerciales del primer mundo, sino también las tácticas puntuales para infiltrarse en las estructuras de las naciones en desarrollo con el propósito de planificar la utilización más rentable de sus recursos naturales, su mano de obra barata y sus mercados emergentes.

En otras palabras, mientras las condiciones de pobreza extrema, desigualdad, discriminación y corrupción existan de manera predominante en las naciones del tercer y cuarto mundos, las pretensiones de estas naciones en términos de igualdad de oportunidades o inserción plena en los procesos de globalización no pasarán jamás de ser fantasías de sus reducidos círculos de decisión.

En los sucesivos informes de Transparencia Internacional sobre la percepción de corrupción en los países del mundo, se puede apreciar cómo se establece, de manera evidente, la relación entre aquellas naciones cuyas compañías multinacionales pagan los sobornos y aquellas cuyos funcionarios los reciben.
Las primeras, ricas, poderosas, con democracias estables; las segundas, carentes de instituciones fuertes, con la mayoría absoluta de su población viviendo bajo la línea de la pobreza, pero con una impresionante riqueza en recursos naturales.

Esta realidad, sumada a la destrucción patente del entorno con su secuela de devastación de los ecosistemas, el robo de las aguas y la pérdida de oportunidades en las comunidades afectadas, constituye el escenario sobre el cual deberían delinearse las políticas mundiales tendentes a propiciar políticas de desarrollo.

Los informes de desarrollo humano elaborados por la ONU para mostrar un escenario más o menos aproximado de los efectos de la corrupción muestran lo que ya sabemos: una división entre bloques, una visión opuesta respecto de las prioridades —Estados poderosos evadiendo su responsabilidad en la destrucción del medioambiente y países en desarrollo exigiendo políticas más acorde con sus necesidades—, pero, en resumen, un ambiente de polarización que no ayuda a paliar el hambre ni las carencias básicas de la población mundial.

En medio, resulta patente la pérdida de soberanía de nuestros países, en donde existen leyes casuísticas cuyo propósito consiste en ocultar, justificar y otorgar impunidad a decisiones ilegítimas de gobernantes venales.

Todo ello, santificado por los Estados más poderosos cuyo respaldo a un oscuro quid pro quo, negociado por la industria mundial con corruptos locales, sumen a nuestras naciones en la miseria y el desamparo.

La ruina de los países subdesarrollados —porque hablar de países en desarrollo es otra gran mentira— es la corrupción. La toma de decisiones a partir de la conveniencia personal, el cálculo de comisiones, el enriquecimiento propio de los funcionarios y las empresas involucradas, llevan a una nación a agotar sus recursos de manera irracional, sin ninguna consideración de carácter social y mucho menos con una planificación de desarrollo de largo plazo. Es el aquí y el ahora, pero sobre todo es el “para mí”.

No importa la cantidad de documentos reveladores de contaminación, destrucción del entorno o regalías ridículas obtenidas de las grandes corporaciones que se apoderan de los ríos, de los minerales o de los mega proyectos agroindustriales que asesinan fauna y flora, pero también oportunidades de desarrollo. En el cinismo de los gobernantes al intentar justificar el ecocidio, se observa hasta qué punto las autoridades ceden ante las presiones de las compañías respaldadas por gobiernos de primer mundo para finalmente entregarlo todo a cambio de nada.

Al destaparse los escándalos de esas negociaciones, los entes involucrados pretenden tapar sus delitos con la promesa de revisar contratos y aumentar regalías, pero jamás se abre la puerta a la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, como si el país fuera tierra de nadie. Todo lo contrario: se persigue, secuestra y asesina a líderes comunitarios por el solo hecho de defender su entorno y sus medios de subsistencia. La consulta popular, que debería ser una norma inquebrantable de la política local, se tipifica como delito.

La explotación minera es una vertiente atractiva de inversión extranjera. Pero resulta mucho más onerosa que rentable por los gravísimos daños en pérdida de integridad social y ambiental ocasionados al territorio en donde se realiza la explotación. No se trata solo de contaminación del ambiente, sino también de la degradación provocada por las estrategias divisionistas de las compañías, al armar un escudo protector introduciendo elementos de discordia entre los pobladores afectados y blindarse por medio de verdaderos ejércitos independientes con el propósito de alejar de sus instalaciones a los visitantes, incluso con investidura oficial.

Las operaciones de este tipo se ejecutan en territorios liberados. La soberanía se transfiere a una compañía extranjera que puede hacer lo que desee, exenta de la fiscalización de la población y protegida por el Estado. El tema, controversial como todo lo relacionado con el dinero, es de una importancia vital para el futuro de nuestras naciones. Ya es hora de escoger mejor a quienes nos representan.

Los detalles de esta saga brutal en cuya trayectoria, ya en estos momentos, pierden la vida y la seguridad de su hogar miles de seres humanos inocentes, se exhiben sin cesar por medio de los noticiarios y periódicos, por las redes sociales y cualquier recurso mediático capaz de mantener la atención e imprimir el tono del mensaje elaborado desde los centros de poder occidentales.
La guerra es un instrumento útil y provechoso en manos de gobernantes de cualquier tendencia, de cualquier bando, cuyo fin nunca ha sido la libertad ni el bienestar de los pueblos involucrados, sino la satisfacción de sus afanes expansionistas.

Ucrania es un país rico en recursos y con una posición geográfica y estratégica que lo coloca en la mira de las potencias de ambos lados. Con más de 40 millones de habitantes y una superficie de 600 mil kilómetros cuadrados, en donde abundan los recursos minerales, es un “bocatto di cardinale” en términos de explotación, pero también un enclave fundamental para adentrarse en la esfera rusa del poder.

Con la inexcusable complicidad de Europa y la OTAN como palanca para presionar los límites de la tolerancia y encender la mecha de una guerra de proporciones incalculables, Estados Unidos vuelve a demostrar una falta de sensatez capaz de hacer estallar al planeta.

Destaca, en este momento histórico, la labilidad del ejercicio periodístico. Esa facilidad de cambio —labilidad— hacia objetivos ajenos a su naturaleza y a su compromiso con la verdad. El daño que puede hacer una campaña bien orquestada de desinformación hacia grandes conglomerados humanos, carentes de recursos de comparación, es inmenso.

Hoy, la población está obligada a investigar por su cuenta y ese ejercicio solo surge en pequeñas minorías, mientras las masas quedan a merced de la manipulación ideológica y de los cuentos de terror.
Mientras se observa con horror una escalada bélica cuyas consecuencias serán devastadoras para los países involucrados, pero también para todo el resto de naciones, los líderes mundiales parecen haber perdido la capacidad de raciocinio y se enfrentan en un duelo del cual no habrá vencedor.

El mundo es más reducido de lo que se piensa y en caso de estallar la guerra que todos temen, no habrá ninguna posibilidad de estar indemne de sus consecuencias. Los países en desarrollo, los más vulnerables, sufrirán la ola expansiva en términos económicos, políticos y en una pérdida brutal de oportunidades de desarrollo.

El costo de una guerra se refleja en un quiebre histórico cuya cauda es siempre la pobreza y la pérdida de vidas humanas. La ambición desmedida por el poder geopolítico no es excusa para detonar esa conflagración.

A Estados Unidos y sus aliados ya se les ha roto la vasija antes de esta coyuntura, pero no parecen haber aprendido la lección.

Para Kapuscinski, el secreto reside en prestar atención a las pequeñas cosas, porque en ellas reside el secreto mismo de la vida. Asimismo, asumir sin restricciones un voto de honestidad para evitar caer en la sobre dimensión del ego y así mantener los pies bien asentados sobre la tierra, porque no somos más que transmisores de la palabra de los más necesitados, los más vulnerables y quienes experimentan, de primera mano, la crueldad de los poderosos.

Por eso es importante recordarlo ahora, cuando el mundo observa otro enfrentamiento entre potencias frente a los medios internacionales, como un conejo alucinado por los faros de un automóvil, olvidando otras agresiones todavía más cruentas, en donde también hay seres humanos aplastados por la violencia de otras guerras y otros conflictos geopolíticos o territoriales tan injustos como prolongados.

Kapuscinski nos habló de ética y de valores, pero el periodismo ha tomado la ruta de la conveniencia y el bienestar económico de sus propietarios. Hoy tenemos cadenas bajo la batuta de conglomerados empresariales desde donde se manejan los hilos de la política y las presiones de las grandes potencias y de grupos de interés. Los pueblos han quedado solos y sus tragedias se reflejan en las pantallas como parte de una realidad inevitable de la cual podemos desprendernos con solo cambiar de canal.

El modelo de reportaje periodístico apegado a los hechos y, sobre todo, sumergido hasta el fondo en la realidad de quienes no tiene voz, debe ser la norma y no la excepción, como sucede en nuestros días. Es una profesión sobre la cual se asientan valores tan fundamentales como el respeto por los derechos humanos, la democracia, la justicia y la búsqueda exhaustiva de la verdad. Por ello no es sorprendente constatar el temor de los gobernantes ante comunicadores valientes, contra quienes apelan al recurso de la amenaza, la extorsión y, como sucede alrededor del mundo, el secuestro y la muerte.

Frente al actual conflicto en Ucrania, exhibido ante el mundo como si se tratase de una serie de televisión, hemos de comprender hasta qué punto una amenaza de guerra es capaz de transformar la vida de millones de personas en una antesala al infierno, trastornando sus hábitos de vida, comprometiendo su capacidad de supervivencia, destruyendo su entorno y privándoles de derechos. Para quienes lo vemos a la distancia es un fenómeno incomprensible y, por ello, reporteros conscientes de su papel y capaces de ejercerlo con independencia, resultan imprescindibles para aprehender esa realidad en toda su dimensión.

El mundo es más pequeño de lo que quisiéramos creer y las repercusiones derivadas de cualquier agresión armada -las cuales representan un negocio próspero para las grandes potencias- fácilmente pueden llegar a nuestras puertas. ¿Qué diría Kapuscinski?

En la galería, observando el espectáculo, se encuentran el Departamento de Estado, la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, la Organización de las Naciones Unidas con su principal operador, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo representante en ese país no ha pasado de ser otra más de las presencias diplomáticas carentes de incidencia.

Esta última institución, entre cuyos objetivos están “erradicar la pobreza y reducir la desigualdad”, ha sido incapaz de imponer su misión en el país más corrupto y empobrecido del continente.

La asfixia del sistema jurídico es una amenaza a la democracia, pero también a la vida de sus mejores operadores, y se ha transformado en un espectáculo penoso y descarado del Pacto de Corruptos, liderado por el presidente y sus acólitos.

Con casi una veintena de operadores de justicia en el exilio por haberse atrevido a investigar y procesar los escandalosos casos de corrupción, y con periodistas e investigadores éticos amenazados por revelar los detalles de sus delitos, Guatemala se ha instalado en el poco honorable sitial de las democracias en vías de extinción.

Sin embargo, esto que sucede en el ámbito doméstico tiene un impacto importante a nivel regional. Si Estados Unidos y la ONU, como uno de los organismos en los cuales posee una influencia de primer nivel, no parecen interesados en apoyar los esfuerzos locales por restablecer el estado de Derecho, la sospecha se centra en intereses mucho más relevantes, como conservar a Guatemala entre el grupo de naciones sometidas a sus políticas neoliberales.

El temor, en esas instancias de poder, es la perspectiva de que finalmente en Centroamérica se instale otro gobierno popular, tal como ha sucedido en Honduras y, para evitarlo, no les quita el sueño la destrucción de su institucionalidad.

La traición de quien se considera el epítome de la libertad y la democracia en el mundo nada tiene que ver con libertad ni democracia.

Todo lo contrario, se asienta firmemente en un liderazgo geopolítico y económico en el cual los derechos humanos y el bienestar de los pueblos no tienen cabida. Menos aún les preocupa la cooptación de la justicia y la persecución y criminalización de sus mejores jueces, fiscales y comunicadores sociales.

La lucha, por lo tanto, ha de ser interna y sin cuartel. La guerra contra la justicia no solo se libra en las Cortes, sino en todas las instancias políticas, económicas e institucionales, y su podredumbre abarca cualquier ámbito de la sociedad.

Los espacios de decisión —Cortes, Congreso e instituciones del Estado— han sido tomados a la fuerza por un grupo criminal cuyo poder se consolida gracias al silencio de una ciudadanía orillada a contemplar cómo saquean su patrimonio y acaban con sus recursos. Todo depende de la respuesta del pueblo y de cuánto tarde en reaccionar ante este proyecto de dictadura.

El muro de adobe que rodeaba el jardín vecino se desplomó con el segundo remezón, invadiendo el aire con una nube de polvo amarillento que quedó suspendida durante largo rato, convirtiendo el espacio en un escenario de pesadilla. Poco imaginábamos en esos primeros momentos el alcance de la tragedia que sumiría a Guatemala en un profundo duelo durante largo tiempo. Fueron miles las víctimas y más de un millón de familias perdieron su hogar en una de las peores catástrofes del continente.

De eso, han pasado ya 46 años, y cada vez que sucede un evento similar en algún punto de este continente, el cual se encuentra posado sobre una red activa de importantes fallas geológicas y sembrado de volcanes activos, cuesta comprender por qué, ante tal cúmulo de amenazas naturales, todavía se producen tragedias evitables. Es cuando tenemos la obligación de dudar de la capacidad de los gobernantes para dirigir las políticas públicas en países tan vulnerables a los eventos naturales y a los efectos del cambio climático, dada la criminal ausencia de controles y medidas de prevención, para las cuales cada año se escatiman recursos. Esta es una realidad cruda y puntual y demuestra la escasa atención general sobre la importancia de la vida y el establecimiento de normas para protegerla.

Aun cuando la amenaza de una catástrofe se encuentra latente en la mayoría de nuestros países, del mismo modo puede apreciarse la escasa información sobre medidas de prevención en escuelas, colegios, instituciones y empresas, la falta de señalética en edificios públicos y privados y la razonable duda de si se construyeron respetando a cabalidad los códigos y normas de construcción. ¿Cuántos cines, restaurantes, discotecas y centros comerciales poseen sistemas de alerta o salidas de emergencia accesibles y bien identificadas? ¿Existe algún mapa de riesgo a nivel nacional, utilizado como herramienta de planificación urbana o vial? ¿Están conscientes las autoridades de la necesidad de fortalecer a las instituciones de socorro?

Recuerdo el terremoto devastador de Guatemala como si hubiera sido ayer. Me veo sentada en la cuneta frente a la casa en donde vivía, combatiendo el frío de la madrugada con una botella de ron y el miedo constante a una devastación que, dadas las condiciones precarias de la mayoría de la población, sería dantesca.

La naturaleza dinámica de nuestro continente no perdona. Conscientes de vivir sobre un territorio inestable, es imperativo y urgente establecer la institucionalización de modernos sistemas de prevención, educar a la población sobre conductas y procedimientos de seguridad y, por encima de todo, fiscalizar el proceder de las autoridades en cuanto al respeto de normas de construcción y ordenamiento urbano. La vida es primero.

La fuerza derivada de una posición de autoridad, en los sistemas imperfectos de sociedades como las nuestras, entrañan enormes peligros. Uno es la confusa relación entre distintos centros de poder —político, religioso, económico— cuyas escalas de valores están distorsionadas y sujetas a una concepción de sus objetivos y sus postulados, ajena al interés y al bienestar de sus pueblos. Es así como, en pleno siglo de la tecnología y las ciencias, el poder se apoya en el progresivo debilitamiento de las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas de las sociedades desde las que se alimenta su fuerza.

Desde tiempos remotos, las autoridades del ámbito espiritual —cuyo imperio se considera indiscutible— invocan la sumisión y la obediencia ciegas a preceptos asociados con otros estamentos de poder, como apoyo incondicional a sistemas verticales de discriminación, explotación e injusticia; y, para ello, apelan a la capacidad humana de aceptar la inconmensurable fuerza de la fe como parapeto contra la fuerza de la razón.

Del miedo a lo desconocido y la aceptación de la pobreza como inevitable condena divina, las estrategias concebidas desde las naciones más poderosas consiguen invadir los espacios espirituales de países del tercer y cuarto mundos. Estrategias cuya efectividad ha consistido en la sumisión de los más pobres en recursos intelectuales, económicos e ideológicos, con el objetivo de mantener un estatus establecido desde los poderes político y económico.

