Édgar Escobar, jefe de proyecto del Corredor Seco en ACH, aseguró que gracias a estas capacitaciones de líderes, se está logrando identificar más casos de desnutrición aguda, y se ha recibido ya reportes de 12 comunidades.

Desde que inició esta parte del proyecto en marzo de este año, se mantiene el monitoreo y control sobre dos mil 800 niños y niñas, y se han registrado 264 casos de desnutrición aguda en esas 42 comunidades, informó Escobar.

Escobar aseguró que en este momento “estamos en la cresta de la curva” de la desnutrición aguda, pues este es el periodo de mayor escasez que se mantendrá hasta octubre, por lo que se necesita ejercer un buen control y vigilancia sobre la situación en las comunidades.

El proyecto de ACH beneficia en total a siete mil 200 personas en las 42 comunidades de los municipios de San Luis Jilotepeque y San Pedro Pinula (Jalapa), El Jícaro y San Agustín Acasaguastlán (El Progreso), y Camotán, Jocotán y San Juan Ermita (Chiquimula).

Incluye además de l componente de vigilancia y monitoreo, proyectos productivos, mejora de caminos, granos básicos y mejora de prácticas de cultivo.

La lluvia no cesaba, pero ello no desanimó a los artistas ni ahuyentó al público asistente. Unos 120 niños y jóvenes, de 8 a 18 años, integrantes de la Orquesta Infantil Municipal actuaron junto al DJ Básico 3, en una mezcla de sonidos que asombró a quienes presenciaron el espectáculo.

La presentación, que integró música sinfónica y clásica con letras de hip-hop y sonidos electrónicos, comenzó a eso de las 19 horas.

Entre los aplausos de unas mil personas que se protegían de la lluvia con paraguas y capuchas, los jóvenes demostraron su amor por el arte.

A pesar del frío, los músicos tocaron, saltaron y bailaron con gran energía y animaron a los asistentes con su hip-hop sinfónico.

Esta es la segunda vez que se presenta esta fusión rítmica debido al éxito que tuvo en 2009.

El Centro del arte

De esta melódica manera culminaron 10 días de actividades gratuitas de literatura, plástica y artes escénicas cuyo principal objetivo es valorar el casco antiguo de la capital y recuperar los espacios públicos.

Más de 130 espectáculos se desplegaron en distintas sedes.

El Festival es organizado por la Municipalidad Capitalina en agosto de cada año, desde 1998.

De acuerdo con los datos del primer monitoreo integral efectuado por la Sesan hasta junio, de mil 37 casos, solo 424 contaban con asistencia.

Únicamente en Petén están cubiertas las 65 familias que tienen hijos reportados con desnutrición. En Quetzaltenango, la cobertura es bastante amplia —65 de 70 familias—, pero en Chiquimula, donde hay 147 familias en riesgo, solo reciben asistencia 55.

En Huehuetenango, de las 42 familias afectadas, una o dos reciben apoyo, mientras en Escuintla son solo 39 de las 110 identificadas. En San Marcos no se atiende a ninguna de las 39 contabilizadas.

En cuanto al apoyo en programas productivos, solo 111 de los hogares reciben esa ayuda. Petén posee la mayor asistencia, con 41 familias, y en Chiquimula, 10 de las 135.

En total, de los mil 84 niños identificados con desnutrición aguda, solo 616 reciben tratamiento.

Error de registro

Según la secretaria de Seguridad Alimentaria, Lily Caravantes, el caso de Petén puede ser un error en el registro de las boletas, ya que no considera “normal” que ese departamento aparezca cubierto en todos los rubros, porque la asistencia no llega nunca al cien por ciento en ningún departamento.

El objetivo del monitoreo, dijo, es evaluar la situación para dar tratamiento integral, en lo cual intervienen varios ministerios. En otros casos, explicó Caravantes, la ausencia de ayuda se debe a la escasez de presupuesto, a problemas con proveedores o a que los padres ya no llevan al niño al centro de Salud.

Dudas en atención

Luis Enrique Monterroso, director del Grupo de Investigación e Incidencia para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, señaló respecto de Mi Comunidad Produce (Micopro) que pareciera “haber intencionalidad en los repartos, y esta debe aclararse”.

En los casos de familias con desnutrición, Micopro está presente casi únicamente en Petén, donde cubre a 38 de las 65 reportadas.

Édgar Rosales, vocero de Cohesión Social, explicó que Micopro “no se relaciona directamente con el tema de la desnutrición, sino que se dedica a estimular la producción”.

