Los ejemplos de Nicaragua y Venezuela están a la vista: partieron de sistemas democráticos en los cuales determinados individuos se valieron de debilidades institucionales y necesidades insatisfechas de la población para ganar adeptos en una causa que cercenó libertades y relativizó las leyes que eran consideradas incómodas, lo cual dio como resultado regímenes adaptados a las necesidades despóticas de autócratas. Campean la pobreza, el hambre y la violencia, cuya erradicación era la supuesta meta de tales caudillismos.

Guatemala se encuentra en uno de los puntos más críticos de su democracia, puesto que el manejo disoluto del aparato público acrecentó el problema de la corrupción; gavillas interesadas en cooptar el sistema de justicia y también el legislativo aprovecharon desfases del sistema de elecciones y comisiones de postulación para conseguir posiciones desde las cuales maniobrar.

Todo esto ante la mirada atónita de ciudadanos y sectores honrados que poco a poco descubrieron que la legalidad se usó para validar acciones lesivas. Producto de estos desmanes, la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado se encuentra en niveles preocupantes, pero también se da un desgaste para otros sectores, lo cual puede ser enfocado como una inercia de impredecibles efectos pero también como una oportunidad para trazar un nuevo rumbo de país a través de diálogo y transformación.

Existe una escisión entre lo que reclaman los sectores urbano y rural. Son parte de una misma nación pero sus exigencias son dos realidades contrastantes: los pobladores del área metropolitana y cabeceras demandan lucha contra la criminalidad y la corrupción, además de empleo, mientras los vecinos de aldeas y caseríos anhelan contar con servicio de agua, vías de acceso a sus comunidades y combate real de la pobreza.

Las respuestas de los políticos en cada proceso eleccionario han sido canciones y discursos invadidos de ofrecimientos mercadológicos: mano dura, pena de muerte, oportunidades no especificadas y dádivas acompañadas de abrazos de candidatos
sonrientes, vestidos incluso con prendas indígenas, en un invariable ciclo que ya supera las tres décadas y que se debe superar.

Los datos recopilados por la Encuesta Libre no son para complacer a nadie ni constituyen un puente electoral para ningún aspirante: Son el retrato objetivo de un país necesitado de una nueva ruta; son el reflejo de expectativas de una población cansada de la demagogia cortoplacista; son el desafío planteado para todos los sectores, sin excepción, de lograr una agenda de desarrollo para una nación.

El fin de semana anterior, Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, en un acto de absoluto atrevimiento se dirigió a la Policía Nacional Civil a solicitar que le borraran los antecedentes que puedan contener esos archivos, porque aspira a postularse como diputado del impresentable partido oficial FCN-Nación, pero por estar sometido a un proceso por corrupción dicha posibilidad solo la puede decidir un juez y no autoridades menores, ni mucho menos particulares.

Este es el generalizado cuadro de acoso y asfixia a las instituciones que hace difícil su funcionamiento y, una vez más, corresponde al Ministerio Público iniciar las investigaciones respectivas para frenar el irrespeto al marco legal, el abuso de poder o el tráfico de influencias, prácticas nocivas en la administración pública, que con este gobierno desbordó a las autoridades y de lo cual existe una clara percepción entre los pobladores.

Efectivamente, la Fiscalía contra Delitos Administrativos, del MP, anunció ayer que se iniciaron las investigaciones para determinar la probable comisión de ilegalidades en el bochornoso trámite iniciado por una persona que está en el banquillo de los acusados por uno de los tantos casos de corrupción puestos al descubierto en los últimos años por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Lo mismo debe proceder en el Tribunal Supremo Electoral, que hasta ahora sigue dando saludables muestras de independencia, de no atender actitudes abusivas de otros órganos de poder y de aplicar con rigor la norma, como debe ser con esta nueva muestra de poca idoneidad de un aspirante para buscar llegar al Congreso de manera irregular, lo cual debe ser frenado.

Como en la dirigencia del partido oficial no existe el menor interés en respetar el marco jurídico imperante se dan acciones bochornosas como la del domingo, de proclamar a varios candidatos, entre ellos Samuel Morales, quien no debió incurrir en semejante fiasco, porque al igual que su hermano enfrenta procesos penales por corrupción y deben abstenerse de continuar dando muestras de creerse superiores a la ley.

Es casi seguro que el nuevo aspirante a integrar uno de los organismos más desprestigiados de la historia política nacional se quede frustrado, pues si el MP actúa con celeridad, independencia y firmeza debe incluso abrirle una nueva investigación, por intentar burlar el marco legal, quizá con abuso de poder o acudiendo al tráfico de influencias, todo lo cual debe ser esclarecido y proceder contra los responsables de esos actos.

El generalizado deterioro institucional se complementó ayer con la captura de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil vinculados con el robo de un lujoso vehículo en Estados Unidos, mientras que en el Congreso se daba un penoso espectáculo, con la presentación del informe del procurador de Derechos Humanos, que terminó en una burda interpelación, pero con exabruptos como pedirle que se pronuncie por la no inscripción de aspirantes a la Presidencia, quienes antes deben dilucidar su situación jurídica para optar a algún cargo.

En un breve comunicado emitido ayer por el Ministerio Público, Porras advierte a los integrantes de la comisión pesquisidora del Congreso de que se abstengan de continuar el proceso de antejuicio contra tres de los integrantes de la CC, planteado por varios miembros de la Asociación de Dignatarios de la Nación.

Esta es la postura más contundente asumida por la Fiscal General, y no solo advierte a los diputados de no seguir adelante con sus pesquisas, sino también instruye a otras fiscalías para iniciar investigaciones que permitan determinar el incumplimiento de otras resoluciones emitidas por la CC, relacionadas con el funcionamiento de la Cicig y sobre lo cual hay claros abusos de varios funcionarios.

El MP, como órgano independiente y encargado de la persecución penal, tiene un mandato ineludible de velar por el estricto cumplimiento de las leyes. Eso incluye investigar a quienes se consideran superiores a la ley o pretenden hacer una interpretación antojadiza de marcos regulatorios y hasta de la Constitución, a la cual falsamente dicen defender.

El oportuno comunicado emitido por la Fiscal General contribuye en mucho al fortalecimiento de la institucionalidad del país, pues en los últimos meses el mismo presidente Morales ha incurrido en garrafales exabruptos, como pretender ser él y su círculo de colaboradores más cercanos quienes decidan si acatan o no resoluciones del máximo órgano constitucional del país, bajo el supuesto de que defienden la Constitución.

Viniendo del primer mandatario de la Nación, es intolerable que siendo él uno de los que enfrentan investigaciones por corrupción intente beneficiarse asimismo con la expulsión de la oficina antimafias de las Naciones Unidas. Más lamentable ha sido la actitud de la canciller Sandra Jovel y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, quienes no solo han asumido una actitud de rebeldía, sino han dado pasos más osados para entorpecer el trabajo de la Cicig y del MP, y de irrespeto a resoluciones judiciales.

Toda desobediencia de las resoluciones de los órganos de justicia debe ser frenada porque solo así se consolidará el estado de Derecho y se pondrán límites al abuso de poder, como hasta ahora lo han evidenciado los más altos funcionarios del país, quienes han llegado al extremo de advertir de que no acatarán las resoluciones de la CC, como si cualquier gobierno, mucho menos uno de los más desprestigiados como el actual, tuviera facultades para desafiar resoluciones ineludibles.

Las acciones que emprenda el MP en torno al escándalo desatado por el Gobierno con su particular interpretación acerca del acuerdo sobre la Cicig deben ser respaldadas, pues, ante la actitud temeraria mostrada por los actuales funcionarios, corresponde a ese órgano asumir con hidalguía y firmeza el papel para el cual está diseñado, antes de que el actual régimen continúe incurriendo en desaciertos que amenazan el estado de Derecho y el funcionamiento pleno de las instituciones del país.