El debilitamiento progresivo de las políticas públicas en el ámbito educativo es una de las formas más perversas de un Estado para someter a la población a una incapacidad de análisis y reflexión provocada a propósito; estas valiosas herramientas intelectuales son consideradas, desde los centros de poder, como una amenaza a cualquier proyecto de gobernanza. De ahí la dicotomía existente entre los postulados políticos y la realidad de las gestiones gubernamentales en la mayoría de países en desarrollo. Como apoyo a ese debilitamiento de la fuerza popular, se instaura de manera paralela una serie de obstáculos al acceso a la salud, a la alimentación y a sus capacidades para gestionar organizaciones comunitarias.

La fe suele definirse como aceptación en una creencia, como una convicción que admite lo absoluto. Mientras, la razón se funda en la evidencia. La deformación de los fundamentos que dan sentido a la fe, tal y como se ha evidenciado a lo largo de la historia y, recientemente, de la crisis sanitaria que experimenta el mundo, constituyen una evidencia de los profundos alcances de la manipulación y el engaño ejercido desde esos ámbitos de poder en contra de la razón y el interés público.

Así como se deforma el concepto de verdad desde el discurso político, escondido tras el sermón religioso, de igual modo se compromete el derecho a la salud y a la vida de millones de seres humanos, cuya carencia endémica de recursos de análisis y reflexión la condenan a aceptar como ciertos los conceptos vertidos desde los ámbitos de autoridad. Por eso, nuestras supuestas democracias nacen desprovistas de la fuerza necesaria para consolidarse y por eso, también, los más pobres se enfrentan a una realidad en donde la fe se confunde con la más injusta resignación.

El impacto de la idea del honor en la vida de millones de mujeres en el mundo no se detiene en el marco de la conducta. También afecta a su libertad, estilo de vida y oportunidades de desarrollo, hasta tocar el extremo de amenazar su supervivencia. Por esta dudosa concepción del “honor”, mujeres de diferentes culturas son víctimas de tortura, lapidación y muerte. Son violadas y despojadas de sus bienes, alejadas de sus hijos y expulsadas de su hogar. Por el honor se cometen contra ellas crímenes abominables, los cuales —también por cuestión de honor— quedan impunes al estar protegidos sus hechores con la legitimidad que otorgan las leyes. Bajo la excusa de la cultura y la tradición, en todo el mundo se cometen los más abominables abusos sexuales contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es una cuestión de poder patriarcal y sus perpetradores terminan siendo protegidos por un marco jurídico en cuya nebulosa legal se amparan los crímenes sexuales. El nivel de impunidad en esos delitos cometidos, por lo general, por hombres cercanos a sus víctimas, es una auténtica forma de tortura. Y esa impunidad se debe, precisamente, al tan arraigado, arcaico y distorsionado concepto de honor, según el cual las familias afectadas por un crimen sexual contra alguna de sus integrantes, sufrirían ostracismo y marginación por parte del resto de su comunidad. Un castigo no solo injusto, sino marcado por un profundo desprecio por la naturaleza femenina. El concepto de honor debe experimentar una profunda revisión. No es aceptable, en una sociedad de este siglo, atribuir a la vida íntima y personal de una mujer —la cual solo a ella le pertenece— el peso de la reputación de todo un grupo social y mucho menos la condena moral por la manera como decida vivir. Tampoco es aceptable —de hecho, es una monstruosidad por donde se le analice— condenar a las niñas al abuso sexual reiterado apelando al honor, porque desde el momento que el crimen se perpetra y los testigos callan, ese supuesto honor ya fue destruido. La complicidad en esta clase de actos de barbarie es tan perversa y culpable como la comisión misma del delito y no hay excusa alguna para ampararlo.

El honor, como el mismo DRAE lo señala, es una cualidad moral. El ocultamiento de actos criminales no lo es. Por eso esta reflexión debería calar en lo profundo de la conciencia de quienes en nuestros países —tanto como en India, Pakistán, Estados Unidos, Brasil o cualquier otro alrededor del mundo— ubican el concepto de honor en el sexo femenino, lo condenan, lo marcan a fuego, lo violan y lo satanizan a fuerza de prohibiciones, credos y mitos.

Si somos capaces de llevar la ciencia y el arte a niveles de sublime exquisitez, si la humanidad se pavonea con el desarrollo de sus grandes logros, si nos consideramos superiores a todas las especies, entonces estamos obligados a redefinir conceptos arcaicos cuya vigencia desmiente todo lo anterior y nos coloca en el peldaño más bajo de la escala. La des-satanización de la naturaleza femenina es una obligación moral de las sociedades y también una deuda histórica. Los credos religiosos, cuyos principios insisten en discriminar a la mujer, deben experimentar una revisión de fondo y corregir las aberraciones conceptuales cuya fuerza tanto daño sigue ocasionando en más de la mitad de la población.

Para mayor ofensa, el nuevo presidente electo ha tenido el arrojo de nombrar a un gabinete en el cual destaca con fuerza —por primera vez en la historia de Chile— una mayoría de mujeres y un promedio de edades entre sus integrantes, fluctuando alrededor de los 45 años. Es decir, su gabinete no solo representa a las mayorías, sino además promete un aire renovador que a la derecha tradicional le provoca un profundo miedo. Lo único que podría criticársele al nuevo mandatario es la ausencia del sector indígena en esa elevada instancia de la estructura del poder político.

Mientras en Chile los sectores del ala conservadora buscan la manera de ser partícipes de las decisiones que surgirán desde el Ejecutivo, en otros países de América Latina se ha despertado una ola de odio contra las nuevas autoridades, con un resurgimiento irracional del discurso de la Guerra Fría y los vaticinios de una catástrofe económica y social en el breve plazo. Todo ello, teñido de una total falta de conocimiento y la peor de las intenciones. Lo que no han entendido estos personajes agoreros es que un cambio en la dirección política no solo es absolutamente necesario, también es parte de un sistema democrático en donde las mayorías deciden y participan. Esto último se refleja en un equipo de trabajo interdisciplinario, capacitado y comprometido con un plan de gobierno orientado a eliminar las grandes desigualdades provocadas por el sistema neoliberal actual.

Estas aves de mal agüero pretenden, en última instancia, contaminar un proceso que ha sido catalogado como uno de los más transparentes y democráticos en nuestro continente, en el cual brilló la voluntad popular y se expresó de manera contundente el deseo de retomar una ruta hacia el desarrollo de toda la población, derribando las barreras que hoy han sumido a millones de chilenos en la pobreza. El rechazo a un sistema económico rapaz, como el neoliberalismo, también se manifiesta en otros países latinoamericanos con similar potencia. La diferencia en los resultados radica en los niveles de corrupción y el abuso de poder de pequeños tiranos apoyados por las élites locales y sus ejércitos vinculados a las mafias.

Chile comenzará en marzo una nueva etapa. Esto significa el inicio de una transformación profunda de sus bases programáticas. En este proceso, el apoyo del nuevo gobernante a la Asamblea Constitucional, en su trabajo para redefinir el marco jurídico y erradicar desde esa instancia las huellas de la dictadura, será un paso gigantesco hacia un Chile más justo e incluyente. Desde ese texto constitucional se espera una administración del Estado mejor orientada hacia la conservación de sus recursos, más abierta a la participación popular y capaz de proporcionar una plataforma equitativa para enfrentar los desafíos del desarrollo.

Las aves agoreras, surgidas desde los reductos de la derecha rancia y anclada en el pasado que han dominado la políticas desde tiempos de la Colonia, tendrán que aceptar esta coyuntura histórica y guardarse las intenciones de revertir por la fuerza la voluntad popular. Los aires de la Guerra Fría —aun cuando se levantan de vez en cuando— no tendrán la fuerza suficiente para volver a derrocar a un gobierno legítimamente electo por el pueblo. La sola intención detrás de sus discursos de odio ya es evidencia de su derrota moral. Lo que procede hoy es acompañar al proceso con espíritu democrático y demostrar así la voluntad de reconstruir el tejido social con un acento rotundo en la igualdad y la justicia.

Muchas veces medimos los acontecimientos de acuerdo con la vara más conocida. Es decir, nos resulta mucho más fácil establecer rangos de comparación con nuestra percepción y un específico estilo de vida. Poca, o casi nula, es la capacidad de empatía necesaria para ponernos en el sitio de otros, menos afortunados, y tendemos a rebajar el impacto del nuevo escenario ignorando a propósito su poder en la vida de los demás.

Estamos ingresando al tercer año de una realidad de la cual lo desconocemos todo. Nos atacó una pandemia que ha puesto de cabeza todo lo conocido y de la cual no tenemos la medida exacta. Es decir, se ha desatado una infección viral desconocida hasta para el gremio de la salud, que se ha visto sobrepasado no solo por sus consecuencias, también por un cúmulo de informaciones contradictorias y opacas. Si eso sucede entre los expertos, es fácil colegir cómo ha complicado la vida de las familias. Pero volvamos al tema más importante, el de una niñez triste y sin motivación. Una niñez a la cual le han cortado las alas, le han quitado la libertad de movimiento, la han encerrado entre cuatro paredes -una vivienda popular tiene un promedio de 60 metros cuadrados para una familia de 4 o 5 integrantes- y le han limitado la interacción con sus pares y con el espacio público. Si a eso se añade la tensión originada por la potencial pérdida del empleo o la carencia de recursos económicos para afrontar la crisis, el plato está servido.

En términos generales, estamos inmersos en una situación desconocida y, ante sus desafíos, lo menos importante termina siendo la salud mental de la infancia. Aun cuando esto suena extremadamente cruel, la mente del adulto promedio tiende a considerar a los más pequeños como un material flexible que aguanta con todo. Pocos se detienen a reflexionar sobre la trascendencia de una infancia feliz como plataforma esencial para el desarrollo de un ser pleno, tanto física como intelectual y psicológicamente, y esto es porque tampoco la tuvieron. Entonces, simplemente se aplican los criterios establecidos por las autoridades sanitarias y se deja para después el esfuerzo de compensar adecuadamente las carencias que ello implica en la vida de los más jóvenes.

La infancia triste será una de las peores caudas de esta situación incomprensible a la cual nos enfrentamos sin herramientas propias. Vamos hacia adelante a ciegas, avanzando y retrocediendo a medida que el estamento científico tantea, a ciegas, un esquema apropiado de conducta. En medio se deslizan los miedos, las desconfianzas y la sospecha de que ya nada volverá a ser como antes. Sin embargo, como adultos acostumbrados a las dificultades propias de un sistema cada vez más hostil, poseemos la capacidad de adaptación. Otra cosa es la perspectiva para las niñas, niños y adolescentes privados de los recursos esenciales para desarrollar todo su potencial. Vivir confinados, estudiar frente a una pantalla -eso, para los más privilegiados- o compartir a duras penas con sus hermanos un teléfono celular para comunicarse con su maestra mientras se les impide jugar con sus amistades y se les mantiene privados de los estímulos de una vida al aire libre, es una fuente constante de frustración y tristeza. Las consecuencias de este nuevo esquema son imprevisibles.

Lo que no se dice es cuánto daño irreparable ha causado esta pandemia en los países menos desarrollados. Se evita escarbar en la cuantiosa pérdida de oportunidades de estudio y de trabajo para los segmentos medios y con mayor énfasis en los menos favorecidos de nuestras sociedades, en donde las restricciones de movilidad, el cierre de establecimientos educativos y comerciales, así como la reducción drástica de los ingresos ha provocado un fuerte traslape descendente de las distintas capas sociales.
Además, el impacto negativo en la calidad de vida ha cruzado a todo el universo, desde las familias de altos ingresos hasta quienes sobreviven en la extrema pobreza.

Pero si los adultos reaccionan con temor ante la incertidumbre del futuro inmediato, es fácil imaginar cuánto de esa angustia permea hacia el resto de la familia, especialmente sobre jóvenes y niños cuyas rutinas han sido anuladas de golpe, impidiéndoles realizar actividades esenciales en el proceso de alcanzar un desarrollo integral y saludable. El efecto psicológico de la pandemia en la población infantil y juvenil es un factor desconocido, cuyas consecuencias en la salud física y mental están aún por verse.

En este proceso complejo y cargado de incógnitas se cruza un cúmulo de hipótesis, opiniones contradictorias de científicos y posturas antagónicas de grupos de interés —entre ellos, líderes religiosos que niegan la existencia del virus—, capaces de confundir aún más a una población poco informada y temerosa, pero sobre todo sujeta a decisiones no consensuadas ni compartidas. La autoridad de los gobiernos ha sido, en este caso específico, un ensayo de prueba y error contaminado por los intereses de sectores de poder cuya menor preocupación es la salud pública y cuyo mayor interés reside en poner en marcha la economía, a cualquier precio.

El costo social de la pandemia es, hasta la fecha, difícil de calcular. En algunas naciones del continente, el grueso de la población vive alejada de los centros urbanos y sin presencia de Estado. Es decir, habitan en una esfera cuyos indicadores son desconocidos por las instituciones y en donde carecen de todos los recursos básicos de atención sanitaria. Al ser víctimas de una enfermedad tan devastadora como la provocada por el covid-19 y sus variantes, sus esperanzas de vida se reducen al mínimo. Estas comunidades son, en su mayoría, integradas por los pueblos originarios que han sido históricamente marginados, desprovistos de poder económico, político, y asediados de manera constante en una batalla sin cuartel por sus tierras y sus recursos. Para comenzar a entender el alcance de los efectos de lo vivido actualmente en el mundo, es necesario dar una mirada a lo lejos, poner atención a lo que sucede más allá de nuestro entorno inmediato y todavía mucho más allá de nuestro limitado concepto de sociedad.

En las fronteras urbanas está el inicio de una realidad distinta, cuyos indicadores representan el verdadero perfil de nuestros países. Al interior de las ciudades también existe otra frontera, otra división ilustrativa de la desigualdad, y es la marcada entre la población adulta y los amplios sectores de niñez y adolescencia, más afectados que nadie por este fenómeno sanitario complejo y desconocido que escapa a su comprensión y altera su vida de modo radical.

Este fenómeno, evidente durante la primera etapa de los comicios, en donde la extrema derecha superó a Boric por un mínimo margen, apoyando a un candidato abiertamente aliado de Augusto Pinochet -uno de los dictadores más sanguinarios del continente-, permite constatar la fuerza de la resistencia a un cambio con tendencia socialista en una de las sociedades más desiguales del continente. Sin embargo, la segunda etapa de la campaña se caracterizó por una toma de mayor distancia entre los mensajes de ambos bandos.

Por un lado, los movimientos afines al cambio político, propuesto por el candidato de la izquierda, se unieron en un discurso de unidad y convergencia hacia la erradicación del sistema neoliberal que ha transformado a Chile en el paradigma de la desigualdad económica y social. Por el otro lado Kast, el candidato de la derecha, rodeado de una corte con características similares a las de los grupos neonazis europeos, lanzaba una campaña de falsedades, odio y temor con la intención de revivir los prolegómenos de un golpe de Estado que dejó secuelas imborrables en la sociedad chilena.

Ese intento de convertir las elecciones en un pulso entre la democracia y la tiranía -aun cuando esos extremos parecían pertenecer al bando contrario- logró algo que el candidato derechista no calculó bien: la derecha tradicional que lo apoyó en la primera vuelta de los comicios, resultó más inteligente que fanática y se desmarcó -tal como lo hizo el propio presidente Piñera- dejándolo solo en la recta final. El fascismo en el discurso de Kast y sus propuestas de retornar hacia un gobierno de corte pinochetista hizo retroceder a una gran parte de sus electores, a quienes esos extremos tampoco les parecía un escenario promisorio.

Pero hay que reconocer que los discursos de terror anticomunista, engendrados en plena Guerra Fría, constituyen aún un mecanismo de división social extremadamente efectivo. Hoy seguimos viendo en las redes sociales y en los medios de comunicación cómo resurge el odio hacia cualquier intento de cambio político, social y económico. Es la poderosa carga del pasado, cuyas cicatrices están visibles en un sector amplio de la sociedad chilena.

