Los inconformes indicaron que temen que la falta del líquido origine lo que sucedió en el 2013, cuando se registraron 404 de hepatitis A, debido a la escasez de agua para las tareas cotidianas. 

Añadieron que este lunes pidieron a la Municipalidad de Totonicapán que resuelva el problema, ya que temen brote de enfermedades, especialmente en niños.   

Durante el diálogo con los encargados de servicios de la comuna, padres de familia y maestros recordaron que el problema tiene varios años, sin que la municipalidad lo solucione en forma definitiva.

Exige solución 

María López, madre de familia, dijo que en la Escuela de Párvulos Celia Dalila de León, todos los años se registra el mismo problema, por lo que estudiantes deben llevar agua en envases plásticos, pera utilizarla en los sanitarios. 

“Nos preocupa la salud de nuestros hijos, por eso exigimos al alcalde Luis Herrera, a que intervenga, ya que es su obligación”, manifestó.

Mateo Bulux, otro padre de familia, dijo que la escases de agua empeora año tras año y ninguna autoridad se preocupa. “Siempre dan excusas para no atender una necesidad vital para la población”, manifestó.  

José Tzubac, vecino de la zona 2 de Totonicapán, dijo que están al día en sus pagos por el servicio, pero no ven que exista voluntad para solventar las crisis.

Rosa Guzmán, directora de la referida escuela de Párvulos, dijo que la falta de agua entubada, causa que los sanitarios se conviertan en un foco de contaminación, por lo que es importante poner atención al problema. 

Promesa

Jefri Norato, encargado de la Oficina de Servicios de la comuna, explicó que el problema se debe a desperfectos en una bomba ubicada en un pozo en la zona 2 de la cabecera. Afirmó que el problema podría estar resuelto en unos ocho días y que mientras, enviarán cisternas para que abastezcan de agua a los vecinos.  

Los operativos comenzaron el lunes último y participan agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, con el fin de contrarrestar el problema.

De acuerdo con estadísticas de las autoridades, en el 2015 se reportó el robo de 18 automotores y este año, la cifra subió a 37 en el departamento.  

Se informó que han sido instalados puestos de registro como parte del plan para detectar y recupera vehículos robados; además, se desarrolla el plan de vigilancia por las fiestas de fin de año. 
Investigadores indicaron que inspeccionan minuciosamente los automóviles y piden a los pilotos que tengan su papelería en orden. 

Operativos continuarán

Jaime Sontay,  subcomisario de la PNC, dijo que es importante para la institución detectar  las bandas criminales  organizadas que se dedican al robo de vehículos que es la cabecera, donde más se registra el ilícito. Añadió que los operativos se extenderán por varios días.

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Irma Gutiérrez,  vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, dijo que es lamentable que se incremente el robo de vehículos, ya que los pobladores los han adquirido con esfuerzos.  “La delincuencia acecha contantemente a la población, por lo que es importante  que se den planes estratégicos por parte de las autoridades para que esto no continúe”, manifestó.

Víctima

Un vecino afectado que omitió su nombre,  recordó  que dejó su automóvil estacionado cerca de la estación de la PNC y se ausentó por unos  cinco minutos, tiempo que fue aprovechado por delincuentes para robarlo.

Añadió que avisó del robo a las autoridades, pero los agentes no accionaron y los malhechores huyeron con rumbo desconocido. 

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Pobladores recordaron que hace algunos días el propietario de un  vehículo y vecinos lograron la captura de un presunto robacarros cuando pretendía robar un automotor. 

Según los inconformes, el problema comenzó cuando una persona particular vendió un predio que se ubica en el referido cantón y que está en litigio; sin embargo, ahora está a cargo de la comunidad,  lo que motivó que las autoridades comunales fueran demandadas.

Rigoberto Vásquez,  alcalde comunal de Xantún,  dijo que decidieron manifestar de forma pacífica para apoyar a los demandados, ya que según los acusadores, la comunidad se adueñó del predio, pero la población tiene escrituras, en las que consta que el terreno le fue donado a la comunidad. 

“Exigimos justicia y trasparencia en la decisión del juez,  ya que vemos que el sistema le da persecución contante a las autoridades indígenas por defender los derechos dela población”, afirmó Vásquez. 

Según el vecino Marcos Tax, no es justo que las autoridades comunitarias sean demandadas cuando no existe ningún delito, ya que el terreno es legítimamente de la comunidad y terceras  personas no tiene documentos que los avalen.

Hernán Rivas Alvarado, juez del referido juzgado,  pospuso la audacia para el próximo 5 de diciembre, esto debido que la parte demandante no se presentó.  

Vecinos solicitan que se haga justicia con los soldados implicados en el ataque. También piden que se juzgue al exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, y al expresidente Otto Pérez Molina, pues son responsables de haber emitido la orden de desalojo violento.

Irma Gutiérrez, vicepresidenta de los 48 Cantones, dijo que como pueblos indígenas tienen derechos, pero con la forma de actuar de las autoridades se los violentan.

“No vemos avance en el caso del 4 de octubre, lo que causa el descontento de la población de Totonicapán. Aún no se ha hecho justicia, por lo que es importante que se continúe con el proceso y 48 Cantones, como querellante seguirá en la lucha”, explicó.

Narciso Cua, integrante de los 48 cantones, indicó que esperan una sentencia justa contra los responsables indirectos y directos de la masacre.

Agregó que exigen al Estado que deje de perseguir a los líderes indígenas, ya que eso ha venido ocurriendo desde hace varios años.

Karin Linares, delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos, destacó que la masacre del 4 de octubre del 2012 es emblemática para Totonicapán, pues la población no puede olvidar lo sucedido porque dejó secuelas en las familias de los fallecidos.

“Acompañamos a las autoridades en la marcha, pues ya van casi cuatro años de los hechos y no se ve un avance significativo contra los responsables. Los pueblos indígenas sufren mucho con la exclusión del sistema de justicia”, puntualizó.

Antecedente

El 4 de octubre del 2015, al menos seis campesinos murieron atacados por un guardia y otros 34 resultaron lesionados al enfrentarse a agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil y efectivos del Ejército.

Los campesinos bloqueaban la ruta en protesta contra políticas gubernamentales.

Con una densa neblina, característica de la región, a eso de las 14.30 horas, un guardia privado que custodiaba un camión cargado de cemento accionó su arma contra Santos Hernández Menchú, uno de los manifestantes.

Los perdigones también alcanzaron a José Eusebio Puac Baquiax, de 33 años; a Arturo Félix Sapón Yax, 39; a Jesús Baltazar Caxaj Puac, 40; a Jesús Francisco Puac Ordóñez, 48, y a Rafael Nicolás Batz, 52, quienes murieron.

La acción del guardia desencadenó un enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad.

En el lugar había cerca de tres mil personas de 11 cantones de Totonicapán que mantenían bloqueado el paso en la cumbre y otras 500 personas cerraron Cuatro Caminos.

Los manifestantes llegaron a las 5 horas porque adversan la modificación a la carrera de magisterio, contra la empresa que distribuye energía eléctrica en Totonicapán y en rechazo a las propuestas de reformas a la Constitución que impulsaba el Gobierno.

Video

El 4 de octubre del 2012, Prensa Libre publicó en su canal de Youtube un video en el que se muestran las actividades por el tercer aniversario del hecho dondeo murieron varios campesinos.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos Contra el Ambiente de Totonicapán, luego de que autoridades ancestrales lo denunciaran en el Ministerio Público (MP). 

Según el informe de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, aproximadamente hace un año fue puesta la denuncia contra el exjefe edil, ya que desconoció a las referidas autoridades, lo que violentó los derechos de sus integrantes. 

Karen Sánchez, auxiliar fiscal del ente investigador, dijo que a raíz de la denuncia se comenzó la investigación, en la que se logró reunir varias pruebas que determinarán si Santiago Federico Pelicó menospreció el trabajo y la legitimidad de la referida organización. 

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Añadió que en las próximas audiencias, los agraviados se unirán como querellantes adhesivos en el caso que se lleva en contra del exalcalde, quien ocupó el cargo del 2012 al 2016.

No se valora trabajo  

Según David Coxaj, representante  de las autoridades ancestrales, desde hace varios años las autoridades de Estado y municipales han cometido actos de discriminación en contra del trabajo que efectúan los pueblos indígenas; sin embargo, lo que se pretende con este juicio es que quede un precedente.

Santiago Pelicó, exfuncionario acusado, dijo que está  dispuesto a enfrentar a la justicia, ya que según él, en ningún momento trató de discriminar  a ninguna autoridad,  por lo que  espera que sea el juez el que determine su situación.   

Debido a las complicadas condiciones económicas y la falta de empleo, en el 2014 Vicente viajó a EE. UU. junto a sus hijos, de 3 y 5 años; sin embargo, para eso debía pagar Q55 mil a un coyote, a quien le entregó las escrituras de una propiedad porque no contaba con todo el dinero.

De acuerdo con Vicente, el viaje fue un verdadero calvario, principalmente al cruzar el desierto de Arizona, donde se expusieron a altas temperaturas y a la falta de alimento y agua. Recuerda que luego de haber recorrido varios kilómetros fueron interceptados por las autoridades migratorias, que los trasladaron a un centro de detención temporal.

Añadió que gracias a que viajaba con sus dos hijos se le concedió el beneficio de arreglar su situación migratoria en una corte de EE. UU., por lo que pasó dos años en medio de gestiones y apelaciones, pero al final ordenaron que fuera deportada.