De Latinoamérica, ningún país se salva de la corrupción, y es indudable que el Sumo Pontífice tiene muy claro el panorama, y por ello arremetió contra ese flagelo en sus primeras palabras en Panamá, a donde asiste a la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa pidió mayor compromiso contra la corrupción y, en presencia del presidente panameño, Juan Carlos Varela, y el cuerpo diplomático, se dirigió a “aquellos que tienen una función de liderazgo para asumir compromisos contra cualquier forma de corrupción”.

En una región marcada por la inmoralidad en el servicio público, el mensaje papal es bienvenido, y baste citar a la constructora Odebrecht para dimensionar la gravedad de sus alcances, pues los sobornos llegaron a 12 países latinoamericanos, entre ellos Panamá y Guatemala, a cambio de obtener jugosos contratos.

Respecto de los migrantes, el Papa ofreció la intervención de la Iglesia en la ola migratoria que lleva a miles de centroamericanos a las puertas de Estados Unidos, que pese a continuar endureciendo sus políticas migratorias, no logra convencer a la población ni a sus gobernantes de cesar en esa peligrosa travesía.

El jueves, el Pontífice dijo que la Iglesia Católica puede ayudar a superar los “miedos y recelos” contra los migrantes, ante una escalada sin precedentes en la región de un incontenible éxodo, un fenómeno que se ha convertido en una puerta de salida ante la incontenible violencia y corrupción en estos países, principalmente los del norte de Centroamérica, de donde mayoritariamente parten los migrantes.

El mensaje de Francisco es oportuno y alentador, pero desafortunadamente en los dos temas tratados quienes tienen a su cargo la conducción de la parte política de los Estados prefieren optar por hacer oídos sordos, como ha ocurrido durante las últimas décadas, al extremo de que ambas temáticas han tendido a agravarse.

Tanto Panamá como Honduras, El Salvador y Guatemala tienen a exgobernantes tras las rejas o en la mira de la justicia, y en el caso hondureño incluso acaba se ser capturado en Estados Unidos el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, sindicado de dirigir un millonario tráfico de cocaína, y con los sistemas de inteligencia de estos gobiernos resulta difícil creer que no hayan sido capaces de descubrir semejante ilícito.

El generalizado abuso de poder en estas naciones, así como el histórico flagelo, se encuentran entre las principales causas de la migración irregular, porque millonarios recursos que deberían ser dirigidos a promover el bienestar se quedan en manos de funcionarios o contratistas inescrupulosos, lo cual repercute en inseguridad, falta de oportunidades y, en consecuencia, en la expulsión de latinoamericanos hacia destinos hostiles.

La postura asumida por algunos miembros de la Unión Europea de presionar a Nicolás Maduro para la inmediata convocatoria a elecciones legítimas se presenta como la vía más recomendable para destrabar la compleja coyuntura que esta semana alcanzó niveles preocupantes con la puesta en escena de un presidente autodesignado, reconocido por varios países, incluso por Estados Unidos, pero no por otras de las más importantes potencias del mundo.

Con Venezuela aflora la más lamentable evidencia de cómo la comunidad internacional se ha visto obligada a reaccionar de manera apresurada cuando la situación en ese país se hace insostenible. A Maduro, así como a Daniel Ortega, Juan Orlando Hernández y Jimmy Morales se le debió frenar cuando empezaron a irrespetar la institucionalidad.

Ahora cualquier propuesta demanda prudencia para encontrar salidas, pues se dejó transcurrir demasiado tiempo desde que Maduro manipuló el último proceso electoral y, como consecuencia, hoy dos continentes están en busca de la mejor salida.

La fórmula impulsada por Washington parece ser la menos recomendable, por más que cuente con argumentos valederos y un enorme apoyo internacional, pues ya que la crisis venezolana es de enorme complejidad, se requerirán millonarios recursos, enormes presiones y solidaridad con los venezolanos para frenar el deterioro al que los condujeron la corrupción política y el abuso de las fuerzas militares que hoy sostienen a un régimen deslegitimado.

Lo más viable es presionar por todas las vías posibles a los bandos en disputa para impulsar elecciones libres en el más corto plazo, aunque esa no será una tarea sencilla, sobre todo porque si bien Guaidó cuenta con el apoyo mayoritario de la comunidad internacional, las instituciones venezolanas están cooptadas por el chavizmadurismo.

Como ha ocurrido en las últimas décadas en numerosas democracias latinoamericanas, el respaldo del Ejército hacia un gobierno erosionado complica el panorama, porque no hay un genuino gesto patriótico de apoyar a uno de los presidentes, sino porque las fuerzas armadas han sido parte de ese deterioro con su incursión en actividades criminales y el narcotráfico, lo que las obliga a respaldar a un régimen insostenible y con altos indicadores de impopularidad.

Venezuela atraviesa por una situación compleja que necesita la mayor prudencia y destreza para afrontar esta crisis, la cual ahora no solo es política, pues también la economía es la más castigada del hemisferio, los indicadores de violencia están entre los primeros en el mundo y todo eso no se resolverá con un cambio de gobierno, ni siquiera con la pronta celebración de elecciones.

La comunidad internacional debe actuar con extrema responsabilidad para evitar que las posiciones en pugna deriven en una mayor conflictividad.

Si bien con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos se puede esperar cualquier cosa, resulta obvio que hubo cierto apresuramiento, pero sobre todo demasiada tolerancia con el desarrollo de los acontecimientos. Fue realizado en un contexto marcado por lo político y empezará una batalla de reconocimientos y rechazo hacia los dos políticos que ahora se pelean la presidencia de Venezuela.

Con el desenlace de los acontecimientos en Venezuela, la diplomacia estadounidense parece haber perdido la capacidad de influencia en el hemisferio y ha acudido a las medidas de hecho, en vez de insistir en presionar a un régimen impresentable que ciertamente no puede continuar castigando a un pueblo, pero se debió hacer de manera más serena, porque se abren otros retos similares.

Una de las subsiguientes acciones que debe afrontar Washington es frenar los mismos abusos que está cometiendo Daniel Ortega en Nicaragua, quien en menos de un año ha logrado erosionar la institucionalidad, destruir la economía y reprimir a la población que se manifiesta en contra del régimen.

Ese gobierno es tan impresentable como el venezolano, pero el relevo también debe buscarse de la manera más civilizada y efectiva posible, con el fortalecimiento de la sociedad civil, que debe aglutinar a todos los sectores para ponerle freno al abuso y al derramamiento de sangre impulsado por la pareja de desquiciados gobernantes.

Uno de los primeros países en respaldar la decisión de Washington, de reconocer a un nuevo presidente venezolano, fue Guatemala, cuya canciller, Sandra Jovel, emitió un comunicado en que respalda a Guaidó como el presidente interino de Venezuela, mientras en forma simultánea se despojaba de la seguridad policial a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

De hecho, Guatemala debería estar también en la lista de países que necesitan un correctivo de Washington, por poner en riesgo la institucionalidad con su irrespeto a acuerdos internacionales y, todavía peor, con la afrenta al máximo tribunal constitucional del país, al soslayar sus decisiones y, encima, poner en movimiento la maquinaria del Pacto de Corruptos para arremeter contra tres de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes ayer fueron amparados.

El respeto que Washington busca para la población venezolana debe ser el mismo que se la exija a la tiranía nicaragüense, cuyos abusos y acoso a la prensa independiente tampoco deben ser tolerados, porque se atenta contra uno de los pilares de cualquier democracia.

Guatemala tampoco debe quedar fuera de las acciones emprendidas por Washington, porque acá también se han debilitado las instituciones, así como empezó todo en Venezuela y Nicaragua, donde se avanzó con el debilitamiento institucional, siguió con la cooptación de importantes entidades hasta llegar a desafiar el ordenamiento constitucional.