Las propuestas del nuevo mandatario constituyen un compendio de medidas consensuadas entre todo un abanico de colores políticos; y, además, responden a las demandas de un amplio sector de la población. Entre ellas se incluye el respeto por las diferentes corrientes políticas; el apego irrestricto a la institucionalidad; el apoyo a los esfuerzos de la Convención Constitucional en su esfuerzo por redactar un nuevo marco de normas jurídicas, capaz de reflejar la realidad actual y erradicar la huella de la dictadura y, como una de sus prioridades, abrir los caminos para consolidar un sistema verdaderamente igualitario y democrático.

Las huestes de extrema derecha no han cesado en contaminar el ambiente con sus proclamas de odio y terror. La repetición de la mentira, una estrategia del nazismo, se ha transformado en su leit motiv con la intención de abrir aún mas las brechas que separan a la sociedad chilena. Su intención es clara: mantener la chispa cerca del combustible con el fin de provocar otra crisis que les favorezca. Esta vez, sus estrategias huelen a fracaso ante una ciudadanía mucho más activa y atenta. Una mayoría ciudadana que por fin se siente representada por un equipo joven y emprendedor, cuyas capacidades serán evaluadas durante los próximos cuatro años.

Por esta razón se podría afirmar que las naciones en donde impera la corrupción, regidas por gobiernos capaces de privar a la población de los recursos más elementales para su supervivencia —Guatemala es el mejor ejemplo— son países distópicos. La distopía se caracteriza por ser una realidad que transcurre en términos opuestos a la utopía, representando un futuro indeseable para una sociedad hipotética. Es decir, un camino hacia la destrucción de sus fundamentos humanos. Es posible señalar a Guatemala como el ejemplo representativo de esta condición peligrosa, ante datos tan esclarecedores como ciertos indicadores de desarrollo social que la sitúan a la cola de las naciones. Entre ellos, su escandaloso índice de desnutrición crónica infantil —49.8 por ciento, es decir uno de cada dos niños— o el cociente intelectual promedio para la población guatemalteca, situado en 47.72 puntos, cuando el promedio mundial gira entre los 85 y 90 puntos. A esto se debe añadir que la población de este país presenta la estatura más baja a nivel mundial (The Lancet) y se encuentra en el lugar 142 de entre 195 países en el Índice de Seguridad Global en Salud. Esta situación lleva a Guatemala hacia un futuro distópico garantizado. El trabajo fino, la trama perversa cuyos efectos se plasman en esos terribles indicadores, tiene una identidad reconocible: la cúpula económica de carácter colonialista de esa rica nación centroamericana. Desde el corazón de la organización empresarial, convertida en un cártel explotador, surge ese cuadro de miseria y corrupción que ha colocado a ese país en una ruta certera hacia el fracaso. Las consecuencias están a la vista en decenas de miles de guatemaltecos que prefieren arriesgar la vida y emprenden el camino hacia el norte, sin garantía alguna de éxito. Desde el retorno a la democracia sus gobiernos, sin excepción alguna, han obedecido fielmente los mandatos de las cúpulas económicas —respaldadas con fidelidad por un ejército alejado de su naturaleza— y se han dado a la tarea de socavar la institucionalidad para convertir a Guatemala en un territorio controlado por los cárteles de la droga y un sector político venal, divorciado del mandato constitucional. Dados los indicadores vergonzantes en donde se evidencia el profundo deterioro de este país, se puede colegir cuanto esfuerzo requeriría volver a situarlo en la ruta del desarrollo. La estrategia del sector dominante ha tenido un impacto indiscutible en la consolidación de un sistema tan eficaz. Cada cuatro años, la población de Guatemala elige a un individuo —ya destinado a ocupar su primera magistratura— elegido en el corazón del poder económico y lanzado a un circo electoral de mentiras. Corren así las tácticas más pedestres para atraer a los electores, quienes han sido bombardeados por las viejas consignas de la Guerra Fría y la machacona insistencia en una visión racista y discriminatoria para mantener latente la división social. Es decir, los hilos se manejan desde los despachos herméticos del poder económico y la ciudadanía —gracias a una efectiva política estatal de obstrucción de la educación— termina por ceder ante la fuerza de campañas millonarias y ofertas oportunistas. La educación, como ya se ha repetido en tantas ocasiones, es indeseable para quienes detentan el poder. Por ese motivo tan evidente es que gobiernos como el guatemalteco secuestran los programas educativos y escatiman fondos para el desarrollo de su infraestructura. En el fondo, se trata de convertir a las nuevas generaciones en un recurso económico más.

Esta reflexión viene al caso por los movimientos electorales en Latinoamérica. Al observar el desempeño de estas sociedades, enfrentadas a una elección de autoridades y, por ende, al futuro inmediato de la trayectoria de su país, se puede apreciar cómo los sistemas político económicos imperantes han transformado esos procesos en una competencia ajena al verdadero significado de la función del estadista. Por el contrario, los bandos suelen sumirse en una contienda cargada de trucos de mercado y argumentos falaces a fin de vencer al oponente.

Ante este circo de pésimo gusto, la ciudadanía se ve atrapada y sin opciones, dada la manera como se han ido amarrando los hilos de legislaciones totalmente controladas por las clases dominantes. De este modo, el ejercicio del supuesto poder ciudadano se ve limitado a marcar un voto en una papeleta. A partir de ahí las cosas suelen suceder como si ese voto fuera la firma sobre un cheque en blanco. El problema de ignorar los alcances de la responsabilidad y derechos implícitos en la calidad de ciudadano es, precisamente, la impotencia ante el abuso de poder tan frecuente en nuestros países después de un proceso electoral.

Un ejemplo de la ausencia de poder ciudadano es la impunidad sobre las promesas incumplidas por quienes alcanzan el poder. Ante esta falta grave de las nuevas autoridades, el pueblo actúa con resignación, convencido de no poseer los instrumentos legales para exigir cumplimiento. Sin embargo, muchos de esos instrumentos existen en sus textos constitucionales, que la mayoría de los habitantes desconoce. Esta es una de las grandes falencias de los sistemas educativos de nuestros países, estrategia hábilmente concebida para mantener al pueblo en la ignorancia.

El elevado abstencionismo en países cuya legislación permite a los electores no ejercer su voto es prueba fehaciente de cómo los sistemas políticos han fallado al no reforzar el concepto de responsabilidad cívica entre sus nuevas generaciones. Al contrario, se las incita a despreciar el ejercicio de su ciudadanía como una manera de rechazar lo impuesto por los centros de poder, cuando en realidad se debería poner a su disposición toda clase de recursos educativos para guiarlas hacia una efectiva toma de conciencia y una participación activa como miembros de la sociedad.

El grave peligro de dejar las decisiones en manos de quienes han demostrado falta de ética, carencia de escrúpulos y un bagaje ideológico capaz de llevar a nuestros países al borde de la guerra civil procede del impedimento del ejercicio de una ciudadanía consciente e informada, única vía para fortalecer nuestras inestables democracias. El solo hecho de elegir a gobernantes corruptos, fascistas y con un discurso abiertamente agresivo contra los derechos de la población es la muestra fehaciente de cuánto necesitamos mayor conciencia ciudadana. El desafío es cada vez mayor, al considerar la influencia de potencias ajenas a los intereses nacionales, empeñadas en una competencia global por el control geopolítico.

Nuestros pueblos necesitan comenzar a salir del letargo en el cual los ha sumido el miedo y la impotencia. Pero nuestros pueblos no se reducen a las grandes urbes; comprender esa realidad es un paso importante para asimilar la dimensión del desafío.

A pesar de conocer —de manera intuitiva o comprobada— esta debilidad de los medios informativos, la mayor parte de la población mundial consume vorazmente sus contenidos y actúa de acuerdo con esas propuestas. Esto tiene un especial impacto durante los procesos electorales en países en vías de desarrollo, en donde las grandes mayorías carecen de elementos de juicio para separar la paja del grano y sacar sus propias conclusiones. Esta debilidad obedece generalmente a políticas de Estado enfocadas en obstruir los accesos a la educación pública de calidad.

Un pueblo educado es un peligro para la clase política y las élites económicas, lo cual se traduce en la consolidación de sistemas informativos tendentes a manipular la conciencia ciudadana en todos los niveles posibles. La administración de los recursos públicos —tales como las frecuencias para la transmisión por radio y televisión— en manos de gobernantes venales, ha convertido a estos recursos estratégicos en un botín y, por consiguiente, en una amenaza para la estabilidad democrática de naciones débiles. La influencia ejercida por medios masivos de comunicación, capaces de llegar a todos los rincones, es un arma efectiva en la búsqueda de un poder político absoluto, dentro de un sistema de explotación y dominio económico corrupto.

En esta actividad han estado empeñados, a lo largo de la historia de nuestro continente, importantes medios de comunicación, cuya incidencia en las políticas locales se ha basado en la mentira y la desinformación, coludidos con los grupos de poder y poseedores de una enorme capacidad para difundir conceptos, ideas y propuestas dirigidas a la conservación de un sistema caduco e ineficaz de gobernanza. Estos son los medios de la infamia, cuya labor ha consistido de manera consistente en destruir la dinámica propia de las democracias, por medio del engaño. Ante ese poder mediático inmenso, cuya red tiene alcance continental y se administra desde la distancia en despachos inaccesibles por individuos capaces de negociar sus privilegios con los gobiernos locales, la ciudadanía está totalmente indefensa. Su derecho a la información —un derecho consagrado por textos constitucionales y pomposos acuerdos internacionales— es violado a diario por estos medios enemigos de la ética periodística. Ese poder se traduce en la consolidación de sistemas políticos capaces de frenar el desarrollo de los países y mantener a los pueblos bajo el yugo de la miseria, pero más destructivo aún es su efecto en la mente de millones de seres humanos. A esta infame dictadura mediática se oponen los esfuerzos de un gremio periodístico independiente que lucha desde plataformas alternativas —y de algunos medios tradicionales éticos— con el propósito de ofrecer la otra cara de la moneda: información veraz, investigada a fondo, comprobada, de interés público y capaz de arrojar una potente luz sobre la opacidad de los gobiernos. Esta prensa independiente, sin embargo, sufre constante acoso y amenazas desde los centros de poder político y económico, para los cuales la información ética representa una amenaza a sus privilegios. Para la ciudadanía, este esfuerzo titánico de periodistas dignos y consecuentes constituye un valioso recurso, pero también una vía para la recuperación de su espacio de participación cívica. Apoyar al auténtico periodismo y aprender a distinguir la verdad de entre la abundancia de mentiras mediáticas, es una habilidad fundamental para estos tiempos.

En el transcurso de las muchas décadas vividas hasta hoy, jamás imaginé que el miedo se instalaría con tanta facilidad en todas las comunidades humanas al mismo tiempo; y tampoco imaginé que fuéramos incapaces de sopesar el peligro implícito en un experimento sanitario como el que nos tiene condicionada la conducta. Observo el entorno y me sorprende nuestra capacidad de adaptación a las situaciones más extremas, al punto de ni siquiera cuestionar la pertinencia de las normas bajo las cuales transcurre nuestro día a día.

Esto me obliga a dar una mirada alrededor para calcular el alcance del cambio. Sin embargo, resulta imposible cuantificar el impacto del nuevo escenario en los sectores de la niñez y la juventud, quienes de golpe y porrazo se han visto confinados, limitados en sus movimientos, enclaustrados en hogares muy pocas veces aptos para un encierro prolongado y, peor aún, privados del juego, la diversión y el aire libre.

Las consecuencias de largo plazo son un enigma, pero sin duda serán una realidad capaz de afectar de manera profunda a las nuevas generaciones.

Hoy observamos a los leones en el ruedo con la emoción del riesgo, creyendo a medias en la capacidad del domador para evitar que nos devoren, pero sin la seguridad de que ese domador sepa bien cómo hacerlo. Lo mismo sucede con el círculo cerrado de la ciencia: allí están las opiniones expertas sobre las variantes del virus, las discusiones a favor y en contra de las vacunas, dudas razonables sobre nuestra capacidad para incidir en todo ello y, por encima de todo, el temor a perder el control sobre nuestro derecho a elegir cuáles decisiones tomar.

Por sobre esa incertidumbre se han instalado, por conveniencia política, las estrategias de los círculos de poder; estrategias sobre las cuales no solo no se nos informa, sino simplemente se aplican con el propósito de controlar nuestros derechos y libertades poniéndoles un cepo aparentemente adecuado a la situación. De ahí que el entorno mediático —el cual siempre ha respondido a intereses hegemónicos— haga énfasis en la necesidad de la sumisión colectiva y la aceptación ciega de normas restrictivas, muchas veces rayanas en el abuso de autoridad. Pero siempre a favor de las élites en el poder.

No es de sorprender, por lo tanto, el incremento de la violencia contra niños, niñas, jóvenes y mujeres cuyo estatus es precario. También contra periodistas y líderes comunitarios. Esto, porque esos importantes sectores de la sociedad, a pesar de sus batallas, continúan sufriendo los ataques de un sistema represivo y deshumanizante. Por eso, desde las tribunas observamos con tanto temor a los leones en el ruedo. Porque el espacio conquistado gracias al despertar de sectores sociales comprometidos con el cambio ha disminuido por culpa de esa fiera invisible y oportunista cuyo ataque ha trastornado las reglas del juego y nos tiene contra las cuerdas.

La transformación de nuestro entorno ha sido tan progresiva y sutil como para habernos habituado, casi sin sentirlo. Esa adaptación es una de las características de nuestra especie y nos ha favorecido a lo largo de los tiempos; sin embargo, ante este escenario de incertidumbre y temor hemos entregado las armas y nos hemos sometido a las decisiones de otros, con muy escaso poder de participación y menos capacidad aún para calcular sus alcances, en toda su magnitud. El tiempo nos lo dirá.

A medida que vamos creciendo y acumulando conocimientos, de manera instintiva creamos un pequeño universo personal desde el cual definimos nuestro modo de comunicarnos con los demás. Este núcleo íntimo, desde el cual se consolida una amplia gama de formas de relacionarnos con el mundo que nos rodea, ya ha sido marcado por las experiencias vividas desde que nos arrojaron al mundo. La importancia de la primera infancia, por lo tanto, no solo es decisiva en el desarrollo de la personalidad y la autoestima; también deja su impronta en nuestro presente y nuestro futuro, de manera indeleble.

Desde esta perspectiva, resulta mucho más real y humana la visión de lo que sucede con nuestros pueblos y, con especial énfasis, en todo aquello que determina la conducta y actitud de las nuevas generaciones, nacidas en un contexto de egoísmo, injusticia, hambre y carencias vitales. Generaciones perdidas —como se las define sin mayor empatía— sobre cuya situación somos, si no culpables directos, sí cómplices por nuestra forma de aceptar su condición de marginados y evitar involucrarnos en la exigencia de un cambio radical en las políticas vigentes. Los sistemas de gobernanza, fundados desde siempre sobre la búsqueda del poder absoluto y la preeminencia de la riqueza material por sobre el bienestar de los pueblos, nos han transformado en recursos materiales de distinto valor y, de este modo, se nos define por categorías en escalas descendentes. Este orden social condiciona nuestra visión del mundo pero, más grave aún, nuestra visión sobre los demás y profundiza no solo el divorcio entre estratos sociales, también nuestra incapacidad de empatizar con quienes han sido relegados a la base menos beneficiada de nuestras comunidades humanas. Aquello capaz de dividirnos en categorías —una valiosa herramienta para el neoliberalismo— no es más que un recurso anti democrático para consolidar la fuerza política y económica de quienes detentan el poder. Este mecanismo destructor de nuestro tejido social, sin embargo, es avalado sin reservas por una gran mayoría de habitantes de nuestro continente. Esto, porque también los sistemas de información —en cuenta, los medios de comunicación masiva en manos de las élites— enfatizan en las dudosas bondades de un sistema que nos arrasa. Nunca más acertado el lema “divide e impera” utilizado por Julio César, el emperador romano, como base de su política para hacer de su reinado una fortaleza indestructible.

