Francisco José Ramón y José Estuardo, ambos de apellidos Valdez Paiz, dos empresarios de la industria farmacéutica, tienen orden de captura desde el 10 de diciembre último por ser los supuestos autores intelectuales del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.

Los hermanos Valdez Paiz son, supuestamente, primos de Rosenberg, y fueron señalados el 8 y 9 de diciembre último por tres de los sicarios que quieren ser parte del proceso como colaboradores eficaces.

Después de la declaración de Carlos Humberto Aragón Cardona, Mario Luis Paz Mejía y Jesús Manuel Cardona Medina, el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal ordenó la captura y el arraigo de los hermanos Valdez Paiz, pero no fueron localizados en un allanamiento efectuado el 10 de diciembre último en la Compañía Farmacéutica Lanquetin, S.A., en la zona 1.

Los abogados de los acusados presentaron ayer en los juzgados dos acciones contra la jueza contralora de la investigación, porque no pudieron acceder al expediente y por la supuesta “violación al derecho de la defensa”.

Ayer trascendió que los hermanos abandonaron el país luego de haber rendido declaraciones ante la Fiscalía Especial para la Cicig.

El señalamiento

La investigación contra estos empresarios empezó desde finales de octubre último, cuando Cardona Medina amplió su declaración: “… después nos constituimos en un laboratorio farmacéutico en la zona 1, donde se encontraba una persona, como de 1.78 de altura, un hombre, complexión media, tez blanca, usaba ropa de vestir formal, como de 40 años, pelo castaño, ojos claros, sin bigote; esa persona es de apellido Paiz ”, relata el testigo.

Allí explicó que los hermanos Valdez Paiz los contrataron para asesinar a un supuesto extorsionista.

“Nos ingresó en un cuarto en el cual había dos sillones corintos, una mesa al centro, paredes color crema y con aire acondicionado; en ese momento nos indicó que tenía un primo que lo estaba extorsionando y que el primo lo quería eliminar”, aseguró.

El sicario comentó que iban a cobrar Q100 mil, pero que Francisco Valdez solo les ofreció Q50 mil.

El asesinato lo cometieron el 10 de mayo de este año, después de que recibieron una llamada de un tal Canche, quien les dio la descripción de la persona a la que tenían que eliminar: “Va a ir vestido con pantaloneta azul y sudadero azul, y en bicicleta”.

Entre las declaraciones se mencionó que para cometer el crimen se utilizó un automóvil verde, el cual condujo William Santos, y como acompañante viajaba Lucas Santiago López, quien descendió del vehículo y le disparó al abogado.

También indicaron que ellos no supieron de quién se trataba, hasta después de terminado el “trabajo”.

“Llegamos al parqueo del laboratorio Los Álamos, donde estaba un picop blanco de doble cabina, y dentro del mismo se encontraba don Estuardo y don Francisco llorando, donde me dijo: Muchá, al que mataron era mi primo —refiriéndose a Rosenberg—. Entonces, en una bolsa negra entregó el dinero”, reza la declaración.

Proceso Abogados se quejan 

La Sala Primera de Apelaciones del ramo Penal recibió ayer dos quejas contra Verónica Galicia, jueza décima Penal, por la demora en resolver la petición de entregarles una copia del proceso abierto por la muerte de Rodrigo Rosenberg a los defensores de dos empresarios.

Los abogados Edwin Mis y Alexis Calderón, defensores de los hermanos Francisco José Ramón y José Estuardo Valdez Paiz, se quejaron porque se veda el derecho de defensa de sus clientes, ya que no tienen acceso al expediente en el que se les vincula.

Los profesionales alegan su derecho a examinar el expediente, para determinar por qué en un allanamiento efectuado el 10 de diciembre último en uno de los 20 negocios de la Compañía Farmacéutica Lanquetin, S.A., en la zona 1, pretendían capturar a los empresarios.

Después de las 18 horas de ayer interpusieron un amparo en Gestión Penal de la Torre de Tribunales en contra de Galicia, por no atender las peticiones y por incumplir con los plazos de notificación, entre otras quejas.

De acuerdo con el funcionario, hay indicios racionales de responsabilidad del ministro de Economía y de la intendente de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, por la falta de control y supervisión en la fabricación, distribución y venta de esos productos.

En su resolución, Morales hace recomendaciones específicas a los ministros de la Defensa, de Gobernación y de Trabajo, así como al procurador general de la Nación y al fiscal general, para que se verifiquen los procesos de producción y se sancione a quienes resulten responsables del incumplimiento de los mismos y de la explotación laboral infantil relacionada con ello.

La sociedad civil considera como una broma de mal gusto la afirmación del diputado Rubén Darío Morales de que le interesa integrarse a la Comisión legislativa de Reformas al Sector Justicia.

Después de haber firmado ayer el libro de asistencia en el Juzgado Séptimo, Morales le dijo a la Prensa que entre sus expectativas para el próximo año está sumarse a la citada sala.

“Vamos a trabajar muy fuerte en las comisiones del sector justicia, para que sea correcta”, expresó.

Explicó que se basará en la experiencia que ha tenido con la justicia, como consecuencia del proceso en su contra.

El diputado es procesado por concusión y lavado de dinero, ya que supuestamente recibió una comisión de Q300 mil por una inversión del Legislativo en Mercado de Futuros.