La CPI es una iniciativa que funciona desde el 2002 para investigar y condenar a los responsables en casos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Moreno-Ocampo dijo que la finalidad es prevenir para que esos crímenes no se repitan.

¿Cuál ha sido el principal objetivo de su visita?

Hemos sido invitados por el Gobierno para explicar en Guatemala el funcionamiento del Estatuto de Roma, por el cual se entra a formar parte de la Corte Penal Internacional.

Según las reuniones que ha sostenido con funcionarios, ¿qué posibilidades ve de la adhesión al Estatuto?

Eso no lo sé, porque depende del Congreso de Guatemala; es una decisión de cada Estado.

Pero para mí ha sido muy interesante ver qué pasa en una sociedad que sale de la violencia masiva, lo que se progresa y lo que cuesta también salir de esa violencia.

Un concepto básico de la CPI es la no retroactividad.

Esta corte no tiene retroactividad, y yo no puedo hacer nada anterior al 2002. No trabajamos en casos que pasaron; trabajamos en casos que están ocurriendo, que están vigentes.

¿Por qué es importante para Guatemala ratificar el Estatuto de Roma?

Guatemala estaría bajo la protección de 113 Estados que están de acuerdo con que no haya crímenes masivos nunca más.

¿Qué papel tiene ese instrumento en la lucha contra la impunidad?

Supone un compromiso de Estado de que no va a haber impunidad. Por ejemplo, eso lo está haciendo Colombia. Está llevando casos contra los paramilitares y contra la guerrilla, porque si no, nosotros intervenimos.

Eso ha pasado en Kenia, donde se pelearon los dos grupos que estaban compitiendo por el poder y se produjeron matanzas masivas; por eso es muy importante, para evitar que en las próximas elecciones en Kenia pase lo mismo. Tenemos un caso: el genocidio en Darfur, Sudán, donde está bajo proceso al presidente en ejercicio de ese país. La Corte ha demostrado que es una idea que funciona.

¿Por qué hay temor en Guatemala a ratificar el Estatuto?

No lo sé.

¿Puede ser miedo a que se juzguen crímenes del pasado?

Creo que todo el mundo está claro de que no podemos investigar el pasado. Es un tema que siempre divide. Cuando hay matanzas masivas, es difícil superarlo, y Guatemala, en ese sentido, es casi milagroso; hay otros países que están todavía mucho más inmersos en la discusión. Mire lo que pasó en España cuando —el juez Baltasar— Garzón quiso investigar las fosas —de la Guerra Civil—; se armó un lío bárbaro.

En Guatemala no se juzgaron los crímenes cometidos durante el conflicto. ¿Cree que eso debe ser investigado, al margen de la Corte Penal Internacional?

Yo fui fiscal adjunto en el juicio a las juntas militares argentinas hace 25 años, y ese juicio cambió el país, porque la gente aprendió lo que había ocurrido.

Cuando investigaba los hechos, antes de que empezara el juicio, e iba a almorzar a la casa de mi mamá, ella estaba furiosa, porque quería mucho al general Jorge Videla, y pensaba que yo cometía un grave error.

Cuando el juicio empezó, mi mamá vio a las víctimas, leyó lo que decían. Me llamó, y me dijo: “Vos tenés razón; todavía lo quiero al general Videla, pero tenés razón, tiene que estar preso”.

El juicio cambió la mentalidad de la gente que pensaba que estaba bien matar a los enemigos. Eso es un cambio fundamental.

¿Es posible que eso suceda en un país como Guatemala?

Cada país tiene sus propias dinámicas. En Uruguay no se investigó nunca, en Chile no iban a investigar, pero finalmente investigaron un montón. Cada país va encontrando su camino; lleva tiempo y es complejo. Guatemala va encontrando su camino. Tuvo una comisión de la verdad, tiene gente que sigue planteando temas, y ahora tiene una cosa muy interesante que se llama Cicig.

Además, el puente Sin Cabeza, que comunica Escuintla con Puerto San José, quedó dañado en 18 metros, por lo que el paso está restringido, informó el vicepresidente de la República, Rafael Espada.

En los próximos días se prevé la colocación de un puente provisional.

Además de Escuintla, fueron afectados los departamentos de Santa Rosa, Alta y Baja Verapaz, Zacapa, Izabal y Guatemala.