Quienes poseen una visión completa y profunda de este gran conflicto que nos plantea el mundo en el cual intentamos vivir, están sumidos en una batalla interna entre la urgencia de una verdadera revolución —capaz de transformar la estructura de poder desde sus bases— y el temor a la violencia que esta podría provocar desde los ámbitos de privilegio, los cuales se encuentran sólidamente asentados en el sistema actual. En medio de esta dicotomía quedan esas nuevas generaciones privadas de recursos materiales e intelectuales, criadas en un entorno de violencia doméstica y social y, por tanto, sometidas a las decisiones de quienes se benefician de sus carencias.

Transformar este escenario de injusticias es tarea urgente que plantea enormes desafíos. Entre ellos, la necesidad de proporcionar a los más jóvenes algún atisbo de esperanza sobre su futuro, una tarea vital para enderezar el rumbo de nuestras jóvenes democracias, aunque se oponga nuestra atávica indiferencia: un serio problema a resolver.

Existe una sutil diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ello, debido a que la primera se refiere a un derecho individual reconocido en todo el mundo por medio de tratados y convenciones; y la segunda —es decir, la libertad de prensa— incluye en su concepto el derecho soberano de los pueblos a ser informados con veracidad y amplitud sobre todo acto, decisión y compromiso de quienes poseen el timón de la vida institucional y jurídica de sus naciones y sobre los acontecimientos de interés social y cultural.

Por lo tanto, los ataques perpetrados por los sectores más poderosos en nuestros países contra esas libertades, ya consagradas en sus respectivos textos constitucionales, es una violación y un delito cometido en contra de la base misma del sistema democrático que han jurado respetar.

Durante las recientes décadas se ha observado, asimismo, cómo la mayoría de medios masivos de comunicación —en su calidad de empresas y totalmente ajenos a su espíritu periodístico— se han plegado a los planes de los sectores más poderosos y actúan como un ente político y un reproductor de consignas y falsedades hacia los más amplios sectores de la sociedad. De esta cuenta, el periodismo independiente y digno se ha ido recluyendo en plataformas cada vez más reducidas, y ello gracias a fuentes de financiamiento débiles y precarias. El resultado de esta estrategia para silenciar a la prensa ética es uno de los grandes logros de los gobiernos y sectores empresariales aliados en un pacto de corrupción y silencio.

Sin embargo, la reacción de quienes intentan salvaguardar la integridad del ejercicio periodístico, aun cuando choca contra enormes intereses corporativos y opacos pactos políticos, demuestra una vez más que no será fácil callar a la prensa, porque de ella depende no solo la frágil democracia, sino también la seguridad ciudadana frente a los actos intimidatorios de los cuerpos armados del Estado y los actos delictivos de sus autoridades. Un estudio de la Unesco reveló la gran preocupación de esa agencia por el riesgo implícito en el ejercicio de la profesión, refiriéndose específicamente a América Latina como la región en donde se producen más asesinatos de periodistas. Así también lo manifestó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al expresar: “Cuando se ataca a un periodista, toda la sociedad paga el precio.

Si no protegemos a los periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados y adoptar decisiones fundamentadas se ve gravemente obstaculizada.  Cuando los periodistas no pueden hacer su trabajo en condiciones de seguridad, perdemos una importante defensa contra la pandemia de información errónea y desinformación que se ha extendido por Internet”. A ello se debe añadir que la impunidad en los asesinatos de periodistas es de nueve de cada 10 casos y la persecución suele ampliarse hacia su círculo familiar.

Estas declaraciones del Secretario General no impiden el ataque concertado entre sectores de poder sobre quienes han decidido mantenerse firmes en su afán de investigar, difundir y arrojar luz sobre los actos de interés público, los mismos que entes poderosos insisten en mantener en las sombras. Por ello, son los ciudadanos, en su calidad de víctimas de este ataque contra su libertad de acceso a la información, quienes deben mantenerse alerta y exigir el cese del hostigamiento contra los profesionales que arriesgan su seguridad y su vida por mantenerlos debidamente informados.

Pero eso no sucede. El sistema político-económico al cual se ha condenado a nuestro continente y cuya cauda ha sido la eliminación de líderes, la imposición de dictaduras de extrema derecha (obvias o disimuladas) y la miseria para las grandes mayorías, ha sido perfeccionado a tal extremo que sus consecuencias pasan inadvertidas tras los manidos argumentos de la “inversión extranjera” como la gran panacea para alcanzar el desarrollo. Esta falacia se repite en todos los discursos, cubriendo la extensión completa del abanico político.

El escenario de El Estor, en Guatemala, es uno de los ejemplos más representativos de este escenario de explotación cruda y sin paliativos. Se militariza la zona de explotación minera, se establece un estado de sitio, se criminaliza toda acción comunitaria, se reprime a la prensa y se dedica el apoyo incondicional de la fuerza pública a la tarea de “limpiar el terreno” para evitarle inconvenientes a las compañías suiza y rusa que se han adueñado de él, con la plena colaboración de los 3 poderes del Estado.

Las imágenes de la explotación y saqueo de las “tierras raras” de El Estor son pavorosas. Pero esto no es nuevo ni desconocido en otras regiones de ese país, caracterizado por sus increíbles paisajes y sus enormes recursos naturales. Guatemala ha sido secuestrada por su cúpula empresarial con la complicidad de una casta política tan podrida como aquellas que condenaron al África a ser ejemplo de miseria, muerte y aniquilación de su patrimonio. La búsqueda de minerales valiosos representa una condena a muerte para uno de los países más bellos del continente. Pero eso no es todo: esa colonización, por parte de las grandes corporaciones, no deja nada para los dueños de la riqueza; solo deja la prostitución de sus entes políticos y a una sociedad enmudecida, temerosa y sometida a la violencia cotidiana.

En las redes sociales se ha podido observar a la Policía Nacional Civil -una fuerza represiva que no aporta seguridad a la ciudadanía, por ser otro de los entes más corruptos- trotando como perros amaestrados a la par de las enormes góndolas de la compañía minera, mientras en el resto del país las pandillas y las organizaciones criminales operan a su antojo. El desempeño de las autoridades, empezando por el más débil, inmoral y corrupto de los presidentes de la región, está centrado en el saqueo de lo poco que va quedando en Guatemala, después de una larga cadena de administraciones caracterizadas por su comportamiento delictivo.

Los pobladores de El Estor -que, por cierto, es uno de los más bellos parajes de esa nación centroamericana- viven en un ambiente de represión y temor por el solo hecho de oponerse a la destrucción de su entorno, al robo descarado de sus recursos y a la represión injusta impuesta por el gobierno. Amparada por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, la cual en 2020 ha declarado suspendidas las operaciones de la minera, la comunidad de El Estor exige, en su pleno derecho, el retiro de la compañía minera y el cese de los operativos represivos impuestos por el gobierno de manera inconstitucional. Es importante señalar que el operativo de esas compañías descansa, al parecer, sobre un convenio ilegal e ilegítimo, cuyo único propósito es engrosar los bienes mal habidos del mandatario y su pandilla.

La concentración extrema de la riqueza en nuestros países lleva un signo único: la corrupción. Es decir, la imposición de una forma de quehacer político y económico cuya característica es la falta de valores morales y humanos, como instrumento a favor de la marginación de los pueblos en los procesos de toma de decisiones, el empobrecimiento de la clase trabajadora y la exclusión de las mujeres y la juventud de los escenarios políticos. Esto ha garantizado la consolidación de sistemas de gobierno cada vez más reñidos con los valores democráticos, peligrosamente orientados a conseguir el poder absoluto.

El afán de buscar respuestas a la necesidad de fortalecer a nuestros Estados y buscar los caminos del progreso —caracterizado por una importante dinámica iniciada por intelectuales, ideólogos y economistas durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado— terminó consumido por la fuerza de una Guerra Fría de increíbles recursos mediáticos, psicológicos y políticos, mediante la cual estableció un sistema de explotación de nuestros patrimonios naturales y la imposición de una ideología de tercer mundo. A partir de ahí se comenzó a entorpecer todo intento de industrialización y desarrollo tecnológico de nuestros países, con el propósito de mantenerlos bajo un régimen de dependencia que hoy se manifiesta en los más bajos indicadores socioeconómicos, así como en una abrumadora caída de amplios sectores de la sociedad en la extrema pobreza.

En esa dinámica se han ido perdiendo voces; los monopolios televisivos, la transformación de los medios masivos de comunicación en reproductores del discurso oficial y de los núcleos de poder económico han privado a las sociedades de una de las bases fundamentales de la democracia, cual es la plena libertad de expresión y el derecho a la información sin restricciones. Los marcos jurídicos han ido derivando hacia la protección de estos sistemas de privilegios para terminar legalizando un juego ilegítimo de reciclaje político.

Mientras eso sucede, callamos. En una actitud cercana a la mansedumbre, nos quedamos paralizados observando esta caída libre en los abismos de la dictadura, esperando a que otros reaccionen y nos salven de la catástrofe. Gracias al discurso de los vencedores, hemos terminado convencidos de que solo existe la vía pacífica para recuperar lo poco que queda de institucionalidad y ni siquiera somos lo suficientemente lúcidos para comprender que esa institucionalidad ha sido la primera en declarar la guerra armada con represión, invasión de territorios, saqueo y eliminación física de comunidades enteras y de los contados líderes que podrían guiarnos hacia un renacer de la democracia.

Más temprano que tarde nos arrepentiremos por no haber reaccionado a tiempo, por haber permitido la consolidación de gobiernos y cúpulas económicas y políticas opuestas al desarrollo integral de nuestros países y al bienestar de nuestros pueblos; y, sobre todo, por permitirles legislar en contra nuestra a pesar de representar, en teoría, los intereses superiores del pueblo. La indiferencia de hoy es un generoso aval para nuestros enemigos.

El proceso de “pacificación” de los territorios habitados por los pueblos originarios no ha sido más que una política genocida concebida en los núcleos de poder económico y político. Las comunidades, sin embargo, se mantienen firmes en la defensa de sus derechos y una generación tras otra logran sobrevivir a pesar de la constante amenaza del desalojo y la muerte. No hay país en el continente en donde los pueblos originarios posean el estatus de ciudadanos con plenos derechos y oportunidades. En todas nuestras naciones latinoamericanas han sido perseguidos como si fueran ellos los invasores. Y, en todas ellas se habla, sin vergüenza ni recato, del “problema indígena”.

Entretanto, los núcleos urbanos poblados por una sociedad mestiza e indiferente a la realidad de otras regiones y otras comunidades, perpetúa el estatus avalando, con su voto y su pasividad, los abusos de clases políticas vendidas a los grandes empresarios y sumisa ante los dictados de una comunidad internacional aliada con las multinacionales. La pérdida de territorios ancestrales se suma, entonces, a la irremediable destrucción del hábitat de valiosas especies y de abundantes recursos naturales, propiedad de las naciones arrasadas por la codicia.

La resistencia indígena ante la invasión de sus territorios, sus pueblos y aldeas, sus campos de cultivo y su entorno -sumido en el subdesarrollo por fuerza y voluntad de quienes intentan desalojarlos- pende de un delgado hilo: la conciencia de sus derechos. En su contra, se ha instrumentalizado desde los centros de poder todo el aparato jurídico, con el objetivo de justificar la aplicación de la represión cuando estas comunidades ejercen su derecho a protestar y exigen ser escuchadas. Mientras tanto, los sicarios a las órdenes del gran capital se dedican a identificar, y asesinar a sus líderes, y acosar a sus legítimas autoridades.

Desde donde nos encontramos, en la comodidad de la burbuja, observamos la tragedia de nuestros compatriotas como si ellos existieran en otra galaxia, alejada de nuestra pequeña cotidianidad. No hemos entendido que el dolor de los otros es nuestro dolor. Que sus tragedias nos van a golpear en el centro mismo de nuestra indiferencia. Que también en nuestro código genético están los colores de sus textiles y la aspereza de sus destinos. Mientras negamos la realidad, esta nos coloca frente a nuestra incapacidad de aceptar una identidad rechazada por pura costumbre de repetir estigmas.

Este prurito de sentirnos ajenos es lo que condena a nuestros países a ser proveedores baratos para el primer mundo; una realidad que se asemeja a la rueda de molino en su eterno girar, sumiéndonos en la miseria. La resistencia de los pueblos originarios ante la depredación y la corrupción de las autoridades debería ser la lucha general, el campo de batalla deberían ser también las grandes avenidas, esas en donde nos sentimos ajenos al devenir de la Historia. De no hacerlo, será más temprano que tarde cuando nos veamos sumidos en la catástrofe.

La mujer es fuente de vida. Esta afirmación resulta redundante frente a las evidencias de su papel como protagonista del fenómeno de la reproducción humana, su cuidado y su educación. Pero además, su naturaleza la convierte en un factor fundamental en la protección de su entorno y la continuidad de distintas manifestaciones de su cultura, de su comunidad y, como corolario de esa actuación primigenia, de su capacidad de regresar a la tierra y convertir la azada en su pincel para crear un vergel en un campo yerto. Eso, para mí, es cultura. En Perú, un grupo de mujeres, la mayoría de ellas en edad de retiro, decidieron cultivar el desierto. En el parque abandonado de uno de esos conglomerados habitacionales en donde el factor común es una pobreza alucinante, han creado un enorme huerto comunitario. Un esfuerzo gigantesco que ha provisto de recursos y alimentos a una comunidad que no los tenía. Un esfuerzo de mujeres capaces de romper la inercia de la costumbre de no tener, para establecer un antes y un ahora distinto y cargado de esperanza.

La mujer —como una característica propia de su condición— también es la guardiana de la naturaleza: de los bosques, de los ríos, de la integridad del territorio; y, por esa elevada misión ha sido perseguida y eliminada, como si salvaguardar las fuentes de vida fuera un acto de terrorismo. Innumerables vidas de mujeres lideresas han sido segadas en nuestro continente y alrededor del mundo por quienes intentan detener su lucha y evadir a la justicia. Estos actos de extrema crueldad demuestran hasta qué punto la voluntad de esas mujeres puede cambiar la ruta del despojo y hacer prevalecer el derecho del ser humano sobre su ambiente. La reciente iniciativa de las máximas responsables de los temas de ambiente y derechos humanos de la ONU —Inger Andersen y Michelle Bachelet—, cuyo esfuerzo ha resultado en la declaración oficial de la ONU de que tener un ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano, pone en evidencia una vez más el compromiso y la responsabilidad de las mujeres en su lucha por la supervivencia de nuestra y de todas las especies que nos acompañan en la ruta.

Si la cultura es el conjunto de saberes acumulados por la Humanidad en su camino, entonces la protección de la vida en todas sus manifestaciones es un acto reivindicatorio ante los intentos del sistema económico de destruir lo poco que queda de las riquezas naturales del planeta; este afán del capitalismo salvaje tiene un solo propósito: acumular una riqueza que, ante el dantesco escenario de la destrucción de nuestro entorno, no servirá de nada. Los esfuerzos de las comunidades de mujeres, entonces, conjugan en sí mismos los valores de la vida y la cultura. Nuestra obligación es apoyarlas y protegerlas.

No podía ser de otro modo. Los patrones de Guatemala, quienes deciden quién vive y quien no y hacen su voluntad por medio de sus aliados políticos, no pueden permitirse perder el control de ese escenario de actividad intelectual. Ellos han re escrito el viejo y cruel lema de “la letra, con sangre entra” por uno más conveniente y adaptado a los tiempos “la letra, con poder se elimina” y así, de golpe y porrazo, deciden poner candado a las legítimas aspiraciones intelectuales y culturales de la sociedad que, según ellos, les debe obediencia.

Durante muchos años tuve el enorme privilegio de entablar amistad con personas maravillosas mientras viví en Guatemala. Seres extraordinarios cuyo aporte a la cultura continúa dejando una estela de prestigio, aun cuando muchos han desaparecido. Filgua siempre fue un faro, un reducto de encuentro y transmisión de ideas. Siempre sus salones permanecieron abiertos a la niñez y la juventud ansiosa por saber. Siempre, con un enorme esfuerzo y pese a la actitud obtusa del Estado, incapaz de comprender el valor de este foro, logró sobrevivir. Hasta ahora.