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Vicente agregó que durante el tiempo que vivieron en EE. UU. su situación económica mejoró y sus hijos se adaptaron a la escuela a la que asistían, por lo que, con su deportación, las cosas se complican, pues no sabe cómo recuperar la propiedad que dio como garantía de pago al coyote.

La mujer, quien trabajaba como empleada doméstica en Los Ángeles, recuerda que cuando estaba de descanso varios policías de migración tocaron a la puerta de su apartamento y le exigieron que les mostrara sus documentos, ya que había una orden de deportación.

Añadió que intentó convencer a las autoridades de que le permitieran hacer una llamada telefónica, la cual le negaron. Luego pasó 15 días en una prisión hasta que fue enviada junto a sus hijos a Guatemala, donde ahora se enfrenta a una dura realidad, pues no tiene dinero ni trabajo.

Situación difícil

Santos Vicente, padre de la migrante, dijo que debido a la falta de oportunidades en Totonicapán decidió apoyar a su hija para que emprendiera el viaje, aunque sabía del riesgo que eso representaba.

Agregó que ahora la situación de su hija es aún más difícil, pues no tiene trabajo y debe ingeniárselas para pagar la deuda que contrajo por el viaje.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en el 2014 se reportaron 69 robos de automotores, en el 2015 bajó a 21, pero en los primeros siete meses de este año ya se han registrado 28.

Para los pobladores las estadísticas reflejan la falta de acciones de la PNC y solicitaron que se implementen más medidas de seguridad, pues en septiembre —que se celebra la feria— aumentan los robos.

Narciso Cua, secretario de la Junta Directiva de los 48 cantones, dijo que es lamentable que ahora ya no puedan dejar los vehículos en la calle, porque corren el riesgo de que se los roben.

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“Es importante que la población tome sus precauciones y al estacionar el vehículo en cualquier lugar, que quede bajo vigilancia de alguien, pues los patrullajes son escasos”, comentó Cua, quien no descartó que se formen grupos de vigilancia de vecinos.

La municipalidad cuenta con un sistema de 30 cámaras de seguridad; sin embargo, no han aportado para dar con los responsables de los robos.

El comisario Jaime Sontay dijo que aumentarán los patrullajes. Además, pidió a la población que las denuncias deben hacerlas de inmediato para montar operativos, pues en algunos casos las han presentado hasta tres horas después.

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Áxel Ordóñez, de la Oficina de Atención Permanente del MP en Totonicapán, informó que en lo que va del 2016 han recibido 31 denuncias sobre    abusos contra niñas y  adolescentes de entre 12 y 17 años.

Comentó que los ataques sexuales a menores son cada vez más frecuentes y que ocurren especialmente en el área urbana.

Una de las víctimas contó que el pasado 13 de junio se dirigía a su casa a eso de las 12.30 horas, al salir  de la escuela, y cuando pasaba por el lugar conocido como El Antiguo Molino,  dos hombres de unos  20 años le interceptaron el paso, le cubrieron la boca y llevaron a  unos matorrales.

“Los hombres intentaron violarme, pero gracias a  que un vecino los sorprendió me soltaron    y huyeron”, comentó.

Otto Amado, director de la Enro, indicó que están preocupados porque de los mil 800 estudiantes, el 75 por ciento son mujeres, y temen por su seguridad.

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Recordó que hace unos 20 días una estudiante llegó llorando a la escuela y contó que se había escapado de que un hombre abusara de ella, pues la llevó a unos matorrales y la obligó a desvestirse.

Resaltó que los hechos  han ocurrido al mediodía, cuando las jóvenes salen de la escuela.

Indignación

Irma Gutiérrez, vicepresidenta  de la directiva de los 48 cantones, dijo  que los constantes casos de violación han causado indignación de los pobladores, por lo  que solicitan a las autoridades incrementar la seguridad en el sector.

“Se sabe que en ese lugar se esconden hombres armados, quienes  aprovechan   que las estudiantes  van solas para abusar de ellas”, añadió.

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“Los delincuentes aprovechan la hora de salida de las   estudiantes    para arrastrarlas a los matorrales y ultrajarlas”, comentó un vecino del cantón Xauntún, de la cabecera.

María Escobar, madre de familia, comentó: “Tememos por la integridad de nuestras hijas, quienes deben pasar por ese lugar para llegar a la escuela. Es urgente que la Policía brinde seguridad”.

Maynor Sontay, subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC), expresó que ya  tienen conocimiento de los abusos sexuales que se han registrado en ese sector, por lo que  incrementarán la vigilancia.

“Los agentes patrullarán a toda hora para   evitar que ocurran más abusos sexuales contra las estudiantes. Es importante que  la población denuncie para dar con los responsables”, resaltó.

Socorristas informaron que tres de los afectados fueron trasladados hacia el Hospital Nacional de Totonicapán; mientras, los otros siete, a un centro de Salud.

El percance ocurrió cuando el piloto de un autobús de los transportes Guadalupe perdió el control del automotor, aparentemente porque conducía a excesiva velocidad, según relataron algunos pasajeros.

Francisco Castro, usuario del transporte, narró que al llegar a una curva el piloto no logró controlar el autobús y chocó con un camión.

Algunos de los heridos

• Antonio Lux, de 9 años.
• Marcos León Chacaj, 32.
• Diego Par Lux, 34.
• Francisco Par, 34.
• Cristina Lux, 45.
• Baltazar Rafael Lux Par, 52.
• Víctor Hugo Chacaj, 55.

El primer hallazgo ocurrió en la zona 3, donde fue encontrado el cadáver de una mujer de unos 35 años, quien no fue identificada. Según vecinos, la occisa no tenía hogar, por lo que pernoctaba en las calles del lugar.

Aparte, el cadáver de un hombre de aproximadamente 40 años, fue ubicado a  inmediaciones del parque central de Totonicapán. La persona no fue identificada y vestía  suéter de colores y pantalón negro.

Bomberos Municipales Departamentales indicaron que ambas personas pudieron haber fallecido a consecuencia del intenso frío originado por las constantes lluvias.

El socorrista Carlos García pidió a la población tomar las precauciones debidas para evitar que niños y personas de la tercer edad resulten afectadas de salud por la lluvia y las bajas temperaturas.

Manuel Zapeta, delegado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, informó que hay un albergue habilitado en la zona 3, con el fin de brindar refugio a personas que pernoctan en las calles.

Según el informe policial, individuos llegaron a la vivienda a eso de las 9 horas y tocaron la puerta varias veces; luego, exigieron una cantidad de dinero a la familia residente a cambio de no hacerles daño.

Al lugar fueron enviados agentes antiexplosivos y peritos del Ministerio Público para recabar evidencias y tratar de identificar a los responsables de la amenaza.

Persisten extorsiones

Investigadores policiales indicaron que hace aproximadamente un mes, en el cantón Xantún, de la referida cabecera, otra familia era amenazada y le exigían una fuerte cantidad de dinero.

Agregaron que en dos ocasiones los amenazaron con explosivos, por lo que  la PNC investiga si ambos casos están relacionados. 

Ministro de Gobernación da a conocer la línea telefónica contra las extorsiones 1574. https://t.co/Z8MbNs9TcA pic.twitter.com/rEo47xGNvV

— PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 23, 2016

El informe policial detalla que se trata de un hombre de unos 45 años, quien no ha sido identificado; además, se presume que el sujeto fue golpeado hasta morir, aunque se desconoce si el ataque fue dentro del cajero o sus atacantes lo abandonaron en ese lugar.

El hallazgo fue reportado por un conserje que labora para la entidad bancaria, quien indicó que llegó al cajero para efectuar trabajos de limpieza, pero cuando vio el cuerpo de hombre se sorprendió y  avisó a las autoridades.

El cadáver de la víctima, quien vestía pantalón negro, camisa celeste y zapatos negros, fue trasladado a la morgue de la localidad para  determinar la causa de su muerte y tratar de hallar evidencias que permitan dar con los responsables del crimen.

Aparte, vecinos del sector indicaron que durante las noches personas sin hogar duermen en la cabina del cajero, pero que nunca se había registrado una situación similar, por lo que solicitaron más presencia de las fuerzas de seguridad.

“Es necesario que se impelente más vigilancia en este sector, ya que varios vecinos han sido asaltados en la anoche, cuando salen de retirar  dinero  del cajero. Tambié es importante que se investigue si el fallecido fue goleado en el interior del cajero o solo lo fueron a dejar ahí”, dijo la vecina Marta García. 

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Las fallecidas son las hermanas Leslie María, de 11 años, y Cindy Vanesa Ordóñez, 7. La tragedia sucedió en el cantón Churchimal, Totonicapán.

Hermenegildo Ordóñez, padre de las menores, indicó que desde hace 20 años se dedica a la talabartería. Añadió que se percató que las dos menores respiraban con dificultad y al acercarse se percató que un costado había un frasco con pegamento.

Ambas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Totonicapán, donde murieron por su delicado estado de salud, informó personal médico. 

Caso similar en San Marcos

El 1 de febrero de este año, las hermanas Daylin, de 5 años, y Jazmín Chun Vásquez, 3, fallecieron en el Hospital Nacional de San Marcos a causa de un supuesto envenenamiento con sopas instantáneas.

Andrés Chun Tomás, abuelo de las menores, dijo que llegaron a Concepción Tutuapa para llevar a cabo algunas diligencias familiares y las pequeñas pidieron comer una sopa instantánea.