Con los nuevos damnificados ya son tres mil 366 las que permanecen en 50 albergues como consecuencia del paso de las tormentas Frank, Ágatha y Alex, y la lluvia normal del invierno.

Espada señaló que aún se calculan los daños e informó que no está prevista la suspensión de clases.

El país continúa en alerta naranja, por riesgo de lluvia, aunque la tormenta Frank se desplaza por las costas mexicanas y prácticamente se aleja del territorio guatemalteco.

También las autoridades dijeron que se mantiene monitoreo constante en los ríos Motagua, Polochic, Chixoy, La Pasión y San Pedro, ya que todos ellos están crecidos.

Según las cifras estimadas, el total de la población migrante indocumentada residiendo en Estados Unidos para 2009 era de 10. 8 millones de personas. Según los datos, Guatemala es el tercer país con más migrantes indocumentados con un 4 por ciento de ellos, por detrás de México, que tiene 6 millones 650 mil personas (62 por ciento), y El Salvador, que tendría alrededor de 530 mil personas (5 por ciento).

Guatemala tenía en el año 2000 un estimado de 290 residentes indocumentados, por lo que en la última década hubo un crecimiento grande de la cantidad de población guatemalteca sin papeles en el país del norte.

En general, el estado que más migrantes sin papeles alberga es California con un 24 por ciento de l total (de 10.8 millones), mientras que Texas cuenta con un 16 por ciento, y Florida con el 7 por ciento. Arizona, el estado donde recientemente entró en vigor la ley SB1070, con tintes antimigrantes, aunque mermadas finalmente, solo alberga el 4 por ciento de la población irregular en el país.

SIGUE PRESIÓN POR TPS

Mientras tantos, los grupos de promigrantes en Estados Unidos continúan con las acciones de presión a favor de un TPS, y anunciaron que desde hoy se celebrarán ocho vigilias y servicios religiosos en distintos puntos de ese país, en apoyo a los migrantes y al TPS para Guatemala. Para hoy están previstas vigilias en los estados de Houston, Nueva York y Nueva Jersey. El próximo sábado las vigilias se trasladan a Nueva Jersey y Texas, mientras que el domingo se celebrarán en Miami. El próximo miércoles 11 se continuará con una vigilia en Los Ángeles y aún está pendiente por confirmar la fecha del servicio que se realizará en Chicago.

La Coalición de Organizaciones Guatemaltecas conjuntamente con la Red Por la Paz y Desarrollo de Guatemala (RPDG) señaló que es importante seguir con la presión por ese casi medio millón de guatemaltecos que podrían beneficiarse de un TPS, pues en este momento el Departamento de Seguridad se encuentra en plena evaluación del caso guatemalteco. “Por lo tanto creemos que es posible una respuesta afirmativa, por lo que se hace necesario intensificar más la campaña de firmas, envío de postales y llamadas telefónicas”, afirmaron.

Estas organizaciones están instando a la población en Estados Unidos, Guatemala y otros lugares, a realizar llamadas telefónicas a la línea de comentarios de la Casa Blanca pidiendo el TPS para Guatemala, así como a firmar la petición en un sitio de Internet.

“Los guatemaltecos, nos sentiríamos muy defraudados y discriminados, si bajo las condiciones en que se encuentra Guatemala, no se obtiene el mismo tratamiento que los demás países centroamericanos que han sido afectados”, concluyeron.

Sergio Morales, Procurador de Derechos Humanos presentó ayer el informe que evalúa los dos años de aplicación de la ley contra el femicidio, a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos Humanos (Oacnudh), el cual será trasladado directamente a la relatora de ONU contra la violencia  contra las mujeres, Rashida Manjoo.

El informe platea cambios importantes respecto al Código Penal explicó Lesbia Tebalán, asesora del procurador en temas de impunidad.

Explicó que en dos años apenas hubo 64 sentencias en base a esta ley (no todas condenatorias), y que las agencias del Ministerio Público especializadas en temas de femicidio tenían hasta el día de ayer y desde la aprobación d e la ley 395 investigaciones en marcha de las que solo 8 se tipifican como femicidio.

Tebalán explicó que los jueces y fiscales aplican en muchos casos el precepto de homicidio según establece el código penal, o el de asesinato, que contempla las mismas penas que el femicidio, sin embargo permite medidas sustitutivas y conmutabilidad de la pena, algo que no perite el delito de femicidio.