La educación y el conocimiento, en una sociedad tan desigual e injusta como la guatemalteca, son tesoros merecedores de todos los esfuerzos. Por eso las cúpulas de poder económico luchan con especial denuedo en contra de cualquier iniciativa capaz de dar poder a la ciudadanía. Un pueblo educado es un pueblo activo y participativo, lo cual representa una amenaza de muerte para los sistemas despóticos del neoliberalismo. El hábito de la lectura es un arma contra la opresión y, por esa razón, en Guatemala se han saboteado los esfuerzos por elevar sus niveles, una y otra vez, con la complicidad de quienes se ven favorecidos por la marginación del pueblo.

El acceso al aprendizaje por medio de políticas públicas coherentes con las necesidades de la población ha sido relegado al último rincón en la planificación de la acción política, una administración tras otra. Para constatarlo basta con observar la miserable condición de toda la infraestructura educativa y las intenciones perversas de la cúpula empresarial, de privatizarlo todo. Así, poco a poco, se le va quitando el riego a la planta hasta que termine secándose definitivamente.

Los empresarios reunidos en esa estructura perversa, aliada para impedir el desarrollo de las personas con el fin de tenerlas dispuestas a aceptar empleos de miseria, han demostrado una vez más que para ejercer el poder no necesitan más que aliarse con lo más nefasto: políticos corruptos, ejército desprestigiado, organizaciones criminales de alcance internacional. De ahí que tengan incidencia en las decisiones emanadas por los organismos del Estado, todos a su servicio. Lo que hoy perpetran contra el centro de actividades culturales -Filgua- es solo una muestra de cómo es de miope la visión de ese sector privilegiado. Es obvio que no han entendido de qué se trata el desarrollo de los países. Está claro que, para su corto punto de vista, mientras más sometida esté la sociedad a sus manejos, mejor le irá al país. Lo que no comprenden es que no representan a esa nación tan castigada y que, tarde o temprano, terminarán pagando en carne propia por haber roto, una tras otra, todas las esperanzas de progreso. El robo de la marca Filgua, es solo una raya más para el tigre.

El concepto de justicia es universal y determina la aplicación de un principio moral que rige la aplicación del derecho, basado en la verdad, para dar a cada quien lo que le corresponde. Es una norma sostenida por cuatro columnas fundamentales: equidad, igualdad, imparcialidad y libertad. Cuando echamos una mirada a los sistemas creados por las instancias políticas, bajo cuyos principios se establecen los códigos y se define la estructura y los encargados que administrarán su cumplimiento, esas columnas han perdido su solidez para ser reemplazadas por otras cuatro: ambición, poder, discriminación, racismo. A partir de este cuadro se observa cuánto influye en la vida personal esa visión distorsionada del valor de la verdad en el hecho tan aparentemente simple de dar a cada quien lo que corresponde.

Durante los primeros años de vida —un ser humano es capaz de retener en su memoria experiencias desde muy temprana edad— la actitud de padres y madres hacia sus hijas e hijos es capaz de imprimir una forma de conducta y una perspectiva sobre la verdad y, como consecuencia de ello, sobre las consecuencias de sus actos. Desde ahí comienza el enfrentamiento de un nuevo ser con el concepto de justicia, un aprendizaje que permanecerá a lo largo de su vida.

No existe espacio en el desarrollo de la existencia en donde un individuo no se enfrente a una decisión de esa naturaleza y, cada vez que eso sucede, algo cambia en la percepción de lo que consideramos justo. Sin embargo, con frecuencia damos por indiscutible la pertinencia de decisiones que afectan no solo a nuestro entorno inmediato, sino a grandes conglomerados humanos cuyas vidas son puestas en peligro, al amparo de leyes emanadas desde instancias supuestas a respetar los principios ya mencionados de equidad, igualdad, imparcialidad y libertad.

Es entonces cuando es preciso desenrollar la madeja y buscar el inicio del hilo para comprender en qué momento el derecho y la justicia torcieron su camino para dedicarse a beneficiar a un sector privilegiado de la especie humana. Sirva como ejemplo el intrincado tejido de las normas con base en las cuales se desarrolla el comercio internacional y la protección de las marcas, cuyos intereses están por encima incluso de la autonomía de los países o, para no ir tan lejos, las leyes que regulan y determinan —desde despachos oficiales asépticos y ajenos al dolor humano— el destino de millones de migrantes que buscan, nada más y nada menos, sobrevivir.

No existe mayor decepción que una decisión injusta, ya sea en el ámbito del hogar, el centro educativo, el ambiente laboral o en cualquier relación personal. Sin embargo, no hay quien no haya pasado por la experiencia en algún momento de su vida. Pero que esa decisión injusta proceda de una instancia encargada de administrar la aplicación de las leyes —cuya sentencia tiene un peso definitivo— es un golpe mucho más duro. Estamos en tiempos de profunda crisis, en donde la verdad es un bien negociable y la imparcialidad una lejana utopía. Es un tiempo en el cual la igualdad dejó de ser un valor para convertirse en un privilegio, y la libertad no es más que una bonita palabra para imprimir en una pancarta.

De esa capacidad de resistencia, de esa solidez intelectual y humana surgió el mensaje de estos pensadores, cuya esencia transformó de manera radical la manera de ver al mundo y dejó para la posteridad el mensaje de que el respeto de los derechos humanos de las grandes mayorías es el único camino posible hacia la paz y el desarrollo.

La resistencia pacífica fue, coincidentemente, una de las estrategias utilizadas por estos tres personajes de la historia del siglo veinte. De ella emanó la certeza de que sin perseverancia, sin una conciencia clara del porqué de la lucha y sin la convicción de cuál es el camino correcto para transformar las condiciones de vida, no hay esperanza de cambio. Pero además, constituyó todo un ejemplo para las generaciones del futuro respecto de la importancia de buscar la paz a través de la verdad como única manera de lograr la reconciliación. En ese camino hacia el entendimiento, todos los senderos pasan por la justicia. Por ello un sistema diseñado para favorecer a unos pocos en desmedro del resto de la población, se interpondrá de manera inevitable en la búsqueda de la paz.

Para restablecer el imperio de la justicia, el conocimiento es básico. La búsqueda de la verdad en países agobiados por la violencia pasada y presente, con una historia de conflicto bélico y un gran porcentaje de sus habitantes viviendo bajo la línea de la pobreza, implica un proceso de catarsis, revelación y recuperación de la identidad alterada por décadas de silencio y represión. La reconciliación y el perdón, por lo tanto, constituyen ingredientes básicos en esta fórmula cuyo objetivo es la reconstrucción del tejido social para conformar una sociedad más justa e igualitaria.

La consecución de estos objetivos chocará frontalmente con la resistencia feroz de quienes sostienen en sus manos las riendas del poder político y económico, al considerar como una amenaza la participación de la población en procesos de cambio incluyentes, capaces de abrir las estructuras de poder para garantizar una auténtica democracia. Es una guerra solapada contra cualquier intento de democratización de las instituciones que conforman la base del sistema. El miedo los lleva a cerrar filas en contra el cambio y, de paso, a crear mecanismos destinados a deslegitimar esos esfuerzos.

Esta clase de intentos responde a una cultura de codicia presente en toda la trama del quehacer político, estrechamente relacionada con una cúpula global cuyos hilos se expanden en todas direcciones bajo el amparo de los organismos internacionales.

En esta lucha desigual la paz no es posible y los pueblos en su anhelo por alcanzarla se desgastan en una constante batalla que los divide y desgasta.

La paz, tal como nos enseñaron esos grandes líderes, representa la culminación de procesos radicales y profundos de transformación social. Significa la plena aceptación de los derechos de los otros, la reivindicación de su sitio en la sociedad, el respeto a las diferencias y el combate a la injusticia. No hay otro modo de alcanzarla.

Latinoamérica ha sufrido dictaduras genocidas, invasiones extranjeras marcadas por intereses económicos y geopolíticos, desvalorización y aniquilamiento de sus culturas milenarias, expoliación de sus riquezas naturales y una constante intervención en sus planes de desarrollo por parte de organismos financieros controlados por las grandes potencias mundiales.

Sin embargo, la fortaleza moral y el anhelo de libertad de sus pueblos constituyen los recursos decisivos para consolidar esa independencia real y concreta que todos anhelan.

Los ejemplos de desarrollo económico, industrial y cultural en algunas de nuestras naciones demuestran cómo un valor potencial puede volverse una realidad tangible, siempre y cuando los actos políticos de sus líderes estén sustentados en el firme propósito de luchar por su patria.

En este sentido, resultan esenciales la defensa y el respeto a la norma constitucional, la consolidación del estado de Derecho, el reconocimiento de los valores humanos y culturales intrínsecos de sus comunidades y el propósito firme de lograr la unidad latinoamericana, única forma posible de enfrentar los desafíos de la globalización.

Presumir de independencia cuando nuestras castas políticas son capaces de negociar el futuro de las generaciones con entidades cuyos intereses son totalmente opuestos al desarrollo —como el Banco Mundial— y sometidos a las condiciones arbitrarias de gobiernos poderosos, enfocados en sacar el mayor partido de sus debilidades institucionales y políticas, es un insulto a la inteligencia.

Por tanto, resulta imperativo actualizar conceptos y comprender que la libertad de un país para decidir sobre su presente y su futuro es un tema pendiente en todo el tercer mundo.

La celebración de la independencia patria se ha establecido como un recurso populista y debe ser objeto de una profunda revisión.

Los desfiles militares, tan propios de esa imagen de fuerza y poder impresa en el imaginario colectivo, resultan hoy una de las más graves ofensas contra pueblos que han experimentado la represión cruel de las dictaduras militares, una sombra oscura que mancha la historia de todos nuestros países.

El orgullo patrio no debe descansar sobre las armas ni la violencia, sino sobre la cultura, las tradiciones y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

La carga nefasta de la explotación y el saqueo de las riquezas mal distribuidas es un peso histórico cuya influencia en el retraso, la miseria y el abandono cuenta como argumento indiscutible para rechazar las pretensiones de independencia y libertad de las castas gobernantes, las primeras responsables por las condiciones vergonzosas en las cuales se sume el futuro de los pueblos.

Para empezar a comprender la dimensión de este sistema de dominación, es preciso ir más allá de las apariencias y medir el enorme impacto sobre la vida de más de la mitad de la población del planeta. Esto no solo se traduce en una violencia aparente en el maltrato físico, social y psicológico, cuya constante presencia impide el desarrollo pleno de niñas, adolescentes y mujeres adultas, sino también en la manera solapada como se las condena a la dependencia económica gracias a la influencia nefasta de una visión de maternidad y de familia, distorsionada y marcada por una autoridad ilegítima.

A partir de un esquema de injusticia histórica de tal magnitud, se comprende la manera cómo las sociedades toleran el abuso, la tortura, la marginación y la crueldad extrema en contra de las mujeres por el solo hecho de serlo. Baste echar una mirada a las estadísticas en donde se refleja de manera transparente cuán frágil es su estatus y de qué modo se le impide alcanzar un pleno dominio sobre su vida y su cuerpo. En países sumidos en el subdesarrollo, esta realidad es abrumadora y estampa una visión aberrante de lo femenino como débil -física e intelectualmente- y naturalmente subordinado, tanto desde lo jurídico como desde las doctrinas religiosas.

De ahí que cada intento por avanzar y despejar el camino hacia el desarrollo pleno del sector femenino haya encontrado los mayores obstáculos, incluso desde su propio ámbito. El hecho de que, al haberse visto en la necesidad de conquistar cada pedazo de libertad con la ruptura -muchas veces violenta- de los obstáculos religiosos, sociales y legales para ocupar un sitio en el mundo real haya sido objeto de burla, rechazo y condena, es motivo suficiente para reflexionar sobre esta absurda estructura del poder. En los ámbitos domésticos, laborales y sociales, la mujer todavía ocupa un espacio sujeto a la condescendencia y a la corrección política y no al pleno derecho.

Este retrato no obedece a una visión distorsionada de la realidad. Es un hecho patente en las aberrantes cifras de feminicidios, secuestros, desapariciones, tráfico y violaciones contra niñas, adolescentes y mujeres, crímenes impunes que pocas veces -o casi nunca- llegan a la etapa de investigación y condena. Ellas son las ausentes en sociedades indiferentes a su condición de seres humanos, con todo lo que ello implica en respeto, autonomía y capacidades. Ellas son quienes han experimentado en carne propia el desprecio de sus pares y el abandono de la sociedad.

En el trasfondo de este drama de injusticias está la eterna lucha por el poder. De ella se desprende la enorme maquinaria del patriarcado, cuya preeminencia descansa sobre una autoridad impuesta por la fuerza y las enormes ventajas de tener a su disposición a todo un contingente de mujeres capaces de aportar, por la fuerza de la tradición, su trabajo no remunerado, su riqueza creativa y su inacabable resistencia al dolor. La lucha por reivindicar sus derechos enfrenta -por obvias razones- una feroz resistencia.

El lugar de la mujer en la sociedad es, todavía, un tema pendiente.

Una de las consecuencias más devastadoras de la indefensión de las niñas en nuestros países es la maternidad precoz. En Guatemala, por ejemplo, es pavorosa la cifra de embarazos y partos a edad temprana. De acuerdo con una de las instituciones dedicadas a monitorear este tema –el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, (Osar)- se produjeron 57 mil 578 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 18 años durante el primer semestre de 2021. De entre ellos, cerca de tres mil corresponden a niñas de 10 a 14 años. Es decir, un período en el cual una niña aún no ha desarrollado plenamente su cuerpo y cuando un embarazo supone un riesgo elevado.

Además de la violencia implícita en la violación y sus consecuencias físicas y psicológicas, un embarazo a esa temprana edad significa la pérdida de derechos a todo nivel y el sometimiento a un régimen de vida duro, restrictivo y sometido a la autoridad de los adultos de su entorno. A ello se suma la prohibición legal de interrumpir el proceso de gestación, aun cuando se trate de un ser cuyo cuerpo no reúna las condiciones para sostenerlo y llevarlo a término. Es decir, la ley condena a la víctima a partir de una visión de Derecho influenciada por doctrinas religiosas y un sistema patriarcal sólidamente establecido.

Visto como parte normal de la vida, el embarazo en niñas y adolescentes es una de las más graves consecuencias de la marginación en la cual vive y se desarrolla una gran parte de la población femenina.
Asediadas por un concepto patriarcal de la vida y del deber, miles de niñas acaban siendo víctimas de abuso sexual desde antes de alcanzar la pubertad, convirtiéndose en madres en etapas tan tempranas de su desarrollo que incluso pierden la vida en el proceso. Indefensas ante la presión del autoritarismo ejercido por padres, hermanos y otros hombres de su entorno, sumado a la falta de protección por parte del resto de la comunidad, las niñas-madres terminan agotando la etapa de la infancia sin haberla vivido, para enfrentar la dura realidad de una existencia de miseria.

Ante esta situación, derivada de patrones culturales absolutamente viciados, las niñas se ven obligadas a arrastrar la humillación de una sexualidad no deseada, no consentida y de graves repercusiones para su salud física y psicológica, en un entorno de irrespeto que les veda el derecho a experimentar las etapas normales de su desarrollo.

En estos escenarios, las niñas-madres no entran en las prioridades de atención de las autoridades. Estas ven los casos de embarazo precoz como una expresión más del subdesarrollo y no como los actos criminales de abuso sexual que realmente son. El mensaje que envía esta aproximación al problema es de conformismo ante el sometimiento de uno de los grupos sociales menos tomados en cuenta en las políticas públicas de los gobiernos.

Esos miles de niñas y adolescentes cuyo cuerpo mal alimentado y endeble apenas puede cargar con el peso de su propia existencia, dan a luz en condiciones miserables, en medio de la indiferencia de las autoridades y soportando el rechazo de su propia familia. Así es su vida, así es el entorno social y ese el resultado de una cultura que las condena al eterno subdesarrollo.

Este abuso ha sido un hábito inveterado durante generaciones, profundamente arraigado y considerado una práctica socialmente aceptable; un destino insoslayable para quienes aún no poseen la fuerza ni la protección de la ley para defender sus derechos.