Ángel Alfredo Longo, director del hospital, confirmó que se les brindó todo el apoyo para salvarles la vida, pero las pequeñas llegaron al centro asistencial en condiciones graves.

Las más perjudicadas son las mujeres en estado de gestación y que llegan periódicamente para su control prenatal, ya que necesitan del servicio sanitario, pero el problema las obliga a que hagan sus necesidades fisiológicas en los alrededores del edificio.

Según trabajadoras del referido centro de Salud, el problema comenzó desde hace un año. Añadieron que a diario entienden a unas 50 pacientes, quienes por la carencia de los referidos servicios tienen problemas para tomar muestras para exámenes de laboratorio.

Sara García, usuaria, dijo que es lamentable que la instalación no cuente con servicio  sanitario y  agua entubada, por lo que es importante que las autoridades tomen en cuenta esta necesidad de la población.

Gumersinda Toc, quien tiene siete meses de gestación, indicó que asiste a su control y ha observado que varias mujeres y niños defecan en los alrededores del edificio, lo que causa contaminación.

Karin Linares, delgada de la Procuraduría de Derechos Humanos, dijo que  usuarios han denunciado el problema, por lo que han llevado a cabo varios monitoreos y se ha confirmado el problema, del cual han informado a las autoridades de Salud. 

Rafael Rodríguez, director del centro de Salud, manifestó que el problema se originó cuando a un costado construyeron  un iglesia, lo que causó que se cerrara el drenaje. Resaltó que tiene conocimiento de que el Ministerio de Salud  no puede efectuar ningún trabajo, porque el terreno que alberga el edificio es propiedad de la Municipalidad de Totonicapán.   

Luis Herrera, alcalde de Totonicapán, indicó que apoyarán con verificar el estado del alcantarillado.

Pobladores informaron que la lluvia continuó este martes, lo que ha originado el desborde de un río, que impide el ingreso por el acceso principal a la cabecera.

Añadieron que el agua originó que una pared se desplomara y resultaran heridas cinco personas, quienes fueron trasladadas a un hospital local. 

Juan Yax, gobernador  de Totonicapán, informó que nombrarán comisiones para evaluar los daños y que a los representantes de instituciones les impartirán una capacitación  para determinar qué medidas tomarán por la emergencia.

La lluvia ha causado daño en dos escuelas, dos puentes, ocho viviendas y otras dos quedaron destruidas. 

Francisco Martínez, de los Bomberos Municipales Departamentales, dijo que el lunes último evacuaron a unas 23 familias de las referidas comunidades, pues algunos ríos se desbordaron y se temía que personas resultaran heridas si las viviendas colapsaban.

Socorristas indicaron que otras tres personas fueron trasladadas a un centro asistencial con heridas leves, y que dos residencias quedaron destruidas por el fenómeno natural.

Además, siete vehículos quedaron atrapados entre las rocas, lodo y palos que arrastró el agua, la cual también ocasionó daños en puentes y otros inmuebles de la referida cabecera. 

Graves daños anoche en #Totonicapán debido a la torrencial lluvia. Fotos #Red25 pic.twitter.com/uKzAqipOYd

— Stereo100Noticias (@stereo100xela) April 26, 2016

El domingo último, decenas de automovilistas resultaron afectados por el desborde del río Samalá, el cual inhabilitó por varias horas el paso en el kilómetro 192 de la ruta entre Cuatro Caminos y la cabecera de Totonicapán. 

Video

En el portal de Facebook del Canal 4 de Quiché se publicó un video en el que se mostraba la situación del tránsito por el desborde del referido río.

El desborde del río se debe a la fuerte lluvia que afecta la localidad desde hace varias horas, por lo que autoridades de tránsito recomiendan tomar las precauciones debidas a  quienes se dirigen al occidente.

El pronóstico emitido este sábado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología detalla que se espera lluvia de moderada a intensa en la región de la costa sur y en el occidente del país. 

Video

En el portal de facebook del Canal 4 de Quiché, se publicó un video en el que se muestra la situación del tránsito de vehículos en el lugar. 

EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES A TRAVÉS DEL INSIVUMEH INFORMA: Pronóstico de Lluvia 24hrs. Valido: 23 de abril pic.twitter.com/utr0ygU73p

— INSIVUMEH Guatemala (@insivumehgt) April 23, 2016

Según organizadores de la asociación Pro Ambiente, la actividad se efectuó con el apoyo de médicos veterinarios que se ofrecieron como voluntarios y con un aporte económico municipal para sufragar parte de los costos. Añadieron que también atendieron a algunos perros que fueron llevados por sus dueños.

Danilo Ordóñez, representante de la referida organización, dijo que es preocupante la reproducción de perros callejeros, la cual se debe a que vecinos compran mascotas y luego las abandonan en la calle.

Agregó que es necesario buscar soluciones adecuadas como la castración de los canes, con lo cual se pretende minimizar la sobrepoblación.

“70 perros fueron castrados en esta primera jornada, en la cual se invirtieron Q100 por cada castración”, dijo Ordóñez, quien agregó que la asociación Pro Ambiente aportó el 70 por ciento de los recursos necesarios.

Julia García, alcaldesa comunitaria, indicó que el problema de los canes afecta el ornato de la ciudad. Agregó que con la jornada de esterilización se prevé reducir los problemas ambientales ocasionados por la sobrepoblación de ese tipo de animales.

Preocupa desaparición de perros callejeros en Xela

Luego de que dos canes fueron localizados amarrados y atrapados en costales el fin de semana último en la zona 3 de Quetzaltenango, sectores de la sociedad civil de esa localidad se encuentran preocupados y temen que los perros callejeros estén siendo sacrificados y posiblemente se utilicen para elaborar comida.

Alejandra Granados, voluntaria del programa Pasos y Pedales en esa ciudad, dijo que cuando junto a varios compañeros buscaban a una perra en cercanías de la Terminal Minerva, observaron que dos sujetos metían en costales a dos canes, por lo que les llamaron la atención y los liberaron.

Agregó que se desconoce cuál era el propósito de los sujetos, pero que posiblemente los atraparon para matarlos.

En avenida Las Américas, zona 3 de Xela fueron rescatados 2 perros que estaban amarrados y en costales. @OswaldoCelQ pic.twitter.com/M0lYAHf8oN

— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) April 18, 2016

Este sentir de los vecinos, se da luego de que el 3 de este mes, una turba causara destrozos  en la sede de la Policía Nacional Civil (PNC) del referido municipio,  por la captura de dos presuntos asaltantes, a quienes pretendían linchar.

Los inconformes se reunieron recientemente con autoridades de la Comisaría 44 para externarles su preocupación por la inseguridad. Los vecinos exigieron el cambio de agentes, el  incremento de uniformados y mayor  vigilancia en la cumbre de Santa María y caminos alternos donde se registran la mayoría de asaltos.

Un vecino, quien  por temor a represalias omitió su  nombre, dijo que les preocupa la ola de violencia y asaltos en el municipio, donde  varias personas han perdido la vida por oponerse. Resaltó que es importante la intervención inmediata de las autoridades para desarticular están bandas que causan zozobra.

Juan Yax, gobernador de Totonicapán, afirmó que en los próximos días  se reunirá con representantes de los entes que velan por la seguridad.

Añadió que lo que dificulta a reforzar la seguridad, es que los agentes no cuentan con espacio físico para descansar. Resaltó que el cambio de personal no puede ser posible, hasta que se tenga una petición por escrito de parte de los pobladores.

El Ministerio Público informó que los dos señalados son José Eusebio Tzul y Santa Teresa Pretzantzin, quienes en el 2009 fungían como autoridades comunitarias.

Añadió que ambos ordenaron la suspensión del servicio de agua para varias viviendas del cantón Paquí,  con  que violentaron el derecho  de la población.

En la audiencia celebrada este jueves, fueron escuchados algunos testigos,  quienes  informaron  de las dificultades que vivieron a causa de no contar con el líquido.

Se informó este viernes se darán las conclusiones del caso y se confirme si ambos señalados son culpables o no.

En tanto, unas 300 personas se aglomeraron frente al referido juzgado para mostrar su apoyo a las dos exautoridades comunitarias.

El hombre fue identificado como  Carlos Manuel Tzunún, de 21 años, quien según versión  de las autoridades intentó ingresar por la chimenea, pero  quedó atrapado en las paredes.

Bomberos Voluntarios indicaron que trabajaron por la menos una hora para destruir parte de la estructura y rescatar con vida al sindicado.

Vecinos se sorprendieron ante lo ocurrido e indicaron que no es la primera vez que delincuentes ingresan a la iglesia para saquearla. Presumen que en  otras ocasiones, los malhechores también han ingresado por la chimenea, pero Tuzunún no lo logró.

El presunto delincuente  fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Totonicapán, debido a que sufrió varios golpes en su intento de salir de la chimenea.

Autoridades indicaron que Carlos Manuel Tzunún será  trasladado al juzgado correspondiente para que solvente su situación legal.

Según estadísticas  de los Bomberos Voluntarios de ese municipio, en los últimos cuatro años se han registrado 25 percances viales  en los que estuvieron involucrados  vehículos pesados en ese lugar, con cauda de varios muertos.

Carlos Say, alcalde de San Cristóbal Totonicapán, indicó que entre   las propuestas planteadas está la regulación de horarios del transporte pesado por el sector, la construcción de  áreas de descarga del transporte urbano y extraurbano, así como   la construcción de un viaducto.

“El objetivo es involucrar a   la nueva Policía Comunitaria   Municipal  en    el control del tránsito vehicular en el sector”, añadió el jefe edil. 