Entre las recomendaciones, está que el estado comprenda que el problema del femicidio “va más allá de la persecución penal hay que atacare una cultura que va contra la mujer, el femicidio demuestra odio contra la mujer”, dijo Morales. El procurador instó a que instituciones como el Ministerio de Educación o el de Cultura se involucren más en temas educativos y de concienciación para atajar el problema de la violencia contra la mujer. “Tiene mucho que hacer todo el estado”, apuntó.

El representante de la OACNUDH, Alberto Brunori, explicó que se enviará este documento a la relatora  y según los procedimientos a seguir en estos casos posiblemente puede pedir al estado algún tipo de aclaración sobre las denuncias presentadas en el informe. Además señaló que servirá de insumo para la oficina y para realizar su informe anual acerca de la situación de los derechos humanos en el país.

Lucía Muñoz, representante de la organización Red para la Paz y el Desarrollo para Guatemala, expresó que no es posible que este sea el único país centroamericano que no cuente con un Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), y aseguró que hay poca voluntad del Gobierno para presionar por ese beneficio.

También anunció que se intenta organizar una marcha para presionar al Gobierno de EE. UU. a la concesión de la medida temporal.

Oswaldo Cardona, representante de la Unidad contra la Impunidad, de la PDH, recordó que tras los desastres naturales registrados en el país, el TPS es más necesario que nunca.

“Lo tienen salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Por alguna razón no ha sido otorgado a nuestros compatriotas, y eso nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad con relación a otras naciones, en aquel país”, enfatizó.

“Creemos que es justo y humano que sea otorgado el TPS, independientemente de la reforma migratoria”, subrayó.

Una de las consecuencias más penosas desde que se aprobó la Ley de Acceso a la Información, hace un año, ha sido la denuncia de casos de amenazas de muerte a personas que han solicitado información sobre contratos, gastos y sueldos, sobre todo en las municipalidades.

La prueba de que la cultura de la opacidad pervive es que el aniversario de esta normativa dejó 12 meses de intentos de ocultar información, en especial aquella que es clave para revelar el manejo de los fondos públicos.

Los casos ocurridos en las municipalidades de Concepción, Sololá, y Chicacao, Suchitepéquez, documentados y recibidos por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana (AC), son ejemplos de la violencia desatada por el deseo de auditoría social.

En el primer caso, dos líderes de la comunidad murieron el 2 de noviembre del 2009, y los investigadores del Estado lo asocian con que las víctimas solicitaron información y querían denunciar malversaciones en la comuna.

En el otro, un ciudadano fue víctima de un breve plagio y recibió amenazas de muerte por haber solicitado información que revelaba que el alcalde de Chicacao había otorgado cargos de la municipalidad a sus familiares.

La diputada Nineth Montenegro también fue informada de un plan para matarla después de haber emprendido una batalla legal por obtener los números de cédula de los beneficiaros del programa Mi Familia Progresa.

La diputada Rosa María de Frade, ponente de la Ley, manifestó su preocupación por este tipo de situaciones: “Las amenazas, la intimidación de personas que solicitan información es una situación gravísima. Conozco casos de Izabal y Huehuetenango”.

Opacidad y reservas

Estos son los casos extremos, pero hay otras denuncias por negativas de entregar la información, por ausencia de respuesta, por pedir demasiados requisitos para hacer entrega de esta o por mal uso de datos privados.

En su primer año, la normativa no ha estado exenta de polémicas, puesto que han sido 10 las instituciones del Ejecutivo y locales que han intentado ocultar información por medio de la reserva, cuando la propia ley establece que debe ser pública

El caso más drástico fue el del Ministerio de Educación, que terminó con la intervención de la Corte de Constitucionalidad y la destitución de Bienvenido Argueta.

Otros dignos de mención por sus reservas son los del Ministerio de Gobernación, de Economía, de la Defensa y de Comunicaciones, la Secretaria Privada de la Presidencia, la Superintendencia de Administración Tributaria y municipalidades.

La parlamentaria De Frade recalcó que “lo negativo es el interés e insistencia que han tenido las instituciones del Estado de querer ocultar la información, y esto ha hecho necesario que se use el poder coercitivo”.

Poca publicidad

Otra debilidad de la Ley es la falta de publicidad. “Se dice que se esperaba mucho más afluencia de personas, pero eso no se puede pedir cuando no ha existido por parte del Gobierno una campaña de comunicación y de rendición de cuentas real”, afirmó David Gaitán, de AC.