De esas confrontaciones, diseñadas y manipuladas desde despachos inaccesibles lejos del terreno, se trazan los destinos de millones de seres humanos, quienes deben hacer frente a las peores amenazas, totalmente ajenos a los planes de dominación económica y política concebidos sobre un tablero. Cuando las cosas se tuercen —como sucede cada vez que se juega a dios— esos pueblos caen en la espiral de la destrucción de sus culturas, sus sueños y sus vidas. Los responsables del desastre solo retiran a sus peones, empacan sus instrumentos de aniquilamiento y, sin perder más que las vidas consideradas “daños colaterales propios”, terminan culpando a sus aliados por el fracaso de sus planes.

En donde reside el mayor peligro de estos juegos peligrosos es en la ruptura del hilo de las responsabilidades directas. La posibilidad de manipular los acontecimientos —gracias a la infinita capacidad económica de estas potencias— está al alcance de personajes poco o nada éticos e incluso intelectualmente mediocres, incapaces en su mayoría de medir las consecuencias de sus decisiones, dado que la vida humana tiene, para ellos, menor importancia que el dominio sobre los recursos estratégicos sobre los cuales se sustenta su hegemonía. Esta manera de controlar la acción política con base en la inmediatez de sus beneficios tiene consecuencias de tan largo plazo que los perpetradores terminarán, de manera inevitable, formando parte de las víctimas.

La reciente caída de Afganistán en manos de los talibanes no es más que otro ejemplo de la cadena de errores cometidos por la prepotencia y falta de perspectiva de una de las grandes potencias. El horror enfrentado hoy por el pueblo afgano es parecido al experimentado por otras naciones, víctimas de decisiones surgidas desde el otro lado del mundo. En esta carrera por el poder intervienen tantos actores, con tan increíbles recursos económicos, bélicos y tecnológicos, que da pavor pensar en la dudosa capacidad de cada uno de ellos para medir los alcances de sus acciones o, simplemente, para reflexionar sobre el impacto en la vida de seres tan ajenos a su entorno.

La restitución de un equilibrio de poderes capaz de impedir el abuso de los países más poderosos, es pura fantasía. Los hechos han demostrado cómo la vida humana es un factor ausente en los planes geopolíticos de naciones con un poder tan ilimitado como sus ambiciones. Lo más preocupante de la ecuación es la certeza de que esas naciones superdesarrolladas han creado a sus propios monstruos, sistemas cuya infalibilidad no está garantizada y, como el axioma del inicio, su hegemonía es tan fuerte como el más débil de sus estrategas.

Hoy ya nadie está tan seguro de esa realidad. Poco a poco, y gracias a un estado de Emergencia, consecuencia directa de un sospechoso brote viral, ciudadanos de cualquier punto del planeta han visto cómo sus entornos vitales se han transformado, así como cuántas de sus libertades y derechos han pasado a ser objeto de medidas restrictivas, pero no desde las autoridades científicas y sanitarias, sino desde las plataformas políticas y los centros de poder económico, que han visto en esta catástrofe la oportunidad para ejercer un control absoluto.

La nueva realidad de hoy constituye una amenaza real a los sistemas de gobernanza fundados sobre el equilibrio de poderes. La imposición de medidas, en el contexto actual, se ha convertido en la nueva normalidad, dejando prácticamente sin recursos de oposición a millones de personas alrededor del mundo. Estas, sometidas a decisiones que muchas veces atentan contra los sagrados derechos establecidos en normas y tratados, en textos constitucionales y tradiciones, se ven atrapadas en una red de la cual les resulta difícil escapar.

En la actualidad, se observa con estupor a gobernantes carentes de autoridad científica alguna establecer prohibiciones para el uso de medicinas o tratamientos, basándose en criterios de interés económico y en sus vínculos con grandes consorcios farmacéuticos. Se observa, también, cómo con la mano derecha restringen la movilidad de la ciudadanía en áreas públicas y en horarios determinados, mientras con la mano izquierda se permiten favorecer a sus aliados del sector empresarial y ejercen una férrea represión contra cualquier intento de protesta ciudadana.

El tema de las vacunas, por otro lado, un elemento objeto de innumerables discusiones en el campo académico científico y sobre el cual, después de más de dos años, aún no existe consenso ni un flujo de información totalmente confiable para la población, es hoy una piedra de toque capaz de provocar una grave escisión entre gobernantes y gobernados. Por un lado, porque los primeros poseen el mecanismo de la obligatoriedad y, por el otro, debido al criterio de libertad individual para decidir, cada quien, sobre lo que mejor le convenga en lo referente a su salud, de acuerdo con los valores democráticos.

La crisis está servida. El pulso entre los gobiernos administrados desde una visión incompatible con los valores democráticos y ciudadanías conscientes de cómo esos valores se evaporan bajo la amenaza de restricciones orientadas hacia el control absoluto es el germen de un peligroso giro hacia sistemas dictatoriales ajenos a sus principios democráticos y, por supuesto, alejados de la búsqueda de diálogos y consensos. Lo que hoy espera a la ciudadanía es un verdadero enigma, dado el escaso espacio permitido a su participación en algo que le compete de manera tan directa. En esta delicada coyuntura se esperaría un mejor manejo de la crisis, pero desde las instancias científicas y no desde los intereses espurios de gobernantes cegados por su ambición de poder. Un objetivo nada fácil, pero indispensable para garantizar, a tantos habitantes de este planeta, que su vida vale.

He pasado muchas décadas vinculada a medios de comunicación escrita como para haber visto en primera fila cómo los reportajes y artículos de fondo relacionados con la violencia extrema hacia mujeres, niñas y niños han tenido que entrar a codazos en las salas de redacción. Un acercamiento consciente y con carácter analítico y preventivo parece haber sido considerado marginal frente a la coyuntura política, la economía e incluso el deporte; y, cuando se asume su importancia, rara vez se presenta en las primeras cinco páginas. Cuando comencé a darle prioridad en mis columnas, alguien del medio en donde las publicaba me dijo que esos no eran temas relevantes, eran “temas de mujeres”.

Al revisar estadísticas de agresión y abuso sexual es fácil comprender, entonces, por qué las víctimas deciden no denunciar y cómo desde ese momento comienza a funcionar el mecanismo de la negación. Lo primero que surge en una víctima de violación es la vergüenza —propia y de su entorno cercano— y han pasado siglos antes de que esa puerta se abriera para dejar constancia de este aberrante tipo de violencia. Sin embargo, aun cuando los textos jurídicos han incluido en sus códigos estos crímenes —después de fuertes y prolongadas luchas de quienes han creído en la igualdad de derechos entre personas de distinto sexo— todavía no existe una actitud decidida para atacarlos y castigar con firmeza a sus perpetradores, porque tampoco se ha desarrollado un criterio de justicia a nivel institucional.

De este modo, la niñez nace sin derechos. En términos generales, se encuentra sujeta —sin paliativo alguno— a la decisión y la autoridad de quienes les aventajan en edad. Sus padres, tíos, hermanos, maestros, sacerdotes, pastores, vecinos y quienquiera les puedan imponer su voluntad es un posible ejecutor de uno de los crímenes más impactantes y destructivos contra la niñez. Carente, esta, de la capacidad de defenderse frente a quien le supere en fuerza y credibilidad, se encuentra muchas veces, y en todos los ámbitos sociales y culturales, a merced de sus victimarios.

La huella del abuso sexual en la mente de una niña o un niño en pleno proceso de desarrollo ocasiona un daño severo que se mantiene por el resto de su vida. Esa experiencia traumática, la cual muchas veces se repite durante largo tiempo sin posibilidad de resistencia por parte de quien la sufre, persiste en forma de rechazo, miedo y vergüenza, además de tener un impacto severo en la vida sexual y la visión de sí misma. El daño permea las relaciones humanas a un nivel tan profundo como persistente y solo esa cauda debería ser suficiente motivo para dar a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, una prioridad absoluta en la prevención, investigación y correcta administración de justicia.

Las verdades ocultas en ese mundo siniestro y extendido en todos los ámbitos —el abuso sexual contra la niñez— son el germen de sociedades incapaces de sostener sus valores, de sociedades trastornadas por un sistema patriarcal fuerte y poderoso que las sume en el dolor y la injusticia y cuyos códigos han sido elaborados en función de un poder adulto cargado de misoginia y desprecio por este sector fundamental de la comunidad humana.

Por eso es tan importante retomar la ruta de la lectura y del intercambio de ideas mediante una búsqueda consciente e informada de las fuentes más confiables. Para ello —y gracias al inmenso caudal de recursos que nos ofrecen tanto los libros y otras publicaciones en papel como el mundo virtual— es preciso separar la paja del grano y comenzar a reflexionar seriamente en tejer redes de discusión, consolidar espacios de reflexión y construir, de manera amplia y constructiva, una nueva forma de relacionarnos con distintos grupos de la sociedad.

Aun cuando la era del papel impreso ha perdido cierta predominancia frente a los medios virtuales, de ningún modo significa un reemplazo inevitable, en especial en sociedades de escasos recursos en las cuales el acceso a la tecnología se mantiene aún reducido a ciertos sectores de mayores ingresos y en entornos adecuados gracias a una mejor infraestructura. En estas sociedades, sin embargo, y por motivos estrictamente políticos, tanto la escolaridad como el acceso al conocimiento se han visto entorpecidos, por decisión de sus élites, con la intención de frenar toda forma de disenso desde las bases de la pirámide social.

De ahí la gran relevancia de los eventos literarios, como las ferias del libro que se realizan en distintos países del continente y el mundo. Estas plataformas ofrecen —de manera gratuita— el acceso a un amplio abanico de experiencias capaces de abrir nuevas formas de entender el mundo que nos rodea.
Una de ellas es la Feria Internacional del Libro (Filgua), organizada por la Gremial de Editores de Guatemala y la cual este año será celebrada en septiembre, como homenaje al bicentenario de la independencia del país. Este evento, además, ha sido dedicado a la escritora guatemalteca Ana María Rodas, Premio Nacional de Literatura y una de las mayores exponentes de la poesía latinoamericana.

Como parte esencial del programa de la primera versión virtual de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, acompañando a la presencia de relevantes exponentes de la literatura, provenientes de Guatemala y otros países, sus organizadores ponen especial énfasis en un amplio repertorio de actividades dedicadas a la niñez y la juventud, como una forma de incentivar la lectura y el acceso al conocimiento universal, mecanismos imprescindibles para reforzar el crecimiento intelectual de las nuevas generaciones de ciudadanos.

Guatemala, un país rico en cultura y tradiciones, ha debido enfrentar enormes obstáculos, a lo largo de su historia, en sus esfuerzos por hacer del conocimiento un patrimonio de libre acceso para todo su pueblo. Gobernantes y élites económicas, empecinados en frenar toda iniciativa en ese sentido han cercenado, a través de los siglos, sus oportunidades de desarrollo. La apertura hacia la educación es, todavía, uno de los más grandes desafíos para sus habitantes; por lo tanto, cualquier evento en esa dirección merece el apoyo de toda la sociedad.

La herencia colonial ha marcado de forma indeleble el destino de nuestros pueblos al establecer la división por clases sociales, económicas, étnicas y de género, como una brillante y sórdida estrategia destinada a preservar con mano de hierro los mecanismos de control. De ahí han surgido formas de vida y pensamiento impresos en su cultura como verdades absolutas y, peor aún, como valores dignos de acatarse. Entre esos supuestos valores, muchos de ellos originados desde los púlpitos, están aquellos destinados a subordinar a las mujeres a la autoridad patriarcal; a convencer a los estratos más pobres de la superioridad de los más ricos; a someter a la niñez y a la juventud a la autoridad adulta, sin derecho alguno a asumir sus propias aspiraciones; y, a creer sin dudar de un absurdo derecho humano a destruir la naturaleza en función de la acumulación de riqueza para beneficio de unos pocos.

Cuando los pueblos deciden tomar las riendas de su destino y detener los abusos de poder cometidos, sin obstáculo alguno, desde los centros de poder, entonces intervienen otros actores cuya incidencia, desde países poderosos y gigantes mediáticos, transforman el discurso y manipulan los conceptos abriendo el camino para la represión y el miedo. Esta argucia, tantas veces repetida y tantas veces exitosa, apaga la llama de la rebelión y, víctimas más, víctimas menos, arroja al silencio y la resignación a pueblos cada vez más impotentes y empobrecidos. Este escenario recurrente también representa un obstáculo de enorme magnitud para hacer de la ciudadanía una protagonista consciente y comprometida con su futuro.

Hastiada de tanto abuso, carente en su mayoría de elementos de juicio y, en algunos países, de marcos legales para ejercer su derecho a participar libremente en la elección de autoridades éticas y competentes, la ciudadanía se ve enfrentada, una y otra vez, a una maquinaria poderosa manejada desde las sombras por pequeños círculos de poder que le impiden avanzar. De ahí, que solo acude al consuelo de una esquiva esperanza: la esperanza por un futuro mejor; la esperanza por un cambio del cual no se atreve a participar; la esperanza por que suceda algo milagroso y los corruptos paren en prisión; la esperanza porque el cielo se abra y caiga el rayo sobre sus cabezas… esa esperanza.

Pero, como reza el dicho: “Hechos son amores y no buenas razones”, esas esperanzas necesitan acciones y esas acciones, sin la voluntad y la participación popular, jamás se harán realidad. Los pueblos latinoamericanos han perdido mucho espacio debido a su progresivo divorcio con el ejercicio de la política. Decepcionados, una y otra vez, se han alejado de algo tan esencial para la democracia como la organización partidista, único recurso para garantizar su incidencia en las decisiones que les competen. Por eso, precisamente, los grupos de poder las han desestructurado con maña, muy conscientes de que para reinar, es preciso dividir.

El fiscal Sandoval no solo ha contado con el respaldo de organizaciones sociales en su territorio, sino también ha recibido reconocimientos por parte de entidades internacionales en el ámbito de la justicia y los derechos humanos. Con su destitución, queda clara la posición de las autoridades guatemaltecas en su decisión de transformar de golpe a esa dependencia en un refugio para garantizar la impunidad de los delitos del presidente, sus ministros, sus allegados, de empresarios corruptos y de una buena parte de la asamblea legislativa y el Organismo Judicial, todos quienes actúan bajo la premisa del silencio y la complicidad.

La acción —presuntamente ilegal, según indican expertos en la materia— realizada por la máxima autoridad del Ministerio Público constituye la piedra fundamental para el establecimiento de un sistema de gobierno cooptado por el narcotráfico y el crimen organizado, bajo la sombrilla oportunista de un sector empresarial cuyo único afán es perpetuar sus privilegios a costa de la seguridad y la vida del resto de la población. La ciudadanía, ajena a los entretelones de la mañosa estructura consolidada durante las pasadas administraciones y reforzada por un ambiente de excesiva tolerancia, no ha sabido reaccionar con la firmeza esperada después de este golpe artero a la justicia.

Entre las investigaciones emprendidas por la Fiscalía contra la Impunidad liderada por Juan Francisco Sandoval se encuentra una atingente al mandatario, sobre el oscuro negocio de las vacunas y el cual, supuestamente, ha sido la causa primaria de la destitución de este fiscal. Resulta bastante obvio que su labor ha representado, más que una piedra en el zapato, una seria amenaza contra quienes violan las leyes amparados por el poder.

El miedo imperante entre quienes han abusado de manera descarada de los mecanismos legales para impedir la aplicación de la justicia es hoy una real amenaza contra la débil estabilidad de los fundamentos institucionales en Guatemala. Ha quedado meridianamente claro que los corruptos —reunidos en un pacto perverso— son capaces de cometer cualquier violación a la Constitución y las leyes con tal de conservar sus bienes mal habidos y los privilegios conquistados a fuerza de abusos. Ellos no solo han entorpecido la labor de los investigadores, también han establecido un clima de terror y persecución contra jueces probos, periodistas éticos e independientes, activistas de derechos humanos y líderes de las distintas comunidades, quienes arriesgan su vida en la defensa de la justicia, sus territorios y sus derechos.