Leonel Samayoa, secretario de la Gremial de Trasporte, comentó: “La solución para evitar que ocurran más hechos lamentables es contar con   seguridad policial y un  espacio de descarga del transporte”.

Karin Linares, delegada de la PDH, dijo que   es importante que se tomen acciones inmediatas  para evitar más accidentes.

Hechos trágicos

El 22 de agosto de 2015, seis personas murieron y  16 quedaron heridas cuando un tráiler chocó contra un autobús, 15 vehículos particulares, una motocicleta y varios comercios, en el km 189 de la ruta Interamericana.

El 1 de junio del mismo año, un tráiler perdió el control y chocó contra otros vehículos,  en el km 187.5 de la misma ruta, en Cuatro Caminos, Totonicapán. El  saldo fue de   13 personas heridas.

Secuelas de accidentes

Durante los últimos seis años, 10 mil 375 personas han muerto en accidentes de tránsito en Guatemala, lo que representa el 21 por ciento del índice de decesos violentos en el país, de una cifra de 59 mil 73, según el Observatorio Nacional de Tránsito; sin embargo, la dimensión de esos números no se compara con las secuelas físicas y emocionales que dejan esas tragedias en parientes y sobrevivientes.

Varias carreteras de la provincia son calificadas como mortales, debido al elevado número de muertes  a  causa de accidentes de tránsito, que se registran como consecuencia de la irresponsabilidad de pilotos, escasa señalización y malas condiciones del asfalto, según vecinos y  cuerpos  de socorro. 

Los sentenciados en el Tribunal de Sentencia de Totonicapán son, los exconcejales Lorenzo Argueta Ixcoy y Silverio Baten; además, de los exsíndicos  Agustín Ixcoy, Oscar Champet, Guzmán Rojas y Efraín Ajtun, quienes desempeñaron el cargo  en  el período 2012- 2016.

Según  la acusación del Ministerio Público (MP), los seis exfuncionarios no respetaron la cotización de los consejos comunitarios de desarrollo, que tuvo a su cargo adjudicar un proyecto de agua entubada en una comunidad del referido municipio.

Añade que la empresa ganadora fue una que cobraba Q385 mil quetzales por los trabajos, pero los exfuncionarios ordenaron que se le adjudicara a una que cobró Q400 mil, por lo que  incurrieron en ilegalidades.

Según informe de la Contraloría General de Cuentas, durante una auditoria efectuada en el 2013,  la comuna reflejó varios hallazgos anómalos en la contratación de una empresa constructora.

El trabajo sería culminado en dos meses; sin embargo la empresa contratada lo entregó en cuatro meses, lo que causó malestar en la población. 

Miembros de la iglesia católica de Pachoc informaron a los agentes de la PNC que los delincuentes ingresaron por la puerta de atrás del templo y cargaron con las imágenes de San Miguel Arcángel, Virgen de Concepción y San José, además de aparatos eléctricos valorados en unos Q31 mil.

Malhechores también sustrajeron el equipo eléctrico de una iglesia evangélica de Chumazán, valorado en Q21 mil.

Vecinos  exigen la presencia de la PNC, porque no es  la primera vez que ocurren estos hechos  en las  iglesias.

“Creemenos que es la misma banda de delincuentes que robó en los dos templos”, dijo un afectado.

Autoridades policiales manifestaron que ya se ha coordinado con la unidad de delitos patrimoniales  para poder dar con los ladrones y recuperar lo sustraído.

Según datos proporcionados por los  encargados de la referida oficina, a diario extienden unas 250 boletas. Añadieron que desde el lunes último se ha incrementado la demanda, por lo que cada día reparten cien números para atender a igual cantidad de personas. 

José Roche, encargado de la oficina de trámites de la PNC, informó que existe dificultad para el trámite, ya que el sistema está lento, y por cada papeleta tarda hasta 15 minutos, sumado la falta de papel para imprimir.

Usuarios se quejan

Personas que llegaron de comunidades rurales, se quejaron por la falta de personal y tardanza al momento de solicitar la boleta. Agregaron que algunos pernoctan en el lugar o  llegan a las 4 horas con el fin de lograr un número para recibir atención. 

Manuel Rolón, vecino, manifestó que la entidad no llena las expectativas de los ciudadanos. “Es lamentable que en una institución de servicio público solo se cuente con una personas para la entrega de antecedentes policíacos”, manifestó. 

Marta Godínez, otra usuaria, denunció que perdió dos días de trabajo para obtener la carencia de antecedentes. “Se pierde mucho tiempo por un trámite que debería ser más ágil”, expresó.  

Los inconformes llevaron carteles y exigieron al alcalde Miguel Chavaloc que solucione el problema, ya que temen que se propaguen enfermedades. Los afectados aseguraron que han tenido que comprar agua para el consumo diario así como para beber. 

Gloria López, alcaldesa comunal de la zona 2, dijo el problema se debe a que la Municipalidad de Totonicapán, autorizó la venta de más de 30 pajas de agua a una comunidad, lo que ha dejado sin el líquido a unas 200 familias.

“No estamos en contra de que la comuna otorgue más pajas de agua, pero debe efectuar un estudio previo para determinar si los pozos están en su capacidad para abastecer”, aseguró López. 

El vecino Herbert  Aguilar dijo que en muchos de los hogares afectados no hay agua para beber ni para el aseo personal, lo que afectada las actividades cotidianas. 

“Exigimos al alcalde que resuelva el problema lo antes posible, ya que nuestros pagos en la comuna están al día”, aseguró Aguilar.

Miguel Chavaloc, alcalde, se reunió con los vecinos afectados y les indicó que la bomba de unos de los pozos tuvo desperfectos. Afirmó que trabajan para restablecer el servicio y que no ha sido  aprobada la venta de pajas de agua. 

Investigadores  indicaron que la víctima fue localizada en un terreno baldío y tenía heridas de arma cortante; además, se presume que fue ultrajada por las evidencias encontradas en el lugar.  

Francisco Tarax, fiscal auxiliar del Ministerio Público, indicó que la mujer, de unos 35 años, no fue identificada y vestía corte rojo, blusa negra y zapatos negros.

Isaac Vásquez, alcalde comunitario de la referida aldea, calificó el hallazgo de macabro, y  que  las autoridades competentes investiguen para capturar  a los responsables del crimen contra la mujer.

Vecinos indicaron que el sector es solitario, por lo que pidieron que la Policía efectúe patrullajes para minimizar los actos delictivos.

En promedio, cada día de este año han ultimado a dos mujeres en el país. De las 696 necropsias que expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) practicaron a féminas muertas por violencia hasta el 13 de diciembre, el 67.5 por ciento perecieron baleadas. 

Caso similar en Quetzaltenango

El cuerpo de María Rosalina Vail, 23, quien fue secuestrada en noviembre último, en Huitán, Quetzaltenango, fue localizado el domingo recién pasado en un área boscosa de la aldea Mogotillo, San Carlos Sija, en el referido departamento.

Violencia contra mujeres en Guatemala

De acuerdo con un video que publicó el 7 de abril de este año ONU Mujer, en la actualidad los índices de crímenes en Guatemala son más altos que durante la guerra interna y resalta que a nivel mundial,  nuestro país ocupa el tercer lugar en violencia contra la mujeres. 

Jorge Pérez, uno de los participantes de la actividad, dijo que desde hace más de tres años ese grupo de jóvenes ha decidido brindar alimentos a personas que duermen en la calle; además, les entregan frazadas.

“Creemos que es importante que ellos también conozcan el mensaje de salvación, por ello se les comparte la palabra de Dios”, añadió Pérez, quien comentó que les preocupa la situación que viven las personas sin hogar, ya que en esa temporada muchas perecen por el frío.

“Nuestro compromiso es con  la población de Totonicapán, en particular con las personas y los sectores más vulnerables y necesitados”, afirmó Gabriel González, otro participante.

Insivumeh pronostica frío en el occidente

El Instituto Nacional  de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología informó este miércoles que las temperaturas mínimas en departamentos del occidente del país oscilarán entre ocho y 14 grados centígrados, durante la noche y madrugada.

El informe policial detalla que el operativo se efectuó en el kilómetro 186  de la ruta Interamericana, donde agentes de Diprona capturaron a Obispo Acsac, de 43 años, y  Tomás Morales, 41, originarios de Chichicastenango,  Quiché.

Los dos capturados trasportaban dos mil cien ramillas ilegales de pinabete en un vehículo, las cuales tienen un valor aproximado de Q11 mil.

Gilberto Martínez, jefe de Diprona en Totonicapán, dijo que desde hace varios días se ha investigado a un grupo de personas que se dedican a transportar y comercializar pinabete de manera ilegal.

Añadió que el modo de operar es utilizar vehículos pequeños para pasar inadvertidos en las carreteras; sin embargo, luego de darle seguimiento lograron ubicarlos y efectuar las capturas.

Samuel Ixtacuy, director regional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, indicó que el decomiso de este martes es el tercero en el país  en lo que va de la temporada. Resaltó que un árbol de ese tipo tarda 30 años para regenerarse luego de que se cortan las ramillas.

Añadió que esa especie está en peligro de extinción y que actualmente solo se cuenta con 15 mil hectáreas de ese árbol, en comparación a las 500 mil que se tenían registradas hace algunos años. 

Las personas heridas fueron identificadas como Édgar David Balañá Pellecer, de 38 años, y Dennis Alberto Quezada Pellecer, quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Occidente, en Quetzaltenango, con heridas y golpes en varias partes del cuerpo.