En este sentido parece haber una opinión generalizada de que el discurso del Estado discrepa de la realidad, reflejada en acciones como las reservas de información o la negativa de entregar ciertos datos.

Alfonso Godínez, secretario ejecutivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para la Ley de Acceso a la Información, observó que se ha detectado “resistencia a tramitar las solicitudes de información, y se han producido encuentros desafortunados”.

Según los monitoreos y censos realizados por esta institución, la cifra de sujetos obligados a cumplir con esta ley es de al menos dos mil 644 (a la espera de finalizar el censo); sin embargo, el cumplimiento de la ley solo se registra en 342 entidades, las cuales presentaron el informe anual obligatorio que, según la Ley, debe llegar a la oficina de la PDH.

“La resistencia es generalizada; hay temas que han resultado incómodos a la administración pública, como el de salarios, asesores, contratos”, afirmó Godínez. “Mi percepción es que no están interesados en dar estas informaciones”, añadió.

Logros y avances

Sin embargo, el vicepresidente Rafael Espada considera que se ha avanzado bastante. “Estamos contentos y vamos bien en el Ejecutivo y en el Legislativo; falta un poco en el Judicial y hay bastantes carencias en las municipalidades”, refirió. También aclaró que se sigue avanzando en la implementación de sistemas de capacitación para los trabajadores y de fortalecimiento institucional.

El éxito de la Ley, en opinión del procurador Sergio Morales, consiste en que “algunas instancias se han tenido que abrir, y de no haber sido por esto posiblemente continuarían cerradas”.

Gaitán, de AC, explicó que uno de los grandes beneficios ha sido que las personas cercanas a la auditoría social, organizaciones y otros interesados han podido acceder con más facilidad a información, ya que cualquiera puede ejercer el derecho, aunque reconoció que por ahora no lo hacen todos.

Los expertos consultados coinciden en la necesidad de ampliar la información acerca del funcionamiento de la ley para despertar el interés en el ciudadano de a pie, que es hacia quien va dirigida la norma, pero que, un año después, es el que menos la ha utilizado.

Sobre estos guatemaltecos pesan alertas rojas por delitos considerados graves, como tráfico de drogas, homicidios, crímenes sexuales, lavado de dinero, robos o fraudes, y pueden ser buscados en cualquiera de los 187 países que han firmado el convenio de pertenencia a este cuerpo internacional de seguridad.

De estos, nueve son mujeres y 62 son hombres, aunque no todos son solicitados por juzgados guatemaltecos, ya que 24 son requeridos por tribunales de otros países, como EE. UU., Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, Belice y Rusia.

Entre los fugitivos más famosos se encuentran los hermanos Francisco José y José Estuardo Valdez Paiz, acusados de haber contratado a los individuos que mataron al abogado Rodrigo Rosenberg.

También Marvin Montiel Marín, jefe de la banda a la que se responsabiliza del asesinato de 15 nicaragüenses y de un holandés. Además se busca a otros ocho miembros del grupo, incluidos el hermano y la madre del supuesto líder.

Otros fugitivos notorios son Juan Carlos Maldonado Paz, 43, representante legal de Bancafé, y Ariel Estuardo Camargo Fernández, 51, presidente ejecutivo de Bancafé, acusados de haber participado en los delitos de caso especial de estafa, lavado de dinero y falsedad ideológica. Por este caso se busca a cuatro personas más.

Por el sonado robo de US$8.6 millones en el aeropuerto La Aurora, en el 2006, aún son rastreadas cinco personas, incluido Diego Díaz Sánchez, 26, quien fue aprehendido en Denver, Colorado, EE. UU., por una infracción de tránsito en el 2007, pero fue dejado en libertad.

También siguen en paradero desconocido Napoleón Rojas, 51, y Jacobo Salán, 56, implicados en el desfalco de Q120 millones del Ministerio de la Defensa durante el gobierno del ex presidente Alfonso Portillo.

Los quieren en otros países

El país que más guatemaltecos solicita es EE. UU., de los cuales dos son mujeres: Josefina Orozco, 39, señalada de conspiración para el tráfico de drogas, y Surama García, 34, de secuestro y delitos contra la infancia. El resto tienen solicitudes por violación, delitos contra la vida, lavado de dinero, estafa y tráfico de drogas.

En Nicaragua, cuatro connacionales son requeridos por la justicia. Tres de ellos: César Augusto Jordán, 27; Carlos Saúl Zúniga, 32, y Olgeo Morales Hernández, 40, escaparon a principios de este año con una orden de libertad falsa. Estaban recluidos en el Penal de Chinandega, por narcotráfico.