Un hecho que prácticamente solo ocurre en Guatemala y los países en vías de desarrollo es la constante promoción de obras intrascendentes, que únicamente sirven para publicitar la imagen de los gobernantes y de los potenciales aspirantes a cargos de elección popular. Esa parafernalia enmudece ahora, y el presidente Jimmy Morales y sus más cercanos funcionarios deben abstenerse de promover la inauguración de construcciones o proyectos sociales.

Muchas de las obras que se promocionan en exceso carecen de importancia, y los mandatarios ni siquiera deberían participar con tanto derroche de publicidad en tales hechos. Peor aún es incurrir en esos excesos cuando los proyectos no están concluidos, como acaba de ocurrir con el hospital de Villa Nueva, anunciado como un gran paso del Gobierno pero sigue sin abrir sus puertas.

Con los últimos presidentes se han registrado vergonzosos casos de obras inauguradas varias veces, y más de un mandatario ha aparecido en la propaganda oficial colocando la primera piedra de algún proyecto que nunca nacerá, aunque sea recurrente el primer paso.

Por aparte, el silencio obligado para las autoridades en torno a la campaña electoral en marcha no impide que el Ejecutivo continúe con los exabruptos, como acaba de ocurrir con el repudiable atentado en Colombia. En vez de unirse a la condena mundial, el gobierno guatemalteco, en un paso osado, ha pedido a Cuba que coopere con las investigaciones, en una clara injerencia en los asuntos internos de otros países, cuando en otras latitudes se dan también abusos intolerables.

Los excesos de la tiranía de los Ortega-Murillo en Nicaragua no han merecido la menor línea de condena por parte del gobierno guatemalteco, que en vez de eso, con su silencio en foros internacionales, ha apañado los crímenes contra la población indefensa y los medios de comunicación independientes, sin que Guatemala se una a la repulsa contra ese totalitarismo rampante en la vecindad.

Los diarios más importantes de Nicaragua y sus directores atraviesan por un acoso inclemente de los sátrapas, pero la diplomacia guatemalteca ha guardado cómplice silencio o se ha justificado con la no injerencia en asuntos internos de otros países, lo mismo que han reclamado las autoridades guatemaltecas en el pleito del presidente Jimmy Morales con Naciones Unidas por el caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Es repudiable el atentado cometido por integrantes del guerrillero Ejército de Liberación Nacional en Bogotá, pero Guatemala es el país menos indicado para pedirle cuentas a otro, cuando guarda silencio ante otros crímenes contra la población y la libre expresión del pensamiento, como ocurre en Nicaragua con los tiranos Daniel Ortega y Rosario Murillo, con cuyo régimen se siente más cómodo el gobernante guatemalteco actual y por ello ha sido más tolerante hacia sus extralimitaciones.

Desde que se reinstauró la democracia, la violencia ha sido una de las preocupaciones mayúsculas de todos los sectores, porque se aprovechan esas circunstancias parar generar mayor inestabilidad. Incluso se ha sospechado de algunos aspirantes a los más altos cargos de elección popular como perversos instigadores de acciones para sembrar zozobra y aprovecharse de las circunstancias.

Por ello, son otra vez desafortunadas las palabras del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, al calificar de “fortuita” la explosión de una granada, porque según el Diccionario de la Lengua Española ese término alude a algo que sucede en forma inesperada o casual.

Ese lamentable suceso no tiene nada de casual. El hecho de que una persona joven cargue con un artefacto explosivo en un autobús de servicio público solo puede obedecer a tres motivaciones: causar terror, amedrentar al conductor del autobús y a sus acompañantes o lanzar un ataque directo contra el piloto de dicho transporte, un sector históricamente castigado por las extorsiones.

Acciones con esas características deben quedar desterradas, sobre todo en pleno proceso electoral, y por ello constituye una ligereza calificar de esa manera el lamentable episodio, porque en un país medianamente seguro no ocurrirían ataques de esa naturaleza.

Como si no fuera suficientemente grave que las esquirlas del explosivo hirieran a otras personas, Degenhart intentó minimizar el hecho al aclarar que no se trataba de una granada de fragmentación, sino de un artefacto de fabricación casera, como si no fueran de esas características los explosivos utilizados por los terroristas en los ataques más atroces en importantes ciudades del mundo.

Cualquier expresión de violencia debe ser contenida por las fuerzas de seguridad y los esfuerzos deben redoblarse en estos días cuando se ha iniciado un nuevo proceso electoral, sobre el que se deben mantener todas las garantías. Esto incluye frenar cualquier hecho al margen de la ley, para no abrirle la puerta a otras expresiones de extremismo que pretendan aprovecharse de la inestabilidad prevaleciente en el país.

El primer interesado en darle una respuesta a los guatemaltecos debe ser el Gobierno, porque desde hace meses se teme que se puedan dar hechos de violencia extrema que pudieran hacer incurrir a las autoridades en mayores desaciertos. De hecho, en muchos sectores sociales prevalece la preocupación de que algunos apátridas puedan resistirse a no continuar con un juego de desestabilización, que solo podría beneficiar a mentes perversas.

Ante hechos de esta naturaleza, no se deben hacer contemplaciones ingenuas ni irresponsables, pues se debe investigar a fondo y castigar con severidad a quienes están detrás de este tipo de criminalidad sin nombre y sobre todo a quienes tienen la capacidad de fabricar armas para provocar terror entre la población.

Es casi seguro que se mantendrá la postura obstinada de quienes aplauden la salida anticipada de la Cicig, porque existen suficientes evidencias de que el problema de fondo no es Velásquez, sino todo aquello que apuntara al desbaratamiento de las estructuras criminales enquistadas en el Estado.

Indudablemente los primeros que quedarán en predicamento ante este nuevo reto son los presidentes del Ejecutivo y del Legislativo, por ser quienes mayor regocijo han mostrado y ahora volverán a quedar mal, una vez más, ante los guatemaltecos y la comunidad internacional porque difícilmente aceptarán la propuesta de Velásquez, ya que los mayores esfuerzos están encaminados a frenar el combate frontal de las mafias de cuello blanco.

Apenas el lunes, el bisoño presidente del Congreso retó a desafiar al “nuevo colonialismo” y calificó de fallido el experimento de la Cicig, cuando ha sido vergonzosamente una instancia extranjera la que vino a desnudar la conducción mafiosa y cooptada de las más importantes instituciones públicas.

Haber puesto contra la pared a las máximas autoridades de los poderes nacionales solo servirá para constatar que no existe la menor intención de fortalecer la lucha contra la corrupción; sin embargo, se abre una puerta para poder ejercer mayor presión contra quienes se resisten de manera festinada a la fiscalización y al combate de la inmoralidad en la administración estatal.

Ahora la comunidad internacional podrá ejercer mayor presión sobre el presidente guatemalteco y quienes están desmantelando las instituciones para abrirle las puertas a la corrupción, porque ya no existe el obstáculo que argumentaba el presidente Morales para descabezar a la Cicig y romper sus acciones.

No aceptar esta propuesta solo reafirmará la percepción de que el presidente y quienes más lo impulsan en un proyecto estéril están gobernando en su beneficio. El conflicto de intereses en el que está inmerso el mandatario ha sido evidente desde que la Cicig y el Ministerio Público plantearon cargos por corrupción contra su hermano, su hijo y contra él, por financiamiento electoral ilícito. Señalamientos que tampoco ha podido esclarecer porque ha contado con el abrigo de uno de los congresos más impresentables de la historia de Guatemala.

Si el principal equipo de gobierno tuviera lucidez, debería aprovechar la propuesta de Velásquez, porque no hacerlo solo abrirá las puertas a mayores presiones, a nuevas muestras de descontento nacional y seguramente a represalias de la comunidad internacional, que se ha mostrado indignada ante las impertinentes acciones gubernamentales y ahora se corre el riesgo de que esas presiones vayan en aumento, principalmente desde el nuevo Congreso de Estados Unidos.