Se conoce que los heridos son originarios de Mixco, Guatemala, y que se dirigían a Totonicapán y Xela donde el presidente electo, Jimmy Morales, asistirá a varias actividades políticas.

Algunos automovilistas que presenciaron el accidente indicaron a los socorristas que el vehículo en el que viajaban los dos activistas fue chocado por un tráiler, lo que ocasionó que el piloto perdiera el control y se saliera de la cinta asfáltica. 

El beneficio se obtuvo luego de que autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán enviaran varias peticiones a las autoridades de Salud, debido a que una deuda de Q4 millones con proveedores complicaba la situación económica del referido centro asistencial.

Autoridades comunitarias, municipales y de Salud se reunieron en el referido hospital para dar a conocer los detalles de la transferencia de fondos, así como para entregar los documentos necesarios para efectuar la operación financiera.

El gobernador de Totonicapán, Pablo Batz, dijo que los fondos provienen del Área de Salud de ese departamento,  y que servirán para comprar insumos.

Añadió que es necesario que las autoridades del Ministerio de Salud asignen más recursos para mejorar los servicios que se brindan a la población.

Héctor Gutiérrez, vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, dijo que los fondos solventarán temporalmente la deuda que se mantiene con los proveedores, que no despachan producto a cambio de un abono.  

La condena se efectuó en el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos contra el Ambiente de Totonicapán, donde Pineda Marroquín fue hallada culpable de los delitos de peculado por sustracción y falsedad material.

Según las investigaciones del Ministerio Público, la condenada está involucrada en el robo de 11 mil 275 frascos de  medicamentos, valorados en Q1 millón 479 mil 280. Se comprobó que la medicina fue sustraída de una bodega del referido centro de Salud, en marzo del 2014.

Se informó que Pineda Marroquín deberá cumplir la condena en una cárcel que determinará un juez en los próximos días.

Otro caso de robo de medicamentos

El 26 de agosto último, cuatro trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  en Jutiapa fueron capturados, sindicados de sustraer medicina de esa entidad.

Los capturados en esa ocasión fueron identificados como Jesús Alfredo Escandón Medrano, de 57 años; Ana Maribel Vásquez Osorio, 42; Consuelo Ordoñez, 34, y Maribel Ortega García, 23.

Según las autoridades de los 48 Cantones desde hace varios años se había acordado con operadores de justicia locales no aceptar reos que ya estaban condenados, sino que fueran llevados a cárceles de mayor seguridad, ya que el preventivo de Totonicapán no es apto para que las personas cumplan sentencias, ni llena las condiciones para albergar a más de 50 detenidos.

Rolando Vásquez, presidente de los 48 Cantones dijo que el objetivo es evitar que se den extorsiones u otro tipo de delitos desde esa cárcel, ya que las personas que son capturadas en otros departamentos tienen delitos graves y pueden hasta ser pandilleros.

Agregó que el preventivo no se presta para albergar muchos reos. “Nos preocupa el hacinamiento, ya que actualmente en el espacio de hombres hay más de 80 privados de libertad, y este es solo para 50, por lo que exigimos a los representantes del Sistema Penitenciario que intervengan”, agregó el directivo.

Héctor Gutiérrez, vicepresidente  de los 48 Cantones, calificó de negligencia el que las autoridades de justicia estén enviando prisioneros de otros departamentos, cuando Totonicapán se caracteriza por ser un lugar tranquilo y sin mucha delincuencia.

Miguel Noriega, juez presidente del Tribunal de Sentencia local, expresó que  el objetivo  es  mantener bajo el número de reclusos en el preventivo, además de evitar las extorsiones, por lo que  se ha mantenido una coordinación con los jueces del distrito para  que no sean enviados reos de alta peligrosidad a Totonicapán.

Agregó que desde Quiché envían privadas de libertad porque no cuentan con cárcel de mujeres, pero coordinarán para  corregir esta situación.

Autoridades informaron que  cuatro autopatrullas y 25 agentes fueron designados para efectuar los monitoreos en al menos 40 ventas de licor que se ubican  en la ciudad de Totonicapán. 

Néstor González, jefe de la subestación de la PNC, informó que el objetivo es  para darle cumplimiento a la orden del Ministerio de Gobernación que busca  evitar la venta de bebidas embriagantes, previo a los comicios.

“Con anterioridad  se hizo llegar a los comercios que expenden licor una notificación sobre la prohibición; sin embargo, algunos hacen caso omiso, pese a que les advertimos sobre las posibles sanciones”, manifestó. Añadió que tres expendios de licor que incumplieron la ley fueron sancionados.

Durante las últimas cinco horas, la PNC ha aprehendido a 16 personas en diferentes partes del país, por adquirir o consumir bebidas alcohólicas, entre otros hechos, pese a la prohibición existente por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos señala en el artículo 223, inciso D), que el expendio o distribución licores, bebidas alcohólicas y fermentadas o su consumo en lugares públicos, desde las 12 horas del día anterior a las elecciones y hasta las 6 horas del día siguiente al evento.

Algunos de los afectados comentaron que el problema se agravó hace unos 15 días, cuando comerciantes que instalaron ventas en ese lugar, debido a la feria patronal, dejaron una enorme cantidad de desechos que ocasionaron mayor contaminación de la que había.

 “El foco de infección es aterrador. En temporada de calor emergen gases tóxicos que son perjudiciales para la salud, en especial para los niños y personas de la tercera edad”, dijo el vecino Antonio Álvarez, quien responsabilizó del problema a las autoridades municipales, ya que asegura que han solicitado el cierre del vertedero.

“Le pedimos a las autoridades que hagan algo y que quiten esa imagen tan fea a nuestro pueblo”, dijo Mateo Hernández, quien añadió que el lugar ha sido contaminado por muchos años, sin que autoridades hagan algo.

Marlon Solís, del centro de Salud, dijo que la contaminación en este sector es preocupante, ya que la población corre el riesgo  de contraer enfermedades respiratorias y estomacales, en especial los niños.

Aparte, personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, informó que han enviado oficios a la Municipalidad de Totonicapán en los que se denuncia sobre la ubicación de vertederos clandestinos, y que de no haber las medidas necesarias para combatir el problema,  presentarán una denuncia en la Fiscalía de delitos contra el Ambiente.

Se trató de conocer la versión de la Municipalidad de Totonicapán, pero nadie brindó información. 

En la reunión  para recordar a las víctimas participaron representantes de distintas organizaciones, familiares de los campesinos que perdieron la vida  y pobladores de Totonicapán. 

Se informó que la tarde de este domingo, en el parque central de Totonicapán se efectuará un concierto para honrar la memoria de las víctimas que murieron durante una protesta contra el Gobierno.

El 4 de octubre del 2012, al menos ocho campesinos murieron atacados por un guardia y otros 34 resultaron lesionados al enfrentarse a agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil y efectivos del Ejército.
Los campesinos bloqueaban la ruta en protesta contra políticas gubernamentales.

Con una densa neblina, característica de la región, a eso de las 14.30 horas, un guardia privado que custodiaba un camión cargado de cemento accionó su arma contra Santos Hernández Menchú, uno de los manifestantes.

Los perdigones también alcanzaron a José Eusebio Puac Baquiax, de 33 años; a Arturo Félix Sapón Yax, 39; a Jesús Baltazar Caxaj Puac, 40; a Jesús Francisco Puac Ordóñez, 48, y a Rafael Nicolás Batz, 52, quienes murieron.
La acción del guardia desencadenó un enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad.

En el lugar había cerca de tres mil personas de 11 cantones de Totonicapán que mantenían bloqueado el paso en la cumbre y otras 500 personas cerraron Cuatro Caminos.

Los manifestantes llegaron a las 5 horas porque adversan la modificación a la carrera de magisterio, contra la empresa que distribuye energía eléctrica en Totonicapán y en rechazo a las propuestas de reformas a la Constitución que impulsaba el Gobierno.

Según el Ministerio Público, cuando la acusada  fungía como encargada de bodega del referido centro de Salud,  alteró los datos en la entrega de un medicamento que es utilizado para  la planificación familiar.

Señala que a través de una auditoria efectuada en marzo del 2014, se descubrió que en bodega existía un faltante de 11 mil 275 frascos del medicamento, el cual estaba valorado en Q1 millón 479 mil 280.

En la audiencia de este jueves, el juez escuchó testimonios, y se espera que el 16 de este mes sean las conclusiones del caso y se dicte sentencia.

La defensa de la acusada indicó que esperarán los resultados de las conclusiones del juicio, para analizar si apela la decisión del referido tribunal.

Se informó que la sindicada goza de medida sustitutiva y que en la próxima audiencia se decidirá su situación jurídica.

Vendedores de ese sector indicaron que el edificio tiene unos 134 años de antigüedad, y que debido a los fenómenos naturales se ha deteriorado, por lo que cuando llueve tienen que alejarse pues trozos de sus paredes caen y podrían lastimar a las personas que se encuentran cerca.

Walter López, comerciante de maíz, dijo que los sismos que se han registrado en los últimos años también han causado el deterioro de las paredes del inmueble, y que durante el invierno temen que el edificio colapse.

“Sabemos que las autoridades ya han realizado las gestiones para que sea demolido el edificio por el peligro que representa; sin embargo, el  Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) no ha permitido esto, porque lo considera patrimonio. Si ocurre una tragedia, ellos serán los responsables”, señaló López.

