El organismo subraya, en este informe de 165 páginas, que “los casos de blanqueo no han dado lugar hasta ahora ni a imputaciones ni a acciones” judiciales.

“La Santa Sede ha remediado la mayoría de las deficiencias técnicas en sus disposiciones legislativas y reglamentarias”, asegura Moneyval, pero considera “necesario” ahora que el sistema de lucha antiblanqueo del Vaticano produzca “resultados efectivos en lo que respecta a acciones judiciales, condenas y confiscaciones”.

En sus conclusiones, este ‘gendarme’ europeo contra el blanqueo de dinero, sugiere a la Santa Sede 16 recomendaciones que emanan del Grupo de acción financiera (GAFI) en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Entre las recomendaciones, Moneyval recuerda que “las autoridades de la Santa Sede (…) deben velar para que la gendarmería y la fiscalía puedan llevar a cabo investigaciones financieras para poder obtener resultados concretos”.

Controvertido IOR

Moneyval se felicita por el examen llevado a cabo de las cuentas del controvertido Banco del Vaticano (IOR, Instituto para los Obras de Religión): el “proceso de examen intensivo” sobre las cuentas del IOR “parece haber dado resultados”.

“Unas 4 mil 800 cuentas han sido cerradas y se han corregido numerosas y graves lagunas en las aplicación de medidas para identificar (…) a sus titulares”, indica Moneyval.

El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, se felicitó por los “progresos realizados por la Santa Sede” desde 2012, pero exhortó a las autoridades vaticanas a “tener en cuenta” estas recomendaciones para “producir resultados concretos en las investigaciones en curso sobre blanqueo de capitales”.

Una serie de escándalos financieros por el lavado de dinero a través del banco del Vaticano (IOR) sacudieron el pontificado de Benedicto XVI, quien renunció en 2013.

Su sucesor, el papa argentino Francisco impulsó el proceso para la aplicación de las normas internacionales en el Vaticano sobre los procedimientos financieros. En junio pasado, Francisco creó una comisión especial encargada de informarle sobre las actividades del IOR.

En 2011, el Vaticano había pedido a Moneyval que evaluara la situación financiera, lo que desembocó en el anterior informe divulgado en diciembre del 2013. Ahora, el Vaticano debe presentar al Consejo de Europa, antes de diciembre 2017, un informe sobre las medidas adoptadas hasta entonces.

En este texto no vinculante, que sirve como medio de presión política, los eurodiputados se congratulan por la dimisión de Jospeh Blatter de la presidencia de la FIFA así como por las investigaciones penales en curso.

Pero piden a la organización que elija a un presidente provisional apropiado para reemplazar inmediatamente a Joseph Blatter, mientras que éste desea seguir en su puesto hasta que se nombre a su sucesor, que no se prevé que se designe antes de finales de 2015.

El suizo, de 79 años, fue reelegido a finales de mayo en Zúrich para un quinto mandato a pesar del enorme escándalo de corrupción que había estallado unos días antes.

Sin embargo, cuatro días después anunció su dimisión, horas antes de que se hicieran públicas las acusaciones contra su mano derecha, el francés Jérôme Valcke, secretario general de la Fifa.

Con todo, Blatter debería seguir en su puesto hasta que se escoja a su sustituto. El máximo organismo del futbol mundial anunció el miércoles que la fecha del congreso extraordinario en el que se elegirá a su sucesor sería anunciada en julio, al término de un comité ejecutivo.

El congreso electivo debería tener lugar entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, según Domenico Scala, que supervisa el procedimiento electoral de la Fifa.

Su recurso fue aceptado en julio recién pasado por el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, organización paneuropea destinada a favorecer el diálogo sobre la democracia y los derechos humanos.

Contrariamente a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), las de esta otra instancia europea no son vinculantes, pero su alcance simbólico es un medio de presión suplementario para los Estados.

El Consejo de Europa insta desde hace años a sus Estados miembros a prohibir los castigos corporales infligidos a los niños. Hasta hoy, 27 de los 47 países que integran la organización han adoptado leyes al respecto. Suecia fue la primera en hacerlo, en 1979. España lo hizo en el 2007, junto con Holanda y Portugal.

Pero otros países europeos, como Francia, sólo prohíben esos castigos parcialmente, por ejemplo en los establecimientos escolares.

– Derecho a corregir –

Aunque castiga los actos de violencia contra los niños, el derecho francés tolera un “derecho a corregir” dentro de la familia, a condición que tal “corrección” sea leve y tenga un objetivo educativo.

Los jueces franceses gozan de una amplia libertad de interpretación al respecto, lo que da lugar a veces a polémicas, como la desatada en octubre del 2013, cuando un padre de familia fue condenado a 500 euros de multa por haberle pegado en las nalgas a su hijo de 9 años.

En su respuesta sobre el fondo del reclamo de Approach, en septiembre recién pasado, Francia argumentó que su arsenal legislativo tiene ya las disposiciones “que permiten prohibir y sancionar” los actos de violencia hacia los niños, afirmando que los jueces condenan los castigos corporales “a condición que los mismos alcancen un umbral de gravedad” conformemente a la jurisprudencia del TEDH.

Francia alegó asimismo que la prohibición general de toda forma de castigo corporal no es una medida que tenga consenso entre los países miembros del Consejo de Europa.

El artículo 17-1 de la Carta Social Europea estipula que hay que “proteger a los niños y los adolescentes contra la negligencia, la violencia y la explotación.”

En ocasión de un precedente reclamo ante el Consejo de Europa, en el 2006, el Comité Europeo de Derechos Sociales estimó que, para estar en conformidad con el artículo 17, el derecho interno de los Estados debe tener disposiciones “suficientemente claras, vinculantes y precisas” que prohíban “toda forma” de violencia contra los niños, a fin de “no dejar a los jueces la posibilidad” de rehusar de aplicar dichas disposiciones.

Además de los 27 países europeos, 17 Estados han prohibido totalmente los castigos corporales a los niños en el resto del mundo, entre ellos Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.