Varios analistas políticos y conocedores de asuntos judiciales señalaron desde el martes su extrañeza porque el presidente Jimmy Morales, al declarar unilateralmente terminado el trabajo de la Cicig, y a pesar de haber asegurado que continuarían los casos actualmente en proceso, se haya abstenido de señalar cómo sería esto si los representantes de esa entidad no podían presentarse a los juicios como resultado del ambiente hostil en su contra.

Ayer eso quedó aclarado cuando una representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó la exclusión de la Cicig en el caso contra el exalcalde de Antigua Guatemala procesado por corrupción, a quien le fue permitido el arresto domiciliario. En otros dos juicios, abogados presentaron solicitudes similares. No obstante, el procurador general de la Nación declaró que no existía ninguna instrucción desde su oficina para excluir a la Comisión, cuyo cese anticipado frenó el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia admitía para su trámite la eliminación del derecho de antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad incómodos para el Ejecutivo, precisamente por haber otorgado el amparo que frenó la expulsión de la Cicig y que fue promovido por autodenominados dignatarios de la Nación afines al gobierno de Jimmy Morales.

Para los ciudadanos interesados en conocer qué va a pasar, todas estas acciones contribuyen a oscurecer el panorama, no solo político, sino económico, dado que la calificadora internacional Moody’s le dio una connotación negativa a la medida presidencial de expulsar a la comisión anticorrupción.

Para terminar de complicar el cuadro se informó que será el comisionado Iván Velásquez quien decidirá cómo actuará la entidad a su cargo, en vista de que la posición oficial de la ONU indica que la Cicig terminará sus funciones en septiembre, como se acordó cuando el propio presidente Jimmy Morales pidió la extensión del mandato en 2016.

Es evidente que el país se encuentra en un embrollo no solo complicado, sino peligroso. La Corte Suprema de Justicia, si bien rechazó otras acciones promovidas contra magistrados de la CC, aceptó una cuyo fondo no difiere y que representa un enorme conflicto de interés, así como un entuerto legal sin precedentes, ya que el tribunal constitucional es la cumbre legal del país, por lo cual la CSJ, por su propia naturaleza, no tiene el nivel necesario para atentar contra ella e incluso estaría incurriendo en el mismo delito por el cual avala el antejuicio.

A este respecto también cabe mencionar que la CC, durante su historia, ha tomado decisiones causantes de extrañeza y de rechazo. Al ser su tarea interpretar la Constitución, es evidente que se trata de criterios jurídico-políticos o político-jurídicos, según se le quiera ver.

Lo más cuestionable de todo es que ahora el proceso pasa a un Congreso cuestionado, en el cual el oficialismo y grupúsculos allegados buscan frenar las acciones anticorrupción y cobrarles las cuentas a magistrados incómodos, precisamente en el año en que se elige una Corte Suprema de Justicia, tarea ligada a los diputados, cuyo conflicto de interés también es evidente.

Es necesario señalar que Castresana actúa en el país como representante de la más importante entidad política internacional, la Organización de las Naciones Unidas. Su presencia en esta nación es una muestra de la preocupación sentida afuera de nuestras fronteras por una de las principales lacras que asuelan a Guatemala: la impunidad en la que queda el 97 por ciento de los crímenes de todo tipo cometidos.

Si bien el espíritu que la Cicig representaba en el momento de su creación era la investigación de los hechos delictivos relacionados con el largo y sangriento conflicto armado interno, el tiempo que esa entidad internacional ha actuado demuestra que aunque dicha tarea es plausible, los terribles efectos de la impunidad en el país, pasados 13 años desde la firma de los acuerdos de paz, se relacionan sobre todo con la impunidad de los hechos criminales que no tienen motivaciones políticas, y de los cuales ningún ciudadano puede escapar cuando es víctima de los malhechores de toda laya que aterrorizan a la sociedad guatemalteca y la sumen en la desesperación.

La tarea de la Cicig, al principio rechazada por algunos sectores influyentes de la sociedad, es ahora comprendida como lo que realmente la inspira: permitirle a los ciudadanos de Guatemala, a los extranjeros y a la comunidad internacional organizada, el retorno de la confianza en las instituciones jurídicas nacionales. Si bien no solo la entidad encabezada por Castresana tiene la responsabilidad de esta tarea, es un hecho que el esclarecimiento de casos emblemáticos es un paso que, cuando sea posible darlo, traerá consecuencias positivas para la percepción de gobernabilidad que es necesario tener en las sociedades democráticas.

Otro efecto del trabajo de la Cicig es que los guatemaltecos se acostumbrarán a una justicia a la que tienen derecho. En ese sentido, se puede establecer un paralelismo con el momento en que entró en vigencia la Ley de Emisión del Pensamiento, que permitió la apertura de la publicación y expresión de opiniones sin temor a represalias ni a la aplicación casuística de leyes que en manera alguna la limiten. Hasta ahora, la generalidad de guatemaltecos acepta con resignación que las acciones criminales en su contra simplemente no sean resueltas ni los culpables castigados en manera alguna.

La Cicig comienza la tarea del año 2010 con el beneficio de ser respaldada por una mayoría significativa de ciudadanos. Esto debe servir de aliciente para que sus integrantes cumplan a cabalidad con su deber, pero al mismo tiempo para que los guatemaltecos comprendamos los beneficios de reducir al mínimo la impunidad y de que quienes delinquen o lo hayan hecho en el pasado rindan cuentas a la justicia.

Frases del día

“Solicito al mandatario (Álvaro) Colom que haya más transparencia en su gobierno, que optimice los recursos, que no apruebe más impuestos y que trabaje en favor de la clase desposeída”.

EDWIN CORDÓN,Líder comunitario de Izabal
acerca de lo que espera del Gobierno.

Con el fin principal de que esta etapa histórica del país no quede sumergida en el olvido, pero también de que las generaciones actuales no caigan en el trágico error de enfrentarse de esa forma, se debe emprender una campaña de información que explique de manera sucinta las causas internas y externas de dicho conflicto, que causó lágrimas y dolor a los familiares de los miles de personas que ofrendaron su vida por una lucha o fueron víctimas inocentes.

El conflicto debe ser visto, sobre todo, como una tragedia profundamente humana. Fueron hombres y mujeres guatemaltecos quienes se enfrentaron para matar o morir, o quienes fueron asesinados o quedaron lisiados, tanto física como emocionalmente, por la lucha armada. Por eso, a 13 años de distancia y a 49 del inicio de los choques armados, es momento de analizarlos sin la desviación provocada por los criterios ideológicos o políticos.

Se debe pensar, por ejemplo, qué hacer con quienes sobrevivieron luego de haber luchado en los sui géneris campos de batalla de ese enfrentamiento. Tanto como combatientes guerrilleros o como miembros de las fuerzas armadas o patrulleros civiles. Dónde están ahora, qué están haciendo, qué piensan de todo lo ocurrido durante y, sobre todo, después de la firma de los acuerdos de paz. No nos referimos solamente a quienes daban las órdenes, sino a quienes las pusieron en práctica.

Pero también es necesario escuchar el criterio de los familiares de quienes murieron, para preguntarles si, a la luz de lo ocurrido, de la manera como se desarrollaron los acontecimientos después de 1996, valió la pena tanto dolor. Esto es fundamental porque los ciudadanos de hoy, en especial de menos de 30 años, necesitan comprender por qué el país se desangró y, sobre todo, por qué no es posible analizarlo de manera simplista de buenos y malos. Esto implica un muy profundo esfuerzo de balance.

Es el momento de iniciar el estudio de la situación actual, para ver si se han cumplido los acuerdos en cuanto a derechos humanos, derechos indígenas, y el funcionamiento del Ejército en una sociedad democrática, por mencionar solo dos temas. Los acuerdos de paz fueron necesarios, entraron en la vida política con gran entusiasmo, pero no han sido conocidos por la generalidad ciudadana, a causa de no haber escapado a ser elitistas, por la naturaleza del conflicto y las negociaciones. Por esto se les puede señalar de olvidados, y entonces es necesario resucitarlos. Es una tarea fácil en cuanto al interés de las audiencias jóvenes para escuchar, pero difícil porque se deben explicar con una serenidad y balance verdaderamente poco común.