El vecino Misael Par dijo que la estructura representa un verdadero peligro para la población, ya que debido a lo  antiguo se cae a pedazos, y aseguró que a causa del deterioro se ha inclinado y pudiera desplomarse en cualquier momento.

Aparte, el alcalde de la referida cabecera, Miguel Chavaloc, refirió que el inmueble está a cargo del Ministerio de la Defensa, y que es necesario que hallen una solución pronto, porque los transeúntes corren peligro.

Fueron invitados los 10 aspirantes; sin embargo, solo se presentaron Alfredo Caniz, por el Comité Cívico Chuimekena; Lorenzo Chaclán, Todos; Fredy García, Creo-Unionista; Manuel Caxai, FCN; Édgar García, Fuerza; Nery Lacán, UCN. No asistieron los de Líder, UNE, VIVA y PP.

Según los organizadores, previo al foro investigaron sobre los principales problemas que vive la población y sobre cómo destina la administración municipal actual los recursos.

Edilberto Beletzuy, quien fue moderador del foro, explicó que de esa manera se les preguntó a los candidatos sobre las propuestas que tienen para resolver las necesidades de los vecinos, y cómo implementarían programas de transparencia para evitar la corrupción de los fondos públicos.

“Como estudiante creo que es importante que el Congreso apruebe las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y por ello en el foro se les cuestionó a los candidatos si estaban de acuerdo, ya que creemos que solo de esa manera se puede  lograr un verdadero cambio en la administración de los recursos municipales  y del Estado”, manifestó el estudiante Danilo López. 

La madrugada del lunes último, los dos hermanos regresaban de trabajar en el referido Estado, cuando el vehículo en el que viajaban fue colisionado por un automotor que era conducido por un hombre ebrio.

Del impacto, los dos jóvenes murieron de forma instantánea a causa de los golpes.  

La madre y dos hermanas menores de las víctimas quedaron desamparadas en Totonicapán, ya que sus dos parientes eran los que generaban ingresos para la familia.

Pablo Ordóñez, tío de los dos migrantes que  perdieron la vida, dijo que debido a las pocas oportunidades de trabajo sus dos parientes viajaron, con el fin de brindar mejorar sus condiciones de vida.

“Con esta tragedia que enluta a la familia se van las esperanzas de lograr una mejor manera de vivir, pero lo que nos queda es lograr inhumar a nuestros familiares en esta comunidad”, expresó Ordóñez.

Resaltó que para la repatriación de los cadáveres necesitan unos Q115 mil. Añadió que no cuentan con la referida cantidad, por lo que hizo un llamado a las personas o empresas que deseen ayudarlo.

A la actividad fueron invitados los 10 aspirantes a la administración municipal, sin embargo solo el actual alcalde Miguel Chavaloc no asistió.
Rolando Vásquez,   presidente de esa organización indígena, dijo que es importante que todos los que aspiran a ocupar un cargo público presenten a la población sus proyectos en temas de salud, educación e infraestructura.
Explicó que lo que más preocupa es que a la fecha las autoridades no le han dado importancia a la inclusión a de los pueblos indígenas para que participen en la toma de decisiones relacionadas al desarrollo del pueblo.
Sandra Bulux, presidenta de alguaciles de 48 Cantones, mencionó que es importante que los candidatos tengan planes de trabajo, pero es necesario que los cumplan a la hora de ocupar el cargo.
Armando Toc, alcalde comunitario, resaltó: “Nos oponemos a que se esté coaccionado a la población por medio de la ejecución de  proyectos para que voten por determinado candidato, ya que esto es un atropello a la democracia”.

El  referido tribunal dio por acreditado que los dos condenados fueron responsables de haber incitado y participado en el asesinato de las cuatro personas, quienes realizaban trabajos de reparación en un camino de la localidad.

El hecho ocurrió el 3 de mayo del 2001 cuando los responsables lanzaron bombas y dispararon con armas de grueso calibre en contra de las cuatro víctimas.

El Ministerio Público (MP) comprobó mediante videos y declaración de testigos, que las dos exautoridades comunitarias junto a un grupo de encapuchados atacaron a los cuatro vecinos, porque existía un problema limítrofe dentro de las comunidades de Tunayac y Chinimabe desde hace más de 100 años.

El MP pidió que se les imputara la pena máxima por el delito de asesinato en grado de tentativa; sin embargo, el juez calificó los delitos de homicidio en grado de tentativa y muchedumbre a los que impuso una pena inconmutable de 55 años de prisión.

Aunque el problema limítrofe continúa sin resolverse, los dos sentenciados deberán cumplir su condena en las cárceles que designe el juez.

Según el Ministerio Público (MP), fue localizado un cráneo y partes de un fémur, sin embargo los demás restos se localizaron esparcidos en varios terrenos aledaños al barranco.

La primera hipótesis del MP es que el cuerpo le pertenece a Santos Pedro Tzunún, de 48 años, quien fue reportado como desaparecido el 22 de julio del presente año, pero serán los exámenes forenses que dictaminará si esto es así.

Pedro Toc, alcalde comunitario, dijo: “Esta no es la primera vez en que ocurre un caso de estos, ya que el lugar se presta para que se cometan actos violentos porque hace un año el cuerpo de otra persona fue localizado en ese mismo sector, que se encontraba atado de pies y manos.

Sindicalistas informaron que no cuentan con medicamentos para el tratamiento de los pacientes, por lo que se han visto  obligados a extender  recetas médicas  para que las personas compren su medicina.

Ante el cierre de la consulta externa, decenas de pacientes que provenían de  aldeas lejanas manifestaron su descontento, ya que llegaron al hospital desde la madrugada de este miércoles.

Margarita Pérez, quien tenía cita, dijo que desde hace varios meses los servicios del hospital son irregulares, ya que no hay medicamentos.

“No es posible que como guatemaltecos pagamos nuestros impuestos y el Gobierno se los roba al no abastecer de medicamentos a los hospitales”, enfatizó Pérez.  

El paciente Juan Par calificó de injusto que les brinden recetas a los pacientes y que ahora les niegan la atención. 

Autoridades del hospital junto al gobernador de Totonicapán, Pablo Batz, efectúan  una reunión para tratar de encontrar una solución a la problemática.

Otras consultas externas cerradas

La protesta también se extendió este miércoles al Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepéquez,  donde solo personal médico atiende solo emergencias.

También permanecen cerradas las consultas externas de dos hospitales y de 15 centros de Salud de Escuintla. Empleado indicaron que permanecen en asamblea permanente para presionar al Gobierno e cumplimiento del pacto colectivo.

Los sentenciados son Israel Matul Hernández, alias el Tata, quien fue condenado a 56 años de prisión; Juan Tzep Ixcoy, alias el Kalín, 50, y Santos González Vicente, 41.

También fueron condenados a 31 años de prisión Celso Chávez García, Felipe Santiago Tiu, Santos Tiguilá Itzep, Renato Cos Matul, Santos Isidro Chanchavac y Micaela Cos González.

Los condenados fueron capturados en mayo del 2014 y fueron sentenciados por secuestro y conspiración.

Durante el juicio el Ministerio Público presentó escuchas telefónicas que incriminaron a los procesados, quienes planificaban los secuestros vía telefónica; además, de exigir el pago de rescate de sus víctimas.

Los comerciantes detallaron que debido a la crisis han tenido que despedir a unos 20 empleados y que al menos tres carnicerías han sido cerradas definitivamente.

Los carniceros afectados hicieron un llamado al Ministerio de Economía para que se involucre en la problemática, ya que aseguran que no abrirán sus locales hasta que el costo de las reses baje.

Martina Toc, ama de casa, dijo que es una injusticia el alto precio de la libra carne y que les afecta en la economía familiar, pues si quieren degustar un platillo con ese producto, deben abstenerse de consumir otros alimentos.

Miguel López, carnicero, explicó que la crisis por el alto costo de la carne también afecta San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango, y que los vecinos deben pagar hasta Q32.50 por la libra de ese producto.

Se informó que en las peticiones se halla que los candidatos a puestos públicos no puedan reelegirse, y que los sufragios nulos sean vinculantes, y donde haya mayoría de estos, se repitan los comicios con nuevos candidatos.

Luis Xalix, secretario de la junta directiva de 48 Cantones, explicó: “Creemos que el voto vinculante se puede implementar este año de elecciones, y es que si los votos nulos suman una mayoría quiere decir que la población no está de acuerdo con los candidatos que participan, lo que a su vez hace pensar que se quiere tener otras propuestas de candidatos”.

Mencionó: “Otra propuesta es que se atrasen las elecciones, y que el Legislativo le dé lectura a las propuestas de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

Héctor Gutiérrez, vicepresidente de 48 Cantones, mencionó: “También que el Congreso apruebe la no reelección de diputados y alcaldes, porque varios candidatos cuentan con antejuicios, lo cual no debe permitir su participación”.

“Si el Congreso no le da lectura a las propuestas de reformas nos veremos obligados a convocar a manifestaciones y bloqueos de carreteras, ya que creemos que solo de esta forma se hace escuchar nuestro clamor como pueblo”, resaltó Gutiérrez.

A la actividad fueron invitados los nueve candidatos que compiten por la alcaldía de Totonicapán; sin embargo, solo asistieron Luis Herrera, del partido Libertad Democrática Renovada; Lorenzo Chaclán, de Todos; Freddy García, de Compromiso Renovación y Orden; y Alfredo Caniz, del comité cívico Chuimekena.

Las autoridades comunitarias que organizaron el foro indicaron que el objetivo fue exponer a los candidatos las principales necesidades de la comunidad, para que ellos propongan soluciones y adquieran el compromiso de resolverlas.