En El Salvador solicitan a cinco ciudadanos guatemaltecos, por delitos de estafa, fraude y narcotráfico.

También en Honduras solicitan a dos guatemaltecos, mientras que Panamá, Costa Rica y Belice piden a uno cada uno.

Un caso curioso es el de Andrei Nezhelski, 55, quien es buscado por Rusia. Este ciudadano, acusado de estafa, tiene las nacionalidades rusa, guatemalteca y nicaragüense.

El problema para detectar este tipo de explotación sexual comercial es que “el tema del turismo sexual está invisibilizado en nuestro país”, explica Leonel Dubón, de la Asociación Refugio para la Niñez.

A ello hay que sumar la escasa investigación que la Policía y operadores de justicia efectúan respecto de este tipo de casos, coinciden las organizaciones. “Guatemala está siendo tomada; la principal debilidad es que no existe investigación”, afirma Dubón.

La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, vigente desde febrero del año último, tipificó en el Código Penal el delito de turismo sexual, el cual se castiga con prisión de seis a 10 años.

Sin embargo, a más de un año, la investigación criminal sobre este hecho ilícito “no existe hasta el momento”, dice Karina Javier, representante del Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dubón asegura que, a pesar de esta nueva norma, no existen profesionales con conocimientos para la investigación en la Policía y que los constantes cambios en esa institución no permiten la especialización. “Se necesitan conocimientos teóricos y de Internet muy profundos para poder descubrir redes”, señala.

“Somos conscientes de que hay lugares como Antigua y Panajachel, desde donde constantemente estamos recibiendo denuncias de extranjeros que compran casas que son frecuentadas por menores de bajos recursos”, afirma.

Las familias terminan convirtiéndose en cómplices, porque los responsables “compran voluntades” de jóvenes de escasos recursos, asevera Dubón.

La última denuncia recibida por esta organización llegó desde Panajachel e involucra a un extranjero y a varios menores, dice.

No existe forma de controlar cuántos pedófilos hay en Guatemala, denuncia Dubón, quien cita como ejemplo la reciente expulsión de un pederasta español que se ocultaba en un hogar de menores en Río Dulce (Izabal). “En lugar de investigarlo, se limitan a expulsarlo, sin ponerlo a disposición de las autoridades”, resalta.

María Eugenia Villarreal, de la Red Internacional para la Eliminación de la Prostitución, el Tráfico y la Pornografía Infantil (Ecpat, en inglés) coincide con estos destinos: “Antigua, Panajachel y Flores son los lugares donde este fenómeno tiene mayor incidencia con turistas extranjeros, mientras que Puerto San José es el centro del turismo sexual nacional”.

Villarreal refiere que también se han detectado mexicanos que cruzan la frontera en Tecún Umán, y salvadoreños que lo hacen en Jutiapa.

Según Magda Medina, abogada de Unicef, lo más preocupante es la tolerancia social a este tipo de hechos: “Como sociedad no nos indignamos ante los abusos y violaciones que se cometen contra los niños y niñas, y lo peor son los efectos en su desarrollo”.

Hasta el momento no existen sentencias en que se haya aplicado la figura “utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de menores de edad”, según establece el artículo 195 del Código Penal.

Iniciativas de prevención

Villarreal explica que se elaboró un código de conducta para que fuera aplicado con el Instituto Guatemalteco de Turismo en hoteles y agencias, como medida de prevención.

El Inguat informa que desde el 2008 se impartieron talleres para prevenir la explotación sexual y trata de menores, detectar conductas y medios que se usan para perpetrar estas transgresiones. Estos cursos se dieron en Antigua; Puerto San José; Puerto Barrios y Lívingston, Izabal; Lanquín y Cobán, Alta Verapaz; Guatemala y Quetzaltenango, entre otros lugares.

Además, en el Proyecto de Certificación denominado Taxi Seguro se incluyó este curso de Prevención de Acoso Sexual a Menores.

La Cámara de Turismo de Guatemala cuenta con un código ético que deben observar unas mil empresas que forman parte de esta organización, explica Maruja Acevedo, directora ejecutiva.

Sobre si los establecimientos advierten de alguna manera que este tipo de actividad está penada por la ley en el país, Acevedo reconoce que hasta el momento no se ha implementado, aunque la Cámara de Turismo “estaría en la mejor disposición” de participar en una iniciativa de este tipo, afirma.