Frases del día

“Sería una irresponsabilidad seguir dándole dinero a un gobierno que quiere más recursos, pero no quiere dar cuentas. Mientras ellos no sean transparentes, no los vamos a apoyar, porque el dinero no es de ellos, sino de todos los guatemaltecos”.

ROXANA BALDETTI,Diputada
al argumentar por que no apoyan la Reforma Fiscal.

Esto se debe, en especial, a que quienes trabajan en el Gobierno, especialmente en sus más altos niveles, tienen la tendencia a calificar de positivas todas las decisiones y acciones de un régimen, y cuando admiten errores, no solo lo hacen con reticencia, sino en general se trata de asuntos de poca importancia.

Las materias en que el régimen encabezado por Álvaro Colom tiene las peores notas están relacionadas entre sí. Se trata de la transparencia y la información acerca de todo lo relativo a las actividades, decisiones, costos, número de personal y listados de quienes se benefician con programas oficiales, como es el caso de Mi Familia Progresa, entre otros muchos ejemplos.

El caso de la falta de esta información es especialmente preocupante porque en abril de este año entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, que no ha tenido los efectos positivos deseados, a causa de que simplemente hay una negativa oficial a acatarla.

Igual sucede con muchas de las organizaciones no gubernamentales que administran fondos del erario. La falta de transparencia se manifiesta, además, en el desempeño de muchas de las municipalidades de todo el país. La comuna capitalina es un claro ejemplo, con la decisión tomada hace algún tiempo y consistente en organizar fideicomisos para el manejo de los fondos y así escapar del alcance de las entidades gubernativas de control de gastos.

Se ha empezado a aplicar el absurdo criterio de que informaciones sobre el número de empleados municipales y sus sueldos son calificadas como un secreto que nadie puede saber. Y se puede decir, en pocas palabras, que como siempre ocurre, la efectividad de una ley va en relación directa con la seriedad y solidez del sistema jurídico, lo cual no existe en el país, y de la voluntad de los encargados de administrar la justicia para que este no provoque desmotivación en los ciudadanos, debido a fallos explicables solo con la corrupción y el tráfico de influencias.

Esas son algunas de las razones por las que al escuchar el resultado del trabajo efectuado con los auspicios de la Vicepresidencia no se puede menos que lamentar ese esfuerzo de autoengaño realizado por el Gobierno.

Si la autoevaluación mencionada se hubiera efectuado con la idea de buscar información útil para enderezar el rumbo, el resultado hubiera sido útil. Pero al obtener semejante efecto, queda claro que el fruto será aún peor que no haberla realizado, pues cimienta el equivocado criterio de que el Gobierno está haciendo bien su tarea, por lo cual no tiene motivo para cambiar.

Frases del día

“Se contradice lo que los acuerdos proponen y lo que la realidad muestra; no podemos hablar de cumplimiento de esa agenda, si los índices de pobreza no disminuyen y los indicadores de desarrollo no avanzan”.

EDUARDO DE LEÓN,Activista
acerca del cumplimiento de Los Acuerdos de Paz.

Al respecto de este asunto mucho se puede opinar. Un salario es el resultado de la mezcla de criterios políticos y económicos. Políticamente, lo más atractivo sería elevar por decreto la cantidad de dinero de los sueldos. Económicamente, es deseable ayudar a que la inversión sea más atractiva y una de esas formas es mantenerlos bajos. El primer criterio toma en cuenta una realidad evidente: el trabajo debe llenar las necesidades del trabajador. El segundo se fija en otra: los sueldos muy altos pueden llevar a sacar a los productos de la competitividad, a causa de los precios altos porque los costos de producción sean muy elevados.

Por eso las leyes del mercado tienen un lugar en la ecuación socioeconómica, pero no son los únicos factores a tomar en cuenta, como lo comprobó la crisis mundial económica. Pero no por eso deja de ser evidente que cuando un salario es establecido por un político, una desproporción de los criterios tomados en cuenta serán políticos, no económicos, y los efectos contraproducentes tardarán muy poco en aparecer.

El anuncio del presidente Colom, a consecuencia del momento en que lo hizo, puede ser considerado como una revancha ante su reciente derrota en el Congreso. El mandatario se está echando en sus espaldas una responsabilidad muy grande, porque el salario mínimo casi siempre se considera como si fuera el máximo, es decir que por lo general los trabajadores reciben esos emolumentos, no más. Ello inhibe en muchos casos la creación de nuevas empresas, sobre todo las de pequeño tamaño y/o de índole familiar, hecho que en sí provoca efectos negativos a la generalidad de la población.

Pero además puede significar el desempleo de personas que trabajen en todo tipo de empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que además pueden perder competitividad al aumentar los costos de producción y con ello las posibilidades de poder tener ventas en un mundo donde la competencia es muy grande y donde los compradores se fijan sobre todo en los precios y en otros factores donde tampoco Guatemala tiene solidez, como la seguridad jurídica y la claridad de las reglas del juego jurídico y laboral.

Las consecuencias de la decisión del presidente Colom tardarán poco en hacerse realidad, y hay muy pocas posibilidades de que sean positivas. El cierre de empresas, la reducción de personal, el desempleo y la falta de nuevas fuentes de trabajo se pueden pagar con creces no solo en el resultado de las elecciones, sino en los efectos a mediano y largo plazos, impredecibles pero seguros.

Frases del día

“El contrato abierto es una buena herramienta para adquirir medicamentos de calidad a bajo precio, el problema es que ha sido manipulado en los últimos 25 años para beneficiar a una empresa particular”.

Leonel Rodas,De gremio farmacéutico
acerca de compra estatal de medicinas.

 Aquí se ubica la depreciación del quetzal, que cierra el año con 8.42 por ciento menos de su valor ante la divisa estadounidense. Pero también la economía de cientos de hogares se resintió con una fuerte disminución en el envío de remesas que muchos guatemaltecos mandan desde EE. UU., algo que también ha tenido un fuerte impacto en el ámbito comercial, a lo que se sumó un creciente número de compatriotas deportados que agudizaron el drama en varias regiones.

 El sector de la construcción fue uno de los que más resintieron los efectos y quizá también sea el que más reflejó la pérdida de empleos. También fue evidente un cambio en la conducta de los consumidores; tanto estos como los acreedores mostraron su cautela: unos en la adquisición bienes y nuevas deudas, y otros, en el otorgamiento de créditos, que apenas llegaron a un 2.8 por ciento, algo que también se explica por el endurecimiento de las políticas bancarias, pero que redujeron en forma sensible el consumo.

 Muchos otros indicadores apuntan a un mejoramiento, como es el caso de las reservas monetarias, pero al final la sensación general del ciudadano de a pie es que fue un mal año, y que también lo ejemplifican las penurias con que la administración pública cierra este ejercicio, cuando en las vísperas de Navidad todavía se hacían aceleradas transacciones para pagar aguinaldos de miles de burócratas de Educación y Salud, lo que evidenció las dimensiones del problema.

 Sin embargo, algo que alienta a esperar que el 2010 pueda ser un mejor año para los guatemaltecos es el hecho de que nuestra economía es la única del Istmo que cierra con cifras positivas, ya que se estima que el crecimiento nacional se situará en un 0.6 por ciento, mientras que El Salvador cerrará con un -2.5 por ciento; Honduras, -2 por ciento; Nicaragua, -1 por ciento, y Costa Rica, con -1.5 por ciento. Cifras que sitúan en menos de la mitad los países de Latinoamérica que despedirán el 2009 con modesto crecimiento. Cerrar en positivo tampoco es garantía de buena salud, porque es un indicador de que sigue siendo insuficiente para generar bienestar.