El alcalde comunitario, Santos Menchú, comentó que el propósito fue conocer cuáles son los planes y planilla de cada candidato a la alcaldía, y sobre todo saber cómo priorizan las necesidades de la población.

Alfredo Caniz, del comité cívico Chuimekena, dijo que pobladores de la aldea Barranche se dedican a la elaboración de muebles en madera, por lo que necesitan capacitación técnica.

El candidato Fredy García afirmó que el foro es una acción democrática que compromete al que llegue al cargo.

Al final de la actividad se elaboró un documento legal, el cual fue firmado por los cuatro candidatos que participaron en este foro.

La noche del martes último varios perros fueron localizados muertos en el parque central de Totonicapán, supuestamente por haber ingerido veneno, lo que causó indignación en algunas personas.

Danilo Ordoñez, de la organización Pies que Ayudan, calificó de inhumano la acción de exterminar a los referidos animales. Añadió que como organización defensora de animales han efectuado varias jornadas de castración, para evitar la proliferación de perros callejeros.

Afirmó que las autoridades no han brindado el suficiente apoyo, lo que hace que el trabajo sea lento.

Existe solución

Ordoñez resaltó que el problema que causan los perros callejeros tiene solución, sin tener que sacrificarlos.

Agregó que lo que ayudaría es retirar los basureros que hay en la ciudad y prohibir que comerciantes vendan perros en el mercado local.

El vecino Mario Tzic dijo que los perros andan en manada y atacan a las personas, en especial en la noche, por lo que la medida de exterminarlos fue una solución inmediata.

Walter Martínez, poblador, señaló que la castración que han realizado no ha sido una solución y los caninos representan peligro para los estudiantes.

El jefe del Área de Salud de Totonicapán, Higinio Juárez, informó que en lo que va del año, han atendido en el Centro de Salud a unas 300 personas que han sido mordidas por perros.

Un promedio de cien perros fueron exterminados la noche del martes pasado; sin embargo, no se tiene conocimiento quien actuó.

Socorristas indicaron que los nueve pasajeros heridos fueron trasladados al Hospital Nacional de Totonicapán.

Añadieron que dos fueron trasladados en estado delicado, ya que del impacto, algunos vidrios de la unidad se quebraron y los lastimaron.

Testigos manifestaron que el colectivo circulaba sobrecargado y a excesiva velocidad.

Añadieron que en una vuelta, el piloto perdió el control y el microbús se estrelló contra de un poste. El conductor, cuya identidad se desconoce, huyó del lugar del percance.

Se quejan de falta de control

Vecinos se quejaron de que han observado que varios menores conducen los microbuses del trasporte colectivo, lo que pone en riesgo la vida de los pasajeros.

El alcalde comunal Juan García pidió a la Policía Nacional Civil (PNC) instalar puestos de registro para contrarrestar el problema.

La usuaria María Poncio expresó que es lamentable que la comuna no tenga control sobre del transporte de pasajeros.

Erick Momotic, jefe de la Policía Municipal de Tránsito de Totonicapán, afirmó que efectúan operativos en conjunto con la PNC para sancionar a los dueños de buses que empleen menores para conducir.

La demanda se debe a que el día de la manifestación los líderes comunitarios, junto a miles de pobladores, exigían la renuncia de Pelicó, porque según ellos éste solicitó el cobro del Impuesto Único sobre el Inmuebles (IUSI).

Elmer Martínez, fiscal distrital del MP, dijo que la denuncia en contra de los alcaldes comunales es por la obstaculización del trabajo en la comuna momosteca. “Está en trámite una junta de conciliación para que esto no llegue a más”, refirió Martínez.

Karin Linares, delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), manifestó que se está realizado el acompañamiento a las autoridades comunitarias en relación a dicha denuncia, donde los líderes son acusados del cierre de la comuna.

Agregó que ese extremo ya fue verificado por el personal de la PDH y se constató que no es cierto, por lo que se espera el informe del MP.

Abraham García, presidente de las autoridades ancestrales, manifestó: “Es lamentable que ya se esté judicializando a las autoridades comunales, esto luego de haber realizado una manifestación pacífica exigiendo los derechos de la población”.

“Sin embargo, al interponer una denuncia en contra se hace ver la discriminación que se tiene. Exigimos a las autoridades que se haga la verdadera justicia y se respete la autoridad de los pueblos indígenas”, dijo.

Según la delegada de la PDH, Karin Linares, se tuvo conocimiento del hecho por medio de las redes sociales y se le dio seguimiento; se consiguió una de las boletas lanzadas en la calle y se presentó la denuncia en el MP y en la delegación en Totonicapán del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.

Linares indicó que solicitaron al MP y TSE que se deduzca las responsabilidades penales y administrativas a la persona que resulte responsable del lanzamiento de las boletas, y de quienes estén involucrados en el manejo de las boletas.

Rolando Vásquez, presidente de la junta directiva de los 48 cantones dijo que es lamentable que se esté cometiendo esta clase de ilícitos que dejan mucho que pensar, tomando en cuenta que se aproximan las elecciones generales, donde cualquier partido político haga uso de estas boletas para beneficiarse.

Como autoridades comunitarias velaremos por darle seguimiento a este caso y pediremos una explicación al TSE sobre la aparición de estas boletas.

Fernando Tzul delegado del Tribunal Supremo Electoral de Totonicapán afirmó que estas boletas no pertenecen a esa jurisdicción. “Por el numeral que tiene el sello 739 no coinciden con los registros de los empadronadores de Totonicapán y mientras no se registren en estas oficinas no sirven de nada; además están incompletas ya que no tienen copia.

Agregó que la Inspección Electoral investiga de dónde proceden esas papeletas.

En el monitoreo, los representantes constataron que la comisaría ha sido afectada por la falta de combustible y de comunicación, ya que les fueron suspendidos los servicios de telefonía e internet, lo que ha generado deficiencias en el servicio hacia la población, aseguraron.

Rolando Vásquez, presidente de los 48 Cantones, dijo que es preocupante que el Estado incumpla con sus obligaciones, y señaló que la crisis ha generado que algunos agentes tengan que adquirir con sus propios recursos el combustible para los autopatrullas.

“Exigimos al Estado que cumpla con su obligaciones, ya que el hecho de que los agentes no tengan como movilizarse genera oportunidad a la delincuencia para cometer delitos en contra de la ciudadanía”, aseguró Vásquez.

Señaló que en la comisaría no es están extendiendo antecedentes policiacos, lo cual ha ocasionado más molestias en la población, pues tienen que viajar a otros lugares para tramitarlos.

Según indicaron algunos agentes, la situación es muy complicada, pues sin teléfonos ni combustible no pueden brindar seguridad a la población, hacer patrullajes y ni si quiera orientarlos vía telefónica.

Los procesados son Santos González Vicente, Israel Matul Hernández, Celso Chávez García, y Felipe Santiago Tiu.

Además, Santos Tiguilá Itzep, Juan Itzep, Renato Cos Matul, Santos Isidro Chanchavac y Micaela Cos González.

Los nueve sindicados enfrentan juicio por plagio y secuestro, además, a uno de ellos se le acusa del delito de violación.

De acuerdo con la acusación, el 4 de mayo del 2014 los señalados planificaban efectuar el secuestro de una menor; sin embargo, por la intervención de la Policía fueron capturados.

El referido tribunal fijó la segunda audiencia para la próxima semana, cuando serán escuchados los testigos.

El hombre fue identificado como Jonathan Luis Fernando Tzun Ajpacajá, de 25 años, y según comentaron algunos vecinos que presenciaron el incidente, el sujeto ingresó en el comercio y sustrajo una prenda con la que intentó huir; sin embargo, un grupo de pobladores lo persiguió, amarró y vapuleó.

Agentes de la PNC que llegaron al lugar indicaron que después de dialogar con los vecinos lograron que estos lo entregaran sin ocasionarle más daño.

Un vecino que no quiso identificarse manifestó que están cansados de la delincuencia que afecta a la población, por lo que exigió más presencia policial en el sector.

Se trata de Isaías Rafael Tzunún Vásquez, quien fue capturado el 24 de mayo del 2014 en un inmueble ubicado en la aldea Paxtoca, de la cabecera de Totonicapán, durante un allanamiento efectuado por las autoridades, en donde se localizaron varias armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, dos granadas de fragmentación y marihuana.

Durante el debate, el Ministerio Público solicitó que al sindicado se le aplicara la pena máxima en todos los delitos; sin embargo, el Tribunal de Sentencia dictaminó 20 años de prisión, que deberá cumplir en las cárceles del territorio nacional.

Según investigaciones de las autoridades, Tzunún Vásquez se dedicaba a la venta al menudeo de droga, y amenazaba a los pobladores del sector para que no lo denunciaran.

La consulta fue organizada por la coordinadora de autoridades de Totonicapán compuesta por las zonas 1,2 y 3 de la cabecera.

Las mesas fueron abiertas a las 8 horas de este domingo y cerraron a las 18 horas, y la población, adultos y niños mayores de 7 años, emitieron su voto.

Para emitir el sufragio las personas debieron presentar su documento de identidad, y en se les entregó una papeleta en la que debían marcar si están de acuerdo o no con la actividad minera, hidroeléctricas y otros.

Desde tempranas horas, vecinos llegaron a los centros de votación y expresaron que la población está muy ilusionada por manifestarse sobre la actividad minera en el municipio.