Como un Quijote solitario se despide de su cargo uno de los mejores fiscales que han pasado por el Ministerio Público, pero las manifestaciones de repudio por su destitución no son suficientes. Es urgente una toma colectiva de conciencia para comprender, en toda su magnitud, la catástrofe institucional a la cual ha conducido al país el pacto de corruptos y, por lo tanto, actuar en consecuencia.

Los pueblos, sobre todo aquellos pertenecientes a países menos desarrollados, han comenzado a perder derechos reconocidos en sus textos constitucionales, observando cómo sus gobiernos aprovechan la coyuntura para cometer toda clase de abusos amparados por un estado de emergencia en el cual cabe casi todo: enriquecimiento ilícito, manipulación de las leyes, fortalecimiento de los cuerpos policiales y castrenses y, como consecuencia inmediata, el completo abandono de las políticas públicas referentes a la protección de la ciudadanía en aspectos vitales, como salud y nutrición. Estas políticas públicas, de las cuales depende en gran medida la supervivencia de grandes sectores son, desde hace mucho, territorio invadido por intereses corporativos.

El nuevo escenario pueblo-gobierno también se ha instalado en naciones poderosas, en donde sectores radicales adversos al poder ciudadano comienzan a marcar territorio y a instalar nuevos modelos de relación entre los estamentos políticos y la población. Visto desde la perspectiva de la necesidad innegable de imponer normas estrictas de conducta para detener la pandemia, estas adquieren un viso de pertinencia, lo cual hace que amplios sectores de la ciudadanía las acepten sin rechistar. Sin embargo, en ese nuevo estatus se deslizan, con demasiada frecuencia, medidas que afectan a derechos civiles históricamente reconocidos, tales como el derecho a manifestarse o el de escoger libremente opciones frente a la salud individual.

La actitud de los gobiernos comienza a revelarse como un regreso a épocas de autoritarismo y represión, aun en países de fuerte raigambre democrática y en donde los derechos ciudadanos han constituido la columna toral de su institucionalidad. Este nuevo orden de cosas –también en Europa- comienza a despertar el temor a un regreso a las oscuras épocas del fascismo y fortalece a grupos extremistas que aspiran al poder. Esto provoca de manera inevitable la reacción de una ciudadanía decidida a proteger los valores democráticos, pero puesta contra las cuerdas por una situación sanitaria innegable y un nuevo marco reglamentario que le impide expresarse libremente.

El futuro inmediato, por lo tanto, constituye un enigma de proporciones épicas dada la manera como se mezclan en el mortero el deber ciudadano, la responsabilidad frente a los demás, la inconsistencia de muchas decisiones políticas y la ausencia de certeza con respecto a la verdad científica. En esa nebulosa, conveniente para ciertos sectores de poder, se desarrolla actualmente una relación perversa entre gobernantes y gobernados quienes, por una parte, buscan consolidar el poder contra aquellos que aspiran a conservar los derechos y libertades considerados justos e inviolables. Tras esta dicotomía, subyace un elemento aún más perverso: los intereses económicos de una cúpula corporativa de proporciones planetarias capaz de incidir, sin el menor escrúpulo, en el derecho a la vida.

El hambre, definido como el producto de la escasez generalizada de alimentos básicos que padece la población de forma intensa y prolongada, es una violación de un orden jurídico cuya premisa principal es la protección de la persona contra el abuso de autoridades, servidores públicos y particulares. Esta especie de patología política contraviene las garantías de los textos constitucionales y se encuentra presente con diferente intensidad y extensión en todos nuestros países, respondiendo a un sistema de reparto injusto de la riqueza pública y a la acumulación del patrimonio común en manos de una élite explotadora. La paradoja es que el empobrecimiento resultante provoca un inevitable colapso de las capacidades productivas de la comunidad y, por ende, una disminución progresiva de los atributos intelectuales y físicos del recurso humano que pudiera contribuir al progreso de esa misma élite.

En América Latina, la pobreza impuesta de manera tan implacable a las grandes mayorías podría definirse como una fórmula estratégicamente concebida por los genios del sistema neoliberal: A mayor pobreza, menor poder ciudadano y, por ende, más oportunidades de enriquecimiento y concentración del poder para el sector privilegiado. La aplicación de esta norma perversa alcanza sus mayores cotas en países centroamericanos, en donde la carencia nutricional ha colocado a millones de niñas, niños y adolescentes ante un escenario de privaciones, enfermedad, dolor y muerte precoz por la carencia de algo tan básico como el alimento.

Para las élites en el poder, el hambre no es un problema. Es una realidad supuestamente inevitable reflejada en estadísticas más o menos manipuladas y asépticas, mediante las cuales la tragedia humanitaria se reduce a números. Esto, con el propósito de justificar políticas públicas sesgadas e ineficaces y así, mediante el uso de su poder mediático, endosar la responsabilidad en quienes lo padecen. De ese modo, para las castas políticas se abren nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito a través de donaciones de la comunidad internacional, préstamos cuyos fondos van a caletas y paraísos fiscales, y otras argucias estratégicamente creadas con el mismo propósito.

En un escenario ideal, el hambre como tragedia humanitaria no debería existir. El planeta tiene recursos suficientes para satisfacer esa necesidad y, de no imperar los intereses corporativos que obligan a desechar millones de toneladas de alimentos cada año, con el único propósito de mantener los precios de mercado, nadie debería morir por falta de nutrientes. En la realidad, la vida de la niñez condenada al peor de los destinos tiene menos importancia para las clases privilegiadas que los índices económicos, sólidamente asentados sobre la base de la injusticia y el despojo. Nuestros países necesitan con urgencia un relevo político capaz de construir las bases de un sistema inclusivo y justo para todos, pero sobre todo la actuación de líderes inteligentes, capaces de comprender y asumir el desafío de romper las estructuras y construir auténticas naciones.

La verdad se nos escapa y, para mientras, nos entretenemos en desarrollar cuanta hipótesis se nos cruza por la cabeza para mantener cierto nivel de lucidez frente al caos y a la pérdida de algunos derechos civiles que creíamos inviolables. En el transcurrir de los meses, inmersos en esta broma macabra, nos hemos sometido a regañadientes a normas restrictivas cuya pertinencia es objeto de debate, pero que han adquirido fuerza de ley sin derecho a protesta. Es justo reconocer que la pandemia ha requerido medidas draconianas contra la libertad de la ciudadanía; sin embargo, la opacidad de la información al alcance de los pueblos provoca una enorme desconfianza hacia quienes poseen el poder para controlar la situación y manipular los mecanismos legales.

En este sentido, no es ningún misterio cómo algunos gobernantes han aprovechado de manera ilícita y con marcado sesgo criminal este riesgo sanitario, cuyos efectos no solo amenazan la salud sino han enlutado a millones de hogares alrededor del mundo, tanto en países ricos como en naciones pobres. Las estratagemas funcionan gracias al ocultamiento de la información sobre el manejo de fondos públicos, pero también con respecto de los sistemas de vacunación —otro tema cargado de misterio— y la atención de emergencia para las víctimas del contagio. A ello hay que sumar la carencia de recursos hospitalarios y, como uno de los mejores mecanismos de control social, el miedo colectivo.

El debate sobre la efectividad y características de las distintas vacunas es el gran tema del día. En corrillos de amigos, colegas o simples desconocidos, entusiasmados por aportar sus muy variadas teorías, las vacunas se han convertido en un sujeto propicio para evadir el hecho de que, por abundante y válida que sea la información captada en distintos medios físicos y virtuales, es contundente la ignorancia en la cual nos mantienen tanto autoridades como centros de investigación. Es imposible rebatir el hecho de que nuestros conocimientos sobre la materia derivan de un universo informativo susceptible de ser condicionado por cúpulas de poder político y económico, las mismas que han transformado a nuestros países en ejemplos de subdesarrollo. Nuestro acceso a la verdad es, por tanto, inexistente o muy reducido; y, por nuestra propia salud mental, hemos de asumir ese hecho.

¿Cuál sería entonces la manera de tomar el control de nuestro papel en el escenario? Aun cuando existe una enorme dificultad para obtener información sobre las verdaderas características de las vacunas, todavía en desarrollo, y el único parapeto contra el poderoso virus, hay otros temas como el manejo de fondos públicos para hacer frente a esta emergencia y cuyos entretelones han de ser del dominio general. La realidad nos ha demostrado cómo las restricciones han abierto las puertas al saqueo y al completo abandono de la población y es en ese terreno en donde aún se puede luchar por la verdad.

Quizás el lazo afectivo sea algo que no se desarrolla en el marco de las relaciones pueblo-gobierno, pero sin duda se produce una forma de aceptación pasiva y resignada al comportamiento abusivo, discriminatorio y destructivo de quienes poseen las riendas del poder político-económico y cuyo desempeño en la gobernanza tiene todas las características de un secuestro: apoderarse de los mecanismos jurídicos para cometer toda clase de violaciones a los derechos de la ciudadanía, restándole a esta cualquier posibilidad de defenderlos mediante maniobras espurias y la aplicación de métodos represivos y trampas legales.

Las circunstancias que hacen posible la toma del poder político por parte de individuos corruptos y carentes de visión tienen mucho que ver con la manipulación de los recursos públicos con objetivos ilegales e ilegítimos; pero también con la infiltración de supuestas doctrinas religiosas, cuya misión es impedir el empoderamiento ciudadano y las cuales constituyen un poderoso aliado. De este modo se consigue rebajar de manera sistemática las expectativas de desarrollo y supervivencia de grandes sectores de la población, quienes al final aceptan como algo natural otorgar no solo su aprobación, sino también sus recursos económicos al sistema que coarta sus libertades y se apodera de sus riquezas. Como regalo adicional, alimentan el poder de sus captores con absoluta sumisión.

En sociedades con estas características —en donde predomina la actitud pasiva y resignada ante el abuso sistemático— resulta doblemente complicada la consolidación de movimientos colectivos organizados, tendentes a desarticular los mecanismos opresores. Por un lado, por un temor arraigado e instalado en la conciencia colectiva sobre los riesgos implícitos en todo cuanto asemeje a la rebeldía y, por ende, a la destrucción del enemigo, sino también porque el sistema somete a la población a un régimen elemental de supervivencia. Por lo tanto, esta agradece cualquier concesión a sus necesidades, aun si esta no llega siquiera al mínimo establecido en leyes y tratados.

En la actualidad, con un escenario pavoroso de restricciones y pérdidas humanas provocadas por el ingreso de un virus mutante —cuyo origen aún es tema de controversia y manipulación informativa—, son muchos los países de nuestro continente los sometidos a regímenes políticos cuyas autoridades se mueven en un terreno pantanoso y contrario a sus marcos institucionales. Ante esto, pocos son los ciudadanos comprometidos a ejercer un papel activo y de fiscalización, lo cual permite los excesos de organizaciones e individuos cuyos objetivos se enfocan en mantener un férreo control sobre pueblos y bienes públicos, ante la mirada cómplice de la comunidad internacional y de sus rehenes dentro de las fronteras.

El secreto oficial ha transitado desde los ámbitos de la seguridad nacional —algo relativamente sensato— hasta el uso de los fondos públicos, amparando así a quienes tienen la obligación absoluta de rendir cuentas de su administración. Es decir, lo que en un sistema democrático está supuesto a servir como parámetro para medir procedimientos enmarcados en la ética y la transparencia, hoy se encuentra bajo secreto de Estado en muchas de nuestras naciones, en donde campea la corrupción. Esto, sin duda sujeto a severas sanciones administrativas y judiciales cuando el caso lo amerite, se ha convertido en un mecanismo de protección ante las prácticas inconfesables de las sucesivas administraciones de gobierno.

Una de las causas de este descalabro en el seguimiento de las decisiones políticas se debe en gran parte al debilitamiento de los marcos institucionales, para lo cual ha servido de machete la abolición progresiva del servicio civil. Este ente, concebido para registrar y preservar el historial de la administración pública, eximiéndolo de convertirse en botín de deudas electorales, ha sido prácticamente eliminado en nuestros países. De ahí que la destrucción de archivos cada fin de administración y la sistemática eliminación de funcionarios de carrera en cada inicio, asemeje a la pésima idea de quitar las columnas de un edificio porque estorban la vista.

Esos vacíos en el ordenamiento administrativo, especialmente en países supuestos a responder a lineamientos democráticos, representan un retroceso monumental hacia sistemas abiertos al abuso y a la inveterada costumbre de esconder la basura bajo la alfombra para evitar sanciones y auditorías. El libertinaje propiciado por la eliminación de límites a la corrupción ha sido ya parte integral de sistemas que han derivado en el empobrecimiento de los pueblos y el enriquecimiento escandaloso de sus cuadros políticos y sus cúpulas empresariales. A ello es preciso añadir el detalle adicional de fuerzas del orden y ejércitos comprometidos con esos grupos de poder hasta el extremo de amparar y compartir sus delitos.

De todo esto devienen, naturalmente, las acciones de persecución, amedrentamiento y eliminación física de miembros de la prensa no comprometidos con el sistema corrupto imperante. Acciones estas que muchas veces se extienden hacia miembros del sistema judicial cuya integridad se traduce en sentencias contra los agresores. Esta es una de las consecuencias más peligrosas del debilitamiento de las estructuras institucionales de nuestros Estados, al romper parámetros fundamentales de la democracia, como la libertad de pensamiento y el derecho de los pueblos a conocer hasta los más ínfimos detalles de las gestiones de su gobierno. La dificultad reside hoy en la enorme tarea de reconstruir lo perdido y restaurar por lo menos un mínimo de confianza en el sistema por el cual se ha luchado durante más de un siglo.

¿Cómo se ha producido la descomposición —que hoy parece irreversible— en estas naciones? ¿Es que acaso no existen mecanismos de control capaces de sostener un mínimo de institucionalidad y justicia con el poder de reconstruir un remedo de Estado? Para comenzar a desentrañar los tejidos de la red que hoy atrapa a sus instituciones, es importante revisar la historia y desempolvar las evidencias sobre la inmensa influencia de intereses corporativos, cuyo poder sobre gobiernos mucho más poderosos ha puesto un “hasta aquí” a sus intentos de democratización.

Sin embargo, estos no son los únicos países que encajan los golpes contra sus pretensiones de independencia política y económica. Durante las recientes elecciones en otras naciones del continente se ha podido apreciar el miedo de las clases medias al relevo en el control de sus políticas internas y sus relaciones con el gran capital internacional. Esto demuestra que la guerra solapada y sostenida durante décadas en contra de procesos democráticos, cuyo objetivo ha sido la independencia y la sostenibilidad económica de los países en desarrollo, ha causado un daño moral de tales dimensiones, que sus patrocinadores ni siquiera se toman la molestia de insistir con campañas tipo guerra fría para insertar en el cerebro de millones de seres humanos los prejuicios contra lo que huela a justicia social. Pareciera estar instalado el miedo al cambio y los esfuerzos por erradicarlo apenas tocan, si mucho, a la mitad de quienes deciden el curso de la política por medio de su voto, en donde el mérito sobre esa paridad positiva se lo lleva, en su mayoría, la juventud.

A este respecto, el de las generaciones ansiosas de nuevos aires, es importante recalcar cómo las estrategias dirigidas a mantener el estatus han ido chocando, una y otra vez, contra la necesidad de redirigir la marcha hacia formas de gobierno más sensibles a las necesidades de ese inmenso sector de nuevos ciudadanos. Aunque esto solo falla en aquellos países cuyos Estados son cautivos del crimen organizado, como los antes citados, la inevitable marcha hacia cambios favorables con la restauración de procesos democráticos parece ser inevitable. Nuestro continente ha experimentado la fuerza de los golpes en contra de sus intentos de independencia y, debido a ello, sufre de un mal endémico encarnado en una actitud recelosa hacia nuevas reglas de juego político. Sin embargo, los acontecimientos de los años recientes con el avance de la fuerza popular en la mayoría de países revela que la medicina contra el conformismo y la apatía tiene resultados comprobables y, gracias a sus efectos, se abre la perspectiva de nuevos aires para los tiempos por venir.