Con la llegada de Barack Obama a la presidencia de EE. UU. no ha habido un cambio significativo para los migrantes guatemaltecos en ese país, pues en el 2009 la cifra de deportados no ha variado mucho respecto del 2008, y alcanzó los 27 mil 222 deportados, al 30 de diciembre. Esa cifra está muy cercana a los 28 mil que llegaron el año pasado.

Dani es uno de los recién llegados esta semana y quien recibirá el 2010 en Guatemala, aunque dejó su familia y sus sueños en EE. UU. Desde los 12 años vivió en California, se casó y recientemente tuvo un hijo, que ahora tiene 6 meses de edad. Es su tercera deportación, pero asegura que su vida está allá, y regresará para reunirse con su familia.

La vida en Guatemala se presenta complicada para los deportados, donde las expectativas de encontrar empleo son bajas, así como las oportunidades.

Tras nueve monitoreos con guatemaltecos deportados este año, la Procuraduría de Derechos Humanos determinó que para el 84 por ciento de los migrantes el motivo principal para emprender el viaje al norte sigue siendo la mala situación económica y para el 11 por ciento, el reencuentro familiar.

Más de la mitad de las personas que regresan deportadas son jóvenes de entre 18 y 30 años —57 por ciento—, y la mayoría procede de San Marcos, Guatemala, Huehuetenango y Quetzaltenango. Más de la mitad —55 por ciento— deja familiares en EE. UU.

Por ello, ni la crisis económica ni los riesgos del viaje parecen acabar con las ganas de encontrar una vida mejor. Según Ubaldo Villatoro, director de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig), al menos el 40 por ciento de los que son devueltos intentan de nuevo el viaje.

Deportados por tierra

No deben olvidarse los ciudadanos deportados por tierra desde el vecino México, que este año superan los 60 mil. La cifra se ha reducido ligeramente respecto del año anterior, cuando hubo 78 mil 247 centroamericanos deportados vía terrestre.

De los que han llegado este año, la mayoría son guatemaltecos: 28 mil 44.

La travesía por México es uno de los aspectos que ha empeorado en el 2009, según Miguel Ugalde, del Programa de Migraciones de la Universidad Rafael Landívar. Afirmó que se han detectado numerosas violaciones, amenazas, extorsiones y secuestros por parte de los grupos criminales en territorio mexicano.

Sobre las condiciones en las que son recibidos los deportados, el director de Migración, Raúl Arandi, señaló su preocupación par la situación migratoria de los deportados, y afirmó que aunque el problema es originado por las políticas de EE. UU., se ha tratado de brindar las mejores condiciones al retornar al país.

“Hay mejores instalaciones en la Fuerza Aérea, y se les da atención psicológica para ayudarlos a superar el trauma de ser deportados”, expresó. No obstante, reconoció que “falta mucho por hacer por los compatriotas”.

Reforma migratoria

Los migrantes tienen sus esperanzas puestas en la posible reforma migratoria que el legislador demócrata Luis Gutiérrez presentó en el Congreso de EE. UU. el recién pasado 15 de diciembre.

A esa iniciativa hay que agregar otra que el senador Charles Schumer dará a conocer en enero del 2010, y sumar los esfuerzos de las cancillerías centroamericanas, que también apoyan la reforma.

De producirse este cambio, beneficiaría a más de 800 mil guatemaltecos que viven de manera irregular en EE. UU., pero para saber si es posible vencer las tendencias antiinmigración, habrá que esperar, al menos, hasta mediados del 2010.

Remesas Crisis y regreso 

La crisis económica también afectó este año en las remesas que los guatemaltecos en el extranjero enviaron a sus familias en el país, y causó que muchos migrantes comenzaran a pensar seriamente en el regreso.

Según un estudio efectuado por la organización estadounidense Inter American Dialogue con migrantes de varios países latinoamericanos, el 30 por ciento de guatemaltecos encuestados en Los Ángeles pensó en el regreso, tras el surgimiento de la crisis económica.

Prueba de ello es que, según datos oficiales del Banco de Guatemala, el ingreso de dólares por remesas familiares en el país se redujo 9.7 por ciento de enero a noviembre del 2009.

Para los 218 migrantes que llegaron deportados ayer en dos vuelos a la Fuerza Aérea Guatemalteca no hubo tamales, cohetillos ni la alegría de la Navidad, pues comenzarán el Año Nuevo desempleados en su propia tierra.