El 2009 termina como uno de los años en que el país vivió uno de sus períodos de mayor incertidumbre, algo que se acrecentó con la frustrada aprobación de la reforma tributaria que el Gobierno central impulsó contra viento y marea, pero diversos sectores rechazaron y criticaron, por la escasa búsqueda de consensos con que se pretendió aprobar la iniciativa y porque tampoco había un genuino compromiso por transparentar el gasto público, algo que puede marcar la diferencia en el 2010.

Frases del día

“El gran problema es la percepción de la gente. Los guatemaltecos han sido tan engañados en tantos ámbitos que les cuesta creer que los gobiernos estén interesados en su bienestar. Las comunidades se quejan de no tener beneficios económicos”.

Magalí Rey Rosa,Ecologista
en opinión de la generación de energía renovable.

Son muchos los factores que inciden en que ese azote perdure más de lo deseable. Pero más allá de las desigualdades y brechas económicas, que siempre salen a relucir cuando se buscan las causas, existe una muy importante, y es la ausencia de un auténtico compromiso de las autoridades por encarar ese flagelo que trasciende a varias administraciones, y en el ministerio respectivo se suceden los relevos sin que se vislumbre ningún tipo de mejora.

Existe una cifra que cuantifica el drama, y es la de los pilotos muertos, la cual se eleva hasta ahora a 183, junto a 44 ayudantes que también perecieron, y a ellos se sumaron 47 pasajeros que perdieron la vida en ataques a unidades del transporte colectivo. Cifras que no hacen más que evidenciar una serie de carencias e incapacidades, pues siguen en aumento, como lo demuestran los datos del 2008, cuando fueron asesinados 131 pilotos y 31 pasajeros, aunque se mantuvo igual el numero de ayudantes que murieron en forma violenta.

Este penoso panorama es prueba de que las unidades del transporte, urbano y extraurbano, se han convertido en el escenario y el espejo de una espiral de violencia que afecta a todo el país y que constituye el síntoma más evidente de que la sociedad está sometida al ataque más inclemente de extorsionadores, ladronzuelos y sicarios, y, quizá lo más grave, probablemente bajo el amparo de algún poder superior que no solo alcahuetea esa situación, sino que tal vez obtenga dividendos con el dolor y el luto de muchos guatemaltecos.

Por eso es que se vuelve imperativa la pregunta de si es total la incapacidad de las fuerzas encargadas de la seguridad ciudadana o si existe contubernio con los criminales, pues no es posible que año con año las cifras del terror vayan en aumento y no que parezca haber solución a un problema que rebasa la tolerancia de la población y que causa millonarias pérdidas al año para los afectados y el enriquecimiento de unos cuantos criminales, que además han recrudecido sus métodos, como lo demuestra el salvaje asesinato de Keneth Alexis López, de 5 años, cuyo cadáver fue enterrado en la casa de la sindicada por su desaparición.

Estas muertes no hacen más que reiterar que para el actual gobierno la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente y que tampoco le han prestado la debida atención, porque las cifras siguen en aumento y hasta ahora no hay responsables por tanta impunidad. Es genuino el reclamo ciudadano que demanda soluciones, y esto debe empezar por una amplia exigencia al cuerpo encargado de la seguridad, antes de que un nuevo año pueda superar la estadística.

Frases del día

“No estoy a favor de las prohibiciones, porque está demostrado que las personas siempre violan las imposiciones. Lo mejor es mostrarles otras opciones, y sobre todo convencerlos de que son rentables”.

Roland Bunch,Consultor internacional
sobre la utilización de abono verde.

El triunfo de los revolucionarios fue visto con simpatía en numerosos países. Pero ésta disminuyó hasta desaparecer cuando el triunfo castrista significó un baño de sangre, se afianzó el irrespeto a los derechos políticos y ello demostró que el nuevo régimen era muy parecido, y en muchos casos peor, a la dictadura que había sustituido.

En el ambiente de la Guerra Fría de entonces no era posible hacer el análisis del fenómeno de la Revolución Cubana y de sus principales figuras de manera balanceada. Pronto, al inclinarse Castro hacia la Unión Soviética, quedó claro que la isla cercana a Estados Unidos tendría un gobierno no democrático para mucho tiempo. Pero nadie pensó que medio siglo después Fidel Castro seguiría vivo y activo.

El gobierno revolucionario cubano sobrevivió a 10 presidentes estadounidenses, a la caída de la Unión Soviética y al fin de la Guerra Fría. Fidel Castro participó de manera activa, desde ser el motivo de la peor crisis entre las dos superpotencias, en 1962, hasta los movimientos revolucionarios marxistas del continente y de África, y en Latinoamérica hizo lo mismo en varios países.

Como todo acontecimiento histórico, la Revolución Cubana puede ser analizada desde numerosos puntos de vista. El más importante de ellos es el de la situación política actual de aquella isla, lo que necesariamente implica una comparación con el mundo de este primer decenio del siglo actual y con la manera como existía en la Cuba precastrista.

En ese aspecto, Cuba no ha tenido avance alguno. No hay prensa independiente, no hay partidos políticos de oposición, no se puede criticar al Gobierno, cientos de prisioneros políticos y de conciencia se consumen en las cárceles, no hay libertad económica, pese a algunos tímidos avances a partir del derrumbe del socialismo, hace ya casi 20 años. Fidel Castro cedió el trono a su hermano Raúl desde que su enfermedad lo obligó a un retiro casi total, en una dinastía que no existe en otro lugar del continente americano.

Para países como Guatemala, el gobierno castrista fue factor clarísimo en el prolongado y sangriento conflicto armado interno, como producto de una mezcla del mundo bipolar y al mismo tiempo de los afanes de expansión revolucionaria del régimen cubano. El mundo es otro, y la Revolución de Cuba tiene en la historia el lugar del último movimiento de su tipo que se pueda realizar en América Latina. Si se tiene que reducir a una frase el pensamiento sobre la maquinaria política de la Isla, solo se puede decir que no cambió en nada con las anteriores, y que el sufrimiento para los cubanos empeoró a como estaba hoy hace 50 años.

Frases del día

“Si uno quisiera hacer un balance de los momentos democráticos que ha habido, se da cuenta de que han sido muy cortos… en los que se ha gozado de libre juego de fuerzas políticas y un relativo respeto por las opiniones divergentes”.

VÍCTOR GÁLVEZ BORREL,Sociólogo y Politólogo
al referirse al Estado de Guatemala.

La crisis desatada en Estados Unidos arrastró prácticamente a todo el mundo, cuyos habitantes vieron y siguen viendo con estupor el derrumbe de entidades de crédito, bancos, bancos de inversión, y la aplicación de medidas de salvataje por miles de millones de dólares, algo sin precedente alguno, que de todos modos, en varios casos, no fueron suficientes. Hasta hace unos pocos meses hubiera sido impensable que los gigantes de la industria automovilística estadounidense estuvieran al borde de la quiebra, por ejemplo.

El fenomenal gasto en la guerra de Iraq fue otro factor contribuyente a la crisis, así como precios del petróleo que llegaron a alcanzar casi US$150 por barril hace pocas semanas, para luego caer a US$36, en un fenómeno igualmente sin precedentes e imposible de ser previsto aun en los más aventurados análisis de expertos de todos los países.

Conforme fueron saliendo a luz detalles desconocidos para el gran público, surgieron situaciones inaceptables, como los miles de millones de dólares pagados a los grandes ejecutivos, responsables directos o indirectos de una crisis que dejó a millones de personas en la calle, al no poder pagar las hipotecas de sus casas. Éstas habían sido otorgadas porque muchas veces los créditos fueron otorgados sin estudios suficientes, y luego vendidos y revendidos a compañías internacionales que tampoco previeron los riesgos que, a la luz de lo acontecido, eran muy fáciles sino de prever, al menos sí de considerar.