En estos meses ha quedado evidenciada la elasticidad de esos contratos. La necesidad de obtener los medios para subsistir ha llevado a millones de seres humanos a replantearse el valor de su aporte. De ahí surge un nuevo estilo de relación laboral, de acuerdo con el cual los nuevos métodos de trabajo en línea —gracias a las facilidades tecnológicas actuales— han sustituido, en algunos casos de manera definitiva, el esquema presencial al cual estábamos totalmente acostumbrados. Sin embargo, en esta nueva modalidad se establece una relación cuyas características vulneran el trato justo que debería primar entre las partes.

Se entiende de manera tácita que trabajar gratis y no pagar por el trabajo son dos extremos que se tocan. En ambos hace falta un elemento fundamental: la ética. Dado que el trabajo es una forma de intercambio a través del cual una persona entrega su energía, experiencia y conocimientos a cambio de una retribución económica, ofrecerlo sin ella por temor al despido, lo devalúa y traiciona la esencia del contrato. Esto sucede cada vez con mayor frecuencia en el nuevo esquema, al hacerse evidentes un par de elementos capaces de degradar la relación: el miedo a perder el empleo, por un lado; y la certeza sobre el poder para abusar, del otro.

Es importante reflexionar sobre la complejidad de esta relación productiva entre personas y entidades de diversa índole. Las actividades laborales, cualesquiera sean sus características, implican mucho más que el esfuerzo puntual para realizar una tarea. Detrás de ese acto hay tiempo invertido en la elaboración y transformación de los elementos indispensables para alcanzar un grado de desarrollo y eficiencia determinados; por ello, al dar ese esfuerzo de manera gratuita se cae en un acto de minusvaloración, aceptando que aquello que hacemos bien, no vale nada. Este esquema aplica de manera específica en los casos cada vez más numerosos del trabajo desde el hogar, para el cual la definición de horario laboral se pierde en una mezcla indeseable con el derecho a la privacidad doméstica, mezclándolo todo.

La obligación de ganarse la vida trabajando podría considerarse una maldición bíblica, sobre todo cuando —como sucede cada vez con mayor frecuencia— el esfuerzo es mucho mayor que la recompensa, o también cuando el trabajo incumple la premisa romántica de dignificar a quien lo realiza. O, para ir un poco más cerca de la realidad, cuando representa una forma de violación de ciertos derechos fundamentales de la persona. Esto último comienza a predominar e invadir espacios laborales antes regulados por un sistema de garantías legales, el cual en estos días comienza a perder su incidencia. La vigilancia de estas relaciones se percibe como una medida de urgencia durante la emergencia sanitaria, en donde la explotación laboral —incluido un desprecio injustificado por el esfuerzo de quienes aportan su experiencia y conocimientos— es la modalidad de los nuevos tiempos.

La historia de nuestros pueblos nos ha enseñado que somos sobrevivientes de sistemas adversos, hostiles e incapaces de comprender el enorme potencial implícito en el cambio generacional. Vemos a la niñez y la juventud como una carga impuesta y no una oportunidad maravillosa para generar transformaciones de gran escala, lo cual debería conducir a una consolidación de valores con la misión de fortalecer el tejido social. Y todo ello, con la educación como leit motiv de cualquier sistema de gobierno. De modo automático, asumimos la autoridad del adulto como si esta fuera una forma válida de actuar sobre quienes dependen de nosotros en la línea familiar o social, y lo hacemos sin cuestionar la validez de una autoridad muchas veces impuesta de manera legal, aunque su aplicación resulte, en muchos casos, ilegítima.

Al observar los efectos de la situación excepcional en la cual estamos inmersos desde hace ya año y medio, es posible constatar la situación riesgosa en la cual viven niñas, niños y adolescentes al enfrentarse a una pérdida de sus vínculos sociales y, simultáneamente, a un encierro obligado con adultos poco preparados para ofrecer un ambiente seguro, enriquecedor y libre de violencia. El ser adulto a cargo de personas jóvenes cuya custodia nos ha sido confiada por ley no significa de ningún modo que tengamos el derecho para imponer nuestra voluntad de manera arbitraria ni para descargar en ellas nuestras frustraciones, sino más bien nos da una oportunidad para reforzar lazos de conocimiento mutuo, respeto y colaboración.

Sin embargo, la violencia emocional generada por el forzoso cambio de hábitos y las limitaciones provocadas por las restricciones a la movilidad, al trabajo y al estudio cobran sus mayores víctimas entre las nuevas generaciones, por estar estas sometidas a una situación sobre la cual no poseen voz ni voto. La impunidad imperante en casos de violencia doméstica es un elemento adicional, aunque poderoso, al trastorno psicológico ocasionado por la pérdida de lazos sociales, la falta de actividad lúdica y la tensión natural provocada por un fenómeno de alcance global sobre el cual no tenemos control.

En tanto no se recobre un cierto estado de normalidad, es imperativo aprovechar la ocasión para prestar atención a este enorme contingente de nuevas y nuevos ciudadanos, cuya vida y futuro dependen, en gran medida, de quienes están a cargo de su bienestar físico y emocional, así como de propiciarles una educación de calidad. El tema no es menor: la niñez y la juventud han sido los eternos marginados en nuestras sociedades y el impacto de esa agresión —naturalizada por un concepto equivocado de la autoridad de los adultos que les rodean— tiene secuelas de largo plazo en la pérdida de oportunidades de desarrollo, pero también en forma de abuso y marginación. No repitamos el cliché de que constituyen “el futuro de la patria” mientras no seamos capaces de honrar esa promesa.

Lo más duro de aceptar ha sido, sin embargo, constatar cómo este importante concepto, gracias al cual nos garantizamos una posición decorosa en nuestro entorno íntimo y social, se deforma debido a una actitud progresiva de aceptación de las más groseras iniquidades; de agresiones abiertas y descaradas de quienes, al gobernarnos o poseer los mecanismos del poder, son capaces de corromper nuestros valores y hacer tambalear la poca autoestima y dignidad que aún tratamos de conservar, pero también de derrumbar el entarimado de nuestras utopías.

Un pueblo digno lucha por su integridad. Un pueblo digno no permite la humillación de presenciar la destrucción de sus instituciones, el asesinato impune de sus líderes ni el despojo de sus riquezas. Sus valores constituyen una fuerza poderosa, indispensable para anular el poder de quienes destruyen, tanto como para reconstruir las bases sobre las cuales se sustentan esos valores. Aceptar con mansedumbre las violaciones a derechos consagrados por leyes consensuadas y sólidamente asentadas en el respeto por la integridad individual y social representa una rendición y, por tanto, la aceptación tácita del fracaso.

En nuestros países, aun cuando han pasado muchas décadas, la impecable estrategia de la Guerra Fría dejó raíces vivas en el tejido político y económico, pero también muchas otras de carácter ideológico, todavía presentes en el imaginario colectivo, íntimamente enraizadas en el concepto de nación que nos quisieron vender: Un concepto de nación dependiente por conveniencia de intereses foráneos, fortalecido a lo largo del tiempo con la píldora de una globalización también orientada hacia el despojo del patrimonio natural de los continentes sometidos.

Por eso es conveniente revisar cómo concebimos la dignidad y, también, muy ligadas a ese concepto, la soberanía y la independencia. Porque en realidad creemos en valores abstractos cuya mención no nos exige el menor esfuerzo de reflexión para ponerlos en perspectiva; por lo tanto, los aceptamos como un hecho. Los damos por válidos y los traicionamos a diario. Estamos tan convencidos de su perpetuidad que no caemos en la cuenta de haberlos convertido en una moneda de intercambio cada vez que callamos por temor a no perder la ilusión de nación.

La dignidad, integridad e independencia de una nación no se reflejan en un rectángulo de tela con símbolos. Tampoco se encarna en esos símbolos cuando estos dejan de ser un referente de identidad para un pueblo. Los atributos propios de un concepto de nación deben proceder de una sociedad tan consciente de su responsabilidad como capaz de responder a ella. Esa fortaleza no responde a la sumisión ante el abuso de poder, sino a la capacidad de enfrentarlo y recuperar la dignidad como el mejor ejemplo para las nuevas generaciones.

Los pueblos latinoamericanos conocen mucho de este incierto destino; la mayoría, por haberse enfrentado a algunas de las peores y más crueles dictaduras, seguidas por intentos de reconstruir el tejido institucional. Sin embargo, estos arrestos de cambio son tolerados únicamente cuando no pretenden cambiar de manera rotunda las reglas del juego, pero sobre todo si no representan la amenaza de establecer auténticos proyectos de independencia. Los esfuerzos ciudadanos, traducidos en protestas callejeras y organización de sectores sociales inconformes con el estatus y con el desempeño de las autoridades, resultan en música disonante en los oídos de quienes poseen las riendas del poder y también todos los medios para acallarla.

Si nuestros países estuvieran seriamente caminando por las “vías del desarrollo”, sería impensable la indiferencia de los sectores político y económico ante la real situación de las grandes mayorías. En apariencia, algunas naciones del continente poseen un estatus privilegiado por sus impresionantes cifras y su posición en algunos de los más importantes indicadores socio económicos. Pero en realidad, detrás del maquillaje solo existe un abismo profundo de inequidad, discriminación y miseria en donde están reflejados los auténticos índices, aquellos que jamás remontarán sin la abolición de las estructuras que hoy impiden a las capas más desfavorecidas salir de la pobreza.

El sacrificio de vidas humanas en la búsqueda de nuevos horizontes para los pueblos se estrella una y otra vez contra un esquema diseñado y fortalecido por los grandes capitales internacionales, con el férreo soporte de los gobiernos del primer mundo. Los sueños de independencia, por lo tanto, no tienen la menor oportunidad de consolidarse mientras esas estructuras no lo permitan. La manera como se engaña a los pueblos con medidas cosméticas de gobiernos espurios, cuya obediencia a consignas ajenas a los intereses nacionales es, más que una traición a la patria, un retroceso histórico a sus esperanzas de desarrollo, incomprensiblemente se ha transformado en un estilo de gobierno.

Ante esta realidad, el Sísifo que llevamos dentro decide salir a las calles para ofrecer sus flancos a la fuerza brutal de los cuerpos represivos y termina por sacrificar su integridad sólo para comprobar cómo le han engañado con el espejismo de la voluntad popular. Una y otra vez vuelve a la carga y, una y otra vez, la verdad le estalla en la cara. Los cambios indispensables para reparar los inmensos vacíos de la autoridad ciudadana no dependen de las redes de poder insertas en las instituciones, sino de su completo reemplazo por un contingente político y jurídico ético y comprometido con el cambio. En otras palabras —esas que a muchos provocan escalofríos— para retomar la ruta de la democracia, se necesita romper las estructuras e iniciar una auténtica revolución, una vuelta de tuerca a la política nefasta que nos gobierna.

Hay que reconocer que la estrategia es brillante. Tanto es así, que aquellos partidos políticos de izquierda, tan poderosos a mediados del siglo pasado, se han transformado paulatinamente en clubes sociales en donde se juega el juego de la derecha; aunque no al extremo de perder del todo la identidad, sí lo suficiente para no alterar el marco hegemónico del sistema neoliberal. Este sistema, que amarra con sus recursos a los países dependientes gracias a organismos financieros expertos en el arte de la negociación artera y condicionan incluso sus políticas públicas, ha dirigido durante décadas a los gobiernos desde el anonimato corporativo.

El problema es el cambio solapado de la polaridad. El pueblo ya no manda en nuestros países. De hecho, los gobernantes de extrema derecha han declarado la guerra a la ciudadanía y, con lujo de fuerza y haciendo caso omiso de sus mandatos constitucionales, prohíben a la población manifestar su descontento por los actos de sus gobernantes. Para ello cuentan con la potencia de sus ejércitos y sus cuerpos de policía, entrenados a fondo y con equipo bélico, enviados a apagar de una vez y para siempre el fuego de la protesta ciudadana dejando muy en claro cuáles son las reglas. En esta contienda desigual, la juventud resulta doblemente sacrificada en aras de un nuevo orden de cosas, en donde actuar en conciencia es un delito penado por la ley.

En este escenario de retrocesos, otra de las libertades bajo la bota es la de prensa. La mayoría de medios de comunicación masivos, aquellos de carácter empresarial cuyos intereses se encuentran estrechamente vinculados a los poderes político y económico, callan ante los abusos y se doblegan ante las presiones del statu quo al cual pertenecen. Ese silencio ha obligado a muchos periodistas éticos a abandonar las grandes salas de redacción para conformar sus propios espacios de comunicación alternativa, asumiendo el riesgo de trabajar bajo la presión de las amenazas, la persecución y los intentos de sacarlos de circulación por medios violentos. En nuestro continente, la cifra de reporteros asesinados por su trabajo investigativo es de terror.

Hoy, la consigna desde la cúpula del poder es mantener silenciado al pueblo, impedirle cualquier forma de ejercicio ciudadano y blindar a los centros de poder con la complicidad de sus aliados en prensa, instituciones religiosas y organizaciones empresariales. Al mismo tiempo, se alinean los canales oficiales para limitar el acceso a las fuentes de información. De ese modo, se cierran espacios con el propósito de conservar un ámbito hermético en donde cualquier acto de corrupción goce de impunidad garantizada y sea fácil cooptar a los entes institucionales. El panorama nos demuestra que nuestros países nunca serán libres en tanto sus instituciones políticas –los partidos, verdadera cocina de la democracia- sean el laboratorio en donde se cometen los peores actos de corrupción, discriminación y abuso, con el único fin de impedir la participación del pueblo en los asuntos de su competencia.

No vemos el bosque porque los árboles ya se yerguen imponentes para ocultar la verdadera naturaleza de la devastación y la miseria a la cual han condenado a los territorios y los pueblos. La persecución de líderes, la violencia represiva contra las protestas populares, las tácticas de amedrentamiento contra todo aquel que se levante para denunciar los abusos; y los inconcebibles actos de traición de los políticos en las asambleas representativas de la voz popular se multiplican a lo ancho y lo largo de este planeta en proceso de destrucción.

¿En qué momento perdimos de vista la trascendencia del ejercicio ciudadano? ¿Cómo permitimos el ascenso de seres tan nefastos y corruptos como quienes gobiernan aquí, en nuestro continente, y en países aparentemente mucho más desarrollados? Esos vacíos, permitidos por pura negligencia, se han ido rellenando gracias a sobornos producto del robo de nuestro patrimonio. El inmenso poder de los más acaudalados de la lista de Forbes no se reduce a la acumulación de capital; ellos también deciden nuestro destino. La muestra más palpable, en estos tiempos, es la negativa a liberar las patentes de las vacunas contra el covid para hacerlas llegar a todos los rincones del planeta a precios accesibles y al más corto plazo, porque es una veta comercial que multiplica sus ingresos a un ritmo vertiginoso.

Los indicios del no tan nuevo orden de cosas venían dados desde el siglo pasado, cuando los tratados de libre comercio y los términos de las relaciones comerciales bilaterales pasaban primero por los despachos de los grandes consorcios. Ahí se cocinaban las vidas humanas y el destino de los pueblos, ahí se escogía a los dictadores obedientes al poder económico y ahí también se decidía quién vivía y quién no; cuándo invadir y cómo justificarlo, sin que pareciera otra cosa que una acción inevitable en defensa de los valores democráticos. Y ahí, también, se elaboraban los discursos para justificar las masacres de civiles —como “efecto colateral”— en esa carrera frenética para apoderarse de las materias primas necesarias para seguir dominando al mundo.

Hoy el proceso es casi irreversible y la perspectiva no es otra que más hambre para quienes ya lo han perdido todo, pero también para las capas medias a las que aún les sostiene la esperanza de mejores días. Esta guerra solapada y cruel avanza gracias a la fuerza de las armas esgrimidas sin el menor reparo en contra de pueblos indefensos, en contra de ciudadanos indignados pero incapaces de defender lo suyo sin caer en el intento. La farsa de las dictaduras del nuevo orden mundial: esas que aparentan ser lo que no es, pero actúan como lo que son, no tienen ni siquiera la decencia de fingir un carácter humanitario. Ante ellas, y sin ninguna protección desde los organismos internacionales creados para defender los derechos de la Humanidad, terminamos por ceder todos los espacios. Para recuperarlos no bastará con el acto simbólico pero inefectivo de enarbolar banderas.