El Tribunal Supremo Electoral, quien prestó el mobiliario para el evento, y la auxiliatura departamental de la Procuraduría de Derechos Humanos, participaron en la actividad como garantes de la consulta.

Autoridades locales informaron que se conoce que existen licencias de exploración minera, según datos que se tienen del Ministerio de Energía y Minas, y siendo un pueblo rico en recursos naturales, la población siempre estará en contra de cualquier permiso de explotación.

Intentan sabotear consulta

Durante el evento autoridades de los 48 cantones llegaron al centro, y con un altoparlante pretendían bloquear el evento, producto de ello se originó un conflicto, sin embargo, no hubo necesidad de la intervención de las fuerzas de seguridad.

Prensa Libre abordo al presidente de 48 cantones, Rolando Vásquez, sin embargo, se negó a dar declaraciones.

Germán Gutiérrez, quien preside la Coordinadora de Autoridades Comunitarias de esta localidad calificó la actitud de la dirigencia de los 48 cantones como sabotaje al evento, luego de que con una unidad móvil y altoparlante salieron a las calles y avenidas a anunciar otra actividad programada por esa organización.

Las autoridades rechazaron los actos de corrupción, ya que consideran que la población es la más afectada al no recibir los beneficios por los impuestos que se pagan al Estado.

Añadieron que les preocupa la ruptura de la institucionalidad, pues consideran que las estructuras de corrupción se han introducido en las instituciones del Estado a nivel nacional, regional y municipal.

Además, aseguran que las autoridades han perdido credibilidad por los actos de corrupción que han sido revelados.

German Gutiérrez, dirigente de la referida organización, dijo que invita a todas las organizaciones a que mantengan la cordura y que analicen las acciones a tomar después de cualquier manifestación.

“Estamos convencidos que nosotros como pueblo organizados tenemos la obligación de defender nuestros derechos y nuestro territorio de manera ordenada”, afirmó Gutiérrez.

Consulta comunitaria

Para el 3 de mayo próximo se tiene previsto que vecinos de la cabecera de Totonicapán participen en una consulta comunitaria, en la que se votará con respecto a temas como minería y la corrupción que afecta al Gobierno.

Gutiérrez resaltó: “creemos necesaria la implementación de estrategias que permitan seguir en la defensa permanente de nuestro territorio, y una de ellas es la Consulta Comunitaria que se tiene programada para el 3 de mayo en la cabecera”.

“Hacemos un llamado a niños, jóvenes, hombres y mujeres a que participen y voten en los diferentes centros que estarán ubicados en varios puntos de la ciudad a partir de la 8 horas”, expresó Gutiérrez.

“Mediante las consultas comunitarias se garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas a expresarse en relación a cómo deben ser utilizados los recursos naturales que se encuentran dentro de su municipio”, dijo Gloria Hernández, alcaldesa auxiliar de la zona 2.

Rocael Velásquez, auxiliar fiscal del MP a cargo de los operativos, indicó que se tenían varias denuncias por robo de celulares en ese lugar, por lo que solicitaron al juzgado una orden para revisar la mercadería que se comercializa en los alrededores del parque.

Agregó que los resultados fueron positivos, debido a que lograron decomisar 30 aparatos con reporte de robo, además de otros 200 que serán investigados para determinar su procedencia.

Víctor Gutiérrez, directivo de los 48 Cantones de Totonicapán, calificó de positivas las acciones implementadas por la Policía y el Ministerio Público, ya que varias personas han sido víctimas de robo violento de teléfonos, aseguró.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad de los detenidos, pues se investiga si estos están vinculados de forma directa con el robo de los aparatos.

Según los inconformes, la comuna no realizó la consulta en las comunidades para avalar la referida disposición, la cual viola los convenios internacionales de pueblos indígenas y atenta contra el territorio.

El asesor jurídico del grupo de pobladores, Benito Morales, indicó que se interpuso el amparo en contra del Concejo de San Andrés Xecul, debido a que las autoridades municipales no respetan a los pueblos y autorizan toda clase de permisos que intenta contra la vida, la tierra y la naturaleza.

Añadió que esperan que el juez dictamine a favor de los vecinos y no se permita el paso del tendido eléctrico de una distribuidora.

El alcalde Martín Saquic informó que el trámite del tendido de los cables fue autorizado por la anterior administración edil dirigida por Andrés Chiroy.

Se trató de conocer la versión de Chiroy, pero fue imposible localizarlo.

Se informó que después de haber hecho un recorrido de casa en casa en busca de personas sin identificación, se logró el registro e identificación de un mil 325 personas en Santa Lucía La Reforma, Santa María Chiquimula, San Bartolo Aguas Calientes, Momostenango, San Cristóbal Totonicapán y San Andrés Xecul.

“Un ciudadano identificado puede acceder a educación, salud y otros beneficios que el gobierno y la sociedad ofrece”, resaltó José Sánchez, representante de San Cristóbal Totonicapán.

Denis Antonio Castro, representante de la Dirección Ejecutiva del Renap para la Erradicación del Subregistro, expresó que se fortalecen las relaciones interinstitucionales a nivel municipal para cumplir el objetivo de esa institución que es la encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas.

“Ahora estamos debidamente identificados en estos seis municipios, y es un derecho tener un documento de identificación”, expresó un asistente.

Dos municipios faltan por salir del subregistro, y son la cabecera departamental y San Francisco El Alto.

De acuerdo con el conteo, de un mil 325 registrados, 352 son niños y 389 niñas que oscilan de 0 a 12 años.

Según maestras del centro educativo, esta es la tercera ocasión en la que delincuentes entran al inmueble y roban equipo.

En el robo de este día los saqueadores se llevaron computadoras, grabadoras y otros aparatos de utilidad para los estudiantes, agregaron los afectados.

“Los delincuentes entraron por la parte de atrás de la escuela, forzaron una chapa e ingresaron al menos a cinco aulas y a la oficina de la dirección del establecimiento, de donde sustrajeron los aparatos”, agregaron.

“Es lamentable que los delincuentes hayan ingresado al establecimiento educativo, parte de lo robado fue adquirido con fondos de las maestras y de los padres de familia. Exigimos a las autoridades que garanticen seguridad en el sector”, expresó Juana Caxaj, madre de familia.

“Exigimos a las autoridades que investiguen y que den con los responsables, no es posible que cada año suceda esto”, añadió Rosa Guzmán, directora del centro educativo.

Gladis Pacheco, coordinadora de Educación del sector, calificó de lamentable el robo, ya que perjudica directamente a los estudiantes en su educación.

“Lo preocupante es que por la falta de presupuesto no se pueda contratar a un guardián para la escuelita, con lo cual se prevendrían los robos”, aseguró Pacheco.

El trabajo que las jóvenes desempeñarán en sus aulas será vigilar que se mantengan el orden y la disciplina, ya que el objetivo principal es prevenir que se registren casos de bullying entre los estudiantes.

Abel Solares, jefe de la Comisaría 44, indicó que otros de los objetivos es promover los valores y el respeto entre la población estudiantil; además, de lograr un acercamiento entre las autoridades y maestros.

Solares añadió que las jóvenes fueron capacitadas en temas de derechos humanos, liderazgo y normas de seguridad”.

Impulsan seguridad

Abelino Vásquez, delegado de la Subdirección General de Prevención del Delito, mencionó que pretenden que en los centros educativos se mantenga la disciplina, seguridad y orden. “Lo estaremos implementando en otros municipios con el objetivo de mantener el acercamiento de la PNC hacia la niñez y juventud”, manifestó.

La docente Floridalma Cutz calificó de positivas estas acciones de parte de las autoridades policiales y de la escuela, ya que esto ayudará a controlar de mejor manera el comportamiento de las estudiantes.

El hecho por el cual fue condenado Chacón es por un accidente múltiple de tránsito ocurrido el pasado 20 de octubre en el kilómetro 187.5, de la ruta Interamericana, San Cristóbal Totonicapán.

En el referido kilómetro, el sentenciado manejaba un camión, el cual embistió cinco vehículos y murieron Octavio Castillo Monroy, Leticia López y Francisco Lacán y un bebé. En el percance nueve personas resultaron heridas.

La Fiscalía del Ministerio Público solicitó al tribunal la pena mínima de cinco años, ya que el piloto solo tenía la licencia B para transporte liviano, pero conducía un camión.

Se informó que la empresa para la cual laboraba Chacón indemnizo a las familias de las víctimas y heridos.

Los condenados por asesinato y homicidio en grado de tentativa son Antolino Modesto Ordóñez Sapón, Santos Fulgencio Sapón Mejía y Juan Bautista Sapón Alejandro, exlíderes del barrio Chuicotom, También fue condenado Fermín Sapón Cach a 35 años de prisión inconmutables por los referidos delitos.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron vitales para que el juez declarara responsables a los cuatro de haber dado muerte a Francisco Lux, de 41 años, el 1 de septiembre del 2013.

Todo ocurrió cuando la víctima fue capturada junto a un su hermano y un menor, a quienes los acusaban de robo. Los tres capturados fueron agredidos, pero Lux murió por la gravedad de los golpes.

Este es el primer caso en Totonicapán en el que autoridades indígenas son juzgadas por participar en un linchamiento.

Los pobladores aprehendieron a Tiú Hernández y lo vapulearon, ya que habría violado a una adolescente.

Autoridades informaron que luego de la agresión, el acusado fue atado a un poste y la madrugada de este domingo fue entregado a las autoridades.

Vecinos exigieron más presencia policial en el sector, ya que según ellos han ocurrido otras violaciones.