El año 2008 será recordado como el que marcó el inicio de un nuevo orden mundial en cuanto a la relación que debe existir entre el Estado y el mercado, entre el derecho individual y el colectivo; entre la libertad y la responsabilidad. Los viejos paradigmas, tanto como las teorías económicas, políticas y sociales del pasado, pasarán al museo de la historia. Aun parece ser muy temprano para predecir qué ocurrirá y hacia dónde se irá la tendencia, pero es un hecho que serán alterados los balances antes indicados.

Igualmente, el 2008 entrará a la historia como el que inició los efectos negativos en una serie de actividades que buscan llenar las necesidades que pueden ser llamadas secundarias, como el entretenimiento en cualquiera de sus formas, el gasto en indumentaria y la adquisición de bienes y servicios no indispensables para la supervivencia. Ese es el gran temor que está presente en el subconsciente mental colectivo de todo el mundo. Parece haber consenso en que se ha iniciado una etapa de vacas flacas, pero nadie sabe con certeza cuánto durará y a cuántos realmente afectará.

Frases del día

“Esta disposición (cobro por parqueo en las calles) afectará el flujo turístico y se unirá a los problemas de inseguridad y la crisis económica que estamos viviendo. Esto afectará las fuentes de ingreso de muchos antigüeños”.

LEONEL AZURDIA,Del Comité de Autogestión Turística
por disposición municipal.

El primer hecho es que Carlos Quintanilla Vargas, ex secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, luego de haber permanecido prófugo desde septiembre, se presentó de forma voluntaria, el 22 de diciembre, al juzgado que había girado orden de captura contra él luego del escándalo de espionaje contra el presidente Álvaro Colom, quien supuestamente era vigilado no solo en su oficina, sino en su residencia. Casi inmediatamente le fue otorgada una medida sustitutiva que le da la libertad y el arresto domiciliario sin vigilancia.

El otro caso es el del diputado Manuel Baldizón, figura importante dentro de la UNE y quien dejó de integrar ese partido porque renunció, según dice él, o porque fue expulsado a causa de haber violado los estatutos internos, de acuerdo con el informe oficial. Luego de haber sido uno de los colaboradores cercanos del gobernante Colom, ahora, tanto éste como otros integrantes importantes del partido han hecho una serie de señalamientos en su contra, aunque desde hace semanas se ha informado de las desavenencias suyas con la esposa del presidente, supuestamente por la próxima lucha interna para lograr la candidatura oficialista que participará en las siguientes elecciones.

Los dos casos tienen aspectos similares, relacionados con problemas internos dentro del partido oficial. Quintanilla era percibido como uno de los hombres más influyentes en el equipo de gobierno, y pronto se conoció que su relación con la esposa del gobernante estaba sufriendo un detrimento total. Su caída fue estrepitosa, súbita, y el escándalo originado despertó en muchas personas la creencia de que algo no encajaba en un caso de espionaje a tan alto nivel. Luego, cuando se convirtió en prófugo y pasaron las semanas, tomó fuerza la versión de que, de alguna manera, estaba en proceso de negociaciones.

Por ello, las acciones de Quintanilla hacen pensar que ese acuerdo político interno ya tuvo lugar, y eso le permitió actuar como lo hizo. El caso se parece al del ex presidente Alfonso Portillo, cuyo reaparecimiento público fue un show perfectamente bien montado. Por esa causa, hechos como estos contribuyen a disminuir la popularidad gubernativa y presidencial, como quedó comprobado con un detalle aparentemente poco importante: la escasa asistencia de personas a recibir un tamal de obsequio navideño al parque central.

Acuerdos políticos para beneficiar a gente investigada legalmente y expulsiones a los disidentes internos de la UNE, al ocurrir a pocas horas de terminar el primer año de administración del ingeniero Colom, terminan de opacar la imagen gubernativa y, en muchos casos, abren la duda a la posibilidad de que en el 2009 continúe la decepción generalizada que también sufre este gobierno.

Frases del día

“Espero que sea un aumento (salario mínimo) de acuerdo con las necesidades de los más pobres. Las familias que no cuentan con los medios para salir adelante están amenazadas. La pobreza es un valladar que deben superar para cumplir con su misión”.

Rodolfo quezada toruño,Cardenal
al opinar sobre el aumento del salario mínimo.

Lo que merece la pena destacar es que las apreciaciones en torno de esos dígitos vitales fueron constantemente corregidas, y los descensos no reflejan más que el efecto de los vaivenes de la economía mundial, o más específicamente de una de las más poderosas, como es la de Estados Unidos, que para nuestro medio se ha convertido en piedra angular, y en la medida en que aquella se deteriora, la nuestra sufre el impacto.

Viene al caso mencionar el afinamiento en esas estimaciones acerca de nuestro crecimiento, porque recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que el 2009 será de mucho menor impulso para América Latina y el Caribe, y sitúa el crecimiento en alrededor de 1.9 por ciento. Pero a esto hay que sumar la crisis en la que están sumidas las economías más desarrolladas del planeta, con lo que no está demás advertir que el año que está por empezar puede ser uno de verdadera pesadilla para la economía nacional.

También se advierte en ese informe que será el año en que se observarán las mayores cifras de desempleo, situándolas en alrededor de un 8 por ciento. Un anuncio que no puede ser más desalentador, sobre todo porque los países latinoamericanos habían tenido años consecutivos de crecimiento económico, y en este último el promedio había sido de 4.6 por ciento. Algo que fue definido por uno de los expertos de la Cepal como “Los motores del crecimiento se apagaron y no se sabe cuándo se volverán a encender, o cómo será el aterrizaje” .

Aunque se reconoce que la región está hoy mejor preparada que en décadas anteriores para enfrentar una crisis, se insiste en que nadie está inmune de sufrir más de algún revés, sobre todo porque en los últimos meses se había empezado a acentuar la situación, con una desaceleración de las exportaciones y caída en el precio de los productos básicos, muchos de los cuales se venden principalmente a Estados Unidos.

Al drama hay que sumarle, como en nuestro caso, la desaceleración en el envío de remesas, que también en 2008 se hizo patente que el crecimiento ya no iba a ser el mismo de periodos anteriores. Si a todo esto añadimos el clima de inseguridad imperante, estamos arreglados, ya que esto acarrea otros dramas, como ahuyentar la inversión y asustar al turismo internacional, que es la tercera actividad generadora de divisas para miles de guatemaltecos.

El 2009 se presenta, entonces, como un año sombrío, que demandará del Gobierno los mejores argumentos y planes para encarar una de las crisis más globalizadas de la historia reciente.

Frases del día

“Es absurdo. Primero los arrestan, abusan de ellos, los dejan sin otra opción que declararse culpables, los someten a un proceso legal totalmente irregular, los encarcelan, y luego los devuelven a Iowa con permiso de trabajo”.

Luis arguetaCINEASTA
AL REFERIRSE A LAS REDADAS DE MIGRANTES EN ee.uu.

Si bien los efectos de la crisis económica sufrida en mayor o menor grado por el mundo entero también han alcanzado a Moscú, su dirigencia política trata de recuperar la influencia que tuvo en áreas que considera de importancia, como lo es, en el continente americano, el istmo de Centroamérica y el Caribe, representado por Nicaragua y Cuba, y también en los países que en este momento tienen gobiernos de tendencia populista, como es el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

La visita de Daniel Ortega a Moscú, recientemente, y su reunión con el presidente Dimitri Medvedev prueban la intención de recuperar la influencia rusa en el área. El visitante calificó de “hermano” al anfitrión, en una reunión efectuada luego de la visita de barcos de guerra rusos a Nicaragua, como parte de un viaje que también los llevó a Venezuela y a Cuba. Está en el ambiente la posibilidad del posible apoyo ruso a la construcción de un canal interoceánico en territorio nicaragüense, y el hecho de que Nicaragua es el único país que ha reconocido a las dos regiones separatistas de Georgia, luego de la cruenta y sangrienta guerra de agosto con Rusia.