“Sería aberrante”

Según Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, sería “desafortunado” que Morales buscara efectuar reformas en la justicia, porque “aunque existe la presunción de inocencia, él está sujeto a proceso penal y no debe utilizar su presencia en una comisión para obtener beneficios”.

“Sería aberrante que un diputado use sus prerrogativas para impulsar cambios que redunden en su beneficio”, expresó. De acuerdo con Ibarra, esa pretensión sería tan censurable como cuando un vendedor de armas integraba la Comisión de Gobernación mientras se discutía la iniciativa de ley de armas y municiones.

Apelarán fianza

Francisco Yax, defensor de Morales, dijo que apelará la fianza de Q400 mil que pagó su cliente. Añadió que existe precedente de arresto domiciliario sin fianza, en referencia al diputado Eduardo Meyer, imputado por el desvío de Q82.8 millones del Congreso.

Pesquisas Autorizan verificar cuentas de Morales 

El Juzgado Octavo de Instancia Penal autorizó a la Fiscalía que verifique los movimientos bancarios del diputado Rubén Darío Morales, sindicado de haber recibido comisión por una inversión con dinero del Congreso.

El fiscal Denis Ascencio refirió que solicitarán los estados de cuenta de Morales a los bancos G&T Continental, de Desarrollo Rural, Industrial y Citi. Con esta verificación, la Fiscalía determinará el destino del dinero y qué personas podrían haber recibido parte de esos fondos.

Ascencio no descartó que durante las pesquisas se obtengan los nombres de otras personas involucradas en este hecho.

Morales está sindicado de haber recibido Q300 mil de comisión por una inversión de Q16.2 millones del Legislativo en la casa de bolsa Mercado de Futuros, S. A., cuando era presidente del Legislativo. El diputado está procesado por lavado de dinero y concusión.

César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), compartió con Prensa Libre los motivos por los cuales se reabrieron procesos por violaciones a los derechos humanos.

¿Cómo se toma la decisión de reabrir los casos Jorge Carpio Nicolle, Panel Blanca, niños de la calle y Efraín Bámaca?

Recientemente tuve la oportunidad de asistir a Washington a una actividad de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde nos encontramos de nuevo con los señalamientos de la comunidad internacional de que Guatemala continúa incumpliendo sus obligaciones contenidas en los acuerdos internacionales y mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente por el incumplimiento de las sentencias contra el Estado que declaran que las investigaciones no son objetivas.

En la Cámara Penal analizamos las responsabilidades del Estado y determinamos que no se puede oponer ninguna legislación interna, porque ya fueron hechos juzgados o que podría haber doble juzgamiento, entre otros.

Pensamos que con esto contribuimos a que se esclarezca la verdad. No es una persecución indebida ni venganza. Los guatemaltecos debemos entender que hay un orden internacional diseñado para servir a los seres humanos y que Guatemala no puede estar fuera de ese esfuerzo de la civilización.

Pero hay sentencias de la CIDH de hace más de cinco años. ¿Qué hizo que los magistrados anteriores no tomaran la decisión?

Es posible que haya habido diferencia de criterios entre ellos, porque pudo existir la duda de si se podía reabrir un caso ya juzgado. El Estado está sometido, antes de las leyes, a la obligación de dar justicia a sus ciudadanos y un orden de paz y legalidad. Lo que facilitó el análisis en la Cámara es el interés común de trabajar verdaderamente por la justicia en Guatemala, y eso no se puede hacer si se siguen violando los derechos humanos, lo que incluye incumplir con una sentencia internacional.

¿Cómo quedan vistos los jueces que tuvieron a su cargo estos procesos?

En el pasado Guatemala no contaba con los mecanismos de una investigación adecuada; no existía un MP que cumpliera con las investigaciones; eso correspondía a los jueces, lo que hacía que fueran parte del proceso. Todo ello en un ambiente de tensión y presión tan cercano al cese de la violencia y la firma de la paz en el país influía en las resoluciones. Ahora debemos luchar para que existan esas herramientas, y en la Cámara estamos dispuestos a trabajar bajo la fiscalización ciudadana y de las leyes, para luchar contra la impunidad.

Hay casos que fueron juzgados con el sistema anterior. ¿Qué espera que suceda con estos?

El fin del proceso penal es la averiguación de la verdad, por lo que se espera que los responsables sean sancionados, a pesar de que el tiempo podrá dificultar el trabajo para reconstruir esa verdad, y la esperanza de que luego de la justicia venga el perdón.

¿Qué acciones se verán?

Los jueces deberán citar a los imputados para tomar sus primeras declaraciones, y el Ministerio Público deberá reunir las pruebas necesarias para garantizar el nuevo proceso y presentar una acusación en su momento, después de la cual esperaríamos una resolución objetiva, ya que ni el Estado ni la CSJ ni el Ejército ni ninguna institución está presionando a los jueces para que resuelvan con imparcialidad e independencia y para que los casos concluyan con la época fatal para el país. El nuevo proceso penal debería demostrar que la resolución de los problemas es por medio del Derecho.

¿Qué mensaje deja esta decisión para el futuro?

Significa la experiencia para las nuevas generaciones, para que todos sepamos que el Estado y sus funcionarios están sometidos al Derecho y que nadie, por ningún motivo, puede evadir las reglas que garantizan la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Buscamos cerrar el pasado con justicia y abrir el futuro con justicia.