El primer avión estadounidense, con 94 expulsados, llegó con 40 minutos de retraso, por las nevadas que afectan EE. UU.

Poco después arribó otro vuelo, con 124 connacionales, para un total de 218 deportados. Con esa cantidad, durante el 2009 han deportado a 27 mil 151 personas, cifra que se acerca a la de 28 mil del 2008.

Para conocer la cantidad final habrá que esperar los dos vuelos que aterrizarán hoy en el país y que pondrán punto final a las deportaciones de este año.

Reina Pérez, de 58 años, fue la primera que descendió de la aeronave. Residió durante 30 años en EE. UU., tuvo decenas de trabajos, pero todo se acabó y está de vuelta en Guatemala para recibir el Año Nuevo con sus hermanos.

La Navidad la pasó en un albergue “con salvadoreñas, hondureñas y colombianas”. “Éramos de todos los países e hicimos como que fuera nuestra segunda familia”, recuerda. Las autoridades migratorias detuvieron a Reina cuando llenaba una solicitud de empleo, porque asegura que “la situación y el trabajo están cada vez peor”.

La Dirección General de Migración recibió a pie de pista a los 94 deportados que arribaron en el primer vuelo. Los periodistas no pudieron acercarse al avión, por orden de las autoridades estadounidenses.

A paso lento, sin cordones en los zapatos, y algunos incluso en pantaloneta, los migrantes llegaron a las instalaciones de la Fuerza Aérea acompañados por un viento fresco para el que no venían preparados.

Amarga bienvenida

Entraron en fila, silenciosos, mientras el personal de Migración los recibía con un caluroso saludo: “Bienvenidos a casa, paisanos”. En un breve mensaje les explicaron el procedimiento a seguir, les entregaron una refacción y les recordaron que han traído lo más valioso que tienen para comenzar de nuevo: la vida. Sin embargo, no tienen empleo.

Pero para algunos eso no es consuelo, porque han dejado atrás una vida, una familia y hasta un trabajo.

Ese es el caso de Ángel Paredes, 21, quien exclamó: “¡Diez años perdidos!”. Él llegó a EE. UU. cuando tenía 11 años; estudió, se casó y tuvo dos hijos. Ahora su familia se mudó a Guatemala. Sus hijos pasaron la Navidad esperando su llegada, pero Ángel se quedó unos días más en aquel país. Recordó: “Fue una Nochebuena muy triste; no hubo comida especial ni felicitaciones; la mayoría dormía desde temprano”. El ánimo no estaba para fiestas, explicó.

Alberto Juárez, padre de tres niños, de 1, 6 y 8 años que nacieron en EE. UU., llevaba siete meses recluido en un albergue migratorio, a la espera de arreglar su situación. Contrató a un abogado, con la esperanza de que las autoridades le permitieran quedarse en el país de su esposa. Pasó por tres refugios distintos, y por una odisea legal, pero al final no sirvió de nada.

“Además de mi familia, lo que más extrañé en la Navidad fueron los tamales. Afortunadamente, ahora estoy en mi país. Mi familia ha venido acá y vamos a intentar hacer una vida, y para el Año Nuevo podré comerme 10 tamales”, cuenta.

Estos son los primeros deportados que llegaron al país después de la Navidad, y ninguno tiene un recuerdo amable de esa noche. Es posible que muchos querrán borrarla de sus memorias.

Varios connacionales aún se encuentran en albergues migratorios estadounidenses, a la espera de que termine el sueño americano convertido en pesadilla.

Retorno Año Nuevo 

Cifuentes, un migrante que llevaba nueve años en EE. UU., dice que pese a la tristeza de la Nochebuena que pasó en el albergue, está feliz de volver a ver a su familia en Guatemala. “Aquí está mi esposa, mis hijos. Así que, a pesar de todo, estoy contento porque empezaré el año cerca de ellos”, refiere.

Cifra 27 mil 151 personas ha deportado EE. UU. de enero al 29 de diciembre de este año, según la Dirección General de Migración. A ellos se sumarán los integrantes de los dos últimos vuelos del año, que llegan hoy.

Testimonio Sin la familia  

Alberto pasó las fiestas navideñas sin su esposa y sus tres hijos menores de edad, que ya lo esperaban en Guatemala, pese a que son ciudadanos de EE. UU. “Allá lo tratan a uno como delincuente”, lamentó este guatemalteco que residió 10 años en Boston. Ahora, él y su familia se trasladaron al país.