El viaje de Ortega ocurre también poco después de haberse celebrado elecciones manipuladas, con toda clase de trucos ilegales en contra de los opositores y violencia previa, y posterior al evento comicial. Medvedev es también nuevo en el puesto, luego de haber sustituido al presidente Vladimir Putin, quien tiene ahora el verdadero poder con el título de primer ministro. Todo esto constituye un escenario muy parecido a los tiempos soviéticos y de la confrontación del mundo bipolar.

Sin embargo, es un hecho que los actuales problemas económicos del mundo también han afectado a Rusia de manera directa y fuerte. Por ello, los acuerdos firmados con Nicaragua se refieren a cooperación para generar electricidad, para telecomunicaciones y agricultura.

Aun desde antes de esta visita, como consecuencia de las manipulaciones, Nicaragua ha sido advertida por Estados Unidos de que perderá la ayuda de la Cuenta del Milenio, y Holanda no pagará su asistencia al gobierno de Ortega. En el istmo centroamericano, las elecciones en El Salvador pueden ser afectadas en sus resultados, a causa de la percepción de que una victoria del FMLN significará una segunda plaza positiva para un régimen ruso para el que la presencia en el Istmo es considerada estratégica, como dijo Mevdedev.

Guatemala debe prestar atención. Sería inaceptable terminar las actuales relaciones con Rusia, pero sin olvidar que, pragmáticamente, los intereses nacionales obligan a que las relaciones se afiancen con otros países en este continente y en Europa.

Frases del día

“Entregamos nuestra notificación a ese tribunal y a la Junta Directiva del Congreso. Hasta donde yo sé, es lo que manda la ley, y no tenemos por qué mandarle cartas a cada uno de los integrantes del comité ejecutivo”.

Luis mendoza,Diputado
respecto de su salida del partido oficial.

En fecha reciente, el mandatario fijó una nueva temporalidad al esperado plan antidelictivo, y ahora el interés de los guatemaltecos se centra en conocer los alcances y objetivos de las medidas con las cuales el jefe del Ejecutivo espera dar sorpresas a una sociedad abrumada por la ingobernabilidad, pero también —y con sobrada razón— incrédula y pesimista sobre los resultados esperados.

Es difícil, con tanta tolerancia, dar el beneficio de la duda a las estrategias por venir, porque la diversidad de fuentes de desasosiego público —y su poder y connivencia con determinados estamentos gubernamentales— ponen cuesta arriba todo esfuerzo orientado a poner coto a un cáncer arraigado debido a la falta de estrategias mostrada por distintos gobiernos de la presente era democrática.

Pero el escepticismo parte, sobre todo, de la podredumbre y falta de mística en su trabajo y en sus compromisos hacia los guatemaltecos, por parte de la acomodada burocracia del Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial. Como se señala con frecuencia, gran parte de la responsabilidad del fracaso de la lucha contra el crimen recae en esos dos organismos y, por supuesto, en la falta de acción, desmotivación y descomposición de una Policía Nacional Civil diezmada de personas honestas y confiables.

Es frustrante que los escasos logros policiales fracasen ante la incompetencia de la Fiscalía en la investigación, y por el dudoso proceder de los jueces, quienes buscan cualquier debilidad en el trabajo del MP para inclinar la balanza de la justicia a favor de los criminales. A causa de la venalidad, más tarda la Policía en capturar a delincuentes, que aquellos togados en dejarlos en libertad, con lo que privan al país del ideal de contar con una justicia pronta y cumplida.

Ningún plan de seguridad, por más completo y estructurado que parezca, tendrá éxito en tanto el Estado no resuelva los grandes lastres que impiden resultados en el MP y los juzgados. Se requiere de una transformación estructural cuya profundidad termine con las inconcebibles prebendas que hacen de jueces y fiscales individuos inamovibles e intocables en sus puestos, omnímodos e infalibles en sus decisiones, e investidos de un fuero que está, incluso, sobre la universalidad y obligatoriedad de la ley.

Esas exageradas prerrogativas sobre tales funcionarios les permiten comportarse en forma contraria a los intereses ciudadanos y a la esperanza social de encontrar en sus actuaciones la coraza protectora de la paz pública y la vida y el derecho de todas las personas.

La primera acción para terminar con la impunidad debe, necesariamente, comenzar por la refundación de instituciones de seguridad y justicia en donde la discrecionalidad y concesiones y facultades excesivas no sean la causa de abusos, corrupción e ineficiencia.

Frases del día

“Se puede combatir la pobreza a través de la construcción de la paz; esa es la finalidad de la concentración que estamos organizando, para crear conciencia de que con diálogo, consensos y respeto podemos alcanzar ese objetivo”.

Rodolfo quezada toruño,Cardenal
cuando explica marcha del próximo 10 de enero.

El acuerdo relacionado con la medida, publicado ayer en el diario oficial, permite suponer que en cuanto cobre pleno vigor, disminuirán las colas, los vejámenes y humillaciones, y la patética carencia de medicamentos que las personas en situación de retiro deben afrontar cotidianamente en el Centro de Atención Médica Integral para Pensionados (Camip), de la zona 12.

Según la medida, el IGSS contratará, en el área metropolitana, a unos 20 médicos especialistas, para atender a pacientes residentes en ese sector, y aunque en principio son comprensibles las limitaciones humanas y de cobertura territorial, propias de un esfuerzo en ciernes, se debe sopesar la necesidad de extenderlo a regiones clave del país, porque el peregrinaje diario al Camip se nutre, especialmente, de retirados provenientes de todos los departamentos de la República.

No obstante las esperanzas puestas en la funcionalidad del programa, el IGSS debe diseñar procedimientos de verificación del servicio que presten los facultativos por contratar, con el propósito de asegurarse de que no degenere en la mala atención característica del Camip.

Si los resultados son positivos, el programa debería llegar a nuevos lugares, porque de otra manera el Seguro Social desvirtúa sus características de ser un régimen de prevención social nacional, unitario y obligatorio. Por estos tres supuestos no puede, sin el riesgo de incurrir en discriminación penada por la ley, privar de aquel servicio a quienes contribuyen de manera obligatoria a su funcionamiento, y disfrutan, en consecuencia, de los mismos derechos de quienes viven en la capital y su periferia.

El costo de la actual y futura proyección del programa no debe verse, en el IGSS, como un costo oneroso, sino como una inversión en la salud de los guatemaltecos, quienes constituyen su razón de ser. Es pertinente, también, esperar que esa modalidad represente réditos financieros, al abaratar el costo de los servicios, y beneficios en términos de imagen política, porque atenúa el desprestigio que le acarrea la aparentemente insalvable ineficiencia del Camip.

El futuro gobierno, cuya carta de presentación es la socialdemocracia, debe abrazar el cumplimiento del requerimiento constitucional, para el Estado, de garantizar el derecho a la seguridad social para todos los guatemaltecos, y proponerse no solo pagar las contribuciones para el IGSS correspondientes a su período, sino la deuda histórica que mengua las posibilidades de aquel ente de cumplir a cabalidad con su misión.

No hay que olvidar, sin embargo, que el programa en vigor desde hoy es apenas una de las muchas obligaciones pospuestas por el IGSS y otras instancias del Estado, para proveer a los guatemaltecos de una seguridad social efectiva y digna.

Frases del día

“Sólo seremos (Gana) una oposición constructiva; apoyaremos lo que sea positivo para el país”.

Jaime Martínez Lohayza:De gana
al quedar sin cargos en directiva parlamentaria

“Son payasadas, para llamar la atención, para crear desestabilización y darle importancia a su régimen”.

David martínez:Politólogo
sobre declaraciones de h. chávez
por complot

“El atentado muestra cómo es muy difícil pacificar una nación tan sacudida por la violencia. Así se aleja la paz”.

Frederico Lombardi:Del Vaticano
por asesinato de ministra paquistaní Bhutto